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Noticias de Buenos Aires

Corte de luz hoy en Buenos Aires: mapa de zonas sin servicio y cuándo vuelve

• El apagón masivo comenzó antes de las 15, por la salida de servicio de cuatro líneas de alta tensión de Edenor.
• El reporte actualizado del ENRE.

Corte de luz en CABA: estado del subte y cómo funcionan las líneas de tren ahora en Buenos Aires

• BA Subte: la Línea D y la Línea H sufrieron cortes de servicio, pero ya se normalizó tras el apagón en el AMBA.
• Edenor y la ola de calor: fallas eléctricas impactaron en el transporte porteño.

Apagón en CABA hoy, EN VIVO: todo sobre los cortes de luz en barrios de la Ciudad y el Gran Buenos Aires, en medio de la ola de calor

• Los problemas comenzaron a las 14.45, por una falla en el sistema de Edenor.
• Afectó sobre todo a Palermo, Belgrano y Núñez en la Ciudad y a San Isidro, San Martín y Vicente López en el GBA.

Noticias de Buenos Aires

Villarruel sin poder, Milei sin paciencia: por qué la Casa Rosada vuelve a subirla al ring

En la Casa Rosada nadie cree, de verdad, que Victoria Villarruel sea hoy un problema político real. Sin estructura, con una tropa propia diezmada y sin incidencia alguna en la toma de decisiones, la vicepresidenta dejó hace tiempo de ser una amenaza concreta para el poder de Javier Milei. Y, sin embargo, cada vez que reaparece, aunque sea con un gesto menor, el Gobierno decide volver a empujarla al centro del ring, como si todavía estuviera en condiciones de disputar algo más que visibilidad.

La sorpresiva visita de Villarruel a Epuyén, en medio de los incendios en Chubut, fue leída en Balcarce 50 bajo ese prisma. No como una recorrida humanitaria ni como un movimiento institucional previsible, sino como una provocación política. El dato no fue el viaje en sí, de bajo perfil, sin fotos oficiales ni agenda pública, sino el contraste que activó: mientras el Presidente era criticado por seguir el tema a distancia, su vice aparecía físicamente en el territorio. Ese espejo incómodo fue suficiente para reactivar una interna que, en los hechos, ya está agotada.

En el entorno de Milei lo dicen sin vueltas: Villarruel no tiene poder, pero tiene algo que al Gobierno le molesta más que una amenaza real: su capacidad de incomodar simbólicamente. No ordena, no decide, no veta, no arma. Pero encarna, cada tanto, una versión alternativa del oficialismo que el propio mileísmo decidió expulsar: una derecha con liturgia institucional, gestualidad federal y un vínculo más clásico con el Estado. Eso explica por qué, aun desactivada, sigue siendo tratada como si estuviera en carrera.

La reacción oficial fue casi automática. Se filtró que la vicepresidenta habría pedido un helicóptero y se dejó correr que hubo una orden explícita para no facilitárselo. “Todas las herramientas que dispone el Estado están destinadas exclusivamente a combatir el fuego. No están al servicio de la ‘alta política’. Parece mentira. Pero hay quienes todavía no lo entienden”, escribió en X el subsecretario de Prensa de Milei, Javier Lanari. El mensaje fue claro: marcarle el límite, volver a encasillarla como una figura fuera de lugar, recordarle que no tiene margen de maniobra. Pero el efecto fue el inverso: volvió a ponerla en agenda.

Ese reflejo defensivo dice más del Gobierno que de Villarruel. Porque si algo está claro puertas adentro del oficialismo es que la relación está completamente rota, pero también políticamente clausurada. El punto de no retorno puede ubicárselo en diciembre de 2024, durante la sesión del Senado que expulsó al entrerriano Edgardo Kueider. Aquella noche, Villarruel presidió la Cámara alta mientras Milei volaba rumbo a Europa, una superposición que el mileísmo duro leyó como una irregularidad grave. La discusión por el acta de delegación de mando —que la vice aseguró haber recibido recién cuando la sesión ya había terminado— derivó en acusaciones abiertas desde las propias usinas oficialistas, que la tildaron de “mentirosa” y pusieron en duda la validez del procedimiento. Desde entonces, no hubo reconciliación posible.

La vicepresidenta fue vaciada de poder de manera quirúrgica: primero el control político del Senado, ahora la intervención de Patricia Bullrich como figura de autoridad en la Cámara alta. Pese a las elucubraciones de algunos de sus colaboradores cercanos, hoy su rol es administrativo y protocolar. Nada más. La ruptura no derivó en un conflicto institucional porque, en términos reales, Villarruel ya había sido neutralizada antes de convertirse en un problema abierto.

