Mariano Benitez Pergamino

Noticias de Buenos Aires

Streamings, redes sociales y webcams, las nuevas formas de explotación sexual que están aumentando los casos de trata

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) presentó el informe anual sobre el análisis de las 1.941 denuncias recibidas durante 2023 a través de la línea telefónica gratuita 145, en el que advierte que la tendencia de los últimos años “destaca una evolución de las formas de explotación sexual, desde los casos tradicionales en prostíbulos a nuevas modalidades en entornos digitales” como streamings, redes sociales y plataformas con webcam.

La fiscalía especializada del Ministerio Público Fiscal a cargo de Marcelo Colombo y de la fiscal federal Alejandra Mángano, coadministra desde julio 2015 la Línea 145 junto al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata.

El informe que publica Fisclaes.gob.ar abarca las denuncias recibidas en el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2023, donde aparecen involucradas 859 posibles víctimas. Los casos de explotación sexual (846) encabezan el estudio, seguidos por la explotación laboral (468), la posible captación u oferta laboral engañosa (180) y la desaparición de personas (135).

Le siguen las denuncias por privación de la libertad (66), pornografía infantil (23) y posible venta de bebés y niños (21). Por último, se ubican las denuncias por grooming –el acoso a un niño/a o adolescente con fines sexuales a través de un dispositivo electrónico– (19), abuso sexual (18), publicidad de oferta sexual (13) y traslado (13). Otras 139 denuncias fueron catalogadas como correspondientes a “otros delitos”.

En sus estadísticas, la PROTEX señala que la explotación sexual es el tipo de delito denunciado en la mayor cantidad de casos desde 2015 de manera estable, mientras que la explotación laboral se configura en un segundo lugar desde 2019. Antes de ese año, ese lugar lo ocupaba la búsqueda de personas. Desde entonces el tercer lugar lo ocupan las denuncias vinculadas a la posible captación y oferta laboral engañosa, mientras que en cuarto lugar se observan las denuncias relacionadas con la desaparición de personas.

La motosierra y la advertencia de la Iglesia

Los datos de este informe coinciden con las advertencias que tanto la Iglesia como distintas organizaciones vienen realizando sobre los recortes en el Estado desde el Gobierno nacional. Como informó elDiarioAR, entre marzo y abril se despidieron a los representantes provinciales del Comité Nacional de la Lucha contra la Trata. Además, el programa de Rescate y acompañamiento a víctimas del Ministerio de Justicia ejecutó casi un 90% menos de presupuesto que el mismo período del año pasado. Esto se suma a otros programas de protección a las víctimas que sufrieron el ajuste. También hubo despidos en el Programa Nacional de Rescate y en la Línea telefónica 145. 

En febrero de este año, el Gobierno nacional publicó el DNU 195 en el que se traspasó al Comité Ejecutivo y el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. Meses después, los representantes de las provincias fueron desvinculados. Se trataba de agentes de todas las provincias que colaboraban con la persecución del delito y también con la prevención y el acompañamiento de las víctimas a través de mesas interdisciplinarias en las que trabajan referentes provinciales, municipales, de organizaciones sociales y también de organismos nacionales como los ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo, la AFIP, el RENATRE y el SENASA, entre otros.

Además, el pasado 22 de julio, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina expresó su preocupación por la actualidad de la trata de personas en el país de cara al Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio, y con la desaparición del menor correntino Loan Danilo Peña como trasfondo.

“Es imprescindible contar en todo el territorio nacional con personas que tengan formación y experiencia”, solicitó la Conferencia Episcopal a través de un documento. “Es prioritario contar con presupuesto para la prevención, la persecución penal y la asistencia a las víctimas. Este es un tema transversal a todo el arco político e institucional que requiere el compromiso para alcanzar consensos, poniendo en el centro de la agenda política y del debate legislativo, el combate de este delito en articulación entre todos los poderes del Estado”.

Una nueva modalidad de explotación sexual: los medios digitales

Al señalar que se registra una evolución de las formas de explotación sexual desde los tradicionales casos de prostíbulos a los entornos digitales, la PROTEX recuerda en su informe que ese proceso de “digitalización” o “deslocalización” data de varios años y precisa que el avance de las tecnologías que se aceleró a partir de la pandemia por COVID-19 ha permitido que la trata de personas y la explotación sexual hayan encontrado nuevas formas a través de medios digitales.

“El cambio de la dinámica del lugar de explotación se da en el año 2022, cuando se ubica en primer lugar la explotación en domicilio particular, tendencia que continúa en el año de estudio del presente documento”, sostiene la procuraduría. Al respecto, indica que durante 2023 se contabilizaron 427 denuncias relativas a domicilios particulares y 240 que refieren a existencia de prostíbulos o “whiskerías”.

