Comandante Nicanor Otamendi

Noticias de Buenos Aires

Un nene de 6 años murió electrocutado mientras se lavaba las manos: no tenía acceso a agua de red ni una conexión eléctrica regular

Tenía 6 años y no tenía agua de red, ni cloacas, ni acceso regularizado a la energía eléctrica. O. López, el nene, murió electrocutado este domingo a la noche: una descarga eléctrica lo mató mientras intentaba lavarse las manos. Vivía en 28 de Octubre, un barrio vulnerable de Ciudad Evita, La Matanza, que mide cinco manzanas y en el que hay 150 familias. Era el mayor de cuatro hermanos y vivía bajo la línea de pobreza, como el 54,3% de los niños y las niñas de hasta 14 años en la Argentina.

“El nene -su identidad no es revelada por pedido de la familia- murió el domingo a la nochecita. El padre le dijo que fuera a lavarse las manos y, como no hay agua de red que llegue a cada familia, hay canillas comunitarias para ir a cargar baldes. En el camino, no se sabe si porque se confundió o porque intentó lavarse con el agua acumulada allí, metió las manos en el lavarropas y allí sufrió la descarga eléctrica que lo mató. Había una chapa apoyada en el lavarropas y lo que suponemos es que había un cable pelado tocando todo eso que produjo un cortocircuito”, describe Daniela Zárate, directora de la región Oeste de la ONG Techo. “Su muerte es un cruce de vulnerabilidades: falta el acceso al agua y falta el acceso a una conexión regular de energía”, remata.

En un comunicado, esa organización cita al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que da cuenta de que sólo en La Matanza existen 129 asentamientos precarios. En el 72% de los casos no cuentan con agua potable, y la falta de conexión eléctrica segura alcanza al 80% de esos barrios vulnerables.

Según pudo averiguar este elDiarioAR, una vecina intentó reanimar al nene y, en un auto, intentaron trasladarlo a un hospital, pero no llegaron a estabilizarlo. “Todos los días, miles de familias que habitan en barrios populares deben enfrentar la precariedad y falta de acceso a servicios básicos regulares y seguros que los exponen a riesgos extremos”, describe el comunicado de Techo.

“El barrio existe hace tres años, y hace seis meses Edenor conectó de manera regular una cuadra de las cinco manzanas que tiene. El resto se va enganchando a esa primera conexión”, sostiene Zárate. Según pudo confirmar este diario a través de referentes de barrios populares y de fuentes oficiales, las empresas de abastecimiento de energía eléctrica están obligadas a hacer el tendido regular eléctrico hasta el ingreso a los barrios, y desde allí, la responsabilidad del tendido en calles internas es del Estado.

Ante la consulta de elDiarioAR y en ese sentido, Fabiola Rodrigues, vocera de Edenor, explica: “En el marco de un barrio popular, Edenor no tiene intervención”. Este diario también contactó a fuentes del Municipio de La Matanza pero no obtuvo respuestas.

“Las familias que viven en el barrio ya habían hablado con el municipio por la falta de acceso a agua y energía eléctrica. Les dijeron que los iban a ayudar pero, más allá de esa primera palabra que dan en el momento, siempre es muy difícil que el municipio efectivamente accione”, describe la referente de Techo.

“Las irregularidades en el acceso regular a la energía eléctrica pueden producir catástrofes. Ocurre sobre todo en invierno, porque las familias se calefaccionan con lo que pueden y eso supone peligro. En este caso, fue el cruce de tener cerca un cable pelado y ninguna canilla razonable a la que ir a lavarse las manos”, cuenta Zárate. “Estas tragedias deben ser visibilizadas porque pueden repetirse”, advierte. Sólo en La Matanza, por lejos el distrito más grande de la provincia más grande de la Argentina, hay otros 128 barrios en condiciones precarias.

