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El Gobierno anunció que la mayoría de las empresas de medicina prepaga van a retrotraer los aumentos a valores de diciembre y devolverán lo que hayan cobrado por encima de la inflación. Las apuntadas por la secretaría de Industria y Comercio y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia son Galeno, Hospital Británico de Buenos Aires, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE.
Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa. “La Argentina de la avivada se terminó”, remarcó el portavoz del presidente Javier Milei.
De esta manera, el Gobierno confía en poder resolver un reclamo que afectaba principalmente a la clase media y que había generado un importante cruce con el rubro.
“Por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga que representa el 75% de los afiliados, van a retrotraer sus cuotas a diciembre del 2023, ajustadas por PIC a partir de allí. Además, deberán aplicar como máximo este índice apra ajustar las cuotas por los próximos 6 meses”, dijo Adorni.
Y detalló: “La superintendencia de Salud está presentando una medida cautelar para obligar a las empresas que concentran el 90% del mercado a retrotraer las cuotas y devolver el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre”.
Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, había asegurado que “las prepagas le están declarando la guerra a la clase media” con los aumentos desmedidos, por lo que había señalado que desde el Gobierno iban a hacer “todo lo que esté al alcance” para defender a ese sector de la población: incluso, se deslizó la posibilidad de recurrir a la Justicia.
Los asociados a empresas de medicina prepaga no recuperarán lo abonado en exceso durante los primeros meses del año y deberán aguardar una medida cautelar que presentará el Ministerio de Salud.
“La devolución de los aumentos no está dentro del ámbito de facultades de la Secretaría de Industria y Comercio”, aclararon desde la dependencia a cargo de Pablo Levigne.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que la Superintendencia de Salud presentará una medida cautelar ante la Justicia para obligar a las empresas a devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre“.
Bajo este cuadro de situación, los afiliados a empresas de medicina prepaga no recuperarán lo cobrado en exceso, a menos que haya un fallo de la Justicia.
Tampoco hay ningún tipo de medida para el conjunto de afiliados que se dieron de baja, que se estimó en 500 mil personas.
Ante la andanada de aumentos que se acumuló en los últimos meses, el Gobierno decidió que las empresas puedan ajustar el valor de sus cuotas por inflación con base en los precios de diciembre 2023.
Cálculos de la Secretaría de Comercio estiman que la reducción de la cuota sería del orden del 33%. El tope de ajuste a partir de la inflación regirá por los próximos seis meses, según indicó Comercio.
No obstante, cabe apuntar que las empresas pueden apelar la medida, pero la sola presentación de la queja no es suficiente para que quede sin efecto la decisión oficial.
Medida preventiva para que las principales empresas de medicina prepaga recalculen los aumentos de sus planes de salud.
Con el objetivo evitar daños al régimen de competencia, el secretario de Industria y Comercio —a instancias de la CNDC— resolvió dictar una medida de tutela anticipada que ordena reajustar los valores de las cuotas de sus planes de salud según la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor.
En el marco de una investigación por presuntas conductas anticompetitivas iniciada a mediados de enero de este año, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) determinó que existen indicios múltiples de un acuerdo colusivo entre las principales empresas de medicina prepaga del país.
A raíz de lo anterior, la CNDC emitió un dictamen aconsejando al Secretario de Industria y Comercio del Ministerio de Economía la adopción de una medida de tutela anticipada en los términos del artículo 44 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC), para que un conjunto de empresas de medicina prepaga, la confederación que las agrupa y la persona humana que la presidía, cumplan con los requerimientos que se detallan a continuación.
En primer lugar, se dispuso que los valores de las cuotas de los planes de salud médico-asistenciales a ser cobradas no podrán superar el siguiente cálculo: la cuota del plan de salud médico asistencial del mes de diciembre de 2023 multiplicada por (1 + la variación porcentual entre el Índice de Precios al Consumidor nivel general con cobertura nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos vigente al momento de la facturación correspondiente, y el mismo Índice correspondiente a diciembre de 2023). La medida aclara que, en el caso de los clientes dados de alta luego de diciembre de 2023, el ajuste debe realizarse teniendo como base un plan similar al contratado.
