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Declaran inconstitucional el decreto con el que Milei congeló los fondos para universidades y ordenan aplicar la ley

La Justicia federal declaró inconstitucional el decreto 759/2025, con el que Javier Milei promulgó la Ley de Financiamiento Universitario y, en el mismo acto, suspendió su ejecución. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick hizo lugar este martes a la acción de amparo colectiva presentada por el CIN, un grupo de universidades nacionales y docentes, y al amparo de la Universidad de Buenos Aires, que se tramitaba acumulado en la misma causa. En consecuencia, ordenó al Poder Ejecutivo “el cumplimiento inmediato” de la ley 27.795 y “el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”.

Cuando el Congreso rechazó con dos tercios en ambas cámaras el veto total del decreto 647/25, el Ejecutivo quedó obligado por el artículo 83 de la Constitución a promulgar la ley. Lo hizo el 20 de octubre de 2025, pero agregó que la promulgación era “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629”. Esa norma de 1996 establece que toda ley que autorice gastos debe prever expresamente su financiamiento y que, si no lo hace, queda suspendida hasta que se incluyan las partidas en el presupuesto. En los considerandos, el Gobierno atribuyó la suspensión a una “omisión incurrida por el Poder Legislativo” y se apoyó en un dictamen de la Procuración del Tesoro.

Cormick desarmó ese argumento con la propia ley universitaria. Recordó que su artículo 9 manda al Ejecutivo disponer los créditos presupuestarios necesarios, con amplias facultades para reasignar partidas, siempre que no afecte la coparticipación a las provincias ni los aportes del Tesoro. También prevé que la ley “podrá financiarse con los incrementos de ingresos corrientes recaudados por encima de los montos presupuestados (o prorrogados)”. Según el juez, interpretar que dos artículos de leyes anteriores tienen más jerarquía que una ley posterior “presupone que el Poder Legislativo, tanto en sus primeras votaciones como en su insistencia posterior, desconoce el bloque normativo sancionado por dicho cuerpo”. Para el magistrado, la lectura razonable es la inversa: el Congreso consideró cumplido el requisito de la ley 24.629 con el artículo 9. Citó además jurisprudencia de la Corte Suprema según la cual el Poder Legislativo “no se halla vinculado indefectiblemente hacia el futuro por sus propias autorrestricciones”.

El párrafo más duro del fallo apunta a la estrategia institucional del Gobierno. “Ante la imposibilidad legal de emitir un nuevo veto de la misma ley, se habría implementado a través del dictado del decreto cuestionado una promulgación de la ley condicionada solo en su aspecto formal pero supeditando su ejecución a causales de falta de presupuesto”, escribió Cormick. Y concluyó que el decreto “ha funcionado como un mecanismo extraconstitucional” que configura, “en sus efectos concretos, una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional”. El juez también consideró que el decreto tiene un vicio en su motivación, porque repite los argumentos del veto y hace “un uso abusivo del principio de legalidad”.

La sentencia funda la inconstitucionalidad en dos artículos de la Carta Magna. El primero es el 75, inciso 8, que le asigna al Congreso, “y no al Presidente”, la atribución de definir el diseño del gasto público. El segundo es el 83, que obliga al Ejecutivo a “limitarse a promulgar —y no suspender—” una ley insistida con mayorías agravadas. Cormick sumó el contexto: el país no tuvo presupuesto aprobado en 2024 ni en 2025, y en 2025 el Gobierno modificó el presupuesto prorrogado de 2023 seis veces por decreto o decisión administrativa. También recordó que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el costo de la ley para 2025 en el 0,23% del PBI. “El Decreto 759/25 no supera un test mínimo de razonabilidad”, resumió.

La defensa del Estado, a cargo del Ministerio de Capital Humano, había planteado que no existía un “caso” judicial, que el amparo no era la vía adecuada y que la cuestión debía resolverse en el debate parlamentario del presupuesto. También había pedido que se citara como tercero a la Cámara de Diputados y que se suspendiera el proceso. Además, sostuvo que ejecutar la ley era materialmente imposible por su costo y que ponía en riesgo el equilibrio fiscal. Según las universidades, el Gobierno no demostró que faltaran recursos: se limitó a “consideraciones genéricas sobre política fiscal”. Ese planteo terminó prevaleciendo.

