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Más dudas sobre el patrimonio de Pazo: el secretario de Industria no declaró un departamento en Miami

Juan Alberto Pazo, secretario de Industria y Desarrollo Económico, virtual viceministro de Economía, continúa sin aclarar las dudas sobre su patrimonio. El domingo, elDiarioAR informó que el funcionario asumió rodeado de potenciales conflictos de intereses y un punto, como mínimo, poco claro en la declaración de sus bienes. 

Pazo viene del sector privado. Fue CEO del grupo dueño de las marcas de indumentaria Rapsodia, Caro Coure y Baby Cottons, entre otras. También fundó en 2020 la empresa Invernea, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y otras inversiones del agro.

Sin embargo, esta no es su primera incursión como funcionario. Pazo fue director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo, entre 2016 y 2017. A principios de 2017 asumió como superintendente de Seguros de la Nación.

Hay un punto central que Pazo debe aclarar: su declaración como dueño de una compañía en Florida, Estados Unidos, creada para adquirir un departamento en Miami que nunca figuró en las declaraciones juradas de Pazo como funcionario de Mauricio Macri.

elDiarioAR accedió a un documento publicado en el registro público de propiedades de Miami, gracias a la colaboración del equipo ID de la organización internacional OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), que asiste a periodistas de todo el mundo en la búsqueda de documentación.

Harbour House 1533 Corp. es una sociedad radicada en Florida. Un documento fechado el 24 de agosto de 2018 relata una resolución del board de directores y accionistas de la compañía. “Juan Pazo” figura en dicha acta, no sólo como director de la compañía, sino también como accionista, es decir, como dueño de una parte de la sociedad.

En el documento, “Juan Pazo” figura sin número de pasaporte ni nombre completo, al igual que “Josefina Helguera”, quien también figura como directora y accionista de la compañía. Josefina Helguera es el nombre de la esposa de Juan Alberto Pazo. 

El escrito está sellado por un notario de Florida, quien certificó la identidad de “Juan Pazo” a través de la presentación de su “pasaporte argentino”, dice el acta, pero no incluyó el número de identidad en el documento público. 

Si en 2018 Pazo era accionista de la sociedad y funcionario público, ¿por qué no figuran estas acciones entre sus bienes declarados ante la Oficina Anticorrupción? elDiarioAR consultó a Pazo por segunda vez a través de una persona de su entorno, quien respondió que el departamento en Miami y la sociedad son de su esposa, Helguera. Sin embargo, Pazo no explicó por qué figura en el registro público de Miami como accionista de la compañía y por qué no declaró esas acciones en 2018. 

La omisión maliciosa en la declaración de bienes ante la OA es un delito con penas de prisión de hasta dos años -excarcelable-, que requiere que la Justicia pruebe que el imputado obró con malicia al ocultar dicha información al Estado. El propio Luis Caputo, ministro de Economía y jefe de Pazo, está imputado desde finales de 2017 por ese mismo delito por no haber declarado sus acciones en sociedades offshore cuando era funcionario de Macri. Caputo niega haber cometido un ilícito.

Los departamentos

La sociedad Harbour House 1533 Corp. era, en 2018, titular de un departamento en el condominio ubicado en Collins Avenue 10275. En Florida, una práctica usual y legal es que las propiedades inmuebles estén a nombre de sociedades y no de las personas que las adquirieron. Es una forma utilizada por la mayoría de los argentinos por cuestiones legales e impositivas.

Harbour House 1533 Corp. adquirió el departamento en 2013. Antes tenía otra propiedad en el mismo condominio. La propiedad adquirida en 2013 tiene dos dormitorios, dos baños y un living en la zona de Bal Harbour, frente al mar. Si bien tenía una hipoteca por US$400.000, cuando se vendió, tres años más tarde, en 2021, el valor de mercado y el de tasación era de casi un millón de dólares (US$996.100).

Ese año, la sociedad vendió el departamento y adquirió otra propiedad. Esta vez, compró una unidad en el condominio Beach Club Apts Condo, ubicado en la misma avenida, Collins, pero al 9940. El nuevo departamento fue tasado en US$376.530, de acuerdo a los registros públicos de Miami.

Al menos hasta mayo de 2023, Helguera y Juan Pazo figuraban como directores de la compañía dueña del departamento.

