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Sin mencionarlo en el Congreso, Milei prepara una reforma de la ley que regula la SIDE desde hace más de dos décadas

El Gobierno prepara un nuevo movimiento en el tablero de la inteligencia argentina. No se trata solo de sostener el polémico DNU 941/2025 que Javier Milei firmó el 31 de diciembre y que reconfiguró la arquitectura del espionaje estatal, sino de avanzar hacia una instancia más ambiciosa: una nueva Ley de Inteligencia que reemplace de manera definitiva la norma sancionada en 2001, aún vigente. “¿Se va a presentar una nueva ley? Sí. ¿Cuándo? Es decisión del Presidente”, deslizaron, tajantes, fuentes del organismo a elDiarioAR.

La decisión política está tomada, pero todavía no se definió el momento para oficializarla. En la Casa Rosada habían descartado que el anuncio formara parte del discurso que Milei pronunció el domingo por la noche en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Tal como se anticipaba, el mensaje presidencial estuvo concentrado en el frente económico y en la agenda legislativa ya en marcha tras la aprobación de la reforma laboral. La cuestión vinculada a la inteligencia quedó, al menos por ahora, en un plano más reservado.

El objetivo oficial es doble. Por un lado, otorgarle estabilidad jurídica a los cambios introducidos por el último DNU, que redefinió el alcance de la contrainteligencia, creó nuevas instancias de articulación entre organismos y amplió las facultades operativas de la SIDE. Por otro, sustituir una ley concebida en un contexto político y tecnológico completamente distinto. El argumento principal es que la legislación vigente quedó “vieja” frente a la complejidad del mundo actual: hay quienes sostienen que la Ley 25.520 —aprobada casi por unanimidad en diciembre de 2001, dos semanas antes de la renuncia de Fernando De la Rúa— fue pensada en clave posdictadura y bajo el impacto de los atentados terroristas de aquellos años, mucho antes de que el ciberespacio se convirtiera en un escenario estratégico.

Según pudo saber elDiarioAR, la redacción del virtual proyecto ya tiene responsables definidos. El borrador está en manos del subsecretario administrativo de la SIDE, José Francisco Lago Rodríguez, en tándem con la secretaria Legal y Técnica, Martía Ibarzábal Murphy. Lago Rodríguez cobró notoriedad en noviembre pasado, cuando este medio reveló que protagonizó un incidente en el domicilio del exjefe de los espías Sergio Neiffert, en medio de la transición interna que terminó con la salida del entonces Señor 5.

Hombre de confianza del asesor Santiago Caputo, quien está a cargo de la conducción política de la inteligencia en la era Milei, Lago Rodríguez tuvo intervención tanto en la redacción del DNU 941 como en el decreto de julio de 2024 que disolvió la AFI y reinstaló la SIDE. Su vínculo con Ibarzábal Murphy no es nuevo: ambos compartieron paso por el estudio jurídico Cassagne, cantera de varios cuadros técnicos que hoy ocupan posiciones estratégicas en el Estado.

La intención oficial es incorporar en una norma integral conceptos que hoy aparecen dispersos en el decreto. La propia SIDE lo había anticipado en enero, a través de su cuenta de X, donde defendió el uso del DNU y confirmó que “las reformas más profundas de la Ley de Inteligencia, que merecen un profundo debate, se van a tratar en el Congreso cuando el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley para una reforma más abarcativa —pero menos urgente— en la que se está trabajando”.

En ese mismo mensaje, que tenía como objetivo rebatir los argumentos de una nota periodística del diario La Nación, el organismo justificó el atajo reglamentario al sostener que “la reforma del Sistema de Inteligencia Nacional era urgente debido al complejo contexto internacional que se está viviendo” y citó como ejemplo “la captura del principal dictador de la región”, en referencia al venezolano Nicolás Maduro, que precisabn que ocurrió “tan solo un día después de la publicación del Decreto, dejando muy en claro que no se podía esperar a las Sesiones Ordinarias del mes de marzo”.

