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Agricultura familiar: “Quieren destruir a los pequeños chacareros en favor de las grandes agroexportadoras"

Agricultura familiar: “Quieren destruir a los pequeños chacareros en favor de las grandes agroexportadoras

Con el cierre del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (INAFCI), 250 mil pequeños productores se quedaron sin el apoyo vital de 900 técnicos distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional. Los productores sostienen que lo que se busca con esta medida, fundamental para la subsistencia de los pequeños y medianos chacareros, es su destrucción, a favor del modelo “pool de siembra”, manejado por pocas grandes empresas agroexportadoras. Además, enfatizan en que el cierre del INAFCI es “una tragedia” para el mercado interno: la Agricultura Familiar produce más del 60% de los alimentos que se consumen dentro de la Argentina. 

El trabajo de los técnicos del INAFCI era, entre otras tareas, el de acompañar a los campesinos en los trámites que necesitaban, como ayudarlos con el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (ReNAF). “Ayer le comunique a los productores, en la Feria Franca de Luján, que no voy a ser más su técnico. ¿Y sabes lo que me dijeron? ‘Ahora te vamos a tener que pagar nosotros’. Necesitan si o si de asistencia y soporte para poder trabajar la tierra”, sostiene Roberto Burgos, –ex- técnico del INAFCI de la delegación Buenos Aires, en diálogo con elDiarioAR. Además, desde el Instituto facilitaban el contacto de los productores con otras instituciones, como el SENASA, el INTA o el Anses.

“Nos ayudaban en los trámites para conseguir créditos blandos, subsidios”, comenta Daniel Alonso, pequeño productor de Bragado, Provincia de Buenos Aires. “También nos gestionaban los contactos para conseguir los insumos necesarios para la producción”. 

“Con el cierre del INFACI se pierde el direccionamiento del poco financiamiento que había hacia la Agricultura Familiar”, agrega Martin Sereno, diputado provincial en Misiones del bloque Tierra Techo y Trabajo. El trabajo del técnico del INAFCI no era solo de asesoramiento, sino también la de la ayuda ante condiciones climáticas adversas y la de ser una especie de “soporte” del pequeño productor, una guía y acompañamiento. 

Un beneficio para los pools de siembra

“Acá en la Provincia de Buenos Aires, los únicos que salen beneficiados de esta medida son las empresas agroexportadoras, a través del modelo ‘pool de siembra’”, comenta Alonso. Este modelo consiste en que los grandes productores, que pueden afrontar el pago de los insumos y de la mano de obra, le alquilan campos a los dueños de la tierra, a cambio de su usufructo. En Bragado, el arrendatario de la mayor cantidad de tierras es Grobocopatel, cuenta Alonso.

Alonso tiene 68 años. Desde hace 25 años se dedica a producir harina en esa tierra (se define como un “molino artesanal”). Antes que eso, se dedicaba a la huerta. Trabaja en el campo junto a sus dos hijas mujeres. 

“Hace muchos años, todos mis primos vivían acá en el campo. Ahora, yo soy el único: los demás le alquilan una empresa pool de siembra para que trabajen en el campo, porque con lo caro que están los insumos, no rinde producir a pequeña escala”, cuenta Alonso. 

Por eso, este productor de Bragado sostiene que “hay una intención clara del Gobierno Nacional de destruir al pequeño y mediano chacarero, a favor de las grandes empresas agroexportadoras”. “Esto está bien pensado, no son ningunos improvisados. El precio de los granos planchado, el precio de los insumos el doble que el año pasado, la eliminación del INAFCI”, sostiene Alonso. 

Economías regionales 

El impacto del cierre del INAFCI lo sienten tanto los pequeños productores y campesinos de la Provincia de Buenos Aires como del resto de las provincias. “Uno imagina que en PBA va a golpear fuerte. Pero es un golpe, en su mayor parte, a las economías regionales, donde se destacan las producciones familiares”, cuenta Juan Pablo Acosta, delegado gremial de la Coordinación Nacional de la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra). 

