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El proyecto de Sturzenegger avanza sobre el régimen de expropiaciones, flexibiliza la Ley de Manejo del fuego y habilita los desalojos exprés para inquilinos endeudados. Pese a la caída del capítulo de extranjerización de las tierras se espera una gran movilización frente al Congreso.
Denuncian que Benegas Lynch integra una empresa que asesora a inversores extranjeros para la compra de tierras
Caído el capítulo más polémico del proyecto, este jueves el Gobierno intentará avanzar en la aprobación de lo que queda de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La sesión comenzará a las 14 horas en el Senado, cuando empiecen a llegar los primeros manifestantes a la plaza del Congreso. Pese a que Patricia Bullrich bajó el capítulo de extranjerización de tierras por falta de votos, las organizaciones sociales y sindicales movilizan igual y aspiran a dar una gran demostración de fuerza en contra del gobierno de Javier Milei.
La oposición ya volteó dos de los capítulos más importantes de la ley de Sturzenegger: el que barría el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), muy resistido por la Iglesia Católica, y el que avanzaba contra la Ley de Tierras Rurales. Pero quedan tres capítulos más, que avanzan sobre el régimen de expropiaciones, flexibilizan la Ley de Manejo del fuego y habilitan los desalojos exprés para inquilinos endeudados.
Tres capítulos que, después de la derrota del martes, Bullrich buscará aprobar a como dé lugar.
Uno de los principales puntos de la iniciativa de Sturzenegger, que quedó en un segundo plano por la avanzada contra la Ley de Tierras Rurales, es el que modifica el Código Civil y Comercial para acelerar los desalojos. No solo para las personas que estén ocupando un domicilio de manera ilegal, sino también para inquilinos que adeudan el pago del alquiler o se les haya vencido el contrato.
En ambos casos se habilita un trámite sumarísimo y habilita a que el juez disponga la entrega inmediata del inmueble solo con la denuncia del propietario. En un contexto de alza del endeudamiento familiar y de que, según una encuesta de Inquilinos Agrupados, el 70% de los inquilinos está endeudado, la ley permite la desocupación inmediata cuando la causal sea falta de pago o vencimiento contractual.
Otro de los cambios del proyecto refiere al régimen de expropiaciónes. Es uno de los puntos que el peronismo rechaza con más ahínco, resuelto el rechazo del capítulo de Tierras, y es el que intentará voltear en el recinto. “Están queriendo blindar la venta de las empresas públicas”, advierten en la oposición.
El objetivo del proyecto es endurecer los requisitos para poder expropiar, aumentando el valor de las indemnizaciones. Hoy el Estado paga el valor de la empresa expropiada más daños directos. El proyecto de la Libertad Avanza, en cambio, suma el lucro cesante cuando sea consecuencia directa de la expropiación y fija que el valor del bien expropiado –una represa, un camino, una compañía de energía– lo fijará el mercado y se actualizará por inflación.
El proyecto establece, además, que la declaración de utilidad pública debe interpretarse de manera restrictiva. Obliga al Estadi justificar con más detalle la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de cada expropiación, lo que abre más espacio a que expropiaciones sean judicializadas ya que, en la práctica, el expropiado podrá discutir más fácilmeente si la expropiación esta bien fundada o no.
Finalmente, otro de los cambios que introduce el proyecto es la flexibilización ambiental de la Ley de Manejo del Fuego, una iniciativa impulsada por Máximo Kirchner en 2022 con el objetivo de evitar la especulación inmobiliaria sobre las tierras incendiadas.
Originalmente, el proyecto eliminaba la prohibición de vender, por al menos 60 años, aquellos bosques nativos o áreas protegidas que fueron incendiados. Pero, al igual que sucedió con gran parte de la ley, los aliados se mostraron incómodos con la derogación absoluta de la protección sobre el territorio, y se acordó solo eliminar la prohibición de vender las tierras por 30 años en las zonas agropecuarias.
Al comienzo de la sesión, sin embargo, se buscará zanjar el pedido de la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien solicitó que le permitieran votar de manera remota debido a que cursa un embarazo de riesgo de 32 semanas y no puede viajar por recomendación médica. Victoria Villarruel hizo lugar a su pedido, pero dejó en manos de los senadores que se habilitara, de manera excepcional, si puede votar o no de manera virtual. Lo mismo hizo con el radical Flavio Fama, que aprovechó para solicitar el mismo pedido debido a una operación que se hizo en una rodilla.
