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Pettovello volvió a participar de una reunión de gabinete tras los escándalos en Capital Humano

Pettovello volvió a participar de una reunión de gabinete tras los escándalos en Capital Humano

Luego de su viaje al G7 y en medio de los rumores de cambios en el Gobierno, el presidente Javier Milei encabezó este martes una nueva reunión de gabinete con la mira puesta en el seguimiento de la ley Bases, nuevamente en Diputados tras la media sanción en el Senado. El encuentro se llevó a cabo desde las 9 en el Salón Eva Perón de Casa Rosada y contó con la presencia, tras dos semanas ausente en medio del escándalo por el reparto de alimentos, de la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El intercambio de Milei con sus ministros se extendió por más de una hora y media y contó con equipo completo, salvo por la ausencia de la ministra Patricia Bullrich que se encuentra en El Salvador, donde será recibida este martes por el presidente Nayib Bukele, como corolario de las reuniones que mantuvo con funcionarios de su gobierno de ese país centroamericano dedicados a la lucha contra el delito organizado.

Tras la gira que lo llevó a Italia y a Suiza, Milei regresó al país para participar, el próximo jueves, del acto que se realizará en la provincia de Santa Fe para conmemorar el Día de la Bandera. Desde el histórico monumento ubicado en la ciudad de Rosario, el mandatario encabezará el acto patrio. Al día siguiente, retomará sus viajes al exterior: el 21 de junio volverá a volar a Europa para recibir, en Madrid, el premio del instituto de estudios liberales Juan de Mariana.

Javier Milei encabezó una reunión de gabinete luego de casi dos meses de ausencia.

Por otro lado, en la agenda del Gobierno para este martes figura que el jefe de Gabinete Guillermo Francos se reunirá con los gobernadores Claudio Vidal (Santa Cruz) y Hugo Passalacqua (Misiones), a la vez que continuará con la ronda de consultas con diputados dialoguistas. El oficialismo de la Cámara Baja buscará, entre hoy y mañana, avanzar en un acuerdo con los bloques opositores para conformar una mayoría que le permita sancionar definitivamente el proyecto de ley Bases y el paquete fiscal, que serían tratados en el recinto el 27 de este mes.

Puertas adentro del Gobierno también hay expectativas por el desembarco formal a las filas libertarias de Federico Stuzenegger, a quien el propio Milei le prometió un lugar en el gabinete reestructurado tras la caída en desgracia de Nicolás Posse. Según pudo saber elDiarioAR, hace dos semanas que extitular del Banco Central viene reuniéndose con distintos funcionarios del Gobierno para delimitar sus eventuales funciones.

Es que mientras que en un principio se había especulado con la creación de un ministerio ad hoc para Sturzenegger, que iba a llevar el pomposo nombre de Unidad Transitoria para la Desregulación de la Economía, en Balcarce 50 no descartan la posibilidad de que en realidad encabece una secretaría que dependa de Presidencia dedicada a la “modernización” de la economía. Resta un encuentro cara a cara con el Presidente, que posiblemente se realice esta semana antes de la partida de Milei a Europa.

PL/JJD

Adorni confirmó que tendrá a cargo los medios públicos y ratificó que Télam “se cierra”

Adorni confirmó que tendrá a cargo los medios públicos y ratificó que Télam “se cierra”

“La Jefatura de Gabinete, que tiene a su cargo las empresas públicas, tomó la decisión de reestructurarse, por supuesto de la mano de su titular, Guillermo Francos, y efectivamente todas las empresas públicas van a pasar a la órbita de a quien le corresponda por una cuestión de competencias. Ergo, efectivamente, Télam, contenidos, medios públicos, etcétera, pasan a depender de Comunicación, área de la cual soy responsable”.

Con estas palabras, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que los medios públicos, como Radio Nacional y la Televisión Pública, así como la agencia de noticias Télam, pasarán a depender de él mismo.

