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Denuncias falsas: abogadas y familiares advierten que el proyecto de Losada criminaliza a las mujeres que denuncian

Denuncias falsas: abogadas y familiares advierten que el proyecto de Losada criminaliza a las mujeres que denuncian

El peronismo organizó un conversatorio en el Senado para advertir sobre las consecuencias del proyecto que busca aumentar las penas de denuncias falsas y falso testimonio en los casos de abuso sexual y violencia de género.

Impunidad y disciplinamiento. Después de más de dos horas de exposiciones, testimonios y debate, con presencia de abogadas feministas, juezas, especialistas en derecho y madres protectoras, el conversatorio organizado en el Senado llegó a una misma conclusión: el proyecto de Carolina Losada, que aumenta las penas para los casos de denuncias falsas por violencia de género, solo generará impunidad y disciplinamiento para las mujeres que denuncian. A coro, las especialistas y familiares de víctimas advirtieron que, de aprobarse en el Congreso, la ley no brindará ayuda a quienes son falsamente acusados, sino que solo pondrá más barreras en el acceso a la Justicia para las mujeres que denuncian. 

Todas las víctimas con las que trabajo tienen algo en común: el miedo de que no les crean, a no poder acceder a la Justicia. Por favor, no creemos una nueva barrera sobre estas víctimas. No las señalemos con el dedo. No hagamos que las personas que buscan Justicia sean sospechosas”, pidió, emocionada y mirando a los senadores presentes en la sala del Senado, Andrea Lucangioli, la abogada de las cinco jugadoras de fútbol de la selección que denunciaron, en 2021, a su ex entrenador Diego Guacci por abuso sexual. 

Andrea Lucangioli, la abogada de las cinco jugadoras de la selección

Guacci, tal como relató elDiarioAR, fue absuelto por el Comité de Ética de la FIFA por “falta de pruebas” y se convirtió en un referente en contra de las “denuncias falsas” por abuso sexual. Su esposa, Andrea Robledo de Guacci, fundó el Frente de Mujeres Argentinas contra las Denuncias Falsas y, dos años después, redactó el proyecto que presentó Losada –que aumenta las penas en los delitos de denuncia falsa y falso testimonio en los casos de violencia de género, abuso sexual y violencia contra niñes y adolescentes– y que está por aprobarse en el Senado. 

“No es un problema que las personas pidan ayuda. No es un problema cuando las mujeres y las infancias buscan asistencia, el problema es cuando no lo hacen”, señaló Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, durante el conversatorio, advirtiendo lo que muchas de las invitadas repetirían luego: la iniciativa no resuelve el problema marginal de las falsas denuncias por violencia de género, sino que, en cambio, genera más problemas. En este caso en el acceso a la Justicia de las mujeres e infancias que denuncian violencia.

Carolina Losada junto a Andrea Guacci en una actividad en el Senado

Solo 1 de 4 mujeres en situación de violencia ha ido a buscar ayuda. Solo el 30% de las mujeres en CABA que vivió violencia buscó ayuda de alguna institución. El problema es que hay pocas denuncias o pocos pedidos de asistencia”, insistió Gherardi, quien cuestionó los largos tiempos procesales de la Justicia y advirtió que proponer una “criminalización agravada” para los casos de violencia de género iría en contra de leyes recientemente aprobadas por el Congreso, como la Ley Lucio. 

“Hace menos de tres años que el Congreso aprobó la Ley Lucio por unanimidad. Una ley que obliga a profesionales a denunciar cualquier situación de violencia y abuso. Pero si alguien después argumenta que es una falsa denuncia porque no hay prueba corre el riesgo de ser denunciado. ¿En qué quedamos? Tienen que denunciar o no tienen que denunciar para no ser víctima de una acusación de falsa denuncia?”, argumentó.

