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• Participarán maestros pizzeros y tendrá fines solidarios.
• Buenos Aires es una de las ciudades con más pizzerías por habitante del mundo.

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Causa ANDIS: procesaron a Spagnuolo y a otros 18 acusados por asociación ilícita, fraude y sobornos

El juez federal Sebastián Casanello procesó al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a otras 18 personas —entre exfuncionarios mileístas y operadores privados— por los delitos de asociación ilícita, fraude contra la administración pública y pago de sobornos, en una causa que investiga el manejo irregular de compras de medicamentos de alto costo destinados a personas con discapacidad.

La resolución judicial sostiene que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la ANDIS fue utilizada como “centro de operaciones” de un esquema delictivo que permitió direccionar contrataciones públicas, aplicar sobreprecios millonarios y garantizar pagos privilegiados a un grupo reducido de droguerías y empresas proveedoras, en detrimento del erario público y de un sector especialmente vulnerable de la población.

Además de Spagnuolo, quien fuera íntimo amigo de Javier Milei y de quien se filtró un audio hablando de “un 3%” para Karina Milei, están procesados Daniel María Garbellini, su mano derecha dentro de la agencia, y Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, operadores con estrechos vínculos con droguerías proveedoras del Estado investigadas por direccionamiento de compras

También fueron procesados, como integrantes y partícipes: Diego Martín D’Giano (exdirector de Prestaciones Médicas), Roger Edgar Grant (Ex Coordinador de Gestión de Urgencias), Eduardo Nelio González (exdirector Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas), Lorena Vanesa Di Giorno (empleada vinculada a Calvete), Luciana Ferrari (exfuncionaria), Andrés Horacio Arnaudo (vinculado a Droguería Génesis), Silvana Vanina Escudero (vinculada a Droguería New Farma), Alejandro Gastón Fuentes Acosta (vinculado a Droguería Floresta), Patricio Gustavo Rama, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Julio César Viera, Ornella Calvete, Patricia Canavesio y Ruth Noemí Lozano.

Compras direccionadas y sobreprecios

El corazón de la maniobra investigada fue el sistema de compras de Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), utilizadas para la provisión de medicamentos biológicos y tratamientos complejos destinados a beneficiarios de pensiones no contributivas que no cuentan con otra cobertura de salud.

De acuerdo con la resolución, se implementó un mecanismo paralelo de “compulsas especiales”, en el que solo participaban un puñado de proveedores previamente seleccionados. Esa supuesta competencia —según el juez— era ficticia: algunas empresas cumplían el rol de oferentes “pantalla”, mientras que las adjudicaciones se encontraban definidas de antemano.

El expediente detalla que, como resultado de este sistema, cuatro droguerías concentraron más del 90% de las adjudicaciones en determinadas compras, con órdenes de pago que superaron los 30 mil millones de pesos. En varios casos, los precios abonados por el Estado registraron incrementos abruptos y difíciles de justificar en lapsos muy breves, con subas que llegaron a multiplicar varias veces el valor de referencia de los medicamentos.

Pagos indebidos y acceso irregular al sistema

La investigación también dio por probado que el esquema incluyó pagos indebidos y retornos a funcionarios de la ANDIS, a cambio de garantizar adjudicaciones, agilizar trámites y priorizar pagos. Para eso, personas ajenas al organismo habrían tenido acceso directo al sistema informático interno (SIIPFIS), utilizando credenciales de funcionarios públicos para cargar datos, gestionar compulsas y monitorear procesos de compra.

El fallo describe una confusión deliberada entre intereses públicos y privados, en la que empresarios del sector farmacéutico influyeron en decisiones estratégicas del organismo como si fueran parte de su conducción formal.

En 21 compulsas reducidas realizadas entre julio de 2024 y agosto de 2025, las droguerías Profarma S.A. y Génesis S.A. obtuvieron el 93,11% de las adjudicaciones, por un total de más de $30.337 millones.

Las pruebas incluyen incrementos de precios injustificados en medicamentos esenciales. El caso más extremo fue el del Macitentan 10 mg, adjudicado a $8.290.000 por unidad el 19 de noviembre de 2024 y vuelto a adjudicar tres días hábiles después con un incremento superior al 1.900%. Situaciones similares se detectaron con Burosumab 20 mg: mientras en compulsas generales se pagaron $21 millones por unidad, en las compulsas reducidas las droguerías beneficiadas cobraron más de $40 millones.