El repaso de los momentos más picantes del vínculo confirma ese diagnóstico. La tensión inicial durante la campaña y el recelo permanente de Karina Milei, además de la pérdida de interlocución directa con el Presidente y el silenciamiento progresivo. A eso se sumó, en octubre de 2024, un hecho clave: el viaje autónomo de Villarruel a Europa, con visita al Vaticano y un encuentro privado en Madrid con Isabel Martínez de Perón, que fue leído en la Casa Rosada como la escenificación más nítida de una agenda propia.

En ese contexto, la insistencia del Gobierno en confrontarla parece responder más a una lógica de reafirmación identitaria que a una necesidad real de control político. Villarruel funciona como un antagonista interno útil: permite reafirmar el liderazgo absoluto de Milei, blindar la centralidad de Karina y recordar que en La Libertad Avanza no hay lugar para proyectos personales que no se subordinen al vértice presidencial. Aunque ya no compita, sirve como ejemplo.

La escena se vuelve todavía más elocuente si se la mira en clave simbólica. En la misma semana en la que Villarruel reaparece en el sur, Milei se prepara para desembarcar en el festival de Jesús María. El territorio de los festivales, del contacto directo con el público y de la liturgia popular fue históricamente más afín al perfil de la vicepresidenta que al del Presidente. Que ahora sea Milei quien lo ocupe refuerza la idea de una disputa tardía: no por el poder, que ya está resuelto, sino por el relato y la representación.

Nada de esto altera el rumbo del oficialismo ni la gobernabilidad. La agenda económica sigue su curso, el control político está centralizado y el esquema de poder no se mueve. Villarruel no condiciona votos, no ordena gobernadores, no articula alianzas, algo diametralmente opuesto a lo que ocurría con Cristina Kirchner y Alberto Fernández en tiempos del Frente de Todos. Su figura no incide en el funcionamiento del Ejecutivo ni en la relación con el Congreso. La ruptura está consumada y es inocua en términos prácticos.

Pero la persistencia del conflicto —o, mejor dicho, de su puesta en escena— revela una incomodidad no resuelta. En la Casa Rosada saben que Villarruel ya no juega, pero también saben que mientras exista como figura pública puede volver a aparecer en momentos sensibles. Y cada vez que eso ocurre, la reacción automática del poder termina devolviéndole una centralidad que, de otro modo, probablemente no tendría.

Paradójicamente, el principal activo político de la vicepresidenta hoy no es lo que hace, sino lo que el Gobierno decide hacer con ella.

PL/MG

Miedo en Groenlandia ante las amenazas de Trump: “Temo que Estados Unidos nos traiga su violencia”

Cuando Najannguaq Hegelund vivía en Dinamarca, le resultaba reconfortante pensar en Groenlandia como un lugar absolutamente seguro. Si el mundo sufría alguna turbulencia, siempre hacía la misma broma con sus familiares: “Bueno, nos vamos a Groenlandia, allí nunca pasa nada”.

Hegelund, que tiene 37 años, ha comprendido de repente que la premisa del chiste ya no sirve. En las dos últimas semanas, Donald Trump ha amenazado una y otra vez con emprender acciones militares contra este territorio ártico, que forma parte del reino de Dinamarca, aunque dispone de un alto grado de autonomía. El presidente estadounidense sostiene que lo “necesita” por una cuestión de seguridad nacional. Para conseguir su propósito podría presionar imponiendo aranceles a Dinamarca y al resto de países que se oponen a la anexión, tal y como ha advertido el viernes.

“Mira adónde hemos llegado”, dice Hegelund, riendo con incredulidad. “Es una locura”. Como muchos de los 57.000 habitantes de Groenlandia, estos días ha estado pensando en planes de evacuación ante una posible invasión estadounidense, en si huir o no de antemano a Dinamarca y en cómo responder a las preguntas de sus hijos sobre la posibilidad de convertirse en estadounidenses.

¿Cómo enfrentarse a algo así cuando nunca se ha vivido nada parecido, en ningún momento de la historia?”

Najannguaq Hegelund — Trabajadora de la ONG por los derechos de los inuits Sila360

Otros groenlandenses han estado atentos al cielo y los mares del territorio, consultan rastreadores de vuelos para detectar aviones estadounidenses y hasta conversan sobre las maneras de reaccionar en caso de ser capturados. Muchos dicen sufrir ansiedad y problemas para conciliar el sueño.

Groenlandia nunca ha vivido nada semejante, dice Hegelund en una cafetería de la nevada capital, Nuuk. “¿Cómo enfrentarse a algo así cuando nunca se ha vivido nada parecido, en ningún momento de la historia?”, se pregunta.

