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Nuevo sobreseimiento a CFK: los hechos que dieron vuelta el destino de la causa que más complicaba a la vicepresidenta
El sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el caso Hotesur-Los Sauces antes del inicio del juicio oral y público podría resumirse en dos factores recurrentes en los tribunales de Comodoro Py 2002: sintonía y sincronización, según surge de la lectura de los últimos fallos, escritos y dictámenes del expediente que analizó elDiarioAR. Esas dos variables son, paradójicamente, las que también le valieron algunos de sus procesamientos más cuestionados durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando era la principal figura opositora, pero también el avance de algunos de los expedientes en los que la prueba advertía una complicación más judicial que política.
Un fallo de abril de 2019 del Tribunal Oral Federal número 5, que sobreseyó este viernes a la expresidenta, muestra una interpretación muy diferente de uno de los argumentos que tomaron dos de los jueces para fallar a favor de la funcionaria, según los escritos analizados y las consultas a fuentes directas de la causa. Entonces, cuando aquel fallo de hace más de dos años y medio contradijo a los abogados de Fernández de Kirchner, gobernaba Mauricio Macri y el nuevo escenario político que marcarían las elecciones presidenciales aún no podía vislumbrarse.
¿Qué cambió en el caso Hotesur-Los Sauces entre 2019 y 2021?
La incorporación al tribunal del juez Adrián Grünberg y el cambio de interpretación del juez Daniel Obligado sobre dos puntos clave del fallo: por un lado, su determinación de que los acusados no pueden ser juzgados por presunta asociación ilícita porque los hechos y el delito son los mismos que están siendo juzgados en el juicio por la causa Vialidad por presunta corrupción en la obra pública; y en segundo lugar, el planteo, después de siete años, de que la acusación de presunto lavado de dinero tampoco puede llevarse a juicio porque debe aplicarse la ley de lavado de activos anterior a 2011.
El tribunal 5 decidió sobreseer a Fernández de Kirchner de manera anticipada tras un nuevo planteo de sus abogados, Carlos Beraldi y Ari Llernovoy. La decisión fue por mayoría, dos votos contra uno. La jueza Adriana Pallioti votó en contra de los sobreseimientos y planteó que el caso debía ser analizado en un juicio oral y público. Sus colegas Daniel Obligado y Adrián Grünberg fallaron a favor de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados, incluidos sus hijos, el diputado y jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, y Florencia. También la sobrina de la vicepresidenta Romina Mercado y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros.
La defensa viene presentando sus argumentos desde hace siete años en distintas instancias, desde planteos de nulidades de la causa hasta pedidos de nuevas pericias contables y recusaciones de jueces. Los Kirchner reconocen el pago de los alquileres de las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López pero sostienen que “Hotesur SA y Los Sauces SA eran negocios legales” y que “los pagos de los alquileres de departamentos y hoteles” realizados por los contratistas del Estado (Báez y López) no fueron dádivas o retornos por las licitaciones y contratos que los empresarios obtuvieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
En el tribunal 5 ya habían demostrado flexibilidad con la familia de la vicepresidenta: atendieron las solicitudes en torno a Florencia Kirchner, su estadía en Cuba y su salud; pero también rechazaron en 2019 y 2020 planteos de nulidades que buscaban evitar o dilatar el juicio oral y público.
Esta vez, el planteo de la defensa de la vicepresidenta y sus hijos se basó en un recurso que habilita el Código Procesal Penal de la Nación para solicitar el sobreseimiento antes del inicio de juicio. Para que la Justicia haga lugar a dicho planteo, deben cumplirse ciertas condiciones. Dos de ellas son que aparezca nueva prueba que demuestre “que el imputado obró en estado de inimputabilidad”, se extinga la acción penal -por el paso de los años- “y para comprobarla no sea necesario el debate”, o “el imputado quedare exento de pena en virtud de una ley penal más benigna”.
Según el último dictamen del fiscal de juicio, Diego Velazco, ninguna de esas condiciones estaba dada en el expediente. De hecho, resta incorporar los resultados finales de dos pericias contables solicitadas por las defensas y suspendidas por los jueces Obliga y Grünberg este viernes tras el fallo.
Para conseguir los sobreseimientos anticipados en Hotesur-Los Sauces, los abogados de Fernández de Kirchner tenían dos cartas clave, la temporalidad y la escasez, y dos votos sincronizados y en sintonía.
Cada tribunal oral federal debe estar compuesto por tres jueces titulares pero la cantidad de magistrados no alcanza para ocupar todas las vacantes y los magistrados van rotando entre tribunales, cubriendo los baches, ya que el poder político no avanza con los concursos de nombramiento desde hace años.
Actualmente, el tribunal oral federal número 5 está integrado por Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grünberg, quien dejará ese cargo suplente el 30 de noviembre, es decir, este martes, y será sustituido por otro juez.
Grünberg ya había coincidido con otros planteos de la defensa de Fernández de Kirchner. En otro tribunal, el magistrado entendió que la vicepresidenta y el resto de los imputados debían ser sobreseídos de manera anticipada en la causa Dólar Futuro, tras analizar los resultados de una pericia. Sus colegas en el Tribunal Oral Federal número 1 rechazaron ese planteo de los abogados defensores. La cuestión terminó en la Cámara Federal de Casación con un fallo a favor de los acusados a principios de año.
