Bravo Del Dos
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Noticias de Buenos Aires
En medio del escándalo con Pampita, Roberto García Moritán renunció a su cargo en el Gobierno de la Ciudad
- Desde diciembre ejercía como ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.
- Esta tarde presentó su renuncia por "motivos personales".
Noticias de Buenos Aires
La inflación en CABA fue de 4% en septiembre y acumuló un alza de 115,1% en lo que va del año
Los precios mostraron una aceleración interanual del 218,8%. El índice del costo de vida de CABA estuvo impulsado por los aumentos en los rubros seguros, equipamiento del hogar e indumentaria. Qué pasó con los alimentos.
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 4% en septiembre, informó este lunes el Instituto de Estadísticas y Censos porteño. El alza de precios del mes pasado implica una desaceleración de 0,2 puntos porcentuales contra agosto (cuando fue de 4,2%). Así, el IPC de CABA acumula un aumento de 115,1% en los primeros nueve meses de 2024. En la comparación interanual, la suba fue de 218,8%.
La variación mensual de los precios porteños estuvo impulsada por aumentos en Alimentos y bebidas no alcohólicas, Bebidas alcohólicas y tabaco, Prendas de vestir y calzado, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Equipamiento y mantenimiento del hogar, Salud, Transporte, Información y comunicación, Recreación y cultura, Educación, Restaurantes y hoteles, Seguros y servicios financieros, Cuidado personal, protección social y otros productos, informó el ente de estadísticas de la Ciudad.
Inflación en CABA: cuánto aumentó cada rubro en septiembre de 2024
Los sectores cuyo aumento tuvieron más incidencia en el nivel de inflación de septiembre en CABA fueron: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Salud, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Restaurantes y hoteles, que en conjunto determinaron el 65,2% del alza del Nivel General.
A continuación, los rubros que más subieron durante el noveno mes de 2024:
- Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 4,3%, con 0,81 puntos porcentuales a la variación mensual del IPCBA, al impactar principalmente los aumentos en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres. En menor medida, se destacaron los ajustes en las tarifas residenciales del servicio de electricidad y de suministro de agua.
- Transporte registró una suba de 5,1% e incidió 0,55 puntos porcentuales como resultado de los aumentos en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar, junto con el arrastre que dejó la actualización del boleto de colectivo urbano del mes previo.
- Salud subió 5%, con una incidencia de 0,44 puntos porcentuales, por las alzas en las cuotas de la medicina prepaga.
- Alimentos y bebidas no alcohólicas promedió un alza de 2,2% e incidió 0,42 puntos porcentuales en el Nivel General. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Carnes y derivados (4,1%), Pan y cereales (2,5%) y Leche, productos lácteos y huevos (2,3%).
- Restaurantes y hoteles registró una suba de 3,7%, con una incidencia de 0,40 puntos porcentuales, por las alzas en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas.
- En términos interanuales las divisiones Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte y Restaurantes y hoteles, fueron las principales responsables del aumento de los precios minoristas, lo que representa el 59,3% de la variación interanual del Nivel General.
El INDEC difundirá el jueves 10 de septiembre el IPC a nivel nacional del noveno mes. Los analistas privados que miden el avance de la inflación coinciden en que el dato de septiembre perforará el 4%. De acuerdo con el último relevamiento de expectativas de mercado (REM) realizado por el Banco Central, agosto cerró con un alza de precios del 3,5%.
NB
La pobreza es producto de un fracaso colectivo
Para abordar la gran tragedia nacional de la pobreza hay que entender la diferencia entre el núcleo duro que no se resuelve con “la macro” y una corteza de vulnerabilidad que sí depende de las fluctuaciones macroeconómicas. Dejar de señalar infantilmente responsabilidades y asumir como una tarea nacional la erradicación de la indigencia es el único camino para terminar con este crimen social.
Los datos de pobreza, alarmantes, muestran la aceleración de una tendencia que no es nueva, lleva una década, funciona como una espiral descendente con breves ciclos de recuperación para caer luego en un fondo más bajo que el anterior. El gobierno de Mauricio Macri y el gobierno de Alberto Fernández dejaron el país con más pobres de los que recibieron. El gobierno de Javier Milei implementó una serie de medidas que inevitablemente darían un nuevo salto: la devaluación del 118% sin compensación y el ajuste que recayó principalmente sobre los más descartables para la mentalidad anarcocapitalista: los jubilados. Asimismo, se redujeron a su mínima expresión las políticas de inclusión social y expansión laboral, con la sola excepción de la Asignación Universal por Hijo (AUH), sobre la que hablaremos más adelante.