Aumenta la alarma

Hace casi exactamente un año, Trump habló de la necesidad de que Estados Unidos se hiciera con Groenlandia, incluso usando la fuerza militar. En aquel momento, el ambiente en Nuuk era más alegre, escéptico y el discurso, más combativo. Hoy son muchos los que no esconden su alarma y tratan de prepararse para lo que pueda suceder, mientras esperan consejos prácticos de las autoridades. El precedente de Venezuela es el que marca ahora la gran diferencia, según Hegelund, que trabaja por los derechos de los inuits en la ONG Sila360.

El anuncio de la reunión de alto nivel del miércoles en Washington entre Vivian Motzfeldt y Lars Løkke Rasmussen, ministros de Exteriores de Groenlandia y Dinamarca, respectivamente, con Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, trajo cierto alivio por la posibilidad de que fuese el comienzo de un diálogo en condiciones.

Pero la noticia de última hora de que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, también participaría introdujo una incógnita preocupante. Durante su visita de marzo a Pituffik, una remota base militar estadounidense en el noroeste de Groenlandia, Vance sostuvo que el control estadounidense sobre el territorio autónomo era fundamental para defenderse de China y Rusia; y, en ese sentido, acusó a Dinamarca de “no haber hecho un buen trabajo”.

El deseo de Trump de hacerse con Groenlandia, aparentemente renovado, ha sido noticia en todo el mundo. Los líderes europeos hacen declaraciones con creciente nerviosismo y por las redes proliferan contenidos dramáticos. Pero para la mayoría de los residentes de Groenlandia no es solo un tema de conversación o publicaciones en redes que puedan ignorar: se trata de una cuestión existencial.

Muchos se sentirían impotentes si los soldados estadounidenses llegaran mañana a Nuuk para hacerse con el control de Groenlandia. “¿Qué podríamos hacer?”, dice Hegelund. “En Nuuk somos unas 20.000 personas, ¿cómo vamos a enfrentarnos a las tropas estadounidenses?”.

Las fuerzas militares danesas tienen el Mando Conjunto del Ártico para proteger la soberanía del reino de Dinamarca en esta zona. En los dos últimos años, y como consecuencia de las crecientes tensiones en la región, esta unidad militar ha impartido cursos de preparación entre los jóvenes groenlandeses. Pero muchos afirman que carecen de la información básica para saber qué hacer ante una invasión.

Nerviosismo entre los ciudadanos

Hedvig Frederiksen, de 65 años, y su hija, Aviaja Fontain, de 40, están tan preocupadas que han decidido encargarse ellas mismas de la vigilancia de Groenlandia. “Da miedo”, dice Fontain. Las tensiones geopolíticas le impiden concentrarse para sus exámenes universitarios. “Ella [en referencia a su madre] está siempre mirando los aviones porque [desde su casa] tiene vistas y yo no dejo de mirar el puerto porque tengo vistas al puerto”.

Frederiksen, que consulta los rastreadores de vuelos por Internet, se llevó hace poco un susto cuando vio un avión Hércules despegar de la base de Pituffik. Pensó que venía a invadir Nuuk. “Si [EE.UU.] se apodera de Groenlandia, ¿qué voy a hacer?”, se pegunta Fontain. “¿Vamos a tener que pagar por la educación? ¿Habrá soldados aquí disparando a los groenlandeses?”.

Frederiksen es una de las 143 mujeres que ganaron recientemente una batalla legal contra el Gobierno de Dinamarca por el caso de los dispositivos intrauterinos que médicos daneses colocaron forzosamente a muchas jóvenes groenlandesas. “Si los soldados vienen aquí, ¿qué harán?”, dice Frederiksen a través de su hija, que le traduce. “Todos pensamos que nos harán cosas malas porque no queremos ser ciudadanos estadounidenses, ni un estado [de EE.UU.]”.

Groenlandia ya sufrió un trauma generacional por la colonización de Dinamarca, explica Fontain. “¿Vamos a tener otro?”, dice, y añade que la gente está preocupada. “Espero, por dios, que no nos convirtamos en estadounidenses; en lugar de amenazar, Trump podría limitarse a construir bases aquí; está hablando de la vida de personas y aquí no somos violentos; tengo mucho miedo de que traigan aquí su violencia si se hacen con el control”.

Copenhague anunció en octubre una inversión extra de 27.400 millones de coronas danesas (unos 3.670 millones de euros) para la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte, que incluía dos nuevos buques árticos, más capacidad en los aviones de patrulla marítima y una nueva sede para el Mando Conjunto del Ártico.