El martes último, el presidente del tribunal, Obligado, notificó a sus colegas que debían presentar sus votos sobre el planteo de Fernández de Kirchner antes de la mañana del lunes 29.
La jueza Palliotti votó en contra de los sobreseimientos, dijo que no estaban dadas las condiciones que exige el Código Procesal Penal de la Nación para hacerlo y planteó que los argumentos de la defensa debían tratarse en el juicio oral y público. Los jueces Grünberg y Obligado apoyaron la postura de la defensa de la familia Kirchner.
Uno de los antecedentes centrales en la causa es un fallo del tribunal 5 de abril de 2019. En aquella fecha, los tres jueces que intervenían entonces en el caso Hotesur rechazaron varios planteos de la defensa de Fernández de Kirchner, entre ellos un pedido de nulidad de la causa y los consecuentes sobreseimientos anticipados de los acusados. Entonces, Obligado criticó a las defensas por supuestamente entorpecer el avance del juicio oral y público y rechazó un argumento que ahora le valió a Fernández de Kirchner un fallo favorable: la conexidad con el caso Vialidad.
En 2019, el tribunal que debía llevar adelante el juicio estaba compuesto por los jueces Obligado, Adriana Palliotti y José Martínez Sobrino.
El planteo de la defensa ante el tribunal 5 fue sólo por la causa Hotesur, ya que recién en mayo de ese año, los expedientes de Hotesur y Los Sauces serían unificados en un único juicio.
Los abogados solicitaron a los jueces del tribunal que declaren la nulidad de la elevación a juicio de Hotesur y que se archiven las acusaciones por presunta asociación ilícita, debido a que la expresidenta estaba ya siendo juzgada por ese supuesto delito en el caso Vialidad por el Tribunal Oral Federal número 2 e implicaba una “doble persecución penal”.
“Los cuestionamientos ensayados por las defensas parten de una visión parcializada y sesgada, dirigida, en nuestra opinión, a entorpecer el normal avance del proceso”, dijeron entonces los tres miembros del tribunal 5, incluidos Palliotti y Obligado, quien también sostuvo, junto con sus colegas, que las resoluciones de la causa Hotesur criticadas por la defensa “lejos están también de carecer de motivación suficiente o de una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos”.
La conexión con la causa Vialidad es una de las claves del fallo de este viernes a favor de la vicepresidenta: es uno de los puntos que los jueces Grünberg y Obligado tomaron como válido para habilitar el pedido de sobreseimientos por el supuesto delito de asociación ilícita en Hotesur, según explicaron en el fallo del viernes.
¿Qué tomaron este viernes los magistrados como “nueva prueba no valorada durante la instrucción” del caso? Las elevaciones a juicio oral y público de los casos Vialidad (o presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz) y Oil Combustible (el juicio en trámite contra Cristóbal López), aunque los jueces Grünberg y Obligado aclararon que no podían interpretarse como tal de manera estricta. Ambos fallos son de 2018, según consta en los archivos del Centro de Información Judicial (CIJ).
Los jueces Obligado y Grünberg sostuvieron que la acusación por presunta asociación ilícita en Hotesur-Los Sauces contra Fernández de Kirchner y Báez “no resulta viable” porque se trataría del “mismo hecho” que está siendo juzgado en el juicio de Vialidad contra ambos acusados.
Vialidad es el único de los cinco juicios contra Fernández de Kirchner que fue iniciado en los tribunales. El caso es por presunta defraudación a la administración pública, entre otros supuestos delitos, en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz a favor de las compañías de Báez. Sin embargo, los alquileres pagados por el empresario a Hotesur y Los Sauces no son parte de este expediente.
Entre 2008 y 2013, la empresa Hotesur -propiedad de la familia Kirchner- recibió alrededor de $33,4 millones de Báez por “cánones locativos” de dos hoteles mientras las constructoras del empresario patagónico ganaban licitaciones y contrataciones de obras públicas, según los procesamientos dictados por el juez Julián Ercolini en base a una pericia contable. Entre 2009 y 2016, Los Sauces SA -otra compañía de los Kirchner- facturó otros $25 millones de empresas de Báez y Cristóbal López, otro beneficiario de la obra pública y negocios con el Estado, de acuerdo con el fallo de la Cámara Federal porteña que confirmó los procesamiento.
A diferencia del fallo de este viernes, en abril de 2019, Obligado había votado junto con el resto de los jueces del tribunal (Palliotti y Martínez Sobrido), en contra de los argumentos de la defensa de que avanzar con Hotesur-Los Sauces implicaría una doble persecución penal a Fernández de Kirchner y Báez. elDiarioAR intentó consultar este viernes y sábado al juez Obligado para ampliar su explicación sobre la diferencia entre los fallos de 2019 y 2021, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta nota.
Entonces, Obligado y sus colegas citaron el fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña que había confirmado los procesamientos del caso Hotesur y para rebatir los planteos de los abogados de Fernández de Kirchner y sus hijos y reprodujeron los argumentos del camarista Leopoldo Bruglia, cuyas palabras definieron como “de una justeza y claridad tal, que torna innecesario agregar otros argumentos”.
