Mariano Benitez Pergamino

Noticias de Buenos Aires

Ya como candidato de Milei a la Corte, García-Mansilla mostró su verdadera postura antiabortista y pide derogar la ley de IVE

“El Congreso debería revisarla y derogarla debido a su inconstitucionalidad”. Eso piensa el catedrático conservador Manuel García-Mansilla, ya como candidato formal de Javier Milei a la Corte Suprema, sobre la ley del aborto: que la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada en el 2020, es ilegal y debería borrarse del mapa de los derechos en el país. La expresión del actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral –vinculada al ala ortodoxa de la Iglesia– es su primera expresión pública desde el 28 de agosto, día que expuso en el Senado como aspirante al Máximo Tribunal en un tono más matizado.

El énfasis de lo escrito por García-Mansilla en un libro de reciente publicación choca con lo que respondió a los legisladores en aquella audiencia en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta. En su momento ratificó su rechazo al aborto legal –como lo hizo durante el primer debate de la norma, en 2018–, aunque buscó salir de la presión de las preguntas de los radicales y peronistas: dijo que “las leyes vigentes se tienen que cumplir” y se atajó con adelantar cualquier definición suya en un hipotético caso de la Corte: “Cómo fallaría en un caso en particular no se lo puedo decir porque estaría prejuzgando”. 

Pero ahora las verdaderas ideas de García-Mansilla quedaron expuestas como parte de un flamante libro presentado hace apenas diez días en la Cámara de Diputados –que conduce Martín Menem– y auspiciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral (UA): El misterio de la vida y la injusticia del aborto. John Finnis y la inviolabilidad de la vida (editorial Ábaco). La presentación se hizo el 5 de noviembre pasado y contó entre sus oradores a un nutrido número de voces reconocidamente antiabortistas y con resortes en el poder libertario, como el procurador general de la Nación, Rodolfo Barra, y Ursula Cristina Basset, asesora en Cancillería ligada a Karina Milei y Santiago Caputo.

También estuvieron en la exposición en la Cámara baja Alfonso Santiago, director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la UA; Eduardo Sodero, juez de Santa Fe; Pilar Zambrano, abogada por la UCA y doctora por la Universidad de Navarra, entre otros oradores que también escriben en el libro. Un fuerte lobby antiabortista que tiene a las universidades de raigambre católica como grupos de presión y usinas de difusión. Sugestivamente, entre los oradores en Diputados no estuvo García-Mansilla.

En el compilado de más de 600 páginas que recupera escritos del filósofo del derecho tomista nacido en Australia, el candidato a la Corte del Gobierno firma un texto titulado “La inconstitucionalidad de la legalización del aborto en la República Argentina”. Allí expone que  la norma entra en una fuerte contradicción con tratados internacionales que tienen rango constitucional, como la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ONU y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

Los argumentos de García-Mansilla son los mismo que utilizó en otros momentos, con el agregado que ahora es candidato formal a magistrado supremo. No solo señala que explícitamente la norma va contra la Constitución, sino que pide que sea derogada. A su modo adelanta, en caso de ser nombrado juez de la Corte, cuál sería su posición si la IVE se judicializa. Esta postura toma especial relevancia en un contexto global en el que países como Estados Unidos avanzan con iniciativas para revocar el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos y donde, en muchos casos, la Justicia suele tener la última palabra.

En el texto incluso el catedrático va más allá. Aventura que la ley generaría una “industria lícita” sobre el aborto y se acerca a una acusación de asesinato contra las mujeres que harían uso del derecho al aborto –“terminar con la vida de su hijo”, escribe–.

Actualmente el trámite parlamentario de la nominación de García-Mansilla, junto con la de Ariel Lijo, está empantanado porque no el Gobierno nunca acordó con el peronismo –que tiene la llave para los dos tercios de los votos necesarios– una estrategia para la aprobación de los pliegos. Tras bambalinas se sabe que Unión por la Patria exigió en la negociación la ampliación de la Corte y la ocupación de un sinfín de vacantes que hay en juzgados federales de todo el país, como publicó elDiarioAR. Esta semana la Casa Rosada iba a dar señales al respecto, pero finalmente no hubo novedades oficiales, muestra de que las conversaciones no tienen aún una salida. La jugada oficialista está contrarreloj porque el 30 de noviembre vencen las sesiones ordinarias del Congreso; por eso Milei coquetea con nombrar a los jueces por decreto.

