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Tras la represión en el Congreso, siguen detenidas 16 personas y familiares exigieron su liberación inmediata

Tras la represión en el Congreso, siguen detenidas 16 personas y familiares exigieron su liberación inmediata

Familiares de detenidos durante la protesta contra el proyecto de ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, realizada el miércoles pasada mientras se debatía en una sesión del Senado —donde terminó aprobada—, realizaron este lunes una manifestación en la puerta del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), y llamaron nuevamente a una movilización hacia la Plaza de Mayo, para este martes, a partir de las 16:30.

Bajo el lema “presos políticos nunca más” y con la aclaración de que no responden a “ninguna bandera partidaria”, invitaron a asociaciones civiles, organismos sociales y de derechos humanos, y a todos aquellos que quieran, unirse al reclamo por la liberación “inmediata” de quienes aún continúan detenidos.

En la lista publicada por la organización Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), de las 35 personas detenidas, 22 estaban a disposición de la fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires y 13 del Juzgado Federal número 1, a cargo de la jueza María Servini.

Por el momento, Servini ordenó la excarcelación de 17 imputados por no hallar ninguna prueba incriminatoria, luego de haber tomado las declaraciones correspondientes y ver las imágenes de las cámaras en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

Hasta este momento, continúan detenidos: Daniel Sica, Patricia Calardo Arredondo, Juan Ignacio Espinetto, Camila Juárez, Nicolás Mayorga, Saya Lyardet, Héctor Mallea, Cristian Darío Ferreira, Juan Pablo Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramona Tocaba, Lucía Belén Puglia, Cristian Valiente, Facundo Exequiel Gómez, Gabriel Famulari y Roberto María de la Cruz.

Amnistía Internacional, a su vez, reclamó la liberación de Camila Juárez Oliva, de 33 años, estudiante de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), quien “participó de la movilización del 12 de junio en la zona del Congreso y nunca llegó a ir a la plaza porque fue detenida en 9 de julio y Chile”.

JJD, con información de NA

El FMI ve una inflación de 140% y mayor caída del PBI, y pide que se sigan quitando subsidios a la energía

El FMI ve una inflación de 140% y mayor caída del PBI, y pide que se sigan quitando subsidios a la energía

El FMI estimó que la economía argentina caerá 3,5% este año y que la inflación llegará al 140% anual en diciembre. En su “staff report” difundido este lunes, el organismo empeoró su proyección de crecimiento económico del país para este año.

“La producción se contraerá alrededor de un 3,5% en 2024 (anteriormente un 2,75%), aunque se espera un cambio de rumbo en la actividad durante la segunda mitad de este año, a medida que se alivien los obstáculos de la consolidación fiscal, los salarios reales comiencen a recuperarse y la inversión se recupere en respuesta a las reformas”, según el informe.

Para el FMI, “la actividad y la demanda se han contraído marcadamente, aunque hay señales tempranas de que algunos sectores podrían estar cerca de tocar fondo. Varios indicadores apuntan hacia una posible estabilización de la actividad económica a partir de abril, incluidas mejoras en la confianza del consumidor, un repunte del crédito privado y del consumo de cemento, todo ello en el contexto de un repunte de la producción agrícola tras la sequía del año pasado”.

Con relación a la inflación, estimó que siga en baja, para terminar 2024 en el 140% interanual y “disminuyendo aún más en el mediano plazo, a medida que la demanda de pesos se recupere de niveles históricamente bajos”.

“Mientras tanto, se prevé que las reservas se mantengan sin cambios, ya que los términos de intercambio menos favorables se ven compensados en gran medida por mayores entradas netas de capital. Los superávits fiscales y externos sostenidos a mediano plazo -respaldados por políticas estrictas, aumentos de productividad y mejoras estructurales en el balance energético- fortalecerán las reservas y asegurarán las perspectivas de acceso a los mercados internacionales”, enfatizó el organismo.

Y añadió que las políticas monetaria y cambiaria “evolucionarán para afianzar la desinflación y salvaguardar la acumulación de reservas”

En su reporte, el organismo también consideró que si bien la tasa fija de devaluación (del 2% mensual) “ha ayudado a anclar la inflación, las autoridades ajustarán la política cambiaria con el tiempo para moverse de manera más flexible para reflejar mejor los fundamentos y salvaguardar una mayor mejora en la cobertura de reservas”.

“Tras las medidas iniciales para deshacer las restricciones y controles cambiarios, las autoridades siguen comprometidas a deshacer todos los controles de capital y restricciones cambiarias, comenzando con las medidas más distorsionantes, incluida la eliminación del esquema de exportación preferencial 80/20 y eliminar el impuesto PAIS antes de finales de 2024”, agregó.