Bullrich buscará rechazar el pedido, pero hay dudas dentro del mismo peronismo respecto a si avanzar con el reclamo de Sagasti. Algunos senadores peronistas temen que, si se la habilita, se siente un precedente que permita a cualquier senador enfermo que sesione desde su casa. Y en un contexto de mayorías para el oficialismo, en el cual la estrategia principal de la oposición es dejarlo sin quórum, le permitirá a LLA contar con más herramientas en el futuro para avanzar con sus leyes.
MCM/MG

Patricia Bullrich cedió ante el pedido de los bloques dialoguistas que estaban en contra de la desregulación de tierras a extranjeros. Golpe a Milei y Federico Sturzenegger. Ahora buscará avanzar con una Ley de Propiedad Privada más acotada.
Después de varios intentos, Patricia Bullrich tuvo que reconocer la derrota. Los aliados de Tucumán y Misiones le habían soltado la mano, el radical Daniel Kroneberger estaba decidido a votar en contra y, con cada hora que pasaba, un senador se comunicaba para mostrarse incómodo con la aprobación del capítulo de extranjerizacion de la tierra. La senadora libertaria reconoció que no tenía los votos y, a 24 horas del inicio de la sesión, aceptó sacar el capítulo de Tierras del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La decisión se tomó esta tarde en el despacho del bloque radical, donde Bullrich se reunió con los senadores aliados del “grupo de los 40” --los propios más aliados-- para tomar una decisión. Estaban las radicales Edith Terenzi y Mariana Juri, el correntino “Camau” Espínola, el jefe PRO, Martín Goerling, la salteña Flavia Royón, la tucumana Beatriz Ávila y la santacruceña Natalia Gadano. Los senadores aliados se sentaron, le comunicaron que no estaban los votos para insistir con el capítulo que modifica la Ley de Tierras Rurales y le explicaron que había que sacarlo. “Así no se puede”, explicó una senadora radical, a la salida del encuentro.
Bullrich intentó resistir, pero tuvo que reconocer que estaba sola. Diego Santilli se había comunicado con los gobernadores aliados el día anterior, pero las negociaciones no habían surtido efecto. En Casa Rosada, Federico Sturzenegger presionaba para avanzar con la ley, pero casi no había otros funcionarios que quisieran sumarse a su cruzada desreguladora. La marcha convocada para el jueves, así como la intensa campaña en redes sociales, habían permeado en la sociedad, que manifestaba un rechazo mayoritario–según varios sondeos de consultoras, como Ad Hoc y Zuban Córdoba– y descincentivaba las manifestaciones de apoyo.
“Lo importante es mantener unido al grupo de los senadores aliados, tenemos más leyes que aprobar”, se la escuchó decir a Bullrich en el Senado, antes de ingresar a su despacho. Todavía faltaba comunicárselo al resto del bloque libertario, que se enteraría primero por las redes sociales de la caída del capítulo que elimina el tope del 15% a la venta de tierras a extranjeros, así la prohibición de la venta en zona de fronteras y el límite de mil hectáreas en zonas núcleo. El Gobierno se enteraría al final: Bullrich se lo comunicaría después de haber tomado la decisión con los senadores.
La sesión está convocada para las 14 horas en el Senado, una jugada de Victoria Villarruel que anticipó el anuncio a la estrategia oficialista. Bullrich todavía no sabía si levantaría la sesión cuando la vicepresidenta del Senado convocó a la sesión para el día siguiente.
Para evitar que le rechacen el capítulo en el recinto, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, anunciará el retiro del apartado el jueves al comienzo de la sesión. El objetivo es desactivar la movilización convocada al Congreso, pero para algunos senadores la decisión llegó demasiado tarde.
“Esto se tendría que haber resuelto ayer”, se quejó un senador aliado, a la salida de la cumbre con Bullrich.
Los problemas empezaron la noche anterior, poco después de que Bullrich saliera a anunciar, con bombos y platillos, las modificaciones introducidas a último momento al capítulo de Tierras para conseguir los votos que le faltaban. Poco duró la maniobra del tope del 25% a nivel provincial, una concesión que no modificaba el corazón de la reforma, ya que habilitaba que se continuase avanzando con la extranjerización a nivel de los departamentos. Menos de 24 horas después de dar la conferencia de prensa, la senadora libertaria estaba anunciando que el capítulo no se debatiría en la sesión.