El funcionario dijo que “el plan [del gobierno de La Libertad Avanza] sigue siendo exactamente el mismo: el de Télam es su cierre y el de los medios públicos, por supuesto, dependemos de la decisión que tenga el Congreso con respecto a ello”.

De esta manera, Adorni aludió al debate parlamentario sobre las privatizaciones del proyecto de ley de Bases que aún no está resuelto. Es que Diputados aprobó un listado que incluye la privatización de Radio y Televisión Argentina (RTA S. A.), que tiene a su cargo la operación de la Televisión Pública, de Radio Nacional, de la Unidad de Negocios de Radio Nacional y de Radiodifusión Argentina al Exterior, que depende directamente de la anterior. El Senado, en cambio, quitó esta empresa pública de la lista de privatizables que terminó sancionando la semana pasada. Ahora Diputados deberá resolver si insiste con su listado o acepta el del Senado, que también excluyó a Aerolíneas Argentinas.

“Como digo siempre, nuestra decisión es que todas las empresas públicas transiten el camino de la privatización”, insistió Adorni.

Télam pasaría a ser una agencia de publicidad

El Gobierno comunicó en el Día del Periodista que Télam adoptará un nuevo enfoque, convirtiéndose en una agencia de publicidad. Este cambio fue confirmado por fuentes de la Casa Rosada, quienes indicaron que la agencia se dedicará exclusivamente a la publicidad oficial y al reparto de pauta, abandonando su rol como agencia de noticias.

Actualmente, las instalaciones de Télam se encuentran cerradas y bajo custodia policial, impidiendo el acceso de los periodistas que trabajan para la agencia. La conducción a cargo, liderada por Javier Milei y Diego Chaher, ha dispensado a los empleados de sus funciones habituales.

Se espera que la nueva Télam tenga una plantilla reducida de menos de 100 personas y que deje de operar como agencia de noticias, centrándose exclusivamente en la publicidad. Se ha insinuado la posibilidad de cambiar su nombre a APESA, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

Represión y presos en la protesta en el Congreso: el fiscal Stornelli pide que vuelvan a detener a 14 de los liberados

Represión y presos en la protesta en el Congreso: el fiscal Stornelli pide que vuelvan a detener a 14 de los liberados

El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó en las últimas horas a la jueza María Servini, que lleva adelante la investigación, que vuelvan a ser detenidas 14 de las 17 personas que fueron liberadas el pasado viernes en el marco de los incidentes y la represión policial alrededor del Congreso mientras el Senado aprobaba la ley Bases.

Stornelli apeló la medida de la magistrada (que ordenó su liberación) y le solicitó mediante un escrito que reconsiderara esa decisión al considerar que los acusados podrían fugarse o entorpecer la investigación. Solo quedaron fuera del pedido tres vendedores ambulantes.

Sobre el resto, el fiscal, que acusó a los involucrados de delitos como “lesiones”, “daños simples y agravados”, “incendio o estrago”, “delitos contra la seguridad pública”, “instigación a cometer delitos”, “incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones”, “organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, “delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional”, “atentado contra la autoridad”, “resistencia a la autoridad”, “perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos” e “intimidación pública”, indicó que la gravedad de los hechos que se les imputa, les impide a la mayoría de los apuntados que esperen su eventual indagatoria en libertad.

En tanto que la jueza María Servini de Cubría tiene aún que ver la situación de otros 16 detenidos que permanecen desde el viernes en las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza.

Denunciaron el accionar de las fuerzas de seguridad ante la ONU y la Comisión Interamericana de DDHH

Organismos de Derechos Humanos, denunciaron ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el accionar de las fuerzas de seguridad que, conducidas por la ministra del área, Patricia Bullrich, atentaron contra el derecho a la protesta de los argentinos.

