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“Invitá a un amigo”: lanzan una campaña de descuentos para quienes sumen conocidos al Telepase

• Es para los peajes de las autopistas de AUSA en la ciudad de Buenos Aires.
• Cada usuario puede invitar hasta cinco amigos y acumular hasta 15 pasadas con descuento.

Qué cosas va a copiar Buenos Aires de Madrid: Macri recibe al alcalde de la capital española

• El jefe de Gobierno se reúne con José Luis Martínez-Almeida, como parte de la Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas.
• Seguridad movilidad, cooperación, tecnología y clima, los ejes que trabajarán en conjunto.

Noticias de Buenos Aires

Importaciones récord, empleos en caída: Santa Fe perdió 12 mil puestos en dos años

En los casi dos años que la gestion libertaria está a punto de cumplir en el poder, en Santa Fe se perdieron más de 12.000 puestos de trabajo producto de una ecuación que va de la mano de la suba de importaciones a su nivel más alto de los últimos 22 años. Así lo denunció la Asociación para la Pequeña y Mediana Empresa (Apyme) que presentó su segundo informe del Observatorio de Importaciones.

Allí monitorean el impacto de la apertura de importaciones que representan el 31% del PBI, el nivel más alto en 22 años en la economía santafesina y una caída del empleo provincial del 2% respecto a 2023. Según el Observatorio, en Santa Fe hay 2.020 empresas y 12.456 trabajadores menos que hace dos años. De esas empresas, 225 pertenecen a la industria manufacturera. Es el sector más golpeado, con 4,8% menos de empleo y que representa el 53% de todos los trabajos que se perdieron en la provincia.

En Apyme resaltan que donde más se destruye el empleo es en empresas de mayor tamaño. Las grandes empresas tienen un 9,2% menos de trabajadores, las pequeñas 6,8% y las medianas 2,3%.

“El nuevo informe refleja una situación preocupante tanto por el crecimiento sostenido de las importaciones como por la pérdida de empleo industrial en la provincia de Santa Fe, uno de los polos productivos más importantes del país”, señala Apyme.

El primer informe de septiembre 2025 (período de enero a julio) detalló las importaciones acumuladas en comparación a 2024 gracias a la liberación comercial emprendida por el presidente Javier Milei que impactó sobre todo en los sectores textil, autopartes, alimentos, tecnología, entre otros.

El informe señala que en agosto de este año, hubo una desaceleración del crecimiento de las importaciones debido a un estancamiento en el nivel de actividad económica y a una depreciación en el tipo de cambio. En comparación al último período de apertura comercial, durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri (2016-2019) dicho indicador fue del 30% del PBI.

El informe divide al incremento de importaciones en dos. Por un lado, los insumos o bienes intermedios, que pueden ser positivos para una mayor producción local. Actualmente, se ubican en un 27% y cayeron 23,1% respecto a 2023, un año donde no hubo recesión. Por el otro, los bienes finales o de consumo que compiten con las empresas locales, aumentaron 86% respecto de enero de 2024. Las importaciones acumuladas como electrodomésticos, automotrices y calzado en los primeros 8 meses de 2025 fueron 37,5% superiores a 2023. Casi ⅓ de las importaciones en general, implican el 27,4% de la producción argentina. 

El miércoles 15 de octubre, el periodista Eduardo Feinmann entrevistó al Presidente en su programa “El Noticiero de A24”. Feinmann le preguntó: “Están cerrando 26 empresas por día desde que usted asumió, el 80% de la gente no llega a fin de mes y están endeudados, ¿Usted los tiene en cuenta?”. Milei esquivó la pregunta y respondió: “A ver, de vuelta, ¿yo dije que estamos viviendo en Suiza? Ok, bien. Punto uno. Punto dos, si seguíamos con el modelo castro-chavista, nos íbamos a una hiperinflación y 90 por ciento de pobres. Ahora la realidad es que sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. ¿Es suficiente? No, estamos a mitad de camino, que el esfuerzo valga la pena”.

En julio pasado, Juan Cruz Gori, de 29 años y fundador de la empresa textil Vita, de Rosario, publicó un post en su cuenta de Instagram contando los problemas de competir con productos importados con precios muchos más baratos pero de mala calidad. Gori, quien arrancó con su emprendimiento a los 22 contaba que era la primera vez que aparecía en cámara para hablar de “una realidad. Hay mucha gente eligiendo productos importados, y está bien pero hay algo que no se esta contando. Detrás de esto hay una industria que está peleando para sostener su estructura, su gente, su oficio”. Para hacer frente a esta problemática, VITA decidió ofrecer por 72 horas remeras básicas a $8.900 de 7 colores en corte. “Esto no es una liquidación, sino una acción”, aclaraba, y cerró su posteo con un “aguante el desarrollo nacional”. 