Letra antiabortista de García-Mansilla

García-Mansilla empieza su texto apuntando que la sanción de la Ley 27.610 “fue un trámite rápido y sin mayores debates”, pese a que era la segunda vez en dos años que la norma se discutía en el Congreso. Al inicio aclara que su crítica “no depende ni está basada en argumentos de índole moral o religioso”. Ante el Senado, el catedrático negó ser parte del Opus Dei, pese a sus conocidos vínculos con los sectores más conservadores de la Iglesia.

Según el candidato de Milei a la Corte, la ley del aborto tienen un inevitable destino en tribunales porque en su texto no se contempla “que el derecho a la vida desde la concepción está expresamente reconocido y protegido en varias disposiciones de nuestro derecho interno a nivel provincial y a nivel federal, tanto en leyes, tratados internacionales, constituciones provinciales, fallos de la Corte Suprema como en la Constitución Nacional”. Al dar detalles de todas esas normativas, carga las tintas contra los legisladores: “El Congreso trató todas estas previsiones normativas como si no existieran”, escribe. El Senado aprobó el proyecto de IVE por 38 votos a favor, 29 en contra y 1 abstención. En Diputados la iniciativa había conseguido 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones.

“No hablé sobre toda la ley”, había dicho en su exposición en agosto en la Cámara alta, cunado defendió sus cuestionamientos a la ley del aborto en 2018, puntualmente en el artículo 4 inciso a) del primero proyecto de 2018, que refería sobre la legalización. Pero en su flamante texto en el libro sobre Finnis, García-Mansilla apunta contra el grueso del articulado: “La mala técnica legislativa no se agota en no haber expresado qué normas se pretendía derogar. La ley 27610 es notoriamente imprecisa en otros puntos”, dice antes de desarrollar los artículos 1, 2 y, obviamente, el 4. 

“¿Es lo mismo despenalizar que legalizar el aborto? No. Despenalizar implica que una conducta que se considera delictiva deja de ser sancionada con una pena en determinadas circunstancias”, apunta el abogado. Y critica la norma porque impulsaría una “industria” abortista: “La legalización implica que esa conducta deja de ser delictiva y pasa a ser aceptada como el ejercicio normal de un derecho. Tan es así que, a partir de la sanción de la ley 27610, el ofrecimiento de servicios de abortos legalizados podría constituir el ejercicio de la llamada ‘industria lícita’ a que se refiere el art. 14 de la Constitución nacional”.

Luego García-Mansilla insiste con la contradicción de la ley respecto a tratados internacionales firmados por la Argentina. “Nuestro país jamás se obligó en sede internacional a reconocer un derecho al aborto. Por el contrario, dejó sentada su posición de forma clara y contundente a favor de reconocer una protección del derecho intrínseco a la vida de los niños desde la concepción y hasta los 18 años de edad”, afirma. Y exige que para que la norma esté libre de ser judicializada debe reformarse la Constitución: “Hasta tanto no se reforme la Constitución y se eliminen las referencias tanto a la CDN como a su jerarquía y las condiciones de su vigencia, desde la perspectiva del derecho interno argentino, la legalización del aborto tiene aquí un obstáculo constitucional insalvable”.

Y cuando indica que la IVE choca contra la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 4.1. “no permite que la vida de una persona quede librada a la decisión arbitraria de otra”, la califica de un acto próximo al asesinato. Acusa de esa acción al Congreso por su legislación votada y a las personas gestantes que deciden abortar. “El Congreso viola una norma de jerarquía superior al pretender garantizar un derecho irrestricto a terminar con la vida de un niño por nacer, sin expresión de causa, sujeta al libre arbitrio de quien toma la decisión de terminar el embarazo”, se lee en la página 330 del libro. Más abajo García-Mansilla agrega: “A partir de la ley 27610, la supervivencia y el desarrollo del niño dejan de estar protegidos por la ley y quedan sujetos a lo que disponga la madre, que no tiene necesidad de justificar la decisión de terminar con la vida de su hijo y puede decidirlo a su voluntad y arbitrio”.

Ya en el apartado de las conclusiones, García-Mansilla se despacha contra el Parlamento por supuestamente haberse saltado los límites constitucionales con la ley del aborto: “El Congreso no actuó en el momento de sancionar la ley 27610 como ‘creatura’ de la Constitución, sino como si fuera su creador o dueño, cosa que no puede hacer”. 