Además de sostener el reclamo por los manifestantes detenidos que sin pruebas fueron llevados a las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza, los dirigentes coincidieron en la necesidad de coordinar esfuerzos para preservar el derecho a la protesta de los y las habitantes del país. 

La agrupación Madres sostuvo que el gobierno de Milei, el miércoles pasado “traspasó los límites” y que “un Gobierno que valla el Congreso, reprime al Pueblo, gasea diputados, desata una cacería por las calles adyacentes al Parlamento para impedir manifestaciones, no es democrático”.

Reclaman “liberación inmediata” de los detenidos

Referentes políticos, dirigentes de organismos de derechos humanos e integrantes de agrupaciones sociales y sindicales habían reclamado el viernes la “inmediata liberación” de las personas detenidas durante las protestas en Plaza Congreso con la sanción de Ley Bases, y denunciaron que estos ciudadanos aún permanecen privados de su libertad “bajo tratos denigrantes”.

La demanda se formuló en una conferencia de prensa realizada en la tarde del viernes en la sede del Servicio Paz y Justicia de Argentina (Serpaj), ubicada en Piedras 730 de esta capital, que estuvo encabezada por los dirigentes y legisladores del Frente de Izquierda Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá y Celeste Fierro, y en la que también participaron los diputados de UxP, Leopoldo Moreau y Victoria Montenegro, entre otros referentes.

El eje central de la conferencia giró en torno a la situación de los 38 ciudadanos que, tras ser detenidos “de manera discrecional y arbitraria” en las inmediaciones del Congreso y pasar más de 48 horas detenidos en distintas alcaldías y comisarías, se encontraban este viernes brindando declaración indagatoria en los Tribunales Federales de Comodoro Py, luego que la Justicia porteña declinara su competencia.

Los distintos oradores coincidieron en que lo más urgente es“ la inmediata liberación” de los detenidos “bajo acusaciones arbitrarias y sin pruebas” y la expectativa en que la jueza María Servini de Cubría haga lugar a los pedidos de excarcelación formulados por los abogados de los distintos organismos de las defensas como Correpi, CeProDH, Cadep y FADHUS.

El docente Juan Spinetto sigue detenido

Juan Spinetto es docente, abogado y una de las dieciséis personas que continúan detenidas por manifestarse el pasado miércoles en las inmediaciones del Congreso durante las protestas contra la Ley Bases, en este marco sus compañeros docentes, familiares y amigos exigen su inmediata liberación y aseguran se trata de un “preso político”.

En estos momentos, Juan se encuentra en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza tras haber participado en la marcha contra la Ley Bases donde fue arbitrariamente detenido a tan solo cinco cuadras de su casa. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría Comunal 4, indagado en Comodoro Py y – luego de que la causa quedase en manos de la jueza federal María Servini-, Juan junto a otros detenidos fue trasladado al Penal de Ezeiza.

“Cuando la movilización empezó a desconcentrar, Juan se fue por Avenida de Mayo hacia 9 de Julio porque estaba acompañando a una pareja de jubilados que estaban asustados y tenían dificultades para caminar. En ese momento vienen motos de atrás, lo empiezan a golpear y lo detienen sin ninguna explicación”, cuenta a Somos Télam Melina Kuschnir, docente y compañera de Juan en una de las diez escuelas en las que trabaja. 

Juan Spinetto es profesor de Formación ética y ciudadana y de Historia en la Escuela de Educación Media Número 6 del Distrito escolar 5to en la villa 21-24. Es delegado sindical de Ademys. Caminaba a su casa, en San Telmo, cuando lo interceptaron cinco motos policiales, ya había pasado la manifestación y estaban lejos.

“Recién hoy (lunes) pudo entrar una compañera a verlo -agregó Kuschnir- Juan seguía con la misma ropa desde el miércoles. Le pudimos llevar elementos de higiene, comida y ropa. Sabemos que está bien con el resto de los detenidos y que está en un pabellón de ingreso con personas detenidas por otros delitos. Nuestros compañeros son presos políticos”.