La apelación a la excepcionalidad no pasó inadvertida en el Congreso. Para la oposición, la justificación interncional funcionó más como construcción discursiva que como basamento jurídico. “La urgencia no puede ser un estado permanente”, señalaron por entonces desde un despacho que integra la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, órgano legislativo que deberá conformarse en los próximos meses.

Ese es, precisamente, el punto que ahora cambia de fase. Si el DNU se defendió en nombre de la inmediatez, el proyecto de ley que tiene entremanos el Gobierno implicaría convertir ese argumento coyuntural en arquitectura estable. La diferencia no es menor: mientras el decreto puede ser revisado judicialmente y eventualmente rechazado por el Congreso, una ley sancionada con mayoría parlamentaria consolidaría el rediseño y le daría previsibilidad política al esquema que hoy funciona por vía reglamentaria.

Rediseño estructural

El DNU 941 no fue interpretado dentro del sistema como una simple actualización normativa sino como un movimiento de concentración de poder. No sólo amplía facultades de la SIDE y modifica aspectos centrales de la Ley de Inteligencia y de la Ley de Defensa, sino que le otorga una centralidad que no tuvo en ninguna etapa de la democracia que se abrió en 1983.

“Esto es como hacen siempre: tiran 100 para ver si quedan 40”, resumió una fuente con trayectoria en distintas gestiones en diálogo con elDiarioAR. En su análisis, el Gobierno ya ganó la discusión pública, pero la implementación enfrenta límites operativos evidentes, además de una sospecha menos visible: el verdadero interés de Santiago Caputo podría estar en el control presupuestario ampliado que habilitan las fusiones y la reconfiguración de áreas.

La ampliación de facultades operativas de la SIDE es uno de los principales focos de tensión. El decreto habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia durante actividades del área, una atribución históricamente reservada a fuerzas policiales. Dentro del propio sistema la reacción fue directa. “Una locura”, sintetizó un agente con responsabilidades operativas, al advertir que la medida rompe un límite democrático consolidado y expone al organismo a conflictos judiciales.

Otro de los movimientos que más llamó la atención fue el traslado del área de ciberseguridad desde la SIDE hacia la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, dependiente de la Jefatura de Gabinete. Aunque el área responde formalmente al esquema político de Karina Milei, al frente está Darío Genua, un funcionario cercano a Caputo, el asesor que gravita sobre la inteligencia a través del titular del organismo, Cristian Auguadra. Este mes, finalmente se confirmó que al frente del flamante Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) estará Ariel Waissbein secundado por Ezequiel Gutesman. En ese esquema vuelve a aparecer un nombre cada vez más omnipresente: el del empresario Leonardo Scatturice, proveedor tecnológico que podría beneficiarse de un diseño donde Innovación concentra infraestructura y contratos estratégicos.

El rediseño del organigrama también impacta en Defensa. La disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Militar y la transferencia de funciones al Estado Mayor Conjunto modifican el equilibrio entre conducción civil y estructura castrense. Para muchos críticos, el nuevo esquema debilita el control civil y subordina a las Fuerzas Armadas a una lógica de seguridad interior.

Desde el universo de la inteligencia, el cuestionamiento vuelve sobre el método. “En dos años no hubo una sola coordinación real”, señala una fuente con larga experiencia. En su visión, el decreto construye una urgencia normativa que no existe y transforma a múltiples áreas del Estado en reservorios permanentes de información para la SIDE. “La Secretaría debería producir inteligencia estratégica para la toma de decisiones, no administrar todo el flujo informativo del Estado”, resume.

Las advertencias externas refuerzan ese diagnóstico. El CELS, que presentó enero un amparo colectivo ante la Justicia al considerar que el impacto del decreto no es individual sino generalizado, se encargó de alertar sobre el riesgo de que la ampliación del concepto de contrainteligencia derive en una lógica de vigilancia política y cuestionó que una reforma de esta magnitud se impulse por decreto. También advirtió que la integración obligatoria de organismos como ReNaPer o ARCA al circuito informativo puede erosionar garantías básicas de privacidad.