Todos los argentinos, en particular aquellos activos en la vida pública, tenemos que hacernos cargo de esta tragedia nacional. Hay responsabilidades diferenciadas, sí, pero compartidas. En primer lugar, se tienen que hacer cargo los funcionarios y funcionarias, desde la presidencia para abajo, que tuvieron a su cargo la gestión económica y social durante los últimos tres gobiernos. Me resulta francamente incomprensible cómo algunos tienen la cara de piedra de endilgarnos a quienes nunca detentamos responsabilidad estatal alguna los frutos de sus propias acciones. Su argumento es autocontradictorio: si existe tal cosa como los gerentes de la pobreza, es porque hay pobreza… y la pobreza es un crimen de estado.
El resto —dirigentes sociales, políticos, sindicales, estudiantiles, etcétera— debemos hacernos cargo de nuestra parte también; en algunos casos, por haber implementado de forma deficiente u opaca políticas de cogestión comunitaria. Estas son situaciones particularmente dolorosas que utiliza el gobierno para extrapolar, generalizar y manchar toda la tarea de organización comunitaria para destruirlo todo. Sin embargo, esto no es lo más grave: nuestro verdadero pecado es que fuimos débiles en la defensa de los débiles, permitimos el deterioro del poder adquisitivo del salario y prestaciones sociales… todavía lo somos. ¿Hasta cuánta indignidad estamos dispuestos a soportar?
Con todo, para enfrentarla hay que salir de las visiones reduccionistas y las acusaciones politiqueras. La pobreza argentina no la inventó Javier Milei… la pobreza no es “toda suya”. Veamos el siguiente cuadro:
Como podemos observar la trayectoria no es lineal. Hubo una etapa de desempobrecimiento entre 2003 y 2013 que constituye un dato objetivo de la realidad que ninguna crítica ideológica o contabilidad creativa puede desconocer. La devaluación de 2013 cortó esa trayectoria. La reflexión crítica sobre el problema de la restricción interna y el déficit fiscal —que en ese momento tenía como principal causa los subsidios energéticos generalizados— es un deber del movimiento nacional-popular. Esto no empaña en lo más mínimo toda la trayectoria progresiva de la etapa kirchnerista que, además, creó las condiciones para resolver el problema energético con la recuperación de YPF, la prospección de Vaca Muerta y las obras del gasoducto que ahora le permiten a Milei ahorrarse los dólares de la importación de combustibles.
En el gobierno de Mauricio Macri la pobreza se mantuvo en los mismos niveles e incluso tuvo un descenso considerable en 2017 por el descenso de la inflación y también por la aplicación de la Ley 27.345 que conquistó la clase trabajadora, en particular el movimiento de economía popular, para complementar los ingresos y ampliar los derechos de los sectores informalizados.
Pero ese modelo sostenido en un fuerte endeudamiento externo voló por los aires con la corrida cambiaria iniciada en abril de 2018 en donde Macri renegó de cualquier referencia a su slogan “pobreza cero” y reveló plenamente su verdadera esencia empobrecedora y represiva. Así, el empoderamiento del tándem represión-descarte encarnados por Patricia Bullrich y Toto Caputo, los llamados halcones, reiteraron la historia del 2001 provocando en dos años un incremento de la pobreza de casi diez puntos. Es llamativa la paradójica coincidencia entre el aluvión de dólares que ingresaron por el acuerdo Caputo-FMI con el aumento rampante de la pobreza.
El gobierno de Alberto Fernández se inició con una pandemia que —como en muchos países del mundo— provocó un aumento de la pobreza de seis puntos, llevándola a un nuevo pico. Quiero aclarar que considero que las políticas como el IFE —que junto a distintos movimientos sociales y en particular con Wado de Pedro impulsamos desde el primer día de la pandemia— se quedó corta. Fue mezquina en cantidad y extensión, sobre todo comparado con las ayudas que recibió el sector privado a través de los ATP.
