Kilometro 212

Noticias de Buenos Aires

Los Puerta, la familia política de Misiones salpicada por el caso Kiczka

—¿Vos decís que Carlitos me va a cagar?

La pregunta, intempestiva, sorprendió a su receptor. Federico Ramón Puerta se la hacía a cada uno de sus amigos que lo visitaban en su estancia Iporá, sobre la ruta nacional 105, a unos 30 kilómetros de Posadas. Corría 1999 y al por entonces gobernador de Misiones le carcomía la duda acerca del accionar que tomaría quien, en caso de un triunfo del PJ en las elecciones provinciales, se erigiría como su sucesor. Su interlocutor de ocasión era el poderoso banquero Jorge Brito. Y “Carlitos”, nada más ni nada menos que Carlos Rovira, el actual líder indiscutido de la tierra colorada.

La presunción de Puerta no tardó en confirmarse: una vez en el gobierno, Rovira comenzó a dar gestos de autonomía. Sin embargo, en medio de ese proceso de ruptura que finalizaría en 2003, el empresario yerbatero, que tallaba entre los miembro de la “liga de gobernadores” del PJ, iba a alcanzar el cenit de su carrera política. El 21 de diciembre de 2001, Puerta tuvo un fugaz paso por la Casa Rosada en medio del estallido social que terminó con la renuncia de Fernando De la Rúa. Pero al día de asumir, en su rol de presidente provisional del Senado, convocó a la Asamblea Legislativa. “Cumplí con el mandato que me dio la Constitución”, suele consolarse públicamente quien supo ser amo y señor de la política misionera durante los años 90. Los que lo conocen bien saben, en cambio, que es algo que hasta el día de hoy no se lo perdona.

Más de dos décadas después de su momento de estrellato, a sus 73 años, Ramón Puerta vuelve a estar hoy en boca de la opinión pública nacional. Las razones, sin embargo, distan mucho de aquellas. Su hijo Pedro, legislador provincial desde diciembre pasado, quedó envuelto en el escándalo que involucra directamente a su socio político y amigo, Germán Kiczka, acusado junto a su hermano de pertenecer a una red de consumo y tráfico de material de abuso sexual infantil. “Soy fuertemente perseguido en Misiones y mi hijo también la liga porque tiene el mismo apellido”, lo salió a defender el dos veces gobernador (1991-1999), uno de los mejores alumnos que tuvo Carlos Menem.

Tanto los Puerta como los Kiczka son oriundos de Apóstoles, una localidad de poco más de 50.000 habitantes ubicada al sur del territorio provincial, que pese a su pequeño tamaño se erige como la cuna de la elite política local. Desde 1953, cuando pasó de territorio nacional a provincia, gran parte de los gobernadores que tuvo Misiones nacieron en ese pueblo de inmigrantes refundado el 27 de agosto de 1897 y en cuyas inmediaciones se encuentra la mayor parte de las hectáreas de plantaciones de yerba mate del país. Una geografía sobre la que los Puerta, descendientes de andaluces, amasaron su fortuna.

El heredero

Abogado de 36 años, locuaz y carismático como su padre, Pedro es el menor de los hijos de Ramón, quien se desempeñó como embajador argentino en España durante la presidencia de su amigo personal Mauricio Macri. Apostoleño de nacimiento, el joven Puerta vivió su niñez y adolescencia en Buenos Aires. Recién en 2014, una vez recibido en la Universidad de Belgrano y tras cursar un posgrado en Francia, tomó la decisión de regresar a su tierra natal para crear su propio espacio político y, según apunto en una entrevista, estar “más cerca de la familia”.

Fueron las elecciones legislativas nacionales de 2021 las que marcaron un punto de inflexión en la carrera política de Pedro Puerta. Ese año, la alianza Juntos por el Cambio conformada por la UCR, el PRO y su partido, de nombre Activar, superaría en las elecciones de medio término al oficialista y hegemónico Frente Renovador de la Concordia. De esa manera, Pedro lograba colocar una diputada nacional en el Congreso, Florencia Klipauka –hoy integrante del bloque de La Libertad Avanza– y se posicionaba como una figura ascendente, con abiertas pretensiones de disputar la gobernación misionera en 2027.

Ahora, solo tres años más tarde, ese horizonte parece volverse cada vez más lejano. Desde el vamos, el affaire Kiczka fue utilizado por las huestes del exgobernador Rovira (1999-2007) para montar una campaña mediática contra Puerta, en un tiro por elevación a toda la oposición provincial. Pero más allá del lógico oportunismo político, en los últimos días, las sospechas en torno a la implicancia del líder de Activar en la causa se acrecentaron: no solo la Justicia allanó la empresa de cigarros de la familia, donde Kiczka ocupada una oficina, sino que trascendieron supuestos fragmentos del expediente en el que se menciona a Pedro formando parte de un grupo de Telegram en el que se conversaba acerca de “menores”.

“No podíamos saber que estábamos sentados al lado de un asqueroso”, se atajó la semana pasada Pedro Puerta, en una de las tantas entrevistas que concedió a canales de televisión porteños. Asombra el denodado esfuerzo por negar la relación de amistad que compartía con Kiczka, hoy acusado de pertenecer a una red internacional de pedofilia. Es que no hace falta ser un conocedor de los entretelones de la política misionera para darse cuenta de lo absurdo del argumento: es evidente que ambos eran mucho más que compañeros de bloque en la Legislatura provincial. Se movían en tándem, aunados por la confianza.