Ese es el trasfondo sobre el que ahora el Gobierno evalúa enviar una nueva Ley de Inteligencia al Congreso. Convertir en norma permanente lo dispuesto por decreto no sólo implicaría blindar jurídicamente la reforma, sino también institucionalizar este esquema de concentración informativa y presupuestaria. La discusión ya no sería sobre un DNU coyuntural, sino sobre el modelo de inteligencia que la administración Milei pretende dejar consolidado en el marco legal argentino.

PL/MG

Axel Kicillof cuestionó el ajuste: "Argentina, no sos vos. ¡Es Milei!"

En la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof pronunció uno de los discursos más duros desde la asunción de Javier Milei. Con una fuerte carga política e histórica, el mandatario bonaerense trazó un paralelismo entre el contexto actual y el avance de las extremas derechas en el mundo, cuestionó el modelo económico nacional y llamó a “no naturalizar la violencia ni la resignación”.

“Hoy no vivimos en dictadura, pero sí somos testigos del ascenso de las extremas derechas en muchos países que están atacando la convivencia democrática y la idea de comunidad”, afirmó Kicillof ante legisladores, funcionarios e invitados especiales. En esa línea, sostuvo que en la Argentina “se puso en marcha un laboratorio de la derecha extrema que gobierna exaltando el odio, consagrando el insulto y la humillación como método político”.

El gobernador denunció que se trata de “un proyecto que gobierna a fuerza de represión, violencia y amenazas con persecución judicial y condenas injustas”, y vinculó ese clima político con el rumbo económico. “Este clima va de la mano de proyectos económicos que generan exclusión, desigualdad y vacían de contenido social a la democracia”, advirtió.

La sesión tuvo un marco simbólico particular: este año se cumplen 50 años del último golpe militar. Kicillof remarcó que aquel quiebre institucional “no fue solamente una tragedia represiva: fue también un proyecto económico”. Y llamó a mantener viva la memoria “para cuidar la democracia, para defender el futuro y para no naturalizar, nunca, la violencia contra la Constitución y contra la dignidad de nuestro pueblo”.

En ese contexto, dedicó un tramo especialmente emotivo a los organismos de derechos humanos: “Nuestro abrazo, admiración y eterno agradecimiento a las Madres de Plaza de Mayo y a las Abuelas de Plaza de Mayo. Su lucha y su coraje siguen siendo ejemplo y guía. ¡30.000 detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre!”.

El núcleo del discurso estuvo centrado en la crítica al modelo económico del Gobierno nacional. “Si a los jubilados les va mal, si a los trabajadores les va mal, si a la mayoría de los empresarios le va mal, podríamos preguntarnos: ¿qué festejan entonces Milei y sus funcionarios? ¿A qué se refieren cuando dicen que este modelo es exitoso?”, planteó.

Kicillof advirtió que, de sostenerse este rumbo, “Argentina corre peligro de perder sus rasgos productivos y culturales más destacados como país y sociedad”. Y subrayó: “Este no es ‘un ajuste más’: es una disputa por el tipo de país que aspiramos a ser”.

En ese marco, cuestionó la llamada “motosierra”, emblema del presidente. “No se usó para recortar privilegios de la política; sino todo lo contrario: se aplicó sobre jubilaciones, obra pública, programas sociales, universidades y transferencias a las provincias. Eso no es eficiencia: es deserción, es abandono de responsabilidades básicas”, afirmó.

Con una defensa explícita del entramado industrial, el gobernador sostuvo que “las fábricas no solo fabrican cosas. Cada fábrica fabrica un país”. Y agregó: “Una fábrica es trabajo, es identidad, son proveedores, es un barrio, son comercios, es una escuela técnica, es conocimiento y es dignidad. Por eso la desintegración del tejido industrial es un crimen social”.