Público y privado

Ahora que regresó a la función pública, Pazo debe volver a presentar declaraciones juradas ante la OA. El funcionario debió presentar su primera declaración jurada dentro de los 30 días después de su asunción, pero no lo hizo hasta el momento, confirmó el organismo de control ante la consulta de elDiarioAR. 

Este medio se comunicó con la OA, a cargo de Alejandro Melik, para preguntar si el funcionario fue intimado ante el incumplimiento. El organismo, que depende del ministerio de Justicia que dirige Mariano Cuneo Libarona, respondió que el 10 de abril, es decir hace apenas siete días, intimó a Pazo y a otros funcionarios. La intimación llegó horas después de que el diputado Rodolfo Tailhade afirmara en un video que Pazo no había presentado su primera declaración jurada, correspondiente a 2023.

Pazo proviene del sector privado. Fue CEO del conglomerado textil propiedad de Francisco De Narváez y deberá también aclarar en su nueva declaración jurada si sigue ejerciendo como ejecutivo de firmas offshore de Rapsodia, una marca cofundada por su esposa, Helguera, quien también es una alta ejecutiva de la empresa.

Durante sus años de funcionario de Macri, Pazo ejerció como secretario de una serie de compañías radicadas en Panamá. Se trata de Rapsodia Licensing y Rapsodia México. Esta última con un capital de US$1.000.000, según un acta de 2017 publicada en el registro mercantil panameño. También tuvo acciones en Rapsodia Chile SA, de acuerdo a su declaración jurada de 2016.

Pazo fundó y dirigió la empresa Invernea para formar fideicomisos que inviertan en ganadería y agronegocios. “Renunció al cargo de director”, explicaron en su entorno. La secretaría a cargo de Pazo, Industria, no tiene injerencia en el sector ganadero, pero sí la tiene Pazo, quien ya empezó a participar en reuniones y conversaciones con los ganaderos, a medida que gana terreno en el gabinete económico, como explicó Alejandro Bercovich en este medio. Otro punto que la OA deberá seguir de cerca.

ED/DTC

Un funcionario clave de Economía, rodeado por conflictos de intereses y dudas sobre sus declaraciones juradas

Juan Alberto Pazo, funcionario central en el ministerio de Economía que dirige Luis “Toto” Caputo, es secretario de Industria y Desarrollo Productivo, virtual número dos de la cartera económica y uno de los integrantes del Gobierno con potenciales conflictos de intereses y dudas sobre sus declaraciones juradas, de acuerdo a la información pública, documentos y consultas realizadas por elDiarioAR.

El funcionario proviene del sector privado y fue CEO del grupo dueño de las marcas de indumentaria Rapsodia, Caro Coure y Baby Cottons, entre otras. También fundó en 2020 la empresa Invernea, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y otras inversiones del agro.

La declaración jurada de Pazo, que debió presentar como funcionario del gabinete de Javier Milei ante la Oficina Anticorrupción (OA), no está disponible en el registro oficial de declaraciones juradas, a pesar de que los funcionarios cuentan con 30 días desde su asunción en diciembre último para declarar sus bienes ante el organismo. Allí, Pazo debe aclarar algunas dudas que surgen sobre su patrimonio que trascendieron en los últimos días.

No es la primera vez que Pazo asume en la función pública. Entre 2016 y 2019, el empresario se desempeñó en el gobierno de Mauricio Macri. Fue director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo, hasta 2017. Luego asumió como superintendente de Seguros de la Nación.

La semana última, Pazo fue señalado por el diputado Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) como propietario de un departamento en Miami que el funcionario no habría declarado entre 2016 y 2019.

¿Qué información hay sobre “Juan Pazo” en los registros públicos del estado de Florida? El secretario de Industria y Desarrollo Productivo está casado con la empresaria Josefina Helguera, cofundadora de la marca de indumentaria Rapsodia. “Helguera” y un “Juan Pazo” -no se aclaran nombres completos ni números de pasaportes- figuran como directores de una compañía en Miami, Florida, en Estados Unidos, según los registros públicos consultados por elDiarioAR. 

