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El Gobierno maquilla el Plan de Inteligencia y dilata la presentación de una ley que reestructure la SIDE
La avanzada reestructuradora del asesor sin firma entró en compás de espera. El Plan de Inteligencia, que había sido cuestionado por abrirle la puerta al espionaje interno, recibió modificaciones. El DNU 941, mientras tanto, continúa firme, pero en el Gobierno no consideran que es una prioridar blindarlo con una ley.
La avanzada reestructuradora de Santiago Caputo en la SIDE entró en un compás de espera. El asesor sin cargo quedó en el ojo de la tormenta tras la filtración del video de Manuel Adorni subiéndose a un avión privado rumbo a Punta del Este, y los rumores sobre un descabezamiento político en la agencia de Inteligencia se multiplicaron. Karina Milei tiene echado el ojo a la SIDE, aunque aún no intervino activamente. Pero una cosa es segura: las dos grandes iniciativas de Caputo en materia de Inteligencia –el nuevo Plan de Inteligencia Nacional y el proyecto de ley que venía a blindar el polémico DNU 941– comenzaron a desinflarse.
El Plan de Inteligencia Nacional (PIN) había sido delineado por el ex titular de la SIDE, Sergio Neiffert, mucho antes de la escena nocturna que reveló elDiarioAR y que implicó, de hecho, la ruptura del conductor político de la SIDE con su alfil en la dirección del organismo. Filtrado por La Nación poco después de su presentación, el PIN de Neiffert despertó las alarmas de la oposición y las organizaciones de derechos humanos por abrirle la puerta a tareas de espionaje interno.
El documento, al que accedió este medio, admitía “producir información” sobre “actores estratégicos” que pretendieran “erosionar el sistema financiero” o generar una “pérdida de confianza” en las políticas económicas del presidente. También habilitaba recabar información sobre “actores estratégicos” que difundieran información falsa de manera deliberada con el objetivo de “influir o manipular” la opinión pública. O, incluso, sobre aquellos “actores, hechos o circunstancias que condicionen, impidan o limiten el relacionamiento estratégico con Estados Unidos”.
Las ambigüedades del PIN, que es lo que define los objetivos generales estratégicos de inteligencia y las acciones operativas para llevarlos a cabo, despertaron un mismo reclamo: sin saber a qué se refería por “actores estratégicos”, cualquier periodista u opositor al Gobierno podía ser sujeto de espionaje interno (algo prohibido por la Ley de Inteligencia). La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia así se lo advirtió a Neiffert y emitió, durante el mes de septiembre, un dictamen crítico al documento. En ese momento todavía la presidía el ex senador Martín Lousteau, que hoy pasó a ocupar una banca en la Cámara de Diputados.
La advertencia de la Bicameral, que es la encargada de supervisar las actividades y recursos del sistema de inteligencia nacional, surtió efecto. Y dos meses después, Neiffert presentó un nuevo PIN que incluía modificaciones sobre algunos de los puntos más conflictivos.
En primer lugar, el nuevo PIN eliminó las alusiones a la alianza estratégica con Estados Unidos e Israel. Un dato no menor en el marco del alineamiento automático de Javier Milei con Donald Trump en la escalada bélica en Medio Oriente. Si bien en la oposición descuentan que la SIDE ya viene trabajando hace tiempo con los servicios de inteligencia norteamericanos e israelíes, el PIN, de momento, no hace mención explícita a producir información sobre actores que perjudiquen la relación de la Argentina con ambos países.
La otra gran modificación es que el nuevo PIN ya no hace ninguna alusión a “actores estratégicos” que pudieran incidir sobre la percepción pública o propiciar escenarios de inestabilidad. Esta era la gran imprecisión que le abría la puerta al espionaje político, según advertían los expertos. “La nueva redacción, en cambio, abandona la individualización de sujetos y focaliza el análisis en conductas, procesos o campañas con origen fuera del ámbito nacional”, explica uno de los integrantes de la Bicameral que tuvo acceso al nuevo documento.
El maquillaje introducido en el nuevo plan de inteligencia representa, para la oposición, una concesión de Neiffert orientada a dejar “todo en orden” antes de su partida. Pero no solo eso: algunos dirigentes que integraron la Bicameral hasta el año pasado –la nueva composición todavía no se oficializó– deslizan que fue Santiago Caputo quien accedió a dar marcha atrás para no tener problemas judiciales. No solo por los cambios en el PIN, que se dieron a conocer en noviembre, sino también por la búsqueda de impulsar una ley que blinde el DNU 941 que reestructuró la SIDE.
