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Este martes se reúne la comisión a puertas cerradas y encabezada por Sebastián Pareja. Deberá lidiar con los reclamos pendientes al organismo que conduce Cristian Auguadra. La Justicia rechazó dos presentaciones contra el decreto que faculta a los servicios de inteligencia a detener personas, pero la norma sigue sin una resolución definitiva.
La comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia se reúne este martes por primera vez desde que el diputado de La Libertad Avanza Sebastián Pareja asumió su presidencia, en un contexto en el que el decreto que amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) para detener personas sigue en pie pese a los cuestionamientos judiciales que enfrenta desde principios de año.
El encuentro, a puertas cerradas, está previsto para las 16 en el sexto piso del Edificio Alfredo Palacios, anexo del Senado, y tiene como objetivo fijar un plan de trabajo y abordar asuntos pendientes que la comisión arrastra desde la gestión anterior, encabezada por el radical Martín Lousteau. Entre esos pendientes figura el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) presentado por la SIDE, que la bicameral rechazó y sobre el cual formuló observaciones por escrito que el organismo, conducido por Cristian Auguadra y bajo la órbita del asesor presidencial Santiago Caputo, nunca respondió.
Tampoco hubo respuestas oficiales a los planteos sobre el DNU 941/2025, la norma que reformuló la Ley de Inteligencia Nacional y que la propia SIDE emitió a fines de diciembre pasado. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026 y le otorgó a los organismos de inteligencia facultades extraordinarias para aprehender personas en casos de flagrancia o por requerimiento judicial, una ampliación de competencias que generó rechazo de un amplio arco político —incluido el PRO de Mauricio Macri— y una serie de presentaciones judiciales que hasta ahora no lograron torcer su vigencia.
La reforma no se limitó a las facultades de detención. El mismo DNU creó el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jefatura de Gabinete, que quedó a cargo de la protección del ciberespacio nacional y separado de las tareas de ciberinteligencia, reservadas ahora a la ex Agencia Federal de Ciberseguridad, rebautizada Agencia Federal de Ciberinteligencia.
El organismo ya está en funciones: el 9 de febrero, mediante el decreto 92/2026, el Gobierno designó al matemático Ariel Waissbein como director ejecutivo, con rango de subsecretario, y a Ezequiel David Gutesman como subdirector. La norma también reorganizó la inteligencia militar: disolvió la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) y concentró esa función en la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (DGIEMCO), que pasó a asesorar directamente al jefe del Estado Mayor Conjunto en la producción de inteligencia estratégica militar, con el argumento oficial de una superposición de funciones y una estructura sobredimensionada.
La Justicia rechazó, de hecho, los dos principales intentos por frenar el decreto. El 28 de mayo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°4, a cargo de la jueza Rita Ailán, desestimó una medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para suspender los efectos de la norma: la magistrada consideró que no estaban acreditados los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, y remitió el debate de fondo sobre la constitucionalidad del DNU a la sentencia definitiva. El CELS adelantó que apelaría la resolución.
A fines de junio, el mismo juzgado rechazó también un amparo presentado por los diputados Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón, en este caso por entender que los legisladores carecen de legitimación para litigar contra normas dictadas por el Poder Ejecutivo y que no acreditaron un perjuicio concreto. Con ambos reveses judiciales, el DNU 941/2025 continúa vigente y operativo.
En ese escenario llega Pareja a la conducción de la bicameral, luego de una negociación que el 12 de mayo dejó satisfecha a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que no aceptaba otro nombre para el cargo, y compensó al PRO —que también pretendía la presidencia— con la vicepresidencia primera para el senador misionero Martín Goerling. La vicepresidencia segunda quedó reservada para Unión por la Patria, que todavía debe designar a su representante. La definición no estuvo exenta de tensiones internas en el propio oficialismo: el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le había prometido el cargo a Cristian Ritondo en febrero, pero Karina Milei terminó imponiendo a Pareja, uno de sus armadores territoriales más cercanos en la provincia de Buenos Aires.
