Martinez Del Tinco

Noticias de Salta

Sí hay plata: los directores de YPF propusieron quintuplicarse el sueldo en 2024

“Lamentablemente, no hay plata”, soltó Javier Milei en el discurso inaugural de su presidencia y desde entonces inició un ajuste fiscal histórico que en casi todas las áreas del Estado. No todas, como demuestra la compra de aviones militares a Dinamarca. No todas, como se comprueba en la petrolera YPF, cuyo 51% pertenece al Estado. El pasado 5 de abril el directorio de YPF propuso que en la asamblea de accionistas del próximo 26 de abril casi se quintupliquen sus salarios. El 51% de la empresa está en manos estatales y el resto cotiza en bolsa, es decir, está en manos privadas.

En 2023 se pagaron honorarios totales a los directores por $2,08 billones. Ahora, los directores quieren cobrar, entre todos, $10,18 billones. O sea, 4,9 veces más pese a que la inflación prevista por los diez pronosticadores que más aciertan en el relevamiento del Banco Central predicen un 203%. Es decir, las previsiones apuntan a que se tripliquen los precios, no que se quintupliquen.

Los directores justificaron así su pretensión: “Sobre la base de la información de mercado provista por una consultora especializada en la materia, se considera que las remuneraciones propuestas son adecuadas y razonables y que el valor de sus servicios se ajusta al comparable en el mercado con compañías de primera línea”. Aquí se puede leer la nota del directorio con la solicitud a la asamblea.

¿Quiénes son los directores? Al frente está el presidente de la compañía, Horacio Marín, un exejecutivo de la petrolera de Techint, Tecpetrol. Lo acompañan como directores titulares Germán Canseco, Omar Gutiérrez, Emiliano Mongilardi, Horacio Forchiassin, Jimena Latorre, María de los Ángeles Roveda, el exministro cavallista Carlos Bastos, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse y su número dos, José Rolandi, y Mario Vázquez.

Como directores suplentes figuran el ministro del Interior, Guillermo Francos, Julio Schiantarelli, Guillermo Koenig, Carla Matarese, Hugo Rodríguez, Pamela Verasay, María Martina Azcurra, Santiago Martínez Tanoira, Silvia Ayala y Mauricio Martín.

Uno de los que alzó la voz contra el salariazo fue el diputado Itai Hagman, de Unión por la Patria, que elevó una carta de queja al directorio de YPF. “Hay que prestar mucha atención a lo que está pasando en YPF. Mientras Milei hace el circo de la motosierra y la anticasta con millones de argentinos cayendo en la pobreza, el nuevo directorio designado por el Gobierno se aprobó un aumento de CINCO veces en sus propios honorarios para cobrar cerca de 70 (¡SETENTA!) millones de pesos por mes. Ni hablar del evidente el conflicto de intereses entre gran parte de esos nuevos directores que vienen de -y siguen vinculados a- otras empresas del sector como Tecpetrol (Techint) y CGC (Corporación América)”, se refirió Hagman por la red social X a los grupos de Paolo Rocca y Eduardo Eurnekian, el expatrón de Milei.

“Presenté un pedido de acceso a la información publica para que las autoridades de la empresa expliquen los fundamentos de la quintuplicación de sus honorarios como así también las medidas tomadas para remediar los conflictos de intereses. YPF es orgullo nacional, y hay que cuidarla”, concluyó Hagman.

AR/DTC

Los senadores se duplicaron el sueldo y, como no lo tenían, también se agregaron el aguinaldo

Los senadores votaron este jueves a favor de aumentarse el sueldo. Cobraban de bolsillo, de piso, $1,7 millones y pasarán a cobran al menos $4 millones. Fue al final de la sesión que había sido convocada para debatir los pliegos de los embajadores propuestos por el gobierno de Javier Milei.

Esta vez la decisión de subirse las dietas no provino de la presidenta de la Cámara, Victoria Villarruel, ya que se trató de un proyecto presentado por el salteño Juan Carlos Romero, aliado de La Libertad Avanza.

El proyecto de resolución establece un aumento en los módulos (la unidad de medida administrativa), que supone una suba en la cantidad de pesos de las dietas (sueldos) y de los ítems extra (desarraigo y gastos de representación, que vendrían a ser los viáticos). Además, percibirán un sueldo número 13, en lugar de 12, que sería en los hechos un aguinaldo, que los legisladores nacionales no lo tienen.