“Desde la Procuraduría entendemos prioritario comprender cómo se desarrolla la explotación en estos nuevos espacios digitales, que funcionan de distintos modos y proponen contenidos diferenciales (streamings, redes sociales y plataformas con webcam o grabaciones personalizadas) y, a su vez, analizar los factores que han promovido esa migración de la explotación a entornos digitales”, resalta el informe.

De este modo, el organismo señala la importancia de planificar estrategias o políticas públicas en la materia, a sabiendas de la mayor vulnerabilidad ante diferentes formas de violencia que trae aparejada la “deslocalización” o “digitalización” como ámbito de explotación. “El anonimato de los ‘consumidores’ facilita las situaciones de acoso, la violencia psicológica y el uso indebido de las imágenes de las mujeres”, puntualiza.

Captación mediante ofertas laborales engañosas

Del universo de las 1.941 denuncias registradas en 2023 a través de la Línea 145, hay 180 casos en los que la denuncia fue vinculada a modalidades de ofertas laborales engañosas, dudosas y/o con fines expresamente ilícitos.

En estos casos, una gran parte de las ofertas se produjo a través de las redes sociales, lo que demuestra, según el informe, el crecimiento exponencial de la tendencia de búsqueda de empleo en la esfera digital y, en paralelo, la expansión de las plataformas virtuales de trabajo que brindan opciones rápidas ante la necesidad de conseguir empleo.

“Sabemos que las personas que trabajan en este actual mercado de plataformas se favorecen de los rápidos ingresos y de la flexibilidad, pero al mismo tiempo suelen padecer las condiciones de ciertos mercados de trabajo (falta de estabilidad laboral, seguridad social, ausencia de elementos de protección que hacen a las condiciones de seguridad en las propias funciones, etc.)”, destaca el informe elaborado por la PROTEX.

Según el relevamiento, en claro contraste a lo que sucedía hace 10 años, se advierte que se ha registrado un número cada vez mayor de casos que exponen la tendencia creciente de ofertas laborales publicadas en sitios web o redes sociales que prometen oportunidades de empleo en el exterior.

En general, los destinos son países de Europa del Este y Asia y, tal como se observa, las condiciones laborales originalmente ofrecidas a las potenciales víctimas no son respetadas: jornada laboral, alimentación, condiciones habitacionales y salarios, acceso a servicios de salud, etcétera. A estas circunstancias se adicionan situaciones de maltrato, violencia y/o de efectiva explotación laboral o sexual.

Víctimas

Del total de las 859 posibles víctimas involucradas en las denuncias recibidas a lo largo de 2023, 427 se identificaron como mujeres cis, 324 como hombres cis y 9 como personas transgénero.

El informe resalta que cada año es menor la distancia de afectación entre mujeres y hombres cis. La PROTEX señala que esto responde al aumento de las denuncias por posibles casos de trata laboral, que provoca una reducción de la brecha con los datos de explotación sexual. “Cuando el contraste era mayor y la proporción de denuncias por explotación sexual registradas era mucho mayor a la laboral, lógicamente la cantidad de víctimas mujeres era mucho más alta (en términos comparativos o relativos), ya que, sin duda en el ámbito de la explotación sexual, las asimetrías de poder se enmarcan en un sistema de roles donde las mujeres cis (también niñas y adolescentes) son las principales víctimas”, resalta el documento.

Por otro lado, el bajo número de víctimas trans registrado no se debe, según el informe, a que sean menos vulnerados/as sino, por el contrario, a que siguen repercutiendo diferentes prejuicios a la hora de considerar la vulneración de sus derechos, y puede existir una invisibilización de casos, tanto en la instancia inicial de denuncia, como a lo largo del proceso judicial. “Creemos importante remarcar que en el procesamiento y análisis de todas las denuncias adoptamos, desde la PROTEX, una perspectiva de género y un enfoque interseccional como herramienta para garantizar el efectivo acceso a la justicia de las víctimas mujeres cis o transgénero”, remarca el informe.

Las denuncias por jurisdicción

Del informe se desprende que el 72% (1.404) de las denuncias recibidas fueron enviadas para intervención de la PROTEX, mientras que el 28% (537) se derivaron al solo efecto de su registro y seguimiento, tras haber dado intervención directa a una fuerza de seguridad por tratarse de casos de urgencia y, así, a la autoridad judicial correspondiente. En este contexto, 770 denuncias fueron derivadas al fuero federal mientras que 422 fueron enviadas al fuero ordinario.

El relevamiento efectuado por la PROTEX también revela que la jurisdicción del fuero federal a la que se derivó mayor cantidad de denuncias fue la de la Capital Federal (219), seguida por Córdoba (76), San Martín (73) y La Plata (67).

La procuraduría especializada señala que estas primeras regiones representan el 56,5% de las denuncias con derivación federal y a nivel general son las principales jurisdicciones con mayor número de derivaciones desde 2018, aunque con algunas excepciones.