Respecto a la “marginalidad” de los casos de falsas denuncias por abuso sexual, la mayoría de las expositoras insistió en que no había estadísticas que justificaran la idea de que había una oleada de denuncias falsas. “Se habla de epidemia de denuncias por violencia sexual pero no hay evidencia. El Registro Nacional de Reincidencia da cuenta que dictaron 23.419 sentencias condenatorias en 2023. De esas 23.419 sentencias, solo 60 fueron casos de falsa denuncia y falso testimonio. Es decir el 0,25%”, señaló Ileana Arduino, abogada penalista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). 

La senadora Juliana Di Tullio junto a Daniel Bensusan y Fernando Salino

Arduino, a su vez, buscó desmitificar la idea de que las retracciones de un caso de abuso sexual o violencia de género –que son utilizadas como argumento como parte del lobby contra las denuncias falsas– fueran sinónimo de mentira. “La evidencia indica que la retractación es una situación de extrema vulnerabilidad y que no es igual que la mentira. Una investigación científica de Córdoba del Instituto Ricardo Nuñez, que trabajó sobre adolescentes y niños retractados, reveló que el 75% cuando denunció el abuso recibieron desconfianza o indiferencia del adulto. Y que más del 60% tenía contacto con el agresor”, graficó Arduino.

La jueza del TOC 2 de Ciudad de Buenos Aires, Analía Silvia Monferrer, sumó a este dato con su propia experiencia. “En el 100% de los casos de personas que venían a querer retractarse y levantar denuncia fue porque habían tenido nuevos episodios de violencia. La retractación es a priori un elemento más para corroborar la situación de violencia”, señaló Monferrer sobre los casos que llegaron a su juzgado. 

Este proyecto no es solo disuasorio, es castigo, es disciplinador. Quieren que todas las mujeres que denuncien terminen en las mismas condiciones que terminaron en el caso Guacci”, señaló, por su parte, la abogada feminista Sabrina Cartabia, que trabaja con víctimas de abuso sexual. 

La abogada feminista Sabrina Cartabia

No fue la única. En el público había supervivientes y familiares de supervivientes que advirtieron eso mismo: la ley busca castigarlas por denunciar. “Si este proyecto sale, nosotras que estamos denunciadas, vamos presas. El objetivo no es solo amedrentar nuevas víctimas. Nosotras vamos a ir presas, y nuestro hijos vuelven a la casa de tortura”, señaló Daniela Dosso, una “madre protectora” que denunció a su ex pareja, hace cuatro años, por el abuso sexual de su hijo Martín, cuando tenía 7 años.

“Esto no es una pelea por las falsas denuncias, es impunidad”, exclamó.

En una misma línea, al final del encuentro, la senadora Juliana Di Tullio tomó la palabra y señaló: “Es un proyecto de disciplinamiento y castigo a favor de los pedófilos y de los violentos. Y hay una batalla político cultural que hoy encabeza el Gobierno”. 

Tiempos legislativos

Losada pretendía aprobar la iniciativa en el Senado la semana próxima, pero Patricia Bullrich decidió patearlo una semana más. La jefa del oficialismo quiere esperar a ver cómo repercute el informe de gestión de Manuel Adorni este 29 de abril: no quiere tensionar a los aliados y prefiere esperar a ver cómo están los ánimos. 

Hubo, además, otro factor en la decisión de aplazar la sesión. Y es que Bullrich observa que no hay tanto consenso interno en el bloque radical, que integra Losada, para aprobar la iniciativa. La senadora libertaria tiene otras prioridades –como la aprobación de los pliegos judiciales– por lo que no quiere tensionar las alianzas a menos que sea necesario. 

Y la oposición peronista buscará aprovecharlo.

MCM/CRM

Dos reuniones turbulentas entre Milei y Fernán Saguier, con cinco periodistas de La Nación en la mira

Dos reuniones turbulentas entre Milei y Fernán Saguier, con cinco periodistas de La Nación en la mira

El mandatario exigió el despido de Pagni, Alconada Mon y tres columnistas. Violencia, un frágil acuerdo y una "celada" en el despacho presidencial. Acusaciones por el "kiosquito" y el papel de Macri. Un diario escindido entre editoriales y el contenido periodístico. Encuentros y desencuentros entre dos fraternidades.