Todos estos componentes configuran en Misiones una tormenta perfecta, que adquiere tintes cada vez más truculentos a medida que transcurren las jornadas. El poder económico de los Puerta no parece alcanzar para ahuyentar los fantasmas de un caso aberrante que, según fuentes judiciales, puede llegar a trascender la figura de Kiczka. Y aunque Pedro quede eximido de cualquier tipo de responsabilidad penal, el costo político que ya está pagando lo obliga a tener que reconvertirse, en una pirueta de la cual difícilmente logre caer bien parado. Carlos Rovira, “el gran traidor”, como lo llama Ramón, respira tranquilo. Y avanza.

PL/DTC

Cristina comentarista, lamento provinciano y un promiscuo loteo privado del Estado

Mediante un convenio firmado el 11 de marzo pasado, el Ministerio de Capital Humano transfirió $548.098.087 a la fundación católica integrista Cooperadora para la Nutrición Infantil (Conin), para la distribución de alimentos entre la población humilde. Luego, el 5 de agosto, la cartera que desmaneja Sandra Pettovello amplió la partida en $767.337.312.

En suma, el megaministerio delegado en una de las funcionarias favoritas de Javier Milei, famoso por haber abandonado alimentos adquiridos por la administración anterior, lleva entregados más de $1.300 millones a la fundación dirigida por el médico mendocino Abel Albino, de acuerdo a una respuesta oficial a un pedido de acceso a la información pública presentado por este medio.

Albino, facultativo afín a la secta católica Opus Dei, se encuentra con convenios cada vez que asume un Gobierno de derecha en la Casa Rosada, aunque mantiene lazos con un elenco estable de gobernadores de todos los signos, en especial, en las provincias del Norte y Cuyo, y Capital Federal.

La canalización de la ayuda social vía Conin es problemática en varios planos.

En el caso en cuestión, la intermediación es triple. El Programa de Abordaje Comunitario es coordinado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), según la nota remitida a elDiarioAR. El paraguas de organismos internacionales fue aprovechado con creces por el ministerio de Pettovello para repartir sueldos por fuera de la plantilla de la administración pública. El contrato llega a Conin, que, como no tiene personal suficiente ni una gran red territorial, deriva la entrega de los alimentos (70% secos y 30% frescos) en terceros.  

La práctica de delegar la gestión estatal en privados, por debajo del radar y en aviesa contradicción con la prédica oficial, encuentra en Conin lo que equivaldría a una muestra gratis. Al Gobierno de los ultras le interesan otros volúmenes.

Los brindis de Caputo

Primero fue en sigilo. Los abogados del estudio Bruchou y Funes de Rioja trabajaron en la redacción de los dos instrumentos normativos que fundaron el ciclo Milei: la ley Bases y el decreto de necesidad y urgencia 70/2023. Entre ambos, cientos de leyes y algunos artículos de la Constitución resultaron afectados. Su verdadera legalidad será definida con los tiempos del oportunismo que caracteriza a los tribunales argentinos.

Letrados de Marval, O'Farrell y Mairal, Bruchou y Funes de Rioja, y Kesselstatt, Deppeler y Asociados merodearon Olivos sin disimulo para afinar el lápiz del régimen de grandes inversiones.

Los abogados corporativos ni se molestaron en disimular las intervenciones que le hicieron llegar a Federico Sturzenegger, ante la mirada atónita de la Secretaría Legal y Técnica. Ni hablar de la pasividad de las bancadas oficialistas LLA y PRO que votan a libro cerrado, y las acotaciones desde el margen del radical Rodrigo de Loredo y el peronista Miguel Ángel Pichetto, referentes del bloque “Déjese ayudar, Presidente”. Letrados de Marval, O'Farrell y Mairal, Bruchou y Funes de Rioja, y Kesselstatt, Deppeler y Asociados merodearon Olivos sin disimulo para afinar el lápiz del régimen de grandes inversiones. Uno de ellos fue Liban Kusa, socio del Departamento de Impuestos de Bruchou.

Ocho años atrás, en el inicio del Gobierno de Mauricio Macri, Caputo comandó la negociación por el pago de US$9.000 millones (terminarían siendo US$12.000 millones) a los holdouts de la deuda externa liderados por Paul Singer. La pulseada en Manhattan duró un suspiro. Caputo aceptó pagarles hasta el café. A su regreso, fin del verano porteño de 2016, el entonces ministro de Finanzas se permitió ir a brindar a la sede del estudio Bruchou en Retiro. Lo impropio de la escena causó escozor en algunos de los presentes.

En Argentina pasan muchas cosas, pero la promiscuidad que ofrecen los Milei es inédita. Dos viernes atrás, el citado Kusa fue presentado por Caputo como el máximo especialista en el blanqueo en curso, durante un streaming organizado por el Ministerio de Economía. A la vista de todos, un abogado de un estudio privado que asesora a blanqueadores explicó la forma en que quienes adhieran a la amnistía fiscal podrán pagar cero gravamen, con Caputo y dos funcionarios que se supone representan al Estado como patrocinadores de su emprendimiento.

Hay que reconocer abnegación no sólo en el círculo rojo integrado por empresarios, periodistas, jueces, lobistas e influencers que alaban o disimulan las obscenidades de Milei, sino también en su electorado, los que “la ven” y creen que “hay que aguantar porque se afanaron todo”.