La recuperación posterior a la pandemia logró reducir 5,5 puntos. Esto sucedió durante la gestión de Martín Guzmán, que tuvo virtudes y defectos. Las virtudes, jalonadas por la honestidad e idoneidad del ministro. Los defectos, caracterizados por la incapacidad política para articular consistentemente comercio exterior, política monetaria, régimen de tarifas y políticas sociales.
Martín Guzmán tuvo virtudes y defectos. Las virtudes, jalonadas por la honestidad e idoneidad del ministro. Los defectos por la incapacidad política para articular consistentemente comercio exterior, política monetaria, régimen de tarifas y políticas sociales
Todos saben nuestra discrepancia con el acuerdo que el gobierno de Alberto suscribió bajo la gestión de Guzmán con el Fondo Monetario Internacional. Nuestra fuerza no lo acompañó al igual que el sector identificado con Cristina Fernández de Kirchner. Sí lo votaron los diputados del Frente Renovador de Sergio Massa que, meses después, aprovechando la tensión que se produjo entre Guzman y Cristina por el acuerdo, se quedó con un superministerio en un patético golpe de palacio que lo perfiló como candidato a la presidencia con los resultados que conocemos.
Durante la gestión de Sergio Massa la pobreza aumentó 5,2%; esto tiene múltiples razones, no todas atribuibles al exministro, pero hay medidas que fueron claramente antipopulares y beneficiaron a los sectores más ricos del país. Por ejemplo:
1. Dólar soja: se le dio un tipo de cambio mejor al sector sojero. Ello significó no solamente mayor rentabilidad para ese sector, sino creación de dinero mayor (el BCRA emite más pesos para pagarle a los sojeros un tipo de cambio más alto), que presionó a la suba al dólar CCL/MEP y de la inflación. Ese mayor tipo de cambio también se trasladó de forma directa a todos los precios de lo que en su cadena incluye a la soja. Medida regresiva, que aumentó la desigualdad de los ingresos y la pobreza.
2. Bonos duales: se emitieron bonos que pagaban la tasa más alta entre la inflación y el dólar. Fue un seguro para los bancos, que se llenaron de plata (tuvieron balances excelentes). Eso se pagó con mayor emisión, que significó más brecha cambiaria e inflación. Lo pagó el resto de la sociedad. Medida que aumenta la desigualdad y la pobreza.
3. Suba brutal de la tasa de interés de política monetaria, tal como habían por mucho tiempo pedido los bancos: se pagó con mayor emisión monetaria e inflación, es decir, con caída del salario real.
Si hubo plan platita, la platita fue para los ricos.
En efecto, las dos únicas medidas significativas para los más pobres fueron los bonos compensatorios para los trabajadores informales que obtuvimos no sin lucha, una lucha encarada por movimientos sociales pero que desde el punto de vista político dejó a Patria Grande-Argentina Humana al borde de romper el bloque de diputados frente a la indignación por la insensibilidad social de un gobierno peronista donde la pobreza aumentaba. Es de estricto rigor reconocer que Cristina finalmente terció para que estas dos pequeñas compensaciones fueran a los más pobres.
Como vemos, no es toda de Milei. Las matemáticas dicen que del incremento de 23,1 puntos porcentuales en la tasa de pobreza desde 2015 las responsabilidades están repartidas de la manera siguiente:
Entonces hagámonos cargo todos, porque esta responsabilidad es de todos. Podría objetarse que tomo como base 2015 donde había un escandaloso 30% de pobres tras 12 años de gobierno peronista. No puedo evitar señalar que la drástica reducción que se produjo en esos años es el dato más destacable, pero es cierto que el kirchnerismo no logró penetrar en el llamado “núcleo duro de la pobreza”.
Por ese motivo, cuando los trabajadores de la economía popular -los trabajadores informalizados- organizaron su primer sindicato en 2011 su consigna principal era “somos lo que falta”. Es destacable que Cristina Kirchner en sus discursos más recientes esté planteando como uno de los problemas centrales estos cambios en la estructura ocupacional y es fundamental que todos -cada cual desde su perspectiva- asuma el desafío de pensar con rigor está cuestión nodal de la Argentina actual.