La integración de la comisión también generó disputas. Quedó conformada por cinco legisladores libertarios —Pareja, los diputados Gabriel Bornoroni y Cesar Treffinger, y los senadores Agustín Coto y Ezequiel Atauche—, tres de Unión por la Patria —los diputados Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez—, dos del PRO —Goerling y Ritondo—, el radical Maximiliano Abad y las senadoras Carolina Moisés y Edith Terenzi. El interbloque Popular del Senado, que preside José Mayans, reclamó sin éxito un segundo lugar por ser la primera minoría: la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, le asignó esa banca a Moisés, senadora de Convicción Federal alejada del kirchnerismo.
La primera reunión de la comisión bajo el mando de Pareja llega, entonces, con una agenda cargada: además de organizar el trabajo del cuerpo encargado de fiscalizar los fondos reservados de la SIDE, deberá decidir si retoma los reclamos sin respuesta sobre el PIN y el DNU 941/2025, en momentos en que la ampliación de las facultades de los servicios de inteligencia para detener personas sigue sin una resolución judicial definitiva.

Milei giró al Senado los pliegos para cubrir dos sillas clave de Comodoro Py. Envió los pliegos de Bertuzzi y Yadarola mientras Irurzun pelea por seguir en su cargo, ya que cumple 75 años el sábado y apeló a la Corte Suprema.
El Poder Ejecutivo movió una nueva pieza en la disputa por la integración de la Cámara Federal de Comodoro Py, la instancia de apelaciones que ordena o frena el destino de las causas judiciales más sensibles para el Gobierno. Javier Milei giró al Senado los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para dos de las vacantes del tribunal, en la misma semana en que uno de sus jueces actuales, Martín Irurzun, corre contra el reloj para no tener que abandonar el cargo por límite de edad.
Bertuzzi es, desde hace años, uno de los camaristas del tribunal y se anotó en el concurso por su propio puesto para poder continuar. Yadarola, en cambio, llega desde el fuero penal económico y tiene trato fluido con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques: ambos compartieron un viaje a Lago Escondido con directivos de Clarín que derivó en una imputación en Bariloche, causa que terminó archivada cuando el expediente se trasladó a los tribunales porteños.
La apertura de esas dos vacantes no es un dato menor: responde a que la Corte Suprema obligó a llamar a concurso los asientos que hasta ahora ocupaban Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, dos de los jueces que Mauricio Macri había instalado en la Cámara por decreto y cuya permanencia definitiva el propio máximo tribunal puso en duda. Bertuzzi logró quedar entre los finalistas para retener su lugar; Yadarola se postuló para el asiento que Bertuzzi dejaría vacante apenas obtenga el aval del Senado.
El otro frente abierto en ese mismo tribunal tiene a Irurzun como protagonista. El magistrado, con tres décadas en la Cámara, pidió el año pasado que se le renovara el mandato por cinco años más, tal como permite la Constitución reformada en 1994 una vez cumplidos los 75. La Casa Rosada dejó pasar el pedido sin girar el pliego correspondiente al Senado, y frente a ese silencio Irurzun fue a la Justicia: cuestionó que la reforma constitucional pudiera fijarle una fecha de vencimiento a su independencia como juez y reclamó que se frenara la aplicación de esa regla mientras se resuelve el planteo de fondo.
Los tribunales de primera y segunda instancia le dieron la espalda al reclamo, así que ahora Irurzun apunta directo a la Corte Suprema, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, a través de un recurso extraordinario. Este lunes, la Cámara en lo Contencioso Administrativo debía decidir si le da curso a ese camino o si lo traba, con un cronograma que corre en contra: el juez cumple 75 años el próximo sábado y, si no llega antes una prórroga firmada, deja el cargo de manera automática, con la vacante bajo la órbita del Consejo de la Magistratura para un nuevo concurso.
El resultado de estas dos disputas no es un detalle administrativo. Por la Cámara de Comodoro Py pasan, entre otros, el expediente por el presunto sobreprecio y direccionamiento en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad, con Diego Spagnuolo procesado; la causa $LIBRA, que tiene como investigados a Milei y a su hermana Karina por la promoción de la criptomoneda; y la pesquisa por el patrimonio de Manuel Adorni, el exvocero presidencial. De prosperar sus pliegos, Bertuzzi y Yadarola compartirían tribunal con Mariano Llorens, Roberto Boico y Eduardo Farah.