JR

Asesinaron a puñaladas a un adolescente para robarle el celular cuando se dirigía a la escuela en Quilmes

Un adolescente de 17 años fue asesinado este miércoles de una puñalada en el pecho cuando salía de su vivienda de la localidad bonaerense de Ezpeleta, partido de Quilmes.  Las primeras informaciones arrojaron que el crimen fue cometido por un joven que le robó el celular y la bicicleta. Por el hecho, hay tres detenidos.

El episodio ocurrió cerca de las 7.50 cuando el estudiante, identificado como Lucas Iván Cancino (17), salía de su casa ubicada de la calle Combate Naval de Quilmes, entre Lugones y Ascasubi, de ese distrito de la zona sur del conurbano.

Las fuentes precisaron que el adolescente estaba por salir rumbo a la escuela cuando fue atacado por un hombre que le aplicó una puñalada con el presunto fin de robarle sus pertenencias, entre ellas la bicicleta.

De acuerdo a los primeros datos obtenidos en la escena del crimen, el estudiante sufrió una herida mortal en el tórax.

Según informaron testigos a LN+, tras el ataque la víctima intentó regresar caminando hasta su casa, ubicada a pocas cuadras, pero se desplomó en la entrada a causa de la gravedad de la lesión.

"La abuela estaba dejando unos bidones en la vereda y el chico le dijo que le habían robado. Tenía la mochila y hasta el celular. Él se la entregó. La bicicleta se la habían regalado hacía un mes, contaba su mamá. Eran dos, dejaron tirada la bicicleta y se fueron corriendo para abajo", le contó a Clarín Víctor Hugo, vecino del barrio (72).

En horas del mediodía fueron detenidas tres personas por el asesinato de Lucas Cancino, en el barrio Naval de Quilmes. Por este hecho, el ministro de Seguridad de provincia, Sergio Berni, y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se reunieron durante las primeras horas del día para hacer un seguimiento de la causa y el accionar policial hasta que fueron aprehendidos los presuntos responsables del hecho.

Desde el Municipio se acompañó a la familia desde un primer momento, colaborando en todos los aspectos que fueran necesarios, y junto al gobierno provincial pusieron a disposición de la Justicia todas las herramientas disponibles.

Por respeto a la familia del joven asesinado, la Intendenta suspenderá su agenda pública por 72 horas.

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires cargó las tintas sobre la Justicia: "Siempre lo mismo. Personas con antecedentes que ya estuvieron presos. Uno de ellos, el 26 de mayo fue preso por el delito de robar una bicicleta. Otro de ellos entró detenido el 24 del 7 a las 20.12 por robo calificado con uso de arma. ¿Saben en cuánto salió? En menos de 4 días", reclamó el funcionario bonaerense.

Además, Berni señaló que "más allá de la responsabilidad que nosotros tenemos y de lo que estamos haciendo, me parece que en la Argentina está bárbaro que discutamos el sexo no binario, pero alguien tiene que discutir cómo una persona que fue presa y detenida por el uso de armas, en cuatro días salió en libertad. Todos sabemos que se empieza robando algo menor y a veces terminamos con una muerte desgraciada. Fue casi una intencionalidad de matar por el solo hecho de matar. En la Argentina tenemos que discutir que hacemos con estas personas", reclamó.

Con información de agencia Télam

AB

Roberto Feletti pidió a empresarios congelar los precios de 1200 productos hasta enero

La Secretaria de Comercio de la Nación a cargo de Roberto Feletti acordó con directivos de empresas de consumo masivo, una ampliación del congelamiento de precios de los principales productos alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza por 90 días.

“Se solicitó mantener los mismos precios de alimentos y bebidas que tenían el 1º de octubre hasta enero”, indicaron a elDiarioAR fuentes del sector que participaron de la reunión.

La iniciativa amplía de 670 a 1200 productos del plan Precios Cuidados, que incluye artículos de la canasta básica alimentaria.