Los abogados defensores presentaron un pedido de excarcelación de los detenidos, la jueza Servini cuenta con diez días hábiles para responder al mismo mientras que los familiares convocaron a movilizarse este martes a partir de las 16:30 en Plaza de Mayo para exigir la inmediata liberación. 

Por su parte, el gobierno de Javier Milei insiste con catalogar a los manifestantes como “terroristas” que buscaban implementar “un golpe de Estado” y las fotografías de los detenidos recorren las redes sociales de cuentas que apoyan las políticas de La Libertad Avanza con el objetivo de estigmatizarlos.

“Juan trabaja en diez escuelas secundarias para poder llegar a un salario más o menos digno. Yo soy compañera en la escuela de la villa 21-24 y puedo decir que es una persona maravillosa. Es una persona super solidaria, no cualquier labura en un barrio vulnerable, es muy bueno con sus compañeros y estudiantes, muy alegre que siempre está presente. No podemos creer que él ni los demás compañeros tengan que pasar una situación así por ejercer su derecho a la protesta”, expresó Kuschnir.

La escuela donde ambos son docentes se encuentra conmocionada por la situación de Juan, los profesores mantienen reuniones, están pensando formas de acompañar a la familia, no solo emocionalmente sino también con ayuda económica ya que tanto el proceso judicial como los viajes a Ezeiza implican gastos imprevistos y convocaron a marchar este martes a Plaza de Mayo a las 15:30 desde la puerta de la escuela Media 6, situada en Iriarte y Montesquieu. 

“Le tocó a Juan como le podría haber tocado a cualquiera de nosotros -explica Kuschnir-. Es un horror. Salieron a cazar gente al voleo porque la ley Bases, la política de ajuste, la reducción del Estado y la no entrega de alimentos no puede hacerse sin represión. Argentina tiene un pueblo muy luchador y el gobierno busca que la gente no se movilice. Necesitamos que las centrales obreras llamen a paro y a una gran movilización para poder dar libertad a los compañeros y compañeras que es lo más urgente. Necesitamos la mayor unidad posible del conjunto”.

En un principio habían sido 33 los detenidos por las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad durante la represión del pasado miércoles, pero la jueza Servini ordenó la liberación de 17 por falta de pruebas. 

Entre las personas que todavía continúan privadas de su libertad en cárceles federales se encuentra Sasha Jazmin Lyardest de 24 años y estudiante de Antropología en la Universidad de San Martín, la docente de historia María de la Paz Cerrutti, la estudiante universitaria y madre de dos hijos Camila Juarez Oliva y Patricia Calarco que forma parte del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR).

La represión

El miércoles pasado, las fuerzas de seguridad reprimieron a manifestantes de organizaciones sindicales, sociales y políticas luego de una movilización para “exigir que no se apruebe” la norma enviada por el Poder Ejecutivo.

 La mayor represión tuvo lugar a partir de las 16, cuando la Policía Federal junto a la Gendarmería avanzaron lanzando con gases lacrimógenos y disparando postas de goma contra los manifestantes que se encontraban en la Plaza Congreso, tras la conclusión del acto convocado por las dos CTA y algunos sindicatos de la CGT.

“Exigimos la libertad inmediata de todos los detenidos que no sólo han sido encarcelados bajo acusaciones arbitrarias y sin pruebas, sino que han recibido tratos degradantes viendo sus derechos más básicos vulnerados”, señaló Bregman.

Moureau agregó que más allá de pedir por la liberación urgente de los detenidos como prioridad, también se debe “derribar la causa iniciada en su contra porque representaría un antecedente para poner a todos los argentinos en estado de excepción”.

En esta misma línea la legisladora porteña Celeste Fierro señaló que el Gobierno Nacional “está llevando a un estado de excepción que no se puede permitir” con “más de 30 detenidos que estuvieron 36 horas esposados, sufriendo maltratos, acusados de sedición y de ser ‘terroristas’ cuando se trata de estudiantes universitarios, trabajadores y compañeros de asambleas barriales”.