El movimiento sobre Comodoro Py se inscribe en un despliegue más amplio de Mahiques al frente de Justicia: en apenas cuatro meses de gestión llevó a 175 los pliegos girados al Senado, que ya convirtió 76 en designaciones y podría sumar otros 26 en su próxima sesión, además de los 55 nombramientos que el propio Ejecutivo resolvió por decreto. La meta oficial es llegar a 300 designaciones. En el camino, Milei también optó por no firmar al menos cuatro pliegos que ya tenían media sanción del Senado, entre ellos el de la jueza María Verónica Michelli, descartada por su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon.
A la par de Bertuzzi y Yadarola, la Casa Rosada envió otras cuatro postulaciones al Senado: Valeria Alejandra Rico y Santiago Juan Schiopetto para los Tribunales Orales en lo Criminal Federal 4 y 6 porteños, Ramiro Velasco para ese mismo Tribunal Oral 6, y Sergio Buitrago para el Juzgado Civil 26 de la Capital.

El Presidente encabezó la segunda cumbre con diputados y senadores libertarios en menos de dos semanas para avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las iniciativas que el oficialismo considera clave para consolidar el modelo antes de 2027.
Apenas doce días después del primer encuentro convocado tras la salida de Manuel Adorni, Javier Milei volvió a reunir este lunes a diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada. El encuentro, que se extendió durante buena parte de la tarde en el Salón Héroes de Malvinas, tuvo un objetivo concreto: comenzar a delinear la estrategia parlamentaria para aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las iniciativas que el Presidente considera más trascendentes de todo su programa económico.
La reunión estuvo encabezada por Milei junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contó además con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La foto volvió a mostrar a la nueva mesa política del oficialismo apenas dos semanas después del recambio de gabinete.
En la Casa Rosada reconocen que la estabilización macroeconómica y la estrategia electoral forman parte de un mismo plan. “La prioridad es la reelección”, sintetizan cerca de Karina Milei. Bajo esa lógica, buena parte del paquete legislativo que impulsa el oficialismo busca blindar el programa económico antes de que comience la campaña de 2027. La reforma del Banco Central ocupa un lugar central dentro de ese esquema, junto con la eliminación de las PASO, la reforma política, las modificaciones al régimen de Zona Fría y los cambios previstos para la ley de Inocencia Fiscal.
El clima previo fue bastante más relajado que el que predominó durante los meses atravesados por la crisis de Adorni. Antes de ingresar, varios diputados libertarios matizaron la espera con comentarios sobre el Mundial y el partido que le espera a la Selección argentina el miércoles próximo, cuando enfrentará a Inglaterra. “¡El que no salta es un inglés!”, arengó Lilia Lemoine, que formó parte del grupo. Recién después de esos minutos de charla informal comenzó una reunión en la que el Gobierno buscó volver a poner el foco sobre las reformas económicas y dejar atrás definitivamente el escándalo que monopolizó la agenda política durante buena parte del primer semestre.
La convocatoria confirmó el cambio de dinámica que comenzó a instalarse en el oficialismo tras el desembarco de Santilli en la Jefatura de Gabinete. Si durante buena parte del primer semestre la agenda política quedó absorbida por la crisis que derivó en la salida de Adorni, la Casa Rosada intenta ahora recuperar la iniciativa y volver a discutir reformas. La sucesión de reuniones con legisladores, gobernadores y funcionarios forma parte de esa nueva etapa.
La actividad política en Balcarce 50 comenzó varias horas antes del encuentro con los bloques oficialistas. A las 11, Santilli recibió en la Casa Rosada al gobernador de San Luis, Claudio Poggi, uno de los mandatarios con los que el oficialismo mantiene un vínculo más aceitado. Durante la reunión, ambos repasaron la agenda compartida entre la Nación y la provincia y coincidieron en la necesidad de avanzar con todas las iniciativas que impulsa el Gobierno.