También denunció lo que definió como una estrategia de culpabilización social. “Este gobierno no solo provoca el daño: también quiere que la gente se sienta culpable. ‘Fracasaste’, les dicen a quienes pierden su trabajo, a quienes tienen que cerrar sus empresas. Esa crueldad es parte del programa”, sostuvo.

Kicillof se dirigió directamente a distintos sectores afectados por la crisis: empresarios pymes, industriales, comerciantes, universitarios, artistas, jóvenes, trabajadores despedidos y cuentapropistas. A cada uno les envió el mismo mensaje: “No sos vos”. “No sos vos, es el rumbo económico, es la recesión, es la caída del consumo, es la apertura importadora y el tarifazo”, enumeró.

La frase que condensó el sentido político de su intervención llegó como cierre y consigna: “En otras palabras: Argentina, no sos vos. ¡Es Milei!”.

Para el mandatario bonaerense, el mayor riesgo es la resignación. “Si creemos que el problema somos nosotros, que los argentinos no servimos, que los trabajadores son vagos o que los empresarios son ineficientes, corremos el riesgo de naturalizar lo que ocurre en nuestro país. Y la resignación es el triunfo cultural y psicológico de este plan económico”, advirtió.

“Tampoco es una coincidencia en este clima de autoritarismo vaya de la mano con proyectos económicos que generan exclusión, desigualdad y que vacían de contenido social a la democracia. Así, la sociedad se fractura progresivamente entre una minoría repleta de privilegios y mayorías repletas de privaciones”, lamentó.

“Hay un plan de destrucción masiva de la industria nacional”

Tras destacar que existe un consenso generalizado de que la economía atraviesa un proceso de “estanflación”, Kicillof denunció “un verdadero plan de destrucción masiva de la industria nacional” que hace que “las empresas caigan como moscas en todos los rincones del país”.

“Todos le señalan al presidente lo que es evidente. La Argentina no va bien. Después de más de dos años de gobierno no se cumplió ninguno de los pronósticos del presidente no se produjo ninguna recuperación, ni el V corta ni de ninguna otra clase. Vemos en cambio trabajadores despedidos o fuertemente endeudados a los que no le alcanza el salario, empresarios quebrados o al borde del cierre, jubilados pauperizados”, enumeró.

A su entender, “el panorama es alarmante” en lo económico y productivo ya que por ejemplo “se están destruyendo empresas en todas las ramas, en todas las provincias y de todos los tamaños”.

“Desde que asumió Milei cerraron 30 empresa por día”, graficó y agregó que desde el inicio del Gobierno de La Libertad Avanza “cada cuatro minutos se pierde un puesto de trabajo registrado”.

“Como consecuencia de este verdadero plan de destrucción masiva de la industria nacional, las empresas caen como moscas en todos los rincones del país”, afirmó. El ex ministro de Economía alertó que “en Argentina hay menos trabajo con derechos y hay más precariedad”. “La macro está mal y la micro está horrible. Los datos no dejan lugar a dudas: la Argentina vive una profunda crisis y el rumbo económico del Gobierno nacional es un fracaso”, sentenció.

“Los datos demuestran que el relato del crecimiento, estabilidad y equilibrio que vende el gobierno son una mentira. El crecimiento del que hablan es en realidad el crecimiento de la desigualdad y de las riquezas de una pequeña minoría, más extranjera que argentina que festeja ganancias extraordinarias mientras la enorme mayoría de los argentinos la está pasando cada vez peor”, explicó.

Para Kicillof, lo que busca el Gobierno es imponerle al país “el modelo de Perú y Paraguay”. “Con todo respeto por estos país no podemos aceptar que nos quieran imponer esta meta como destino. Se trata de un modelo de primarización productiva y precarización laboral que los ministros libertarios presentan como el paraíso capitalista”, criticó.

“Eso significa lisa y llanamente terminar de destruir a nuestra clase media, terminar de destruir un sistema de salud pública, terminar de destruir el sistema universitario argentino”, siguió.

