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Crisis en Ramos Mexía: suspendieron por 60 días al intendente Colil

Ramos Mexia afronta una crisis institucional. El Concejo Deliberante -donde Juntos tiene mayoría- suspendió por 60 días al intendente, Patricio Colil, de extracción del FpV.

El jefe comunal desconoce esa decisión legislativa, formalizada la semana pasada, pero hoy -según trascendió- la presidenta del Concejo, Yanina Guzman, concurriría a la sede gubernamental para asumir provisoriamente el gobierno local.

Colil asistió normalmente ayer al municipio, acompañado por vecinos y dirigentes, entre ellos, el presidente del bloque de legisladores del FpV, Alejandro Marinao.

El parlamentario abrió la mirada del conflicto e involucró indirectamente a la gestión rionegrina al plantear que “llama la atención que los concejales, que responden al gobierno provincial, no se preocuparon” por “los embargos” y “manejos irregulares” de la gestión anterior, en referencia al gobierno Javier Gimenez, de Juntos.

El Concejo se integra con dos ediles de Juntos (Guzman y Alberto Esandi) y uno del FpV (Ramiro Huinca). Esa mayoría opositora, también, se repite en el Tribunal de Cuentas, que encabeza Mirtha Colihuinca.

Ambos cuerpos ratificaron las conclusiones de una auditoría que contrataron al Estudio Larrañaga-Rueda y Asociados.

Según la información legislativa, ese trabajo “arrojó datos muy preocupantes”, como “falta de comprobantes y rendiciones” por más de 22 millones y “mucha documentación que carecen de documentación respaldatoria, mencionando la emisión de más de 1.064 cheques sin comprobantes, autorización, intervención del Tribunal de Cuentas y el Concejo Deliberante, careciendo de todo tipo de instrumentación del gasto, norma de excepción y facultades extraordinarias para ello”.

El Concejo acusó a Colil de “grave incumplimiento de funcionario público” y además indicó que “se presume que existió dolo y múltiples actuaciones de administración fraudulenta”, por lo cual lo suspendió por 60 días para cumplir con “un profundo control institucional” y las correspondientes investigaciones.

Esa oposición resaltó haber sido “extremadamente pacientes” y recordó que el intendente “excluyó sistemáticamente” al Concejo y al Tribunal, “negándoles todo tipo de información” y, al final, explica el pedido de una auditoría general por “nuestros deberes y obligaciones”.

En el análisis de la situación hay que recordar otro dato de contexto determinante: Colil ganó en el 2015 por tres votos al intendente Javier Giménez, de origen peronista pero que participaba por Juntos. El escrutinio llegó al STJ ya que la lista perdedora pretendía volver a votar en una de las tres mesas habilitadas. Desde el inicio de su gestión, el nuevo jefe comunal -conjuntamente con el concejal Huinca- no ahorró denuncias contra su antecesor, incluso penales por irregularidades en su administración. En recientes declaraciones, Giménez deja en claro que vive su contraofensiva con los últimos sucesos en Ramos Mexía.

Debate frustrado para fijar el costo de producción

La reunión de la Mesa de Contractualización, que fija el costo de producción para la fruta de esta temporada, fracasó por la ausencia de los principales actores de la cadena frutícola. El viernes volverán a intentar el encuentro, pero hay posturas encontradas por el modelo desactualizado que se utiliza para estimar cuánto le cuesta al chacarero producir un kilo de fruta.

La reunión estaba pactada para ayer a las 9:00 en la Secretaría de Fruticultura. En la mesa estaban sentados los legisladores provinciales, los funcionarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Río Negro y los técnicos del Inta y de Fruticultura. Alrededor de las 10:00, cuando la espera había colmado la paciencia de los presentes, se decidió la suspensión ya que faltaba el principal interesado: la Federación de Productores.

Sebastián Hernández, presidente de la Federación, arribó cuando la reunión ya se había postergado y ofreció las disculpas del caso porque argumentó que tuvo que asistir a un peón que se accidentó en su chacra. De todos modos, de manera informal y sólo a título informativo, se analizó el informe que cada año lleva adelante el Inta para estimar los costos de producción.