Pero sobre el terreno es difícil ver indicadores de esta seguridad reforzada. La actual sede del Mando Conjunto del Ártico es más acogedora que imponente o amenazadora. Incluso la sensación que transmite el consulado de Estados Unidos, un edificio tradicional sin vallas y pintado de rojo, es menos de agresión que de hygge, esa palabra danesa de difícil traducción referida a un estado de ánimo íntimo y acogedor.

“Es importante destacar que casi todas las capacidades militares desplegadas en el Ártico son de naturaleza móvil”, dice un portavoz del Ministerio de Defensa de Dinamarca, que explica que las medidas que están tomándose pueden no ser visibles en una zona geográfica específica.

“La vida era sencilla antes”

La artista Aviâja Korneliussen, de 19 años, terminó el instituto y votó por primera vez el año pasado. Forma parte de la generación que ha alcanzado la mayoría de edad en este momento inédito de la historia de Groenlandia, en el que una de las poblaciones más pacíficas del mundo se ve amenazada repetidamente por una superpotencia militar.

Según Korneliussen, que trabaja en un museo y también en un bar, las amenazas de Trump están dividiendo a la sociedad de Groenlandia. “La vida era sencilla antes de sus declaraciones, no tenías preocupaciones, podías ser amiga de todo el mundo”, dice mientras desayuna en su apartamento, al tiempo que la niebla matinal se disipa para mostrar las montañas blancas. “Pero si una persona tiene ahora una idea sobre cómo debe ser Groenlandia y otra persona tiene otra completamente diferente y esas ideas están enfrentadas, ya no pueden ser amigas”.

La forma en que la gente habla por Internet sobre Groenlandia, como si fuera una mercancía, le parece deshumanizadora. La joven dice que, mientras crece la atención internacional, los indígenas inuits se van abriendo a mostrar su identidad, incluso a través de tatuajes y de arte inuit, así como a la posibilidad de separarse de Dinamarca. “La idea general es ser inuit en lugar de qallunaaq, danés”, indica.

Si una persona tiene ahora una idea sobre cómo debe ser Groenlandia y otra persona tiene otra completamente diferente, y esas ideas están enfrentadas, ya no pueden ser amigas

Aviâja Korneliussen — Artista groenlandesa

Korneliussen cree que una invasión de EE.UU. provocaría muchas protestas, pero dice que no sabría anticipar la reacción de la gente. Ni siquiera la suya. “Creo que me encerraría en casa y que buscaría una forma de salir de aquí”, afirma. Pero tampoco quiere verse obligada a abandonar su vida en Groenlandia. “Es extraño pensarlo porque no quieres pensar en esas cosas, en el ‘qué pasaría si’; especialmente, si tienes gente a la que quieres y es la tierra en la que naciste y creciste, la cultura en la que vives cada día”, reflexiona. “Muchos groenlandeses tienen armas y podrían intentar defenderse, pero, por otro lado, no somos ese tipo de personas que se matan entre sí”.

Con el miedo y con la ansiedad convive un fuerte deseo de sacar de la situación algo positivo para Groenlandia. El partido Naleraq, el más favorable a Estados Unidos, quedó segundo en las elecciones del año pasado. Su líder, Pele Broberg, dice que los políticos de Groenlandia llevan décadas pidiendo a Copenhague un acuerdo de libre asociación. Pero para el Gobierno danés “nunca ha sido un buen momento”.

Ahora Broberg quiere que Groenlandia aproveche la oportunidad para hablar sobre la posibilidad de un acuerdo de libre asociación con Estados Unidos, pero el mensaje desde Dinamarca es que hay que mostrar unidad. “No dejan de decirnos que no podemos mostrarnos divididos, que tenemos que aparecer unidos”, señala desde la sede del partido en el Inatsisartut (el Parlamento de Groenlandia). “No hay nada que nos haga estar unidos, lo que quieren ellos es otra cosa”, añade.

Tras semanas repitiendo declaraciones similares, el primer ministro de Groenlandia cambió de tono el pasado martes. “Si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, aquí y ahora, elegimos Dinamarca, la OTAN y la UE”, dijo en la víspera de la reunión en la Casa Blanca el groenlandés Jens-Frederik Nielsen, acompañado por la primera ministra de Dinamarca Mette Frederiksen.

Ese era precisamente el mensaje que los groenlandeses necesitaban escuchar, según Aqqaluk Lynge. “Es lo que estábamos esperando, es muy bueno porque la gente está realmente cansada de esta situación”, dice el cofundador del partido Inuit Ataqatigiit, expresidente del Consejo Circumpolar Inuit, y autor del libro Tras las huellas de los inuit. “Necesitamos que, al menos, Dinamarca y Groenlandia estén en pie de igualdad en lo que se refiere a nuestras declaraciones”, reclama.