La diputada nacional, Fernanda Vallejos, hizo referencia a la determinación de la Secretaría de Comercio en su cuenta de Twitter: "Aplaudo la decisión de @RobertoFeletti, quien anunció a los empresarios el congelamiento de precios de productos de consumo masivo (alimentos, bebidas, art. de tocador y limpieza) hasta el 1 de enero de 2022. Tiene razón el secretario: HAY QUE CRECER POR CANTIDAD, NO POR PRECIO."

Y siguió: "Corresponde, con 40% de la capacidad instalada ociosa y 10% de desocupación, movilizar la producción, para atender la postergada demanda de nuestro pueblo trabajador. Carece de fundamento, frente a esta realidad económica, la escalada de precios a la que venimos asistiendo".

Desde las 10 de este miércoles, comenzaron las reuniones de Feletti con representantes de la industria de alimentos, productos de limpieza y de higiene personal. Entre ellos, la Asociación de Supermercados Unidos, la Cámara Argentina de Supermercados, Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios; la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas y la Federación de Almaceneros.

Previo a los encuentros, el designado secretario de Comercio Interio, sostuvo que el objetivo de su gestión será "bajar el peso de la canasta básica alimentaria en el salario", para "recuperar ese legado del peronismo donde el pueblo comía más o menos lo que quería".

AB

Feletti: “El equilibrio social depende de que baje la presión de los alimentos sobre el salario”

 “Aparear la política de ingresos del Gobierno con la política de precios”. Ese es el objetivo central que Roberto Feletti se trazó en su llegada a la Secretaría de Comercio Interior y que buscó impulsar este miércoles con su primera decisión oficial: retrotraer al 1° de octubre los precios de una canasta de 1.245 productos y mantenerlos congelados hasta el 7 de enero próximo. Para el flamante secretario, el éxito de su gestión será central para la suerte del Frente de Todos. Consideró que el “equilibrio social” depende de una mejora de la relación entre los precios y los salarios y aseguró que la medida contribuirá a bajar la inflación, además de aportar a “una salida de consumo” a la pandemia. 

Para cumplir con su objetivo, Feletti dijo que tomará como referencia un indicador que compara el valor que define Indec para la Canasta Básica Alimentaria de un adulto equivalente con el salario promedio de los trabajadores registrados, que se puede consultar el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Según dijo, al inicio de la gestión (en diciembre de 2019) la canasta básica representaba el 9% de ese salario y ahora representa el 11%, a pesar de los aumentos definidos en paritarias. “El equilibrio social de la Argentina depende de que esta presión sobre el salario por parte de los alimentos baje”, sentenció en una reunión con periodistas de la que participó elDiarioAR. 

La canasta de productos congelados (Feletti prefiere evitar ese término y decir “estabilizados”) incluye a los 670 de Precios Cuidados y también los 70 de Súper Cerca, a los que se le sumaron otros ítems de alimento, limpieza y cuidado personal. Así, la medida también significa una renovación del programa Precios Cuidados, vencido desde el 7 de octubre pasado, pero esta vez sin aumento.  

Se trata de un acuerdo que el secretario cerró en dos reuniones previas a la rueda de prensa. Una que comenzó a las 10 de la mañana y fue con productores de bienes de consumo masivo y una segunda con la cadena de comercialización, que incluyó supermercados, mayoristas y representantes de almaceneros. “Nadie dijo que no”, aseguró sobre los términos definidos y agregó que los empresarios “entendieron” y “hay consenso en que es necesario bajar la escalada de inflación”. 

Las empresas recibieron la instrucción de enviar, a lo largo de la jornada de este miércoles, un listado con sus productos y los precios correspondientes al 1° de octubre, firmado por el apoderado legal. Además, Feletti dijo que su agenda continuará con reuniones con los ministros de Producción de las provincias, con intendentes y con sindicatos y organizaciones sociales para comunicar y “bajar” la norma a las góndolas. 