Un caso actual: rescataron a 20 víctimas de explotación laboral en Chubut

Veinte personas fueron rescatadas por explotación laboral en la provincia de Chubut tras varias denuncias. Por el hecho un hombre y una mujer fueron detenidos y se supo que a las víctimas las obligaban a trabajos en el campo, tareas de limpieza y actividades de construcción, en condiciones laborales de extrema precariedad.

En el marco del combate a la trata de personas que se impulsó desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, efectivos de la PFA detuvo en Chubut a un hombre y a una mujer que explotaban laboralmente a 20 trabajadores.

La investigación comenzó tras dos denuncias realizadas a través de la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. De esta manera, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), solicitó a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Esquel la investigación sobre dos cabañas ubicadas en cercanías de la Ruta Provincial N° 16 de la localidad de Lago Puelo.

En consecuencia, “los efectivos comenzaron con las tareas de campo y detectaron que además de las mencionadas fincas, existían otros tres domicilios ubicados en la localidad de Epuyén, donde se estarían llevando a cabo las actividades investigadas”.

Con lo investigado se estableció que en el mencionado complejo “habitaba una pareja que alojaba a personas mayores de edad y las obligaban a trabajos en el campo, tareas de limpieza y actividades de construcción, en condiciones laborales de extrema precariedad”.

El Juzgado Federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto, ordenó cinco allanamientos donde se logró la detención de un hombre de 76 años y de una mujer de 60.

Fuentes del caso explicaron que, por la multiplicidad de objetivos y a la extensión de los terrenos auscultados, se solicitó la colaboración de personal del Departamento de Investigación Federal Neuquén y las DUOF Neuquén, San Martín de los Andes y Bariloche.

En los procedimientos se secuestró gran cantidad de armamento de grueso calibre, entre ellos siete pistolas 9 mm, una pistola 45, dos escopetas del 12, más de $800 mil, 3.323 dólares, 2.550 euros y dos celulares.

“Los detenidos, de nacionalidad argentina, quedaron a disposición del magistrado interventor imputados por infracción a la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, al Art. 149 Bis del C.P. (Amenazas Coactivas), a la Ley 20.429 (de Armas y Explosivos), a la Ley 24.769 (Penal Tributaria) y a la Ley 26.377 (de Seguridad Social)”, detallaron.

Un delito complejo que las políticas públicas sirven para combatirlo

Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, entre 2019 y 2023 en Argentina se rescataron más de 5.000 víctimas de trata. Se realizaron 9.067 intervenciones en el territorio y 1.072 derivaciones para asistencia posterior, 118 articulaciones de asistencia y 13 retornos de víctimas a sus países de origen. Se trata de un delito complejo, el tercero en el mundo en cuanto a la cantidad de dinero que mueve después del narcotráfico y la venta de armas. 

También hubo despidos en el Programa Nacional de Rescate (PNR) que depende del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona. Tres personas trabajaban en la Línea 145, de asistencia telefónica gratuita, que funciona las 24 horas, los 365 días del año, para recibir información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata y explotación de personas.

Se trata de una reducción del 20% de un equipo integrado por quince personas. Otras diez despedidas pertenecían al equipo de Procedimiento de PNR, que se encargaban de entrevistar y acompañar a las víctimas luego de los allanamientos. La mayoría de las despedidas eran mujeres psicólogas o trabajadoras sociales de distintas provincias: Neuquén, Mendoza, Salta e interior de la provincia de Buenos Aires. En algunos casos, se trataba de la única representante del programa en la provincia. Tenían contratos incluídos en el Artículo 9 de la Ley de Empleo Público con una contratación anual o de convenios con entes cooperadores, pero que llevaban alrededor de 10 años de antigüedad. 

También los programas de acompañamiento a las víctimas rescatadas sufrieron recortes. Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la actividad de Protección de víctimas de violencia del programa de Afianzamiento de la Justicia de la cartera que dirige Cúneo Libarona ejecutó un 72,11% menos en el primer cuatrimestre de 2024 que en el mismo periodo de 2023. Algo similar sucedió con Rescate y acompañamiento a víctimas de trata del programa Política Criminal, que ejecutó casi un 90% menos que el mismo período del año pasado.

El programa Acompañar, de asistencia económica para víctimas de violencia (incluídas las mujeres afectadas por el delito de trata) ambién tuvo recortes fuertes. El monitoreo realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), registró una caída del 80% en la ejecución interanual. “No se está haciendo nada al respecto. El hecho de eliminar áreas, reducir presupuesto y echar personal afecta gravemente en un contexto en el cual producto de la crisis económica también las condiciones que hacen que la trata funcione, se agudizan”, le dijo a este medio María José Lubertino, directora de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos que está siguiendo el caso. 