Para la cineasta y activista Aka Hansen, que defiende la independencia de Groenlandia pase lo que pase, “hay que ser inteligentes”. Sostiene que los últimos años, con Ucrania, Gaza y ahora, la posibilidad de Groenlandia, han demostrado que el derecho internacional es “ineficaz”. Por eso dice confiar en la protección que otorga Dinamarca. “Como persona que lucha por la independencia, me resulta extraño decir que en este momento tengo que confiar en Dinamarca”. Pero admite: “Creo que esa es la realidad: tenemos que confiar en que Dinamarca es la que garantiza nuestra seguridad”.

Texto traducido por Francisco de Zárate y actualizado por elDiario.es

Qué revela el caso de los deepfakes en Grok sobre la violencia digital contra las mujeres: “La desprotección es gigantesca”

2026 no ha empezado bien para muchas mujeres que habitan el entorno digital. Durante los primeros días del año, X, la red social propiedad de Elon Musk, se llenó de hombres solicitando a la inteligencia artificial generativa de la plataforma, Grok, que desnudara a mujeres sin su consentimiento.

Un sencillo prompt —“Hey @grok, put her in a bikini”—, acompañado de una fotografía, era todo lo que hacía falta para que, en cuestión de segundos, la plataforma generara un deepfake de esa mujer con las características solicitadas por el usuario. Durante esos primeros días de enero, y a pesar de que X no proporciona cifras oficiales, la investigadora independiente Genevieve Oh estimó en declaraciones para Bloomberg que, en los días con mayor actividad, se llegaron a generar hasta 6.500 imágenes por hora. 

Tras varios días de denuncias públicas en redes sociales, y cuando la conversación ya había saltado a los medios de comunicación y había llamado la atención de las instituciones públicas, Elon Musk realizó un movimiento muy limitado: entre el 8 y el 9 de enero, la función gratuita de generación de imágenes con IA —en la que los usuarios etiquetan a Grok en una publicación de X con una solicitud— pasó a estar disponible únicamente a los suscriptores Premium. Sin embargo, esta restricción resultó fácilmente eludible accediendo desde el sitio web o desde la aplicación independiente de Grok. Es decir, en plena polémica, Musk aprovechó el momento para intentar captar más usuarios de pago. 

Finalmente, más de dos semanas después de que comenzara el auge de deepfakes, X ha emitido un comunicado a través de su cuenta @Safety en el que ha anunciado “la implementación de medidas tecnológicas para impedir que la cuenta de Grok permita la edición de imágenes de personas reales con vestimenta reveladora, como bikinis”. El texto también se compromete a la retirada de “los contenidos prioritarios que infringen nuestras normas, incluidos los materiales de abuso sexual infantil y la desnudez no consentida”. Además, el comunicado anuncia que “la creación y edición de imágenes (…) ahora solo está disponible para suscriptores de pago” y que “esto añade una capa adicional de protección (…) para que los responsables puedan ser rastreados y responsabilizados”. En resumen: todo ello sin admitir responsabilidades, sin abordar la problemática en el punto de origen —la propia herramienta— y manteniendo la lógica de mercantilización. 

Aunque no es la primera vez que ocurre una situación similar —en mayo del año pasado las mujeres ya experimentaron este mismo tipo de violencia en Grok—, no ha sido hasta que el fenómeno ha escalado a dimensiones que incluyen la generación de imágenes de niñas menores de edad —lo que en muchos casos encaja jurídicamente como pornografía infantil— que los gobiernos han comenzado a expresar una preocupación más explícita. En los últimos días, el Consejo de Ministros en España ha incluido el uso y difusión de deepfakes entre las conductas susceptibles de vulnerar el derecho al honor, con la aprobación del anteproyecto de ley de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

En Reino Unido, la Secretaria de Estado en Ciencia, Innovación y Tecnología, Liz Kendall, ha confirmado que “se presentará con carácter prioritario legislación para prohibir las herramientas de ‘nudificación’ con IA”. Además, no se descarta una prohibición total de X en el Reino Unido si Ofcom —el organismo regulador de las comunicaciones— concluye que se ha vulnerado la Ley de Seguridad Online británica.

En cualquier caso, la legislación no avanza al mismo ritmo que la creación de estas herramientas de inteligencia artificial generativa ni que su puesta a disposición masiva de los usuarios. Pero, mientras los organismos oficiales intentan ponerse al día, la pregunta es inevitable: ¿qué ocurre con todas las mujeres que ya están viviendo esta nueva forma de violencia digital? ¿Cuáles son las repercusiones para ellas y qué efectos tiene este fenómeno en el ecosistema digital en su conjunto?