Es entonces cuando García-Mansilla pide abiertamente la derogación de la IVE y la califica de inconstitucional, siendo ya candidato de Milei a la Corte Suprema de Justicia. “El Congreso debería revisarla y derogarla debido a su inconstitucionalidad”, exige. “Sin embargo, no creo que ello ocurra –advierte rápidamente–: el aborto despierta las pasiones más encontradas y, lamentablemente, una mayoría circunstancial en el Congreso no optó como hubiera debido por una solución que se ajuste a las disposiciones de nuestro sistema constitucional. Por el contrario, aprovechando un momento ciertamente peculiar, eligió tomar partido radicalmente por aquellos que consideran que el aborto debe ser un derecho y una conquista política, sin importar la forma en que se lo consagre”. 

En sus últimas líneas, García-Mansilla adelanta potenciales trabas judiciales a la ley del aborto y lanza una advertencia velada a un derecho adquirido sancionado, que podría leerse en línea con la llamada batalla cultural que busca llevar adelante Milei, en este caso motorizada por las usinas ultracatólicas que representaría el candidato del Gobierno a la Corte: “[Se] abrió la puerta para muchísimas discusiones y planteos judiciales que obligarán, seguramente, a revisar nuevamente una cuestión en la que aún no se ha dicho la última palabra”.

MC/JJD/DTC

Látigo y chequera: el Gobierno repartió $45.300 millones entre diez gobernadores en concepto de giros discrecionales

El ida y vuelta entre la Casa Rosada y los gobernadores está al rojo vivo. La tensión escaló en los últimos días, y todos los caminos conducen a una misma pulseada: la caja. Desde que Javier Milei desplegó el ajuste “más grande la historia”, las transferencias no automáticas prácticamente se evaporaron. Una decisión que puso contra las cuerdas a los mandatarios provinciales que, como si la motosierra no los hubiera alcanzado, también deberán lidiar, en caso de que prospere, con el corset fiscal impuesto en el artículo 1 del Presupuesto 2025: si hay superávit, habrá para repartir; de lo contrario, todos deberán seguir recortando.

“Se acabó esto de que los gobernadores tengan que besar el anillo del presidente en Buenos Aires”, dijo Milei esta semana en una entrevista con Radio Rivadavia, en referencia a los giros en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Sin embargo, desde el comienzo de su gestión, el Presidente no dudó en echar mano a la clásica fórmula del “látigo” y la “chequera” con el fin de lograr sus objetivos el Congreso.

A lo largo del 2024, el Gobierno distribuyó a cuenta gotas, entre sus mandatarios más cercanos, una mínima parte del fondo general de transferencias discrecionales: $45.300 millones de los $515.226 millones que tiene disponibles, según el cálculo que realizó elDiarioAR a partir de un informe de Politikon Chaco. Se trata de dinero pensado para desembolsar en casos de catástrofes, pero que todos los oficialismos utilizan para “premiar” a sus aliados.

Son diez las provincias que recibieron ATN en lo que va de gobierno de La Libertad Avanza. Misiones lidera el ranking con $13.000 millones, seguida por Entre Ríos, que obtuvo $6.800 millones. Las otras beneficiarias fueron Tucumán ($6.500 millones), Salta y Chubut ($4.500 millones), Catamarca y Santa Cruz ($3.000 millones), Santa Fe y Jujuy ($1.500 millones cada una), y Corrientes ($1.000 millones).

El Gobierno no entregó ATN entre julio y septiembre. Fue recién en octubre, luego de tres meses, que el ministro de Economía, Luis Caputo, abrió un poco el grifo y giró $3.000 millones a Entre Ríos debido a una gestión realizada por Rogelio Frigerio, del PRO. En tanto, entre el 1° y el 12 de noviembre, tres provincias aliadas recibieron un trato privilegiado: Catamarca embolsó $3.000 millones, Misiones $4.000 millones, Salta $4.500 millones y Tucumán otros $4.500 millones. Sus cuatro gobernadores, Raúl Jalil, Hugo Passalacqua, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, habían cenado con Milei en Olivos el pasado 21 de octubre tras el apoyo legislativo de sus diputados al blindaje al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

Rosca legislativa

El sinuoso camino del Presupuesto 2025 dejó expuesto el toma y daca que pretende el Gobierno con las provincias. Es que uno de los reclamos, sobre todo de los mandatarios que no fueron favorecidos con ATN, es que el Gobierno coparticipe el resto de los fondos discrecionales que no distribuyó. De esa demanda se había hecho eco el bloque Encuentro Federal que comanda Miguel Pichetto: a través de un dictamen propio, pensaban presionar a la Casa Rosada para que se comprometa a repartir el dinero cada tres meses si no lo utiliza.