El fallo llega después de un largo recorrido judicial. El 23 de diciembre de 2025, el mismo juzgado dictó una medida cautelar que declaró inaplicable el tramo suspensivo del decreto y ordenó cumplir los artículos 5 y 6 de la ley, que regulan la recomposición salarial y las becas. La Sala III de la Cámara la confirmó el 31 de marzo de 2026 y la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario del Gobierno el 25 de junio, con lo que la cautelar quedó firme. Mientras tanto, el Ejecutivo intentó derogar la ley a través del artículo 75 del proyecto de Presupuesto 2026, pero el Congreso no lo aprobó. Ahora impulsa un proyecto de reforma que, según la UBA, sigue en las comisiones de Educación y de Presupuesto sin tratamiento.

En la resolución también aparecen las actas firmadas el 10 de junio entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y los gremios docentes y no docentes. Allí el Gobierno se comprometió a un aumento salarial del 24,33%: 21,33% en junio y 3% en octubre. También acordó actualizar un 20% los gastos de funcionamiento, sumar 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios en 2026 y aumentar un 50% las Becas Manuel Belgrano. El juez incorporó esos acuerdos como “hecho nuevo”, pero no los trató como un cumplimiento de la ley. La sentencia impone las costas al Estado y puede ser apelada ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal. Con la cautelar ya convalidada por la Corte, el margen del Gobierno para seguir sosteniendo la suspensión por vía judicial parece cada vez más estrecho.

Estimaciones macroeconómicas y gasto público: aprendizajes de 2026 para el Presupuesto 2027

En 2025, luego de dos años de prórrogas, el Congreso aprobó un nuevo presupuesto nacional para 2026. Sin embargo, las prioridades votadas para este año no necesariamente se verán reflejadas de la misma manera cuando se llegue a diciembre. Si no hay nuevas modificaciones, el gasto destinado a Servicios Sociales cerraría alrededor de 7 puntos por debajo, en términos reales, de lo previsto originalmente. Y dentro de esa finalidad, la situación es todavía más desigual: mientras algunas políticas recibieron refuerzos, otras perdieron recursos incluso en términos nominales. 

¿Qué pasó? El Presupuesto 2026 combinó dos elementos que resultaron determinantes durante su ejecución. Por un lado, estableció que el ejercicio debía cerrar con un resultado financiero equilibrado o superavitario. Por el otro, fue elaborado con una inflación anual estimada en 10,1%, muy por debajo del 17,7% que proyectaba el REM cuando se presentó el proyecto y todavía más lejos de la inflación cercana al 30% que se espera actualmente para este año. 

Esa diferencia importa porque buena parte del presupuesto no se actualiza automáticamente con la inflación. Cuando los precios aumentan por encima de lo previsto, mantener una partida en los valores nominales aprobados significa, en los hechos, reducir los recursos con los que cuenta esa política. Y cuando al mismo tiempo existe una meta fiscal que debe cumplirse, la decisión sobre qué partidas actualizar, cuáles no (y de este modo, dejar que pierda valor) y cuáles directamente recortar adquiere una importancia central.

Eso fue lo que ocurrió durante 2026. A la licuación producida por la inflación se sumaron modificaciones presupuestarias realizadas por el Poder Ejecutivo. En mayo, por ejemplo, una Decisión Administrativa redujo el gasto autorizado en $2,44 billones con el objetivo declarado de cumplir la meta de equilibrio o superávit financiero establecida en la ley de presupuesto. Posteriormente hubo ampliaciones, entre ellas para prestaciones sociales, universidades, salud y salarios, pero esos refuerzos fueron selectivos y no alcanzaron a recomponer de manera general la pérdida provocada por la inflación. 

Y no todas las áreas corrieron la misma suerte. Parte de las actualizaciones estuvo vinculada con obligaciones legales, mecanismos automáticos o conflictos que limitaron el margen del Ejecutivo para mantener determinadas partidas congeladas. En Educación, por ejemplo, el principal refuerzo se produjo en el contexto del conflicto por el financiamiento universitario. Al mismo tiempo, otras políticas sociales continuaron perdiendo recursos. En el extremo opuesto, las partidas destinadas a inteligencia recibieron ampliaciones muy superiores a la inflación: el presupuesto de la SIDE pasó de $97.135 millones a $176.916 millones durante el año. 