En ese momento surgió el debate sobre el modelo que se utilizó para elaborar los costos, que tiene más de 10 años. La falta de actualización en materia de recursos (censos, estadísticas, etc) que los técnicos puedan tener al alcance para acercar los costos a la realidad, fue materia de discusión y algunos llegaron a la conclusión de que se estaba mirando una “foto” demasiado vieja para interpretar el hoy.

“Este modelo no nos representa. No es el predominante”, dijeron los funcionarios de la provincia mientras apelando a una auto crítica colectiva la legisladora del JSRN, Norma Coronel, recordó que la Mesa de Contractualización había acordado el año pasado trabajar para generar un nuevo modelo, algo que nadie hizo.

En líneas generales, el costo calculado oscila para peras y manzanas entre 34 y 35 centavos de dólar por kilo.

Crece el rechazo al nuevo intento de instalar la central nuclear

Actores ambientalistas y la oposición política reaccionaron rápidamente ante la insistencia del gobierno nacional para la instalación de una central Nuclear en Río Negro, previendo -inicialmente- lograr la neutralización de la ley de prohibición, promulgada en septiembre pasado.

La senadora Magdalena Odarda, los legisladores peronistas Nicolás Rochás y Mario Sabbatella, como también agrupaciones ambientalistas rechazaron la postura del presidente Mauricio Macri que ratificó su “interés” por lograr ese asentamiento en el territorio rionegrino, puntualmente, en Sierra Grande.

Así, se lo reiteró el miércoles al gobernador Alberto Weretilneck cuando lo recibió en Villa La Angostura y, dos días después, lo repitió frente a sus diputados Sergio Wisky y Lorena Matzen.

Nación -conjuntamente con sus referentes en la provincia- y el intendente serrano, Nelson Iribarren estudian las opciones judiciales para neutralizar la prohibición planteada por la ley 5227, promulgada en septiembre pasado.

Ayer, el jefe comunal ratificó que un equipo jurídico trabaja contra reloj para la presentación a “fines de enero o principio de febrero” en la Justicia.

Mientras tanto, movimientos ambientalistas -como el MAR- se juntaron en la Catedral de Viedma y retomaron actividades frente a las acciones que reavivan el debate de la central nuclear. Ya se fijaron diferentes labores, incluso se cumplió el sábado una importante movida al arribo de la Regata, en la Costanera de Viedma.

Justamente este grupo es el que más fuerza hizo por que se frene la instalación de la central, con acciones muy intensas como cuando llegó la delegación china a la provincia a explorar posibles asentamientos.

En un comunicado, Odarda calificó el hecho como “intromisión de la Nación a la autonomía provincial, y un desconocimiento de la ley vigente en Río Negro”. Afirmó que la planta nuclear “no tiene licencia social”, planteando que “el 75% de Sierra Grande optó por abstenerse de votar en la cuestionada consulta. Insistir -agregó- es desconocer la voluntad de gran parte de la población de la extensa zona costera, pero también en el resto del territorio que mira con repudio esta decisión”. Recordó de la existencia de “un gran número de áreas marinas protegidas” en “toda la costa atlántica rionegrina y que los municipios de Sierra Grande, Viedma y San Antonio Oeste “son municipios declarados no nucleares”.

El fin de semana se había expresado el legislador Mario Sabbatella, quien indicó que “al margen de las connotaciones positivas o negativas de la energía nuclear, la Legislatura ya se expresó al respecto, ahora vemos claramente cómo se avasalla la autonomía provincial, vemos la sumisión del gobernador al extremo de no defender una ley cuyo proyecto él mismo propuso hace 3 meses”.

Luz verde para polémico loteo social

Con seis votos positivos y una abstención, el Concejo Deliberante de Villa La Angostura aprobó los planos de mensura y subdivisión de los macrolotes 5 y 6 del polémico loteo social de 430 parcelas.

Cabe recordar que en ambos sectores de urbanización hay zonas muy sensibles de montaña, con cursos de agua y pendientes de 40 grados. Por esa razón, el plano original planteado por el municipio recibió severas observaciones de la Dirección de Bosque Nativo.

A raíz de los puntos objetados el municipio replanteó la ubicación de los lotes y estableció un plan de obras de ingeniería y tareas de contención.

El ministerio de Producción, de quien depende el área de Bosques, aprobó el proyecto con la condición de que se cumplan con el cronograma de trabajos establecidos.