Pullaro renueva su reclamo por los fondos coparticipables y pide una “nueva redistribución de recursos”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a expresar públicamente el reclamo de los fondos coparticipables al Gobierno Nacional y pidió una “nueva redistribución de recursos”.

El discurso se realizó en una fiesta local, donde el mandatario le solicitó al presidente Javier Milei, además del dinero que le corresponde a su provincia, “discutir” el sistema impositivo de la Argentina y apuntó contra la provincia de Buenos Aires.

“Santa Fe aporta cerca de 3.000 millones de dólares al Estado cada año, y lamentablemente, no recibe nada a cambio. Esos fondos terminan subsidiando a barones del conurbano, punteros y planes en la provincia de Buenos Aires y, por eso, es fundamental que volvamos a discutir el sistema impositivo argentino”, aseveró Pullaro.

En la misma línea, y en referencia a las reformas que impulsa la gestión de Milei, en particular sobre la impositiva, el santafesino señaló que las retenciones, que cobra el Estado Nacional, “son el impuesto más regresivo que hay en la República Argentina” y remarcó que se deberían bajar “todos los impuestos”, ya sean nacionales, provinciales y locales, “para poder producir más”.

Para finalizar, solicitó una redistribución “más equitativa” de los recursos porque sólo “se concentran en el área metropolitana de Buenos Aires” y dejan de lado “el interior productivo”.

“Le pedimos al Estado Nacional y a los diferentes gobiernos que puedan mirar a la provincia de Santa Fe, que tanto aporta y tan poco recibe. Necesitamos producir más, y para eso necesitamos mejores rutas, infraestructura energética y logística, puertos, aeropuertos y conectividad que permitan sacar nuestros productos al mundo y bajar los costos productivos para poder producir más barato”, concluyó.

Con información de agencias.

IG

Un fraude judicial con la marca de Comodoro Py y una encerrona en la que Cristina no da respuestas

Una forma de constatar si el Caso Cuadernos representa “el mayor juicio contra la corrupción de la historia” o una fraudulenta maniobra judicial es dar cuenta de la versión oficial de quienes edificaron el expediente: el diario La Nación, el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio.

En septiembre u octubre de 2017, un expolicía, José Bacigalupo, recibió una caja cerrada de manos de su conocido Oscar Centeno, un exsargento y exchofer del ex subsecretario de Planificación Federal Roberto Baratta. Bacigalupo sintió curiosidad porque Centeno le comentó la sensibilidad de la información contenida en la caja, la abrió y se encontró con una bitácora con fechas, lugares, montos, coimeros y coimeados, anotados en ocho cuadernos a lo largo de varios años. Estaban mencionados buena parte de los empresarios más acaudalados del país y el entramado de obras públicas de los gobiernos de los Kirchner. El escándalo golpeaba, literalmente, las puertas de Cristina.

Bacigalupo sentía —según contó a La Nación— que el problema del país no eran “los que están (Macri), sino que éstos (Cristina) van a volver si no se los para”. Tamaña vocación ética y republicana empujó al expolicía a entregar el material a su vecino Diego Cabot, a quien admiraba por su trabajo periodístico. Era enero de 2018, cuando el Gobierno de Cambiemos comenzaba a empantanarse por el fin del festival financiero y el recorte de 20% de las jubilaciones, versión macrista de la motosierra. Bacigalupo olfateaba —con alguna razón— que Cristina podía volver.

La Nación clasificó y fotocopió el contenido de los ocho cuadernos, y los devolvió a Bacigalupo el 21 de marzo de 2018. El expolicía reintegró los textos a Centeno, quien le reprochó que la caja estuviera abierta. La queja, por suerte, se desvaneció en el instante, según contó el expolicía a Cabot.

Pocos días después, La Nación contactó al fiscal Carlos Stornelli. El medio entendió que debía coordinar las acciones con el fiscal que se había transformado en un azote de los funcionarios kirchneristas desde Comodoro Py, junto al juez federal Claudio Bonadio. Éste había intentado avanzar contra Baratta y su histórico jefe, Julio de Vido, en una causa por la compra de gas natural licuado, pero tuvo un traspié porque un perito plagió su informe con fuentes inconexas de internet. La frustración, que ya entonces estaba expuesta, no impidió que el mismo juzgado absorbiera la denuncia que llegaba desde Bacigalupo por intermedio de La Nación.