Pese a este diagnóstico aciago, Kicillof intentó transmitir esperanza al sostener que “esta tragedia no es inevitable” y que “esta realidad se puede cambiar”.

“En la fantasía anarco capitalista, el Estado no debería existir. Mientras ese discurso siga siendo aceptado y reproducido ciegamente por algunos empresarios y parte de la dirigencia va a ser muy complicado entrar en una etapa de desarrollo en nuestro país”, apuntó.

Al respecto, el gobernador bonaerense cuestionó que se haya puesto “de moda hablar mal del Estado justo cuando mas lo necesitamos”. “La mano invisible del mercado es un verso. No existe”, enfatizó Kicillof, desencadenando el grito del público con la consigna “la Patria no se vende”.

“Podemos discutir el tamaño y las funciones del Estado, pero lo cierto es que sin Estado o hay más libertad, hay ley de la selva y hay abuso. El Estado usado de manera eficaz y transparente es una herramienta para corregir desigualdades, para integrar, para generar trabajo, para proteger recursos e intereses nacionales. Buen usado, es una herramienta del desarrollo. Si no erradicamos esa zoncera nuestro país no tiene destino”, reflexionó.

En tanto, el mandatario provincial señaló que el país está “gobernado por fanáticos de una teoría ridícula y antigua queda más expuesto a un mundo plagado de guerras comerciales y de las otras, y que regresa fuertemente al proteccionismo”.

“En ese contexto en el que los países protegen más que nunca su producción industrial tenemos un gobierno que provoca y festeja el cierre de empresas y que desmantela cualquier tipo de producción”, fustigó.

Kicillof invitó a “cambiar el rumbo nacional” y pidió “sumar fuerzas” de todas las provincias “ante un desafío común: el ataque al federalismo”. “Hace falta sumar fueras. No puede ser que cada sector o provincias quede sola negociando migajas o administrando la caída”, indicó.

“Todos los que queremos terminar con esta sociedad rota, evitar un país fallido, una Argentina de pocos ganadores y muchísimos perdedores tenemos que sumar fuerzas. Desde la provincia de Buenos invito a que trabajemos juntos por una Argentina que no se arrodille, que no se entregue y que no se rinda. Una Argentina que vuelva a creer en ella misma”, postuló.

Asimismo, Kicillof afirmó: “No estamos condenados a esta pesadilla, hay otro camino”.

De la Asamblea Legislativa participó también la vicegobernadora Verónica Magario, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, ministros del Gabinete, legisladores provinciales, intendentes, líderes sindicales y referentes del movimiento de Derechos Humanos, entre otras figuras.

CRM

Nadie nos regaló nada: lo que viene a destruir la reforma laboral

Todo lo que el Gobierno y las patronales con la complicidad de diputados y senadores pretenden echar por tierra con la ley que aprobaron la semana pasada, costó mucha lucha. Nadie nos regaló nada. Cada derecho que tenemos lo conseguimos reclamando: con diálogo, pero sobre todo con movilizaciones y huelgas. La regresiva reforma laboral viene a destruir todo eso. 

Hace cien años, los obreros de los talleres metalúrgicos Pedro Vasena e Hijos lograron la jornada laboral de ocho horas, mayores salarios, el fin del trabajo a destajo y mejores condiciones laborales. Sólo pudieron conquistar esos derechos después de una huelga y una toma de planta, que hicieron después de agotar todas las instancias de negociación. Pero la huelga no le gustó ni a la patronal ni al gobierno y el conflicto pasó a la historia como la Semana Trágica aunque en realidad no fue una tragedia, fue una masacre.

Después de un mes de protestas y de la solidaridad obrera creciente, los dueños de Vasena se propusieron romper la huelga y contrataron matones armados que tuvieron el apoyo de la policía para desalojar la planta y lanzar una cacería que terminó con cuatro trabajadores asesinados, tres a balazos y uno por los sablazos de la policía montada. 