En al menos dos oportunidades desde diciembre de 2023, Javier Milei se reunió con el director de La Nación, Fernán Saguier. Una transcurrió en malos términos y concluyó en un precario acuerdo, y la segunda comenzó con cierta compostura y derivó en una brusca expulsión del editor, acompañado por agentes de seguridad, con la advertencia de que no volvería a pisar el despacho presidencial.

Hacia fin de 2024, con un año en Casa Rosada, el Presidente ultraderechista creía ver una campaña en su contra en el diario conservador. Las páginas de La Nación se dividían entre una inocultable adhesión al Ejecutivo en sus editoriales y algunas columnas de opinión, matices o marcada distancia en otras, y una agenda informativa crítica, sobre todo en la sección política. En cambio, el canal de noticias de la familia Saguier, LN+ —en el que Luis Majul ocupa espacios centrales y tuvo peso en la programación—, exhibía un oficialismo bastante homogéneo, que satisfacía el exigente paladar gubernamental.

Milei protestaba en público y apuntaba específicamente contra Julio César Saguier, presidente del directorio de La Nación, de perfil conservador y encargado de las relaciones empresariales y políticas. “Los esbirros de Julio César Saguier tienen la orden de dar siempre una visión negativa”, posteó el Presidente el 27 de octubre de 2024. “JC, sé que te caigo mal, pero así es la democracia”, apostilló al día siguiente.

Javier Mieli y Fernán Saguier

De acuerdo a dos fuentes independientes entre sí, Majul ofició de intermediario de los encuentros. La primera información sobre una cita conflictiva en Olivos fue dada por el periodista Roberto Navarro, en El Destape. Consultado por este medio, Majul negó haber hecho alguna gestión. Una versión indica que un tercer encuentro entre Milei y Saguier ocurrió en el despacho de éste en el quinto piso del edificio de La Nación, en el municipio de Vicente López, pero no pudo ser corroborada.

El único ingreso de Saguier a Casa Rosada está registrado el 29 de noviembre de 2024, a las 13.15, y quien habilitó la entrada por Balcarce 24 fue Manuel Adorni.

Por esos días, La Nación cuestionaba a Milei por la no sanción de la denominada “ficha limpia” —ahora reflotada—, que procuraba impedir las candidaturas de procesados y condenados por corrupción. Se trataba de una agenda por la que el macrismo decía luchar desde hacía años, y que los Saguier asumieron como propia. El contrapunto sobre el tema rompió el sesgo oficialista de los editoriales de la anteúltima página. “Ganó la ficha sucia”, sentenció la opinión institucional del diario.

La tormenta del primer encuentro se desató apenas Milei tuvo enfrente a Saguier. Con gritos y acusaciones, el Presidente exigió renuncias de cinco miembros del staff: el periodista de investigación y prosecretario de redacción Hugo Alconada Mon, los columnistas políticos Carlos Pagni, Joaquín Morales Solá y Jorge Fernández Díaz, y la periodista de economía Florencia Donovan, quien había tratado con Milei antes su carrera política.

Carlos Pagni, uno de los blancos preferidos de Javier Milei.

La molestia de Milei abarcaba desde informaciones que consideraba motivadas por intereses espurios o prejuicios ideológicos, opiniones por las que se sentía ofendido y meros matices en el abordaje económico. El Presidente ya había bloqueado e insultado a Alconada Mon en Twitter. A diferencia de un agravio frecuente disparado a los periodistas de política del diario (“ensobrados amarillos”), lo amonestó como “socialista”. A esa altura, Alconada Mon había informado sobre los pagos irregulares a Milei del Banco Provincia, durante la gestión provincial de Daniel Scioli, y las inversiones en Miami y los subsidios estatales gozados por Beto Milei, padre del mandatario. En el caso de Pagni, el reproche mayor era que supuestamente había puesto en duda su salud mental en charlas reservadas ante inversores, lo que el mandatario asumió como un agravio irreparable. Además, entre opiniones en general matizadas sobre el Gobierno, Pagni puso el foco en Leonardo Scatturice y Pablo Otero (“el Señor del Tabaco”) como empresarios con terminales en despachos clave del Ejecutivo, otro factor que le ganó la ira presidencial y de Santiago Caputo.