La reunión con Poggi volvió a exhibir el papel que Milei espera de su nuevo jefe de Gabinete. Mientras el Presidente concentra sus esfuerzos en el rumbo económico y Karina Milei ordena la estrategia política, Santilli comenzó a desplegar la tarea para la que fue convocado: continuar aceitando los puentes con gobernadores y reunir los apoyos necesarios para que las reformas del oficialismo consigan atravesar el Congreso.
Más que una reunión política tradicional, el encuentro terminó convirtiéndose en una clase magistral sobre el Banco Central. Según reconstruyó elDiarioAR a partir de asistentes, Milei habló durante alrededor de dos horas y media, un tiempo considerablemente menor al de la cumbre anterior, que se había extendido por más de cinco horas entre exposición y pausas. “No fue tan terrible como la vez anterior”, ironizó uno de los presentes al finalizar el encuentro.
El Presidente dedicó prácticamente toda su exposición a explicar los fundamentos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y evitó desviarse hacia otros temas políticos. A diferencia de otras reuniones con legisladores, no recurrió a sus habituales bromas ni derivó en largas digresiones económicas. “No tiró ningún chiste. Habló solamente de esta cuestión del Banco Central”, resumió un legislador.
Aunque el proyecto todavía continúa siendo elaborado por los equipos del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, Milei detalló cuáles serán sus principales ejes. Según los asistentes, la iniciativa buscará revertir aspectos de la reforma impulsada durante la gestión de Martín Guzmán, impedir por ley que el Banco Central vuelva a financiar al Tesoro o distribuya utilidades contables sin respaldo y endurecer los mecanismos para la remoción de sus autoridades. El propósito, sintetizó uno de los participantes, es “brindarle al Banco Central un nivel de estabilidad y de independencia mucho mayor”.
El Presidente también anticipó que la modificación de la Carta Orgánica estará acompañada por un conjunto de iniciativas complementarias. Entre ellas volvió a mencionar la denominada “ley de shutdown”, con la que pretende impedir que el Estado continúe ampliando el gasto una vez agotadas las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso. En el oficialismo descuentan que el paquete comenzará a debatirse después del receso parlamentario y que la reforma del Banco Central tendría su punto de partida en el Senado.
En ese sentido, varios legisladores se retiraron del encuentro con la idea de que la reforma del Banco Central será uno de los principales ejes del segundo semestre. “El Presidente expuso los fundamentos para la reforma, fue muy interesante. Va en línea con generar una economía que vaya hacia adelante y que pueda sostener el equilibrio fiscal. Estaremos esperando que llegue el proyecto”, sostuvo el senador Pablo Cervi al abandonar la reunión.
“El Presidente nos explicó la relevancia que tiene la reforma para volver atrás con el desastre que hizo [la titular del Banco Central en tiempos del kirchnerismo, Mercedes] Marcó del Pont”, resumió, por su parte, el diputado Damián Arabia. Según relató, el mandatario sostuvo que aquella modificación sirvió “únicamente para utilizar las reservas del Banco Central y que se financiara el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con las reservas de todos los argentinos”. Como síntesis del proyecto, Arabia aseguró que Milei insistió en una idea que atraviesa toda la iniciativa: “El Banco Central tiene que tener una sola misión: preservar el valor de la moneda”.
La reforma tiene una fuerte carga simbólica. Antes de llegar a la Casa Rosada, una de las principales banderas políticas de Milei era “dinamitar” el Banco Central, al que responsabilizaba por la inflación crónica de la Argentina y definía como “una estafa”. Hace varios años, en su obra de teatro, El Consultorio de Milei, incluso rompía una piñata con la forma del edficio ubicado en Reconquista 266. “¡Hijo de puta! Vos fuiste creado para cagarle la vida a los argentinos. ¡La locura no es que no existas, la locura es que existas!”, gritaba Milei sobre el escenario, antes de molerla a golpes.