La sociedad que figura a nombre de “Josefina Helguera” y “Juan Pazo” se denomina Harbour House 1533 Corp. Entre 2010 y 2013, la compañía fue titular de un departamento en un condominio de la avenida Collins, valuado entonces en unos US$475.000. Es decir, los propietarios del inmueble conformaron una sociedad en Florida para poner la propiedad a nombre de la compañía y no a sus nombres. Es un procedimiento usual y legal en Miami, utilizado por la mayoría de los argentinos por cuestiones legales e impositivas.

Entre 2013, la sociedad vendió ese inmueble y adquirió otro en el mismo condominio. Figura en los registros públicos de Miami como propietaria de un departamento valuado entonces en casi un millón de dólares.

En otro documento de agosto de 2018, “Juan Pazo” y “Helguera” figuran incluso como accionistas de la compañía que tiene a su nombre dicho inmueble. La sociedad lo tuvo a su nombre hasta 2021, de acuerdo a los registros de Miami.

En las declaraciones juradas de Pazo ante la OA no figuran ni acciones en Harbour House 1533 Corp. ni un departamento en Miami. elDiarioAR consultó a Pazo a través de un allegado sobre si se trata de su sociedad y su propiedad y en ese caso por qué no fueron declaradas entre 2016 y 2019. El funcionario se negó a responder.

Sobre esta duda en sus declaraciones juradas, en el entorno del funcionario se limitaron a afirmar que Pazo tiene “todo su patrimonio y el de su esposa debidamente declarado”. Los bienes de su esposa declarados durante sus años como funcionario de Macri ante la OA no pueden consultarse, ya que se encuentran en un legajo reservado, gracias a una resolución dictada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que permitió que los patrimonios de los cónyuges no sean públicos. Sólo el organismo o un juez podrían acceder.

El departamento adquirido por la sociedad Harbour House 1533 Corp. en 2013 se ubica en el mismo condominio de la avenida Collins, en Miami, y cuenta con dos dormitorios, dos baños y un living. Cuando fue vendido en 2021 su valor de mercado era de casi un millón de dólares y la compañía adquirió otra unidad en otro condominio. Sus dueños se mudaron a unas pocas cuadras, sobre la misma avenida, a un departamento valuado en menos de la mitad de su valor, en unos US$400.000, según los registros públicos de Miami.

Al menos hasta enero de 2023, “Helguera” y “Juan Pazo” figuraban como directores de la compañía dueña del departamento.

Mostradores

Pazo proviene del sector privado y fue CEO del grupo dueño de las marcas de indumentaria Rapsodia, Caro Coure y Baby Cottons, entre otras. El conglomerado es propiedad de Francisco De Narváez.

“Se tendrá que excusar de intervenir en cualquier decisión que beneficie o afecte al sector textil”, sostuvieron en el entorno de Pazo ante la consulta. ¿Y en cuanto al sector ganadero?, preguntó elDiarioAR. Es que Pazo también fundó en 2020 la empresa Invernea, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y otras inversiones del agro.

“No es su sector en el gabinete económico y ya renunció a su cargo en la empresa Invernea”, donde era director, respondieron en su entorno. Sin embargo, Pazo ya empezó a participar en reuniones con los ganaderos, a medida que gana terreno en el gabinete económico, como explicó el periodista Leandro Renou en Página/12.

Pazo es del entorno de Caputo y tiene vínculos directos con Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central, y con Mariano Federici, ex titular de la UIF de Macri. Su empresa Invernea está muy bien conectada con el actual gabinete: Bausili fue su asesor financiero y un hijo de Caputo es el encargado de Administración y Finanzas. Además, Estanislao Iraeta es el encargado de Operaciones Ganaderas de Invernea. Sergio Iraeta, abogado, productor agropecuario y familiar de Estanislao, asumió recientemente al frente de Producción Agropecuaria y Forestal, publicó Página/12. Otra buena relación para Invernea.

Si bien Pazo no tiene funciones formales sobre el área de ganadería, estuvo en la última reunión del Consejo Federal Agropecuario (CFA), en Rosario.

Pazo fundó Invernea tras su paso por la Superintendencia de Seguros de la Nación, el organismo que regula a las compañías de seguros. Se fue con ideas productivas. Las aseguradoras invirtieron al menos $1.800 millones en dos fideicomisos de Invernea en 2021, publicó el programa de televisión 100% Seguro, durante una entrevista con Pazo.