Dos días después, el 9 de enero de 1919, una manifestación acompañó el cortejo fúnebre para enterrar en el cementerio de Chacarita a los asesinados por la represión. Esa movilización también fue reprimida y la policía dejó casi 100 obreros muertos y más de 400 heridos. La respuesta del conjunto de los sindicatos fue una huelga general por tiempo indeterminado. 

Finalmente, una semana después, el gobierno aceptó los reclamos obreros: redujo la jornada laboral, concedió el aumento de salarios y liberó a los trabajadores detenidos. También Vasena reincorporó a todos los despedidos durante el conflicto.

Esa huelga y el reclamo colectivo fue un gran paso para que las y los trabajadores de este país tengamos derecho a la jornada de 8 horas. Los dueños de la empresa Pedro Vasena e hijos apenas redujeron un poco sus ganancias. 

Nunca nadie nos regaló nada. Nosotros aprendimos de esos obreros y sus familias, por eso las y los aceiteros usamos la huelga como principal herramienta. Muchos dicen: “Ustedes cobran bien y encima hacen huelga”. La formulación es equivocada: ganamos bien porque hacemos huelga. Antes de hacer huelga éramos pobres trabajando en empresas multimillonarias y teníamos condiciones laborales deplorables.

Esa experiencia de las aceiteras la llevamos a las desmotadoras de algodón, que son empresas más chicas, sin puerto, metidas en el campo profundo, empresas pequeñas que son el primer eslabón de la industria textil. Una industria con mucha menos rentabilidad que las gigantescas cerealeras. Allí también logramos duplicar el salario de las y los trabajadores. Las empresas desmotadoras pasaron a pagar el doble de salario y ninguna se fundió.

La semana pasada, un grupo de políticos, que en su mayoría nunca han trabajado bajo patrón o son patrones o responden directamente a los patrones que los pusieron ahí, votaron para terminar, entre otras cosas, con la jornada de 8 horas y con el derecho a huelga. Tiraron por el inodoro del Congreso la lucha y nuestro esfuerzo para tener derecho a una vida digna a cambio de nuestro trabajo. 

No logramos frenar en el Congreso esa ley nefasta, pero vamos a seguir luchando hasta que volvamos a conquistar nuevamente los derechos que necesitamos para vivir dignamente de nuestro trabajo. Nadie nos regaló nada, ahora tampoco. Tengamos memoria para recordar nuestra historia y también para recordar a los que votaron y votaran en contra de la clase trabajadora.

*El autor es secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón

Hallan copias de borradores del supuesto acuerdo entre Milei y el impulsor de $LIBRA

La investigación judicial por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA sumó este lunes un nuevo dato que acerca a Javier Milei con los responsables del lanzamiento que terminó en estafa. Un peritaje oficial realizado por expertos informáticos del Ministerio Público Fiscal encontró copias de borradores del posible acuerdo firmado entre el Presidente y Mauricio Novelli, el promotor argentino.

El hallazgo se dio en al menos uno de los dispositivos electrónicos secuestrados Novelli, considerado el nexo local entre Milei y los impulsores internacionales del token, como el norteamericano Hayden Davis. Se encontraron copias de borradores de un documento calificado como “acuerdo confidencial” que el jefe de Estado habría firmado con Davis semanas antes del lanzamiento y colapso de $LIBRA, consignó el diario La Nación.

El informe técnico, elaborado por expertos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) dentro de la causa que instruye el fiscal federal Eduardo Taiano, consignó el hallazgo de borradores del supuesto acuerdo confidencial en los intercambios entre Novelli y Davis, destinados a definir la versión final del acuerdo que supuestamente se firmó el 30 de enero de 2025, dos semanas antes del lanzamiento de $LIBRA.

Ese mismo día de enero habría existido una reunión en la Casa Rosada entre Milei y Davis, tras la cual se detectaron transferencias de fondos por millones de dólares entre cuentas vinculadas a Novelli y otros involucrados, según registros financieros incorporados al expediente.