La medida preventiva ordena además cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la Confederación Unión Argentina de Salud (UAS) o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial.
Asimismo, las compañías de medicina prepaga deberán presentar información a la CNDC sobre precios nominales de cada plan de salud ofrecido, ingresos obtenidos por cada plan de salud y cantidad de afiliados en cada uno de los planes. Las empresas deberán aportar datos desde diciembre de 2023 en adelante, e informar su actualización con una frecuencia mensual. A su vez, las compañías y la UAS tienen la obligación de publicar, en el plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la notificación de la cautelar, el texto completo de la medida de tutela anticipada en sus respectivos sitios web.
Las personas investigadas por la CNDC y alcanzadas por la medida reseñada son Galeno Argentina S.A., Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil, Hospital Alemán Asociación Civil, Medifé Asociación Civil, Swiss Medical S.A., Omint S.A. de Servicios, OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios; la confederación que las agrupa, Unión Argentina de Salud (UAS); y el Sr. Claudio Fernando Belocopitt, en su carácter de actual presidente de la firma Swiss Medical S.A. y del entonces presidente de la UAS.
La apertura de la presente investigación, que se encuentra en curso, se realizó a partir de una denuncia ante la CNDC por cartelización en los términos del artículo 2, inciso a), de la LDC, en virtud del aumento coordinado de los precios de los planes de medicina prepaga de las empresas detalladas.
El artículo 44 de la LDC faculta a la autoridad de aplicación de la norma que, actualmente es la CNDC en conjunto con la Secretaría de Industria y Comercio, en cualquier etapa de una investigación, a imponer el cumplimiento de condiciones u ordenar el cese de conductas con el objetivo de evitar que se produzca un daño, o disminuir la magnitud del perjuicio, su continuación o agravamiento. La LDC prevé que estas medidas, si bien son recurribles por los sujetos alcanzados, deben cumplirse a partir de su dictado.
La CNDC recuerda que los acuerdos entre competidores o prácticas concertadas, comúnmente conocidos como carteles, constituyen una infracción grave a la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 30 % de la facturación de las empresas infractoras en Argentina.
En particular, el artículo 2 de la LDC clasifica a los cárteles de núcleo duro como prácticas absolutamente restrictivas de la competencia, los cuales consisten en el acuerdo entre dos o más competidores para fijar precios, restringir la oferta, repartirse el mercado o coordinar posturas en licitaciones, concursos o subastas.
Para conocer más sobre qué constituye una conducta anticompetitiva, se puede ver la siguiente infografía.
También se puede consultar una guía de buenas prácticas para cámaras y asociaciones empresarias y colegios de profesionales en el siguiente enlace.
Se puede denunciar una conducta anticompetitiva de manera virtual a través del sistema de Trámites a Distancia (TaD), tal como se describe aquí.
La Secretaría de Industria y Comercio y la CNDC (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia), en el marco de una denuncia realizada y ante ciertos indicios de un acuerdo colusivo entre las prepagas, han decidido dictar una medida de tutela anticipada en el marco de la Ley de Defensa de la Competencia con el fin de evitar que se produzca un daño al régimen de competencia. La medida ha sido tomada en los inicios de una investigación en curso por una presunta cartelización.
La medida retrotrae los aumentos operados a diciembre del año pasado y faculta a las prepagas a aplicar, como máximo, el índice de precios al consumidor para el cálculo de cualquier aumento.
Además, prohíbe cualquier intercambio de información competitivamente sensible entre las empresas de medicina prepaga investigadas y la cámara que las aglutina. Adicionalmente, las empresas deberán presentar información sobre el cumplimiento.
¿Cómo se va a devolver la plata de los aumentos de estos meses y de qué meses serían?
La devolución de los aumentos no está dentro del ámbito de facultades de la Secretaría de Industria y Comercio. Eventualmente, puede impactar en el cálculo de la multa, de comprobarse que la práctica efectivamente se produjo.
¿A qué mes se retrotrae el aumento?
La medida retrotrae los aumentos operados a diciembre del año pasado y faculta a las prepagas a aplicar, como máximo, el índice de precios al consumidor para el cálculo de cualquier aumento.