No es fácil enfervorizarse por un Gobierno que apalea a jubilados para no aumentarles unos miles de pesos o manda a científicos a testear sus investigaciones en el mercado, mientras decreta fondos oscuros para la SIDE, y cuyo presidente, probado plagiador, usa tono erudito para arrojar cifras a las que llega con razonamientos primitivos (17.000%, 15 puntos del PBI, el más grande de la historia, “el formato estándar”).

Esta semana, unos cuantos empleados de Mercado Libre, con sus sueldos superiores al promedio, sus posgrados y sus negronis consumidos en un bar cool de Palermo, pero personas de a pie al fin y al cabo, cumplieron el papel que se esperaba de ellos al reírse de las groserías de Milei, agasajado por Marcos Galperin en la sede de la empresa, en Saavedra. Cuando terminó el fraseo presidencial, varios acudieron presurosos a sacarse una selfie, y algunos hasta hicieron el gestito con la trompita y el pulgar para arriba. Ya tienen una foto para mostrarles a sus nietos.

Al menos, cabe consignar, Milei se guardó el gesto de la masturbación para divertir a los miembros del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas en Mendoza, dos atardeceres más tarde.

Cuando terminó el balbuceo presidencial, varios empleados de Mercado Libre acudieron presurosos a sacarse una selfie, y algunos hasta hicieron el gestito con la trompita y el pulgar para arriba

Gobernadores distraídos

Un país respira más allá de la procacidad. Al menos, eso se desprende de las quejas de los gobernadores de distinto signo, que se ven empujados a administrar la malaria por el inédito recorte de fondos implementado por la motosierra de los hermanos Milei.

El peronista disidente Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, describió días atrás que nunca había ocurrido que la ANSES no le transfiriera ningún peso para la caja previsional de su provincia. Su par de Santa Fe, el radical Maximiliano Pullaro, se quejó del corte en la obra pública y argumentó, en osada pirueta, —como quien disimula para no chocar con un Presidente al que votó—, que los fondos que le faltan a su distrito terminan “en esa zona improductiva que es el AMBA”. Terció el presunto kirchnerista Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, molesto porque los fondos extras por unos $90.000 millones por mes que acordaron Milei y Jorge Macri para la Capital Federal serán restados a las provincias.

De acuerdo al Pacto de Mayo firmado por Llaryora, Pullaro y Zamora, no hay plata para los fondos que ahora reclaman

El cordobesista, el santafesista y el santiagueñista coinciden en describir que sus provincias aportan a la Nación más de lo que reciben. Lo mismo hacen los gobernadores neuquenista, rionegrista, chubutensista, santacrucenista, mendocenista, salteñista y entrerrianista.

Llaryora, Pullaro y Zamora comparten algo más: la distracción cuando acudieron solícitos a firmar el Pacto de Mayo en la gélida medianoche del 8 de julio en Tucumán. El punto 3 de ese acuerdo refundacional indica que los firmantes se comprometen a una “reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno”.

Ese recorte significa entre 10 y 15 puntos porcentuales menos que en las últimas dos décadas. Con esos fondos evaporados (porque según Milei es plata que el Estado roba a los privados), el presupuesto no alcanza siquiera para pagar a la vez las jubilaciones, la AUH y los sistemas públicos de salud y educación. Hay que elegir, y Milei lo está haciendo. Por lo tanto, en cumplimiento de lo que Llaryora, Zamora y Pullaro (desobediente, fue a Tucumán de traje gris e incumplió el dress code negro), no hay plata ni para la jubilación mejorada de los estatales cordobeses, ni para la terminación de plantas potabilizadoras en Santa Fe y Rosario, ni para los salarios de los estatales santiagueños. Si se quejan, Milei les tiene preparado un chiste sobre el ano de los mandriles en la próxima entrevista con Luis Majul.

El error es el otro

Cristina Fernández de Kirchner aprovechó el documento “es la economía bimonetaria, estúpido”, hecho público el viernes, para saldar cuentas con el peronismo y erigirse en la única que queda en pie.

La expresidenta y ex vicepresidenta pisó firme al marcar las notorias inconsistencias del programa de Milei y Caputo. Las alquimias financieras sobre las que está montado habilitan cuestionamientos por izquierda y por derecha.

La titular del Instituto Patria describió por enésima vez la “economía bimonetaria”. En un descubrimiento tardío, cercioró que buena parte de las transacciones, las más importantes, se hacen en dólares, y la misma moneda constituye la unidad de ahorro principal de los argentinos. El abismo llega cuando pasa por alto que imprimir pesos para solventar gastos, como hizo en sus gobiernos y como presionó para hacerlo en el de Alberto Fernández, genera inflación y, con ello, profundiza la preeminencia del dólar.

La exmandataria sentenció cuándo el peronismo “se torció” y “se desordenó”, en los párrafos que pareció haber disfrutado más.

Comenzó por su leit motiv. Acusó a Fernández y a Martín Guzmán de haber convalidado la deuda de US$44.500 millones contraída por Macri en 2018, y de haber aceptado las sobretasas dispuestas por el organismo, que siguen vigentes en todos los acuerdos de esa institución multilateral cuando el receptor está sobreendeudado.

¿No 'convalidaron' los Kirchner el endeudamiento de Menem y De la Rúa cuando decidieron pagar US$9.810 millones al FMI en 2006?

Se podrían decir muchas cosas sobre esa pincelada oportunista, que encuentra en Cristina y en su hijo, Máximo, severas contradicciones con lo actuado en los dos años de preparación del acuerdo con el FMI sellado por Guzmán en febrero de 2022.