La sesión del Senado se había anunciado para aprobar los pliegos de embajadores propuestos por Milei y el proyecto que aumenta los ingresos de los senadores estaba solapado. Fue revelado esta mañana por la periodista Déborah de Urieta, de El Cronista, en el programa radial Buenas Tardes China (Radio Con Vos), que conduce el periodista Jairo Straccia.

La votación del aumento de los sueldos de los senadores se realizó a mano alzada, sobre el final de la sesión, de manera tal que no hay registros de quiénes apoyaron y quiénes rechazaron la iniciativa. Pese a ello, el presidente Milei salió en Twitter (X), minutos después de finalizada la sesión, a indicar que “los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza”. Sin embargo, no hubo votación nominal. De hecho, en el registro fílmico se ve a otros senadores, como el radical Martín Lousteau, no levantar la mano durante la votación a mano alzada. Eso no significa votar en contra.

El aumento de las dietas de los senadores, y también de los diputados, había sido dispuesto dos meses atrás por los presidentes de ambas cámaras, la vicepresidenta Villarruel, y el diputado libertario por La Rioja Martín Menem. Ambos debieron dar marcha atrás por pedido del presidente de la Nación, Milei, quien también se había otorgado un aumento de sueldo y después, cuando se hizo público, lo anuló en medio de cuestionamientos por la desplome generalizado de los ingresos de las personas que se produjo como consecuencia de la inflación y el ajuste de su gestión.

Ahora los senadores tendrán su aumento porque ellos mismos lo dispusieron, aprobando el proyecto de resolución de Romero: a partir de mayo cambiará entonces la manera en la que se actualizan las dietas de los senadores. Desde 2011, a través de una resolución conjunta, se estableció que las dietas de diputados y senadores representen un 20% por encima de un trabajador de la categoría más alta de la Cámara.

Esto implica que, cada vez que haya un incremento salarial a los trabajadores del Congreso, automáticamente este le impacta a las dietas. Salvo que, resolución mediante, se aclare un “desenganche”, como ocurrió en la pandemia y luego del escándalo por la suba del 30% de este año. Actualmente, la dieta de los senadores ronda los $ 1,7 millones de pesos. A esto hay que sumarle lo que reciben aquellos que viven en el interior del país en concepto de viáticos, además de $25.000 por desarraigo. Esta última cifra se mantiene congelada desde 2016.

¿Qué plantea la resolución que los senadores aspiran aprobar? Que los senadores perciban 13 dietas anuales (aguinaldo, puesto que los legisladores no tienen ese beneficio). Pero además, que esa dieta represente 2500 módulos (cada módulo equivale a algo más de $ 1802), más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y otros 500 por desarraigo.

De allí de desprende que, en bruto, un senador que vive en el interior pasará de cobrar $7,2 millones en bruto y algo más de $4 millones netos. 

JJD

El Senado aprobó los pliegos de seis embajadores propuestos por Milei, entre ellos el de su rabino

Por unanimidad, el Senado aprobó este jueves los seis pliegos de embajadores propuestos por el presidente Javier Milei en enero pasado, entre los que se destaca el del rabino y confidente del mandatario nacional, Axel Wahnish, quien será representante diplomático ante el Estado de Israel. Los cinco candidatos restantes votados por los 67 senadores presentes fueron Guillermo Nielsen (Paraguay), Gerardo Werthein (Estados Unidos), Mariano Caucino (India) Ian Sielecki (Francia) y Sonia Cavallo (OEA), hija del exministro de Economía, Domingo Cavallo. 

Con el conflicto entre Israel e Irán como telón de fondo, fueron varios los senadores que plantearon reparos al alineamiento incondicional de La Libertad Avanza con el país gobernador por Benjamín Netanyahu. Una de ellas fue la legisladora salteña del peronismo Nora del Valle Giménez, quien calificó a esa actitud como “una verdadera ruptura en la tradición en la política exterior de neutralidad” y llamó a sostener una “postura de paz” para “priorizar el interés nacional” y “el bienestar de la población”.