En Misiones, como en Santiago del Estero, entre el 30 y el 35% de la población es rural, con mucha cantidad de minifundio y una gran proporción familias campesinas. Es decir, casi 1 de cada 3 familias se sostienen en base a su producción propia en el campo; sin la ayuda de los técnicos del INAFCI, esta producción se verá mermada y perjudicada. “Todo el desguace que están haciendo en el Estado viene de la mano: si van a liberar la importación de alimentos, ¿entonces para qué quieren Agricultura Familiar? La quieren afuera”, comenta Sereno. 

“Del 100% de los alimentos en el mercado interno, el 60% lo hace la agricultura familiar con el 25% de la tierra”, y con el 75% de la tierra la agroindustria produce el 40% de alimentos”, agrega Sereno. 

Acosta coincide: sostiene que el escenario para el 60% de los consumidores del mercado interno “es terrible”. “Es un cuadro de enorme complejidad, un escenario de tragedia en términos productivos, y de abastecimiento de alimentos para el mercado interno”, agrega Acosta.   

AS/MG

El Gobierno pagará las jubilaciones y pensiones de abril en dos tramos

El Gobierno pagará las jubilaciones y pensiones de abril en dos tramos

La ANSES informó cómo se pagarán los aumentos a las jubilaciones y pensiones que se fueron anunciando en el último tiempo. Al respecto señaló que el ajuste por inflación, mensual, regirá desde julio. Previamente se abonarán subas adicionales y plus que serán pagados se sumarán a las percepciones vigente y todo esto se pagará en dos tramos.

"En el marco del Decreto 274/2024, el Gobierno nacional oficializó la nueva fórmula de movilidad para las jubilaciones y pensiones, por la que desde julio se actualizarán mensualmente de acuerdo con las variaciones del nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con cobertura nacional, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Es decir, en julio los haberes se actualizarán tomando como base el IPC de mayo; en agosto, el de junio; y así sucesivamente", dice el comunicado que difundió la agencia.

"Asimismo, en la transición de una fórmula a la otra, en abril los jubilados y pensionados recibirán un incremento extraordinario de 12,5 por ciento para compensar parcialmente las pérdidas ocasionadas por el proceso inflacionario del último año. Asimismo, se adicionará el 13,24 por ciento correspondiente al IPC de febrero a cuenta de la movilidad a pagar en junio de 2024. Por todo ello, la jubilación mínima de abril será de 171.283,31 pesos. A ese monto se le adicionara el pago de un bono de 70 mil pesos. En consecuencia, la jubilación mínima en el mes de abril alcanzará un total de 241.283,31 pesos", agrega.

Por otra parte, la PUAM asciende a 137.026,65 pesos, a lo que se adicionará un bono de 70 mil pesos, quedando en 207.026,65 pesos. Las Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez) quedarán en 119.898,32 pesos por lo que, sumado al bono de 70 mil pesos, cobrarán 189.898,32 pesos. 

"Esta reciente modificación de la movilidad y sus consecuentes adelantos, generará un desdoblamiento del pago prestacional, a fin de no demorar el acceso de los beneficiarios a sus haberes. En consecuencia, habrá una primera liquidación correspondiente al haber de marzo 2024 y una segunda liquidación, dentro del mismo mes de abril, correspondiente al aumento por movilidad previsional y al refuerzo previsional de 70 mil pesos. En mayo se aplicará un adelanto de la movilidad correspondiente a junio, conforme la nueva fórmula (con IPC de marzo); y, en junio, un incremento calculado según la nueva fórmula (IPC de abril)", explica.

"En ningún caso, la aplicación del índice podrá disminuir el haber que perciben los jubilados y pensionados. Si en junio el aumento arrojado por la Ley de Movilidad anterior (Ley 27.609) fuera superior a lo acumulado en estos tres meses de empalme, ANSES abonará la diferencia correspondiente. Próximamente, se informarán los calendarios del pago del aumento y del bono", finaliza.