Una decisión histórica de Néstor Kirchner expone el doble rasero del argumento. Cuando los Kirchner decidieron cancelar US$9.810 millones de la deuda con el FMI, en 2006, ¿no convalidaron sin chistar el endeudamiento de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, tan dilapidado y sospechoso como el que se atribuye a Macri en 2018? ¿Y cuando aceptaron las exigencias impuestas por el Fondo en 2003, más restrictivas que las admitidas en 2022? ¿No cupo entonces auditar “la normativa interna” y el posible fraude antes de devolver el monto?

Al igual que durante todo el Gobierno del Frente de Todos, Cristina brindó un favor inaudito a Macri, al centrar la pérdida de poder adquisitivo del salario en una responsabilidad del mandatario al que ella misma había propuesto para encabezar la fórmula. En la carta del viernes, Cristina volvió a omitir el peso de la deuda externa y la pandemia en ese deterioro de los ingresos de los trabajadores, circunstancia que comenzó, por otra parte, en su segundo mandato (2011-2015). En ese cuatrienio el PBI per cápita cayó, la pobreza subió y el mercado laboral se hizo más precario. De nada de ello atina a dar cuenta la responsable del tercer Gobierno kirchnerista.

La ex vicepresidenta se sintió habilitada para cuestionar la administración de divisas, como si ella misma no hubiera sido responsable de decisiones tomadas en conjunto. No hay registros en el discurso cristinista de los efectos lacerantes de haber impulsado una irresponsable política de subsidios a los servicios públicos que beneficiaron a millones de familias que no los necesitaban. El sinsentido de haber cobrado tarifas de las más baratas del mundo a toda la población se pagó con un desequilibrio sistémico de la economía, que lastró a su segundo Gobierno y al de Fernández.

Es cierto que la foto de Olivos de Alberto y Fabiola “anuló la palabra presidencial”, pese a un manejo de la pandemia responsable y con resultados mensurables, como indican las estadísticas internacionales de muertes, saturación de los centros de salud y vacunación. ¿No “anularon” la palabra presidencial de los Kirchner la pertinaz elección de funcionarios corruptos para las áreas de Obras Públicas y Transportes, el secretario que trasladó millones de dólares de madrugada y los negocios familiares con Lázaro Báez? ¿Puede un proyecto que hace bandera de la justicia social convivir con semejantes niveles de corrupción, sin dar cuenta de ningún caso, porque todo es —aunque en efecto, en parte lo sea— “lawfare”?

Cristina parece tener nuevas ideas sobre el mercado laboral, las comunicaciones y una “nueva estatalidad” que alumbre en otro sentido la remanida postulación del “Estado presente”. Asume recién ahora, luego de tres mandatos que reivindica como propios y un cuarto que niega, que hay círculos endogámicos de privilegio al amparo de regímenes de promoción y exenciones.

En la medida en que su foco siga estando en deslindar toda responsabilidad por la parte negativa del Gobierno de Fernández, sus acciones siguen sujetas a tergiversar hechos e interpretaciones

También apuntó al “consignismo del gatillo fácil”, sin mención alguna a que su protegido Sergio Berni es uno de los máximos exponentes en el rubro.

Además de escribir cartas, la expresidenta ejecuta acciones que deslegitiman el contenido de sus textos, sin que ello desmienta que resulta imperioso para el peronismo dar cuenta de las modificaciones en el mercado laboral, la educación y la relación con las tecnologías. En la medida en que Cristina siga enfocada en deslindar toda responsabilidad por la parte negativa del Gobierno de Fernández, sus argumentos quedarán sujetos a tergiversar hechos e interpretaciones.

Tres párrafos sobre los problemas acuciantes se escriben rápido. Mantener alianzas sórdidas con los Martín Insaurralde de turno, enredarse en una política menor para limar a Axel Kicillof y ensimismarse en el Instituto Patria con un libreto repetido son decisiones con un efecto destructivo contante y sonante.

SL/DTC

Benefactores sociales, ladrones de campos y señores tecnofeudales

¿Puede ser un “benefactor social” alguien que se enriquece vertiginosamente mientras el resto de la sociedad se empobrece? ¿Cuánto de mercado y cuánto de libre tiene la plataforma de e-commerce que anunció esta semana una modesta inversión de U$S75 millones en el país donde nació, mientras apuesta U$S4.000 millones a Brasil y otros U$S2.400 millones a México? ¿Cobra caro o barato Marcos Galperin por los servicios de su góndola virtual, su banco virtual, su financiera virtual y su servicio de envíos? ¿Florecerán en la Argentina de Javier Milei otros unicornios como MercadoLibre o lo impedirá la propia compañía con sus maniobras monopólicas? ¿Siguen siendo capitalistas los dueños del capital en la nube o se comportan más bien como señores tecnofeudales rentistas, como sugiere en su último libro el griego Yanis Varoufakis?

Son algunas preguntas que dejó una semana de fricción entre el Gobierno y el establishment, que arrancó con las chicanas del Presidente a la Unión Industrial y cerró con su arenga a los brokers en Mendoza, cruzada por el tenebroso episodio de la carta bomba a la Sociedad Rural y el posterior manoseo oficial del atentado, que sembró más dudas sobre su origen. Cuestiones mucho más actuales que el vetusto clivaje que procuró reeditar Milei ante los industriales, a los que acusó de “robarle al campo”. 