Según el diagnóstico de Feletti —que se presentó flanqueado por sus subsecretarios Débora Giorgi y Antonio Mezmezian, ambos exfuncionarios del kirchnerismo— el último trimestre del año será de “expansión”. Estará impulsado por el cobro del medio aguinaldo, la aplicación de porcentajes definidos en paritarias, vacaciones, fiestas y una mayor circulación derivada de la baja de contagios. “Las expectativas de mayor consumo no pueden frustrarse por una suba de precios”, señaló. Feletti recogió una definición que ya había vertido por la mañana Fernanda Vallejos en sus redes sociales al celebrar la medida y dijo que las empresas tienen que “crecer por cantidad y no por precios”. 

Según la posición oficial, el congelamiento no tiene por qué generar inflación futura y aumentar la presión a principios del año próximo. “Actualmente las firmas trabajan al 61% de su capacidad instalada, la presión se empieza a generar cuando se llega al 80% porque se requiere mayor inversión”, dijo. De hecho, Feletti espera que en esta oportunidad la vieja receta del congelamiento de precios funcione porque “el contexto es distinto”: no tenemos una economía “sobreexpandida”, como en oportunidades anteriores, sino “subexpandida”. 

En su nuevo rol de funcionario, Feletti señaló que su tarea no es "hablar de economía" ni referirse a la supuesta multicausalidad de la inflación, sino que le toca “definir una política de precios”. Sin embargo, confió en que la medida implementada contribuirá a moderar la suba sostenida de precios. “Es necesario; no queremos frustración a fin de año”, agregó.

El monitoreo de los precios "estabilizados", al menos en los supermercados, se hará a través de los registros online de venta. Según detalló Giorgi, si se identifica un precio más alto que el listado, se llamará a las firmas para alertar sobre la situación y solicitar que lo adecuen. No habrá sanciones nuevas, sino las que ya están vigentes para incumplimientos por Precios Cuidados y la Ley de Góndolas. Además, se controlará que haya abastecimiento y que se mantengan las bonificaciones vigentes de distribuidores a comercializadores para que no se alteren los precios. 

DT

Córdoba: en un fallo novedoso condenaron a una banda de proxenetas a indemnizar con $ 31 millones a 25 víctimas de trata

Entre los años 2001 y 2012, una banda de proxenetas sometió a 25 mujeres de bajos recursos, quienes fueron explotadas laboral y sexualmente en lapsos de un día hasta los seis años. Los delincuentes, dos varones y cinco mujeres, gracias a un acuerdo firmado con la Justicia federal de Córdoba, fueron sentenciados hoy a penas de hasta cuatro años de prisión y -lo novedoso- deberán indemnizar a sus víctimas con una suma de $ 31 millones.

Hace una semana, el fiscal federal Carlos Gonella acordó que los siete acusados aceptaran el monto de las penas que la jueza Noel Costa del Tribunal Oral Federal N° 2 les impuso esta mañana en un juicio abreviado -reconocieron su culpabilidad en la explotación de las 25 mujeres, y del lavado de activos provenientes del delito de trata de personas con el fin de su explotación sexual-; además de ofrecer diversos bienes como propiedades y vehículos de alta gama para ser rematados y cubrir el monto de las indemnizaciones. 

En plena crisis de 2001, con el país incendiado y sin horizonte a la vista, mujeres jóvenes cayeron ante la tentación de dinero rápido: trabajar como coperas, un eufemismo con que los proxenetas llamaron a las prostitutas que contrataron para sus whiskerías Faraón, Macarena, Play Man, Candela y un quinto local sin nombre de fantasía, todos ubicados en las inmediaciones de las calles La Rioja y Tucumán, en pleno centro de esta Capital.

Aprovechando la crisis que atravesaba el país, Fabio Ricardo Barey (49) -conocido en Córdoba como “El zar de la prostitución”- y su hermano Daniel Alejandro Barey (42); montaron esta red de trata y explotación sexual que funcionaba a plena luz del día, con locales públicos y a la calle. La banda, además estaba integrada por la madre de los Barey; Mafalda Edith Ceballos (73); una tía, Selva del Valle Ceballos (81); María Cristina Andino (48); Marcela Elizabeth Guzmán (47) y Graciela Mabel González.