Esas palabras de “justeza y claridad” sostenían que si bien existe una conexidad entre los casos Vialidad y Hotesur, “se observa que el temperamento adoptado en esas actuaciones -Vialidad- abarca otros extremos fácticos distintos de los que aquí se investigan. Los cuales, si bien podrían estar relacionados, resultan claramente diferenciables”.
“En la causa citada -Vialidad- se investigan las maniobras tendientes al apoderamiento de fondos del Estado Nacional destinados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, mediante el otorgamiento ilegal de contrataciones a las empresas vinculadas a Lázaro Báez; así como la conformación de una organización criminal con el fin de cometer esa clase de actos delictivos”, citaron en 2019 Obligado y sus colegas del tribunal.
“Mientras que el objeto procesal de los presentes actuados -Hotesur-comprende el armado de una organización criminal con la finalidad de realizar conductas de lavado de activos, a través de una sociedad anónima constituida por Néstor Kirchner, Cristina Fernández y su hijo, Máximo Kirchner; así como las operaciones concretas por las cuales el dinero proveniente de las maniobras defraudatorias antes aludidas o de otras empresas pertenecientes a concesionarios y contratistas del Estado, ingresaba al patrimonio de los ex presidentes a través de dicha sociedad”, continúa el fallo de 2019.
Luego, el Tribunal Oral Federal número 5 agregó: “En definitiva, estas investigaciones develan que habrían existido distintos circuitos para el obrar delictivo, uno de ellos dirigido al apoderamiento de fondos públicos destinados a la obra pública en la provincia de Santa Cruz y el otro destinado al reciclaje de las ganancias ilícitas derivadas del anterior y de otros hechos ilícitos”, citando al juez Bruglia.
Los jueces Obligado y Grünberg también plantearon esta vez que debe aplicarse la ley más benigna y que hasta 2011 -los hechos investigados comienzan en 2008- el “autolavado” -es decir la maniobra de blanquear uno mismo su dinero de origen ilícito- no estaba contemplado por la ley argentina.
La aplicación de la ley penal más benigna es otro de los argumentos para habilitar el sobreseimiento anticipado, según el Código Procesal Penal. En la sentencia contra Báez, sin embargo, los jueces del Tribunal Oral Federal número 4 tomaron otro criterio: que el delito de autolavado es continuado en el tiempo, ya que las maniobras y sus consecuencias se extienden a lo largo de los años y sobrepasa la barrera temporal de 2011.
El juez que instruyó la causa contra Báez, Sebastián Casanello, y el fiscal del juicio, Abel Córdoba, también han sostenido que debía aplicarse la nueva ley de lavado, a pesar de que los hechos habían comenzado con anterioridad a su sanción.
La nueva ley permite juzgar el lavado como delito autónomo, explicó uno de los magistrados especializados en este tipo de delitos ante la consulta de elDiarioAR. Eso implica que no es necesario probar el delito precedente al lavado: sólo bastan presunciones o indicios de un origen ilícito del dinero para avanzar en una condena por lavado de activo, agregaron fuentes judiciales que intervinieron en el caso. Es el mismo criterio que sostiene el Ministerio Público Fiscal y distintos tribunales en casos similares, según distintos fallos publicados.
ED
El fiscal prepara la apelación y el destino del juicio depende ahora de Casación
El fiscal Diego Velazco, a cargo de la acusación en el juicio oral y público por el caso Hotesur-Los Sauces, prepara un recurso para apelar los sobreseimientos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López y el resto de los acusados, confirmó a elDiarioAR una fuente con acceso directo al expediente.
El escrito será presentado ante la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, para que otros tres jueces revisen los sobreseimientos anticipados que dictó el Tribunal Oral Federal número 5 este viernes.
Los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg votaron a favor de Fernández de Kirchner y del resto de los imputados. La jueza Adriana Palliotti, la tercera integrante del tribunal 5, votó en contra de los sobreseimientos y planteó que el caso debía ser analizado en un juicio oral y público, como había solicitado el fiscal Velazco.
El fiscal de juicio tiene un plazo de diez días hábiles para plantear sus argumentos contra el fallo del tribunal. Para que su presentación sea tratada por la Casación, deberá ser acompañada por otro fiscal que interviene en el caso ante el máximo tribunal penal.
En el último planteo de la defensa intervino ante la Casación el fiscal Mario Villar pero una fuente del expediente sostuvo que debería intervenir Raúl Pleé.
Luego los jueces de la Sala I de la Casación deberán analizar los planteos de ambos fiscales y decidir si confirman los sobreseimientos anticipados o los revocan, lo que habilitaría la continuidad del proceso de juicio.
La Sala I está compuesta por los jueces Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Son los mismos que dictaron los sobreseimientos de Fernández de Kirchner y el resto de los imputados del caso Dólar Futuro antes del inicio del juicio oral y público.
La causa Hotesur-Los Sauces se encontraba hasta este viernes en etapa de instrucción complementaria, un periodo entre la elevación a juicio y el inicio del debate oral y público en el que la fiscalía y las partes pueden proponer al tribunal medidas de prueba complementarias. De hecho, por una solicitud de las defensas, se ordenaron dos pericias contables que aún no han finalizado, según explicó la jueza Palliotti en su voto del viernes.