MM

Anunciaron la nueva fórmula para actualizar jubilaciones y pensiones por inflación desde julio

Anunciaron la nueva fórmula para actualizar jubilaciones y pensiones por inflación desde julio

El Gobierno oficializó este miércoles por la noche la nueva fórmula de movilidad para las jubilaciones y pensiones, que a partir de julio se actualizarán mensualmente de acuerdo con las variaciones del nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En el marco del Decreto 274/2024, se explicó que en julio los haberes se actualizarán tomando como base el IPC de mayo; en agosto, el de junio; y así sucesivamente.

Asimismo, en la transición de una fórmula a la otra, en abril los jubilados y pensionados recibirán un incremento extraordinario de 12,5% para compensar parcialmente las pérdidas ocasionadas por el proceso inflacionario del último año.

Además, se adicionará el 13,24% correspondiente al IPC de febrero a cuenta de la movilidad a pagar en junio de 2024.

Por todo ello, la jubilación mínima de abril será de 171.283,31 pesos, monto al que se le adicionará el pago de un bono de 70 mil pesos, por lo que se percibirá un total de 241.283,31 pesos.

Por otra parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a 137.026,65 pesos, a la cual se le sumará ese bono de 70 mil pesos, lo que permitirá cobrar el mismo mes 207.026,65 pesos.

Las Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez) quedarán en 119.898,32 pesos por lo que con ese bono de 70 mil pesos ascenderán a 189.898,32 pesos.

"Esta reciente modificación de la movilidad y sus consecuentes adelantos, generará un desdoblamiento del pago prestacional, a fin de no demorar el acceso de los beneficiarios a sus haberes.

En consecuencia, habrá una primera liquidación correspondiente al haber de marzo 2024 y una segunda liquidación, dentro del mismo mes de abril, correspondiente al aumento por movilidad previsional y al refuerzo previsional de 70 mil pesos", informó el Gobierno.

Asimismo, mediante un comunicado difundido a la prensa, el Ejecutivo nacional explicó que "en mayo se aplicará un adelanto de la movilidad correspondiente a junio, conforme la nueva fórmula (con IPC de marzo); y en junio, un incremento calculado según la nueva fórmula (IPC de abril)".

"En ningún caso, la aplicación del índice podrá disminuir el haber que perciben los jubilados y pensionados. Si en junio el aumento arrojado por la Ley de Movilidad anterior (Ley 27.609) fuera superior a lo acumulado en estos tres meses de empalme, ANSES abonará la diferencia correspondiente", aclaró.

Por último, el Gobierno señaló que "próximamente, se informarán los calendarios del pago del aumento y del bono".

Con información de NA.

IG

A ver si la cortan con las mujeres a la Corte

A ver si la cortan con las mujeres a la Corte

En marzo de 2016 se anunció la visita del entonces presidente Barack Obama a la Argentina. Lo recibiría Macri a pocos meses de iniciado su mandato como titular del Poder Ejecutivo. Una oportunidad para lucirse de cara al mundo como una gestión moderna, de avanzada, que trataría de profundizar poco después como país anfitrión del W20.

La Embajada de los Estados Unidos organizó un evento llamado “Town Hall Meeting”, habitual en la tradición norteamericana para generar espacios de encuentro entre los líderes políticos y distintos grupos sociales. El encuentro se concretó el 23 de marzo en la Usina del Arte y más de 700 personas, incluyendo representantes de la sociedad civil, fuimos invitadas a participar. Por supuesto, fue un evento masivo y las posibilidades de interacción fueron muy reducidas. Al abrirse la oportunidad de hacer algunas preguntas desde el público enseguida pensé una: “¿Cuáles son las razones por las que, en las dos oportunidades que usted tuvo para nominar a una persona a la Suprema Corte de Justicia, nominó a una mujer?”.