El diario analizó que la publicación del contenido de los cuadernos sin la venia de Stornelli y Bonadio daría tiempo a que los nombres anotados por Centeno eliminaran pruebas o se dieran a la fuga. Correspondía —evaluó La Nación— darle cuerpo a una causa en beneficio del país, al costo de resignar el valor periodístico esencial de informar con plena libertad.

“Avanzá”

Pasaron unos meses y llegó el momento. “Avanzá lo antes que puedas”, instruyó una fuente de Comodoro Py a Cabot el 30 de julio de 2018. Al día siguiente, el periodista se reunió con Bacigalupo y Stornelli en un café en la intersección de Cabildo y Federico Lacroze, barrio de Belgrano.

El expolicía que había descubierto ese tesoro periodístico sintió algún remordimiento porque la judicialización del caso perjudicaría a su compinche Centeno, quien había confiado en él al entregarle los cuadernos en custodia. “Yo le dije al Negro que iba a terminar preso si no se presentaba ante la Justicia”, se consoló Bacigalupo.

El 1 de agosto de 2018, el diario conservador informó en un título secundario de tapa que Centeno había sido arrestado, sin mayores detalles. “Coimas: una detención impacta al kirchnerismo”. Fue una forma sigilosa de dar la campana de largada y pisar la primicia. En la madrugada de ese día, con los diarios en proceso de distribución, se dispararon decenas de allanamientos y arrestos gestionados por Stornelli y aprobados por Bonadio.

La Nación se felicitaría en las horas posteriores por “privilegiar la institucionalidad a la primicia”. Tuvo su recompensa. Con el dato de los allanamientos que le habían pasado desde Comodoro Py, consiguió la foto exclusiva de Baratta saliendo de su domicilio en Belgrano, esposado y con la mirada desconcertada.

Además de Cristina y funcionarios de su Gobierno, el festival de nombres lanzados entre el 1 y el 2 de agosto de 2018 incluía a íconos del mundo empresarial como supuestos pagadores de coimas: Corporación América (Eurnekián), Roggio (Aldo Roggio), IECSA (Calcaterra-Macri), Electroingeniería (Ferreyra), IMPSA (Pescarmona), Isolux, Taselli, Chediack, MSU (Santos Uribelarrea), Albanesi (Loson), Panedile (Dragonetti), Esuco (Wagner) y otros.

Sin embargo, uno en particular, acaso el más relevante del firmamento económico argentino, no fue mencionado ni por La Nación ni por Stornelli en su raid mediático de aquellas horas. Pasarían tres días hasta que Infobae, tras acceder a los textos, titulara el 4 de agosto: “Los detalles de los traslados de ‘bolsos’ y ‘paquetes con dinero’ entre el Grupo Techint y el departamento de los Kirchner”.

¿Por qué se habrán privado La Nación y Stornelli de poner el foco en el mayor emporio económico argentino, cuyo patrimonio y actividad habían crecido exponencialmente durante los Gobiernos de los Kirchner y Macri?

Resultó que el chofer de Baratta había constatado nueve visitas a la sede de Techint para trasladar “bolsos” y “paquetes”. En particular, el contacto del Gobierno de los Kirchner con Techint había sido a través de Héctor Zabaleta, encargado de operaciones no estructuradas, y Luis Betnaza, principal ejecutivo del grupo y mano derecha de su mayor accionista, Paolo Rocca.

¿Por qué se habrán privado La Nación y Stornelli de poner el foco en el mayor emporio económico argentino, cuyo patrimonio y actividad habían crecido exponencialmente durante los Gobiernos de los Kirchner y Macri?

La respuesta se terminaría de redondear con el tiempo.

Rocca asumió la responsabilidad días después de los allanamientos iniciales. Dijo que había entregado millones de dólares en coimas para “defender a nuestra gente” en Venezuela luego de la decisión de Hugo Chávez de expropiar la siderúrgica Sidor, en 2008. “Entiendo que Luis Betnaza cedió a una exigencia del Gobierno de aquel entonces (de Cristina)” para organizar la salida de cientos de empleados de ese país, que supuestamente se encontraban en condiciones apremiantes. Cabe intuir que la amenaza de Chávez a Rocca por la integridad física de sus ejecutivos fue bastante silenciosa, porque no había habido ninguna noticia por el estilo entre 2007 y el 16 de agosto de 2018, cuando Rocca explicó lo sucedido.

Esa versión no es la que reflejaron los documentos diplomáticos estadounidenses expuestos en los cables de WikiLeaks. Por el contrario, esos textos confidenciales expusieron reuniones del embajador estadounidense con Rocca que dieron cuenta de una coordinación acompasada entre la empresa y el Gobierno de Cristina para reclamar a Chávez una indemnización. Si el accionista de Techint tenía alguna preocupación por sus empleados, no la mencionó a la Embajada de Washington en Buenos Aires. Al embajador estadounidense le sorprendió el generoso monto de la compensación obtenida por Techint: US$1.970 millones.