En el juicio, que ahora fue dejado sin efecto, los acusados debían ser juzgados por supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de sus negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces), supuesta asociación ilícita y negociaciones incompatibles.
Los hechos giran en torno a los alquileres de hoteles y propiedades inmuebles de la familia Kirchner y un supuesto circuito para blanquear dinero de la corrupción en la obra pública. Los Kirchner no niegan la existencia de los alquileres pagados por Báez y López pero sí rechazan que Hotesur y Los Sauces se hayan montado para la comisión de ilícitos.
Hotesur SA era la dueña de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas. Valle Mitre, una sociedad de Báez que administró el hotel Alto Calafate entre 2008 y 2013, le pagó a Hotesur al menos $26.514.978 en concepto de "cánones locativos" y otros $6.909.708 por la gerencia de Las Dunas, según los procesamientos dictados por el juez Julián Ercolini. Los contratos se firmaron con Néstor Kirchner en vida pero se prorrogaron en 2011, cuando el expresidente ya había fallecido.
Los fondos de Valle Mitre que terminaron en el patrimonio de la familia Kirchner provenían a su vez de otras empresas de Báez con contratos de obra pública en Santa Cruz, como Austral Construcciones, Kank & Costilla Sa y Loscalzo y Del Curto SRL, que le pagaban a Valle Mitre por la supuesta ocupación de habitaciones en los hoteles.
La sociedad anónima Los Sauces nació en 2008. Fue creada por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner, pero comenzó a tener actividad como empresa inmobiliaria en 2009, cuando compañías de Báez y López comenzaron a girarle fondos, según consta en la confirmación de los procesamientos en la Cámara Federal porteña.
Para montar esta empresa inmobiliaria, entre 2008 y 2010, Néstor y Cristina cedieron algunas propiedades de su patrimonio a Los Sauces. Luego Néstor y Máximo Kirchner adquirieron otros inmuebles y los inscribieron a nombre de la sociedad.
Entre 2009 y diciembre de 2016, Los Sauces le facturó $18.554.725 a dos empresas de Grupo Indalo (de López) y otros $6.851.650 a empresas del Grupo Báez por “alquileres para viviendas u oficinas". Entre ambos empresarios garantizaron casi el 90% de los ingresos de Los Sauces, según la pericia contable realizada durante la instrucción de la causa.
La mayoría de los contratos de alquiler de las propiedades de Los Sauces no pudieron ser hallados ni se dio con la totalidad de las facturas, según la pericia. La sociedad sólo registró dos empleados: un jardinero y Florencia Kirchner, según el fallo de la Cámara de 2017.
ED
Alberto-Máximo, el silencioso malestar que altera al peronismo
- Está enojado. ¿Por qué? Nadie sabe. Ya se le va a pasar.
El comentario, oído en la más estrecha intimidad de Alberto Fernández, refiere a Máximo Kirchner. Parte de un episodio que elDiarioAR contó diez días atrás: la ausencia del jefe de los diputados del FdT en la cena "de festejo", que el Presidente ofreció en Olivos, el miércoles 17 de noviembre, post marcha a Plaza de Mayo a dirigentes e intendentes del PJ bonaerense. Según el entorno del jefe de La Cámpora, no lo invitaron o lo hicieron tarde, sobre la hora, un destrato. En Casa Rosada afirman que Fernández le avisó a Máximo a media tarde, que fue al único que convocó en persona, que el diputado le dijo que no podía.
Una remake permanente de la comunicación interna en el Frente de Todos: unos entienden una cosa, otros, otra; y sobre esa fina capa de sobreentendidos germinan enojos, malestares y confusiones. Esa saga es prolífica y tiene, como caso emblema, la charla entre los Fernández, mano a mano, el martes 14 de septiembre, 48 horas después de la derrota de las PASO, en la que Alberto y Cristina, Cristina y Alberto, se despidieron con balances distintos del encuentro. Para el Fernández fue una buena reunión, para la Fernández no lo fue. Por eso, catorce horas más tarde, Eduardo "Wado" De Pedro renunció intempestivamente al gabinete y Alberto no entendió el porqué.
"¿Enojado? No: desencantado", interpreta un dirigente de diálogo permanente con "Maxi", como suelen llamarlo los que lo frecuentan. "Hinchado las bolas", fusila el eufemismo otro interlocutor. "A todo le dicen que no: cada propuesta que lleva Máximo, la rechazan o no la toman en cuenta porque creen que lo hace para cagarlos", aporta una fuente que siguió, en detalle, el proceso del cierre de listas del Frente de Todos (FdT), momento en que más de uno cifra el punto cero del malestar del diputado.
En el microcosmos albertista datan el "enojo" de Máximo en la negativa de Alberto a convertir en primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires a Santiago Cafiero. Agregan que el plan del diputado era que, además, en la tira estén Luana Volnovich y Malena Galmarini, un mix que identificaría el "compromiso" de tres elementos clave del FdT en la boleta y en la campaña. Pero Fernández lo entendió como que era una maniobra, una carambola a dos bandas, para desplazar a Cafiero de la jefatura de Gabinete y se resistió a ese plan.
Entiende que, en paralelo, a Máximo tampoco le simpatizaba que Victoria Tolosa Paz, encabece la tira bonaerense, algo que finalmente ocurrió. Aunque hablaban casi a diario, entre el diputado y la diputada electa parece haber una chispa crítica. Ruidos de familia numerosa donde las pertenencias y los ismos definen simpatías y vínculos.