Pero esa idea quedó desechada rápidamente: desde la bancada dialoguista confirmaron esta semana que acompañarán el dictamen del oficialismo, pero con disidencias. Fue el fracaso de la sesión del martes lo que generó malestar entre los diputados. Además de echarles en cara que no contribuyeron al quorum, en el bloque del que también forman parte Emilio Monzó y Nicolás Massot hubo enojo por considerar que los gobernadores “se cortaron solos” en la negociación con el oficialismo.

La cumbre que tuvo lugar el jueves en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) escenificó el clima de incertidumbre. Mandatarios de todos los colores –desde Axel Kicillof (Buenos Aires) hasta Ignacio Torres (Chubut)– debatieron qué hacer con el proyecto de presupuesto enviado por Milei. Aunque el comunicado oficial maquilló el encuentro como técnico, las exigencias planteadas fueron claras: coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), saldar deudas previsionales, finalizar obras públicas y explorar la transferencia de propiedades nacionales como parte de pago para calmar las aguas.

Los gobernadores son conscientes de que si no se logra consenso legislativo, continuará vigente la ley sancionada a fines de 2022 y Milei podría avanzar sin tener que ceder ante sus demandas. El mensaje oficial es directo: o aceptan un presupuesto austero o se quedan con el del año anterior, lo que colocaría a las provincias en una situación de todavía mayor dependencia con la Casa Rosada, que tendría la última palabra en el manejo de los fondos y le permitiría al libertario seguir con su plan de ajuste sin necesidad de algún tipo de negociación.

Por eso, en Balcarce 50 la impaciencia no abunda. El “Plan A” es que la discusión del Presupuesto 2025 no prospere y continuar administrando discrecionalmente las partidas, esquivando compromisos fiscales con las provincias. En el oficialismo ven esta opción como un arma poderosa para que los gobernadores, dependientes de fondos nacionales, continúen alineados. El escenario sigue abierto, pero las agujas del reloj ya comenzaron su cuenta regresiva.

PL/JJD

Macron almorzó con Milei en Casa Rosada tras un homenaje a las monjas francesas desaparecidas en la dictadura

El presidente Javier Milei recibió esta mañana a su par de Francia, Emmanuel Macron, en Casa Rosada para reunirse por segunda vez en lo que va de su mandato. 

Cuando los relojes daban las 10.49, y la fanfarria del Alto Perú de Granaderos a caballos interpretaba Avenida de las Camelias, Macron y su esposa Brigitte Macron cruzaron el Salón de los Bustos, donde fueron recibidos por el libertario y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. 

Tras intercambiar algunos afectuoso saludos, ambos mandatarios se trasladaron al Salón Blanco donde se tomaron la foto de familia, y luego continuaron sus responsabilidades en los despachos presidenciales, donde se llevó adelante el intercambio bilateral.

El mandatario francés compartió anoche una cena en la Quinta de Olivos, que marcó el inicio de su agenda oficial en la Argentina. 

Macron arribó al aeropuerto de Ezeiza el sábado, minutos antes de las 19 acompañado de su esposa, Brigitte Macron, quien formó parte de la velada en la residencia presidencial junto al jefe de Estado argentino y la menor de los Karina Milei.

Su paso por Buenos Aires se da en la previa de la Cumbre del G20 que se desarrollará entre el lunes y martes próximo en la ciudad brasileña de Río de Janeiro.

El presidente galo participó de la colocación de una ofrenda florar a las 9 en la Iglesia de la Santa Cruz, en un homenaje a las monjas francesas, Alice Domon y Léonie Duquet, asesinadas durante la última dictadura militar. Además, formó parte de otra ceremonia en honor al libertador José de San Martín, en la plaza porteña que lleva el mismo nombre. 

Ningún funcionario o representante del gobierno argentino participó del acto de homenaje a las monjas francesas desaparecidas.