Sin comprenderlos y abordarlos, la macro puede ordenarse pero no se puede penetrar el núcleo duro de la pobreza y la indigencia. Tampoco resolverse el crimen contra el futuro que implican los elevadísimos niveles de pobreza infantojuvenil. En la próxima parte nos referiremos a eso.
JG/JJD
Inflación: se dará a conocer el dato oficial de septiembre que habría perforado el 4%
El INDEC difundirá esta semana la variación de precios del noveno mes del año.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer esta semana el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, que marcaría una desaceleración frente a la medición de agosto, perforando el 4% y retomando la senda bajista tras el leve repunte del octavo mes del año.
Tras haber alcanzado un alza del 4,2% en agosto que marcaba una exigua aceleración respecto al 4% de julio, el índice inflacionario habría vuelto a evidenciar una merma en el ritmo del aumento de precios en el mes pasado.
Tanto desde el Gobierno como desde las consultoras privadas, esperan que la medición que difundirá el INDEC el jueves 10 de octubre esté por debajo del 4%, logrando romper finalmente con la barrera que se había creado en ese orden, al no poder continuar con el proceso de desaceleración a un menor nivel.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, calculó que la inflación de septiembre alcanzó el 3,5% y proyectó para el año un aumento de precios del 123,6%, lo que representa una suba de 0,8 puntos porcentuales frente a lo pronosticado el mes pasado.
Las mediciones privadas prevén una merma en la suba de precios, que oscila entre el 3,2% y el 3,8%. La consultora Eco Go pronosticó que el IPC de septiembre se ubicó en 3,5%, asegurando que “después de un dato complicado en agosto, la inflación volvió al sendero descendente de los últimos meses”.
El reporte de Equilibra, en tanto, arrojó también que la suba de precios en septiembre fue del 3,5%. Mientras que en el caso de la consultora Analytica, la proyección de la inflación fue un poco mayor al alcanzar un 3,8% para el noveno mes del año.
La Fundación Libertad y Progreso, por su parte, aportó que la variación de precios tuvo un alza del 3,2% en septiembre, destacando que “con este resultado, el IPC vuelve su sendero a la baja, luego de la aceleración de 0,2 puntos registrado en agosto”.
De esta manera, la entidad detalló que en los primeros nueve meses del año el IPC acumula una suba de 101,1%, mientras que la variación interanual alcanza el 208,3%, “marcando la quinta desaceleración consecutiva y lleva bajados 81,1 puntos porcentuales desde el máximo de 289,4% interanual, registrado en abril”.
El economista Jefe de Libertad y Progreso, Eugenio Marí, sostuvo que “el superávit fiscal es fundamental para seguir bajando la inflación y que el nivel de precios se acerque a la velocidad del crawling-peg del 2% mensual. Esto a su vez permite que los salarios se vayan recuperando en términos reales y que los índices de pobreza empiecen a bajar luego del fogonazo inflacionario de diciembre. Con esto en el segundo semestre la pobreza otra vez bajaría por debajo del 50%”.
La consultora C&T Asesores Económicos, por su parte, reflejó que el IPC presentó un incremento mensual de 3,5% mensual en el Gran Buenos Aires. El análisis indicó que “se trata de la menor tasa desde noviembre de 2021” y precisó que “la variación de doce meses bajó a 216%”. En tanto que la inflación núcleo trepó al 3,8%, por debajo del 4,3% que midió el INDEC en agosto.
Al explicar la merma, el relevamiento indicó que “en la segunda semana del mes hubo una moderación importante del ritmo de aumento de los precios, ligada especialmente al componente de bienes, lo que sugiere un impacto favorable de la reducción del impuesto PAIS”.
AB con información de agencia NA.
La Justicia investiga el supuesto pedido de coimas del Gobierno a empresarios de la pesca
Un fiscal federal de Mar del Plata y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrieron expedientes paralelos mientras trabajan en conjunto para intentar determinar la veracidad de las versiones que circularon en las últimas semanas.
La Justicia federal de Mar de Plata y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) investigan un presunto pedido de coimas por US$15 millones a empresarios del sector pesquero que habría ocurrido en el marco de la asignación de cuotas de captura en el Mar Argentino para los próximos 15 años.