Esperaba que su respuesta pudiera inspirar el proceso de Argentina que tenía por entonces dos lugares que completar en la Corte Suprema de Justicia. El presidente Macri había usado esa oportunidad para promover (inicialmente con un Decreto de Necesidad y Urgencia que no tenía nada de necesario ni de urgente) a dos candidatos varones que finalmente atravesaron exitosamente el proceso regular y constitucional para su nombramiento. Yo esperaba que el presidente Obama pudiera explicar, con su distintivo sello pedagógico y político, que el sistema de administración de justicia y la calidad de sus intervenciones se fortalece cuando hay diversidad en lo más alto del poder y que la experiencia con las juezas mujeres de la Corte estadounidense así lo había demostrado.

Por supuesto no llegué a hacer mi pregunta y los intercambios se enfocaron en otros temas. Pocos meses después en Argentina se concretó la nominación y nombramiento de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti que contaron con más del 80% de los votos favorables del Senado y desde entonces integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una oportunidad desaprovechada por ese presidente, como lo había hecho antes también la presidenta Fernández de Kirchner y tal como lo haría después el presidente Alberto Fernández. Y ahora estamos otra vez en el mismo lugar: hace casi 20 años que las sucesivas vacantes en el máximo tribunal del país solo son ofrecidas a varones (la última en asumir ese cargo fue la Dra. Carmen Argibay, propuesta en 2004 y que juró en 2005).

Alcanza con que se postule la importancia de contar con mujeres en espacios de decisión en cualquier ámbito para que se escuchen las objeciones habituales. La más común: lo importante es nombrar a personas idóneas, no por su pertenencia a un sexo u otro.  Como si la idoneidad no fuera (o debiera ser) el requisito indispensable para todo cargo público y como si la sospecha o la acusación sobre su ausencia solo recayera sobre las mujeres. 

El proceso que se abrió con la comunicación a cargo del vocero de la Presidencia y su posterior oficialización nominando a dos candidatos para el cargo actualmente vacante en la Corte y el que se abrirá en algunos meses, no fue la excepción.  Muchas voces cuestionaron sobre todo la integridad e independencia de uno de los candidatos, sus vínculos poco claros con distintos espacios de poder y, como al pasar, que ninguno de ellos sea una mujer.

El reclamo por promover de manera activa que el máximo tribunal de la Argentina incluya a las mujeres que actualmente integran más del 57% del total del sistema de justicia pero que sólo conforman el 29% del total de las autoridades, puede parecer menor frente a la contundencia de otras objeciones de analistas políticos, asociaciones de abogados, de magistrados y cámaras empresariales. Como si fuera solo una expresión de “malestar femenino” tal como lo mencionó un reconocido periodista político. 

“Es imperativo que los nuevos integrantes de la Corte Suprema sean funcionarios íntegros y honestos, comprometidos con el cumplimiento imparcial de la ley y la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Es esencial que se promueva la representación equitativa de hombres y mujeres en la Corte Suprema. La diversidad de género no solo enriquece el debate judicial, sino que también refleja la pluralidad de la sociedad y promueve la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos del Poder Judicial”, pidieron a través de un comunicado desde AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina.

¿Qué es esto de pedir paridad en la participación de mujeres en lugares de decisión, incluyendo la justicia, que llama la atención más allá de las organizaciones feministas y de mujeres?

En Estados Unidos, la primera mujer nombrada en la Corte Suprema fue Sandra Day O’Connor, (nominada por Reagan en 1981). Le siguió la icónica jueza Ruth Bader Guinsburg (nominada por Clinton en 1993). Hoy 4 de los 9 integrantes de la Corte estadounidense son mujeres. Obama nominó a mujeres en las dos ocasiones que tuvo de completar las vacantes del más alto tribunal de justicia (en 2009 y 2010) y hasta Trump nominó a una mujer en una de las 3 oportunidades que tuvo para completar vacantes en la Corte. 

En América Latina muchas de las Cortes supremas de justicia están integradas por un número relevante de mujeres, aunque en la mayoría de los casos estén en minoría: en Paraguay, Uruguay, Bolivia, México, Perú, Panamá, Chile, Costa Rica, Colombia hay mujeres integrando las Cortes Supremas. 