El origen de la causa

La causa se inició en agosto de 2025 a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, basada en información periodística y en la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo que mencionan a Karina Milei, en los que se hablaba de supuestos pedidos de dinero a proveedores. Aunque esos audios funcionaron como disparador, el juez aclaró que el procesamiento se apoya en un volumen amplio de pruebas incorporadas posteriormente: allanamientos, intervenciones telefónicas, peritajes sobre dispositivos electrónicos, documentación secuestrada y declaraciones testimoniales.

Durante la investigación también se encontraron sumas importantes de dinero en efectivo en cajas de seguridad vinculadas al exdirector de la ANDIS, cuya justificación fue objetada por la fiscalía.

Según la resolución de Casanello, “en esta investigación se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales de la órbita de la ANDIS como por actores particulares, que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas”, al tiempo que consideró que el organismo “fue cooptado y empleado como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.

Para el magistrado, el trabajo de la Justicia estos meses “permitió reconstruir, como se expuso, un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.

Además, Casanello advierte la existencia de un “esquema delictivo” que “pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia ANDIS, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”, al tiempo que revela que la investigación que sigue su curso también apunta a que “la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados”.

Con información de agencia NA

La mayor inversión minera del país apoya otra ley de glaciares pero dice que no tocará ninguno

No se puede ir por cuenta propia hasta la mayor inversión minera de la historia argentina, el proyecto Vicuña, en la provincia de San Juan, en la frontera con Chile, cerca de La Rioja. Por eso en este y otros casos a lo largo de los Andes, los defensores de la actual ley de glaciares, ahora en revisión, se basan en imágenes satelitales recolectadas en el Instituo Argentino de Glaciología (Ianigla). Son nueve horas y media de viaje en ómnibus o camioneta 4x4 desde la ciudad de San Juan, incluidas seis por un camino privado de ripio.

El camino, que se inicia en el pueblo riojano de Guandacol y atraviesa ríos, fue construido por las mineras antecesoras de Vicuña Corp., que se formó en 2025 entre la gigante australiana BHP y la canadiense Lundin.

Sólo invitado por la empresa concesionaria del yacimiento, que incluye las minas Filo del Sol y Josemaría, se puede acceder. Y la compañía exige a sus invitados una mañana de controles médicos que van desde pedalear en bicicleta fija con electrodos para la vigilancia cardíaca (ergometría) hasta la prueba de entrada y salida del aire en los pulmones (espirometría) para chequear que podrán aguantar a estar 20 horas entre los 4.000 y los 5.300 metros sobre el nivel del mar, alturas en las que falta el aire.

Dolores de cabeza, con puntadas o presión en la frente, mareos que hacen parecer que uno camina en un barco con marejada y no por el campamento donde viven los mineros, cansancio e insomnio. Son algunos de los síntomas que sufrimos los periodistas invitados y por los que terminamos apenas llegar o durante la noche con una cánula de oxígeno durante 15 minutos o con un suero de analgésicos y corticoides.

Los trabajadores del proyecto, que alternan 14 días en la montaña y 14 en sus casas (dos de estos días de descanso se consume en el viaje), se van acostumbrando pero también a veces sufren el mal de altura, que ha provocado en algunos casos dislexia circunstancial o hasta un edema cerebral o pulmonar. Son problemas que se podría acotar mascando hoja de coca, pero la compañía la prohibió porque puede tapar otras sustancias en sangre en los controles de alcohol y drogas que aplican a los empleados. Se recomienda tomar mucha agua en pequeños sorbos y comer liviano. 

En estos cerros tan inhóspitos, áridos, por donde andan algunas vicuñas, guanacos y zorros, con pocos glaciares y manchones de nieve en retroceso por el cambio climático, donde en invierno hace menos que 20 grados bajo cero, trabajan por estos días de verano más de 1.100 personas con cascos, anteojos de sol, camperas relucientes y botas en lo que el director para Argentina de Vicuña, José Morea, llegó a calificar como la mayor inversión extranjera de la historia argentina, no sólo minera.

El director prometió que será una de las diez mayores minas de cobre, oro y plata del mundo, cuando esté terminada, porque por ahora siguen en la etapa de exploración, de perforaciones para determinar en qué parte de la montaña hay más recursos. Sólo después construirán la planta procesadora y en la década próxima recién empezarán a producir y exportar. Morea no quiso desmentir la cifra exacta de la inversión que el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, informó que rondaría los US$12.000/15.000 millones en 20 años, 2.000 millones en los próximos dos, según la parte del proyecto que se presentó en diciembre pasado para recibir las rebajas de impuestos y aranceles de importación y los beneficios cambiarios del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI). El RIGI sólo exige 20% de proveedores locales y las empresas apenas cumplen con ese piso, en tiempos en que prefieren lo importado por cuestión de precio.