Como órgano especializado en casos de corrupción de agentes de la Administración pública nacional, la PIA abrió una investigación de oficio luego de las versiones sobre este presunto pedido de sobornos, que sacudió al sector en las últimas semanas y que tensó su relación con el gobierno de Javier Milei, como informó elDiarioAR.
Al mismo tiempo, el caso es investigado también por la Fiscalía Federal número 2 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Santiago Eyherabide, a partir de una denuncia presentada por Gustavo Pulti, diputado provincial bonaerense (Unión por la Patria) y ex intendente del partido de General Pueyrredon, informaron a este medio fuentes judiciales al tanto de la causa.
De acuerdo a las versiones sobre el presunto pedido de soborno, difundida inicialmente el sitio La Política Online (LPO), supuestos emisarios del Gobierno nacional habrían pedido US$15 millones a los principales jugadores del sector pesquero para garantizar que el régimen general de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de la especie merluza hubbsi, pendiente de renovación, mantuviera para los próximos 15 años el esquema de reparto que rige desde 2009. El marco vigente vence el 31 de diciembre y la nueva cuotificación debe fijar los márgenes de captura hasta 2039.
La revelación sobre el supuesto pedido de coimas se produjo en la primera semana de septiembre, mientras los empresarios dedicados a la captura de esta especie aguardaban con expectativa que el Consejo Federal Pesquero (CFP) definiera la nueva cuotificación. Tras el impacto causado en el sector, esa resolución fue postergada. Un mes más tarde, sigue pendiente.
En el marco de la investigación iniciada, la PIA, conducida por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, solicitó información al respecto al CFP y a la Administración pública para un primer análisis, indicó una fuente con acceso a la causa.
Al Consejo no llegó ninguna denuncia, ni llegó ninguna medida judicial que indique que hay que frenar la discusión por el motivo que fuere
En los tribunales marplatenses, Pulti, quien preside además la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara baja provincial, pidió que se investigue “la posible comisión de los delitos de cohecho”, “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” y “exacciones ilegales”. La causa en la Justicia federal de Mar del Plata se encuentra en su etapa inicial, y la Fiscalía número 2 solicitó a su vez la asistencia de la PIA, como órgano especializado.
La versión
De acuerdo a la información difundida un mes atrás, supuestos intermediarios del Gobierno nacional que invocaban la representación del consultor y asesor presidencial Santiago Caputo habrían promovido en los últimos meses encuentros informales con referentes de las empresas pesqueras pendientes del reparto de las nuevas cuotas de captura de merluza hubbsi, para exigir presuntamente el pago de coimas. elDiarioAR se comunicó con voceros de la Casa Rosada para conocer la respuesta del Ejecutivo ante estas versiones pero nunca obtuvo respuesta.
Un informe publicado por Revista Puerto, un medio especializado en la industria naval e ictícola, precisó incluso que estas reuniones se habrían realizado “en el microcentro porteño y algún sótano en calle Paraguay”, así como “en el conocido (bar) Florida Garden”, de la Ciudad de Buenos Aires. Sostuvo a su vez que en uno de esos encuentros habría intervenido incluso “gente armada”, lo que precipitó el final de los intercambios, ante el enojo de al menos uno de los empresarios de mayor peso en el rubro.
Ese medio aportó además precisiones en cuanto a los montos de las presuntas coimas exigidas: US$100 por cada tonelada de merluza hubbsi que fuera asignada como cuota de captura, y US$1.000 por cada una de merluza negra. El dinero debía ser aportado por una docena de empresas “receptoras de unas 120.000 toneladas de merluza hubbsi”. A eso debían sumarse “3,3 millones de la merluza negra”.
Las cuotas de pesca de captura de merluza negra fueron asignadas de acuerdo a lo previsto en los primeros días de septiembre, pero el grueso de las capturas, correspondientes a merluza hubbsi, siguen pendientes.
En recientes declaraciones periodísticas, Carlos Liberman, representante suplente de la provincia de Buenos Aires en el CFP, aseguró que al organismo encargado de definir la política pesquera del país no llegó ninguna denuncia por el hecho y que las demoras en la nueva asignación responde a cuestiones técnicas. “Al Consejo no llegó ninguna denuncia, ni llegó ninguna medida judicial que indique que hay que frenar la discusión por el motivo que fuere”, señaló en una entrevista con Revista Puerto.