Saguier no cedió al reclamo. “Gracias, pero la decisión sobre quiénes integran la redacción es mía”, le dijo a Milei. A cambio, le tendió un puente: firmar columnas mensuales en el diario. La reunión concluyó a las 14.25 con un principio de acuerdo. Se concretaron tres notas con la firma presidencial, fechadas el 3 de enero, 7 de febrero y 8 de marzo de 2025.

Aunque como consecuencia del turbulento encuentro hubo alguna regulación en cuanto a los tiempos de ciertas informaciones, el rumbo periodístico del medio insignia de los Saguier continuó con una agenda incómoda para el oficialismo en la sección política, alimentada por las coberturas de la presunta criptoestafa $LIBRA, las probables coimas del 8% en la Agencia de Discapacidad y los enriquecimientos de José Luis Espert y Manuel Adorni. Los matices permanecieron en la agenda económica y los editoriales del diario y el prime time de LN+ se afirmaron como trincheras oficialistas. Suele darse que ciertos segmentos de la pantalla televisiva parecen al menos disimular las ofensas del Presidente a periodistas del diario.

Si bien la dirección periodística de La Nación corresponde a Fernán Saguier —psicólogo de profesión, con experiencia como corresponsal en Estados Unidos—, el peso del abogado Julio César se refleja en los textos de los editoriales. El presidente del directorio tiene llegada fluida a jueces y fiscales de Comodoro Py, y es interlocutor privilegiado del mundo de los negocios y la Asociación Empresaria Argentina. En cuanto a los otros hermanos, el ingeniero industrial Luis se ocupa de los números de la empresa, el arquitecto Alejandro se encarga de temas logísticos y la docente Florencia encabeza la Fundación La Nación. La sexta hermana, María Luz Saguier, se dedica al negocio agropecuario y el transporte de cargas.

Julio Césár Saguier, presidente del directorio de La Nación.

La siguiente reunión entre Milei y Fernán Saguier fue a solas en la primavera del año pasado, por la mañana. Una de las fuentes la situó en septiembre en Olivos, la otra no lo precisó.

El director de La Nación se encontró con un Presidente afable, que tenía preparada una carpeta con recortes y notas impresas que le habían resultado agradables. En un momento, volvieron a surgir los nombres de Pagni y Alconada Mon, y Milei salió de sí. Increpó al visitante y se refirió a ambos periodistas como “sorete” e “hijo de puta”, términos cotidianos en su léxico. Saguier apenas pudo pronunciar palabra, hasta que el mandatario lo echó y lo hizo acompañar por la seguridad: “No vas a volver a pisar este lugar mientras yo sea Presidente”. El director del diario conservador salió con la impresión de que le habían tendido una celada, sólo para que escuchara la furia de Milei.

El “kiosquito” y los Macri

Así como el inquilino de Casa Rosada atribuye toda mirada no complaciente que se esboza en el multimedios Clarín al objetivo empresarial de que Telecom termine de absorber Telefónica, también apunta a intereses económicos y políticos de los Saguier para administrar su agenda. “El Presidente le dejó claro que La Nación defiende su kiosquito”, dijo una voz gubernamental.

Aunque los negocios del Grupo La Nación son por montos menores que los de Clarín, un apellido exacerba la prevención en Milei: Macri.

Durante años, periodistas y empresarios como Jorge Lanata, Daniel Vila (A24, La Red, América TV) y Jorge Fontevecchia (Perfil) atribuyeron a Mauricio Macri la propiedad en las sombras de LN+. En el Gobierno renacieron las suspicacias con una agenda adversa que se filtra en ciertos segmentos del canal desde febrero pasado.