¿Cómo van a ser los ajustes de ahora en adelante?
La medida retrotrae los aumentos operados desde diciembre del año pasado y faculta a las prepagas a aplicar, como máximo, el índice de precios al consumidor para el cálculo de cualquier aumento. Ese tope rige, en principio, durante los próximos seis meses.
¿Las empresas pueden apelar la medida?
Sí, pero es importante destacar que la medida entra en vigor de inmediato y no la suspende una eventual apelación.
¿Los clientes pueden recuperar el dinero cobrado en exceso?
La Ley de Defensa de la Competencia prevé la acción de daños y perjuicios contra las empresas que cometan prácticas anticompetitivas una vez que la sanción quede firme.
¿Cuál es el organismo que toma la medida y actúa en el caso?
La resolución la adopta la Secretaría de Industria y Comercio, por recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. La investigación la lleva adelante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
¿Cómo se aplica la multa?
Concluida la investigación y acreditada de manera independiente que la práctica colusiva denunciada se produjo, una infracción a la normativa de competencia puede importar una sanción de multa de hasta el 30% de la facturación de las empresas infractoras en Argentina, o hasta el doble del beneficio ilícitamente obtenido por la maniobra.
¿Qué evidencia encontró la Secretaría para hablar de presunción de cartelización?
La investigación se encuentra en curso, la prueba es aún preliminar, pero existen declaraciones, un paralelismo y simultaneidad de los aumentos aplicados y otros indicios de cartelización que el dictamen de la CNDC desarrolla en detalle.
Asumiendo que una inflación del 10% para abril, y tomando en cuenta que, en promedio, las cuotas de la medicina prepaga se incrementaron en un 151% desde diciembre, la medida logrará reducir la cuota de las empresas de medicina prepaga en un 33%.
Es decir, las empresas de medicina prepaga deberían cobrar una cuota en mayo que no fuera superior al 70% de la facturada en diciembre pasado.
El encargado de dar la cara por las empresas de medicina prepaga fue Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y quien fue titular de la Unión Argentina de Salud (UAS) hasta el pasado lunes.
El empresario rechazó las acusaciones que recibió y se mostró ofendido por el hecho de que se haya revelado la cantidad de dinero que recibió de parte del Estado en concepto de ATP durante la pandemia de coronavirus: afirmó que el Gobierno del presidente Javier Milei le tiró “un balde de mierda” para desprestigiarlo.
El organismo presentó ante la justicia una acción de amparo que contiene una medida cautelar por abuso de precios, con el objetivo de retrotraer los aumentos de las cuotas de la medicina prepaga que estuvieron por encima de la inflación.
El comunicado completo: “Al iniciar la gestión, el Gobierno se encontró con un sistema de salud en decadencia y prácticamente quebrado. Esto es producto de años de falta de inversión, de congelamientos en los valores de las cuotas de la medicina prepaga y por ineficiencias de fiscalización y control.
Con este diagnóstico, a través del DNU 70/2023 y sus decretos reglamentarios, la Superintendencia de Servicios de Salud -organismo autárquico bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación- desreguló el sistema de salud con el objetivo que todos los beneficiarios puedan elegir libremente entre Obras Sociales y Prepagas y con el fin de impulsar la libre competencia entre los distintos actores.
Como encargado de fiscalizar a las empresas de medicina prepaga y de garantizar que haya competencia entre los integrantes del mercado, el organismo supervisó y analizó las conductas de las principales empresas durante los primeros cuatro meses del año y observó abusos en el aumento de los valores de las cuotas.
Por esta razón, la Superintendencia de Servicios de Salud presentó hoy una acción de amparo que contiene una medida cautelar en la justicia para retrotraer estos aumentos que, según lo que estudió, fueron abusivos producto de una posición dominante en el mercado. Asimismo, en una acción complementaria, la Secretaría de Comercio, ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, avanzó con una medida tutelar contra empresas del sector por cartelización.
El gobierno no permitirá y castigará fuertemente la cartelización y el abuso de precios ya que considera que una cosa es la libre competencia y otra, muy distinta, es ponerse de acuerdo para aumentar los precios casi el doble del índice de inflación.