Dos años y medio después de asumir la Presidencia, aquella “misión de vida” mutó a un objetivo mucho más modesto: ya no eliminar la institución, sino rediseñarla para limitar por ley el margen de acción de los futuros gobiernos y convertir la independencia de la autoridad monetaria en uno de los pilares permanentes de su programa económico. Todo puede resurmise en aquel célebre slogan de campaña estadounidense, reversionado: Es la política, estúpido.
PL/CRM

La propuesta, expuesta en un encuentro de dos horas en la Casa Rosada, busca reforzar la independencia del organismo monetario y modificar su funcionamiento.
El presidente Javier Milei presentó este lunes ante diputados y senadores de La Libertad Avanza los principales lineamientos del proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una de las iniciativas económicas que el Gobierno considera centrales para consolidar su programa de estabilización e impedir que futuras administraciones vuelvan a financiar el gasto público con emisión monetaria.
La propuesta busca reforzar la independencia del organismo monetario y modificar el funcionamiento vigente desde la reforma impulsada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Estos son los ejes principales del proyecto:
La iniciativa establece que el objetivo prioritario del BCRA será preservar el valor de la moneda. El Gobierno pretende eliminar el esquema actual, que le asigna múltiples finalidades, al considerar que eso debilitó la política monetaria y favoreció la inflación.
Uno de los cambios centrales será impedir que el Banco Central vuelva a asistir al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria, ya sea con adelantos transitorios u otros mecanismos. Para la administración de Milei, esa práctica fue una de las principales causas del proceso inflacionario de las últimas décadas.
El proyecto busca blindar la autonomía del BCRA para reducir la influencia del Poder Ejecutivo sobre las decisiones de política monetaria. La intención oficial es que el organismo pueda actuar con mayor independencia respecto del Gobierno de turno.
La reforma también apunta a restringir las herramientas que permitan expandir la base monetaria con fines fiscales. Según explicó Milei a los legisladores, el objetivo es evitar que la emisión vuelva a utilizarse como mecanismo de financiamiento del Estado.
El Gobierno considera que la modificación de la Carta Orgánica constituye una condición necesaria para dar previsibilidad a largo plazo y evitar que futuras administraciones reviertan el rumbo económico mediante cambios discrecionales en la política monetaria. Por ese motivo, el oficialismo buscará convertir la reforma en una de las prioridades legislativas de los próximos meses.
El presidente Javier Milei encabezó este lunes un encuentro con diputados y senadores de La Libertad Avanza para analizar los detalles del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) tendiente a dejar atrás “91 años de estafa a los argentinos”, según indico, y que pronto enviará al Congreso para su tratamiento.
El encuentro se desarrolló en Casa Rosada y duró más de dos horas. El Presidente se dedicó a brindar una “master class” acerca de la iniciativa. “Con muchos detalles del texto, muy didáctico, explicó todo”, dijo uno de los presentes en el Salón Héroes de Malvinas ante este medio ni bien finalizó la exposición presidencial.
Durante el encuentro, el mandatario se explayó sobre la iniciativa, que busca reformar la Carta Orgánica del BCRA y dejar atrás un esquema que, según sostuvo, “lleva 91 años de estafa a los argentinos”, se indicó en un comunicado.
Asimismo, señaló que el proyecto también procura revertir los cambios introducidos en la última reforma de la Carta Orgánica impulsada durante la presidencia de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central.
El mandatario explicó que la iniciativa se estructura sobre los siguientes ejes principales: establecer que la única función del Banco Central sea preservar el valor de la moneda. Ese será su único objeto y mandato; prohibir el financiamiento del Tesoro Nacional y prohibir la creación de Letras Intransferibles del Tesoro.
También fortalecer el esquema de gobernanza de la entidad, incorporando mecanismos institucionales que otorguen mayor estabilidad a sus autoridades y eleven los requisitos para la remoción del presidente y del directorio y restringir la distribución de utilidades del Banco Central, salvo en circunstancias excepcionales previstas por la ley, como escenarios de deflación.
Además busca endurecer el régimen de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que, de manera directa o indirecta, utilicen al Banco Central para financiar el déficit fiscal del Tesoro Nacional mediante la emisión monetaria.