Más “racionalización” de los subsidios a la energía

Por otra parte, el organismo estimó que los “esfuerzos” que realiza el Gobierno en el frente fiscal “deben complementarse con una continua racionalización” de los subsidios a la energía.

Según el organismo, tras los aumentos de las tarifas de electricidad y gas de una media de 350% y 200%, respectivamente, en el primer trimestre de 2024, “las autoridades planean alcanzar el costo total recuperación para la mayoría de los usuarios y sustituir el actual esquema de segmentación tarifaria con uno que apoye únicamente la canasta básica de consumo de energía de los hogares vulnerables durante el segundo trimestre de 2024”.

En una nueva edición de su staff report, el organismo destacó que, con ese fin, “se han elaborado reformas detalladas para la transición hacia el nuevo esquema. y se ha emitido un nuevo decreto para eliminar límites a los precios que están vinculados a la fórmula de indexación salarial”.

En consecuencia, puntualizó que se espera que el ajuste de los precios de la electricidad (PEST) y los precios del gas (PIST) se produzcan en los próximos meses tras algunos retrasos, “mientras que se establecerán límites más estrictos al consumo de electricidad subsidiado según sea necesario”.

“Se espera que estas acciones aseguren una reducción del 0,7% en el sector energético, un proyecto de ley de subsidios este año y regularizar las finanzas del sector”, enfatizó el informe del Fondo Monetario.

Mientras tanto, puntualizó que continuará la reducción de los subsidios al transporte urbano (0,1% del PIB para 2024), con la ayuda de aumentos adicionales en las tarifas de buses y trenes en el Área Metropolitana del Gran Buenos Aires; también , dijo, se están reduciendo las transferencias a la empresa estatal de agua, en línea con el aumento proyectado en las tarifas según la nueva fórmula de indexación.

DM con información de agencia NA

Cómo viene la inflación de junio: por qué expertos ven difícil que siga bajando

Cómo viene la inflación de junio: por qué expertos ven difícil que siga bajando

Analistas admiten que será muy complicado que en junio se pueda mostrar un nuevo descenso del costo de vida, como consecuencia de las alzas de tarifas y la suba de alimentos y bebidas. 

Esperan una variación de entre el 5 y 6% por la reanudación de los aumentos en las tarifas de luz y gas postergados durante el mes previo, sumado a las señales de aceleración en los alimentos, según la consultora EcoGo. 

El Gobierno avanzó en la corrección de precios, que en noviembre tenían un atraso de 42% en términos reales. En mayo hubo una pausa para priorizar la baja de la inflación, a costa de mayor presión futura, según expertos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, decidió retomar en junio los aumentos en tarifas de luz y de gas, a partir de una quita de subsidios enfocada en sectores de ingresos medios y bajos. 

Las consultoras estiman que el impacto en el IPC será de entre 1 y 2 puntos porcentuales. A eso se sumará un incremento en los combustibles del 4% promedio y el aumento del subte.

Para la Fundación Capital, el sendero de desinflación podría encontrar un freno en los próximos meses.

Los expertos mencionan, además, la dificultad de salir del cepo (con muchos pesos y sin dólares en el BCRA), y la incertidumbre sobre el esquema de salida, puesto que la competencia de monedas con tipo de cambio flexible y la dolarización parecen más una competencia de regímenes cambiarios que pasos secuenciales complementarios.

La inflación se ubicaría en torno a 5,7% mensual en el tercer trimestre, aunque si se decidiera no seguir avanzando con los aumentos de tarifas en el último trimestre, podría retornar a los niveles previos, indicó la entidad. 

Las estimaciones privadas, por otra parte, observan una aceleración de los precios de los alimentos. LCG detectó un alza del 1,5% en la segunda semana del mes. 

Y EcoGo registró un incremento del 0,5% en la primera semana, una leve suba respecto a la semana anterior.

El reporte de LCG arroja que las verduras, el azúcar –junto con la miel, los dulces y el cacao– y las bebidas y las infusiones fueron los productos que más aumentaron en la segunda semana del mes, con un alza de 3,9%, 2,8% y 2,4%, respectivamente. Le siguieron los lácteos y los huevos, con 2,3%; y los panificados, los cereales y las pastas, con 1,9%. 

Para la Fundación FIEL, los precios subieron 3,8% en la primera semana de junio. De esa suba, 1,2 puntos corresponden a los incrementos en las facturas de electricidad y gas, lo que, según la entidad, rompe con la tendencia de descenso. A ello se suma la suba del Impuesto a las Transferencias de los Combustibles, y su traslado al precio de la nafta.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, en junio subirá al 5,5%, una leve diferencia que marca el freno a la baja y un leve repunte de los precios.