Desde abril, el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata está a cargo de Verónica Toller, periodista que promocionó en Latinoamérica la película “Sonido de Libertad”, producida por Eduardo Verástegui, exponente de la ultraderecha mexicana. El año pasado, antes de ser electo presidente, Javier Milei firmó la “Carta De Compromiso para la Promoción de Acciones para Erradicar la trata con Fines de Explotación Sexual y Tráfico de Órganos de Niños, Niñas y Adolescentes” promovida por Verástegui y firmada por otros referentes de la derecha de la región como el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Tras el desmantelamiento del Consejo, diez provincias del Norte Grande crearon un Consejo Regional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. El organismo fue aprobado por unanimidad y tuvo el impulso de las diputadas Claudia Paladino, Adriana Diaz y Monica Salazar, en representación de Catamarca.

Qué es la Línea 145 y qué se puede denunciar

Línea nacional, anónima y gratuita para orientación, solicitar asistencia y/o denunciar casos de trata y/o explotación de personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Quienes tengan información sobre cualquier forma de explotación de personas (aunque sea una situación dudosa), pueden contactarse a la Línea 145, atendida por operadoras especializadas (psicólogas y trabajadoras sociales) que están disponibles para tomar denuncias, orientarte y brindarte asistencia.

Se puede llamar desde cualquier lugar del país durante las 24 horas, los 365 días del año

En base a la evaluación de un equipo interdisciplinario, cada denuncia se deriva a la justicia en forma inmediata. Si la situación es de emergencia, se da intervención urgente a una fuerza de seguridad.

Además, se pueden realizar denuncias a través del correo electrónico institucional [email protected] , o completando el Formulario WEB, (Entrada al formulario https://www.argentina.gob.ar/justicia/comunicate-con-la-linea-145 ). Los datos de los denunciantes quedarán a resguardo según lo dispone el artículo 26 de la Ley 26.364, texto según Ley 26482, y de acuerdo con la Ley 25326, de datos personales.

Ante una EMERGENCIA, hay que comunicarse a través de la Línea Telefónica 145.

¿Qué se puede denunciar?

Consejos de prevención del Ministerio de Seguridad

1. Si estás buscando trabajo, prestá atención si:

2. Si vas a una entrevista de trabajo, es importante que:

3. Si viajás por trabajo:

4. Si tenés hijos/as menores:

5. Si usás internet:

Con información de agencias y Fiscales.gob.ar

IG/MG

San Nicolás decide en una consulta popular entre la reapertura de Atanor y el reclamo de relocalización de la planta

Este domingo 8 terminó la Consulta Popular Ciudadana que abrió la Provincia de Buenos Aires para la nueva Evaluación del Impacto Ambiental de la planta de Atanor ubicada en la localidad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, cerrada desde el 20 de marzo tras la explosión. En términos legales, la consulta no es para que la gente diga si la planta tiene que reabrir o no, sino para que opine sobre si se le debe otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental. Pero eso, por supuesto, se encuentra ligado a si permitirán o no que retome sus tareas.

“La consulta no es vinculante, es decir, el Ministerio no está obligado a acatar la posición mayoritaria pero en caso de que la decisión sea contraria a ésta, el Estado provincial deberá dar fundamentos razonables para su posición”, explica a elDiarioAR Fabián Maggi, abogado de las vecinas y vecinos que denuncian a la empresa desde hace años por contaminación.

En paralelo, el Poder Judicial también debe determinar si la planta está en condiciones de reabrir o si da lugar al pedido de relocalización de vecinas y vecinos, mientras que en el fuero penal se dirime si los directivos de la empresa y funcionarios de organismos de control fueron responsables de infringir la Ley de Residuos Peligrosos por los vertidos de fluidos contaminantes al Río Paraná.

En medio de estos litigios, las y los trabajadores temen perder sus puestos laborales en un país donde la mitad de la población se encuentra bajo la línea de pobreza. Una tensión que se reedita en cada situación donde el cuidado del ambiente y la salud se enfrenta con las necesidades inmediatas de empleo.

La gota que colmó el vaso: la explosión

“Esa noche fue terrorífica. Nos despertamos a las 4 por la explosión. Al rato nos empezaron a arder los ojos, la garganta y entonces ahí ya presentimos de dónde podía venir. Durante horas nadie nos dijo qué hacer, nos fuimos avisando por chat entre los vecinos”, recuerda Gabriel Godoy en diálogo con elDiarioAR sobre la madrugada del 20 de marzo pasado.