DM con información de agencia NA

Pasamanos y contorsiones en el momento más impune de la fiesta

El triunfalismo que teatraliza la ultraderecha por la baja simultánea de la inflación, los dólares paralelos y el riesgo país convive con dudas profundas en el mundo corporativo que mantienen frenadas por el momento todas las inversiones concretas fuera de las islas de Vaca Muerta y la minería. Son interrogantes estructurales sobre una economía real que sigue catatónica y sobre la refinanciación de los vencimientos de deuda de 2025. Dudas que no empañan el fervor que volvió a envolver a los mercados esta semana pero que sí lo hacen especialmente volátil, porque no expresa confianza del establishment en el plan económico sino la certeza de que nadie está en condiciones de cuestionarlo, como volvió a probarlo el naufragio de la sesión en Diputados que podría haberle impedido a Javier Milei seguir gobernando por decreto. 

Es el momento más impune de la bacanal para quienes cierran un año fértil mientras los ingresos del grueso de la población siguen deprimidos y la actividad y el empleo no encuentran piso. La euforia de un carnaval donde el establishment no parece reparar siquiera en la contradicción que implica haber reclamado durante años respeto por la institucionalidad, la prensa y la división de poderes y ahora no solo callar al verlos ultrajados sino incluso festejarlo y financiarlo generosamente, como hicieron en el lanzamiento de la ultraderechista Fundación Faro empresarios de primer nivel como Marcelo Mindlin (Pampa), Martín Migoya (Globant), Claudio Belocopitt (Swiss Medical), José Urtubey (Celulosa), Sebastián Bagó (Bagó), Jorge O’Reilly (Eidico) y los hermanos Germán y Patricio Neuss.

En condiciones normales de presión y temperatura, tanto los US$25.000 por cubierto que pagaron los comensales del Yacht Club de Puerto Madero como los US$200.000 por mesa que pretendía cobrar inicialmente Francisco Caputo ―el hermano del ministro sin cartera que se puso al frente de la recaudación para la “batalla cultural” que emprenderá desde allí el homofóbico Agustín Laje― habrían despertado a algún fiscal interesado en el financiamiento de la política. Nadie teme eso en plena tregua entre los tribunales y el Gobierno. A lo que sí se arriesgaron es a cuestionamientos de accionistas u oficiales de compliance como los que suelen revisar sus balances.  

Tampoco es un riesgo tan alto. José Luis Manzano, otro de los que dijo presente en la gala del flamante faro neofascista, sabe por experiencia que nadie en la Comisión Nacional de Valores (CNV) revisa mucho los papeles de los amigos. En Edenor, que controla junto a sus socios Daniel Vila y Mauricio Filiberti a través de Edelcos SA (dueña del 51% de las acciones), nadie objetó un contrato de consultoría que les permite extraer de la distribuidora eléctrica más grande del país entre tres y cinco millones de dólares al año a cada uno de ellos. Es algo que los pone en ventaja frente a la ANSES (dueña del 27%) y de los accionistas minoritarios (otro 22%), que deben esperar para cobrar a que existan dividendos para repartir y a que así se decida al final del ejercicio.  

Si bien voceros de Edenor respondieron a la consulta de elDiarioAR que “nunca hubo una consultoría vinculada con Edelcos”, el contrato aparece en el último balance publicado por la CNV y detalla que el dinero (un 1,75% de la facturación bruta de la distribuidora) se paga a cambio de “servicios de asesoría técnica, especialmente en temas financieros”. En el ejercicio 2023 fueron $14.875 millones, un monto nada desdeñable frente a una ganancia neta de $48.371 millones. En el balance al 30 de septiembre último figura otro monto para Edelcos, bastante mayor: $28.059 millones. 

Con solo 8 empleados y apenas una oficina en el décimo piso de Avenida del Libertador 7270, cualquier accionista minoritario podría sospechar que Edelcos no puede proveerle a Edenor servicios tan valiosos. 

¿Puede pasarle acaso a alguno de ellos como a Santiago Bausili, quien se sobresaltó cuando la Casación revocó la falta de mérito que le había dictado la Cámara Federal cinco días antes de asumir en el Banco Central en la causa donde ya fue dos veces procesado por haber beneficiado a sus exempleadores del Deustche Bank en las emisiones de bonos de 2016 y 2017? ¿Reaccionarán en defensa propia los magistrados si finalmente Milei designa por decreto a los dos ministros de la Corte que quiere, tal como se adelantó en exclusiva en esta columna el 27 de octubre pasado? ¿Qué equilibrio hará la política ahora que Milei volvió a subir al ring a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Seguirá abierto el puente de diálogo que une a Wado De Pedro con Santiago Caputo? 