Liberman agregó que “es la Justicia la que tiene que establecer si hay algo que investigar, qué es lo que hay que investigar y resolver sobre la cuestión”.
El silencio
Según la versión inicial de LPO, el presunto pedido de coimas “habría llegado a oídos” de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, a través de la empresa española Iberconsa. Se trata de una de las firmas de mayor participación en captura de merluza hubbsi y pertenece al grupo estadounidense Platinum Equity. A partir de una consulta de elDiarioAR, la Oficina de Prensa de la sede diplomática norteamericana aseguró: “Ningún representante de Embajada de Estados Unidos estuvo reunido con las empresas mencionadas en el artículo y tampoco tiene conocimiento sobre la información publicada”.
Pulti presentó días después de la revelación un pedido de acceso a la información pública ante la Cancillería para conocer “si han requerido a las autoridades de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica información vinculada a la denuncia efectuada contra los funcionarios del Gobierno nacional que habrían intervenido en los referidos actos de corrupción”.
Según pudo confirmar este medio, la cartera que conduce Diana Mondino respondió la solicitud, pero sin contestar la cuestión consultada puntualmente por el diputado: señaló que el reparto de las cuotas de pesca era responsabilidad del CFP y no de ese ministerio, pero no precisó si hubo o no algún requerimiento desde el Palacio San Martín a la embajada por el presunto pedido de coimas.
A nivel judicial, fuentes con acceso a las investigaciones iniciadas indicaron que la posibilidad de requerir información a la embajada estadounidense era una posibilidad, pero tanto el mecanismo para hacerlo como la eventual utilidad de un requerimiento de ese tipo estaban bajo análisis.
En el puerto de Mar del Plata, donde el impacto de esta revelación fue definido un mes atrás como “un sismo”, la reacción pública del empresariado sigue siendo la misma: el silencio. En la reciente botadura de un buque en un astillero marplatense, un referente del sector resumió su deseo, compartido por muchos de sus colegas: “Lo mejor que puede pasar es que el tema se olvide”.
“Pescan gratis”
El cimbronazo por el presunto pedido de coimas puso la lupa sobre la transparencia del sistema de asignación vigente desde 2009, en un momento en el que un ala del Gobierno nacional quiere cambiarlo por completo.
El principal objetor del actual esquema de reparto de los volúmenes de captura es el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger. Considera que los empresarios “pescan gratis” y milita por la apertura del régimen de pesca y las cuotas de captura a licitación internacional. Lo propuso incluso en el proyecto original de la Ley Bases, aunque la iniciativa fracasó por las presiones del sector y de intendentes, legisladores y gobernadores de distritos pesqueros.
Fuentes de la industria y dirigentes políticos de la región entienden que el presunto pedido de coimas parece parte de un nuevo capítulo de la rivalidad entre Sturzenegger y Santiago Caputo.
De fondo, hay un negocio de casi US$280 millones. Según cifras del Ministerio de Economía, los desembarques de merluza hubbsi durante 2023 ascendieron a 297.084 toneladas, un 4,5% más que las 284.404 de 2022. Esas operaciones representaron el último año cerca de US$279 millones, un 3,7% más que los US$269 millones exportados en 2022.
ED
Tras la renuncia de Caballero, una alfil de Francos llega a la agencia de promoción de la ciencia
La Agencia I+D+I, que financia proyectos de los científicos, quedó en el centro de la escena política. La Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR reveló que el organismo le dice a los investigadores que “no hay plata” pero retiene al menos US$53 millones de préstamos multilaterales. La presidenta de la Agencia renunció luego de la publicación. El costo por no ejecutar el dinero.
El desembarco de la funcionaria Natalia Avendaño en la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I), principal organismo de financiamiento de la ciencia, tiene en alerta al sistema científico argentino. Los investigadores creen que la subordinada del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, llega a la Agencia para aplicar de lleno el modelo libertario, tras casi diez meses de parálisis y fondos millonarios pisados por el poder político.