En Invernea, tanto el grano como el ganado están asegurados por compañías de seguros. “Más del 50% de la hacienda que tenemos en stock está chipeada, es decir que tiene un chip que permite geolocalizar la tenencia de la hacienda. Cada animal que está chipeado baja directamente el costo de la póliza de seguro por mortandad o robo”, sostuvo en el programa televisivo100% Seguro, en una entrevista en diciembre de 2021.

“Lo que estamos intentando hacer es aplicar tecnología que nos permita la generación de valor agregado. Ese animal chipeado puede tener trazabilidad, podemos hacer algún proyecto económico sustentable que pueda tener que ver con el ganado engordado a pasto y tener un diferencial de valor para exportar”, afirmó a 100% Seguro. “Nuestro desafío en Invernea es invertir siempre a largo plazo”, agregó. Pazo también dijo que buscaban diversificar inversiones en energías renovables y minería.  

En dicha entrevista, Pazo fue presentado como abogado experto en Finanzas y productor agropecuario. Él también tenía empresas agropecuarias. Declaró ser propietario de las sociedades Caracú quemado SRL y Juan y Juan SRL, ambas del rubro, cuando era funcionario de Macri, según sus declaraciones ante la OA entre 2016 y 2019.

Durante sus años de funcionario de Macri, Pazo también ejerció como secretario de una serie de compañías radicadas en Panamá. Se trata de Rapsodia Licensing y Rapsodia México. Esta última con un capital de US$1.000.000, según un acta de 2017. “Tuvo un cargo menor en esas sociedades de Panamá”, explicaron en su entorno. La OA deberá analizar con su nueva declaración jurada si Pazo continúa ejerciendo cargos o si incluso mantiene acciones en las compañías de Rapsodia para evitar conflictos de intereses como secretario de Industria. Su esposa también figura en los directorios de dichas compañías.

ED/DTC

La ley Bases ya se patea para mayo y en Diputados le suman presión al Gobierno

La reunión de la comisión de Previsión y Seguridad Social estaba a punto de comenzar cuando el único pasillo del anexo C de la Cámara de Diputados obligó a que se crucen dos polos opuestos: Germán Martínez, jefe de bloque de Unión por la Patria, y Alejandro Cacace, secretario de la bancada de la UCR y uno de los referentes radicales que está negociando con la Casa Rosada la letra chica de la ley Bases. Lejos de esquivar el saludo, se estrecharon en un abrazo y compartieron un diálogo extendido. Ese encuentro casual funcionó como una síntesis de lo que aconteció poco después: los lineamientos de un acuerdo opositor para presionar al Gobierno con una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. 

En rigor este martes firmaron dictámenes separados UxP, la UCR junto con el espacio de Miguel Pichetto, y la Izquierda. Cada propuesta tiene sus detalles y diferencias sustanciales, pero la decisión por detrás es la misma: emplazar al oficialismo para que la comisión de Presupuesto trate las iniciativas de actualización de las jubilaciones. Para no quedar en offside, ayer La Libertad Avanza y el PRO ensayaron un cortafuego con un proyecto espejo del DNU 274/24 que dispuso una nueva fórmula a discreción del presidente Javier Milei.

“Hoy acá hay una expresa vocación para avanzar en el emplazamiento”, celebraba por anticipado ayer por la tarde Martínez, ante la mirada silenciosa de Cacace. Los proyectos de ambos espacios se diferencian en lineamientos clave como es el piso desde el cuál aplicar la actualización, el “empalme” para compensar las jubilaciones con los meses iniciales del año –cuando hubo más inflación–, la fórmula de actualización atada a la inflación mensual y cómo sanear las deudas de las cajas previsionales de las provincias. 

Como eventuales socios del Gobierno, la propuesta radical-federal es más laxa con las cuentas públicas, por ejemplo que haya una garantía de haber mínimo según canasta básica, un bono menos sustancioso que el que propone el peronismo –para llegar al 20% sobre el 12,5% que impuso el Gobierno, frente al 30% del kirchnerismo– y la actualización mensual atada al IPC con la posibilidad de que esté atado al RIPTE –la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores–. “Le cuidan la billetera a Caputo”, chicanearon desde UP a los aliados de los libertarios.