¿Por qué es relevante? Porque es parte de los compromisos que ha asumido el Estado argentino de asegurar la igualdad y no discriminación en el acceso a las funciones públicas y procurar una representación equilibrada de género, tanto en la Constitución como en varios de los Tratados Internacionales firmados. Porque sería consolidar el retroceso en un tribunal que ha demostrado un particular liderazgo en los avances hacia la igualdad de las mujeres a través de políticas activas para mejorar el acceso a la justicia con la Oficina de Violencia Doméstica, como en el trabajo de investigación y formación que se promueve desde la Oficina de la Mujer. Ambas iniciativas creadas y lideradas por las dos juezas que integraron la Corte.

Y también porque la experiencia muestra que los momentos de mayor participación política de las mujeres en espacios de decisión coincidieron con el avance de los derechos de las mujeres. Las experiencias que atraviesan a muchas mujeres, aún considerando la gran diversidad de sus trayectorias de vida, hacen al menos probable que incorporen esas problemáticas a la agenda política. Este fue el caso, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que avanzó en los estándares internacionales en relación a los derechos de las mujeres en los momentos donde se incorporaron juezas en su conformación (pensemos, por ejemplo, en el paradigmático caso Campo Algodonero).

De todos modos, la representación de los intereses de las mujeres no se ven necesariamente reflejadas en candidatas mujeres, y es por eso que el objetivo de perseguir la equitativa participación de las mujeres debe ir de la mano de un claro compromiso con la igualdad de género en todas aquellas personas que sean propuestas para integrar la Corte Suprema de Justicia. Varones y mujeres tienen, por igual, el mismo mandato. Las mujeres tienen, además, la posibilidad de contribuir a consolidar una representación más democrática.

Son muchas las candidatas mujeres con trayectoria, formación, integridad, honestidad, compromiso con los derechos humanos y la igualdad de género. Candidatas sobran. Decisión política.... al parecer falta. Le tocará a las senadoras y senadores la responsabilidad de tomar partido a favor de la igualdad.

NG/DTC

Denuncian que los despidos masivos en Anses dejan al organismo al borde del colapso

Denuncian que los despidos masivos en Anses dejan al organismo al borde del colapso

Los despidos en diferentes áreas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en todas las oficinas del país afectan o paralizan las unidades de atención, según denunciaron dirigentes gremiales y políticos, que destacaron que los cierres de las delegaciones dejan a localidades enteras sin los servicios que brinda el organismo. 

A ello debe sumarse que, entre martes y miércoles, muchas Unidades de Atención Integral (UDAI) que no atendieron al público en protesta por los despidos, por la falta de personal, porque no hay servicio de limpieza en esas dependencias y en rechazo al 8% de aumento salarial que ofreció el Poder Ejecutivo. 

De acuerdo a fuentes gremiales, el gobierno de Javier Milei desvinculó tanto a personas con contratos como a aquellas que ganaron concursos, a trabajadores que ingresaron en los últimos meses como a los que llevaban más de 20 años en el organismo con planta permanente. 

En declaraciones formuladas este miércoles a FM Futurock, Carlos Ortega, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Anses (Secasfpi), indicó que “se despidieron entre el 15 de enero y el viernes pasado a 1.300 compañeros del organismo”.

“Esto es perverso con los trabajadores y con las comunidades. No le podemos pedir a un jubilado que se meta online a la app de MiAnses. La ampliación de oficinas es para poder tener presencia territorial, para que la gente pueda tramitar su jubilación, su AUH, su pensión o pedir reconocimiento de servicios”, advirtió el dirigente sindical.

Más de la mitad del personal despedido, un total de 852, pertenece a dependencias de la provincia de Buenos Aires, donde viven 17 millones y medio de personas (38,2% de la población total del país).