En 2021, el juez federal Julián Ercolini, con la causa derivada en su juzgado tras el fallecimiento de Bonadio, dio por probada la entrega de dinero a Baratta por parte de Techint, pero argumentó que obedeció a “razones humanitarias” para salvar a su gente de las represalias de Chávez. Rocca, Betnaza y Zabaleta fueron sobreseídos. Stornelli no apeló, tampoco lo hizo en tiempo y forma la Unidad de Información Financiera bajo el Gobierno de Alberto Fernández, y la decisión quedó confirmada.

Las sortijas del fiscal

Otro pilar de la causa son los arrepentidos.

Según informó La Nación el 8 de agosto de 2018, Stornelli les dijo a los abogados de un ejecutivo de Isolux que no había “sortijas para todos”, como si el arrepentimiento no fuera una delicada figura penal acorde a pautas estrictas, sino una zanahoria a discreción del fiscal.

Quienes obtuvieron sortijas fueron más de treinta imputados entre empresarios, exfuncionarios y dos figuras centrales en el caso: el chofer Centeno y José López, aquel de los bolsos en el convento, ícono esperpéntico de la corrupción en los años de los Kirchner en Casa Rosada.

La ley establece que un arrepentido no puede ahorrarse información ni obstaculizar el desarrollo de la causa. Si esos extremos se comprueban, los beneficios otorgados se revierten, la pena se agrava y lo presuntamente confesado pierde valor. Centeno tuvo suerte.

Disparadas las primeras detenciones, Stornelli se lanzó con cierta desesperación a buscar los originales de las anotaciones, ya que sólo había recibido las fotocopias entregadas por La Nación. El fiscal allanó varios domicilios, sin éxito. Unos días después, Centeno confesó que había incinerado sus cuadernos Gloria, Convenor, Rivadavia y América en el mes de mayo de 2018, por sugerencia de un amigo. Su relato fue pormenorizado. “Me fui al fondo donde está el quincho y en la parrilla los rompí uno por uno, los amontoné y los quemé. Me quedé atizando el fuego hasta que se terminaron de quemar”. Es decir, el chofer no colaboró, pero, no obstante, Stornelli aceptó sus confesiones y le concedió la libertad.

Centeno vivió desde entonces en una casa en Capital Federal a costa del erario público. Un año y medio después de su afirmación de que había quemado los cuadernos, éstos aparecieron sanos y salvos, menos uno, el quinto. Un desconocido abordó a Cabot en una esquina de Núñez como lo había hecho tiempo antes Bacigalupo. Tampoco ese giro implicó la revocatoria de la condición de colaborador de Centeno, lo que habría desmoronado buena parte del expediente.

Uno de los imputados, Armando Loson, accionista de la generador eléctrica Albanesi, detectó que su nombre había sido anotado en un cuaderno como Marcelo, y luego apareció corregido con otra letra. Encargó un peritaje y detectó cientos de presuntas modificaciones. Este año, informes oficiales de Gendarmería y Policía Federal incorporados al expediente confirmaron la existencia de tachaduras, enmiendas con corrector y agregados de terceros autores. Todo ello, en contenidos clave, como direcciones, nombres y montos de dinero. Otro peritaje de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA reportó recursos lexicográficos distintos entre un cuaderno y otro, como si hubieran sido escritos o pensados por personas diferentes.

Jueces como fichas

A la turbiedad del origen de la causa direccionada al tándem Stornelli-Bonadio, premios y castigos a través de supuestos arrepentimientos e influencias políticas y económicas, y la prueba original que resucitó de sus cenizas como el Ave Fénix, se suma la composición del tribunal.

Un clásico de Comodoro Py consiste en manosear las causas hasta que son desplazados los jueces inconvenientes y quedan a cargo otros que ni siquiera corresponden al fuero penal federal de la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los tres integrantes del tribunal que juzgará a Cristina, Germán Castelli, forma parte del cardumen que fue trasladado a dedo a Comodoro Py por el Gobierno de Mauricio Macri, sin cumplir el requisito constitucional, en 2018. La Corte Suprema ya determinó que esas designaciones no son válidas, pero los trasladados seguirán en el cargo hasta que sean designados los ocupantes definitivos, con el voto del Senado. En otra de las piruetas absurdas del máximo tribunal, hace años imparten justicia magistrados que entraron por la ventana al fuero de las causas más políticas del país.