Las inversiones incluyen la construcción de una nueva ruta de 220 kilómetros desde la mina hasta el pueblo de Rodeo, en la provincia de San Juan, para conectarla de manera más directa con la capital cuyana, en lugar de tener que desviarse por La Rioja, como hasta ahora. Una unión de una constructora sanjuanina con una puntana están ya trabajando en los primeros 50 kilómetros y pronto Vicuña licitará el resto. Además, la minera organizará otra licitación para levantar una línea de alta tensión hasta Rodeo para abastecerse de electricidad del sistema interconectado central de la Argentina. Por ahora usan generadores a gasoil.

En Vicuña, al igual que en todas las demás mineras, abogan por la reforma de la ley de protección de glaciares que el presidente Javier Milei metió en las sesiones extraordinarias del Congreso este mes. Pero aclaran que no necesitan de ese cambio para continuar con su proyecto y que no tocarán los glaciares y las zonas periglaciales que están en su dominio. Josemaría ya tiene aprobado su estudio de impacto ambiental por el anterior gobernador peronista, Sergio Uñac, y Filo del Sol espera por su autorización con el actual jefe provincial, Marcelo Orrego, del partido Producción y Trabajo, de perfil conservador.

Metegoles en altura

En la que será la mayor mina de la Argentina defienden que la iniciativa oficialista proteja “los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial con funciones hídricas efectivas y relevantes”, es decir, ya no todo seguirá resguardado como hasta ahora; que los más de 17.000 glaciares relevados por el Ianigla sigan vetados para la actividad minera y petrolera sino que ese inventario sirva como insumo para posteriores estudios de si aportan o no suficiente agua a la provincia donde están situados. Ahí radica uno de los puntos claves de la ley de Milei: que ya no sea la Nación sino cada provincia la que determine qué proteger y qué no. 

Los opositores a la reforma temen que los gobernadores, por convicción o presión, cedan a las pretensiones de las mineras. Además, advierten que puede que un glaciar mirado de manera individual no tenga tantos recursos hídricos, pero en conjunto con otros sí revista impacto y, por tanto, su eliminación puede resultar dañina. La falacia de agregación o de composición en el pensamiento de John Maynard Keynes sostiene que lo que es racional o virtuoso a nivel individual puede ser desastroso a nivel agregado. 

En el campamento Batidero, un conjunto de contenedores ensamblados con habitaciones dobles y simples con televisor para 1.060 huéspedes, un comedor, un kioskito, un gimnasio y una sala de recreación con dos metegoles, una mesa de ping pong, un billar y otra TV, la gerenta de Ambienta de Vicuña, Yanina Ripoll, explica qué glaciares están dentro de la concesión de la empresa. Bióloga, que hasta cinco años atrás trabajaba en la Secretaría de Ambiente de San Juan, cuenta que hay un glaciar “con alto deterioro”, inventariado por el Ianigla, “manchones de nieves” y un glaciar de escombros –es decir, que en su superficie no tiene hielo sino roca, lo que es parte de la zona periglacial– que fue descubierto por la minera e incorporado después al relajamiento provincial. 

“Avanzamos en estudios para ver el aporte hídrico de los glaciares y los manchones”, cuenta Ripoll. “Desde 1976 hasta la fecha han retrocedido en tamaño 84%. El glaciar de escombros, llamado G110, está inactivo y no tiene aporte hídrico a la cuenca” , agrega la bióloga. “Aunque se modifique la ley de glaciares, no se tocará ni este ni el glaciar, que nosotros llamamos AR30, aclara en la empresa. ”¿Y para qué entonces los están analizando?“, preguntó la prensa. La respuesta: porque así los obliga la ley ambiental minera y de paso para evitar cualquier eventual reclamo futuro sobre el respeto del área protegida. También está trasladando vegas (vegetación que indica la presencia de agua), ratones y lagartos para mantenerlos pero fuera del yacimiento. Los glaciares y las zonas periglaciales están en retroceso por el calentamiento global y, en la medida en que desaparezcan, las actividades extractivas podrán avanzar sobre las montañas que los albergaban.