Así, se registraron desvinculaciones en las oficinas de Mar del Plata, Tandil, Villa Gesell, Bragado, Chacabuco, Junín, Pehuajó, Campana, Pilar, Escobar, Brandsen, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Mercedes, Pilar, Carmen de Areco, San Antonio de Areco, San Nicolás, Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Monte, Salliqueló, Tres Lomas, Olavarría, Saladillo, San Isidro, San Miguel, Ensenada, La Plata, Berazategui, Magdalena, La Matanza, Avellaneda, Verónica, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, San Vicente, Vicente López y Ezeiza.

En declaraciones a Somos Télam, Felipe Lombardini delegado regional La Plata de SECASFPI -el sindicato de trabajadores de Anses- dijo que “lamentablemente, desde el viernes nos encontramos con 1.500 despidos a lo largo y a lo ancho del país” y detalló que en la región se desvinculó a 9 trabajadores de La Plata, a uno en Ensenada, otro en Berisso, otro en Brandsen y uno más en Verónica.

“Se trata de distintos trabajadores que realizan tareas en todas las oficinas, en su mayoría en atención al público. Muchas dependencias tuvieron que cerrar debido a que todos sus trabajadores fueron despedidos. Con esto, se ve una repercusión en la atención a cada ciudadano que viene a nuestras oficinas a tramitar programas, jubilaciones y pensiones”, describió.

La situación afecta a los beneficiarios de Progresar, Asignación Universal, a jubilados, pensionados, por cuestiones operativas: “Nos quedamos sin capacidad operativa. Ni hablar de las oficinas que cerraron y las ciudades que quedaron sin atención”, apuntó. 

El delegado gremial de SECASFPI en Mar del Plata, Víctor Picciuolo, sostuvo este miércoles en un comunicado que “la gestión de Milei tomó la decisión de cerrar la oficina del predio del Hospital Regional de manera abrupta”, y especificó que “entre los despedidos hay empleados de planta permanente con 5 años de antigüedad que fueron echados sin justa causa”.

En la oficina de la Anses trabajaban 18 empleados y, tras los despidos, sólo quedaron cinco trabajadores. “No tiene capacidad de funcionamiento. En el área de jubilaciones no quedó ningún trabajador para atender y en el sector de atención a la ciudadanía solo hay un empleado”, afirmó Picciuolo.

La dependencia abarca a unos 70 mil beneficiarios de 10 barrios de la zona (José Hernández, Parque Palermo, Las Américas, Las Lilas, Regional, Las Heras, Autódromo, Belgrano, Don Emilio y Belisario Roldán).

“Unas 300 personas iban por día a hacer trámites. La oficina está ubicada en un lugar estratégico y brindaba atención a los pacientes del hospital, escuelas y jardines de la zona para agilizar los trámites del organismo. Se venía trabajando muy bien”, enfatizó el delegado.

De igual manera, en Chaco cerraron de manera definitiva las oficinas de Machagai, General Pinedo, Taco Pazo, Sauzalito, Fuerte Esperanza y Barranqueras; y en Córdoba se cerró la UDAI de Brinckmann, en el noroeste de la provincia.

En ese contexto, el diputado nacional chaqueño Aldo Leiva manifestó en declaraciones a radio El Destape que en esa provincia “se cerraron 6 delegaciones del Anses, entre ellas una en el corazón del Impenetrable chaqueño, que es el Sauzalito, donde la gente podía acceder de manera rápida y efectiva ya que no todo el mundo puede viajar, ni todo el mundo tiene Internet”.

En La Pampa ya suman 14 los empleados de Anses cesanteados, y corresponden a las delegaciones de Santa Rosa, Victorica, Santa Isabel y 25 de Mayo; mientras que en Tierra del Fuego se despidió a cinco personas (cuatro en la delegación Río Grande y uno en Ushuaia).

“Hoy no habrá ningún tipo de atención en la sede”, indicó el delegado Leonardo de la Iglesia y puntualizó que los despedidos, 4 de ellos de planta permanente, “atienden a unas 40 personas todos los días, no son ñoquis como quieren hacer parecer”.

En Tucumán quedaron sin operar las sucursales Tucumán II (Muñecas 353), de Famaillá y de Bella Vista, donde llegaron telegramas de despidos para 30 personas, según confirmó a Canal 10 Digital el delegado Gonzalo García Ramírez.