Lluvia de desinversiones

―Mauricio está hinchado las pelotas. No lo aguanta más.

El empresario amigo del expresidente, tan íntimo como para acompañarlo a reuniones políticas secretas, explica a su manera a elDiarioAR por qué Macri sigue prestándole a la ultraderecha los votos de sus diputados sin pedir casi nada a cambio. Exhibe un gráfico del índice Merval y señala dos fechas clave que dispararon sendos rallies alcistas: el 11 de septiembre y el 10 de octubre. La primera, cuando Diputados fracasó en su intento de insistir con la ley de actualización jubilatoria que proponía aumentar $15.000 el haber mínimo y que Milei vetó. La segunda, cuando pasó lo mismo con la Ley de Financiamiento Universitario. 

La euforia volvió este martes al mercado cuando se cayó la sesión donde la oposición procuraba restringir el alcance de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), regidos por una concesiva ley de 2006, más kirchnerista que el busto de Néstor que retiraron de la sede de la ANSES. También empujaron el dato de inflación y los guiños cruzados con Donald Trump (incluso versiones de que volverá a habilitar dinero fresco del FMI, como sugirió un estratega de BlackRock en una charla privada). Pero la clave, para la fuente, fue otra vez la demostración de fuerza política. La garantía de gobernabilidad que le exigían los inversores. 

―¿Y por qué le da los votos Macri para algo así, que encima contradice lo que siempre predicó sobre la división de poderes y hasta lo que dice el nombre de su partido? ―repreguntó este diario. 

―¡Pero cómo no lo va a apoyar si está haciendo con el déficit fiscal lo que él quería y encima hace subir el valor de las empresas!―respondió el empresario. 

―¿Eso quiere decir que se vienen inversiones extranjeras? ¿Compras de compañías locales, al menos?

―Para nada. Al revés. Ahora que subieron los precios y ya no estamos “in distress” sino en “intermediate price”. Puede que se sigan yendo algunas ―completó.

Ya pasó con Procter&Gamble, Clorox, Falabella, Walmart y hasta el HSBC. Todas vendidas a empresarios locales que aprovecharon el piso de precios de los activos y ahora disfrutan de la disparada de todas las cotizaciones, incluso de los inmuebles. Pero no son solo los extranjeros los que desinvierten en la economía real y podrían apurar el paso ahora que todo subió. El Citi tiene un mandato de Compañía General de Combustibles (CGC), brazo energético de Corporación América, para buscarle comprador a su participación en Transportadora Gas del Norte (TGN), que controla junto al grupo Techint. Como la Ley del Gas prohíbe que un productor petrolero maneje una empresa regulada del sector, Paolo Rocca está en principio afuera de la puja. Salvo, claro, que algún adalid de la desregulación retoque esa ley por decreto. 

Letras chicas y números rojos

La supervivencia del pacto de Acasusso, que Macri lamenta no haber cobrado por adelantado, obedece a esas razones metálicas y a una letra chica judicial que tampoco llegó a redactarse muy puntillosamente. Por estos días el expresidente está muy concentrado en los 161 juzgados federales vacantes que el mundillo político cree que el consigliere Caputo intentará empezar a ocupar mientras se lleva la marca con la discusión de los jueces supremos. En Tribunales creen que antes de fin de año irán al Senado tres o cuatro tandas de pliegos para agudizar las contradicciones en la oposición. Cada juez que se designa es objeto de negociaciones a varias bandas, por el poder futuro que cristaliza, y puede ser muy útil en el toma y daca parlamentario.  

Los estudios de abogados de las grandes empresas están especialmente interesados en los cuatro juzgados vacantes en el fuero Penal Económico. Macri, en el Contencioso Administrativo. Ahí todavía se tramita la causa del Correo. Pero ese fuero también está en la mira del Gobierno, porque en él terminan todos los reclamos contra el poder de turno. Dos decisiones pendientes allí, por ejemplo, son las relativas a quién audita a la UBA y a si les corresponde pagar Ganancias a los diplomáticos y al personal de la Auditoría. Otro foco de conflicto entre el fundador de PRO y el joven asesor de Milei aficionado al tiro.  