Un hito que marcan en el oficialismo es la concesión por diez años del predio de Costa Salguero a una sociedad entre Clarín y La Nación. Esas hectáreas privilegiadas sobre el río de la Plata estuvieron históricamente ligadas a empresarios cercanos al PRO, y acaban de ser asignadas por el Gobierno de Jorge Macri al duopolio informativo. El canon ofrecido por los ganadores fue inferior al de su competidor en la licitación, Eduardo Elsztain, empresario de excelente vínculo con los Milei. Sin invertir en infraestructura, Clarín y La Nación ya están anunciando muestras en Costa Salguero (rebautizada como BA Ferial) a partir del invierno, que dejarán de llevarse a cabo en La Rural de Palermo, predio explotado por IRSA, la firma de Elsztain.

Otro tema en la agenda de la pelea entre el Gobierno y La Nación es la remodelación del Luna Park. El diario de los Saguier viene informando profusamente sobre el supuesto daño en el patrimonio arquitectónico del mítico estadio que supondría la obra que propone llevar a cabo la empresa DF Entertainment. En la lectura del Ejecutivo, los accionistas de La Nación —que pugnaron por la licitación por el Luna Park— procuran evitar a toda costa la construcción de un microestadio que compita con el Movistar Arena, propiedad de los Saguier. El histórico estadio de box del Bajo porteño pertenece al Arzobispado, pero en la divisoria de aguas, DF Entertainment quedó cerca de Milei.

A ello se refirió el Presidente en una de sus últimas ofensivas. “Basura inmunda” le disparó Milei a Jorge Liotti, principal columnista dominical de La Nación y jefe de la sección política. “Obviamente estas mentiras están avaladas por editores delincuentes y dueños de moral cuestionable”, abundó. En Casa Rosada tradujeron esa frase como una alusión al negocio del Luna Park, otro “kiosquito”.

El mismo día de ese agravio, La Nación publicó un editorial titulado “Preservar el programa, proteger a Milei”. El texto, elogioso hasta lo empalagoso de las políticas económica y exterior del Gobierno ultraderechista, pareció sugerir que era necesario desprenderse de Adorni, a quien no mencionó. Consideró imperioso bloquear el regreso del peronismo porque, de lo contrario, “nos hundiremos en lo más profundo de un décimo círculo donde Dante Alighieri hubiera puesto a los países fallidos e irrecuperables”.

Un texto enjundioso que reencuentra a las fraternidades Saguier y Milei.

Sin embargo, como nada parece ser suficiente, horas más tarde, el Presidente apuntaría otra vez a Pagni en una carrera ilimitada por la ofensa. Por una confusión menor durante el programa “Odisea”, en LN+, sobre el mes de inicio del mandato ultraderechista, Milei arremetió otra vez: “delincuente mal parido”.

SL

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Javier Milei anunció la reforma electoral: fin de las PASO, financiamiento y Ficha Limpia

Javier Milei anunció la reforma electoral: fin de las PASO, financiamiento y Ficha Limpia

La iniciativa será enviada este miércoles al Congreso y apunta a modificar el sistema electoral vigente en varios ejes clave.

El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno enviará este miércoles al Congreso un proyecto de reforma electoral que contempla la eliminación de las PASO, modificaciones en el financiamiento de los partidos y la incorporación de la Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas por corrupción.

A través de sus redes sociales, el mandatario afirmó que la iniciativa apunta a “poner fin a la impunidad” y criticó el esquema vigente al señalar que no corresponde que los ciudadanos financien internas partidarias.

Asimismo, explicó que el nuevo sistema de financiamiento buscará reducir el uso de fondos públicos en la actividad política y sostuvo que la propuesta pretende avanzar sobre lo que definió como privilegios del sistema político.

“Mañana enviaremos la reforma electoral al Congreso”, anunció el presidente Javier Milei en su cuenta de X destacando, punto por punto, el plan del oficialismo.

Sobre la eliminación de las PASO, el mandatario dijo: “Basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”, agregando respecto del financiamiento que “se termina la política viviendo de tu bolsillo”. También dio un apartado sobre Ficha Limpia al decir que “los corruptos, afuera para siempre”.