Agua, cobre y autos eléctricos

Lo paradójico es que a la vez que las mineras codician zonas con glaciares, reservas de agua en jaque también por el cambio climático, a la vez justifican su interés por el crecimiento de la demanda de cobre, materia prima para los cables de los autos eléctricos, necesarios para reemplazar los de combustión, que provocan el efecto invernadero. A 4.200 metros de altura, en un mirador frente a la mina Josemaría –lleva ese nombre en honor al fundador del Opus Dei, cuya imagen está en la oficina de entrada campamento Batidero–, el gerente de geología de Vicuña, Juan Arrieta, explica el vínculo del negocio con la lucha contra el calentamiento global.

Señala que el boom minero que atraviesa la Argentina ocurre en este momento porque las técnicas de exploración han podido acceder a zonas complicadas, que por la forma de los Andes tienen mejor entrada desde Chile; y por incentivos que ha surgido, no mencionó explícitamente el RIGI, sino el aumento del precio del cobre por la demanda de las energías renovables. El oro y la plata también se han apreciado en los últimos años pero no por sus fines industriales sino por la especulación financiera.

Josemaría ocupa 3.3.00 hectáreas. Filo del Sol, 10.000. Contiene tres veces más recursos y están más alta, llega hasta los 5.350 metros sobre el nivel del mar. Ahora se la está explorando con nueve máquinas perforadoras, con pozos de hasta 2.000 metros de profundidad. Y así continuarán dos años más. Entre cobre, oro y plata, se calcula que hay 7.890 millones de toneladas “inferidas” y 3.630 millones “medidas e indicadas”. Es decir, primero se infiere que hay tanta cantidad de metal y después de los estudios pasan a categorizarse como medidas e indicadas. El análisis se inicia en el campamento Batidero y continúa en el laboratorio de la empresa en la ciudad de San Juan. Una vez concluidos los estudios, se elaborará un modelado en tres dimensiones y el plan de minado, es decir, el modo en que se explotará el cerro.

Filo del Sol es una mina binacional, un décimo de los recursos está del lado chileno. Por eso, en los dos campamentos argentinos de Vicuña duermen trabajadores chilenos que trabajan del otro lado de la frontera. Pero la planta procesadora del metal se instalará del costado argentino. Se prevé que en los próximos meses se contratará a 300 operarios para que en dos turnos de 12 horas, de día y de noche, inclusive en invierno, hagan el movimiento de suelos para allanarlos para la futura fábrica. Por ahora en estas montañas trabajan 390 empleados de Vicuña y 1.200 de firmas contratistas, desde perforadoras hasta catering, limpieza y asistencia médica. Casi todos son varones. 

El agua necesaria para el tratamiento de los metales se supone que llegará desalinizada desde el Pacífico chileno. Es la que suelen utilizar las minas del país vecino y que se bombea hasta la altura. Pero se prevé que se reutilizará el 76% del agua que se emplee en el proceso de flotación del metal y que termine en el dique de cola, que es el depósito del descarte de las tierras residuales de la separación del cobre, el oro y la plata. En el mineral no hay presencia de arsénico y no se usará cianuro porque se procesará con el método de lixiviación, según la gerenta de Ambiente de Vicuña. Como sustancia química peligrosa se empleará el xantato. 

Pocos ciudadanos se acercan a preguntar por el impacto ambiental de la mina a los tres centros comunitarios que Vicuña ha abierto para contactar con los pueblos más cercanos, Rodeo y San José de Jáchal, en San Juan, y Guandacol, en La Rioja, según la responsable de esas casas, Mercedes Pagés. Sí ha surgido la inquietud por el agua en charlas con productores rurales, a los que asisten con la marca y la vacunación del ganado. Pagés explica que el “cambio en el contexto socioeconómico” ha llevado a que la gente se acerque a esos centros para preguntar por empleo o por la posibilidad de convertirse en proveedores de Vicuña. Desde allí organizan programas de apoyo a emprendedoras para profesionalizar proyectos que son de subsistencia; o al turismo local. “Pagamos el derecho de estar acá contribuyendo a las comunidades, diversificando la economía, es la política del buen vecino”, cuenta Pagés. Claro que esta y otras inversiones mineras en San Juan enfrentan la oposición de la asamblea Jáchal No se Toca, que nació en 2015 por la contaminación del mayor yacimiento de la provincia hasta el momento, Veladero.

Pagés reconoce que no todos los vecinos podrán ir a trabajar a la alta montaña, por preparación o por estado físico. Y que en algunos casos son los jóvenes los que no les interesa la dura vida del minero, de dos semanas acá arriba, lejos de su gente, por mes, y prefieren aprender con ellos programación para trabajar desde sus computadoras con clientes de todo el mundo. Los mineros tienen los segundos mejores sueldos de la Argentina, en promedio $7 millones, detrás de los petroleros, pero no todos ganan tan bien por trabajar tanto tiempo acá donde falta el aire.