En el último año, los precios de los alimentos subieron 290%. El cambio más relevante en materia de consumo fue que muchos hogares debieron resignar el consumo de carnes y pescados, porque sus precios se convirtieron en prohibitivos.

Esto deprimió el consumo de carne, que cayó 18% en el primer cuatrimestre, según la Cámara de Industrias y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

En el caso del pescado, los más onerosos pueden llegar a costar $30 mil el kilo.

También los embutidos se dispararon con fuerza, con precios que llegan a los $40 mil por kilo, como es el caso del jamón crudo.

Las verduras también vienen experimentando fuertes alzas, y amagan con presionar sobre la inflación de junio.

La aceleración de los precios de los alimentos en los últimos días coincidió con la suba de las cotizaciones de los dólares alternativos. 

Por eso, encienden una luz de alerta por el impacto que puedan tener en el índice de precios de junio. 

“Habría que irse olvidando de que la inflación empiece con un 4 delante. Será con un 5, y habrá que ver hasta donde rebota”, explicó un consultor especializado en consumo.

AB con información de agencia NA.

Disciplinamiento y estado de excepción en la Argentina de Milei

Disciplinamiento y estado de excepción en la Argentina de Milei

La democracia languidece en la Argentina. La situación de los detenidos y detenidas por manifestarse, y las gravísimas y arbitrarias imputaciones que se les hacen, es propia de regímenes autoritarios. Se está instalando un estado de excepción, donde los derechos constitucionales más básicos son suspendidos. 

Pero la democracia no se suicida sola. Con el proyecto de ley de Bases, la derecha y la centroderecha entregaron el país en bandeja a la extrema derecha, que sólo contaba con siete votos propios en el Senado. Ahora, con dicha “ley de leyes” casi aprobada, se vienen en la Argentina tiempos aún más ominosos, más represión, más autoritarismo, menos derechos, más destrucción del Estado.

Por la arbitrariedad de las detenciones realizadas en la manifestación del pasado miércoles 12 de junio, queda de manifiesto que las mismas forman parte de una estrategia de persecución política y un ataque deliberado a la libertad de expresión y el derecho de protesta. El pedido de detención del fiscal federal Carlos Stornelli enumera las circunstancias que lo justificarían genéricamente y de modo tendencioso pues expresa ya una condena política. Las normas exigen que debería describirse persona por persona y con detalle —esto es, haciendo referencia a pruebas concretas— las razones para privar de libertad a un ciudadano. Legalmente, en lugar de atribuir conductas delictivas concretas, como exigen las garantías penales, se describe un contexto general y de modo sesgado, sin distinguir casos ni precisar prueba. Salta a la vista que la Justicia no está actuando en función de elementos objetivos del caso y respetando las normas procesales, sino en respuesta a la presión política del Gobierno. 

Todos los organismos estatales involucrados están avanzando con una absoluta falta de transparencia, de modo antidemocrático. El Ministerio de Seguridad nacional, que dio la orden de reprimir y que en la causa penal se presentó como querellante; la Policía, en la calle; la Fiscalía, solicitando las detenciones en base a tuits de un organismo que no existe en el organigrama estatal (“Oficina del Presidente” sólo existente en la red social X). Durante las primeras veinticuatro horas después de detenidas las personas, los funcionarios responsables negaron su paradero a familiares y organismos de derechos humanos. 

La represión, en sintonía con el accionar de infiltrados en la marcha, comenzó alrededor de las 15-16 horas. No es casual, el plan de Patricia Bullrich era generar imágenes a través de los medios oficialistas (La Nación, TN y redes sociales amplificadas por Infobae) para romper la nutrida manifestación y provocar el temor y la inacción de los “sueltos” que pretendían acercarse a manifestar a la plaza Congreso luego de terminada la jornada laboral. Y lo lograron, ya que a las 18, como consecuencia de la brutal represión, la plaza había quedado casi vacía, a pesar que restaban varias horas aún de debate parlamentario. 

La Banelco del siglo XXI tuvo una nueva vuelta de tuerca en la decidida tarea de cambiar favores por votos: el nombramiento como embajadora de la Unesco en París para la Senadora Lucila Crexell de Neuquén, que dio su voto positivo a la Ley Bases, contradiciendo su accionar hasta ese momento. Miembro de la oligarquía —política y económica— de Neuquén, Lucía Crexell Sapag se lució el día de la sesión con una imponente cartera de US$2000 en un Senado que la conoce por su pasión por los viajes al exterior. Hija de Luz Sapag, forma parte del clan político del poder neuquino y del emporio empresarial Crexell, representante de una burguesía local que se enriquece gracias a la actividad petrolera de Vaca Muerta. Es que Vaca Muerta es un gran negocio para un pequeño grupo de proveedores provinciales, que casi siempre caen en manos de la clase política-empresarial local, los que monopolizan millonarios contratos de transporte, hoteles, comidas, etc. Un patrón que se repite en otras provincias, en relación, por ejemplo, con los servicios mineros.