Sin embargo, el que más objeciones puso a la designación de Wahnish fue el presidente del comité nacional de la UCR, Martín Lousteau, quien hizo hincapié en la intención de Milei, muchas veces reafirmada, de mudar la embajada argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. “Esto entraña un riesgo en múltiples dimensiones, algo reconocido por expertos en relaciones exteriores de todos los sectores políticos”, sostuvo.

“La ONU viene sosteniendo un estatus especial para seguridad de Jerusalén. La apertura de embajadas en Jerusalén implican no respetar las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU”, agregó Lousteau. Y, en esa línea, continuó: “Para un país como la Argentina, que exige el cumplimento sobre las resoluciones por la cuestión Malvinas, ello sería particularmente contradictorio. También es ir en contra del espíritu de las distintas alternativas para superar este conflicto y no contribuye a frenar la dinámica de empeoramiento de la situación que se dio en los últimos años”.

La sesión ordinaria en la Cámara Alta se inició pasada las 11 con una serie de cuestiones de privilegio en la que se destacó la del senador y jefe del bloque kirchnerista, José Mayans, quien se refirió también al alineamiento argentino con Israel. El formoseño condenó los ataques de Irán y la invasión de Hamas ocurrida en octubre pasado, pero aseguró que, en ese caso, el Estado de Israel respondió de una manera desmedida. “No se puede aceptar eso… Gente armada atacando jóvenes que están bailando, tomando rehenes. Pero también entendemos que la respuesta de Israel fue desmesurada, haciendo uso de su potencia militar en este momento”, lanzó.

Wahnish es considerado por Milei como su “maestro” religioso. Al flamante embajador argentino ante Israel se lo pudo ver profundamente conmovido frente al Muro de los Lamentos en febrero, durante el primer viaje que realizó el Presidente a ese país de Medio Oriente. Tampoco es causalidad que el referente de la comunidad judeomarroquí de Buenos Aires (Acilba) haya acompañado a Milei en su última gira por los Estados Unidos, en la que hasta participó del encuentro que mantuvo el mandatario y su hermana Karina con el magnate Elon Musk.

Con información de NA.

¿Argentina abandonó los derechos de los niños?

Argentina enfrenta una alarmante reducción en las políticas orientadas a proteger los derechos de las niñas y niños, especialmente en áreas cruciales como salud y educación. Las cifras hablan por sí solas: en los últimos seis años, más de 3,5 millones cayeron por debajo de la línea de pobreza, y más de 3,1 millones viven en condiciones de indigencia.

Hace tiempo que vivimos un proceso de empobrecimiento de la población que impacta de manera desproporcionada y cruel sobre las infancias, privando de derechos básicos y de condiciones dignas de vida a niñas, niños y adolescentes. Una de las estrategias más efectivas y celebradas regionalmente para revertir la reproducción intergeneracional de la pobreza es el Plan ENIA, una política pública impulsada desde el gobierno federal para prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia. Curiosamente, una de las pocas políticas públicas que logró instalarse como política de Estado, trascendiendo distintas gestiones de gobierno (se comenzó a implementar en 2018 y continuó hasta ahora), recibe ahora el embate de los recortes presupuestarios, desarmando sin dar razones la estructura institucional e interjurisdiccional que sostiene la rectoría, el impulso y la implementación de un plan exitoso en las regiones más desiguales del país. 

La cruda realidad en que viven millones de chicas y chicos en Argentina llevó a organizaciones del colectivo “Infancia en Deuda” a presentar un informe al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, conformado por expertos y expertas que supervisan el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual nuestro país es parte. El documento detalla carencias en el acceso a la alimentación, resaltando que el 57% de las familias en provincias como Santiago del Estero sufren inseguridad alimentaria; barreras estructurales en el acceso a la educación de niñas y niños con discapacidad; y falta de servicios de cuidado, precisando que sólo el 19,1% de las niñas y niños entre 0 y 3 años accede a este tipo de servicios y que el 70% de los hogares con integrantes que necesitan cuidado lo resuelven a través del trabajo no remunerado asumido generalmente por niñas, adolescentes o mujeres del propio hogar.