Los enfermeros que atienden a los descompuestos cobran $1,1 millones; los choferes que los trasladan, 800.000; los médicos, 3 millones, igual que un obrero de la construcción. Un electricista saca 1,5 millones; un perforista, que es un técnico que hizo un año más de secundario, hasta 7 millones en una buena campaña de muchos pozos; pero están también los ingenieros o los geólogos, que caminan 7 kilómetros por día identificando caminos para la prospección geofísica, que cobran 10 o 14 millones. Pero la minería sola, ni junto con los hidrocarburos de Vaca Muerta, sin suficientes proveedores locales ni agregado de valor a las materias primas, no alcanzarán para dar empleo a los 14 millones de trabajadores activos de la Argentina, incluidos los que ahora pierden el empleo en las fábricas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba.

AR/MG

El agua enfrenta a vecinos y desarrolladores en Ciudad de México de cara a la Copa del Mundo

Cuando México salga al campo de juego en el partido inaugural de la Copa del Mundo de fútbol en junio, el país estará frente al televisor animando a su equipo. Sin embargo, los residentes que viven cerca del emblemático Estadio Azteca estarán calculando el costo de la disminución de sus reservas de agua.

El torneo masculino de 2026 será el primero en ser coorganizado por tres países: los partidos se disputarán en 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá. México será sede de 13 de los 104 partidos, cinco de ellos en la Ciudad de México, y se prevé la llegada de más de 5,5 millones de visitantes durante el evento.

Se espera que el evento genere 620 millones de dólares en venta de entradas, reservas de alojamiento y otros gastos de consumo en la Ciudad de México. Además de una renovación del Azteca por el valor de 2 mil millones de pesos mexicanos (110 millones de dólares), las autoridades han anunciado una serie de ambiciosos proyectos de obras públicas para la zona. Entre ellos se incluyen una ciclovía de 34 kilómetros que se extenderá desde el centro de la ciudad, la repavimentación de las carreteras alrededor del estadio y la construcción de una pasarela peatonal elevada de 1,5 kilómetros en la avenida Tlalpan.

Félix Aguirre, director del Azteca, ahora conocido oficialmente como Estadio Banorte, afirma que su renovación garantizará el futuro del recinto durante las próximas cinco décadas.

Sin embargo, para quienes viven a la sombra del estadio, esta avalancha de inversión pública no ha servido para atenuar sus preocupaciones sobre el ya menguante suministro de agua.

En las inmediaciones del Azteca hay tres pozos. Pero durante los últimos 12 años, los grifos de la casa de la familia de Norma Piñón solo han recibido agua dos o tres veces por semana. Ella vive cerca del estadio, en Santa Úrsula Coapa.

Cuando hay agua disponible, la familia llena los depósitos que hay en el patio y en la azotea. Piñón reutiliza el agua de la colada para limpiar y regar las plantas: “Tenemos que saber reciclarla”.

El barrio está compuesto principalmente por casas familiares autoconstruidas, como la de los Piñón. Sin embargo, una empresa inmobiliaria adquirió recientemente una propiedad detrás de su casa y comenzó a construir un moderno complejo de apartamentos de 19 unidades. La construcción de ocho pisos en la calle Popocatépetl se elevará por encima de los edificios que la rodean.

Según los vecinos, un anuncio promocionaba la ubicación estratégica de los apartamentos para la próxima Copa del Mundo. A Piñón le preocupa que este desarrollo supere la capacidad del suministro de agua local: “No sé de dónde van a sacar el agua”.

Dentro de los ambiciosos planes de infraestructura para la Copa del Mundo, el jefe de gobierno de la Ciudad de México anunció obras de regeneración urbana en tres zonas: las colonias Santa Úrsula, Pueblo de Santa Úrsula y Pueblo de San Lorenzo Huipulco. Estas obras incluirían mejoras en el suministro de agua potable y la construcción de colectores de aguas pluviales. Pero para los residentes que llevan años sin un acceso fiable al agua y que acusan a los funcionarios del gobierno y a los promotores privados de falta de transparencia, hay motivos para el escepticismo.

Desigualdad en el acceso al agua

Antes de la colonización, los habitantes del valle de Anáhuac —como se conocía la actual zona metropolitana de la Ciudad de México— tenían una relación armoniosa con el agua. Así lo afirma Gonzalo Hatch Kuri, profesor de Geografía de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Hoy en día, en medio del rápido desarrollo urbano, los habitantes de la ciudad se enfrentan a frecuentes cortes de agua. “El problema no es la escasez”, afirma Hatch Kuri. “El problema es la distribución desigual del agua”.