Gabriel es vecino del Barrio Química y vive a dos cuadras de la planta de Atanor ubicada en San Nicolás: “Al ratito empezó a caer un polvo blanco como si fuera una lluvia y el viento comenzó a llevarlo como para el oeste, los vecinos nos pusimos del lado para el que no iba el viento y filmamos y sacamos fotos. La policía llegó al rato, el municipio nada, y nadie sabía qué hacer. Por ejemplo, algunas personas querían sacar el polvo con agua y el producto reaccionaba y tiraba vapor, entonces era peor. Yo llamé a los bomberos y nos dijeron que nos encerráramos dentro de nuestras casas, Atanor dijo en un momento que había que lavar con agua y soda cáustica, o sea, nadie sabía nada”, describe sobre el desconcierto que atravesaron aquella madrugada.

Empezó a caer un polvo blanco como si fuera una lluvia. La policía llegó al rato, el municipio nada, y nadie sabía qué hacer. Algunas personas querían sacar el polvo con agua y el producto reaccionaba y tiraba vapor

Gabriel Godoy — Vecino de San Nicolás

En un comunicado, la firma explicó que las explosiones se originaron por “un incremento de presión en el proceso de síntesis química de atrazina”, uno de los herbicidas producidos por la empresa. “Esto dio origen a un incendio en el sector de aminación de la planta –continuó el comunicado– que requirió la intervención de los bomberos de San Nicolás y Ramallo, quienes prontamente pudieron controlar el foco”.

Por el hecho, un operario sufrió heridas graves por el derrame de ácido y fue trasladado de urgencia a la ciudad de Rosario, estuvo varias semanas en terapia intensiva y sobrevivió.

Días después, estudiantes y docentes de la escuela 17 debieron retirarse del establecimiento luego de sentirse descompuestos.

El 22 de marzo, dos días después de la explosión, la organización ambientalista Greenpeace tomó muestras en dos sitios seleccionados aleatoriamente cercanos a la fábrica: “La atrazina, un compuesto tóxico utilizado como herbicida, fue detectada en todos los puntos muestreados, que se encuentran en un radio que va desde los 150 a 350 metros de distancia con la planta”, informó la ONG en un comunicado el 4 de mayo. 

“Después de la explosión la empresa retiró tierras superficiales de los lugares más visibles pero eso no es una remediación, de hecho hay contaminación dispersa en muchísimos lugares”, describe Maggi.

Tras la explosión, el Juzgado en lo Correccional N° 3 de San Nicolás dictó una medida cautelar suspendiendo todas las actividades de la planta.

“En este marco se viene desarrollando una mesa de trabajo del Ministerio de Ambiente de la Provincia con la Autoridad del Agua, el Municipio de San Nicolás, los peritos del juzgado, el Conicet y la empresa Atanor para poder llevar adelante un correcto abordaje de la situación y garantizar que la empresa pueda comenzar a funcionar en forma segura, bajo condiciones controladas y monitoreadas”, informó el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires mediante un comunicado el 29 de agosto en el que anunciaba, además, la apertura de la participación ciudadana en el proceso para determinar si se le otorga el Certificado de Aptitud Ambiental a la planta. En la página se encuentra colgado el nuevo Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Gestión Ambiental presentado por Atanor en el que la empresa contempla el cierre de la Planta de Atrazina. 

“Soy empleado de Atanor hace más de 20 años y gracias a dios no tengo ninguna enfermedad relacionada a la planta. Siendo que estuve en varios sectores trabajando, hay mucha gente que se guía por comentarios y no saben todo lo que la planta realiza día a día para evitar inconvenientes en el medio ambiente”. Las palabras corresponden a Walter Godoy y se pueden leer en la consulta pública. Junto a él, unas 75 personas se expresaron a favor de que la planta se reabra, fundamentalmente justificándose en la necesidad genuina de trabajo. 

El resto de las 253 respuestas piden que la fábrica de Atanor continúe cerrada; la mayoría explica su historia contaminante, y muchísimos piden la relocalización, un reclamo histórico que entienden la necesidad de trabajar pero no quieren convivir con la contaminación que produce la planta.

Atanor y su larga historia contaminante

Atanor es una fábrica productora de agroquímicos que pertenece al grupo multinacional Albaugh LLC, una importante compañía de Estados Unidos con presencia en Canadá, México, Brasil, Argentina y países de Europa.

En Argentina cuenta con una planta en Río Tercero (Córdoba), Pilar (Buenos Aires) y la tercera en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos (Buenos Aires), con una extensión de 500.000 metros cuadrados. La empresa produce glifosato, atrazina y 2,4D, todos agroquímicos contaminantes y nocivos para la salud.

La atrazina, que es el químico que se encontró en los estudios de los días posteriores en las paredes y pisos de las casas de los vecinos, es un herbicida para el control de malezas en cultivos de maíz, sorgo granífero, caña de azúcar, té, entre otros. Entre los impactos documentados a la salud, la atrazina demostró ser un disruptor endocrino que, aún en dosis bajas, puede causar malformaciones congénitas, daños reproductivos y es un posible carcinógeno.