Este contraste permite ver algo que queda oculto cuando la discusión se reduce a si el Estado alcanzó o no la meta de equilibrio fiscal. La readecuación del gasto no se realiza de manera automática y uniforme sobre todo el presupuesto. Existen decisiones sobre qué gastos se preservan, cuáles se refuerzan y cuáles absorben la pérdida. El equilibrio fiscal puede fijar el límite general, pero dentro de ese límite subsisten derechos y garantías constitucionales que exigen una cierta asignación del gasto.

Por eso, para entender lo ocurrido en 2026 hay que mirar también los años anteriores. Hacia fines de 2023 la reducción del déficit fiscal fue un objetivo central del Poder Ejecutivo, y la disminución del gasto fue el principal instrumento utilizado para alcanzarlo. Durante 2024 y 2025, además, no hubo nuevas leyes de presupuesto: se prorrogaron los créditos existentes en un contexto de inflación elevada. La repetición de partidas en términos nominales facilitó una fuerte reducción de su valor real, a la que se agregaron modificaciones presupuestarias y subejecuciones. 

En ese sentido, 2026 no inauguró esta lógica. Lo que cambió fue el mecanismo. Esta vez había un presupuesto aprobado por el Congreso, pero la combinación entre una inflación subestimada y una meta explícita de equilibrio volvió a colocar al gasto como principal variable de ajuste. De hecho, la propia lógica había sido explicitada anteriormente en el proyecto de Presupuesto 2025: frente a un desvío del escenario macroeconómico, se proponía adecuar el gasto para cumplir con la regla de equilibrio financiero. Esa regla no fue sancionada entonces, pero la Ley de Presupuesto 2026 sí incorporó la exigencia de cerrar el ejercicio con resultado financiero equilibrado o superavitario. 

El problema no es solamente contable. Una ley de presupuesto es una norma jurídica que debe cumplir mandatos constitucionales. La asignación de recursos es uno de los medios fundamentales para hacer efectivos los derechos fundamentales. Si frente a cada desvío de las variables económicas el resultado fiscal debe permanecer inalterado y el gasto es el que debe adaptarse, la vigencia de esos derechos puede quedar supeditada a un parámetro de mera conveniencia financiera. 

La experiencia de 2026 resulta especialmente relevante para discutir el Presupuesto 2027. Esta vez, la pauta oficial de inflación se encuentra mucho más cerca de las expectativas disponibles. El riesgo aparece en otro lugar: los ingresos. El proyecto prevé un crecimiento nominal importante de los recursos impositivos y aumenta sustancialmente su peso dentro de los ingresos corrientes de la Administración Nacional. Si esa recaudación no se concreta en los niveles previstos y, al mismo tiempo, se mantiene inalterada la exigencia de equilibrio, volverá a aparecer la pregunta sobre qué variable deberá absorber el desvío. 

Después de tres años de fuerte reducción en los recursos destinados a garantizar derechos, la pregunta cobra mayor relevancia. Porque el debate sobre el Presupuesto 2027 no debería limitarse a evaluar el escenario bajo las proyecciones iniciales; en un contexto volátil, resulta indispensable prever qué ocurrirá si las variables macroeconómicas divergen de lo estimado. Frente a desfasajes entre lo proyectado y lo que efectivamente suceda, ¿cómo se evitará que sean las partidas vinculadas a derechos las que absorban la diferencia? 

La autora es economista del programa Justicia Distributiva de ACIJ

"No deja de ser Argentina": el Gobierno redobló su defensa de la venta de tierras a extranjeros

El Gobierno salió este martes a hacer una defensa cerrada de la eliminación de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y buscó despegar la discusión de cualquier posible afectación de la soberanía nacional. Una semana después del fallo de la Corte Suprema que volvió a poner en vigencia el artículo 154 del DNU 70/2023, el vocero presidencial, Adrián Ravier, reivindicó la desregulación, aseguró que el objetivo de la Casa Rosada es atraer capitales para desarrollar la producción y cargó contra la ofensiva opositora para voltear el decreto insignia de Javier Milei.

“De ninguna manera un extranjero, una persona física o jurídica que compre una tierra en Argentina le hace a la Argentina perder soberanía”, sostuvo Ravier durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada. El vocero apeló a distintos ejemplos productivos para defender la apertura: habló de extranjeros que puedan adquirir campos para instalar un coto de caza, producir limones en Tucumán, soja y cereales en La Pampa o frutas en Río Negro. Y explicitó cuál es la apuesta oficial: “Estas tierras, en principio, pueden recibir inversión extranjera y eso es a lo que apunta este Gobierno: recibir más inversión de extranjeros en tierras argentinas”.