La Ciudad de México obtiene su suministro público de agua de tres fuentes principales: una red de pozos en la ciudad y el área metropolitana; una cadena de embalses conocida como el sistema Lerma-Cutzamala; y una serie de presas que comienzan en el estado occidental de Michoacán. Todos esos sistemas alimentan la red que proporciona agua potable a los hogares.

Las empresas inmobiliarias se encuentran entre las industrias de la ciudad que más agua consumen, según datos de las autoridades responsables del agua en la Ciudad de México. Cuando se trata de nuevos desarrollos, las empresas inmobiliarias deben presentar estudios públicos sobre el agua que demuestren que hay suficiente suministro.

Los vecinos afirman que los nuevos apartamentos situados detrás de la casa de Piñón carecen de los permisos y estudios necesarios. A principios de diciembre, las autoridades municipales cerraron la obra, pero los videos grabados por los vecinos parecían mostrar que las obras continuaban.

La decisión de conceder un permiso a Televisa, la corporación mediática propietaria del Azteca a través de una filial, también ha resultado controvertida. La empresa había solicitado un permiso para respaldar una solicitud para el Complejo Estadio Azteca, que incluía centros comerciales, hoteles y oficinas junto al estadio. El proyecto se suspendió tras la oposición local, pero el permiso se concedió de todos modos. Esto alimenta el temor de que en el futuro se produzcan desarrollos a gran escala.

Santa Úrsula Coapa está reconocida legalmente como uno de los barrios originarios de la Ciudad de México. Esta designación otorga a la comunidad derechos de autogobierno y competencias en materia de planificación. Sin embargo, según el responsable de la estructura de gobierno comunal de la localidad, Rubén Ramírez, no se llevó a cabo la consulta legalmente exigida para las obras de regeneración antes de conceder el permiso.

Según un mapa proporcionado por los residentes de Santa Úrsula Coapa, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha designado el barrio como zona de alto riesgo de estrés hídrico debido a la intensa explotación del agua.

“Esto implica un riesgo total para toda la comunidad que rodea el estadio, ya que el acuífero se encuentra en niveles muy bajos”, explica Ramírez a Dialogue Earth. “Estamos en nuestro derecho de exigir que se revoque esta concesión. No cumple ninguno de los parámetros establecidos en las normas [gubernamentales] y viola los derechos del pueblo originario de Santa Úrsula”.

La información oficial sobre la extracción de agua en la Ciudad de México es escasa. No existe un registro público de las concesiones otorgadas a empresas privadas.

La autoridad municipal encargada del agua, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), no respondió a una solicitud de comentarios, al igual que la FIFA. No fue posible contactar con representantes de Televisa para recabar sus comentarios.

Los defensores del agua

En julio, cientos de personas salieron a las calles del sur de la Ciudad de México en una marcha contra la gentrificación. Fue la segunda de una serie de movilizaciones recientes para denunciar la especulación inmobiliaria relacionada con la Copa del Mundo. Luis Alberto Salinas Arreortua, geógrafo de la UNAM, ha advertido sobre los riesgos de la gentrificación, incluido el eventual desplazamiento de la población local.

Entre los manifestantes se encontraban miembros del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac (FDDPBOCA). La organización, que defiende los derechos de los barrios originarios de la ciudad, se opone a 50 megaproyectos inmobiliarios en toda la Ciudad de México.

Un factor común en estas disputas es la sobreexplotación hídrica: proyectos inmobiliarios que demandan más agua al sistema de abastecimiento de la ciudad. Se trata de una amenaza clave para los residentes a largo plazo (algunos de los cuales remontan sus raíces a los asentamientos prehispánicos del valle). La prueba está en los grifos de los vecinos: los residentes del sur de la ciudad afirman haber visto cómo se reducía su suministro de agua cuando se construyeron centros comerciales y complejos de apartamentos en las cercanías.

“El capital inmobiliario sueña con venir al sur de la ciudad para quedarse con el agua de la gente”, afirma Alejandro Ortiz, miembro del FDDPBOCA.

El FDDPBOCA publicó un informe en enero de 2025 en el que se detalla la demanda estimada de agua de una serie de proyectos en curso, incluidos varios en las inmediaciones del Azteca. Entre ellos se encuentran la ampliación del centro comercial Gran Sur, con una demanda de 109.650 litros de agua al día, y las tres torres de 30 plantas conocidas como Mantik Luis Cabrera, que requieren 408.280 litros para 586 apartamentos.