El método de presentación que eligió el jefe de Estado es habitual en él cuando debe explicar proyectos. Se siente cómodo en el formato clase y cree que puede dar cuenta de cuestiones complejas de manera sencilla de esta manera.
A la salida de Casa Rosada, la diputada nacional Julian Santillán expresó sobre el evento: “Fue una excelente clase sobre la reforma política y de la Carta Orgánica. El Presidente explicó las reformas, que apuntan a que ya no se pueda financiar al Tesoro, se habló también de la cuestión de la batalla cultural y de la eliminación de las PASO”.
También le hemos hecho preguntas al Presidente. Es una reforma histórica la que se va a tratar en el Congreso“, completó. Además de Milei, estuvieron la secretaria general de la presidencia Karina Milei, el titular del BCRA Santiago Bausili, el ministro de Economía Luis Caputo y Desregulación Federico Sturzenegger, el jefe de Gabinete Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; la senadora Patricia Bullrich; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
En relación a la modificación de la carta orgánica del BCRA, la semana pasada, en una entrevista radial, el economista dejó varias pistas del texto. Desde su visión, es determinante terminar con el concepto de que a la política monetaria se le pueden asignar “múltiples objetivos”. “Es una declaración de ignorancia”, sostuvo, en referencia a la Carta Orgánica vigente desde 2012, impulsada durante el kirchnerismo.
Luego se encargó de aclarar otros tres ejes que buscan garantizar, precisamente, que el Banco Central pueda cumplir con ese objetivo.
“El segundo punto es la prohibición total y absoluta de financiar al fisco, porque toda la decadencia argentina deriva del déficit fiscal. Esto de gastar más de lo que tenemos alegando que se preocupan por la gente... Con esa estupidez sensiblera generaron déficit fiscal durante 123 años y le arruinaron la vida a los argentinos”, sostuvo.
Con información de NA.

El objetivo es aprobarlo el 6 de agosto en el Senado, como un gesto hacia el radicalismo en el medio de la negociación por la suspensión de las PASO. Bullrich negoció cambios con los aliados y el proyecto no afectará solo las denuncias por violencia de género. Lo que dicen las estadísticas y las advertencias sobre la criminalización de las mujeres que denuncian.
El oficialismo y sus aliados decidieron avanzar definitivamente con la aprobación del proyecto que endurece las penas para las falsas denuncias en casos de violencia de género. Esta iniciativa, que es impulsada por Carolina Losada, viene siendo cuestionada por organizaciones feministas y de derechos humanos por criminalizar a las mujeres que denuncian situaciones de violencia. Las críticas llevaron a que Patricia Bullrich durmiese el tema por unos meses, pero volvió a la carga: la jefa del oficialismo está decidida a hacer buena letra con los aliados para poder suspender las PASO y anunció que convocará a una sesión el 6 de agosto para aprobar el proyecto.
El proyecto de Losada aumenta las penas de dos delitos que ya existen en el Código Penal: el de denuncia falsa (art. 245) y el de falso testimonio (art. 275). Y lo hace partiendo de la hipótesis, muy difundida en los grupos antifeministas, de que existe una emergencia de falsas denuncias por violencia de género que amerita un endurecimiento de las penas para convertirlos en no excarcelables. “Las denuncias falsas arruinan vidas. Utilizan recursos del Estado para su investigación y las penas existentes hoy son, prácticamente, inexistentes”, argumentó Losada, durante el debate en comisión del Senado.
El rechazo generalizado que despertó la iniciativa, sin embargo, la obligó a cambiar los planes. La versión original fue redactada por Andrea Guacci, la esposa de Diego Guacci, el entrenador de la Selección femenina de fútbol que, en 2021, fue denunciado por abuso y acoso sexual por cinco jugadoras. Proponía un aumento de las penas específicamente para las denuncias vinculadas a la violencia de género, abuso sexual y violencia contra las infancias, lo que despertó una oleada de advertencias de grupos de abogadas y de supervivientes que advertían que, de aprobarse, la iniciativa desincentivaría las denuncias por un tipo de delito que tiene un elevado subregistro.