Máximo consintió, incluso, una tesis para habilitar una PASO entre Cafiero y otro dirigente. Rondaron varios nombres: Sergio Massa escuchó una propuesta para que la boleta bis, para una primaria acordada en el FdT, la encabecen Tolosa Paz y Julián Domínguez, que por entonces no era todavía ministro de Agricultura. Según lo que Leopoldo Moreau dijo en C5N, la lista enfrentada a Cafiero pudo haber llevado como primer candidato a Sergio Berni o a Gabriel Mariotto. Pero, según Moreau, Alberto no quiso. Un entornista de Fernández da un motivo. "El riesgo de una PASO era que seguro se iba a terminar leyendo que era entre un candidato de Alberto y otro de Cristina, y eso no era bueno". Al margen de eso, la propuesta de una primaria en la provincia nunca logró volumen real porque en todas las tribus del oficialismo reinaba la idea de que la unidad era, per se, una herramienta que alcanzaba para ganar.
Otro expediente está ligado a la sugerencia de Máximo para que Fernández incorpore a su gabinete a Sergio Massa, a partir de la lectura de que al staff albertista le falta vitalidad y que no puede "desaprovechar a Massa", según detalla una fuente K. Pero el Presidente, hasta acá, rechazó cada propuesta referida a la inclusión del tigrense en el Ejecutivo.
"No vengan con eso de que es un capricho de Máximo: falla la comunicación y ahí aparece los problemas", avisan desde el entorno del diputado que exteriorizó, con gestualidades, su incomodidad-enojo-desencanto. Lo trasmite desde lo corporal. Así como no fue a la cena con intendente, tampoco había ido a la que Fernández tuvo con gobernadores antes de la general, participa poco -y no habla- en actos donde está el presidente y hace rato dejó de ir a los almuerzos que solían tener a solas en Olivos. El último round fue su ingreso, tardío y de lejos, a Plaza de Mayo durante el acto por el Día de la Militancia, marcha que el diputado consideraba que no había que hacer porque, lo traduce un colaborador, "no había nada que festejar". Máximo exterioriza ese malestar, quiere que se note o no puede ocultarlo. En La Cámpora, su núcleo primario, hay voces que creen que la visibilización de esa incomodidad no es bueno.
"Ya se le va a pasar", dice un albertista, que confirma que el diputado dejó de ir a Olivos y aporta, como dato, lo que le parece una curiosidad: que el "enojo" de Máximo se produce en un momento en que la relación entre Alberto y Cristina "está bien". A este dictamen, que expresa lo que piensa el Presidente, quizá le vale la general de la ley respecto a las interpretaciones que cada uno hace sobre los vínculos. De hecho, un todoterreno K y camporista orbital, entiende que la vice no está nada cómoda.
¿Los modos públicos, su presencia a desgano en actos y la falta de apoyo explícitos al gobierno son las "cartas" públicas de Máximo para explicitar su desencanto con el rumbo del gobierno? Así como Cristina, luego de explorar sin éxito la vía privada, recurrió al formato epistolar para expresar sus desacuerdos, Máximo parece preferir la gestualidad.
"Alberto está en su mundo, cree que está todo bien. Cada uno que va y le dice que ojo con eso o con aquello, él le dice que tranquilo, que vamos bien, que no se preocupe", coinciden en el diagnóstico dos fuentes del kirchnerismo y recuerdan, con preocupación, que esa misma actitud tenía antes de las primarias cuando pronosticaba una victoria. En aquellos días, como contó en su momento elDiarioAr el Presidente le dijo a algunos ministros, que en la provincia el FdT ganaba por 10 puntos.
Fernández tuvo una resurrección política el 14-N a las 8 de la noche cuando confirmó que en la provincia el FdT perdía por algo más de un punto y tuvo otro shock de desfibrilador el miércoles siguiente en el acto por el 17-N cuando, lo explica un ministro, "tuvo su primera plaza" y empezó la construcción de un "sujeto político propio", por primera vez en dos años. Un funcionario entiende que la tensión con Máximo tiene que ver con eso.
- Un gran día para el albertismo. ¿no? -, lo toreó, esa tarde, luego del acto, un dirigente a Fernández.
- Para el frentodismo -se apuró a corregir, pícaro, el Presidente que advierte que él es la máxima expresión del FdT.
Sobre Máximo, al que advierten "molesto", un funcionario agrega una lectura que excede a Fernández. "Casi se agarra a trompadas con Berni, se cruzó con Axel y está enojado con Alberto. Quizá al que le pasa algo es a él, no a los demás". Aunque la enumeración es válida, puede ser incompleta o partir de una base parcial. Su cruce con el ministro de Seguridad tuvo que ver con la táctica electoral. Los idas y vueltas con Kicillof son casi sistémicos del planeta Cristina, como la tensión con Alberto, vinculado a que los aportes que hace Máximo no parecen ser tenidos en cuenta por el gobernador ni por el Presidente, apunta un dirigente bonaerense.