Avendaño es economista de la Universidad Católica Argentina (UCA), tiene estudios de maestría y doctorado en Economía de la Universidad del CEMA y se desempeñaba hasta hace pocos días en la Subsecretaría de Gestión Administrativa de la Jefatura de Gabinete. Llega a la Agencia para “cuidar la caja”, una caja que no se ejecuta desde la llegada de La Libertad Avanza a la Casa Rosada.
La funcionaria es una outsider del mundo científico y tecnológico, y su experiencia estuvo siempre relacionada a la gestión de las cuentas de los organismos argentinos en la ejecución de préstamos de los organismos multilaterales. La gran duda de los científicos, en esta nueva etapa, es si Avendaño llega para seguir pisando la caja y hacer borrón y cuenta nueva con los proyectos científicos seleccionados, con el objetivo de poner a la ciencia “al servicio del sistema productivo”, de acuerdo a las consultas realizadas por este medio.
Ahora, Avedaño deberá conformar un directorio de diez personas. La Agencia I+D+I está acéfala desde el lunes pasado, cuando Alicia Caballero presentó su renuncia como presidenta horas después de una publicación de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR. Este medio reveló que si bien Caballero había anunciado a las universidades a finales de agosto que no había plata para los científicos, la Agencia retenía US$53 millones provenientes de préstamos de organismos multilaterales para el desarrollo de proyectos científicos.
La investigación informó que por cada dólar ejecutado en 2024, US$3,93 permanecen en las cuentas bancarias engrosando el Tesoro Nacional, mientras los científicos viven una parálisis del sistema desde hace diez meses. Muchos de los investigadores deben financiar de sus bolsillos la continuidad de los proyectos científicos.
La investigación desarmó el argumento de “no hay plata”, evidenciando que el financiamiento existe y está disponible para su uso. Además, si el organismo cumpliera con los pagos a los científicos y a los proyectos acordados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) podrían habilitarse nuevos desembolsos para seguir impulsando el desarrollo científico.
“Acepté el cargo para tratar de aportar algo a este país que amo. Les aseguro que hice todo lo que estuvo a mi alcance, pero las decisiones se tomaban a otro nivel, y en términos prácticos nada podía resolver, dado que el Directorio propuesto nunca fue aprobado”, dijo Caballero en una carta pública.
Durante su conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni ratificó que la decisión de no financiar a los científicos es política, no financiera o económica. El portavoz se limitó a argumentar que “lo que no se ejecuta es porque fueron líneas solicitadas y aprobadas con anterioridad a este gobierno, que no tienen absolutamente ningún sentido ejecutarlas y ningún sentido entrar en una deuda”.
La salida de Caballero terminó por dejar a la Agencia sin autoridades. En marzo, el directorio había presentado su renuncia en masa y nunca había sido repuesto. El directorio de la Agencia debe cumplir con ciertos parámetros: equidad de género, distribución geográfica y diversidad de temáticas como distintos tipos de ciencia y representación del sector productivo. Los directivos, además, eran avalados por tres instituciones del campo al que pertenecían. Todos desempeñaban el cargo ad honorem.
Algunos de los representantes del anterior directorio venían no sólo de universidades públicas y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). También había miembros con experiencia en gestión de proyectos de innovación y otros especialistas en estrategias y planificación orientados al desarrollo sustentable. Además, al directorio lo integraba una doctora en ciencias sociales y especialista en género y diversidades y un consultor de análisis de situaciones de conflicto y riesgo empresarial.
Los directores
El directorio de la Agencia tiene un rol clave en la toma de decisiones del organismo. Además de controlar y auditar a la presidenta en funciones, tiene en su poder decisiones claves para el financiamiento de programas de investigación, ciencia y desarrollo.
El sistema de evaluación de la Agencia da un orden de mérito para los postulantes a proyectos científicos. El directorio convierte ese órden de mérito en apoyos efectivos e inicia el proceso de la firma de contratos.
Además participan en la conformación de los jurados, los integrantes de las comisiones de evaluación, y son responsables de la creación de las nuevas bases y condiciones de los llamados a proyectos de investigación, ciencia y tecnología.
El directorio tiene otra función clave: que los funcionarios de turno no incidan sobre quiénes obtienen los subsidios ni sobre quienes los evalúan y tampoco sobre las nuevas iniciativas científicas.