En efecto, según datos oficiales, sólo el 18% de las víctimas de femicidio denunciaron previamente situaciones de violencia (Corte Suprema, 2024). Los delitos contra la integridad sexual, mientras tanto, son el delito violento menos reportado: solo el 12,5% de las víctimas lo denuncia (INDEC, Encuesta Nacional de Victimización, 2018).
Frente a estas impugnaciones, Losada y Bullrich negociaron modificaciones con el resto de los bloques aliados. El cambio más importante es que el aumento de las penas por falso testimonio y denuncia falsa no será ya solo para los casos de violencia de género, sino que se amplía para otros delitos. Según el borrador al que accedió eldiarioAR, en el caso de que la imputación hubiera sido sobre delitos dolosos graves o que tuviesen como víctimas a menores de edad, la pena será de 2 a 5 años de prisión. Y, si la denuncia hubiera derivado en la restricción judicial de “derechos de carácter patrimonial o familiar”, la pena será de 3 a 6 años de prisión.
El texto de la ley no lo dice, pero la última pena dialoga directamente con una de las narrativas que sostienen los grupos que hacen lobby contra las denuncias falsas: que son estrategias de las madres para separar a los padres de sus hijos. Un mecanismo que, según advirtieron durante las audiencias en el Senado muchas “madres protectoras”, suele utilizarse como estrategia discursiva en los juicios por abuso sexual infantil.
“Esta ley viene a consolidar algo que se da en las sombras. Porque en los expedientes los abogados vienen ya planteando, como estrategia judicial, que hicimos una falsa denuncia por despecho, por venganza o por un supuesto beneficio económico”, advierte, en diálogo con eldiarioAR, Daniela Dosso, una “madre protectora” que denunció a su ex pareja por el abuso sexual de su hijo Martín, cuando tenía 7 años. Y agrega: “Con esta ley tienen una herramienta valiosísima no solo para lograr la impunidad, sino también para vengarse y criminalizar a quienes han querido poner un límite y han denunciado”.
Estas advertencias permearon al interior del bloque radical y de los otros bloques aliados, que se resistieron a acompañar el proyecto original. Con los nuevos cambios, sin embargo, Losada espera poder conseguir el número a principios de agosto, que es cuando Bullrich se comprometió a llevar el tema al recinto.
La jefa del oficialismo en el Senado no es una gran defensora de la iniciativa en la intimidad, según advierten interlocutores de la oposición que intentaron convencerla para bajar el proyecto. Pero el escenario cambió con las nuevas modificaciones y con la aparición de una urgencia política más importante: la necesidad de hacer buena letra entre los radicales para conseguir sus votos para la suspensión de las PASO.
“Esto debería ser algo que se apruebe por unanimidad. Ojalá el kirchnerismo se decida acompañar porque afecta a mucha gente”, afirmaron desde el despacho de Losada.
El argumento de Losada y las organizaciones que impulsan el proyecto parte de la premisa de que existe un aumento significativo de las denuncias falsas que, por un lado, le están arruinando la vida a las personas denunciadas –en su mayoría hombres– y que, por el otro, obturan el funcionamiento del Poder Judicial. Los datos oficiales, sin embargo, muestran lo contrario.
Según un informe realizado por el Observatorio de Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal (MPF), el delito de falsa denuncia es un “fenómeno marginal” que sólo explica el 0,09% del total de causas penales registradas. El relevamiento analizó más de ocho millones de investigaciones penales registradas en 17 jurisdicciones durante los últimos tres años y concluyó que no existe un fenómeno criminal que justifique el endurecimiento de las penas. “La falsa denuncia representa una causa aproximadamente cada mil en el sistema penal. El falso testimonio, aproximadamente una causa cada cuatro mil”, grafica.
“La instalación de la idea de una supuesta proliferación de denuncias falsas no solo carece de sustento empírico, sino que además genera efectos regresivos: desalienta la denuncia, refuerza estereotipos de género y contribuye a la deslegitimación de la palabra de las mujeres víctimas”, advirtieron, a través de un comunicado publicado en abril, el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina.
El proyecto girará al recinto después de las vacaciones de invierno, cuando comience el verdadero debate por la eliminación de las PASO.
MCM/CRM