La contundencia pública de la defensa contrastó con la inquietud que había recorrido algunos despachos oficiales apenas se conoció el fallo de la Corte la semana pasada. La resolución fue, en los papeles, favorable para la Casa Rosada: los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revocaron la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había impedido aplicar la derogación de la Ley de Tierras. Pero lo hicieron por considerar que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) carecía de legitimación para impulsar la demanda, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo del decreto.

Puertas adentro, sin embargo, la noticia estuvo lejos de ser recibida solamente como un triunfo. “Nadie estaba esperando que saliera esto ahora”, reconocían la semana pasada en un sector del Gobierno. La preocupación era esencialmente política: la discusión sobre la extranjerización de las tierras ya le había provocado dificultades al oficialismo en el Congreso y el fallo volvía a ofrecerle a la oposición una bandera alrededor de la cual intentar reunir votos contra el DNU 70 completo. “Les das una excusa para volver a juntar votos contra el decreto. Además, ¿para qué vamos a salir a defender algo que ya nos trajo problemas?”, se preguntaba otra fuente libertaria.

“Vender una tierra en la Patagonia no significa que esa parte de la Patagonia deja de ser Argentina, para que quede bien claro”, afirmó Ravier este martes. Según explicó, los inmuebles adquiridos por extranjeros continúan sometidos a las leyes, los impuestos y la jurisdicción argentina, mientras que la derogación de la Ley de Tierras no modifica el régimen específico vigente para las zonas de seguridad de fronteras.

El vocero también sostuvo que la apertura no habilita la adquisición privada de bienes que tienen otros regímenes de protección. “Si hubiera alguien queriendo comprar una reserva histórica o un parque nacional, no lo puede hacer. Esto no está en riesgo”, señaló. Para el Gobierno, el debate debe circunscribirse a la posibilidad de incorporar capital extranjero a explotaciones productivas: “Pueden trabajar, pueden producir, pueden contratar personas, pueden exportar también, pueden generar divisas, puestos de trabajo y demás”.

Mucho más que tierras

Pero el mensaje de Ravier buscó rápidamente sacar la discusión del campo. Para la Casa Rosada, lo que está en juego ahora es la supervivencia del decreto madre de la desregulación, después de que la controversia por las tierras le permitiera a distintos bloques opositores volver a ponerlo en la agenda de Diputados.

“Ir marcha atrás con las desregulaciones del decreto que benefician a todos los ciudadanos implicaría un retroceso hacia un pasado calamitoso y al que la mayoría de los argentinos no quieren volver”, afirmó el vocero. Después enumeró qué implicaría, según la lectura oficial, la caída completa de la norma: el regreso de la Ley de Alquileres y de las leyes de Góndolas, Abastecimiento y Compre Argentino, además de restricciones que el Ejecutivo eliminó en materia de prepagas y obras sociales.

“Quien defiende estas leyes defiende que el poder político tenga la última palabra sobre lo que deciden los privados”, sostuvo Ravier. Y cerró la defensa del decreto reduciendo la discusión a una contraposición que forma parte del discurso económico habitual del Gobierno: “Si queremos una Argentina donde para producir, importar o exportar haya que pedir permiso al Estado, o una Argentina donde la regla sea producir, comerciar y competir en libertad”.

PL

Gobernadores y diputados aliados al Gobierno esperan un guiño de Milei por la Ley de Tierras para no voltear el DNU 70

Los aliados del Gobierno están a la espera. La oposición dio inicio a una cuenta regresiva que culmina el 15 de octubre, con una movilización en la calle y una sesión para voltear el DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados. Cada bloque tiene asignados interlocutores locales con los cuales negociar para llegar al quórum: necesitan sumar 14 votos más para llegar a 129, y mueven fichas, presionan y tensionan para conseguirlos entre las fuerzas provinciales del centro. Algunos, como los catamarqueños que responden a Raúl Jalil, prometen que darán el presente. Otros, como los salteños y tucumanos, aguardan una alternativa del Gobierno que no termina de llegar. 

“Estamos a la espera de que el Gobierno tome una medida que resuelva lo de Tierras, pero por ahora no hay señales”, admite una legisladora que responde directamente a un gobernador norteño que viajó con Javier Milei a la Argentina Week la semana pasada. 