En un punto, puede ser un asunto de otro orden, de dimensión humana: que Máximo sienta que se lo valora y escucha menos de lo que él cree que se lo debería valorar y escuchar. "Que dejen de pensar que todo lo que hace o dice es para cagarlos", sintetiza un operador y lo detecta como un problema serio porque la tensión, o la mala comunicación entre las dos terminales, Fernández y los Kirchner, construye el peor escenario posible para ordenar la gestión pero, sobre todo, o además, ordenar la política.
PI
Los jubilados de la mínima pueden comprar un 20% menos de alimentos que hace cinco años
Casi la mitad de las y los jubilados o pensionados cobran un haber igual o menor a la jubilación mínima, que desde diciembre se ubicará en $29.062 (desde septiembre se ubica en $25.922). Son 2,6 millones, sobre un universo total de 5,6 millones. Desde 2016, han visto reducido su poder adquisitivo de forma dramática. Hoy, pueden comprar alrededor de un 20% menos de alimentos esenciales que en ese entonces y apenas logran equiparar la línea de pobreza, sin contar un eventual alquiler de vivienda.
En abril de 2016, la jubilación mínima era equivalente a 3,2 canastas de indigencia, según se desprende de los datos oficiales de la Anses y el Indec. A octubre de este año (último dato disponible), equivalía a 2,6 canastas, una caída de casi 19 por ciento en el poder adquisitivo. (Según la medición del Indec, la canasta de indigencia alcanzó el mes pasado $10.008 para un adulto). Si se tiene en cuenta que la canasta de indigencia está compuesta por alimentos básicos, se puede decir que los jubilados que cobran la mínima perdieron un 19% de poder de compra en alimentos de consumo esencial. En otras palabras, si en abril de 2016 la jubilación mínima alcanzaba para comprar 10 productos de esa canasta, en octubre de 2021 alcanzó para comprar solo 8.
Si llevamos la misma cuenta a la canasta total del Indec -que se utiliza para medir los niveles de pobreza-, veremos que en abril de 2016 la jubilación mínima se ubicaba un 35% por encima de la línea de pobreza. Para diciembre de 2019, cuando se produjo el cambio de gobierno, esa diferencia había descendido al 10%, el mismo lugar donde se ubicó en octubre último. Cabe recordar que la canasta de pobreza (mucho menos la de indigencia) no contempla el pago de un alquiler. En octubre, según el Indec, alcanzó los $23.419 para un adulto.
El punto más bajo de la caída se vio en mayo de 2021, cuando la mínima alcanzaba para 2,3 canastas de indigencia y no alcanzó para una canasta de pobreza (0,98). En ese mes, todos los jubilados que cobran la mínima quedaron por debajo de la línea de la pobreza. Sin embargo, en rigor, en ese mes hubo un bono extraordinario de $ 1.500, con el cual superaron la delgada línea.
Hay que considerar en los períodos intermedios el impacto de los bonos. En 2021, hubo bonos de $ 1.500 en abril y mayo, y de $ 5.000 en agosto. Durante 2020, los bonos de suma fija sumaron $ 13.000 (dos de $ 5.000 y uno de $3.000).
El presidente Alberto Fernández celebró en la última semana el anuncio de un nuevo aumento en la jubilación, para diciembre próximo. El mandatario destacó que en dos años la jubilación mínima se duplicó: pasó de $14.068 a $29.062, un 107% más.
La inflación acumulada durante los primeros dos años del gobierno de Fernández es del 93%, a falta de dos meses para el cierre del segundo año. Así las cosas, el aumento de la jubilación quedaría en la misma línea o apenas por encima de la inflación, a menos que este año la misma supere el 52%, lo cual es difícil que ocurra, aunque no imposible: a octubre, el IPC medido por el Indec se ubicó en el 41,8%. Para pasar el 52%, necesitaría dos meses de al menos 3,5%. Restará ver si los congelamientos de precios impulsados recientemente por el Gobierno son suficientes para evitar esos números.
En diálogo con elDiarioAr, la economista senior de la consultora FIEL y especialista en materia previsional, Nuria Susmel, sostuvo que mientras la tasa de pobreza general es del 40%, entre los mayores de 65 años es de solo el 13%. ”Como la jubilación mínima es más alta que la canasta de pobreza, ningún jubilado debería ser pobre, dijo. Sin embargo, aclaró que “si son sostén de familia con bajos ingresos o viven en hogares con bajos ingresos, pueden ser pobres”. En el mismo sentido, amplió: “Si tenés jubilados pobres, es porque viven en hogares donde el resto de los ingresos no cubren las canastas de pobreza de los demás integrantes”.
“Algo que también hay que tener en cuenta es que muchas veces la jubilación mínima no es el único ingreso del trabajador. La mayoría de los jubilados que cobran la mínima accedieron a la jubilación a través de una moratoria y para casi todos es el único beneficio”, completó.
Un factor particular es la influencia de los medicamentos en los gastos de un jubilado. En las canastas medidas por el Indec, no se refleja la influencia de los medicamentos en la vida de un adulto mayor. Difícilmente, un jubilado no deba tomar algún tipo de remedio. En ese sentido, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) releva de manera periódica los precios de los medicamentos más consumidos por las y los adultos mayores.
El CEPA destacó que entre mayo de 2015 y octubre de 2021 el precio promedio de esos medicamentos subió un 1.023%. En ese mismo período, las jubilaciones aumentaron un 579%. Casi el doble de diferencia negativa, en un producto tan esencial como los remedios; dicho de otra forma, en el acceso a la salud.