El debate sobre MercadoLibre atraviesa a la política, la economía y la sociedad a la vez. Igual que la guerra abierta entre Brasil y Elon Musk, el dueño de Twitter y StarLink que volvió a cruzarse piropos con Milei mientras reculaba ante Lula y el juez supremo Alexandre de Moraes. Es una discusión mucho más amplia que la desatada sobre los subsidios estatales que embolsó gracias al Régimen de Economía del Conocimiento, que la propia firma estimó ante la Securities and Exchange Comission (SEC) en U$S79 millones en 2022 y U$S103 millones en 2023. Y mucho más profunda que la polémica por los malos modales de su CEO en las redes sociales o la militancia ultraderechista que también comparte con Musk.

Es cierto que el Estado ―el enemigo que comparten Milei y Galperin― viene favoreciendo al magnate cada año con exenciones de impuestos y cargas sociales que superan el anuncio de inversión que acaba de hacer. También que cuando Alberto Abad intentó revertir esos privilegios en 2017 ―porque la empresa no desarrollaba software para terceros sino para sí misma, y eso la dejaba afuera del Régimen― terminó eyectado de la AFIP por Mauricio Macri. 

Otra cuenta incómoda es la que sacan los radicales: las subvenciones de 2023 a MercadoLibre superan el presupuesto asignado el año pasado a gastos de funcionamiento de todas las universidades públicas nacionales, donde encima se formó el 59% de los 12.948 empleados que tiene en Argentina. Y un detalle más, que pasó inadvertido: el nuevo centro de distribución que proyecta el zar del e-commerce es otra cortesía del Estado. Por la concesión de las tierras, en 2020, su socio Eduardo Bastitta (dueño de Plaza Logística y miembro del Comité de Asesores de Milei) le pagaba al Mercado Central apenas $2,70 por metro cuadrado por mes.

Pero que empresarios argentinos se aprovechen del Estado, como denunció el propio Milei en la UIA, tiene poco de novedoso. Sí lo es que uno de ellos pueda aprovecharse de todos los demás. Es lo que plantea como hipótesis Varoufakis en Tecnofeudalismo, el libro que acaba de publicar acá Planeta. “El poder real ya no lo ostentan los propietarios del capital tradicional, es decir, la maquinaria, los edificios, las redes ferroviarias y telefónicas, los robots industriales. Éstos siguen extrayendo ganancias de los trabajadores, de la mano de obra asalariada, pero ya no mandan como antes. Se convirtieron en vasallos de una nueva clase de señor feudal, los propietarios del capital en la nube”. 

Toma todo

¿Qué es el capital en la nube? “Software inteligente, granjas de servidores, torres de telefonía móvil, miles de kilómetros de fibra óptica. Y sin embargo, todo eso carecería de valor sin ‘contenidos’ (…): lo más valioso son las historias publicadas en Facebook, los videos subidos a TikTok y YouTube, las fotos en Instagram, los chistes e insultos en X, las reseñas en Amazon (o MercadoLibre) o incluso nuestros desplazamientos, que permiten a los teléfonos avisar a Google Maps del último atasco de tráfico”. Sigue Varoufakis: “Al proporcionar estas historias, videos, fotos, chistes y movimientos, somos nosotros quienes producimos y reproducimos ―al margen de cualquier mercado― el stock de capital en la nube”. 

Ese trabajo gratuito con el que millones de personas contribuimos diariamente al enriquecimiento de un puñado de tecnomagnates también se concentra cada vez más entre ellos. El propio Galperin ―agregan investigadores a la vanguardia mundial de estos estudios, como Cecilia Rikap― es vasallo de otro señor más poderoso: Jeff Bezos, en cuya plataforma (Amazon Web Services) eligió basar su tecnofeudo latinoamericano. De ahí la relación simbiótica entre las dos plataformas, que en algunos países compiten y en otros no. Una relación que se parece poco a la competencia entre capitalistas innovadores o “benefactores sociales”, como los definió Adam Smith en el siglo XVIII. 

Pero lo más relevante es cómo, gracias a su posición dominante local, MercadoLibre impone sus condiciones aguas abajo. A los usuarios de billeteras electrónicas bancarias, hasta hace poco, no les permitía usar su QR para pagar con sus tarjetas. A quienes venden ropa les cobra una comisión de entre el 14 y el 16%, que todos trasladan al consumidor pero ninguno explicita para no enfrentársele. Sobre los productos que no superan los $10.000, agrega una comisión fija que suele desalentar al cliente. 

También subió exponencialmente el precio al que cobra los envíos sin que eso haya implicado una mejora en lo que paga a quienes los hacen. A eso se suman prácticas abiertamente ilegales como las ‘ventas atadas’ (el que vende por MercadoLibre tiene que cobrar por MercadoPago y fletar la mercadería por MercadoEnvío), el self preferencing (la oferta de sustitutos ‘marca propia’ del producto buscado) y los actos exclusorios, todos prohibidos por la Ley de Defensa de la Competencia. 

La forma en que los magnates del siglo XXI expropian el capital de los demás, como se ve, es mucho más compleja que la contabilidad creativa a la que apelan para no pagar impuestos. El propio Galperin, por ejemplo, incrementó su fortuna de U$S 1.600 millones en 2018 a U$S8.100 millones hoy, según Forbes. ¿Qué hubo en el medio? La pandemia, que multiplicó el valor de todas las big tech y sobre todo de las plataformas de envíos, que se volvieron esenciales mientras la economía global colapsaba. ¿Cuánto ahorró el fundador de MercadoLibre por haberse radicado en Uruguay? Al menos la diferencia entre el 0,5% anual que se cobra allá de Impuesto al Patrimonio y el 1,5% de Bienes Personales acá. Si bien buena parte de su riqueza está exenta porque son bonos y acciones, si pagara por el total serían más de U$S80 millones anuales. Un monto parecido al que el fisco argentino le cede por los subsidios a la Economía del Conocimiento. 