Montenegro sostuvo que “nadie en este país puede ni debe estar preso por manifestarse en las calles” y aseveró que “no estamos dispuestos a retroceder en materia de derechos tras 40 años de democracia”.

Del Caño junto a una de las abogadas denunció la situación de las siete mujeres que fueron detenidas primero en la alcaldía de Parque Patricios en la Comuna 4, luego trasladadas a la Comisaría de la Comuna 15, que permanecieron en el suelo esposadas, sin agua y que tras un cacerolazo de los vecinos permitieron a los familiares entrar a ver a sus seres queridos y llevarles unas frazadas.

Daniel Vázquez abogado de Fadhus que representa a este grupo de siete mujeres explicó en declaraciones a Somos Télam que “los delitos que se les imputa genéricamente a la totalidad de ciudadanos y ciudadanas que están privados de su libertad en comisarías y alcaidías es intimidación pública, resistencia a la autoridad, daños y estragos al orden público”.

“Movilizarse en contra de este gobierno se computa como un ataque a la Constitución. Las detenciones fueron absolutamente discrecionales y arbitrarias y el accionar es inconstitucional en toda la línea desde que asumió el gobierno”, ponderó Vázquez.

Asimismo denunció que es falsa la información que circuló por varios medios de comunicación de que habían dado la prisión preventiva a quienes habían quedado detenidos en la alcaldía de Madariaga y remarcó que hasta este viernes por la tarde no había “ni una sola preventiva dictaminada”.

Según explicó el abogado de Fadhus, hay cuatro equipos técnicos tomando las indagatorias en Comodoro Py y que por el momento lo que figura de prueba documental en el sumario que está adjuntado al expediente es “muy poco y no permitiría fundamentar algo en horas”, la mayoría corresponde a los “relatos de policías, uniformados del centro de monitoreo ni siquiera hay videos”.

Quiénes participaron

De la conferencia participaron los diputados nacionales Romina Del Plá (FITU), Néstor Pitrola (diputado nacional electo del PO-FITU), Itai Hagman (Patria Grande), Paula Penacca y Vanesa Siley (UxP) y Mónica Macha (Nuevo Encuentro), entre otros.

También participaron Gabriel Solano (legislador porteño del PO-FITU), Eduardo Belliboni (Polo Obrero), Carlos Lordkipanidse (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos), Amanda Martín (Ademys), Horacio Pietragalla (exsecretario de Derechos Humanos) y referentes de Abuelas de Plaza de Mayo, agrupación Hijos, Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, entre otros.

Luego de la conferencia que tuvo una masiva concurrencia con personas que quedaron en las escaleras del edificio de la Serpaj y en la vereda cantando de manera reiterada “libertad, libertad, libertad a los presos por luchar”, muchos de los participantes se movilizaron a los tribunales de Comodoro Py para manifestar apoyo a los detenidos y sus familiares.

La madre de Camila Belén Juárez Oliva, Silvia Oliva, manifestó a Somos Télam que está “muy conmocionada” tras ver brevemente el jueves a su hija porque estaba incomunicada en la comisaría de la Comuna 15 donde la encontró “esposada sentada en el piso y se enteró que habían golpeado a su compañera Sasha (Iyardet)”.

“Cami tiene 33 años, es estudiante de la Unsam, está muy afligida porque tiene dos hijos chiquitos. Fue detenida a 20 cuadras del Congreso junto a tres compañeras más de la Asamblea de San Martín. La quiero conmigo, sus hijos y yo la necesitamos”, expresó Oliva.

Y completó: “La han estigmatizado desde los medios por ser madre y estar en medio de una manifestación. Camila estaba nada más y nada menos que luchando por los derechos de sus hijos, los míos que estoy a punto de jubilarme, es una mujer muy empática que salió a defender los derechos de todos”.