Uno de los últimos derrumbes del poder adquisitivo medido en medicamentos fue entre abril de 2018 y noviembre de 2019, cuando la capacidad de compra de ese espectro se redujo en un alarmante 35%. En ese período, “mientras la jubilación mínima se incrementó casi un 70%, los medicamentos se incrementaron más de un 160%”, apuntó un reciente informe del CEPA.
Entre diciembre de 2019 y octubre de 2021, los precios de estos remedios subieron un 90,3% (con estancamiento en los primeros meses y fuertes subas a partir de septiembre de 2020), mientras que la jubilación mínima creció en ese período un 100,2%. Con todo, “las jubilaciones le ganaron a la evolución de los precios de medicamentos más consumidos”, por diez puntos porcentuales.
Finalmente, los medicamentos de PAMI mantuvieron precios congelados durante casi un año (2020) y subieron un 56% desde la asunción de Fernández. En esa canasta, la brecha a favor de las jubilaciones se estira al 45% para ese período. PAMI implementó también durante la pandemia un vademécum de 170 medicamentos gratuitos para sus afiliados.
WC
Larreta rearma su gabinete con guiños a la UCR y un ojo en 2023
Mauricio Macri se puso por encima de todos los presidenciables de Juntos por el Cambio, empezando por su (ex)subordinado. Horacio Rodríguez Larreta, en cambio, repitió el sonsonete de la unidad amplia. Fue durante un encuentro de la Fundación Pensar, el think tank del PRO, realizado en Córdoba. Cada uno discurseó desde su actual lugar en el mundo. Desde sus ambiciones presentes. El expresidente se ubica por fuera de las internas cambiemitas rumbo al 2023.
“Está bueno que muchos curas quieran ser Papas, pero sepan que tienen que competir y la gente va a elegir quién conduce y quién acompaña”, afirmó. La declaración traficó una jactancia sutil: la de haber sido Papa. Al mandar a todos a las PASO de 2023, colocó a Rodríguez Larreta en la misma línea de largada que a los demás: Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, más los radicales Facundo Manes, Martín Lousteau y Gerardo Morales. El egresado del Cardenal Newman no le concede la pole position al alcalde porteño.
“Él hoy no quiere ser candidato, pero tampoco le gusta que le digan que no puede ser. Y lo ve a Horacio en pie de igualdad con el resto. La relación entre ellos está normal”, revela un dirigente mauricista.
Macri se percibe como el precursor que ya lo logró y está un poco de vuelta. Y presume, con un nivel de auto-indulgencia envidiable, que lo hizo bastante bien durante sus cuatro años en la Rosada. El ingeniero además muestra su ideología en carne viva, sin la necesidad de ensayar los equilibrios centristas que Jaime Durán Barba y Marcos Peña le recetaban en 2015. El despoder lo relajó. El tiempo dirá si se trata de una estrategia de crecimiento o si sólo es un reflejo impotente de un Macri en retirada. De un Macri al que le alcanza para vetar candidaturas dentro de JxC, pero ya no para volver al ruedo electoral.
Rodríguez Larreta está parado en otro lugar completamente distinto. El alcalde estima que, con suerte, su acceso a La Rosada se parecerá al de Macri: ajustado y por balotaje. La diferencia llegaría después. A diferencia del fundador del espacio amarillo, el alcalde aspira a gestionar con el aval del 70 por ciento del sistema político. Ese colectivo incluye una porción del peronismo que al momento forma parte del Frente de Todos. Un ministro porteño lo resume de esta forma: “Aprendimos que es posible llegar a la presidencia, pero que eso no alcanza para poder gobernar”. Por eso predica sobre la necesidad de ampliarse.
Si bien salió fortalecido de las legislativas, el resultado no sirvió para jerarquizar las ambiciones dentro de Juntos. De las urnas no surgió un elemento ordenador. El triunfo porteño de Vidal estuvo por debajo de lo esperado. Y el descuento que logró el gobierno en la provincia de Buenos Aires le inyectó dramatismo y un sabor agridulce a la victoria de Diego Santilli. Así, la UCR se resiste a darle el estatus de primer presidenciable de la oposición.
Superado el estrés de las legislativas, Larreta les bajó línea a sus ministros. El mandato larretista es evitar el palo por palo con Patricia Bullrich. Ni siquiera responderle. Y mucho menos, confrontar con Macri. La hoja de ruta larreteana se compone de un combo de cooptación y administración silenciosa de los conflictos internos.
Como parte de ese plan, resolvió rearmar su gabinete. Su idea es ampliarlo hacia la UCR y hacia un intendente macrista. En concreto, uno jorgemacrista. El intendente de Vicente López asumirá en los próximos días como ministro de Gobierno. Tal como anticipió elDiarioAR, el primo de Mauricio se dedicará a coordinar las políticas relacionadas con el AMBA, zona en la que vive casi un tercio del país.