Dos décadas después de haber iniciado esta empresa de explotación sexual, los sospechosos fueron condenados y deberán indemnizar a las 25 mujeres con montos que llegan a más de $ 5 millones. De las 25 víctimas explotadas entre 2001 y 2012, hay cuatro que sólo trabajaron un día en los departamentos y whiskerías comandadas por los hermanos Fabio Ricardo Barey y Daniel Alejandro Barey; mientras que hay otras dos víctimas que fueron explotadas durante seis años, siendo las que mayor período pasaron bajo las órdenes de esta organización. Las cuatro primeras mujeres serán indemnizadas con $ 2.614; mientras que las últimas dos, que pasaron la mayor cantidad de tiempo ejerciendo la prostitución en los locales del centro cordobés, serán resarcidas con $ 5.777.046.

La semana pasada, el fiscal Carlos Gonella, la cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Alejandra Mangano; y especialistas de la Dirección Nacional de Recupero de Activos de la Procuración General de la Nación; acordaron con los defensores de los imputados, el mecanismo de indemnización a las víctimas, como parte de su reparación integral.  

“Acá hay que destacar la labor del fiscal Enrique Senestrari, que fue un adelantado y ya en 2014 había planteado reparar económicamente a las 25 víctimas con dinero secuestrado a sus explotadores. La reparación económica es un primer paso; a estas mujeres vulnerables y vulneradas hay que devolverles la dignidad, y para eso hay que hacer un abordaje integral que incluye asistencia psicológica, financiera, acceso a la vivienda y a un empleo; contención a las víctimas y a sus hijos, entre otras medidas tendientes a que estas mujeres lleven una vida digna”, señaló el fiscal Gonella a elDiarioAR.

Para pagarles a las 25 víctimas del clan Barey un desembolso total de $ 31 millones, la Justicia rematará un chalé en calle Carlos Becú al 2700 de barrio Jardín, cerca de la Ciudad Universitaria; un departamento en calle Roma al 1.100 de barrio General Paz y los locales donde funcionaron las whiskerías en calle La Rioja, pleno centro de esta Capital. Además se subastarán cinco vehículos: un Audi A4, un Audi A3, un BMW, un Suzuki Swift y una Suzuki Vitara.

En una prolija investigación iniciada en marzo de 2012 con el allanamiento a las whiskerías del centro cordobés, el fiscal federal de instrucción Enrique Senestrari determinó que los hermanos Barey “dispusieron, sostuvieron y administraron cinco ‘prostíbulos’ o ‘casas de tolerancia’”; que en todos esos lugares “fueron explotadas sexualmente 25 mujeres, todas ellas de nulos recursos económicos, instrucción incompleta, sin trabajo, residentes en viviendas prestadas y/o muy precarias, casi todas madres solteras o separadas con numerosos hijos a cargo, varias de ellas víctimas de violencia familiar y/o en condiciones de indefensión por diversas circunstancias sociales”.

Senestrari logró demostrar que “para darles trabajo”, los hermanos Barey entrevistaron a las víctimas personalmente o “por expresas instrucciones suyas a través de Brenda Artaza, Adolfo Cordero, José Baracat y Agustín Cabrera Reimondi, quienes eran los encargados de los locales. Como conocían las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres, los procesados les ofrecieron desempeñarse en los bares atendiendo y/o tomando tragos con los clientes para luego prestar los servicios sexuales a los clientes/prostituyentes que así lo pidieran”.

El fiscal investigador señaló además que los proxenetas “les exigían la entrega del 50% del dinero que produjeran y haciéndoles pagar de sus propios bolsillos los gastos de vestimenta, alimentos, medicamentos, carnets sanitarios, etc. Estas exigencias eran aceptadas por las víctimas dado que por su vulnerabilidad no veían otra alternativa que someterse a los designios de los encartados para poder subsistir”.