Con información de agencias y somostelam.com.ar

IG

Tras la represión en el Congreso, siguen detenidas 16 personas y familiares exigieron su liberación inmediata

Tras la represión en el Congreso, siguen detenidas 16 personas y familiares exigieron su liberación inmediata

Familiares de detenidos durante la protesta contra el proyecto de ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, realizada el miércoles pasada mientras se debatía en una sesión del Senado —donde terminó aprobada—, realizaron este lunes una manifestación en la puerta del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), y llamaron nuevamente a una movilización hacia la Plaza de Mayo, para este martes, a partir de las 16:30.

Bajo el lema “presos políticos nunca más” y con la aclaración de que no responden a “ninguna bandera partidaria”, invitaron a asociaciones civiles, organismos sociales y de derechos humanos, y a todos aquellos que quieran, unirse al reclamo por la liberación “inmediata” de quienes aún continúan detenidos.

En la lista publicada por la organización Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), de las 35 personas detenidas, 22 estaban a disposición de la fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires y 13 del Juzgado Federal número 1, a cargo de la jueza María Servini.

Por el momento, Servini ordenó la excarcelación de 17 imputados por no hallar ninguna prueba incriminatoria, luego de haber tomado las declaraciones correspondientes y ver las imágenes de las cámaras en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

Hasta este momento, continúan detenidos: Daniel Sica, Patricia Calardo Arredondo, Juan Ignacio Espinetto, Camila Juárez, Nicolás Mayorga, Saya Lyardet, Héctor Mallea, Cristian Darío Ferreira, Juan Pablo Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramona Tocaba, Lucía Belén Puglia, Cristian Valiente, Facundo Exequiel Gómez, Gabriel Famulari y Roberto María de la Cruz.

Amnistía Internacional, a su vez, reclamó la liberación de Camila Juárez Oliva, de 33 años, estudiante de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), quien “participó de la movilización del 12 de junio en la zona del Congreso y nunca llegó a ir a la plaza porque fue detenida en 9 de julio y Chile”.

JJD, con información de NA

Disciplinamiento y estado de excepción en la Argentina de Milei

Disciplinamiento y estado de excepción en la Argentina de Milei

La democracia languidece en la Argentina. La situación de los detenidos y detenidas por manifestarse, y las gravísimas y arbitrarias imputaciones que se les hacen, es propia de regímenes autoritarios. Se está instalando un estado de excepción, donde los derechos constitucionales más básicos son suspendidos. 

Pero la democracia no se suicida sola. Con el proyecto de ley de Bases, la derecha y la centroderecha entregaron el país en bandeja a la extrema derecha, que sólo contaba con siete votos propios en el Senado. Ahora, con dicha “ley de leyes” casi aprobada, se vienen en la Argentina tiempos aún más ominosos, más represión, más autoritarismo, menos derechos, más destrucción del Estado.

Por la arbitrariedad de las detenciones realizadas en la manifestación del pasado miércoles 12 de junio, queda de manifiesto que las mismas forman parte de una estrategia de persecución política y un ataque deliberado a la libertad de expresión y el derecho de protesta. El pedido de detención del fiscal federal Carlos Stornelli enumera las circunstancias que lo justificarían genéricamente y de modo tendencioso pues expresa ya una condena política. Las normas exigen que debería describirse persona por persona y con detalle —esto es, haciendo referencia a pruebas concretas— las razones para privar de libertad a un ciudadano. Legalmente, en lugar de atribuir conductas delictivas concretas, como exigen las garantías penales, se describe un contexto general y de modo sesgado, sin distinguir casos ni precisar prueba. Salta a la vista que la Justicia no está actuando en función de elementos objetivos del caso y respetando las normas procesales, sino en respuesta a la presión política del Gobierno. 