En 2017, una investigación realizada por la Universidad de Central Lancashire, en el Reino Unido, exploró los abusos de los derechos humanos relacionados con “megaeventos” como la Copa del Mundo. La investigación reveló que existe una “rutinización del daño a las poblaciones locales”.

La FIFA no respondió a una solicitud de comentarios. Las anteriores Copas del Mundo se han celebrado en medio de controversias sobre los daños relacionados al evento deportivo, como el desplazamiento masivo de residentes de favelas antes del mundial de Brasil de 2014 y los presuntos abusos a los trabajadores migrantes en el período previo al mundial de 2022 en Qatar.

Con cinco partidos de la Copa del Mundo programados en el Azteca, los activistas afirman que el megaevento no es solo un hito deportivo. También podría marcar un punto de inflexión en cuanto a quién tiene derecho al agua corriente.

Este artículo fue publicado originalmente en Dialogue Earth: https://dialogue.earth/es/agua/agua-enfrenta-vecinos-desarrolladoes-ciudad-mexico-mundial/

El Gobierno cree que la CGT no moverá el tablero y se alista para un miércoles con conflicto acotado

En la Casa Rosada siguieron sin dramatismo la resolución de la Confederación General del Trabajo (CGT). El viernes, con el debate por la reforma laboral en el Senado a la vuelta de la esquina, el oficialismo se mostraba convencido de que la central no lograría los consensos necesarios para convocar a un paro general. La decisión de limitar la respuesta a una movilización a las puertas del Congreso confirmó esa lectura: para el Gobierno, el sindicalismo conserva capacidad de ruido en la calle, pero perdió poder para condicionar el desenlace político.

El tono interno fue más duro que el discurso público. Ante las objeciones lanzadas desde Azopardo 802 por los representantes de la central obrera, en los pasillos de Balcarce 50 no se anduvieron con vueltas. “Lo que diga la CGT no nos importa”, lanzó un miembro de la mesa política del mileísmo. Sin matices, el mismo funcionario agregó que “los gordos siempre hacen lo mismo, defender la de ellos” y evaluó que la protesta prevista para el próximo miércoles solo servirá para “exponer que ya no los acompaña nadie”.

Más allá de esa confianza, el Gobierno se prepara para una jornada caliente. En el Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva no prevén un escenario de descontrol, aunque seguramente se disponga de un operativo reforzado con presencia de fuerzas federales, además de vallado y custodia del Congreso. En la cartera son conscientes de que el objetivo principal será evitar incidentes o situaciones de desborde, mientras que la CGT buscará exhibir fuerza política con movilizaciones en todo el país, con sus sindicatos más combativos impulsando paros por actividad.

Lo cierto es que el dato que más valoran en la Casa Rosada es el frente político. Los libertarios lograron aislar el reclamo sindical de la mayoría de los gobernadores, que respaldan la ley y concentran su negociación en el impacto fiscal. La fallida cumbre de mandatarios peronistas en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) dejó a los sectores más duros del peronismo y del sindicalismo sin volumen para ordenar una oposición común.

La negociación con los gobernadores

En paralelo al frente sindical, el Gobierno continúa consolidando apoyos entre los gobernadores, pieza clave para garantizar el resultado en el Senado. En la Casa Rosada sostienen que la mayoría de los mandatarios optaron por acompañar la reforma laboral o, al menos, evitar confrontar abiertamente con el oficialismo. La discusión con las provincias, explican, se concentra menos en el contenido laboral del proyecto que en su capítulo fiscal, particularmente por la eventual merma de recursos derivada de la baja del impuesto a las Ganancias para las empresas.

El trabajo político del ministro del Interior, Diego Santilli, fue central para sostener ese esquema. Desde que asumió el cargo, el funcionario activó una ronda de contactos con gobernadores de distintos signos políticos para contener tensiones y evitar la conformación de un frente opositor. En el Gobierno destacan que, en los últimos días, logró desactivar la cumbre que planeaba un grupo de mandatarios peronistas, una instancia que podía convertirse en señal de resistencia institucional frente al proyecto.

En La Libertad Avanza interpretan que, más allá de los matices, los gobernadores priorizan hoy la estabilidad fiscal y el vínculo con la Casa Rosada antes que un alineamiento político con la CGT. Varios mandatarios, incluso, prefieren negociar compensaciones o mecanismos de atenuación del impacto fiscal antes que quedar expuestos en una confrontación abierta contra una ley que el Gobierno da por encaminada. Esa lógica explica, según fuentes oficiales, el repliegue de sectores del peronismo dialoguista y la falta de coordinación entre provincias y sindicalismo.