En Río Negro las cesantías fueron 18, a lo que se suma el cierre de las sedes de Cinco Saltos, General Conesa y Luis Beltrán.

Nahuel Micheli, que desde Anses Roca coordina a todos los delegados de ATE en Anses de La Pampa, Neuquén y Río Negro, planteó a Somos Télam: “Nos enteramos porque los compañeros nos contaban de que al intentar ingresar al sistema les figuraba inexistente su usuario y que cuando llamaban a Informática o a Recursos Humanos para preguntar, les avisaban por teléfono, así como si fuera un trámite más, que ya no formaban parte del organismo”.

“Esa es la metodología de comunicación de los despidos y, de hecho, de todo el listado de despidos, por lo menos en toda la zona de la Patagonia, no llegó ni el 10% de los telegramas aún”, contó.

Especificó que los trabajadores “siguen yendo y están permitiéndoles en la administración firmar una planilla como para especificar de alguna forma, alguna formalidad administrativa que están ingresando a trabajar, pero ya no tienen sistema, ya no pueden atender al público”. 

“En toda la regional son 44, en Rio Negro tenemos 18. El tema es que acá hay diferentes tipos de despidos, o sea, ningún despido es más importante o menos importante que otro, pero también hay despidos tácticos que responden a un deseo claro de que ANSES deje de existir en ciertas localidades”, remarcó.

Por ejemplo, dijo, “en una oficina como la de Luis Beltrán, que tiene tres trabajadores, despiden a tres trabajadores y te cierran la oficina. Entonces ellos dicen que lo único que hicieron fue no renovar sus contratos o despedir a estas personas, pero cierran la oficina, básicamente”.

“Y al otro día de eso, tenés a todo el personal de servicio sacando todos los escritorios, computadores de una oficina, o sea, saqueando la oficina, o sea, que ya estaba todo planificado en un principio”, puntualizó.

A la vez, manifestó: “En Río Negro tenemos a General Conesa, a Cinco Saltos y a Luis Beltrán, que son oficinas que ya no existen más, no funcionan, y Junín de los Andes, en Neuquén, también” y aseveró que “aprovechan estos despidos para empezar a diseccionar el organismo, que es lo que siempre tuvieron pensado, porque esto es un plan mayor al que apuntan que claramente es la privatización de la Seguridad Social”. 

“Ahora la gente va a tener que viajar 100, 150 kilómetros, 40 en algunos casos para ir a las oficinas más cercanas que tengan”, remarcó y subrayó que en estas oficinas “hay un cartelito pegado en A4, impreso en Arial, que dice que esta oficina no funciona más, básicamente”.

“Hay puntos más calientes, como en este caso General Roca, Neuquén o Bariloche, que son localidades donde directamente no se está atendiendo el público o se está haciendo muy pocas horas de atención, cubriendo turnos específicos de emergencia”, concluyó.

En tanto, el delegado del Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Secasfpi), Edgardo Rocchi, dijo a Somos Télam que el martes en Viedma se realizaron cuatro despidos más: dos en General Conesa con cierre de esa la Unidad de Atención Integral (UDAI). Se trata de seis personas contratadas desde noviembre 2023 hasta diciembre 2024.

La oficina de Conesa que fue inaugurada en mayo 2023, “evitaba que la gente tuviera que viajar a Viedma o a San Antonio para realizar sus trámites”, aclaró.

En Viedma, se continúa con la atención a personas con turno previo y las consultas diarias “sin responsables designados en la jefatura local”, concluyó Rocchi.

En Corrientes hubo 5 despidos y en Neuquén cerraron dos dependencias (las oficinas en Junín de los Andes y Aluminé) y echaron a todos los empleados.  

En declaraciones a Es Ahora, de Radio Nacional, el diputado nacional y extitular de Anses en Neuquén, Pablo Todero (Unión por la Patria), explicó que junto a otros legisladores están preparando “un proyecto de comunicación de las distintas provincias y una convocatoria al director ejecutivo de ANSES, Mariano de los Heros, para que venga a explicar al Congreso cómo va a hacer para atender a todas estas localidades”.