“Se acabó la impunidad. Se acabó la joda”, cerró el mandatario antes de subir al avión que lo traerá de regreso de Israel a la Argentina.

Con información de agencias y redes

JIB

Entra en vigencia la reglamentación de la eutanasia en Uruguay: cómo será el procedimiento

Entra en vigencia la reglamentación de la eutanasia en Uruguay: cómo será el procedimiento

La reglamentación de la ley de eutanasia en Uruguay ya rige y fija un procedimiento con controles médicos para garantizar una decisión libre e informada. Establece requisitos, evaluaciones profesionales y la posibilidad de revocar el pedido en cualquier momento.

El decreto que reglamenta la ley de eutanasia o muerte digna en Uruguay entró en vigencia este martes y establece un procedimiento con controles médicos y garantías para asegurar una decisión “libre”, “consciente” e “informada” de los pacientes que atraviesan enfermedades incurables e irreversibles.

“La reglamentación hace posibles derechos, establece garantías y asegura la supervisión del proceso en el cual la persona toma la decisión de tener una muerte digna recurriendo a la eutanasia”, dijo la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, al dar detalles de la reglamentación.

“El ministerio tiene la obligación, y así lo estamos cumpliendo, con mucha responsabilidad de garantizar el derecho de las personas a expresar su voluntad libremente en todos los aspectos vinculados a su salud y a su vida, a que tomen decisiones informadas”, sostuvo.

Para acceder al procedimiento de eutanasia, la persona deberá ser mayor de edad, tener capacidad de decisión y padecer una enfermedad incurable e irreversible que le provoque sufrimiento persistente no mitigable por otros tratamientos disponibles.

El paciente debe presentar una solicitud escrita, personal y voluntaria, seguida por una evaluación de al menos dos médicos; si existe desacuerdo, una junta médica resolverá el caso, de acuerdo a lo informado por el MSP. Posteriormente, el paciente deberá ratificar su voluntad en una segunda instancia acompañado por testigos y podrá revocar su decisión en cualquier momento.

El procedimiento se podrá realizar tanto en el prestador de salud o en el domicilio. Las instituciones sanitarias deberán asegurar información, acceso a cuidados paliativos y acompañamiento integral, y en casos de objeción de conciencia médica o institucional, estarán obligadas a derivar o contratar otro prestador para garantizar el derecho.

La ley denominada de “Muerte Digna” logró sanción definitiva en octubre pasado en el Parlamento con el respaldo del oficialista Frente Amplio y de legisladores de la oposición.

El decreto fue firmado por el presidente Yamandú Orsi la semana pasada, cuando sostuvo que “la dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas” y al presentar la reglamentación como resultado de “debate, reflexión y escucha”.

Con información de NA

JIB

Qué hace Peter Thiel en Argentina: el magnate tecnofascista se acerca al Gobierno y es celebrado por Santiago Caputo

Qué hace Peter Thiel en Argentina: el magnate tecnofascista se acerca al Gobierno y es celebrado por Santiago Caputo

Lleva más de una semana en el país con una agenda que mezcla política de alto nivel, turismo futbolero y contactos estratégicos. Se reunió con el asesor de Javier Milei.

Peter Thiel está en Argentina. El multimillonario de Silicon Valley, cofundador de PayPal y Palantir Technologies, lleva más de una semana en el país con una agenda que mezcla política de alto nivel, turismo futbolero (asistió al clásico River-Boca) y contactos estratégicos. Según trascendió en distintos medios, el lunes de la semana pasada se reunió con Santiago Caputo, asesor de Javier Milei.

Tanto la Cancillería —bajo la órbita de Pablo Quirno— como la Presidencia mantuvieron canales de contacto con el empresario durante su estadía, detalló Infobae sobre la visita del magnate que fue revelada por el periodista Alejandro Bercovich en C5N. El vínculo no es nuevo: Thiel ya había tenido un encuentro previo con Milei en el que compartieron diagnósticos sobre la economía argentina y las reformas estructurales impulsadas por la administración libertaria.

El poseo de Palantir retuiteado por Santiago Caputo.