Su billetera electrónica le abrió un mundo nuevo. Según los propios balances que presentó a la SEC, pasó de aportar un tercio de las ganancias de la compañía en 2020 a casi la mitad en 2023. Como Uber o Rappi, arrancó violando abiertamente las regulaciones estatales. Después las fue moldeando a puro lobby y con la misma prepotencia con la que escribe en Twitter. Tal como se reveló en esta columna la semana pasada, una demanda colectiva auspiciada por la Asociación de Usuarios y Consumidores (ADDUC) procura que MercadoPago les devuelva millones de pesos cobrados en exceso a sus usuarios. Apunta específicamente al 8,99% más IVA que cobra por transferir dinero a un tercero desde una tarjeta de crédito. 

Pedo de buzo

La economía real, mientras tanto, desafía el triunfalismo que pretenden contagiar Caputo y Milei a caballo de la baja del dólar paralelo y la compresión de la brecha con el oficial. Las señales de reactivación que mostró julio (producción de autos, de acero, índice Construya e Índice de Confianza del Consumidor) se revirtieron en agosto. La recaudación del mes que acaba de terminar cayó un 13,7% interanual descontada la inflación, lo cual dibuja un gigantesco signo de interrogación respecto del fin del impuesto PAIS en diciembre. No hay rebote en “V” ni “pedo de buzo”. 

La inflación misma parece volver a empinarse, pese a que el desplome de la actividad y especialmente del consumo la mantienen a raya. La consultora Equilibra midió 1,2% en la primera semana de septiembre, la mayor en cuatro semanas. Otra que releva precios semanalmente, LCG, contabilizó 0,6% de suba de alimentos y bebidas pero aclaró que sin carne ni leche (que bajaron), el número habría sido 1,6%. El gigante Arcor aprovechó para remarcar 9% en galletitas, 15% en mermeladas y 3% en chocolates y golosinas. Todos aumentos por encima del 2% que, en el caso de los salarios, la Secretaría de Trabajo ya avisó que dejará de homologar desde octubre, incluso aunque lo pacten libremente cámaras y sindicatos.   

El capital en la nube y las plataformas que reemplazan a los mercados, concluye Varoufakis sobre el final de su Tecnofeudalismo, son una amenaza para el propio capitalismo y abren interrogantes existenciales para nuestras sociedades. Pero también encierran una potencia emancipatoria. Para entenderla alcanza con pensar cómo ayudaría su tecnología en manos de la comunidad, de ONGs o incluso de un Estado más eficiente. Qué pasaría con el poder oligopólico de Arcor para fijar precios, por ejemplo, si se combinara la producción pública de alimentos sin marca (que este año impulsó en Rosario la bancada de Ciudad Futura) y su preventa masiva a través de una plataforma sin fines de lucro que también sirva para comprar en cualquier negocio. O cuánto menos costaría moverse si, en vez de legalizar Uber, el Estado abriera un sitio sin costo para que conductores registrados pujen en una subasta por llevar pasajeros que lo pidan. Éxitos recientes como la app de taxis de Aeroparque y la Cuenta DNI bonaerense están ahí, como contraargumento para el pesimismo. 

AB/DTC

Los gobernadores peronistas buscan sumar apoyos contra el presupuesto de ajuste que presentará Milei

Los gobernadores peronistas todavía no conocen la letra chica del proyecto de Presupuesto 2025 que presentará en pocos días el Ejecutivo, pero sí su mantra de déficit cero que los mantiene en estado de alarma. La estrategia para hacerle frente implica charlas, reuniones e incluso conversaciones con legisladores de otros espacios para ampliar su base parlamentaria. 

Javier Milei decidió ir a presentarlo el 16 de septiembre acompañado por su ministro Luis “Toto” Caputo. Su presencia será un gesto a la oposición: lejos de un mensaje de conciliación, desde su entorno admitieron a elDiarioAR que la intención es mostrar volumen político y que brinde un discurso duro ante el Congreso para respaldar su plan económico. En la oposición no fue bien recibida la noticia: “Vendrá a hacer un show político; no va a dejar que le hagamos preguntas, así que la idea parece más una provocación que otra cosa”, afirmó un diputado de Unión por la Patria (UP). 

Los gobernadores nucleados en ese espacio político saben que se abrirá un nuevo capítulo de choque. Con ese clima se reunieron el último miércoles para empezar a coordinar acciones en la casa de La Pampa en Buenos Aires, donde el anfitrión Sergio Ziliotto recibió a Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Axel Kicillof (Buenos Aires) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero); también participó Gildo Insfrán (Formosa), que se sumó por zoom. 

La principal directiva que salió del encuentro fue la de pedir a los legisladores nacionales que insistan con la ley de jubilaciones que vetó Milei y avanzar con la sanción del aumento de presupuesto para las universidades. La reunión estuvo signada por el malestar que generó la decisión de la Rosada de reconducir partidas presupuestarias de las provincias para cumplir con la suba de la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires, ordenada por la Corte Suprema. Por eso, el tema de fondo es cómo se pararán respecto a la presentación del presupuesto, en el que asumen que se profundizarán los recortes a las provincias. 