Los primeros en patear el tablero fueron los radicales Flavio Fama y Daniel Kroneberger, que la noche anterior se mantenían reacios a acompañar el capítulo de Tierras. Esta decisión, sumada a la incomodidad de otros aliados –como Edith Terenzi– y a la rebelión de los senadores misioneros, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, inclinaron la cancha en favor de la oposición. Pero fue el pronunciamiento del gobernador Tucumán, Osvaldo Jaldo, al día siguiente lo que terminó de hundir las esperanzas del Gobierno.
“Yo creo que de ninguna manera tenemos que entregar un metro cuadrado de tierra argentina a los extranjeros, que vengan a invertir, que vengan a producir, pero la tierra es y será de los argentinos que somos los que vivimos en este bendito país”, afirmó el gobernador tucumano, a través de un comunicado publicado en la web oficial de la Provincia. Allí, Jaldo aseguró que se había comunicado con las dos senadores que le responden, Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, y que ambas se oponían a la ley “y son personas que no cambian de opinión”.
Después de Jaldo salió el neuquino Rolando Figueroa, quien dos días antes había presentado un proyecto de ley para que la provincia no pudiera vender tierras fiscales a extranjeros. El gobernador de Neuquén, hasta hace dos días, era aliado del Gobierno y en el oficialismo contaban a su senadora, Julieta Corroza, como un voto a favor de toda la ley. El martes a la mañana, sin embargo, Figueroa salió con un video anunciando su rechazo. “No estamos de acuerdo con la extranjerización de tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional”, afirmó.
Después de estos dos pronunciamientos, la caída del capítulo fue solo cuestión de tiempo.
MCM

En Balcarce 50 sostienen que retirar el capítulo más resistido mejora las chances de conseguir la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Santilli había intentado sin éxito convencer a los gobernadores de mantener el texto original.
Javier Milei sufrió este miércoles un nuevo revés parlamentario cuando La Libertad Avanza resolvió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que derogaba la Ley de Tierras, una de las reformas que más resistencia había despertado entre los gobernadores y que amenazaba con poner en riesgo el tratamiento de la iniciativa en el Senado. La marcha atrás significó una nueva concesión para el oficialismo, pero en la Casa Rosada procuraron bajarle el tono al episodio y sostuvieron que la decisión mejora las chances de conseguir este jueves la media sanción del proyecto, que luego deberá atravesar el debate en la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
La decisión llegó después de que fracasaran las gestiones políticas para destrabar el conflicto. El martes, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se comunicó con varios gobernadores aliados para intentar sostener el capítulo referido a la extranjerización de tierras, pero las conversaciones no alcanzaron para modificar el escenario. Los mandatarios mantuvieron sus objeciones y el oficialismo terminó optando por retirar por completo ese tramo del proyecto antes que arriesgar el resto de la iniciativa.
Dentro del Gobierno, el principal defensor de mantener la reforma era el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, autor intelectual del proyecto enviado al Congreso. Según reconstruyeron fuentes oficiales, el funcionario insistió hasta último momento en sostener el capítulo, aunque encontró escaso acompañamiento dentro del propio gabinete. Más allá de su entorno, pocos dirigentes del Gobierno estaban dispuestos a asumir el costo político de confrontar con los gobernadores por una reforma que amenazaba con complicar toda la sesión.
En Balcarce 50 describían la marcha atrás como un costo asumible. La lectura predominante era que insistir con la derogación de la Ley de Tierras podía terminar arrastrando el resto del articulado y frustrar la media sanción de una norma que el Gobierno considera prioritaria. “Lo importante es que salga la ley”, resumía un funcionario con acceso a la mesa política. En la Casa Rosada creen que la eliminación del capítulo facilitará el acompañamiento de varios gobernadores y, en consecuencia, aumentará las posibilidades de aprobar el resto del proyecto.
La apuesta oficial ahora está concentrada en preservar el núcleo de la iniciativa redactada por Sturzenegger. El proyecto mantiene las reformas sobre desalojos acelerados, el endurecimiento del régimen de expropiaciones, los cambios en la Ley de Manejo del Fuego —con la flexibilización de restricciones en determinadas superficies afectadas por incendios— y la modificación de los requisitos para la regularización dominial. Para el Gobierno, esos capítulos contienen el corazón de la reforma y justificaban resignar uno de los puntos que mayor rechazo había generado desde el ingreso del proyecto al Senado, el pasado 27 de marzo.