Una jueza suplente del tribunal oral, Gabriela López Iñiguez, que no responde a la mesa judicial que mueve las fichas en Comodoro Py, fue separada del caso porque en otro expediente dedicó párrafos críticos al fiscal Stornelli. Sus colegas intuyeron que podía ser parcial. En su lugar fue designado Néstor Costabel, recusado por Cristina porque ya actuó en otros expedientes que la tuvieron como imputada, pero resultó confirmado en el puesto. Por la aparente salud delicada de un magistrado titular, se supone que el primer suplente deberá actuar pronto.

Una mirada mínimamente legalista obligaría a diseccionar “el mayor juicio sobre corrupción de la historia” para separar la podredumbre y salvar indicios que, en efecto, alumbran una corrupción sistemática con la obra pública y las concesiones durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

En un fuero federal dominado por patas del macrismo, los servicios de Inteligencia, el Grupo Clarín y una aristocracia judicial anquilosada, no caben esperanzas de que se cumpla el debido proceso.

El debate oral tendrá que escuchar a 71 imputados y más de seiscientos testigos. Salvo alguna maniobra procesal para economizar tiempo, cabe prever que el caso permanecerá abierto varios años. Si se quiere leer la influencia electoral que tendría otra sentencia condenatoria sobre Cristina, habría que pensar más en 2031 que en 2027.

El eje Cámpora-Instituto Patria arrinconará a los adversarios del campo peronista y de izquierda para que se definan sobre la injusticia en curso

En cualquier caso, el latido de un caso con estas características alimentará el engranaje que mueve la política argentina hace años. Un sector farisaico de la política, las instituciones y los medios clamará a los cielos ante algún testimonio o detalle “revelador”. Habrá indignaciones lacerantes en las noches televisivas de Clarín y La Nación, comunicados compungidos de alguna asociación empresarial y tuits lanzados por Fernando Iglesias desde su palacete en Bruselas.

Cristina y los suyos argumentarán que el proceso no es más que un escarmiento por su atrevimiento a meterse con “el poder real”.

Sin respuestas

La expresidenta tiene argumentos para señalar un mecanismo sistemático que la tiene a ella en el banquillo y a sus acusadores, impunes. La lentitud y negligencia en todo lo que atañe a Macri y Javier Milei son proporcionales a la animadversión en contra de Cristina.

La proclama será levantada en el expediente y en la política. El eje Cámpora-Instituto Patria arrinconará a los adversarios del campo peronista y de izquierda para que se definan sobre la injusticia en curso. Exigirá que cualquiera que esboce una candidatura pose con el cartel “Cristina Libre” como elemento central de campaña. Mientras, una gran mayoría de la sociedad seguirá pensando que la expresidenta es culpable y muchos hasta gozarán con la arbitrariedad en su contra, con lo que la derecha no se resistirá al incentivo de mantener el mecanismo vigente.

Nada de ello ahorra a Cristina y los suyos la necesidad de hacerse responsable de preguntas elementales.

Estas cuestiones, entre muchas otras, ya no serán respondidas por los Kirchner. Las tropelías judiciales que se cocinan en Comodoro Py les brindan un puente de plata para eludir explicaciones, con una razón legítima. En un sistema democrático, rigen el principio de inocencia y el derecho de defensa.

Sin embargo, la letanía de que toda acusación sobre corrupción responde a una “venganza” por aquellos años “maravillosos” no es lo que cabe para un nuevo liderazgo que se proponga pensar un futuro del peronismo y que el país salga de la encerrona en que se encuentra.

Las nuevas melodías deben exigir el respeto al estado de derecho, a la vez que retomar la decencia como bandera del progresismo y/o el peronismo. Sin atajos ni explicaciones pueriles que agravian el sentido común.

Si no es por convicción, que sea por estrategia.

SL

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Trump logra el voto de ocho senadores demócratas para terminar con el cierre del Gobierno de Estados Unidos

Es el cierre de la Administración más largo de la historia de EEUU: 40 días. Y se encuentra en vías de resolución a la medida de Donald Trump gracias a un puñado de ocho senadores demócratas, que han accedido a reabrir el Gobierno sin garantías sobre las ayudas sanitarias.

En una votación preliminar, la primera de una serie de maniobras procedimentales necesarias, el Senado votó 60-40 a favor de avanzar hacia la aprobación de la financiación de la Administración federal y celebrar una votación posterior sobre la extensión de las fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que vencen el 1 de enero.

La aprobación final podría demorarse varios días si los demócratas se oponen y retrasan el proceso. El acuerdo está fracturando el partido. El líder de la minoría en el Senado, Charles E. Schumer (demócrata por Nueva York), y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York), se opusieron.