Según el “Informe técnico-científico sobre el uso e impactos del herbicida atrazina en Argentina –un documento de 2021 elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Red de Seguridad Alimentaria de Conicet–, la atrazina es uno de los tres plaguicidas más utilizados en el Argentina. Este mismo informe aclara que el producto se encuentra prohibido en 37 países. 

“Antes de que Atanor pusiera su planta en San Nicolás, en la década del 90, estaba instalada Compañía Química desde mediados de la década de 50. Pero la población del pueblo es muy anterior. Este dato es muy importante porque el argumento que utiliza la compañía para no desplazarse es que la fábrica se instaló antes que el pueblo. De hecho, la escuela 17 tiene 120 años. Igual, aunque las casas no fueran preexistentes, eso no les da derecho a llevarse puesta la vida”, dice Gabriel Godoy.

Y continúa: “Mucho antes de la explosión los vecinos ya vivimos con olores constantemente, y su intensidad depende exclusivamente del viento. Hace unos años, los mismos habitantes del barrio hicimos un censo vecinal en el que demostramos que tenemos al menos 200 muertes por cáncer”.

En 2014, el Foro Medio Ambiental de San Nicolás (FOMEA) presentó un amparo ante la justicia pidiendo el cierre de la planta y su relocalización. Pero recién nueve años después, el 6 de marzo de 2023 la Jueza Luciana Díaz Bancalari, titular interina del Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás, condenó a Atanor por contaminación, admitió que había provocado un daño irreversible al Río Paraná y la obligó a realizar distintas acciones de control y remediación. 

En el fallo, la magistrada reconoció además que la empresa Atanor se encuentra ubicada en una zona urbana a pesar de estar “dentro de la tercera categoría conforme artículo 15 de la ley 11.459 (...) que incluye a los establecimientos que se consideran peligrosos porque su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona graves daños a los bienes y al medio ambiente”, indicó que la planta funcionaba en un “marco de ilegalidad” y que no contaba con “autorización” para el vertido de efluentes gaseosos al aire ni líquidos en el Paraná. 

Entre las medidas que ordenaba la sentencia figuraban la inmediata suspensión de vertido de efluentes líquidos al Río Paraná, también los obligaba a realizar una evaluación de riesgo ambiental en términos cuantitativos, además de un estudio de perturbación del suelo con intervención del Conicet y convocaba a la Universidad Nacional de Entre Ríos a realizar un monitoreo de la calidad de aire en la población circundante, incluyendo domicilios particulares, entre otras.

Como parte de estos monitoreos el Departamento de Preservamiento y Mejoramiento de Recursos de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires remitió un informe en mayo de 2023 en el que constataba la presencia de plaguicidas en un muestreo realizado “en pozos de explotación y de los freatímetros (perforaciones para evaluar las napas de agua) existentes en la zona de producción de atrazina”: “La Atrazina o sus derivados (sobre todo la hidroxiatrazina) se han hallado con valores por encima del límite de cuantificación en todas las muestras”, dice el documento. 

“La empresa no cumplió con nada de lo que ordenaba la sentencia”, asegura Maggi y describe que también existen una causa penal en el fuero de la Justicia Federal, en la que los directivos de la empresa están imputados por el delito de infracción a la ley 24.051 (de Residuos Peligrosos); esto recuerda algo que parece una obviedad pero evidentemente no lo es: contaminar es delito“.

En esta causa penal, el fiscal Matías Di Lello le solicitó al juez Carlos Villafuerte Ruzo que, además de los directivos de la empresa, cite a prestar declaración indagatoria a ocho funcionarios de dos órganos de contralor provinciales (Autoridad del Agua y Ambiente bonaerense), a quienes imputó por su responsabilidad en la contaminación ambiental del río Paraná y el suelo de la zona.

Finalmente, Maggi señala que “también sigue abierta una causa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque el derecho a un ambiente sano es un Derecho Humano fundamental reconocido por pactos internacionales; entonces por ese motivo y fundado en que el Estado argentino no ha cumplido con la protección de ese derecho, se recurrió a esa instancia porque se ha violado la garantía de protección judicial por falta de resolución en plazo razonable; recordemos que estas causas por contaminación contra Atanor llevan diez años y todavía no hay una resolución justa”. 

En las últimas semanas, la jueza Díaz Bancalari también instruyó a que se realicen nuevas pericias por parte de investigadores de Conicet para determinar las condiciones de la planta.