“Le dimos una apertura total, integral y cabal al tema para escuchar las diferentes voces y así poder tener el aporte de todas las miradas de quienes quisieron participar”, defendió elr ol de la comisión su titular, la radical Gabriela Brouwer de Koning. “El empalme del 12,5% que dio el DNU donde para muchos resultó insuficiente de acuerdo al deterioro que tuvieron los haberes por la inflación del país”, justificó como motor del impulso de la iniciativa de la oposición blanda.

Pero más allá de la letra chica de los proyectos, la idea de todo el arco opositor es obligar a José Luis Espert de abrir la comisión de Presupuesto. El momento escogido para avanzar en ese emplazamiento sería en la próxima sesión en el recinto, que todo encamina a ser el de la votación de la ley de Bases. La incógnita aún no despejada es cuándo será finalmente esa sesión porque la negociación del Gobierno con sus socios parlamentarios está trabada. Y ayer hubo voces que hacen presumir que la discusión parece haberse dilatado aún más.

“3 de otoño”

En Diputados ya ni está en el horizonte que la ley ómnibus se vote durante este mes de abril –Santiago Caputo había dicho en sus reuniones con diputados que quería que la media sanción salga el 24–, sino que se estima que finalmente ocurra en mayo. El problema para el Gobierno es que se le acortan más los plazos si quiere que el Senado le dé una sanción definitiva como preludio a la firma del Pacto de Mayo en Córdoba. La nueva versión de la ley tendrá como anabólicos un paquete fiscal y una propuesta de reforma laboral.

“El 3 de otoño se va a votar”, ironizó un diputado de los dialoguistas con los libertarios ante la consulta de elDiarioAR y haciendo un gesto de fastidio. “No somos nosotros los que estamos apurados”, se desentendió otra fuente parlamentaria de peso en la UCR. 

Mientras UxP, la Izquierda y otros ex JxC sueltos como los socialistas y Margarita Stolbizer ya están decididos en rechazar la ley Bases bis, entre los aliados del PRO, la UCR y HCF hay esfuerzos denodados para que la propuesta de Milei no vuelva a fracasar. En los últimos días hubo una sucesión de idas y vueltas ante el último borrador que circuló la Casa Rosada, pero el texto sigue en proceso de reescritura.

El Gobierno había prometido que el lunes, según supo elDiarioAR, enviaría a Diputados el proyecto de paquete fiscal que irá adosado a la ómnibus, pero hasta ayer no hubo novedades. La expectativa está puesta para hoy, con la posibilidad de que mañana se convoque a una reunión informativa con un funcionario del Ejecutivo para que dé explicaciones. Esa posibilidad fue rechazada de plano en el despacho de Martín Menem: “Esta semana no hay chances de nada, todo será para la próxima”, fue tajante una fuente.

El titular de la Cámara baja tiene este jueves un tema más candente: convocó a la comisión de Juicio Político para su “conformación”, pese a que ya la semana pasada quedó designada allí la libertaria Marcela Pagano. Menem desconoció ese acto, pese a que hay un acta firmada por todos los diputados que estuvieron presentes el día del escándalo. ¿Irá Pagano? Es un misterio. “La comisión ya fue conformada. Seguiremos el reglamento”, dijeron a este medio al lado de la periodista.

Y ayer la prioridad parlamentaria del oficialismo fue otra. El Ejecutivo envió ayer a Diputados el paquete de leyes de mano dura en seguridad, con el agregado de que Patricia Bullrich visitó a Victoria Villarruel en su despacho del Senado. Hablaron más de una hora, pero no quisieron sacarse fotos, supo elDiarioAR. Según el entorno de la vice no se trató la batería de leyes, aunque curiosamente el paquete de normas no incluía la reforma pretendida de la ley de Seguridad Interior para ampilar el rol de las Fuerzas Armadas, algo en que la vice está en desacuerdo. Sí dialogaron, en un momento, obre “la seguridad del Presidente y de la decisión de que no viaje más en aviones comerciales”. Fue un tema secundario ante una agenda más urgente que tiene la jefa del Senado: cómo juntar una mayoría para que avancen los polémicos pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema.