“Esta crisis sanitaria es tan grave, tan urgente, tan devastadora para las familias de mis distritos que no puedo, en conciencia, apoyar esta resolución de financiación provisional”, declaró Schumer en el pleno del Senado, refiriéndose al proyecto de ley.

La mayoría de los demócratas exigían a la Casa Blanca garantías de que se prorrogara el Obamacare, el sistema por el que el Gobierno ayuda a 20 millones de estadounidenses a pagar sus seguros médicos con el fin de ampliar las coberturas sanitarias de la población. Pero Trump, cuya megaley fiscal aprobada en verano ya preveía recortes en políticas sociales, no deja de repetir que el sistema del Obamacare es un desastre... Pero hasta la fecha no ha presentado ninguna propuesta alternativa.

Trump quería un cheque en blanco de los demócratas, a los que no deja de insultar cada día. Y un puñado de ellos se lo están dando. Así, el Senado está votando este domingo para dar los primeros pasos para poner fin al cierre parcial del gobierno sin contraprestaciones sanitarias.

El grupo de tres exgobernadores —las senadoras de New Hamshire Jeanne Shaheen y Maggie Hassan, y el senador independiente de Maine Angus King— declaró que votarían a favor de la reapertura si el Senado aprobaba tres proyectos de ley de gastos anuales y extendía el resto de financiación del gobierno hasta finales de enero, informa The Associated Press.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, respaldó el acuerdo el domingo por la noche y convocó a una votación inmediata para iniciar el proceso de aprobación.

El acuerdo también incluiría una votación futura sobre las ayudas para la atención médica, cuyo resultado no estaría garantizado por los republicanos, y la reversión de los despidos masivos de empleados federales que se han producido desde que comenzó el cierre el 1 de octubre.

Los republicanos necesitan cinco votos demócratas para reabrir el gobierno. Además de Shaheen, King y Hassan, el senador demócrata Tim Kaine, de Virginia, estado que alberga a millones de trabajadores federales, también declaró que apoyaría el acuerdo.

Después de que los demócratas se reunieran durante más de dos horas para discutir la propuesta, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, declaró que no podía apoyarla “de buena fe”.

“Estados Unidos se encuentra en medio de una crisis de salud provocada por los republicanos”, declaró Schumer en el pleno justo antes de las votaciones previstas. “Los demócratas han dado la voz de alarma”, dijo Schumer, y “no cejaremos en la lucha”.

El senador independiente Bernie Sanders de Vermont, referente progresista que forma parte del grupo demócrata, declaró que abandonar la lucha sería un “error garrafal”.

Los republicanos han estado colaborando con el grupo de demócratas centristas mientras el cierre del gobierno continuaba interrumpiendo vuelos en todo el país, poniendo en riesgo la asistencia alimentaria para millones de estadounidenses y dejando a los empleados federales sin sueldo. Sin embargo, muchos demócratas han argumentado que no se puede poner fin a la batalla política sin un acuerdo para extender los subsidios de salud.

Al regresar a la Casa Blanca el domingo por la noche después de asistir a un partido de fútbol americano, Trump dijo: “Parece que nos acercamos al fin del cierre”.

Los demócratas han votado 14 veces en contra de la reapertura del gobierno, exigiendo la extensión de las ayudas que hacen que la cobertura sea más asequible para los seguros de salud ofrecidos bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act, popularmente conocida como Obamacare). Y los republicanos se han negado a negociar los subsidios sanitarios mientras el gobierno permanece cerrado, si bien el acuerdo con los demócratas moderados financiaría parte del gobierno, como la ayuda alimentaria.

El acuerdo prevé financiar programas para veteranos y el poder legislativo, entre otras cosas, y extender la financiación para todo lo demás hasta finales de enero. Según fuentes cercanas al caso, se aceptaría la antigua oferta de los republicanos de celebrar una votación futura sobre los subsidios a la atención médica, la cual tendría lugar a mediados de diciembre.

El acuerdo reincorporaría a los empleados federales que recibieron avisos de despido y reembolsaría a los estados que utilizaron sus propios fondos para mantener en funcionamiento los programas federales durante el cierre. Además, protegería contra futuras reducciones de personal hasta enero y garantizaría que todos los empleados federales reciban su salario una vez finalizado el cierre.

Además de la solución al problema de la financiación, los republicanos publicaron el domingo el texto legislativo final de tres proyectos de ley de gastos para todo el año. Esta legislación mantiene la prohibición de aumentos salariales para los legisladores, pero incrementa su seguridad en 203,5 millones de dólares en respuesta al aumento de las amenazas. También incluye una disposición impulsada por el senador Mitch McConnell, republicano por Kentucky, para impedir la venta de algunos productos derivados del cáñamo.