El Gobierno reaccionó con cautela al fallo de la Corte Suprema que habilitó el artículo del DNU 70 que deroga la Ley de Tierras: no hubo festejos públicos por el espaldarazo político del Máximo Tribunal y, en cambio, se optó por redefinir la estrategia legislativa. Se pateó la fecha para tratar la ley que crea el Consejo de Seguridad Nacional –hubo una sola reunión de comisión y, en el marco del fallo de la Corte, el encuentro fue un caos– y se definió priorizar una estrategia defensiva para contener la avanzada opositora. Todavía no aparece, sin embargo, una propuesta superadora, según aguardan los aliados. 

Solo hubo un amague de introducir, con fórceps, el borrador de la nueva Ley de Tierras que se iba a debatir en el Senado hasta que la presión social hizo que Patricia Bullrich sacara el capítulo de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La propuesta sugería fijar un nuevo tope del 25% para la compra de tierras por parte de extranjeros, pero escondía una trampa: el nuevo límite era solo a nivel nacional o provincial, nada decía de los departamentos (que son los que concentran las altas tasas de extranjerización que, como Iguazú o Lacar, llevaron a la sanción de la Ley de Tierras en 2011). 

La propuesta, sin embargo, solo llegó a oídos de los aliados por trascendidos y mensajes informales. Martín Menem, que participará este martes de la reunión de la mesa política en Casa Rosada, todavía no tiene una contraoferta para dar. La oposición, mientras tanto, presiona. “Que pongan la carita”, provocan.

La pecera

La oposición necesita 14 votos más para abrir la sesión del 15 de octubre. Entre el peronismo, la izquierda, la Coalición Cívica, los radicales díscolos –que incluyen a los jujeños, pese a la presencia del gobernador Carlos Sadir en la Argentina Week–, los puntanos peronistas, Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot, Natalia de la Sota y Marcela Pagano, la oposición suma una base de 112 votos. Si se le agregan al menos tres de los cuatro misioneros que responden a Hugo Passalacqua –el cuarto, Daniel Vanscik, está en duda–, la oposición tiene 115 votos. Necesita llegar a 129. 

La pecera a donde ir a buscar los votos no es grande. Entre La Libertad Avanza, el PRO y la UCR mileísta –el triángulo oficialista de la Cámara de Diputados–, el oficialismo suma unos 113 votos para blindar el DNU 70/2023. Los indecisos, que responden a gobernadores de lealtades volátiles, son 29. La oposición necesita convencer a la mitad de que los ayude a abrir la sesión, un escenario mucho más hostil de lo que se presentaba hace un año, antes del recambio legislativo de diciembre. 

El ojo está puesto, primero que nada, en los legisladores que responden a los tres gobernadores peronistas que rompieron con Unión por la Patria para poder alinearse con el Gobierno. La atención está puesta, fundamentalmente, en los tres catamarqueños que responden a Raúl Jalil –Sebastián Nóblega, Fernanda Ávila y Fernando Monguillot– y que anticiparon a fuerzas de la oposición que están dispuestos a dar quórum. Nóblega, incluso, manifestó en público su rechazo a la extranjerización de tierras hace dos meses, cuando el tema se estaba debatiendo en el Senado.  

“Es importante sostener la soberanía de nuestra provincia y de nuestro territorio”, aseguró el diputado catamarqueño, en diálogo con Radio El Esquiú, antes de afirmar: “Tenemos la convicción firme de los diputados de nuestro bloque de rechazar el proyecto”. 

Después están los tres tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo, los diputados de Independencia, Elia Fernández, Gladys Medina y Javier Noguera. Cuando se dio el debate en el Senado, Jaldo sacó un comunicado anticipando su rechazo al capítulo de Tierras: “Yo creo que de ninguna manera tenemos que entregar un metro cuadrado de tierra argentina a los extranjeros que vengan a invertir, que vengan a producir, pero la tierra es y será de los argentinos que somos los que vivimos en este bendito país”, afirmó, el día previo a que se llevara a cabo la sesión en la Cámara alta. 

Pese al rechazo público a la derogación de la Ley de Tierras, Jaldo mantiene una negociación abierta con el Gobierno por las elecciones locales del año que viene. El mandatario, como la mayoría de los gobernadores aliados, tiene la expectativa de que el Gobierno no salga a hacer campaña fuerte por sus candidatos violetas –Lisandro Catalán y Mariano Campero– y le deje, así, liberado el camino para la reelección. Pero las negras juegan y el cristinismo y el massismo ya advierten que si Jaldo continúa jugando con el Gobierno, ellos también pondrán candidatos competitivos para dividirle el electorado. “Si no podemos ganar, al menos lo haremos perder”, señalan en La Cámpora.