Las empresas del sector tenían con el gobierno anterior un acuerdo de no aumentar la cuota a cambio de otros beneficios otorgados. Ahora, buscaron compensarlo atentando contra todos los argentinos y hasta destruyendo el propio sistema de salud del cual son parte.
Para el gobierno es fundamental tener un sistema de salud más solidario, equitativo y competitivo impulsando la libre competencia entre los distintos actores y la libertad de elección de los beneficiarios. El camino es ese, no que los argentinos paguen por el arreglo entre los empresarios y el gobierno anterior“.
Si sos persona física o jurídica, pública o privada (siempre y cuando DENUNCIANTE), y considerás que una empresa adopta conductas anticompetitivas, podés presentar la denuncia correspondiente ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
Son prácticas realizadas por personas humanas o jurídicas que tienen por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado, o que constituyen abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general (Ley N° 27.442, art. 1).
El procedimiento de investigación se iniciará de oficio o por denuncia realizada por cualquier persona humana o jurídica, pública o privada (siempre y cuando se trate del denunciante).
Para mayor información sobre las conductas anticompetitivas: Infografía.
Cualquier persona humana o jurídica (pública o privada) denunciante que pretenda denunciar una infracción a la Ley de Defensa de la Competencia (Ley 27.442).
Presentar un escrito con los siguientes datos:
Todas sus hojas, tanto las de la denuncia como las de la documentación adjunta, deben estar firmadas por quien la presente.
Una vez presentada, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia citará al presentante para que ratifique la misma y se labrará el acta correspondiente.
Para consultas respecto de la guía de “Abuso de Posición Dominante de Tipo exclusorio”, se solicita acceder al siguiente enlace.
1) Ingresá a la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) con tu CUIT y clave fiscal nivel 2. En el caso de una persona humana ingresar mediante el DNI o CUIT correspondiente a la persona que efectuará la denuncia. En el caso de persona jurídica, ingresa con el cuit de la persona jurídica denunciante.
2) Iniciá el trámite ingresando a “Presentación por Presunta Conducta Anticompetitiva” y validá tus datos.
3) Completá el formulario correspondiente.
4) Adjuntá la documentación que corresponda. En algunos casos la misma es obligatoria.
5) Seleccioná “Confirmar trámite''.
6) Una vez que el expediente se encuentre confirmado, en la solapa “Mis trámites” vas a poder verificar la creación del mismo y realizar su seguimiento del trámite.
En el caso de que desees realizar una presentación de manera presencial, deberás dirigirte a la Mesa de Entradas de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ubicada en Julio A. Roca 694, Planta Baja, Capital Federal.
Para cualquier consulta podrás remitir un mail a [email protected].
Podes consultar el Manual de TAD para efectuar la presentación de una presunta denuncia por conductas anticompetitivas en el siguiente Instructivo.
Gratuito
Con información de agencias y oficial.
IG
En medio de la crisis económica y los cuestionamientos por los aumentos de las prepagas, el Gobierno oficializó este miércoles la decisión de que las empresas retrotraigan las cuotas a los montos de diciembre y que recalculen su valor ajustándolo por inflación (IPC).
La estimación oficial es que, a partir del tope de incrementos fijados por inflación, las cuotas deberían bajar un 33% promedio respecto de sus niveles actuales.
Las empresas apuntadas son:
Además, el Gobierno puso el foco en “la confederación que las agrupa, Unión Argentina de Salud (UAS); y el Sr. Claudio Fernando Belocopitt, en su carácter de actual presidente de la firma Swiss Medical S.A. y del entonces presidente de la UAS”.
Manuel Adorni dio a conocer la decisión del gobierno y precisó que “por disposición del Ministerio de Economía un grupo de empresas de medicina privada, que representa casi el 75% de los afiliados van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada por IPC a partir de allí”.
El vocero explicó que las empresas deberán aplicar como máximo el índice IPC por los próximos seis meses. “Es el resultado de tutela anticipada de una denuncia por presunta cartelización”, señaló Adorni antes de asegurar que el Gobierno de Milei “no va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista”.