Todos los organismos estatales involucrados están avanzando con una absoluta falta de transparencia, de modo antidemocrático. El Ministerio de Seguridad nacional, que dio la orden de reprimir y que en la causa penal se presentó como querellante; la Policía, en la calle; la Fiscalía, solicitando las detenciones en base a tuits de un organismo que no existe en el organigrama estatal (“Oficina del Presidente” sólo existente en la red social X). Durante las primeras veinticuatro horas después de detenidas las personas, los funcionarios responsables negaron su paradero a familiares y organismos de derechos humanos. 

La represión, en sintonía con el accionar de infiltrados en la marcha, comenzó alrededor de las 15-16 horas. No es casual, el plan de Patricia Bullrich era generar imágenes a través de los medios oficialistas (La Nación, TN y redes sociales amplificadas por Infobae) para romper la nutrida manifestación y provocar el temor y la inacción de los “sueltos” que pretendían acercarse a manifestar a la plaza Congreso luego de terminada la jornada laboral. Y lo lograron, ya que a las 18, como consecuencia de la brutal represión, la plaza había quedado casi vacía, a pesar que restaban varias horas aún de debate parlamentario. 

La Banelco del siglo XXI tuvo una nueva vuelta de tuerca en la decidida tarea de cambiar favores por votos: el nombramiento como embajadora de la Unesco en París para la Senadora Lucila Crexell de Neuquén, que dio su voto positivo a la Ley Bases, contradiciendo su accionar hasta ese momento. Miembro de la oligarquía —política y económica— de Neuquén, Lucía Crexell Sapag se lució el día de la sesión con una imponente cartera de US$2000 en un Senado que la conoce por su pasión por los viajes al exterior. Hija de Luz Sapag, forma parte del clan político del poder neuquino y del emporio empresarial Crexell, representante de una burguesía local que se enriquece gracias a la actividad petrolera de Vaca Muerta. Es que Vaca Muerta es un gran negocio para un pequeño grupo de proveedores provinciales, que casi siempre caen en manos de la clase política-empresarial local, los que monopolizan millonarios contratos de transporte, hoteles, comidas, etc. Un patrón que se repite en otras provincias, en relación, por ejemplo, con los servicios mineros.

Además, pese a su discurso anticasta, la extrema derecha naturalizó la corrupción de modo acelerado. El diputado nacional del oficialismo Oscar Zago (Movimiento de Integración y Desarrollo, MID) reconoció que a la senadora Crexell le dieron una embajada a cambio de su voto, pero alegó “consensos y acuerdos”, confundiendo torpe y malintencionadamente debate político con lo que es lisa y llanamente el delito de dádivas.

A esto se suma al caso de los siempre resbaladizos senadores Carlos “Camau” Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos), elegidos con la boleta del Frente de Todos (ahora Unión por la Patria), que garantizaron con su voto la aprobación de la ley a cambio de favores personales, lo cual se va revelando con el correr de los días. Otro caso, que pasó mas inadvertido, es el de la senadora peronista Carolina Moises (Jujuy), que votó en contra en general pero a favor en particular en el polémico Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). 

Para explicar lo sucedido no habrá que apelar a las ciencias políticas o la sociología, sino más bien al Derecho Penal. Hubo claramente compras de voluntades; hubo dádivas que están tipificadas en el Código Penal.

Volviendo a los detenidos, ninguno de ellos es responsable de haber prendido fuego a un auto. Los que sí lo hicieron están filmados, retratados y continúan libres. Ninguno de los detenidos tiene siquiera una fotografía participando de hechos de violencia. No las hay ni las habrá porque se lanzó una cacería a manifestantes de modo arbitrario, con un plan preconcebido de represión y criminalización. 