Aunque el Senado aprobara la legislación de financiación, la votación final podría tardar varios días si los demócratas que se oponen al acuerdo, presentan objeciones y dilatan el proceso. La primera votación serviría para proceder a la consideración de la legislación.

No hay garantías de que las ayudas de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (Affordable Care Act) se extiendan si los republicanos acceden a una futura votación sobre la atención médica. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), ha declarado que no se comprometerá.

Algunos republicanos se han mostrado dispuestos a extender las ayudas de la era de la COVID-19, dado que las primas podrían dispararse para millones de personas, pero también quieren establecer nuevos límites sobre quién puede recibir los subsidios..

Otros republicanos, incluido Trump, han aprovechado el debate para reiterar sus críticas, que llevan años haciendo, y han pedido su derogación o reforma, sin plantear ninguna alternativa.

La COP de Brasil decide si el mundo avanza o si Trump dinamita el esfuerzo común contra el cambio climático

Desde este lunes y hasta el 20 de noviembre, el mundo se reúne en la ciudad brasileña de Belém do Pará para la Cumbre del Clima de la ONU. La COP30 debe dilucidar si esta manera colectiva de afrontar la crisis climática, el llamado multilateralismo, está enchufada a un soporte vital tras el boicot activo de EEUU o si puede concretar acciones después de los discursos.

El mismo presidente brasileño, Lula da Silva, ha colocado alto el listón: “No es momento de más discursos”, pero la COP llega en una situación “de decrecimiento en la confianza hacia el multilateralismo” como fórmula para conseguir avances, como dice el jefe de estudios de energía y clima del Instituto Montaigne, Joseph Dellate. Así que se abre la duda de si esta cumbre sirve para salvar el multilateralismo y si, además, puede obtener avances en la lucha contra el cambio climático.

Multilateralismo es la palabra que revolotea todo el rato. El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo a Lula nada más llegar a Brasil: “Gracias por tu firme compromiso con el multilateralismo ahora que es el mundo lo que está en juego”. ¿Pero qué es? En principio, algo tan simple como la colaboración entre países para afrontar problemas comunes.

Parece diseñado para atajar el gran problema común de la humanidad: el cambio climático. Y fue el modelo que permitió llegar a un acuerdo legalmente vinculante como es el Acuerdo de París de 2015. París se aprobó por consenso, sin votaciones, y establece que cada parte se compromete a hacer lo que esté en su mano para frenar el calentamiento global. Se autoobliga a cumplir al firmar el Acuerdo.

Fue lo que salvó la acción contra la crisis climática después del fracaso sin paliativos que supuso la COP de Copenhague 2009 que debía renovar el Protocolo de Kioto (al que nunca se adhirieron por ejemplo, EEUU o Canadá).

Sin embargo, y cumpliendo con el papel autoasignado de anatema de la colaboración, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha decidido no enviar delegados de alto nivel a la COP30. Aunque Trump anunció en enero que su país abandona el Acuerdo de París, la salida efectiva toma un año. Además, la COP es un evento de la Convención de Naciones Unidas Contra el Cambio Climático (UNFCCC) de la que EEUU sigue participando. Es decir, si no van es porque no quieren.

EEUU ha bombardeado directamente la negociación climática al declarar oficialmente que no admiten que ninguna medida ambiental pueda perjudicar sus intereses.

“Belém será la prueba definitiva de si el multilateralismo puede responder a la emergencia climática o si el sistema está capturado definitivamente por intereses corporativos y de los países más ricos”, resume el coordinador del área climática de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, horas antes de viajar a Brasil.

La respuesta parece que está en Europa, China y la anfitriona Brasil. “He sido negociador climático durante muchos años y lo que ha cambiado es el sentimiento de urgencia actual”, explica el presidente de la COP de Belém, André Corrêa, quien ha subrayado la importancia del sistema multilateralista.

Con todo, esos tres actores aterrizan con sus rémoras. La UE casi llega a Brasil sin plan climático común, China se ha comprometido a un leve recorte de emisiones una vez que alcance su pico y Brasil acaba de aprobar nuevas perforaciones petrolíferas.

¿Qué puede salir de Belém?

Llegados a este punto y con las delegaciones en la Amazonia, el Gobierno de Brasil pretende transformar la COP30 de Belém en la Cumbre Climática de las “implementaciones”. Apoyado en la autoridad moral de pueblos indígenas y en el talismán verde de la selva, el anfitrión planea dirigir su reconocida “diplomacia cordial” hacia el campo ambiental. Una mezcla de diplomacia y pragmatismo, irreverencia para modificar la hoja de ruta oficial y presión popular.