Ajena a esos pasamanos y contorsiones, con la ñata contra el vidrio de la fiesta de los mercados, la economía real languidece. El viernes, mientras el mercado celebraba otra caída de los dólares paralelos, la consultora Scentia publicó que en octubre las ventas en supermercados de cadena y proximidad fueron 20,4% inferiores en volumen a las de un año atrás. No es atribuible a los subsidios de la campaña ni a las ‘promos’ que negociaba Sergio Massa con sus amigos supermercadistas, porque en los ‘chinos’ (que no tenían esos precios pisados) el desplome fue aún mayor: 24,4% en el área metropolitana. 

La Encuesta Coyuntural del Observatorio Pyme, que preside Federico Poli y auspician el grupo Techint y la Universidad de Bologna, también arrojó números de catástrofe para el tercer trimestre. La producción se contrajo 13% interanual y fue el sexto trimestre de caída consecutiva. El derrape de la ocupación (7%) fue el mayor desde que empezó a medirse, en 2016. Al empresariado Pyme no le va igual de bien que a quienes pagan US$25.000 el cubierto para aplaudir insultos contra las Madres de Plaza de Mayo. Mientras el 90% de las empresas vio subir sus costos, solo la mitad de las empresas pudo aumentar sus precios. La rentabilidad se comprime aceleradamente. 

El ‘uno a uno sin dólares’ de Milei y Luis Caputo no solo es de dudosa sustentabilidad macroeconómica, como advierten economistas de todo el espectro teórico (por lo general en voz baja para evitar represalias). Tampoco exhibe la potencialidad transformadora del menemismo originario, al que permanentemente Milei procura emular desde lo simbólico. La estricta ancla cambiaria blindada por el cepo consiguió bajar la tasa de inflación mensual a mínimos en 3 años pero no atrajo el flujo de inversiones de los 90, el volumen de crédito privado de aquella época ni mucho menos su salto en la productividad. Por ahora solo parece en condiciones de copiarle el salto en el desempleo, el subsidio al turismo internacional, las relaciones carnales con Estados Unidos y la presencia estelar de Yuyito González.  

AB/DTC

Cristina recuperó la centralidad y quiere ponerse al frente de la oposición a Milei en 2025

Cristina Fernández de Kirchner volvió al centro de la escena política. Su condena en la causa Vialidad y la evidente decisión de Javier Milei de subirla al ring le devolvieron el protagonismo que había perdido; ahora buscará aprovechar el momentum para convertirse en la principal armadora de una alternativa contra el gobierno libertario. 

El acto del Día del Militante en Santiago del estero este domingo será su puntapié para empezar a caminar el país. La fecha, emblemática, sirve como excusa para darle un tono épico a su primer discucrso después del fallo de la Cámara de Casación. “Cristina será una protagonista en la próxima etapa del país”, asegura a elDiarioAR un dirigente de trato cotidiano con la expresidenta. Ve un cambio notorio en sus movimientos, que delata su voluntad de conducir: “Hace tres meses a nadie se le hubiera ocurrido que viajara a Santiago del Estero a morirse de calor un domingo en noviembre. Ella misma está dando un mensaje”.

En el kirchnerismo, entusiasmados por la posibilidad de una Cristina candidata a diputada por la Provincia en 2025, retomaron la narrativa de la amenaza de proscripción. Lo cierto es que, más allá de su utilidad como discurso político, en los hechos es difícil que le impidan participar en las próximas legislativas. Mientras que el juez Juan Carlos Maqueda confirmó que la Corte Suprema “demorará mucho tiempo” en intervenir en la causa Vialidad, en el Congreso sería inverosímil que en el Senado haya luz verde para aprobar el proyecto de Ficha Limpia, que la sacaría del juego. 

La condena a Cristina, paradójicamente, logró apaciguar la interna del peronismo e incluso le resultó funcional para arrimar a algunos dirigentes díscolos. Axel Kicillof y Ricardo Quintela, las figuras que dieron muestras de resistencia a su liderazgo, expresaron su apoyo hacia ella. La contracara interna del protagonismo de la expresidenta es, justamente, cómo se llevará con la estrategia del gobernador bonaerense para dar el salto nacional. Si quiere ser una “alternativa” en 2027, Kicillof sabe que deberá avanzar en paralelo, casi en puntas de pie, y así evitar nuevos choques con el Instituto Patria. 