En el macrolote 5 se ubicarán 156 parcelas y en el 6 un total de 68.

La oposición buscaba establecer en la ordenanza que para entregar las parcelas, el Ejecutivo primero debía cumplimentar los trabajos de contención. Pero el oficialismo no quiso. Por eso, los cuatro bloques opositores decidieron aprobar una resolución en ese sentido.

El Ejecutivo no informó aún el monto o el cálculo estimativo de las obras, pero se presume que será una cifra millonaria. Parte de las obras las realizará la empresa contratada por Vialidad Nacional que se encuentra construyendo la avenida de Circunvalación.

“Son obras necesarias para que puedan vivir tranquilas las familias que quedaron en esos macrolotes. Yo presumo que deben ser trabajos millonarios los que hay que realizar y por ahora no tengo ninguna certeza de qué se va a hacer. No quiero que después digan que por ser tan costosas no se hacen y manden a la gente a las parcelas con el riesgo que eso implica”, expresó el concejal de “Primero Angostura”, Fabián Fasce, que se abstuvo.

Fasce agregó que era necesario “tener los estudios de ingeniería” para “luego votar, pero acá las cosas no se están haciendo así y por eso yo no acompañé.

El exintendente Roberto Cacault, - y exproductor inmobiliario– fue quién impulsó el canje de tierras del ex Parque Industrial con el grupo empresario de Slot Machines en 2012.

Canjeó 20 hectáreas de las cuales el 80% eran aptas para una urbanización, por otras 20 diseminadas, de las cuales más de la mitad no son aptas para urbanizar. De esta manera, de un lote de 400m2 que se prometió originalmente, finalmente las parcelas serán de menos de 200m2.

Por el momento no trascendió la fecha de inicio de los trabajos comprometidos por la intendencia para delimitar los lotes comprometidos.

Gutiérrez espera precisiones por los retiros voluntarios

El gobernador Omar Gutiérrez aguarda la reglamentación del plan de financiamiento de retiros voluntarios que ofrecerá el gobierno nacional a las provincias que quieran aplicarlo en sus plantas de personal. La medida formó parte del pacto fiscal firmado el año pasado y apunta a reducir el déficit de las administraciones provinciales conforme a los pedidos de la Casa Rosada.

El mandatario dijo ayer que, de aplicarse, debe ocurrir como un “acuerdo de partes” y no como una medida compulsiva. Si bien no confirmó que Neuquén sea una de las interesadas -como sí adelantó su par rionegrino, Alberto Weretilneck- aseguró que habló con el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, quien comentó que “están estudiando la metodología con la que lo van a instrumentar y reglamentar”. “Una vez que tengamos las condiciones, tendremos que asociar las características propias del empleo de la provincia de Neuquén. Ha hecho algo Tierra del Fuego, que se ha adelantado y dictado su propia normativa, pero aquí está faltando la reglamentación del gobierno nacional de este acuerdo de partes que hemos hecho”, explicó.

Ese acuerdo es el pacto fiscal firmado en noviembre entre la Nación y los gobernadores, cuyo contenido ratificó la Legislatura mediante la ley 3090. Uno de sus apartados estableció el compromiso del gobierno nacional de “financiar, con líneas de crédito especiales, programas de retiro y/o jubilación anticipada para empleados públicos provinciales y municipales”. Aclara que esos programas deberán cumplir con las pautas que establezca el Estado nacional, “las que incluirán capacitaciones e incentivos para la reinserción laboral”. Según publicó ayer “La Nación”, una de las propuestas sería abonar los primeros siete meses y el 70% del salario de cada empleado que la provincia decida jubilar o incluir en un plan de retiro voluntario.

“Es como un cheque de dos firmas. Requiere del consentimiento de algún empleado que decida buscar otro destino laboral y es facultad y responsabilidad del gobierno provincial consentir o rechazar esa petición”, sostuvo Gutiérrez. “No es una medida compulsiva, sino voluntaria y consensuada entre las partes”, aseguró.

Según datos difundidos el año pasado por el ministerio de Trabajo de la Nación, Neuquén tiene 56 empleados públicos provinciales por cada 100 asalariados privados. La cifra sube a 78 si se cuentan también a trabajadores nacionales y municipales.