La participación de Zamora fue todo un indicio del malestar que subyace. El santiagueño, el más oscilante de los seis, fue el único que participó de la firma del Pacto de Mayo y hoy se encuentra desilusionado con el Ejecutivo porque su buena voluntad no fue recompensada. “Estamos en una situación muy delicada las provincias y amenazadas concretamente porque el ministro de Economía emitió actos administrativos que nos quitan dinero a las provincias para darle a la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país. Vamos a tener que empezar a pensar también en cuestiones judiciales”, dijo al retirarse del encuentro en referencia a la reasignación de partidas, que los gobernadores consideran “otro golpe al federalismo”. 

Los ejes de conflicto 

La actitud de Milei demuestra que es reacio a negociar. El jueves, en el III Encuentro Regional del Foro de Madrid, se refirió a los legisladores de la oposición como “degenerados fiscales que están dispuestos a quebrar al Estado” y previó que “van a hacer lo posible para que el presupuesto no salga”. “El único juego de la oposición es boicotear nuestro programa económico”, sostuvo y recordó que tanto él como los suyos están “dispuestos a morir con las botas puestas”.

Este año, el Presidente tuvo una facilidad: prorrogó el presupuesto del año anterior, elaborado por Sergio Massa, y pudo reasignar partidas a discreción, liberado de los controles del Congreso. Ahora, con el propio Milei en la presentación, buscará que los legisladores le aprueben el primero de su gestión.

En la oposición ya anticipan algunos temas conflictivos. Una diputada de UP sintetizó a elDiarioAR: “Estamos a la espera de conocer el detalle, pero sabemos que la discusión estará atravesada al menos por dos grandes ejes: la deuda previsional —un tema que se cruza con el debate del veto a la ley de jubilaciones— ya que muchas provincias tienen conflicto con las cajas provinciales; y el freno a la obra pública, sin duda uno de los aspectos de mayor conflicto”. Uno de sus pares del peronismo bonaerense coincidió en que el presupuesto “va a profundizar frentes que ya están abiertos”. “No esperamos que haya mucha novedad, será una continuidad de lo que ya se hizo. Ya no hay mucho más para recortar, lo que buscará es prolongar el ajuste”, afirmó. 

La estrategia opositora

Los gobernadores saben que para bloquear —o al menos condicionar— el presupuesto de Milei deberán conformar una mayoría más amplia que el número que puede aportar el peronismo con algunos de sus aliados habituales. Las conversaciones ya empezaron: Emilio Monzó y Nicolás Massot, diputados del bloque Encuentro Federal, que preside Miguel Pichetto, mantuvieron un encuentro sugestivo con Ziliotto y Zamora en la previa de la reunión con el resto de los gobernadores. 

Entre los mandatarios que se juntaron el miércoles existen distintas situaciones y ninguno ignora que cada uno buscará negociar temas puntales. Zamora, hasta ahora dialoguista, es uno de lo más preocupados por la situación en su provincia, mientras que Melella junta bronca porque tiene paralizada una autorización de un endeudamiento provincial, que según dice le habían dado una señal positiva pero el tema se frenó. Los dos más combativos, Ziliotto y Kicillof, también están en posiciones disímiles. El pampeano viene de una semana de alivio: tenía la Legislatura permanentemente trabada, pero pudo aprobar una ampliación presupuestaria que le dará algo de aire; mientras que el bonaerense atravesó una de sus peores semanas con el Ejecutivo, con varias discusiones judicializadas que en los últimos días sumaron el tema de la quita de subsidios al transporte. 

También pesan las ambiciones políticas individuales. El riojano Quintela está en plena campaña por la presidencia del PJ Nacional, una decisión que lo lleva a levantar el perfil y confrontar con el Ejecutivo. En los últimos días afirmó que si Milei no modifica su rumbo habrá un “enardecimiento de la sociedad que no va a haber fuerza que la pueda parar”, sin descartar la posibilidad de un juicio político al Presidente. 

La gran incógnita es cómo se posicionarán respecto al presupuesto 2025 los bloques “dialoguistas”. Desde hace un tiempo que ya se muestran más duros contra el Ejecutivo y con menos timidez para votar junto a la famosa “mancha venenosa” del kirchnerismo. “A juzgar por el comportamiento que tuvieron hasta ahora, creo que lo más probable que es que los bloques dialoguistas negocien con el Gobierno. No nos imaginamos que se planten para dejar a Milei sin presupuesto, salvo que el Gobierno sea demasiado intransigente”, dijo a este medio un legislador del kirchnerismo. También influirán, en paralelo, las reacciones de Milei ante iniciativas de interés de esos sectores; es un debate que recién comienza, con muchas aristas en juego.

LA/JJD

El último detenido por protestar contra la ley Bases: "Se ve la violencia y el odio que el Poder le transmite a la policía"

Un libro con historias sobre las Abuelas de Plaza de Mayo ayudó a Roberto de la Cruz Gómez a soportar parte de los 84 días que estuvo encarcelado en el penal de Ezeiza por protestar. “A partir de esas historias valoré cómo estaba yo mismo, dentro de todo con salud y con mucho cariño y apoyo de todas las organizaciones sociales que me acompañaron”. Del otro lado del teléfono con elDiarioAR, Roberto habla rápido, con un ánimo que sorprende apenas un día después de ser el último de los detenidos durante la feroz represión del 12 de junio pasado en las inmediaciones del Congreso, mientras el Senado votaba la ley Bases.