Con la abundante prueba colectada, el clan Barey fue a juicio; y en octubre de 2014 el Tribunal Oral Federal N° 1, integrado por Julián Falcucci, Jaime Díaz Gavier y José Vicente Muscará absolvió en un polémico fallo a todos los imputados. Sólo fueron condenados los hermanos Barey, por violación a la Ley de Profilaxis, y debieron pagar una multa de $ 50 mil.

Esa vez, hace siete años, los jueces federales Falcucci, Díaz Gavier y Muscará accedieron al planteo del entonces abogado defensor de los Barey, Marcelo Brito, quien pidió que se giren los antecedentes de la causa para que se investigue al fiscal Enrique Senestrari durante la instrucción, al considerar que supuestamente dio la orden de distribuir las recaudaciones de los locales entre las 25 víctimas. Brito había sido fiscal General del gobierno de José de la Sota y estaba abiertamente enfrentado con el fiscal Senestrari, a quién acusó, además de “actuar bajo el amparo de la procuradora general (Alejandra) Gils Carbó”, por solicitar ante el juez que el dinero secuestrado fuera dividido entre las víctimas.

El propio Senestrari había explicado que “yo no determiné nada, quién determinó que se distribuya ese dinero fue el juez de la causa; además, cuando la Justicia actúa en estos centros, no hay capital del explotador o patrón, todo el capital lo generaron las víctimas; por lo que los diversos tratados internacionales sobre los delitos de trata, establecen que el dinero secuestrado debe repartirse entre las víctimas”. El fiscal también aclaró que “las víctimas son rescatadas con lo puesto y muchas veces ese dinero que se les entrega sólo les alcanza para pagarse el pasaje de regreso a sus lugares de origen y para comprar un kilo de carne o un litro de leche a sus hijos”.

En ese juicio de octubre de 2014, el fiscal de Cámara, Maximiliano Hairabedian, había solicitado la pena de 5 años de prisión para los hermanos Barey; además había solicitado la condena en suspenso para la encargada de uno de los locales y la absolución de los otros cuatro imputados.

Un año después, en octubre de 2015, la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó que se realice un nuevo juicio a dos hermanos Barey, aunque en un nuevo tribunal. Senestrari ya había iniciado, además, otra investigación por el delito de lavado de activos. La Cámara, al ordenar un nuevo juicio contra los proxenetas, fustigó a los jueces del Tribunal Oral Federal N° 1 al señalar que “analizó superficialmente el concepto de vulnerabilidad” de las 25 víctimas.

Entre los allanamientos de marzo de 2012 y la sentencia de hoy del Tribunal Oral Federal N°2, los hermanos Barey pasaron en prisión 2 años y siete meses; y ya no se dedican más a la explotación de mujeres, porque en mayo de 2012, dos meses después de ser allanados, el gobernador José de la Sota envió a la Legislatura la Ley 10.060 que prohíbe en todo el territorio provincial la explotación de comercios destinados a la prostitución; además de crear la Secretaría de Lucha contra la Trata. Los hermanos Barey llegaron al juicio en libertad y seguirán libres porque ya cumplieron parte de la pena.

Para pagar su deuda con la sociedad y sobre todo con sus víctimas, Fabio y Daniel Barey cambiaron de abogado defensor y de estrategia penal. La defensa de Brito, quién planteó que los proxenetas no eran explotadores, estuvo cargada de un simbolismo político que no surtió efecto legal y los volvieron a acusar. Esta vez, los hermanos y su madre Mafalda Ceballos admitieron haber comandado una banda de tratantes y explotadores sexuales y accedieron a reparar, en parte, el daño causado; siguiendo los consejos del defensor oficial Rodrigo Altamira. El otro defensor oficial, Julio Aliaga, asesoró en el mismo sentido a la tía de los Barey, Selva Ceballos y a María Cristina Andino, una de las encargadas de los locales. Y los penalistas Luis Obregón y Enrique Pérez Aragón también coincidieron en que sus defendidas Marcela Guzmán y Graciela González debían aceptar el acuerdo propuesto por el fiscal Gonella y la Protex.