Quién es Thiel

Nacido en Alemania en 1967 y criado en Estados Unidos, Thiel es una de las figuras más influyentes —y controversiales— del ecosistema tecnológico global. Fue el primer inversor externo de Facebook, cofundó PayPal junto a Elon Musk y construyó una carrera como referente del capital de riesgo con apuestas en compañías transformadoras. Pero su proyecto más significativo en términos de poder político es Palantir Technologies, empresa especializada en el procesamiento masivo de datos que trabaja para gobiernos, ejércitos y agencias de inteligencia de todo el mundo. La CIA fue su primera inversora, a través de su fondo In-Q-Tel, cuando Palantir se fundó en 2003.

Thiel es también uno de los ideólogos del movimiento neorreaccionario en Silicon Valley, crítico declarado de la democracia liberal —en 2009 escribió que ya no creía que “la libertad y la democracia fueran compatibles”— y financista clave de la carrera de J.D. Vance, actual vicepresidente de los Estados Unidos.

El manifiesto y el reposteo de Caputo

La visita de Thiel coincide con un momento de particular activismo ideológico de Palantir. El 18 de abril de 2026, la cuenta oficial de Palantir en X publicó un texto de 22 puntos que resume la visión tecnopolítica de su director ejecutivo Alex Karp, titulado “The Technological Republic, in brief”. El texto fue reposteado por Santiago Caputo desde su cuenta personal, amplificándolo ante su audiencia argentina.

El documento, analizado en profundidad por la revista El Grand Continent —que lo calificó como un texto que los ideólogos neorreaccionarios presentan como “el plan para forjar un Occidente tecnofascista”— contiene tesis que merecen leerse con atención. El manifiesto plantea que “Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que hizo posible su ascenso” y que la élite de ingenieros tiene “la obligación positiva de participar en la defensa de la nación”. Sostiene que “el hard power de este siglo se basará en el software” y que la cuestión no es si se fabricarán armas basadas en IA sino quién las fabricará y con qué fin.

El análisis de El Grand Continent señala que Palantir opera con un método llamado “land and expand”: penetrar en una organización mediante un contrato inicial modesto para luego imponer su estructura de datos hasta hacer imposible cualquier salida, un mecanismo conocido como “vendor lock-in”. La empresa ya tiene contratos con el servicio de inmigración de EE.UU. (ICE), con la Bundeswehr alemana y con el sistema de salud del Reino Unido, entre otros.

Las advertencias que ya circulan

La presencia de Thiel y el reposteo del manifiesto por parte de Caputo generaron reacciones inmediatas en el ámbito político y de derechos digitales. El abogado y especialista en privacidad Ariel Garbarz publicó una extensa hilo en X alertando sobre las implicancias para Argentina.

“Palantir no vende tornillos ni caramelos. Vende cruce masivo de datos, vigilancia, perfilado y poder. Te lo envuelven en palabritas como 'eficiencia', 'seguridad' e 'innovación', pero es control social sin precedentes con perfume de Silicon Valley”, escribió Garbarz. Y fue más lejos: “En un país saqueado, endeudado y entregado, una herramienta así puede terminar sirviendo para vigilar, clasificar y apretar ciudadanos, opositores, migrantes, pobres y cualquiera que moleste al poder de turno.”

Garbarz rechazó de antemano el argumento de “quien no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer” y señaló que “en democracia nadie tiene que someterse a un panóptico digital para demostrar inocencia”. Exigió que cualquier vínculo contractual con Palantir sea sometido a debate público, control parlamentario, auditorías técnicas externas y publicación de contratos: “Ya no puede hacerlo por la puerta de atrás con reuniones secretas entre empresarios, servicios y funcionarios.”

La advertencia más dura apuntó a la irreversibilidad del proceso: “Una vez que estos hijos de puta meten la mano en datos migratorios, financieros, policiales, sanitarios o de telecomunicaciones, después no la sacan más. Y cuando querés acordar, ya no sos ciudadano: sos un perfil, una alerta o un objetivo.”

MC