Además, alerta sobre el desfinanciamiento de políticas públicas con impacto positivo en los derechos de niñas, niños y adolescentes, como la Educación Sexual Integral (ESI) y el Plan ENIA, aportando datos que evidencian su relevancia para detectar y prevenir situaciones de abuso sexual (un estudio del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires reveló que el 80% de las y los adolescentes que contaron con información y consejerías en salud sexual pudieron comprender que fueron abusados después de recibir clases de ESI) y para reducir los embarazos no intencionales en la adolescencia (datos del último censo muestran que se redujo del 49% al 27% la tasa de fecundidad adolescente).

El informe también pone de manifiesto las marcadas diferencias regionales en la garantía de esos derechos. Lamentablemente, el lugar de nacimiento sigue siendo un factor determinante para una vida con o sin derechos. El Comité ya había alertado sobre estas disparidades en 2018, instando a la Argentina a tomar medidas para revertir esta situación.

Contrariamente a las obligaciones establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Gobierno ha decidido recortar drásticamente los recursos destinados a las infancias. El presupuesto de 2024 es un 72,7% menor que el de 2023 y un 78,5% inferior al de 2021. Según UNICEF Argentina, si se sostiene este recorte, la cobertura y calidad de los servicios clave para los niños se verán seriamente afectadas.

Las reglas de juego parecen estar cambiando con un claro desinterés sobre el impacto que esto genera en la población. Políticas públicas que han tenido impactos positivos, como el Plan ENIA, están siendo desmanteladas sin interés en mitigar las consecuencias que la maternidad temprana tendrá sobre las trayectorias de vida de las adolescentes, asociadas a la deserción escolar y la inserción laboral de baja calidad. La maternidad temprana contribuye a la reproducción de los ciclos intergeneracionales de pobreza y mala salud. Si del rendimiento económico se trata, nada de esto parece contribuir a la productividad agregada del país. Estas políticas, valoradas por gobiernos de diferentes tendencias políticas, han buscado equilibrar las oportunidades entre personas de distintas provincias y niveles socioeconómicos.

Las desigualdades territoriales en el acceso a los derechos son históricas, pero se agravarán si continúan los recortes. En esta

distopía de retrocesos impensados

, mientras el gobierno parece abogar por un “federalismo del sálvese quien pueda”, la comunidad internacional y amplios sectores de la sociedad cuestionan estas medidas y su impacto en los más vulnerables.

Como sociedad comprometida con la dignidad, igualdad y no discriminación, no vamos a naturalizar la existencia precaria de millones de personas. Enfrentaremos la sinrazón exigiendo explicaciones con razones públicas, produciendo evidencia, explorando y accionando todas las herramientas democráticas posibles. Recordaremos hasta el cansancio que los derechos son para todas y todos, que la igualdad no es sólo ante la ley, que es mucho más que eso.

La autora es responsable del área jurídica de ELA.

JI/MT

Estaciones de subte con nombre doble: ¿homenaje o confusión?

A falta de nuevas estaciones, el subte porteño suma nombres. No terminamos de aprender que la estación Independencia ahora también se llama “Santa Mama Antula”, que nos desayunamos con que una legisladora libertaria quiere que Juan Manuel de Rosas-Villa Urquiza reemplace su primer nombre por Monroe. 

Hay dos motivos para el cambio: uno funcional y otro en honor a un presidente estadounidense, a tono con la fascinación del mileísmo por el país del norte y con la manía reciente de usar el subte para homenajes.

Pero, antes de seguir leyendo, llamemos a cada cosa –justamente– por su nombre. La toponimia es el conjunto de denominaciones de lugar de un país o de una región, y también la disciplina que estudia su origen. En las estaciones de subte, los topónimos suelen aludir a su vez a otros nombres, los de referencias geográficas cercanas como calles, avenidas o edificios emblemáticos. 

Ese es el espíritu original de la nomenclatura subterránea porteña, ya que bajo tierra lo que termina de ubicarnos es un nombre. Por eso mismo debe ser breve, informativo y carente de ambigüedad. El principal fin de un topónimo en transporte es orientar, no conmemorar.

Ya lo decía el Decreto-Ordenanza 4.748 de 1963, derogado: “Se simplificará al máximo la designación de los lugares públicos, usando el mínimo de palabras compatibles con el reconocimiento de la persona, hecho, etc., que se trata de honrar”. En otras palabras, en toponimia menos es más. 