Además, pese a su discurso anticasta, la extrema derecha naturalizó la corrupción de modo acelerado. El diputado nacional del oficialismo Oscar Zago (Movimiento de Integración y Desarrollo, MID) reconoció que a la senadora Crexell le dieron una embajada a cambio de su voto, pero alegó “consensos y acuerdos”, confundiendo torpe y malintencionadamente debate político con lo que es lisa y llanamente el delito de dádivas.

A esto se suma al caso de los siempre resbaladizos senadores Carlos “Camau” Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos), elegidos con la boleta del Frente de Todos (ahora Unión por la Patria), que garantizaron con su voto la aprobación de la ley a cambio de favores personales, lo cual se va revelando con el correr de los días. Otro caso, que pasó mas inadvertido, es el de la senadora peronista Carolina Moises (Jujuy), que votó en contra en general pero a favor en particular en el polémico Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). 

Para explicar lo sucedido no habrá que apelar a las ciencias políticas o la sociología, sino más bien al Derecho Penal. Hubo claramente compras de voluntades; hubo dádivas que están tipificadas en el Código Penal.

Volviendo a los detenidos, ninguno de ellos es responsable de haber prendido fuego a un auto. Los que sí lo hicieron están filmados, retratados y continúan libres. Ninguno de los detenidos tiene siquiera una fotografía participando de hechos de violencia. No las hay ni las habrá porque se lanzó una cacería a manifestantes de modo arbitrario, con un plan preconcebido de represión y criminalización. 

Entre los que siguen detenidos —en prisiones de máxima autoridad— hay tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín, Camila Juarez (estudiante de sociología), Nicolás Mayorga (estudiante de relaciones internacionales) y Sasha Lyardet (estudiante de comunicación), quienes estaban retirándose, lejos del Congreso; Lucía Belén Puglia, estudiante de letras de Letras de la Universidad de Hurlingham; Juan Spinetto, ambientalista y Maria de la Paz Cerruti, profesora de Historia (detenida cruzando la calle, está filmada), solo por haber ejercido el derecho a manifestarse. No es casual. Buscan disciplinar a las clases medias, y especialmente a aquellos que representan lo que el propio presidente Javier Milei -junto con uno de sus asesores estrella, el ultraderechista Agustín Laje- consideran como expresión del “marxismo cultural”. 

La represión y las detenciones forman parte así de la llamada “batalla cultural” que el gobierno de extrema derecha lleva a cabo en contra de la educación pública, la ciencia pública y la cultura, a las que viene demonizando y acusando en múltiples oportunidades de “adoctrinar”. Muy particularmente, las ciencias sociales y humanas, los ambientalismos y feminismos, están en la mira de esta campaña de amedrentamiento, que ahora ha pasado a la acción concreta de los palos y el disciplinamiento.

Uno de los casos que conocemos personalmente es el de Juan Ignacio Spinetto, ambientalista, docente y abogado. Fue detenido en San Telmo, a cinco cuadras de su casa. Cualquiera que lo conoce a Juan sabe que es alguien muy pacífico, un encanto de persona, incapaz de generar violencia por más mínima que sea. 

Mientras tanto, pasó desapercibida la Resolución 499/2024 del Ministerio de Seguridad Nacional (publicada el 10 de junio pasado en el Boletín Oficial), que permite blindar a los territorios del extractivismo de cualquier resistencia social. El gobierno acaba de conformar una “unidad de seguridad productiva” que habilita así el despliegue de fuerzas federales en las provincias. Esta dispone “analizar las situaciones de inseguridad que presentan o pueden previsiblemente presentar sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte, a la sensibilidad del material derivado de su actividad o al alto valor de sus productos, requieren de un cuidado especial en el proceso de elaboración o en el transporte de las mercaderías” y “brindar” “la seguridad que demandan las situaciones enunciadas” Más claro, Bullrich blindará Vaca Muerta y las zonas con litio con fuerzas federales. En sintonía con el RIGI (Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones), el objetivo será “proteger” los intereses específicos de las empresas que operan en Vaca Muerta o en las provincias en las que hay litio y resistencias sociales, como en Jujuy (particularmente Las Salinas Grandes) y Catamarca (donde ya la empresa minera Livent es responsable de haber secado un río), el objetivo será “proteger” los intereses específicos de las empresas que operan en Vaca Muerta o en las provincias en las que hay litio y resistencias sociales, como en Jujuy (particularmente Las Salinas Grandes) y Catamarca (donde ya la empresa minera Livent es responsable de haber secado un río).