El abogado magister José D’Antona, especialista en el combate contra la trata de personas, representante de Susana Trimarco, mamá de Marita Verón y titular de la Fundación María de los Angeles se mostró “muy conforme” con el fallo de hoy: “La verdad que este fallo es una grata noticia. Hay que rescatar efectivamente, por un lado, el minucioso, exhaustivo y muy pormenorizado trabajo del doctor Senestrari en orden a la consecución de los bienes y toda la tarea realizada; estamos ante lo que se llama un juicio de reenvío; el fiscal Gonella, siguiendo la tarea del doctor Senestrari pudo darle forma a tratar de que esto vuelva, no del modo clásico y tradicional con las clásicas condenas; sino que en definitiva haya para las víctimas lo que uno suele tener en perspectiva que, más allá de la punición, la sanción penal; qué más, que va en sintonía con los reclamos de los distintos sectores como la Fundación María de los Angeles, se viene propiciando una reforma de la ley justamente en este sentido, de reparación de las víctimas. Por eso, justamente este fallo de la doctora Noel Costa, que también recogió favorablemente el trabajo de los fiscales, va en exacta y perfecta sintonía con lo que estamos reclamando desde distintos sectores, en orden a una reforma de la ley que, entre otras cuestiones, haga mucho foco en las víctimas y en la cuestión de determinadas situaciones patrimoniales. La verdad es que celebramos este fallo”.

Por su parte, María Amelia Chiofalo, primera secretaria de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas de la Provincia de Córdoba, también aplaudió la investigación de los fiscales Enrique Senestrari y Carlos Gonella y el fallo de la jueza federal Noel Costa: “Ya en 2013, Alfredo Palacios, reconocido diputado socialista, sostuvo que estos delitos de trata y explotación sexual debían incorporarse en el Código Penal y denunció el tráfico que se practicaba con mujeres de aldeas de Rusia: “Jóvenes incautas que traían a nuestro país para venderlas o encerrarlas en los prostíbulos como esclavas”. Eso mismo pasó con estas 25 víctimas que apenas hace una década eran sometidas en pleno centro de la ciudad de Córdoba y a la vista de todos, con carteles luminosos invitando al mal llamado cliente/prostituyente a someterlas. Un siglo después de los dichos de Palacios denunciando lo sucedido con las jóvenes traídas del Este de Europa; pasó lo mismo en nuestra provincia y en todo el país; donde las víctimas son paraguayas, dominicanas, mujeres de otras provincias y de Córdoba, explotadas aquí, en otras regiones o en el extranjero”.

La ex funcionaria le dijo a elDiarioAR que “cuando asumió su tercer gobierno en diciembre de 2011, el gobernador De la Sota tomó la decisión de cortar de raíz este flagelo, y seis meses después, en mayo de 2012, la Legislatura, a instancias del Gobierno de la Provincia de Córdoba sancionó la Ley Provincial 10.060 y su decreto reglamentario 582 con la que se prohibieron los prostíbulos encubiertos como las llamadas whiskerías, cabarés o departamentos privados; lugares de explotación sexual, destino por excelencia de las víctimas de trata de personas”. 

Chiofalo destacó que “el fallo de la doctora Costa y las sucesivas acciones de los fiscales Senestrari, Hairabedian y Gonella le han puesto voz a las voces de estas 25 víctimas, que representan a las miles de víctimas que hoy a lo largo del país y en el mundo sufren el flagelo de la explotación. Todos los días vemos que a fuerza de engaños, amenazas, miedo, abusos, explotación, golpes, violaciones, secuestros y muertes; siguen sumándose víctimas a este sistema explotador. Este fallo, que repara en parte el daño sufrido por estas 25 víctimas, es la voz de miles de mujeres desaparecidas, tratadas y explotadas, despojadas de su humanidad para alimentar la perversa maquinaria de la trata de personas que tritura sus vidas para alimentar la explotación sexual. Es un fallo para sentar precedente y avanzar en más derechos para las víctimas”.

GM