Según los datos aportados por la Superintendencia de Seguros de Salud, Osde tiene 31,1% de la participación en términos de cantidad de afiliados; Swiss Medical el 14,8%; Galeno el 8,3%; Omint el 4,7%; y Medifé el 3,1%.
Además, de esos datos surge que el Hospital Alemán le brinda cobertura a 58.000 afiliados y el Hospital Británico a 36.000.
En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni también destacó que la medida es de aplicación inmediata y que “las cuotas que lleguen a los afiliados deben retrotraerse a diciembre de 2023, (ajustar) por el IPC hasta aquí y ver en tal caso la cuota que pagarán”.
“También es bueno aclarar que hay una presunción (de cartelización). Cuando esa presunción de confirmarse puede tener algún impacto severo de orden público, en este caso que afecta a millones de argentinos, se dicta esta medida de tutela anticipada, para evitar que ese daño se continúe realizado”, insistió el vocero.
¿Cómo se va a devolver la plata de los aumentos de estos meses y de qué meses serían?
La devolución de los aumentos no está dentro del ámbito de facultades de la Secretaría de Industria y Comercio. Eventualmente, puede impactar en el cálculo de la multa, de comprobarse que la práctica efectivamente se produjo.
¿A qué mes se retrotrae el aumento?
La medida retrotrae los aumentos operados a diciembre del año pasado y faculta a las prepagas a aplicar, como máximo, el índice de precios al consumidor para el cálculo de cualquier aumento.
¿Cómo van a ser los ajustes de ahora en adelante?
La medida retrotrae los aumentos operados desde diciembre del año pasado y faculta a las prepagas a aplicar, como máximo, el índice de precios al consumidor para el cálculo de cualquier aumento. Ese tope rige, en principio, durante los próximos seis meses.
¿Las empresas pueden apelar la medida?
Sí, pero es importante destacar que la medida entra en vigor de inmediato y no la suspende una eventual apelación.
¿Los clientes pueden recuperar el dinero cobrado en exceso?
La Ley de Defensa de la Competencia prevé la acción de daños y perjuicios contra las empresas que cometan prácticas anticompetitivas una vez que la sanción quede firme.
¿Cuál es el organismo que toma la medida y actúa en el caso?
La resolución la adopta la Secretaría de Industria y Comercio, por recomendación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. La investigación la lleva adelante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
¿Cómo se aplica la multa?
Concluida la investigación y acreditada de manera independiente que la práctica colusiva denunciada se produjo, una infracción a la normativa de competencia puede importar una sanción de multa de hasta el 30% de la facturación de las empresas infractoras en Argentina, o hasta el doble del beneficio ilícitamente obtenido por la maniobra.
¿Qué evidencia encontró la Secretaría para hablar de presunción de cartelización?
La investigación se encuentra en curso, la prueba es aún preliminar, pero existen declaraciones, un paralelismo y simultaneidad de los aumentos aplicados y otros indicios de cartelización que el dictamen de la CNDC desarrolla en detalle.
Asumiendo que una inflación del 10% para abril, y tomando en cuenta que, en promedio, las cuotas de la medicina prepaga se incrementaron en un 151% desde diciembre, la medida logrará reducir la cuota de las empresas de medicina prepaga en un 33%.
Es decir, las empresas de medicina prepaga deberían cobrar una cuota en mayo que no fuera superior al 70% de la facturada en diciembre pasado.
NB
El dueño de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, renunció a la presidencia de la Unión Argentina de Salud (UAS), tras las duras acusaciones de cartelización recibidas desde el Gobierno y de aumentos desmedidos en las cuotas que les cobran a sus afiliados, que en algunos casos ascienden a más del 160% acumulado desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
Vale decir que las prepagas pudieron aplicar estos cinco aumentos consecutivos gracias al DNU del presidente Milei 70/2023. En las últimas semanas, sin embargo, el Poder Ejecutivo empezó a cuestionar las subas. Lo hizo, por ejemplo, a través del ministro de Economía, Luis Caputo, quien dijo que las empresas de medicina prepaga le “declararon la guerra a la clase media”.