Estos primeros siete meses del gobierno de Milei nos han instalado de modo acelerado en el campo del suicidio político, en lo que se refiere a valores, ideas y creencias democráticas. Todos los días hay una nueva noticia o un hecho político —o incluso mucho más de uno—, todos ellos empeorando la noticia o el hecho político del día anterior. Nunca, en tiempos de régimen institucional, los y las argentinas hemos estado tan cerca de un gobierno autocrático y de un Estado de excepción como hasta ahora. Más que nunca, no hay que bajar los brazos ni ceder al disciplinamiento social y político. Hay que defender la democracia argentina, esa que logramos con la lucha de tantas mujeres valientes defensoras de los derechos humanos que hace poco nos dejaron, como la gran Norita Cortiñas. 

No basta con pensar que en un futuro —ojalá próximo— nos avergonzaremos como sociedad de todo lo sucedido y cedido en este período funesto. La regresión política es hiperbólica, desmesurada, vertiginosa, pero no por ello irreversible. La historia, nuestra historia pletórica de luchas y resistencias justas, nos lo ha demostrado con creces. Es hora de apelar a la imaginación política así como a la solidaridad nacional —y también internacional—, para lograr desactivar este cuadro político y social demencial y antidemocrático en el que nos ha sumergido el gobierno actual.

MS/EV/JJD

Alperovich sabrá este martes si lo condenan por abuso sexual y si tendrá que ir preso

Alperovich sabrá este martes si lo condenan por abuso sexual y si tendrá que ir preso

El tres veces ex gobernador de Tucumán José Alperovich sabrá mañana si es o no condenado por abuso sexual tras la denuncia de nueve hechos que le hizo su sobrina y exasesora ocurridos entre 2017 y 2018, tanto en Buenos Aires como en la provincia norteña.

Se trata de hechos por los cuales la querella reclamó la pena de 22 años de prisión y el fiscal Sandro Abraldes, de 16 años y seis meses, sumado a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la inhibición general de bienes para reparación de la víctima.

Alperovich está obligado a concurrir al veredicto y lo hará bajo custodia, tal cual lo definió el juez Juan Ramos Padilla.

Al pedir la condena, tanto la fiscalía como la querella reclamaron que el exmandatario sea detenido por lo que además de resolver si es o no culpable el Tribunal tendrá que definir si va preso en caso de recaer condena.

Por ahora, Alperovich siempre estuvo en libertad tras haber sido denunciado en noviembre de 2019 y ahora solo cuenta con prohibición de salida del país.

La denuncia por abuso sexual contra Alperovich

Según la denuncia, los primeros hechos ocurrieron en Buenos Aires a fines del 2017 poco después de que la víctima empezó a trabajar como asesora de Alperovich, quien dos años más tarde compitió por la gobernación y la perdió.

En ese momento era senador y por ello muchas veces venía a Buenos Aires con quien era su asesora y ahora víctima, su sobrina.

Dos de los nueve hechos de abuso sexual ocurrieron en el departamento que Alperovich tiene en Puerto Madero pero los casos más graves ocurrieron en marzo del 2018 en la provincia de Tucumán.

En su alegato, la defensa intentó descalificar a la víctima quien trabajó como asesora entre 2017 y 2018 para Alperovich y era una sobrina suya quien vivía en Tucumán pero también se trasladaba con él a la Capital Federal cuando debía presentarse en sesiones del senado.

Incluso, invocó que la víctima utilizó “mismas frases” que lo hizo aquella otra que acusó por abuso sexual al actor Juan Darthes quien recientemente fuera condenado en Brasil.

Esas frases a las que hizo alusión el abogado es la que supuestamente Alperovich le dijo a la víctima en uno de los diez hechos de abuso sexual por los que llegó a juicio: “Mirá cómo me ponés”, graficó.

“Es llamativo que Alperovich y Darthes utilizaran la misma frase” para con las víctimas, “cuando siquiera no se conocen”, agregó.

Garrido acusó a la denunciante que “no tuvo espontaneidad” en su relato, “falta de consistencia” y hasta “utilizó en su relato libre las mismas palabras que los hechos que había denunciado por escrito que dieron inicio a este proceso, no es normal”.

JJD, con información de NA