Cierra el trío de peronistas a seducir por la oposición el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Los tres diputados salteños Pablo Outes, Bernardo Biella y Yolanda Vega no dieron señales de qué harán, pero en la oposición desconfían de Sáenz, quien quiere que Karina Milei baje la candidatura de la senadora libertaria Emilia Orozco. Cuando se cayó el capítulo de Tierras en el Senado, Sáenz salió a festejar con una publicación de Los Chalchaleros. En la oposición dudan, ahora, si sostendrá la misma postura. Justamente este martes Karina Milei estará con Sáenz en Salta por la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, ubicada en el Salar del Hombre Muerto, en La Puna.

La mirada está puesta, a su vez, en qué actitud tendrá el gobernador Martín Llaryora y los seis diputados cordobeses que (a veces) le responden. Es el caso de Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Juan Pablo Brugge y Alejandra Torres. Excepto Aresca, la mayoría de los legisladores suelen jugar con cierta autonomía y la negociación de los opositores –que son sus propios compañeros de bloque en Provincias Unidas– es mano a mano. Hay expectativa de que Schiaretti, por ejemplo, acompañe, dado que su esposa, la senadora Alejandra Vigo, se pronunció públicamente en contra de la derogación de la Ley de Tierras. Torres, en cambio, es más cercana a Menem.  

El restante grupo de indecisos lo componen otras fuerzas provinciales –como la neuquina Karina Maureira o el santacruceño José Garrido– y varios satélites que se desprendieron de LLA. Es el caso de Eduardo Falcone y Oscar Zago, del MID, y de Lourdes Arrieta, que suelen jugar a favor del Gobierno. El resultado final dependerá de la pesca en esa pecera de indecisos.

MCM/MC

Organizaciones políticas, sindicales y sociales marcharán a Tribunales contra el fallo sobre la Ley de Tierras

Organizaciones políticas, sindicales, sociales y ambientalistas se movilizarán este martes hacia los Tribunales para expresar su rechazo al fallo de la Corte Suprema que, según plantean, habilita la extranjerización de tierras. La convocatoria comenzará a las 16 y tendrá como eje el reclamo contra el DNU 70/2023.

Las centrales sindicales y dirigentes de la izquierda cuestionaron la decisión del máximo tribunal y sostuvieron que el decreto debe ser derogado. El planteo se suma a otra movilización anunciada para el 15 de octubre, que tendrá como destino el Congreso y reunirá reclamos vinculados con discapacidad, endeudamiento, educación universitaria y el DNU firmado en diciembre de 2023.

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, calificó de grave el fallo de la Corte. Según sostuvo, la resolución no solo permite la venta de tierras a extranjeros sino que también dejó sin efecto la posibilidad de que excombatientes de Malvinas cuestionaran judicialmente la constitucionalidad del decreto.

Godoy afirmó que la decisión afecta el derecho de los excombatientes a recurrir a la Justicia y convocó a participar de la movilización frente a Tribunales.

Por su parte, el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, confirmó que esa central también participará de la movilización del 15 de octubre. El dirigente vinculó esa jornada con el intento de la oposición de reunir quórum en el Congreso para discutir la continuidad de la ley de financiamiento de la discapacidad, el endeudamiento de las familias y la derogación del DNU 70/23.

El reclamo del FIT

La diputada nacional Myriam Bregman también cuestionó el fallo y sostuvo que la Corte Suprema no debería avanzar sobre una cuestión que, según planteó, recibió un rechazo social amplio.

Bregman puso el foco en la decisión judicial sobre la Ley de Tierras y cuestionó que el tema haya sido resuelto por la Corte después de que, según su interpretación, no pudiera avanzar por la vía parlamentaria.

La diputada y su compañero de bancada, Nicolás del Caño, participarán además de la movilización prevista para el 15 de octubre hacia el Congreso. Esa jornada incluirá un reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Del Caño planteó la necesidad de unificar las demandas de las universidades, las organizaciones vinculadas con discapacidad y los sectores afectados por el endeudamiento y la pérdida de ingresos. También reclamó a las centrales sindicales la convocatoria a un paro nacional con movilización.

La jornada de este martes será la primera de las dos movilizaciones anunciadas por las organizaciones en rechazo al fallo y al DNU 70/2023.