“Como todos ustedes saben, en los últimos días, el sector de la salud privada ha recibido reproches y observaciones por parte de funcionarios del Gobierno nacional”, dijo Belocopitt en el comunicado de renuncia.
Señaló que “con la necesidad de preservar la posibilidad de que todos los canales de diálogo sean considerados, y entendiendo que quizás el debate sobre mi persona sea obstáculo para lograr posiciones superadoras”, ha considerado “procedente y necesario renunciar a la presidencia de la Unión Argentina de Salud”.
Para el empresario, “debe ser prioridad de todas las asociaciones que integran la Federación poder seguir prestando el servicio de salud a más del 70% de la población argentina, con la misma calidad en la que se han invertido esfuerzos durante tantos años”.
“Por eso, se deben despejar subjetividades que obstruyan la posibilidad de encontrar salidas consensuadas, basadas en debates técnicos, realidades de mercado y equilibrios económico financieros”, indicó.
Belocopitt es el principal impulsor de los fuertes aumentos en las cuotas desatados luego del decreto que desreguló al sector. Esos incrementos, que superan largamente el 160%, llevaron a que más del 10% de los afiliados a las prepagas deba darse de baja.
“Quizás mi demencia o carácter, muchas veces malinterpretado, son consecuencia de mi pasión por esta actividad que heredé de mi padre y que he desarrollado durante toda mi vida, invirtiendo y invirtiendo en mi país”, dijo Belocopitt en su carta de renuncia.
JJD, con información de NA
El ministro de Economía, Luis Caputo, soltó que las prepagas le declararon “la guerra a la clase media”. Fue la semana pasada, luego de los aumentos que realizaron desde que asumió el Gobierno de Javier Milei. También aseguró que “de alguna manera hay que hacerlas competir”, pese a que ya desregularon el sector con el mega decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además el vocero presidencial Manuel Adorni añadió que no permitirán que se cartelicen, como la Coalición Cívica (CC) denunció que lo hicieron.
Pero esa “competencia” que propone el ministro Caputo plantea varios problemas. Por un lado, las personas mayores o con enfermedades graves no pueden cambiar de empresa de medicina privada. Por el otro, el asesor en las sombras de la Casa Rosada para las desregulaciones, Federico Sturzenegger, fue quien justificó los aumentos del 105% en el primer trimestre, el doble que la inflación, porque en el anterior gobierno “los precios se pisaron de manera no sostenible”.
No está clara la posición oficial: primero favoreció el negocio de las prepagas, desregulándolas, quitándoles los precios máximos y permitiendo que reemplacen a las obras sociales, pero después, ante las quejas de los pacientes —muchos de ellos, sus propios votantes— se alzó la voz contra las subas. Los que aparecen poco en este asunto son los rostros de las compañías, más allá de la de Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y presidente de la cámara empresaria que las agrupa, la Unión Argentina de la Salud (UAS).
Unos 6,7 millones de argentinos tienen cobertura de prepagas, es decir, el 15% de la población total. Por cierto, el 15% con más poder de compra, salvo algunas excepciones de trabajadores sindicalizados de altos ingresos que cuentan con su propia obra social, como petroleros o bancarios. El 40% de los 6,7 millones de afiliados a las prepagas son clientes directos y el 60% deriva sus aportes de la obra social o recibe planes corporativos, es decir, su empleador se lo abona.
Entre 10 empresas controlan el 83,4% del mercado, según la denuncia de cartelización que presentaron este año dirigentes de la CC, el diputado Maximiliano Ferraro, los legisladores porteños Hernán Reyes y Facundo Del Gaiso y el exdiputado por Catamarca y neurocirujano Rubén Manzi. Estas son las principales firmas, según este informe:
Aunque su peso es menor, en los últimos días fue noticia en el mercado que la prepaga Hominis anunció que suspenderá el aumento del 13% anunciado el 27 de marzo a sus afiliados para aplicar desde mayo. La decisión va en sintonía con el reclamo informal del Gobierno de frenar tantas alzas. No es casualidad que Hominis le haga caso. Pertenece a la Fundación Sanatorio Güemes, que preside el médico Mario Lugones, asesor en las sombras de la política sanitaria de Milei y padre de Rodrigo, el socio de Santiago Caputo en la consultoría de imagen que le hacen al presidente. En el Güemes también están involucrados el radical Enrique “Coti” Nosiglia, el gremialista Luis Barrionuevo y el expresidente de Independiente Julio Comparada.