La semana pasada ya elDiarioAR dio cuenta de que la pericia alertó que muchos chats, conversaciones y archivos completos de Novelli fueron eliminados de manera definitiva antes de los allanamientos, limitando la recuperación de evidencia en las comunicaciones privadas. Allí aparecieron presuntas conversaciones y chats borrados entre Novelli y celulares atribuidos a Milei y su hermana Karina.

El fiscal Eduardo Taiano, con base en estos hallazgos, pidió a la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales que informe si en sus archivos oficiales existe copia del acuerdo confidencial en cuestión, un pedido que fue notificado formalmente en los últimos días. Hasta ahora, desde el entorno del presidente han negado públicamente la existencia de tal acuerdo, tanto en sus respuestas ante pedidos de acceso a la información pública como en entrevistas con medios.

El Gobierno ya negó a elDiarioAR la firma de un acuerdo entre Milei y el mentor de la presunta estafa $LIBRA: la oficina de Karina Milei informó que no existe un documento suscripto entre el Presidente y Davis. “Se hace saber que en esta dependencia no obra registro de convenio y/o proyecto alguno de este organismo, según los términos de su requerimiento”, respondió la Secretaría General de la Presidencia ante un pedido de acceso a la información presentado el 23 de diciembre pasado.

La consulta sobre un eventual convenio o contrato entre el Presidente, su hermana o cualquier otro funcionario con Davis fue formulada luego de que el periodista Mariano Vidal publicara en el diario Clarín la existencia de un acuerdo confidencial para asesoramiento sobre criptonegocios, datado el 29 de enero de 2025.

La novedad se acopla a la trama de irregularidades financieras conocida días atrás: la transferencia de un millón de dólares realizada por el estadounidense Hayden Davis, socio de Novelli, a la cuenta de un jubilado en Tigre.

La reciente aparición de borradores de un documento que hasta ahora había sido conocido solo por revelaciones periodísticas —y negado por el propio Gobierno— marcaría entonces otro punto de tensión judicial en un expediente que ya lleva meses de instrucción penal.

Caso Maradona: denuncian irregularidades y se demora el juicio por jurados

El abogado Rodolfo Baqué, defensor de la enfermera Dahiana Gisela Madrid, una de las ocho personas acusadas por la muerte de Diego Armando Maradona, denunció este lunes que los fiscales no llevaron las pruebas a la audiencia preliminar y que, por ese motivo, no se pudo avanzar en la fijación de la fecha del juicio por jurados.

El letrado señaló que los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren no presentaron el material en los Tribunales de San Isidro para que la jueza María Coehlo, titular del Tribunal Oral en lo Criminal N°7, pudiera continuar con el proceso.

Baqué calificó la situación como un “escándalo” y sostuvo que, a “cinco años y cuatro meses” del fallecimiento del exfutbolista, el debate oral aún no comenzó. También cuestionó el desempeño del Ministerio Público Fiscal y afirmó que se rechazaron ocho testigos propuestos por la defensa.

Nueva audiencia en abril

Tras el planteo de la defensa, la jueza Coehlo fijó una nueva audiencia preliminar para el próximo 6 de abril, en la sede judicial ubicada en Ituzaingó 340, donde se intentará avanzar con los pasos previos al juicio por jurados que deberá enfrentar Madrid.

La enfermera integraba el equipo que atendía a Maradona en el country San Andrés, en Tigre. El exjugador fue encontrado muerto el 25 de noviembre de 2020, y la autopsia determinó que la causa fue un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca.

El segundo debate oral

En paralelo, el próximo 17 de marzo comenzará el segundo debate oral y público contra otros siete imputados en la causa: el neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni; la médica Nancy Edith Forlini, responsable de la internación domiciliaria; el clínico Pedro Di Spagna y el enfermero Ricardo Omar Almirón.

El primer proceso había sido anulado luego de que se conociera la filmación del documental Justicia divina, protagonizado por la exmagistrada Julieta Makintach, lo que obligó a reiniciar el debate.

Con información de NA