El muro legal ante la violencia del deepfake

Durante años, la violencia digital ha sido tratada como una violencia de segundo orden. No solo desde el ámbito social, sino también desde las instituciones y los tribunales. El mensaje implícito era claro: si no querías exponerte, no debías subir fotos a internet. En los últimos años, se han producido algunos avances legislativos y judiciales, pero cuando se trata de violencias ejercidas mediante inteligencia artificial —especialmente en las grandes redes sociales comerciales—, el camino sigue estando lleno de vacíos, ambigüedades y obstáculos.

Ejercer violencia en internet —sobre todo en espacios como X o Instagram— genera una fuerte sensación de impunidad, alimentada por la opacidad con la que estas redes son gestionadas y por el anonimato que permiten a sus usuarios. “La situación de desprotección en la que nos encontramos frente a plataformas supranacionales absolutamente gigantescas y, además, absolutamente sectarias —normalmente en manos de hombres blancos con posiciones fascistas— es gigantesca”, explica Isaac Guijarro, cofundador de Olympe Abogados, un despacho con perspectiva feminista, LGTBIQ+ y antirracista. “Todo depende de que el perfil concreto que ha publicado ese contenido sea rastreable por la policía. Si no es rastreable y las propias redes sociales no facilitan la información —como ocurre en la gran mayoría de las ocasiones en las que se acude a ellas—, ni la víctima ni su abogado o abogada tienen herramientas reales para averiguar quién hay detrás”, continúa.

A esta opacidad estructural se suma la falta de un marco penal específico. A día de hoy —a falta de que se apruebe nueva legislación—, no existe en el Código Penal español un delito que recoja la generación de deepfakes como tal. Guijarro aclara que, en el caso de personas adultas, estas prácticas se están encajando de forma indirecta en el delito de injurias, algo que “solo es perseguible penalmente si se considera grave”. Esa gravedad depende, entre otros factores, de si el contenido se ha difundido de forma pública —hacerlo en una red social sí es perseguible frente a si se difunde en un grupo de WhatsApp, por ejemplo—, de la relación con la persona que lo ha difundido —como en el caso de una pareja o expareja—, de si la víctima es menor de edad o del propio contenido del deepfake. En la práctica, una imagen generada por IA que muestre a una mujer en bikini solo sería denunciable penalmente en determinados supuestos, lo que introduce barreras legales, económicas y materiales difíciles de sortear.

En cualquier caso, desde el despacho recomiendan que, si una persona descubre que se ha generado un deepfake sin su consentimiento, lo primero es “hacer capturas de todo: del perfil que lo haya publicado, de la propia imagen, de la fecha en la que se ha publicado y denunciarlo, ya sea ante la policía o el juzgado de guardia”. La rapidez resulta clave para intentar frenar la difusión y contener el daño. De hecho, en España, a raíz de la Ley “solo sí es sí”, se aprobó una modificación del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que establece que como primera diligencia lo que se debe hacer es el borrado de cualquier tipo de contenido delictivo en internet“, explica Guijarro. Una medida pensada para minimizar el daño, pero que, en la práctica, no siempre se está cumpliendo, entre otras razones, por la actual saturación de los juzgados.

Mientras no exista una mayor presión por parte de los Estados hacia estas empresas privadas por el incumplimiento de la normativa nacional, ni se doten de medios suficientes a la policía, el juzgado y la fiscalía para actuar con mayor proactividad en la persecución de la violencia digital, “lo que se genera es una sensación de impunidad gigantesca en los hombres y una sensación de vulnerabilidad y de frustración gigantesca en las mujeres”, concluye el abogado. Un clima que no afecta únicamente a las víctimas directas, sino que se extiende a todas las mujeres que habitan el ecosistema digital.

La ciberfísica sexista del poder

Publicar este tipo de deepfakes no es una cuestión sexual, sino de poder. Entender esto es fundamental para situar estos actos dentro de un marco más amplio en el que se busca someter y disciplinar los cuerpos de las mujeres. Esto es algo que tiene muy claro el colectivo Proyecto UNA, dedicado al activismo digital, que en su ensayo La viralidad del mal: Quién ha roto internet, a quién beneficia y cómo vamos a arreglarlo (Descontrol, 2024), acuñó el concepto ciberfísica sexista del poder. 