La CC acusó a principios de año a las prepagas de “cartelización” ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y las empresas ya hicieron su descargo. A Milei no lo inquietan mucho los monopolios y oligopolios en su discurso fanático del mercado. Pero a los seguidores de Carrió, sí y por eso invocaron en su denuncia.
“El cartel es la coordinación de posturas de mercados entre empresas que compiten en forma horizontal, esto significa que son empresas que están prestando el mismo servicio a la sociedad y se supone que deberían estar compitiendo por ofrecer mejores precios o mejores servicios para disputarle el mercado a los otros. Pedimos que se analice el marco normativo y regulatorio para entender cuáles son los impedimentos legales que evitan que los pacientes no puedan entrar y salir libremente de las empresas de salud. Esto para proponer un marco regulatorio adecuado que sirva como sustento para un mercado competitivo. Asimismo, se pueden analizar los componentes que forman el valor o los costos del servicio de medicina prepaga. En el caso de los medicamentos, sería necesario que la CNDC opte por abrir al máximo el análisis de este mercado porque se ha dicho que estos inflaron los precios y se les trasladó ese costo a las prepagas”, dice la denuncia del partido de Carrió.
Esto último apunta a los laboratorios. Entre los más grandes del mercado argentino figuran Gador, Bayer, Bagó, Roche, Elea Phoenix, Novartis, Pfizer, Takeda, Richmond, Baliarda, Boehringer Ingelheim, Merck, AstraZeneca, Ivax, Sidus y Bristol-Myers Squibb, entre otros. Sin embargo, ninguno aparece mencionado en la denuncia de la CC.
AR/JJD
Juan Alberto Pazo, secretario de Industria y Desarrollo Económico, virtual viceministro de Economía, continúa sin aclarar las dudas sobre su patrimonio. El domingo, elDiarioAR informó que el funcionario asumió rodeado de potenciales conflictos de intereses y un punto, como mínimo, poco claro en la declaración de sus bienes.
Pazo viene del sector privado. Fue CEO del grupo dueño de las marcas de indumentaria Rapsodia, Caro Coure y Baby Cottons, entre otras. También fundó en 2020 la empresa Invernea, un grupo de fondos de inversión en ganado vacuno y otras inversiones del agro.
Sin embargo, esta no es su primera incursión como funcionario. Pazo fue director de Comunicación Institucional de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado del Ejecutivo, entre 2016 y 2017. A principios de 2017 asumió como superintendente de Seguros de la Nación.
Hay un punto central que Pazo debe aclarar: su declaración como dueño de una compañía en Florida, Estados Unidos, creada para adquirir un departamento en Miami que nunca figuró en las declaraciones juradas de Pazo como funcionario de Mauricio Macri.
elDiarioAR accedió a un documento publicado en el registro público de propiedades de Miami, gracias a la colaboración del equipo ID de la organización internacional OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), que asiste a periodistas de todo el mundo en la búsqueda de documentación.
Harbour House 1533 Corp. es una sociedad radicada en Florida. Un documento fechado el 24 de agosto de 2018 relata una resolución del board de directores y accionistas de la compañía. “Juan Pazo” figura en dicha acta, no sólo como director de la compañía, sino también como accionista, es decir, como dueño de una parte de la sociedad.
En el documento, “Juan Pazo” figura sin número de pasaporte ni nombre completo, al igual que “Josefina Helguera”, quien también figura como directora y accionista de la compañía. Josefina Helguera es el nombre de la esposa de Juan Alberto Pazo.
El escrito está sellado por un notario de Florida, quien certificó la identidad de “Juan Pazo” a través de la presentación de su “pasaporte argentino”, dice el acta, pero no incluyó el número de identidad en el documento público.