Jorge Macri pondrá la lupa especialmente sobre el flujo de gente, autos, trenes y colectivos que vuelve la frontera entre Capital y Provincia una mera formalidad. La designación del intendente es una forma de pagarle políticamente. Tras haber resistido la mudanza bonaerense de Santilli, Jorge Macri se terminó alineando con la postulación de El Colo. En adelante, a Jorge se le ampliará el menú de opciones electorales: ir por la gobernación bonaerense, tentarse con ser el sucesor de Larreta en Capital o incluso volver a Vicente López.
Al tomarse licencia antes del 10 de diciembre próximo, podría eludir la prohibición legal que le impide acceder a un tercer mandato. Cerca de Jorge Macri, sin embargo, niegan que esa sea una posibilidad. La elegida para reemplazarlo en el municipio, tanto ahora como en 2023, es la concejal Soledad Martínez.
En paralelo, Larreta incorporará un grupo de radicales al gabinete porteño. Así consolidará la alianza que tiene con Martín Lousteau y el mítico Enrique Coti Nosiglia. “Se fortalece el cogobierno que venimos teniendo”, admiten cerca de Lousteau.
Larreta premiará al radicalismo porteño con la subsecretaría de Deportes. El elegido para ese puesto es el legislador de Evolución Juan Nosigilia, a su vez hijo del Coti. Otros legisladores radicales a los que se les vence el mandato en diciembre, como Hernán Rossi, Inés Gorbea y Ariel Alvarez Palma, también desembarcarán en el Ejecutivo. Especialista en política carcelaria, el radical Leandro Halperin se sumará al ministerio de Justicia y Seguridad.
Así el nosiglismo avanza un casillero en el tablero hacia el gobierno de la Ciudad. Se trata de una hipótesis que los dirigentes amarillos ven con pánico creciente. “Es mucho pago para la UCR. Eso está generando malestar en el PRO”, se queja un funcionario porteño. La sucesión capitalina, distrito gestionado por el macrismo desde hace más de 14 años, se encamina a convertirse en una puja entre dos personas. Una larretista y un líbero de la política apoyado por la estructura de Nosiglia: Vidal y Lousteau. Cerca del alcalde consideran que Larreta podrá ahorrarse el compromiso de tomar partido. ¿Cómo? Por vía de las PASO. Estas legislativas funcionaron como un ensayo. Las primarias ordenaron las candidaturas sin sangre, incluso a contramano de algunos dedazos desde arriba. Macri, por ejemplo, apostó a perdedor en Córdoba y Santa Fe.
Todavía falta demasiado para 2023. En lo inmediato, Marcelo D’Alessandro seguirá al frente de ese ministerio de Justicia y Seguridad. Larreta planeaba reemplazarlo por el vidalista Gustavo Ferrari, un gentleman de agenda amplia y tono cordial. Pero el exministro de Seguridad bonaerense declinó amablemente. El abogado Ferrari prefiere mantenerse como una suerte de consejero part-time e interlocutor del larretismo ante jueces federales y supremos. Esa misión forma parte del rezo laico de la ampliación larretista.
Paradojalmente, el brutal crimen de Lucas González favoreció la continuidad de D’Alessandro como ministro. Correrlo en este contexto sería una forma de reconocer lo que a esta altura es un dato indisimulable. Entre los 26.500 agentes de la Capital también corre el autogobierno, la falta de controles y el sistema de recaudación ilegal. Especialmente, entre los dos mil policías que pertenecen a las brigadas de prevención y actúan de civil.
Habrá más cambios en la Ciudad. El santillista Agustín Forchieri, vicepresidente primero de la Legislatura desde 2019, asumirá como secretario de Bienestar Ciudadano. La diputada saliente Carmen Polledo encontrará cobijo en la subsecretaría de Relaciones Institucionales, dependiente de la Secretaría General porteña, a cargo de Fernando Straface.
El anillo de confianza de Larreta no se modificará. Se trata de un círculo varonil integrado por Straface, Eduardo Macchiavelli, Bruno Screnci y Álvaro González. Rumbo al 2023, el jefe de gabinete Felipe Miguel se encargará de los vaivenes de la gestión diaria, ante un Larreta cada vez más dedicado a su proselitismo personal. Al momento el alcalde no tercerizó su construcción política en un armador nacional. A diferencia de Macri en los años previos al 2015, no cuenta con un Emilio Monzó. Algunos dirigentes amarillos, sin embargo, le sugieren que debería tenerlo. Diego Santilli cumplirá un papel parecido, pero no tan centralizado.
Sobre su mirada de la economía, el ex ministro Hernán Lacunza es la figura que más influye sobre Larreta. Es su ministro en potencia. Lacunza está preparando junto a su equipo una suerte de plan tentativo para el 2023.
La designación porteña más sorpresiva que tiene el larretismo en carpeta es la de un ex Franja Morada. Se trata de Lautaro García Batallán, referentes del extinto Grupo Sushi, pata juvenil y creativa del gobierno de Fernando de la Rúa. Dedicado a la consultoría privada desde el derrumbe del gobierno aliancista, García Batallán mantuvo el perfil bajo. Pero nunca se alejó del asesoramiento a los políticos. Trabajó para Francisco de Narváez y Cristian Ritondo. Tiene trato fluido con el nosiglismo y también con Daniel Angelici. En el gobierno porteño afirman que su incorporación no está confirmada. Los amigos de Batallán afirman que el ex Sushi boy está entusiasmado con la posibilidad del regreso a la gestión pública.
AF