Tras seis meses con la planta clausurada Gabriel Godoy cuenta que los olores disminuyeron. “La estrategia de la empresa es enfrentar a los trabajadores con los vecinos, es terrible. Hubo varias reuniones de entes oficiales, autoridades, gente de Atanor, vecinos, también la jueza, investigadores de Conicet y ahora estamos en esta etapa decisión. Nosotros entendemos la necesidad de trabajar, sabemos el momento que estamos atravesando, por eso pedimos que la planta se relocalice, que se ubique en un lugar donde esté alejado. Es terrible llegar a cada reunión y escuchar a la gente que se le murió el padre, la madre, el esposo, la hija, todos de cáncer. Esperamos que la Justicia nos escuche y podamos terminar con esta historia y dejar de vivir con miedo”, concluye Gabriel. 

NC/MG

Caputo baja el dólar paralelo por el avance del blanqueo, pero hay dudas de que lo equipare al oficial

El dólar no siempre sube en la Argentina. No es la primera vez que baja, pero tampoco es usual que lo haga. El blue descendió este viernes a $1.265, el menor nivel en tres meses, después de alcanzar un récord de 1.500 en julio. Los tipos de cambio financieros siguieron el mismo ritmo que el ilegal: el Bolsa o MEP (Mercado Electrónico de Pago) cuesta $1.243, también en parámetros que no registraba desde junio, lejos de los $1.544 de julio; y el contado con liquidación (CCL) cayó a $1.256, al valor más bajo en cuatro meses tras alcanzar el máximo de $1.457 hace dos. El oficial cotiza a $922. “El dólar financiero va a converger al dólar oficial”, prometió esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, en la red X.

En el mercado financiero analizan el fenómeno insospechado, sobre todo cuando economistas venían advirtiendo en los últimos meses sobre la falta de divisas y el riesgo de que ello dificultara los pagos de deuda externa en 2025. “Están entrando muchos dólares por el blanqueo y para el pago del impuesto a los bienes personales”, explica en una de las principales sociedades de bolsa.

El 30 de septiembre vence el plazo de la primera fase de la amnistía fiscal en la que puede declararse el dinero evadido sin pagar multas. En la segunda etapa, hasta el 31 de diciembre, se tributa el 10% y en la última, hasta el 31 de marzo, el 15%. A su vez, el 19 de septiembre vence Bienes Personales, con la posibilidad de abonar un anticipo de cinco años a cambio de una fuerte rebaja de alícuota y estabilidad fiscal hasta 2038.

“No sé si el blanqueo es un éxito rotundo, pero con poco flujo se mueve el mercado del dólar financiero. Por cómo vienen subiendo las reservas brutas, no parece ser un blanqueo gigante como el de (Mauricio) Macri (en 2016-17). Arriba de US$30.000 millones sería bueno”, comparan con los US$116.000 millones del “sinceramiento fiscal” de aquel gobierno, como le llamaron. Por eso descartan que se cumpla el vaticinio de Caputo de que el dólar financiero converja con el oficial: “No creo que sea un nivel en el cual se pueda equilibrar”.

Uno de los tributaristas más reputados de la City, César Litvin, en cuyo estudio trabajaba la actual jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi, explica que en el blanqueo de Macri se registraron las grandes fortunas que estaban en el exterior sobre todo porque entró en vigencia el acuerdo de intercambio de información de un centenar de países, incluida Suiza, en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Ahora, según Litvin, el incentivo radica en que el 30 de septiembre llegará a la Argentina el primer intercambio de datos tributarios con Estados Unidos, que no está en el pacto de la OCDE; sumado a otros factores: “El costo es nulo o bajo. Es cero para los que blanquean hasta US$100.000 o los que blanquean más pero invierten en títulos públicos, fideicomisos para inversión productiva, fondos comunes de inversión, acciones que cotizan en bolsa, obligaciones negociables (ON), aportes a sociedades de garantía recíproca (SGR) y obras de inmuebles con grado de avance menor al 50%. También se blanquea por los beneficios del anticipo de Bienes Personales”.

Litvin considera que esta vez están adhiriendo “muchos minoristas de hasta US$100.000 que tienen el dinero en el colchón y van perdiendo frente a la inflación internacional en dólares”. Considera que será un éxito si alcanza los US$30.000 millones y observa que, a diferencia del gobierno de Macri, el de Javier Milei no busca recaudar con este proceso sino “mover la economía, que la gente empiece a hacer trabajar la plata”.

“Entre mis clientes están blanqueando dólares en efectivo y cuentas bancarias, principalmente en Estados Unidos”, comenta otro contador, Abel Stang. “Quienes tenían propiedades, sociedades u otros bienes para blanquear ya lo hicieron en 2016. Una motivación adicional es la posibilidad de poder blanquear sin costo hasta determinados montos y cumpliendo ciertas condiciones”, agrega Stang. En cambio, su colega Diego Fraga, socio del estudio Expansion Business, advierte que “el blanqueo todavía no arrancó con fuerza, no puede decirse todavía si es un éxito o un fracaso porque ha pasado poco tiempo desde la reglamentación y todavía hay distintos temas importantes que falta definir, también por la vía reglamentaria, para que el público se decida de dar el paso”.