Nueva etapa
La nueva presidenta tiene un primer desafío: lograr que en la situación asfixiante dentro del sistema haya diez personas del mundo científico y tecnológico que estén dispuestas a conformar el directorio. Avendaño debe conseguir 10 avaladores de sus decisiones para la nueva gestión. Sin el directorio, Avendaño no podrá crear nuevas iniciativas y sólo se limitaría a poner al día los pagos atrasados de los proyectos aprobados hasta 2023.
Avendaño trabajaba apuntalando créditos internacionales para riego, asfalto, obra pública, la pobreza, el sistema de salud. Lo que ella sabe es como supervisar el funcionamiento de esos programas.
La funcionaria tendrá rango de Secretaria de Estado. A pesar de que la Agencia se encuentra dentro de la órbita de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, a cargo de Darío Genua, oficia como un eslabón intermedio con el ministerio de Jefatura de Gabinete, explicó una fuente con conocimiento del funcionamiento del sistema.
El panorama es poco alentador para los científicos. Representantes del sector consultados por la UDI de elDiarioAR respondieron que el conflicto por el perfil de los proyectos y la liberación de los pagos podría agudizarse. No existirá una agencia con visión propia sino un órgano ejecutor de las voluntades de Francos, y por ende, del presidente Javier Milei.
Ayer nomás
Caballero había asumido la conducción de la Agencia I+D+I en marzo, con el aval político del entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, pero sobre todo de uno de sus laderos de mayor confianza: el entonces secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alejandro Cosentino. La eyección, a fines de mayo, del ex ejecutivo de Corporación América también arrastró a Cosentino, un alfil que había sido clave en el plan de Posse para manejar la política de telecomunicaciones a partir, por ejemplo, de la intervención del Enacom.
Pese a ese cimbronazo, Caballero, que había tenido un paso previo por el directorio del Banco Nación durante la presidencia de Mauricio Macri y antes se desempeñó como decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA, parecía seguir firme al frente de la Agencia. Al menos hasta este lunes, cuando, tras la publicación de la UDI de elDiarioAR, presentó la renuncia, oficialmente, por “motivos personales”.
Caballero dejó un saldo de 80 despidos, que representó un tercio del personal de la Agencia y un directorio que renunció al mes de su asunción y que nunca pudo recomponer. Según su carta de despedida, nunca le aprobaron el directorio que propuso. Asimismo, los proyectos científicos fueron paralizados durante toda su gestión. Esta semana, Caballero dijo en el programa de televisión de María Laura Santillán en LN+ que “la plata está”. El problema radicada en una decisión política de no ejecutarlos.
La funcionaria saliente confirmó en el programa que la parálisis en la ejecución del presupuesto es política y no económica, y que, tal como dijo en su carta, “las decisiones se tomaban a otro nivel”. La UDI de elDiarioAR intentó obtener la versión de Caballero en reiteradas oportunidades pero la exfuncionaria se negó a responder.
La expresidenta de la Agencia aseguró: “No me siento bien no decidiendo. Yo asumí en marzo y durante todo el tiempo que estuve traté de contener y de entender y también de pensar líneas de promoción más allá de financiamiento, porque hay mucho que se puede hacer en Argentina más allá de dar plata, pero en términos prácticos no podía hacer nada y creo que era mejor dar un paso al costado”.
El costo de no ejecutar
La no ejecución de los fondos aportados por organismos multilaterales tiene costos altos. La UDI de elDiarioAR pudo acceder a una fuente del ambiente científico que afirmó que un representante del Banco de Desarrollo de América latina y el Caribe (CAF) comentó en un encuentro regional sobre la preocupación del organismo multilateral respecto a la no ejecución de los fondos para ciencia y tecnología de Argentina.
Las afirmaciones se dieron a mediados de agosto en el marco de una actividad financiada por la CAF hace algunas semanas en un país de la región donde participaban organismos gubernamentales de Ciencia y Tecnología y empresas de distintos países de Latinoamérica.
El representante expresó su preocupación debido a que Argentina no estaba ejecutando los fondos y estaban buscando la forma de dialogar y de no sancionar el incumplimiento del país, con el objetivo de no perjudicar a las personas a las que fueron destinados esos préstamos. Según el representante, la respuesta de Argentina fue que los fondos eran “plata de la corrupción” y que por eso no se ejecutan.
ED