“Está preparando el terreno para desaparecer con la menor cantidad de problemas judiciales posibles”, señalaban desde una oficina con vínculos con servicios de inteligencia, donde advierten que el asesor todoterreno está de salida. Los rumores de que Cristian Auguadra, el actual “Señor 5”, tiene los días contados son cada vez más fuertes: un sector del karinismo responsabiliza a Caputo por la filtración del video, por lo que la hermana presidencial ya comenzó a evaluar la posibilidad de desembarcar en la SIDE.
¿Y la nueva ley de Inteligencia?
Tal como anticipó Pedro Lacour hace casi un mes, el Gobierno definió blindar con un proyecto de ley el polémico DNU 941 que reestructuró la SIDE. El objetivo de impulsar una nueva Ley de Inteligencia era doble. Por un lado, otorgarle estabilidad jurídica a los cambios introducidos por el último DNU, que redefinió el alcance de la contrainteligencia, creó nuevas instancias de articulación entre organismos y amplió las facultades operativas de la SIDE. Y, por el otro, sustituir una ley concebida en un contexto completamente distinto. Es decir: la ley sancionada en 2001 había quedado “vieja” y había que actualizarla.
Más allá del interés del Gobierno por aggiornar el sistema de inteligencia argentino a los tiempos modernos, la principal preocupación de Caputo pasa por otro lado: resguardar judicialmente el DNU que, entre otras cosas, habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia. Una facultad reservada, hasta ahora, para las fuerzas de seguridad.
Desde la publicación del DNU, a principios de enero, llovieron amparos y presentaciones judiciales que solicitaban la suspensión inmediata del decreto. Entre los fundamentos, los escritos judiciales no sólo advertían sobre las cuestiones de fondo –el riesgo de que la ampliación del concepto de contrainteligencia derivase, por ejemplo, en una lógica de vigilancia política–, sino también en las de forma. El Gobierno, argumentaban, no había acreditado nunca una situación real de necesidad y urgencia.
El caputismo argumentó, en su momento, que la reforma del sistema de inteligencia era “urgente” debido al contexto internacional vigente y que no se podía esperar hasta que se habilitaran las sesiones ordinarias. Se mencionó, incluso, el secuestro de Nicolas Maduro como un argumento para apurar los tiempos.
Pasaron dos meses, sin embargo, y el proyecto de ley no apareció. En el caputismo advierten que el proyecto “está en carpeta” y que se discutirá en los próximos meses. Pero tras la reunión de la mesa política en Casa Rosada el martes, no hubo mención alguna de la iniciativa. Las prioridades, según se encargó de enumerar Adorni, eran otras. Y la ley de Caputo no era una de ellas.
MCM/CRM
La Corte se reunió con Mahiques y Karina Milei ya tiene un delegado en el Consejo de la Magistratura
El ministro de Justicia se reunió en privado con Rosatti y el resto del máximo tribunal. Viola juró en el organismo que nombra y remueve jueces. La promesa de cubrir más de 300 vacantes judiciales, mientras el Gobierno tiende redes institucionales cuando crece el escándalo $LIBRA.
“Pase, pase”. Horacio Rosatti presidió la jura como miembro del Consejo de la Magistratura del flamante viceministro de Justicia, Santiago Viola, y luego le dio paso a Juan Bautista Mahiques para una reunión privada. Fue una de las escenas que más llamó la atención entre los testigos de la ceremonia de este martes en el Palacio de Justicia, en la que el apoderado de La Libertad Avanza e íntimo de los hermanos Milei asumió en el organismo que designa y remueve jueces.
La cumbre entre Rosatti y Mahiques fue la primera desde que el funcionario reemplazó, hace apenas dos semanas, a Mariano Cúneo Libarona. Su ascenso implicó el corrimiento del hasta entonces secretario de Justicia, Sebastián Amerio, alfil de Santiago Caputo, quien fue designado como jefe de los abogados del Estado. Detrás de todo estuvo la mano de Karina Milei, que avanzó un casillero más en su disputa interna con el asesor presidencial.
“Lo que se vio fue una postal de karinismo puro, y hacía mucho no veía tantos funcionarios del Poder Ejecutivo en una jura así”, contó una fuente judicial sobre el desembarco de Viola. El Gobierno participó en pleno: además de Mahiques estuvieron Lule Menem; Sharif Menem —asesor en la Cámara de Diputados—; el diputado y armador bonaerense libertario Sebastián Pareja; el jefe del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni; el diputado Gonzalo Roca, representante libertario en el Consejo; los senadores Nadia Márquez (Neuquén) y Juan Carlos Pagotto (La Rioja), y el legislador porteño Diego Vartabedian.
Viola será la espada de Javier y Karina Milei en el Consejo de la Magistratura en un contexto en el que el Gobierno comienza a desplegar un paraguas político ante los escándalos que involucran al Presidente y su hermana. El principal es el caso $LIBRA, tras las filtraciones de estos últimos días. Por eso Mahiques salió el lunes en varios canales de televisión a sembrar dudas sobre esas revelaciones como prueba judicial, pese a que forman parte de peritajes oficiales que el fiscal Eduardo Taiano ya tenía desde hace tiempo.