44 años, empleado en una panadería, Roberto recuperó su libertad el jueves a la tarde, horas después de que la Sala II de la Cámara Federal dispusiera su excarcelación bajo condición de que utilice un dispositivo de rastreo. Su detención se extendió tanto porque la jueza María Servini de Cubría entendía que podía entorpecer la causa en lo que se lo investiga –supuesto atentado a la autoridad agravado y daño agravado– debido que él tiene antecedentes penales, aunque son condenas ya cumplidas. La Justicia no le encontró pruebas de ser un supuesto terrorista y planear un golpe de Estado, así como tampoco al resto de las 32 personas presas en aquella manifestación y como el Gobierno intentó rápidamente instalar a viva voz. 

“Yo sabía que era inocente y muchos me decían que era excarcelable. Yo fui a la marcha, nunca lo negué a eso, y sabía que podían detenerme y largarme al otro día, porque en este país siempre creen que los malos son los que van a marchar. La Argentina siempre va a vivir así, al límite”, dice Roberto. Simpatizante del kirchnerismo, pero sin estar organizado, fue a la marcha aquel 12 de junio por su cuenta, con una bandera hecha por él mismo que decía “Patria sí, colonia no. No a la ley Bases”. Lo motivaba reclamar la mala situación económica, que afecta incluso el negocio donde trabaja: “El dueño me dijo que si la crisis sigue así va a tener que cerrar”.

Como el 12 era miércoles y tenía franco en su trabajo, aprovechó ya la noche del martes para ir a la vigilia frente al Congreso. Al día siguiente regresó al mediodía y se sorprendió del fuerte operativo de seguridad por el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich: “Estaba lleno de policías y motos”. Al poco tiempo pudo ver cómo reprimieron a un grupo de jubilados y trabajadores de Aerolíneas Argentinas, sobre Callao y Rivadavia. Volvió a su casa para almorzar y cuando más tarde fue de nuevo a la plaza notó que el clima ya era mucho más espeso. “Veo una humareda gigantesca. La plaza era una batalla campal, con mucho humo y permanente ruido de tiros”, recuerda. 

Una de las gaseadas de la policía lo encegueció y tuvo que sentarse. Hubo quienes lo ayudaron a limpiarse la cara. Observó a familias corriendo, a personas mayores tapándose la boca con pañuelos para no ahogarse. “La Policía nunca nos avisó que nos iba a despejar. El aviso fue a balazos y a gas lacrimógeno. Tiraron a mansalva. En cada marcha se ve la violencia y el odio que el Poder Ejecutivo le transmite a la Policía”, denuncia.

Cuando ya anochecía y la manifestación descomprimió hacia la 9 de Julio corrida por la policía, en avenida de Mayo y Sáez Peña lo detuvieron. Los efectivos lo inmovilizaron poniéndole una rodilla en la cabeza: “Todo fue en plena oscuridad”. Lo habían señalado de quemar un tacho de basura y tener palos, aunque nunca hubo pruebas en su contra de haber participado en los graves incidentes que sí se registraron en aquella jornada, como el móvil de la radio Cadena 3 que fue dado vuelta y prendido fuego.

Comenzó entonces para Roberto un periplo que duró varias horas por una comisaría de la Ciudad hasta que a las 4 de la mañana fue al penal de Ezeiza, donde efectivos del Servicio Penitenciario Federal lo recibieron con pasamontañas y a los gritos. Estuvo una hora parado, esposado, mientras le tiraron gas pimienta y lo increparon acusándolo de “kirchnerista”. “Los primeros días fueron horribles. En el primer pabellón que me ingresan había asesinos con condenas desde seis años para arriba, hasta que logré que me cambien. Pero el SPF es totalmente negligente. Te hacen levantarte a las 3 o 4 de la mañana. Hay una persecución todo el tiempo con requisas, te obligan a desnudarte y todo el tiempo me preguntaban si pertenecía a un partido político o a una agrupación”, narra Roberto. 

Hasta el día 70 de su detención no fue notificado de su situación judicial. Tres veces el juzgado le negó su excarcelación. “No soy ningún terrorista, jamás cometí un golpe de Estado. Más que un detenido era un secuestrado”, denuncia Roberto, que tuvo acompañamiento permanente de diversas organizaciones como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, familiares de detenidos y familiares de desaparecidos. 

Soportó la detención con buen ánimo hasta que la semana pasada quedó como el único detenido por protestar, luego de que el miércoles 28 de agosto fuera liberada Daniela Calarco Arredondo. La crisis anímica lo llevó a iniciar una huelga de hambre, a la vez que presentó ante la jueza Servini de Cubría una carta para denunciar su situación judicial, sin motivos comprobados para extender su prisión preventiva. Hasta que el jueves pasado los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico decidieron que recupere su libertad. La Justicia dispuso la excarcelación bajo la condición del uso de un dispositivo de rastreo electrónico o de ubicación física, además de que tiene prohibido salir del país y debe presentarse al inicio de cada mes en Tribunales. 

Roberto fue el último liberado en una cacería policial que alcanzó a 33 personas, de las cuales a la gran mayoría se le dictó falta de mérito apenas los primeros días. Su causa y la de Daniela –que estuvo 75 días presa porque llevaba una pechera del MTR y el pañuelo verde dela lucha por la legalización del aborto– siguen abiertas, aunque nunca les encontraron una prueba de ser “terroristas” o cometer un golpe de Estado. Hoy todos los presos por protestar contra Javier Milei están libres.

MC/MG