Brasil quiere colocar la deforestación en el epicentro de las discusiones. El Fundo de Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, de sus siglas en inglés), es la propuesta estrella del gobierno Lula. El plan pretende captar fondos para que países como Brasil, Indonesia y República Democrática del Congo, sean remunerados por los “servicios ambientales” prestados por sus selvas tropicales. En esta COP, Brasil aspira a que los recursos ofrecidos por el primer mundo no sean solo préstamos, sino donaciones.

Por otro lado, “un punto importante del TFFF es que el 20% de los fondos sean destinados directamente a comunidades tradicionales y pueblos indígenas”, asegura en entrevista telefónica Ciro Brito, abogado y analista de políticas climáticas del Instituto Socio Ambiental (ISA), negociador oficial en la COP30. Por otro lado, Brasil pretende conseguir otros hits paralelos: un acuerdo global para apoyar el uso de biocombustibles (el 22,5% del combustible usado en el país es bio) y la creación de un mercado único de carbono que ponga orden y corrija prácticas de greenwashing.

Lo que ocurre es que el gran asunto sigue siendo cómo desenganchar a la humanidad de los combustibles fósiles, es decir, el petróleo, el carbón y el gas, que son los que mandan el 75% de las emisiones de gases a la atmósfera. Reducir ese foco es lo que en las COPs se llama mitigación.

“En mitigación no vamos a poder tener mucho porque los planes nacionales, como el de la Unión Europea, han llegado mucho más tarde de lo que debían”, explica Javier Andaluz. “Lo que vemos es que Brasil, que quiere que salga algo positivo de su cumbre, puede conseguir varios acuerdos entre diversas partes sobre diferentes asuntos, pero no en el acuerdo global de todos los países. Y eso, que tiene mucha menos fuerza legal, nace casi ya como papel mojado”, remata.

Pueblos indígenas

Los pueblos indígenas tendrán una presencia histórica en la COP30. No sólo están representados en algunos paneles de la Blue Zone, sino que cuentan con una aldea propia levantada en la Green Zone reservada para la sociedad civil. Célia Xakriaba, única diputada indígena de Brasil, del Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), en declaraciones a elDiario.es considera que la COP en la Amazonia representa la oportunidad de conseguir un cambio real y concreto. “Nosotros, indígenas, no queremos ser más vistos como parte del paisaje, sino como sujetos políticos de un nuevo tiempo. Estamos listos para construir un pacto vivo entre pueblos, selvas y futuros posibles”, afirma Célia. La causa indígena contará con una manifestación propia, el día 17, cuyo lema es “A Resposta Somos Nós” (nosotros somos la respuesta).

Brasil incorporará al lado no oficial la COP30 uno de sus legados sociales más queridos: la Cúpula dos Povos (Cúpula de los Pueblos). Fundada en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, pieza clave del ciclo del antiglobalización protagonizado por el Foro Social Mundial (nació en 2001 en Porto Alegre), la Cúpula dos Povos celebrará una verdadera contra cumbre en la que los movimientos sociales son los verdaderos protagonistas. “La presencia de cuatro mil indígenas de todo el mundo meterá presión a las negociaciones. La Cúpula dos Povos tiene una metodología: hacer debates temáticos y presentar al final una carta a la presidencia. Esa carta será crítica y nos ayudará a cambiar el escenario de las negociaciones”, matiza Ciro Brito.

El día 12, una manifestación de barcos sui generis saldrá desde la Cúpula de los Pueblos por el río Guama que baña Belém. Y el día 15, la Cúpula lidera la Marcha Global Unificada. Por si fuera poco, Belém aporta más novedades populares: las Yello Zones (puntos de debate en periferias y favelas) y una Black Zone para discutir cuestiones como el racismo ambiental. Ruth Ferreira, una las coordinadoras de las siete Yellos Zones de Belém, asegura a este medio que quieren poner sobre la mesa cómo el racismo ambiental y la crisis climática afectan a las periferias del mundo. “Cada zona tiene la particularidad de su propio territorio. Queremos que las personas se sientan dentro del debate climático y se vean como agentes de cambio”, afirma Ferreira a elDiario.es.

Así que la partida se juega en Belém, ciudad en la que antes de las alteraciones climáticas el chaparrón torrencial de cada tarde era tan fuerte que la gente quedaba sin hora concreta “depois da chuva”. A las puertas de la estación húmeda, la previsión del tiempo para los negociadores del clima es un verdadero recado de la Tierra: más calor y mucha menos lluvia de lo habitual para estas fechas.