No trascendió que esa línea ofensiva se haya conversado en la reunión a puertas cerradas entre Mahiques y los jueces Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Oficialmente, el ministro y los magistrados conversaron sobre las cientos de vacantes que aún existen en distintos estamentos del Poder Judicial. “El ministro ratificó el compromiso de avanzar en la cobertura de vacantes judiciales, iniciando el proceso de envío al Senado de los pliegos necesarios para cubrir más de 300 cargos de jueces, fiscales y defensores en todo el país, una medida clave para normalizar la integración de los tribunales y mejorar la capacidad de respuesta de la Justicia”, comunicó oficialmente la cartera.
Como anticipo de la nueva etapa que se abre, el comunicado señala que “el Gobierno Nacional y la Corte Suprema ratifican su voluntad de seguir trabajando de manera coordinada, cada uno dentro de sus competencias, para fortalecer la independencia de la Justicia, garantizar la seguridad jurídica y asegurar el pleno respeto al Estado de derecho”.
Según supo elDiarioAR de fuentes involucradas en la nominación de jueces, Mahiques acelerará primero un grupo de entre 30 y 50 nombramientos, eligiendo entre las ternas que ya conformó el Consejo de la Magistratura. “En cada pecera hay tres peces; tiene que pescar uno de cada una. Creo que es de los ministros de Justicia que más poder pueden llegar a tener”, apuntó un vocero.
Esas nominaciones serán enviadas al Congreso para su aprobación. En esa instancia será clave el rol del senador Pagotto, titular de la influyente comisión de Acuerdos, quien deberá acordar posturas con la oposición aliada —el PRO, la UCR y los gobernadores dialoguistas— para que los pliegos avancen.
Entre las urgencias de Mahiques figuran las vacantes en la justicia civil, la cámara comercial, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, y los tribunales federales y cámaras de provincias como Mendoza, Chaco, Salta, Córdoba, Buenos Aires y Chubut. Las vacantes del Poder Judicial rondan el 37%. Por ahora no está en el horizonte cercano del ministro avanzar sobre las dos sillas vacías de la Corte Suprema, sobre todo tras el fracaso de Milei al intentar designar por decreto a Manuel García-Mansilla y a Ariel Lijo.
MC
Kicillof lanzó su think tank y difundió un documento que refuta “las 10 mentiras” de Javier Milei
El gobernador bonaerense presentó el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), un laboratorio de ideas vinculado a su espacio político, y difundió un documento con fuertes críticas a la gestión económica de Javier Milei.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este martes el lanzamiento de su think tank, el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), y presentó un documento en el que cuestionó “las 10 mentiras” que, según sostuvo, difunde el gobierno nacional de Javier Milei sobre la situación económica del país.
El acto forma parte de la estrategia política del mandatario provincial para proyectarse a nivel nacional y eventualmente competir por la Presidencia. El nuevo espacio funcionará como un laboratorio de ideas vinculado al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con el objetivo de investigar, producir propuestas y formar cuadros políticos alineados con su espacio.
“Así como el kirchnerismo tiene el Instituto Patria y el PRO la Fundación Pensar, nosotros lanzamos este centro para estudiar, debatir y construir alternativas”, señalaron desde el entorno del gobernador.
Durante la presentación, Kicillof cuestionó la narrativa económica del oficialismo nacional. En primer lugar, rechazó la idea de que la economía esté creciendo y sostuvo que, en realidad, se observa “una pequeña recuperación en algunos indicadores, pero dentro de un cuadro general de estancamiento desde que asumió Milei”.
Según el mandatario, los datos desagregados muestran una fuerte heterogeneidad en la actividad económica. “Hay sectores que se están destruyendo y que apenas son compensados por otros. El tejido productivo, que genera empleo de calidad, está siendo afectado por las políticas económicas del Gobierno”, afirmó.
En ese sentido, señaló que el consumo, la construcción y la industria atraviesan una situación crítica, mientras que los sectores que muestran algún crecimiento “son pocos, no tienen encadenamientos productivos y generan poco empleo”.
Kicillof también cuestionó el impacto del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Desde la administración bonaerense sostuvieron que la inversión extranjera directa se encuentra en terreno negativo por primera vez en más de dos décadas.
“Es difícil que haya un proceso de inversión cuando las máquinas existentes están prácticamente en desuso. El modelo de Milei es una calamidad”, sostuvo el gobernador.
En esa línea, rechazó la afirmación del Gobierno nacional de que el empleo está creciendo. Según explicó, lo que se observa es un cambio en la estructura del mercado laboral, marcado por la pérdida de puestos formales. “Hay una destrucción sistemática del empleo formal, el que tiene mayor cobertura de derechos”, aseguró.