El término nace a partir del trabajo de la investigadora Nerea Barjola sobre el crimen de Alcàsser y el modo en que los medios construyeron un relato de terror sexual que acabó disciplinando a niñas y mujeres adultas de toda una generación sobre los peligros de habitar el espacio público. En el contexto actual, ese disciplinamiento se ejerce a través del entorno digital: “Con las fotopollas y los mensajes privados y públicos llamándote fea y gorda. Como consecuencia de las amenazas que recibe una mujer gamer, pero también con los titulares que presentan la violencia online como un fenómeno inherente al medio”, escriben en su ensayo. 

Si existe violencia contra las mujeres en internet es porque esa violencia existe también fuera de él. “Lo importante es darse cuenta de que las violencias que existen en las redes sociales no han nacido allí, sino que vienen de un contexto y una historia previa. En internet, simplemente, tienen su propio lenguaje, pero el mecanismo de la discriminación es el mismo”, explican desde Proyecto UNA. ¿Cómo se combate entonces este tipo de violencia? “Si dejamos de concebir la filtración de contenido íntimo —sea generado por IA o no— como algo humillante hacia la víctima, que debería avergonzarla, y lo entendemos como una acción repudiable por parte del perpetrador o perpetradores, que atenta contra la libertad sexual de las personas, tendremos la mitad del camino hecho”, continúan.

El colectivo señala también la falta de responsabilidad de las instituciones públicas frente a estas plataformas comerciales dirigidas y gestionadas por tecnomagnates. “Llevamos años viendo cómo las instituciones, en vez de cuestionar el poder de las grandes empresas del Big Tech o de apostar por infraestructura pública, las legitiman e incluso las financian de forma indirecta. Se ha alimentado este mito según el cual los estados y la legislación no pueden hacer nada ante un poder demasiado grande”, aseguran. Sin embargo, hay ejemplos que desmienten ese relato.

En 2025, el gobierno de Lula da Silva aprobó en Brasil una ley que amplía las obligaciones de las plataformas digitales como medida para proteger a los niños y adolescentes. La norma, que entra en vigor este año, impone mayores controles a las Big Tech, obliga a retirar los contenidos de aparente explotación y abuso sexual y a notificar a las autoridades. Un año antes, en 2024, la justicia brasileña llegó incluso a suspender temporalmente el uso de la red social X por ignorar decisiones judiciales relacionadas con la lucha contra la desinformación.

Todavía queda un largo camino por recorrer y mucho por exigir a las instituciones públicas, pero el horizonte no es únicamente defensivo. “Lo importante es ser capaces de imaginar y construir las comunidades digitales que queramos —algo en lo que se está trabajando desde el Fediverso, una red de plataformas descentralizadas y no comerciales—, porque el gran triunfo de los tecnomagnates ha sido hacernos creer que su internet comercial es el único posible”, concluyen desde Proyecto UNA.

Incendios en la Patagonia: acusan al Gobierno de usar el racismo para tapar su inacción

Mientras el fuego vuelve a arrasar bosques y viviendas en la Patagonia, una amplia coalición de organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos, junto a referentes del ámbito académico, científico y cultural, denunció que el Gobierno de Chubut y el Gobierno nacional recurren a la estigmatización del pueblo mapuche para eludir su responsabilidad política frente a los incendios forestales. El pronunciamiento, difundido tras los focos registrados en El Hoyo y Epuyén, reunió cerca de 10 mil firmas en menos de 24 horas.

El documento cuestiona con dureza las declaraciones del gobernador Ignacio Torres y de autoridades nacionales que atribuyeron de manera inmediata y sin pruebas la intencionalidad de los incendios a comunidades mapuche. Para las organizaciones firmantes, no se trata de un hecho aislado sino de un patrón reiterado: ante cada incendio de magnitud, se construyen culpables sin evidencia, sin que exista hasta hoy una sola condena judicial ni avances reales en investigaciones que respalden esas acusaciones.

Lejos de aportar claridad, advierte el texto, este tipo de señalamientos vulnera principios básicos del Estado de Derecho y funciona como una estrategia política para desviar la atención del problema central: la ausencia de políticas públicas eficaces de prevención, manejo del fuego y protección ambiental. “Acusar sin pruebas no apaga el fuego: solo encubre la inacción y profundiza la injusticia”, resume el pronunciamiento.

Las organizaciones subrayan, además, que determinar la intencionalidad de un incendio forestal es una de las tareas más complejas de la ciencia forense a nivel mundial, y que hacerlo de manera responsable requiere procedimientos científicos rigurosos y equipos especializados. En ese sentido, contrastan la complejidad técnica del problema con la “ligereza” de los discursos oficiales que, según denuncian, optan por el atajo del racismo antes que por asumir responsabilidades institucionales.