“Kicillof cometió un error en todo sentido. Si quiere ser el sucesor, debería haber hecho el trabajo de decir ‘mi candidata es Cristina’, en lugar de desafiarla, y seguramente ella lo apoyaría en 2027”, reflexionó un hombre cercano a La Cámpora, quien no ocultó la furia de su espacio hacia el gobernador: “Él es hijo de un proyecto político, no nació de un repollo. Su entorno le llenó la cabeza diciendo que debía despegarse, pero con eso selló su ‘larretización’. Nosotros respondemos a Cristina, no por el arrastre de votos, sino porque ella sintetiza nuestra mirada. Kicillof todo el tiempo intenta deshistorizar, como si hubiera nacido de un repollo”. También insistió en que el gobernador lanza “provocaciones constantes” y manda a los suyos a que digan que “Axel no es corrupto”. “¿Qué busca insinuar con ese mensaje?”, concluyó. 

La nueva polarización

Durante algunos meses, Milei confrontó con Kicillof. En la Rosada creen hoy que lo más útil para los libertarios es subir a Cristina al ring. Algunos consideran que es win-win, dejan afuera a los adversarios internos de uno y otro espacio —Mauricio Macri, en el caso del oficialismo, Kicillof en el de Cristina— para generar una batalla de dos. 

En la última semana, algunos hechos reafirmaron esa hipótesis. El Gobierno mandó a sacar un busto de Néstor Kirchner y también acabó con la jubilación de privilegio y pensión por viudez que recibía la expresidenta, en una decisión polémica ya que el propio Milei juraba hasta hace poco que no lo haría porque se trataba de “derechos adquiridos”. Cristina reaccionó con un extenso escrito en el que lo trató de “dictadorzuelo”. 

En sus últimas reuniones, la expresidenta se mostró convencida de que el gobierno de Milei va a fracasar. “Su plan económico es un yogur, se vence”, ilustró hace poco y confió en que, cuando eso suceda, la sociedad irá en busca de un opuesto, dejando sin lugar a los moderados. La victoria de Donald Trump podría corroborar esa idea. En la Argentina, una vez más se sentirían las consecuencias de una época pendular, signada por liderazgos fuertes. “El próximo gobierno peronista tiene que tener un DNU más grande que el de Sturzenegger”, afirmó hace unos días Wado de Pedro. 

El largo camino de “reconstrucción” 

Cristina encabezó el martes un acto en la sede porteña del Smata, donde se mostró convencida de que “Dios, la Virgen y el pueblo van a permitir que podamos reconstruir un entramado social y político que finalmente pueda hacer retornar al país a sus mejores épocas”. quiere crear un instituto de planeamiento de políticas públicas, para generar un plan de gobierno. 

Ya mudada del Instituto Patria al partido, su nuevo búnker, avisó que la próxima reunión se hará en la sede del PJ Nacional y que espera que estén “todos los peronistas”, en un mensaje de amplitud. “Cristina empezó a darle volumen a su convocatoria, no es sólo algo discursivo. Se juntó con los dirigentes de Entre Ríos, San Juan, este domingo hará lo propio en Santiago del Estero. Empezó un largo camino de reconstrucción”, afirmó a elDiarioAR una legisladora al tanto de la estrategia.  

Máximo Kirchner reveló en una entrevista que encontró en lo de su madre un libro de Guillermo Moreno y “estaba subrayado”. El gesto al exsecretario de Comercio tuvo como fin expandir la promesa de que esta vez no serán sectarios. No son pocos los que descreen: tienen frescas experiencias anteriores en las que La Cámpora acaparó la lapicera de cara al armado de listas. 

Este domingo, junto al gobernador Gerardo Zamora y el senador peronista José Neder, Cristina evocará un discurso de carácter federal. Sin embargo, su mayor interés sigue puesto en la Provincia y alimenta la expectativa de los suyos de volver a verla en una boleta. En La Cámpora dan por hecho que jugará al misterio hasta el final, pero también admiten que no creen que espere hasta el final para señalar a un “cuatro de copas”, sino que podría poner el cuerpo para ampliar la representación en el Congreso. Sueñan con un bloque de “halcones” que vuelva a entusiasmar e impulse al peronismo a ser una alternativa en 2027. 

LA/JJD