Otro de los ejes de crítica fue la situación social. Kicillof ironizó sobre la afirmación del Presidente de que millones de argentinos salieron de la pobreza y cuestionó la metodología utilizada para medir los ingresos.
“Los salarios privados cayeron un 4%, los públicos un 36% y las jubilaciones un 18%. No hay manera de que haya menos pobres”, afirmó.
La inflación
El gobernador también cuestionó el manejo de la inflación. Señaló que existen fuertes aumentos acumulados en tarifas, transporte y alquileres, y sostuvo que el costo de vida creció por encima de los ingresos.
“Milei decía que la inflación era un fenómeno puramente monetario y que con reducir la emisión iba a caer a cero. Lo que vemos es el incumplimiento de todos los pronósticos”, remarcó.
En ese contexto, recordó la salida del titular del INDEC, Marco Lavagna, y la decisión del Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, de postergar la implementación de una nueva medición del índice de precios al consumidor.
Entre los otros puntos señalados por el documento del CEDAF figuran la evolución de los salarios, el resultado fiscal, el nivel de endeudamiento y la política tributaria.
Respecto del superávit fiscal que exhibe el Gobierno, Kicillof sostuvo que se trata de un resultado “distorsionado” por el recorte de gastos y la apropiación de recursos que corresponden a las provincias. “Es un superávit trucho si se esconden los gastos debajo de la alfombra”, afirmó.
En ese marco, celebró además la convocatoria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para discutir la deuda que, según la provincia de Buenos Aires, mantiene la Nación con el distrito.
El gobernador también cuestionó el aumento del endeudamiento externo y advirtió sobre las dificultades para afrontar los vencimientos previstos para el próximo año. “La deuda creció en más de 36 mil millones de dólares y el año que viene vencen cerca de 47 mil millones. No sabemos cómo se van a pagar”, alertó.
Por último, rechazó el argumento del oficialismo de que se redujeron los impuestos y criticó el eslogan libertario de que “el ajuste lo pagó la casta”.
“La realidad es que el ajuste lo pagaron los jubilados, los trabajadores, los científicos, los docentes y los médicos. Mientras tanto, la casta sigue viajando en avión presidencial muy tranquila”, ironizó el mandatario.
CRM
Reforma electoral: el Gobierno apunta a modificar las PASO e implementar Boleta Única
La Casa Rosada abrirá negociaciones con gobernadores aliados y bloques para reducir costos y simplificar el sistema electoral. La idea en Balcarce 50 es llegar al Congreso a mitad de 2026.
El Gobierno nacional busca acelerar la discusión de una reforma electoral que incluye modificaciones en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la implementación de la Boleta Única, con la intención de que el tema pueda tratarse en el Congreso antes de mitad de año.
La Casa Rosada apunta a avanzar en estos cambios durante 2026, un año sin elecciones nacionales, para evitar interferencias en el calendario electoral y lograr consensos políticos más amplios.
En ese marco, uno de los principales puntos en debate es el futuro de las PASO. El oficialismo evalúa distintas alternativas que van desde su modificación hasta una eventual eliminación, aunque reconoce que cualquier cambio requerirá acuerdos con sectores de la oposición para avanzar en el Congreso.
La estrategia del Gobierno es abrir una instancia de negociación con gobernadores y bloques legislativos para definir un esquema que permita reducir costos del sistema electoral y simplificar el proceso de votación, en un contexto donde las primarias vienen siendo cuestionadas por distintos espacios políticos.
En paralelo, el Ejecutivo impulsa la implementación de la Boleta Única de Papel a nivel nacional, una iniciativa que ya cuenta con antecedentes en algunas provincias y que busca reemplazar el sistema actual de boletas partidarias.
La propuesta apunta a mejorar la transparencia del proceso electoral y evitar irregularidades vinculadas a la provisión de boletas.
La reforma es parte de una agenda institucional más amplia que el Gobierno pretende instalar en el Congreso en los próximos meses, en medio de un escenario de negociaciones políticas donde el oficialismo busca construir consensos para avanzar en cambios estructurales del sistema electoral argentino.
Con información de Noticias Argentinas
JIB
Otra salida en el Gobierno: renunció el director ejecutivo de Anses
Fernando Bearzi presentó su dimisión. Lo sustituirá Guillermo Arancibia.
El director ejecutivo de Anses Fernando Bearzi presentó este martes su renuncia al cargo, confirmaron fuentes oficiales.
A su vez, el Ministerio de Capital Humano informó que asume en esta nueva etapa Guillermo Arancibia.
Las nuevas autoridades se enfocarán en la digitalización de los procesos, para optimizar las gestiones, tramites y modernizar el organismo.
Noticia en desarrollo