Entre los que siguen detenidos —en prisiones de máxima seguridad— hay tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín, Camila Juarez (estudiante de sociología), Nicolás Mayorga (estudiante de relaciones internacionales) y Sasha Lyardet (estudiante de comunicación), quienes estaban retirándose, lejos del Congreso; Lucía Belén Puglia, estudiante de letras de Letras de la Universidad de Hurlingham; Juan Spinetto, ambientalista y Maria de la Paz Cerruti, profesora de Historia (detenida cruzando la calle, está filmada), solo por haber ejercido el derecho a manifestarse. No es casual. Buscan disciplinar a las clases medias, y especialmente a aquellos que representan lo que el propio presidente Javier Milei -junto con uno de sus asesores estrella, el ultraderechista Agustín Laje- consideran como expresión del “marxismo cultural”. 

La represión y las detenciones forman parte así de la llamada “batalla cultural” que el gobierno de extrema derecha lleva a cabo en contra de la educación pública, la ciencia pública y la cultura, a las que viene demonizando y acusando en múltiples oportunidades de “adoctrinar”. Muy particularmente, las ciencias sociales y humanas, los ambientalismos y feminismos, están en la mira de esta campaña de amedrentamiento, que ahora ha pasado a la acción concreta de los palos y el disciplinamiento.

Uno de los casos que conocemos personalmente es el de Juan Ignacio Spinetto, ambientalista, docente y abogado. Fue detenido en San Telmo, a cinco cuadras de su casa. Cualquiera que lo conoce a Juan sabe que es alguien muy pacífico, un encanto de persona, incapaz de generar violencia por más mínima que sea. 

Mientras tanto, pasó desapercibida la Resolución 499/2024 del Ministerio de Seguridad Nacional (publicada el 10 de junio pasado en el Boletín Oficial), que permite blindar a los territorios del extractivismo de cualquier resistencia social. El gobierno acaba de conformar una “unidad de seguridad productiva” que habilita así el despliegue de fuerzas federales en las provincias. Esta dispone “analizar las situaciones de inseguridad que presentan o pueden previsiblemente presentar sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte, a la sensibilidad del material derivado de su actividad o al alto valor de sus productos, requieren de un cuidado especial en el proceso de elaboración o en el transporte de las mercaderías” y “brindar” “la seguridad que demandan las situaciones enunciadas” Más claro, Bullrich blindará Vaca Muerta y las zonas con litio con fuerzas federales. En sintonía con el RIGI (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones), el objetivo será “proteger” los intereses específicos de las empresas que operan en Vaca Muerta o en las provincias en las que hay litio y resistencias sociales, como en Jujuy (particularmente Las Salinas Grandes) y Catamarca (donde ya la empresa minera Livent es responsable de haber secado un río).

Estos primeros siete meses del gobierno de Milei nos han instalado de modo acelerado en el campo del suicidio político, en lo que se refiere a valores, ideas y creencias democráticas. Todos los días hay una nueva noticia o un hecho político —o incluso mucho más de uno—, todos ellos empeorando la noticia o el hecho político del día anterior. Nunca, en tiempos de régimen institucional, los y las argentinas hemos estado tan cerca de un gobierno autocrático y de un Estado de excepción como hasta ahora. Más que nunca, no hay que bajar los brazos ni ceder al disciplinamiento social y político. Hay que defender la democracia argentina, esa que logramos con la lucha de tantas mujeres valientes defensoras de los derechos humanos que hace poco nos dejaron, como la gran Norita Cortiñas. 

No basta con pensar que en un futuro —ojalá próximo— nos avergonzaremos como sociedad de todo lo sucedido y cedido en este período funesto. La regresión política es hiperbólica, desmesurada, vertiginosa, pero no por ello irreversible. La historia, nuestra historia pletórica de luchas y resistencias justas, nos lo ha demostrado con creces. Es hora de apelar a la imaginación política así como a la solidaridad nacional —y también internacional—, para lograr desactivar este cuadro político y social demencial y antidemocrático en el que nos ha sumergido el gobierno actual.

MS/EV/JJD