Ese espíritu orientador se ve incluso en el correlato subterráneo de lo que pasa en superficie. El ejemplo clásico es Canning: cuando esa avenida mutó a Scalabrini Ortiz en 1974, también abandonó aquel nombre en las actuales estaciones Malabia y Scalabrini Ortiz de las líneas B y D respectivamente. 

También se cambiaron nombres para evitar repeticiones que derivaran en confusiones, como Medrano por Castro Barros en la línea A y Florida por Catedral en la D. Lamentablemente, no se actuó en sentido contrario cuando era necesario: no se unificaron las denominaciones de las estaciones de combinación como sí se hizo en el resto de las redes de subte del mundo. 

Este criterio original de concisión y claridad se abandonó en las últimas décadas cuando empezó a usarse el subte como homenaje. Como si su rol fuera el de monumento y no el de medio de transporte, sus estaciones comenzaron a acopiar nombres gracias a proyectos de legisladores que probablemente no lo usen seguido. Y aquí nadie critica la justicia del tributo ni su aporte a la memoria en el espacio público, sino el hecho de hacerlo a través de una doble denominación. 

Así se llegó a convivencias tan sorprendentes y extensas como Malabia-Osvaldo Pugliese (línea B), Independencia-Santa Mama Antula (E) y Once-30 de Diciembre (H), que podría entenderse en principio como una combinación de dos fechas, inédita en el mundo. 

A eso hay que agregarle nuevos cambios que, pese a un motivo funcional, suman nombres para aprender y mantienen el flagelo de las dobles denominaciones. El proyecto de la legisladora Sandra Rey (LLA) vuelve a modificar la designación de una de las cabeceras de la línea B, que en principio se llamó Villa Urquiza pero al que luego se le adhirió Juan Manuel de Rosas. Si se aprueba la propuesta, la estación pasaría a ser Monroe-Villa Urquiza.

Es un criterio con el que acuerdo porque prioriza una referencia geográfica. La avenida en superficie se llamó Rosas por poco tiempo. Mejor Monroe, que es su denominación actual. Pero hay dos peros. 

Uno es que haya un segundo rebautismo, con todo lo que implica en términos de dinero para modificar cartelería y mapas, y en esfuerzo adicional de comprensión y lectura por parte de los usuarios. 

El otro es que dos de las siete páginas del proyecto estén dedicadas a enaltecer al presidente estadounidense James Monroe, que “promovió un Estado lo menos intervencionista posible”, contra “la crítica de los populistas revisionistas contra la influencia real de la doctrina Monroe”, según el texto. 

Mientras tanto, la estación Ministro Carranza de la línea D sigue homenajeando a quien habría intervenido en el atentado terrorista del 15 de abril de 1953 en Plaza de Mayo, que dejó entre cinco y siete muertos y más de 90 heridos.

El nuevo proyecto de ley de Rey se presenta apenas un mes después del rebautismo de Independencia de la línea E, que el 13 de marzo sumó el nombre de “Santa Mama Antula”. Se eligió esa estación porque está a pocos metros de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales que ella fundó a fines del siglo XVIII, un dato que probablemente ninguno de los usuarios de la red podrá usar jamás de referencia.

“Más allá de lo justos que sean los homenajes, que se hagan en el subte siempre me pareció un disparate, porque sólo suman confusión”, se sincera el historiador Alberto Piñeiro cuando chequeo con él los cambios subterráneos de denominaciones. Ex miembro del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, lamenta que ya no se les pida asesoramiento en este tipo de modificaciones: “Antes entraban 30 expedientes de consulta por mes. Ya no”.

Este rebautismo subterráneo se hace ante nuestros ojos, sin que nuestro “no” valga de algo. Es un homenaje económico, porque cambiar la cartelería es más barato que levantar un monumento. Contraproducente, porque cada agregado desorienta. También, permanente: este tipo de modificaciones no se retrotraen, excepto para volver a sumar nombres, como es el caso de Villa Urquiza. 

Lejos quedaron los tiempos en que la nomenclatura urbana buscaba claridad y concisión. Sin chance de vuelta atrás para los nombres ya intervenidos, aún guardo esperanzas de que alguien frene esta escalada y siga primando la denominación única en el resto de las estaciones, esa simpleza pensada para lo que debería ser el centro de la infraestructura de la ciudad: quienes viven en ella.

KN/DTC