En “punto muerto”

Tanto para la renovación por la Corte como por la ley Bases el Gobierno sigue buscando la mayoría circunstancial que le dé la media sanción en Diputados. Ayer el ministro Guillermo Francos sumó fotos con un variopinto mapa de gobernadores: desde el santiagueño Gerardo Zamora al santacruceño Claudio Vidal, pasando por los mandatarios de la región Centro: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Martín Llaryora (Córdoba).

El problema que se asoma es que sobre la nueva ómnibus hay desacuerdos con los aliados que parecen estar en “punto muerto”. Un caso es el artículo que establece la posibilidad de que una sola persona decida sobre la autorización de una fusión empresarial –como el reciente caso del banco Galicia con el HSBC o emblemático caso de Cablevisión–. Los opositores quieren que haya revisión por parte del tribunal.

Sobre los fideicomisos, la UCR presentó un listado adicional al oficial para darle inmunidad a distintos organismos o sectores puntuales. El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ya les respondió por la negativa. Y sobre las privatizaciones, los libertarios también rechazan que esté a tiro el Banco Nación. A esos puntos se les suman los que ya contó ayer elDiarioAR, como los detalles de la reincorporación de Ganancias, los superpoderes presidenciales para la desregulación económica, los alcances del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) y la polémica por la ley de impuestos al tabaco.

Al complejo panorama de discusiones se le suma que el Gobierno tendrá que dividir los espacios de debate porque son tres proyectos parlamentarios distintos. Si la ley Bases volvería al plenario de Presupuesto, Legislación General y Asuntos Constitucionales, puede que tengan que reunir Legislación del Trabajo para la reforma laboral. Cada nuevo frente de discusión demoraría aún más las definiciones. 

Con todo, el anhelo libertario es que las tres iniciativas se voten en una misma sesión en el recinto, que se anticipa maratónica. Y luego tiene que pasar al Senado. “Es un ida y vuelta que no tiene fin. Más que trabar todo, lo demoran”, argumentó una fuente radical. Y cerró sobre la sensación que percibe en la expectativa de la Rosada: “No quieren bajar a dar una votación que pueden llegar a perder otra vez”.

MC/JJD

Sonríe Milei: la Corte rechazó dos planteos contra su mega-DNU

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció este martes a favor de los intereses del presidente Javier Milei y su afán desregulador: rechazó una acción declarativa de certeza en contra del megadecreto de necesidad y urgencia 70/2023, que entre otros centenares de medidas derogó la ley de Alquileres y permite que las prepagas les aumenten la cuota a sus afiliados cuando quieran y lo que quieran. Este DNU sigue en plena vigencia, salvo por los artículos que fueron suspendidos o anulados por otros tribunales. Los más resonantes son los referidos a la reforma laboral.

La Provincia de La Rioja, a través del gobernador Ricardo Quintela (Partido Justicialista), había promovido la demanda declarativa de certeza contra el Estado Nacional con el objeto de poner fin al estado de incertidumbre derivado –según alegó– de la manifiesta inconstitucionalidad del DNU 70/2023, publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre de 2023.

De acuerdo con un comunicado oficial, la Corte “rechazó in limine la demanda promovida” y “para resolver de ese modo consideró, entre otras razones, que el control encomendado a la Justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa requiere inexorablemente de la existencia de un 'caso' donde se debata la determinación de un derecho entre partes adversas, fundado en un interés específico, concreto y atribuible en forma determinada al litigante”.

En tal sentido recordó que “una demanda declarativa sólo da lugar a una causa o caso contencioso si la parte actora pone a decisión de la Corte una controversia de intereses actual y concreta, no meramente posible o hipotética”. En concreto, el tribunal consideró que en la causa “la demanda no ha definido ningún interés propio de la provincia (como persona jurídica diferenciada de sus vecinos) que se encuentre afectado de manera actual y concreta”.

Por último, la Corte —integrada por Horacio Rosatti, presidente; Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda— también desestimó por improcedente el intento de fundar la legitimación activa en el artículo 128 de la Constitución (dice que “los gobernadores de provincia son agentes naturales del Gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación”). A tal fin consideró que “cualquiera sea la interpretación que se adopte de dicha norma, ella no puede conducir a una disolución de los presupuestos establecidos en la misma Constitución para habilitar el ejercicio de la atribución jurisdiccional de la Corte y de los demás tribunales federales”.