En muchas de esas localidades, ahora los jubilados deberán viajar entre 70 y 300 kilómetros para hacer sus trámites relacionados con la Seguridad Social y recibir asesoramiento adecuado sobre las prestaciones y servicios que brinda Anses.

En esas oficinas se llevan a cabo trámites que no pueden hacerse de manera virtual y que tienen que ver con la jubilación, la pensión por fallecimiento, las moratorias, los retiros por invalidez, reclamos o reconocimiento de servicios.

En tanto, en Santa Fe clausuraron las oficinas de Vera y Villa Ocampo, mientras que en la ANSES de la provincia de Jujuy hubo 11 despidos.  

Al respecto, la exdirectora nacional de Migraciones y diputada nacional por Santa Fe, Florencia Carignano (Unión por la Patria), expresó este miércoles en redes sociales su preocupación por el cierre de las oficinas de la Anses en el norte de esa provincia.

“El cierre de las UDAI en las ciudades de Vera y Villa Ocampo implica, además de la pérdida de puestos de trabajo, dejar a localidades enteras sin una atención básica y fundamental”, planteó en X y rememoró que “hace algunas semanas eliminaron el vuelo que conectaba Reconquista con Buenos Aires y ahora pretenden dejar relegados a los santafesinos que realizan trámites, perdiendo la agilidad en gestiones fundamentales”.

En ese marco, se preguntó: “¿Dónde van a atender las necesidades de esos santafesinos? ¿Tienen un plan B o es un recorte más para seguir complicando a la gente? Basta de castigar al norte de nuestra provincia” y agregó: “A Vera y Villa Ocampo se suma la oficina de San Javier. La desmantelaron dejando más trabajadores en la calle y más santafesinos sin un servicio esencial como el de ANSES. ¿Hasta cuándo van a seguir con esta locura?”.

En igual sentido se pronunció el diputado nacional por Santa Fe Eduardo Toniolli (Unión por la Patria), quien expuso en X: “Cerraron la ANSES en Vera y en Villa Ocampo. En adelante cientos de personas deberán trasladarse a diario a Reconquista para acceder a la seguridad social. El antifederalismo enfermizo del gobierno nacional va contra cualquier posibilidad de arraigo en nuestro interior profundo”.

En un comunicado, los diputados santafesinos Emiliano Peralta y Amalia Granata (Unite Somos Vida) expresaron su preocupación por el cierre de las delegaciones de Anses en la provincia, “afectando el derecho de miles de pensionados y jubilados que tendrán que encontrar sus propios medios para viajar hasta 70 kilómetros a la ciudad más cercana para hacer sus necesarios trámites”.

En Jujuy los despidos de trabajadores de la Anses afectaron la atención que se brinda en la capital provincial, localidades de la Quebrada de Humahuaca y la extensa región de la Puna, indicaron los exempleados del organismo nacional.

“Los operadores despedidos desde el pasado lunes que no pueden atender a los ciudadanos que permanentemente demanda el acceso a sus derechos en cada oficina de la Anses”, dijo Noemí Isasmendi, exjefa de una de las oficinas del organismo en San Salvador de Jujuy.

El despido de trabajadores produjo que el funcionamiento se realice con “menos de la mitad del personal”, luego de que los empleados y empleadas reciban la carta documento de despido.

“Esta situación afecta de sobremanera la atención tanto en los centros urbanos como en las localidades periféricas de la provincia, teniendo en cuenta que solo en San Salvador en una oficina se atendió a más de 70.000 personas durante el 2023”, agregó Isasmendi.

La desvinculación “arbitraria” de trabajadores se registraron en dos oficinas de la capital provincial, la ciudad fronteriza de La Quiaca y Humahuaca, por lo que los empleados se declararon en alerta y movilización permanente.

FUENTE: somostelam.com.ar