No deja de ser, sin embargo, un nuevo retroceso para Sturzenegger. Es el segundo capítulo que el oficialismo se ve obligado a retirar del proyecto después de haber resignado, durante el debate en comisiones, la eliminación del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). También llega menos de 48 horas después de que el Gobierno debiera dar marcha atrás con el decreto que había desatado un conflicto con los prácticos y capitanes de barco, paralizando el ingreso de buques a los puertos argentinos y afectando el comercio exterior.
La decisión también tuvo impacto puertas adentro del oficialismo. En los pasillos del Senado, algunos dirigentes interpretaban que la principal perjudicada era Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, quien durante los últimos días había encabezado la defensa pública del capítulo referido a la extranjerización de tierras. Incluso circularon versiones sobre un supuesto escaso respaldo que habría recibido desde algunos despachos de la Casa Rosada durante la negociación. Ningún funcionario lo admitía públicamente y no existen elementos para afirmar que se haya tratado de una decisión deliberada para exponer a la senadora. En el Gobierno, por el contrario, insistían en presentar la marcha atrás como una decisión estrictamente táctica para garantizar el avance del proyecto.
El repliegue también modifica el escenario para los gobernadores. En el caso de Misiones, los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut habían anticipado su rechazo al capítulo referido a la Ley de Tierras, en línea con la posición expresada por el gobierno provincial de Hugo Passalacqua y en medio de la interna con Carlos Rovira. Sin embargo, hasta este miércoles ninguno de los dos legisladores había adelantado cuál será su postura respecto del resto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sin embargo, como adelantó elDiarioAR, sigue en pie la versión sobre un eventual voto dividido: Arce acompañaría el proyecto, mientras que Rojas Decut votaría en contra. En la Casa Rosada interpretan que, eliminado el punto de mayor conflicto, aumentan las posibilidades de sumar el acompañamiento de los bloques provinciales.
Si esa apuesta se confirma, el oficialismo buscará presentar la sesión del jueves como una victoria política, aun después de haber resignado una de las reformas que originalmente integraban el proyecto. En Balcarce 50 sostienen que el objetivo nunca fue defender cada artículo a cualquier costo, sino garantizar el avance de una iniciativa que consideran central para su programa legislativo del segundo semestre. Conseguir la media sanción en el Senado, afirman, permitiría trasladar la discusión a la Cámara de Diputados desde una posición más favorable y mantener viva una de las principales apuestas legislativas del Gobierno.
PL/CRM

Juliana Di Tullio, legisladora de Unión por la Patria, presentó una impugnación ante la Presidencia del Senado para que el libertario se abstenga de participar en el tratamiento del proyecto. Sostiene que su vínculo con una empresa dedicada al asesoramiento de inversores extranjeros para la compra de tierras rurales compromete su imparcialidad.
Por presión de los aliados, el Gobierno tuvo que retirar la reforma de la Ley de Tierras del Senado
La senadora nacional Juliana Di Tullio presentó una impugnación ante la Presidencia del Senado para solicitar la abstención e inhabilitación de su par libertario Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos) en la sesión de mañana, en la que la Cámara Alta tratará el proyecto de ley de Inviolabilidad de la propiedad privada. Según denunció la legisladora del PJ, existe un “severo conflicto de intereses” ya que Benegas Lynch forma parte del directorio de una empresa dedica a la búsqueda y venta de tierras.
Es que el senador de La Libertad Avanza –hermano del diputado Bertie Benegas Lynch– es el fundador y director de Glocal Terra, una empresa que, según figura en su página web, se dedica a la búsqueda de “terrenos agrícolas, forestales, extensas áreas de conservación y fincas de lujo, exclusivos y fuera del mercado, diseñados a medida”.
La página de la empresa –que está en inglés– señala que su objetivo es actuar “en nombre y bajo la dirección de propietarios de tierras residentes en el extranjero, supervisamos explotaciones agrícolas arrendadas y gestionadas, y elaboramos informes con observaciones actualizadas y propuestas de solución”.