El otro planteo contra el mega-DNU

Este mismo martes, la Corte también rechazó una presentación contra el DNU realizada por la agrupación Gente de Derecho, cuyo referente es el abogado Jorge Rizzo, que planteó la inconstitucionalidad del instrumento.

La asociación “promovió acción de amparo a fin de que se declare la inconstitucionalidad 'integral' del decreto 70/23”. Luego de su rechazo en las anteriores instancias, interpuso un recurso extraordinario que fue desestimado por la Corte.

El tribunal entendió que “el apelante no cumplió con el requisito de fundamentación autónoma por no refutar la conclusión central del pronunciamiento recurrido referido a que ni él personalmente, ni la asociación que preside, poseen un interés concreto o sustancial en la declaración de inconstitucionalidad del DNU”.

Consideró que el recurso no explicó de qué modo la aplicación de ese decreto les causa una afectación personal, diferenciada de la que, por hipótesis, podría recaer sobre el resto de la población, dice la resolución del máximo tribunal.

La Corte recordó que la existencia de “caso” presupone la de “parte”, esto es la de quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución adoptada al cabo del proceso. Es decir, para que exista un caso es imprescindible que quien reclama tenga un interés suficientemente directo, concreto y personal —diferenciado del que tienen el resto de los ciudadanos— en el resultado del pleito que propone, de manera que los agravios que se invocan lo afecten de forma “suficientemente directa” o “substancial”.

Agregó que los tribunales federales no han sido investidos por la Constitución de la facultad de analizar la constitucionalidad de normas o formular interpretaciones de ellas en abstracto, lo que impide pronunciamientos meramente teóricos o consultivos.

JJD

Suspensiones a cooperativas: detrás de los anuncios del Gobierno no hay más que procedimientos de rutina

Semanas atrás el Gobierno Nacional anunció la suspensión de más de 11.000 cooperativas en todo el país por irregularidades en presentaciones administrativas, sin embargo se trata de un procedimiento de rutina que cada año realiza el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). El vocero presidencial, Manuel Adorni, habló de “otra caja que desaparece y que los argentinos dejan de sostener”, pero el INAES es un organismo descentralizado que tiene un rol de fiscalización y que está financiado en un 80% con los aportes de las cooperativas asociadas. Desde el sector advirtieron que se trata de una demonización para facilitar la llegada de otros actores económicos a mercados importantes como el de los servicios públicos o de compañías de seguro, donde las cooperativas tienen una presencia importante.

Según informó el gobierno, se suspende la operatoria de las cooperativas creadas entre 2020 y 2022 y se van a inspeccionar 4.355 creadas en 2023. Además, se retira la autorización para operar a 11.853 cooperativas. Lo que fue presentado como una excepcionalidad se trata de un proceso de fiscalización habitual que realiza el INAES para controlar la documentación y balances de las cooperativas. Así lo explicó a elDiarioAR Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadorxs Autogestionadxs: “Es normal que se realice eso, en éste caso lo que ocurrió es que firmaron dos resoluciones. Una que intima a las entidades que no hicieron un censo anual en 2023 y la otra, que intima con un plazo de 30 días hábiles a las que debían documentación ordinaria como actas de asambleas o copias de balances anuales”. 

Si bien 11.853 cooperativas suspendidas parece una número elevado, el expresidente del INAES Alexandre Roig explicó que se trata una cifra comprensible producto del acumulado histórico después de la pandemia y por la situación económica de varias cooperativas que no tienen dinero para realizar los balances contables que cuestan alrededor de $300.000. “En los últimos años hubo un crecimiento muy grande de matrículas, algunas funcionaron y otras no, algunas no presentaban balances porque no les daba la plata. También hay retrasos por la suspensión de los plazos administrativos que se dieron durante la pandemia, ahí hay un proceso de regulación histórico de atraso. También hay algunas que seguramente se crearon y no presentaron los papeles porque no les dio y hay que cerrarlas. Por eso, el procedimiento que plantea el INAES ahora en términos administrativos no está mal, lo que está mal es el manejo político que hace el gobierno que transforma eso en un escándalo”, le dijo Roig a este diario.