No obstante, en Balcarce 50 admiten que el respaldo de los gobernadores no es uniforme ni automático. Algunos mantienen reservas sobre aspectos puntuales del proyecto y continúan negociando en silencio. En particular, el foco está puesto en garantizar el acompañamiento de legisladores que responden a ejecutivos provinciales clave, donde el oficialismo cree haber avanzado lo suficiente como para asegurar una mayoría funcional en el recinto.

Con ese cuadro, Javier Milei considera que la discusión legislativa está, en términos políticos, bajo control. El verdadero interrogante, admiten cerca del Presidente, no pasa por los votos sino por el nivel de conflictividad social que pueda generar la reforma una vez aprobada. Por eso, mientras consolidan el frente con las provincias, en la Casa Rosada observan con la misma atención la calle que el tablero parlamentario.

PL/MG

Escracharon a senadores libertarios pero el Gobierno asegura que aprobará la reforma laboral

El debate por la reforma laboral entró en la recta final de cara a la votación del miércoles en el Senado. Con Patricia Bullrich como principal articuladora, el oficialismo mantiene este lunes reuniones con senadores aliados y sectores dialoguistas para definir el texto final del proyecto, mientras gremios duros comenzaron a exponer protestas contra el Gobierno.

La estrategia del Ejecutivo apunta a introducir modificaciones puntuales para destrabar apoyos, sin alterar los ejes centrales de la iniciativa. Bullrich aspira a mantener las modificaciones bajo cuatro llaves hasta el momento de la votación en particular, dentro del recinto.

El ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que el oficialismo “va a tener los votos” necesarios para aprobar la reforma y adelantó que este miércoles se dará “un primer paso” en el Senado. Aunque admitió que habrá cambios respecto del proyecto original, sostuvo que “el objetivo central de la ley no se ha modificado”.

Santilli defendió la iniciativa con los argumentos habituales del Ejecutivo: la necesidad de “modernizar” una legislación laboral “antigua”, reducir la informalidad —que ubicó por encima del 50%— y poner fin a lo que denominó la “industria del juicio”, a la que responsabilizó por la destrucción de empleo, especialmente en las pymes.

La misma confianza expresó el senador libertario Bartolomé Abdala, quien afirmó que no tienen “ninguna duda” de que la reforma será aprobada. En el oficialismo descuentan que el apoyo de bloques provinciales y de senadores alineados con los gobernadores será determinante para inclinar la votación.

Sin embargo, el clima político está lejos de ser lineal. En las últimas horas, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, denunció públicamente haber recibido amenazas y presiones para que los senadores del PJ no voten en contra del proyecto, un dato que agrega tensión a una discusión atravesada por negociaciones reservadas y disputas internas.

En ese tablero, Córdoba aparece como una provincia clave. El gobernador Martín Llaryora evitó una definición tajante sobre la postura de sus senadores y pidió “responsabilidad” en el debate.

Justamente este fin de semana en la capital cordobesa aparecieron pasacalles contra la reforma laboral. Las pancartas señalaron a los senadores nacionales por Córdoba con distintos mensajes contra los libertarios Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, y la peronista Alejandra Vigo. Una de las consignas apeló a la “ley de choreo laboral”.

“Hay mucha calentura abajo”, apuntaron desde los movimientos sociales de la UTEP, que está detrás de las acciones directas. Y advirtieron: “Los senadores y senadores que responden a gobernadores peronistas y acompañen la ley de esclavitud del gobierno no van a volver a caminar nunca más la calle por traición a los trabajadores”.

Por su lado, el gremio de Aceiteros llevó la campaña contra la reforma a Mar del Plata y el Partido de la Costa. Sobrevoló consignas en un avión por frente de las playas.

Este martes la tensión se concentrará en Rosario: la UOM, ATE y otros gremios duros movilizarán en la ciudad santafesina para presionar a Maximiliano Pullaro.

Las expresiones públicas de los dirigentes gremiales también están en alza. El triunviro de la CGT Carlos Jerónimo apeló a que los gobernadores “no manden a sus senadores a votar en contra de los trabajadores” y advirtió que la reforma implica una pérdida de derechos laborales.

La movilización de la central obrera está agendada a partir de las 15 del miércoles, aunque habrá columnas que comenzarán a concentrarse desde el mediodía en el microcentro porteño para marchar hacia la zona del Congreso.

MC