Mañana, el Senado debatirá el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que en un principio iba a incluir un capítulo para modificar la actual legislación que pone un tope a la venta de tierras a extranjeros. Aunque finalmente esa modificación fue retirada, la intención del oficialismo era llevar de 15% a 25% la posibilidad de que extranjeros compren tierras en el país.
De todos modos, Di Tullio pidió que Benegas Lynch no intervenga en el debate parlamentario, no firme dictámenes ni emita su voto sobre el proyecto. La senadora fundamentó su planteo en que, de acuerdo con el Acta Constitutiva citada en el escrito, Benegas Lynch figura como socio gerente de Glocal Terra S.R.L., con domicilio en la ciudad entrerriana de La Paz.
Siempre según la presentación, el objeto social de esa firma comprende el “asesoramiento comercial, legal, financiero e intermediación directa destinada a inversores extranjeros para la adquisición de inmuebles y tierras rurales en la República Argentina”.
Di Tullio sostuvo que esa situación configura una “directa y manifiesta colisión” entre el interés público que debe resguardar un legislador y su interés económico privado. En ese sentido, argumentó que el caso debe analizarse a la luz de los principios establecidos en la Constitución Nacional, en particular el artículo 66, y de las disposiciones de la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública.
“Cualquier modificación, flexibilización o regulación de la normativa vigente impacta directamente en el volumen de negocios, la facturación y los beneficios de la empresa a la que se encuentra vinculado, viciando de parcialidad cualquier posición o voto que emita sobre la materia”, sostuvo la senadora en la presentación.
En abril de este año, el medio entrerriano Análisis Digital reveló que el senador había adquierido una vivienda en la ciudad de La Paz cuyo valor de mercado rondaría los US$500.000, una cifra que no guarda relación con su patrimonio. Se trata de una propiedad de estilo colonial ubicada sobre calle Dorrego al 900, en una de las zonas residenciales más cotizadas de la ciudad, con un terreno amplio que se extiende hacia la barranca del río Paraná.
La propiedad no figura en la declaración jurada presentada por el senador en febrero ante la Oficina Anticorrupción. Fuentes del sector inmobiliario señalaron que esto podría explicarse por una eventual falta de escrituración al momento de la presentación, aunque tampoco hay precisiones sobre el origen de los fondos utilizados para la compra. El medio intentó contactar a Benegas Lynch, pero no obtuvo respuesta.
En febrero declaró poseer dos inmuebles: una casa de 350 metros cuadrados en La Paz, adquirida en septiembre de 2023, y un departamento de 50 metros cuadrados en la ciudad de Buenos Aires, incorporado en julio de ese mismo año.

Las centrales sindicales y los movimientos sociales confirmaron este miércoles que sostienen la movilización de este jueves, pese a que el Gobierno retiró el capítulo sobre venta de tierras a extranjeros para asegurar la sesión en el Senado. El viernes se suma a la tradicional marcha a Plaza de Mayo por el Día de San Cayetano.
La CGT y las dos CTA, junto con el gremio de la economía popular UTEP, encabezaron este miércoles una conferencia de prensa para fijar su rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, antes de la movilización que llevarán adelante este jueves frente al Congreso. La confirmación llegó casi en paralelo de que el oficialismo diera de baja el capítulo que reformaba la Ley de Tierras Rurales para intentar asegurar el quórum en el Senado.
El triunvirato cegetista —Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello— compartió el estrado con Hugo Godoy (CTA-A) y Hugo Yasky (CTA-T). Sola cuestionó el eje del proyecto: “La discusión real es qué tipo de propiedad, para quién, con qué función social, con qué límite es democrático”. Godoy fue más duro y lo calificó como “un proyecto de extranjerización, coloniaje y fragmentación” de la Argentina, y citó el caso del empresario Joe Lewis en el sur del país como antecedente de lo que está en juego. El peronismo también convocó ese mismo día a movilizarse este jueves contra la iniciativa.
La movilización tiene un fuerte raigrambe popular porque se está construyendo desde grupos de WhatsApp y redes sociales de autoconvocados. No solo está convocada la manifestación frente al Congreso, sino también en distintos puntos del país.
La presencia de la CGT se definió la semana pasada como pudo anticipar elDiarioAR. Además la central obrara se sumará este viernes a la tradicional marcha de San Cayetano, que este año cumple diez años desde su primera edición: será desde Liniers hasta Plaza de Mayo bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.