Si en 2018 Pazo era accionista de la sociedad y funcionario público, ¿por qué no figuran estas acciones entre sus bienes declarados ante la Oficina Anticorrupción? elDiarioAR consultó a Pazo por segunda vez a través de una persona de su entorno, quien respondió que el departamento en Miami y la sociedad son de su esposa, Helguera. Sin embargo, Pazo no explicó por qué figura en el registro público de Miami como accionista de la compañía y por qué no declaró esas acciones en 2018.
La omisión maliciosa en la declaración de bienes ante la OA es un delito con penas de prisión de hasta dos años -excarcelable-, que requiere que la Justicia pruebe que el imputado obró con malicia al ocultar dicha información al Estado. El propio Luis Caputo, ministro de Economía y jefe de Pazo, está imputado desde finales de 2017 por ese mismo delito por no haber declarado sus acciones en sociedades offshore cuando era funcionario de Macri. Caputo niega haber cometido un ilícito.
La sociedad Harbour House 1533 Corp. era, en 2018, titular de un departamento en el condominio ubicado en Collins Avenue 10275. En Florida, una práctica usual y legal es que las propiedades inmuebles estén a nombre de sociedades y no de las personas que las adquirieron. Es una forma utilizada por la mayoría de los argentinos por cuestiones legales e impositivas.
Harbour House 1533 Corp. adquirió el departamento en 2013. Antes tenía otra propiedad en el mismo condominio. La propiedad adquirida en 2013 tiene dos dormitorios, dos baños y un living en la zona de Bal Harbour, frente al mar. Si bien tenía una hipoteca por US$400.000, cuando se vendió, tres años más tarde, en 2021, el valor de mercado y el de tasación era de casi un millón de dólares (US$996.100).
Ese año, la sociedad vendió el departamento y adquirió otra propiedad. Esta vez, compró una unidad en el condominio Beach Club Apts Condo, ubicado en la misma avenida, Collins, pero al 9940. El nuevo departamento fue tasado en US$376.530, de acuerdo a los registros públicos de Miami.
Al menos hasta mayo de 2023, Helguera y Juan Pazo figuraban como directores de la compañía dueña del departamento.
Ahora que regresó a la función pública, Pazo debe volver a presentar declaraciones juradas ante la OA. El funcionario debió presentar su primera declaración jurada dentro de los 30 días después de su asunción, pero no lo hizo hasta el momento, confirmó el organismo de control ante la consulta de elDiarioAR.
Este medio se comunicó con la OA, a cargo de Alejandro Melik, para preguntar si el funcionario fue intimado ante el incumplimiento. El organismo, que depende del ministerio de Justicia que dirige Mariano Cuneo Libarona, respondió que el 10 de abril, es decir hace apenas siete días, intimó a Pazo y a otros funcionarios. La intimación llegó horas después de que el diputado Rodolfo Tailhade afirmara en un video que Pazo no había presentado su primera declaración jurada, correspondiente a 2023.
Pazo proviene del sector privado. Fue CEO del conglomerado textil propiedad de Francisco De Narváez y deberá también aclarar en su nueva declaración jurada si sigue ejerciendo como ejecutivo de firmas offshore de Rapsodia, una marca cofundada por su esposa, Helguera, quien también es una alta ejecutiva de la empresa.
Durante sus años de funcionario de Macri, Pazo ejerció como secretario de una serie de compañías radicadas en Panamá. Se trata de Rapsodia Licensing y Rapsodia México. Esta última con un capital de US$1.000.000, según un acta de 2017 publicada en el registro mercantil panameño. También tuvo acciones en Rapsodia Chile SA, de acuerdo a su declaración jurada de 2016.
Pazo fundó y dirigió la empresa Invernea para formar fideicomisos que inviertan en ganadería y agronegocios. “Renunció al cargo de director”, explicaron en su entorno. La secretaría a cargo de Pazo, Industria, no tiene injerencia en el sector ganadero, pero sí la tiene Pazo, quien ya empezó a participar en reuniones y conversaciones con los ganaderos, a medida que gana terreno en el gabinete económico, como explicó Alejandro Bercovich en este medio. Otro punto que la OA deberá seguir de cerca.
ED/DTC