Adorni afirmó que “de las cooperativas creadas entre 2020 y 2022, el 70% no presentó balances ni asambleas”. Sin embargo, aquellas creadas en el 2022 están dentro de los plazos legales para presentarla. En Argentina hay 22.393 cooperativas vigentes, más de la mitad (57%) están en la región Centro y en segundo lugar en el Noroeste (18%). Según el último balance de gestión del INAES, el 46% (10.292) se inscribió en estos últimos 3 años, con un pico durante el año 2022 con un total de 5.142. Se trata de un espectro amplio que incluye cooperativas de trabajo, de servicios, culturales y clubes de barrio, por ejemplo, pero que también engloba a grandes empresas como compañías de seguros o bancos. 

“Hasta hace años conseguir una matrícula demoraba dos años. Simplificamos el proceso y lo hicimos online para que se pueda hacer en dos meses por eso aumentaron la cantidad de matrículas, porque había una demanda reprimida. Había 2000 matrículas en trámite y salieron todas y a partir de ahí hubo una demanda grande en sectores del mundo del trabajo y otros nuevos, por ejemplo, 1000 cooperativas en el mundo de la cultura”, detalló Roig. En cuanto a la cantidad de personas que nuclean,el último registro indica hay 333.878 trabajadores y trabajadoras y se estima que todo el sector hace un aporte del 15% al PBI.

El presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP), Ramiro Martínez, puso en contexto esta medida del gobierno de Javier Milei. “Hay precedentes desde 2009, tenemos varias resoluciones que han implementado las mismas situaciones en diferentes gestiones. La verdadera baja es la cancelación, no la suspensión. Esta última permite en algunos casos las actividades e insta a la regularización lo más pronto posible. Después tenes la comunicación que hace el gobierno nacional con respecto a las normativas y habla de bajas instantáneas de matrículas, que es totalmente fuera de contexto, porque estas resoluciones han sido de uso en varias gestiones nacionales como parte de un modelo”, le dijo a elDiarioAR. Tonarelli agregó: “Pensando en la situación económica, es lógico que muchas entidades tengan atraso en la documentación producto de la baja en la facturación”.

Adorni también denunció que el 22% de las cooperativas repitió asociados, el 20% usó el mismo mail para registrarse y el 9% comparte domicilio. Acá tampoco hay irregularidades porque la ley permite que una persona se asocie a más de una cooperativa. Con respecto al mail, desde las federaciones explicaron que hay contadores y abogados especializados que hacen los trámites y que hacen los registro desde su casilla.

Distintas federaciones comparten la misma lectura de la situación, un intento de desprestigiar al cooperativismo para sacarlos de mercados rentables. “Mi hipótesis es que el gobierno está tratando de cambiar los jugadores del mercado, de cambiar la lógica a favor de actores que son más favorables. El ataque a las cooperativas de trabajo tiene una dirección política más específica pero a su vez tendría cuidado de que no empiecen a atacar otro sector del cooperativismo por ejemplo, a las compañías de seguro cooperativas que son el 30% del mercado. Otros casos, por ejemplo, una cooperativa obrera en Bahía Blanca es competidora directa de La Anónima en todo el sur de la Provincia de Buenos Aires o las cooperativas eléctricas en el interior de Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires que tienen el 80% de la distribución”, detalló Roig.

Las cooperativas de trabajo representan el 81,5% del total, seguidas de las de servicios públicos que son el 5,3%, las de vivienda que son el 4% y las agropecuarias el 3,7%. En cuanto a los servicios públicos, en muchas localidades son los únicos prestadores como en La Pampa. Un número reducido también generó divisas en el exterior. En 2022, 68 cooperativas registraron exportaciones por casi cuatro mil millones de dólares con productos como aceite de girasol, trigo y morcajo, y cebada en grano vendidos a China, Vietnam e India.

“Uno de cada dos argentinos está relacionado con una cooperativa o una mutual, pero un alto porcentaje no lo sabe. Por ejemplo, con las aseguradoras o el sistema bancario, hay desconocimiento hacia el movimiento cooperativo y mutual. El gobierno tiene una visión en que nuestro modelo no entra”, afirmó Martínez.

CDB/ DTC