El documento sostiene que esta construcción de enemigos internos impide debatir las verdaderas causas estructurales de la crisis ambiental en la región: el abandono estatal en prevención y restauración, la precarización de brigadistas, la falta de inversión sostenida, la promoción del monocultivo de pinos, la concentración y extranjerización de la tierra y el avance del negocio inmobiliario sobre los bosques nativos. Factores conocidos, advertidos durante años y agravados por el contexto de emergencia climática.

En ese marco, las personas y organizaciones firmantes exigen investigaciones serias, información pública responsable y políticas integrales que contemplen prevención, combate del fuego y restauración de los territorios afectados. Señalan que los incendios no son hechos imprevisibles, sino fenómenos recurrentes cuya magnitud aumenta por decisiones políticas —o por su ausencia—.

El pronunciamiento cuenta con el respaldo de organizaciones de amplia trayectoria como el CELS, Amnistía Internacional Argentina, Greenpeace Argentina, Innocence Project Argentina, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asociación de Abogados Ambientalistas, ATE Capital, No a la Mina, la Confederación Mapuche de Neuquén y muchas otras. También adhieren reconocidas figuras del ámbito político, académico, científico y cultural, entre ellas Myriam Bregman, Dora Barrancos, Andrea Gamarnik, Alberto Kornblihtt, Maitena, Darío Sztajnszrajber, Dolores Reyes, Roberto Salvarezza y Moira Millán.

Sin pruebas, el Gobierno acusa a grupos mapuches por los incendios pero la justicia lo desmiente

Los incendios en Chubut ya quemaron 12 mil hectáreas y se extinguieron 22 de los 32 focos. En ese marco, el Gobierno reforzó su falsa acusación contra “grupos mapuches” como posibles responsables de los focos ígneos. Sin embargo, las autoridades judiciales de Chubut desacreditaron esas versiones por falta total de pruebas.

A través de comunicados y posteos en X, el Ministerio de Seguridad de la Nación y Patricia Bullrich atribuyeron los incendios a “grupos terroristas autodenominados mapuches”. En su cuenta oficial, la cartera aseguró que se investigan “hechos deliberados e intencionales” y que los “indicadores preliminares” vinculaban a estos grupos con actos de “terrorismo ambiental”. Prometieron además que identificarán, detendrán y llevarán a la Justicia a los responsables.

En redes sociales también circularon declaraciones duras, como las de la exministra Patricia Bullrich en X: “Si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos incendios, las van a pagar como terroristas.”

Estas afirmaciones siguieron una línea de discurso ultra que asocia a comunidades mapuches con violencia organizada y terrorismo, una narrativa que ha sido repetida por sectores del oficialismo en distintos momentos.

La justicia provincial lo desmiente tajantemente

Contrariamente a las versiones oficiales del Poder Ejecutivo, el Fiscal General de Chubut, Carlos Díaz Mayer, negó cualquier vínculo entre los incendios y los pueblos mapuches, descartando esa hipótesis por completo según su investigación hasta ahora. Díaz Mayer sostuvo que no existen pruebas ni indicios que respalden la participación de grupos mapuches en el inicio de los incendios, y pidió evitar especulaciones que no se sostienen en la evidencia judicial.

“Tenemos varias líneas de investigación abiertas y no descartamos ninguna por el momento”, dijo Días Mayer pero aclaró que las pericias no avalan las hipótesis difundidas desde Nación: “Descartamos de plano las teorías conspirativas y cualquier vinculación con grupos radicalizados”, dijo en declaraciones radiales. “Nuestro perito detectó la presencia de acelerantes como combustibles en el lugar donde se habría iniciado el fuego”, explicó.

El fiscal explicó que la investigación aún sigue abierta y cuenta con varias líneas de pesquisa, pero remarcó que ninguna apunta a relaciones con grupos organizados, y que por el contrario las pericias no avalan las hipótesis difundidas desde Nación. Entre otros datos, confirmó la presencia de acelerantes como combustibles en el foco del incendio en Puerto Patriada, pero no identificó responsables ni redes organizadas detrás del hecho.

Además, Díaz Mayer subrayó la complejidad de reconstruir lo sucedido debido a la gran cantidad de personas que se encontraban en la zona al inicio del fuego, lo que obliga a descartar múltiples hipótesis sin encontrar hasta el momento pruebas concretas sobre autorías.

Los incendios han dejado más de 12.000 hectáreas afectadas y movilizado recursos federales y provinciales para combatir las llamas. Aunque el origen intencional del siniestro figura como una de las hipótesis de trabajo —respaldada por la presencia de acelerantes— no hay hasta ahora identificación de responsables ni evidencia sólida que sostenga la versión de la Casa Rosada sobre participación de grupos mapuches.

MC