Sin embargo, señaló: “Estoy sorprendido por la cantidad de consultas. En general, no son montos tan grandes como en el sinceramiento fiscal de Macri pero hay que tener en cuenta que los objetivos son diferentes. Desde Economía se ha anunciado que el objetivo de este blanqueo, más que fiscal, es hacer que los ahorristas vuelquen sus dólares a la economía, particularmente mediante las distintas finalidades que pueden dársele a los dólares en efectivo que se transfieran entre cuentas especiales de regularización de activos (CERA), sin costo alguno. Es decir, es una especie de experimento de bimonetarismo instrumentado a través de las cuentas especiales”.

En este sentido “se orienta la tarjeta de débito para cuentas CERA anunciado por Caputo”, sostuvo. “Para que el blanqueo termine de despegar va a ser necesario que se extiendan las fechas, sobre todo para el blanqueo de efectivo, que se dé más tiempo a los actores para analizar su situación y actuar en consecuencia. También es importante que se dé la mayor flexibilidad posible en materia probatoria de la titularidad o tenencia de los bienes porque la reglamentación ha sido demasiado restrictiva en este aspecto, y que se despliegue una mayor publicidad de todas las alternativas que presenta este inédito régimen de regularización de activos”, concluyó Fraga.

El contador Mariano Ghirardotti advirtió que en su estudio “las consultas fueron mucho menos que en el blanqueo de Macri”. “Están blanqueando pequeños ahorristas que tienen miedo al intercambio de información con Estados Unidos, gente que quiere comprar un auto o un departamento con dinero no declarado, y los clientes financieramente más sofisticados e informados. Los que blanquearon con Macri o bien estructuraron sus ahorros y se sienten protegidos, o no tienen mas que blanquear, o bien les quedó el gusto amargo de lo que se les hizo luego de blanquear con Bienes Personales y Ganancias”, señala, en alusión a los aumentos tributarios que aplicó el gobierno de Alberto Fernández después de las rebajas que su antecesor había las personas más ricas.

Ahora Milei, con el apoyo de la oposición dialoguista, volvió a reducirles los gravámenes a quienes menos tienen. El contador Jorge Gebhardt pronostica un blanqueo “exitoso”, aunque comparte los matices de Ghirardotti: “Es muy barato entrar, en recaudación no será exitoso. Pero hay mucho interés en invertir en obras en curso y es cada vez más difícil mantener cuentas ocultas. Los que blanqueen menos de US$100.000 los retirarán de la cuenta al día siguiente de declararlos. Pero hay personas que temen a las incoherencias del país, porque el día de mañana puede volver el kirchnerismo y dar vuelta la norma, como ya pasó con Alberto”.

La opinión del mercado

Pablo Bachur, broker de Tomar Inversiones, vincula la baja del dólar financiero sobre todo al blanqueo pero también a la decisión del Gobierno de dejar de emitir pesos para financiar el déficit fiscal y el cuasifical (el del Banco Central). De todos modos, descree que vaya a descender mucho más, teniendo en cuenta que no se blanqueará tanto como con Macri después de que muchos se arrepintieran de hacerlo.

“Atribuimos la baja de los dólares financieros principalmente a los flujos derivados del blanqueo, con un incremento importante de los depósitos en dólares en agosto que se aceleró a principios de septiembre, impactando directamente sobre las reservas brutas del Central y dando mayor confianza con respecto al número que más preocupa al mercado hoy en día”, observó Facundo Herrera Arana, analista de Invertir En Bolsa (IEB).

“Se agregó también la presión vendedora sobre el CCL al traer divisas radicadas en el exterior. La baja de este jueves en particular respondió al levantamiento del paro de aceiteros, incrementando el flujo exportador sustancialmente y permitiéndole al Central cortar la racha negativa en el MULC (Mercado Único Libre de Cambios) de los primeros días de septiembre”, completó.

Pese al descenso, Herrera Arana descartó que “los dólares financieros converjan al tipo de cambio oficial con vistas al levantamiento del cepo por dos razones”. La primera: “Pese a la mínima emisión monetaria continúa existiendo una masa gigantesca de pesos luego de la fuerte expansión monetaria del año pasado: la relación entre el M1 (dinero en efectivo y en cuentas corrientes) y las reservas internacionales del Central se encuentra en torno a $1.215, con lo cual resulta difícil ver a los tipos de cambio financieros por debajo de dicho valor en el corto plazo. Pensando en la salida del cepo, para bajar esta razón será necesario un ingreso importante de dólares a las arcas del Central, o una contracción importante de los agregados monetarios que difícilmente veamos en lo que resta del año.

La segund: “De darse dicha convergencia entre los tipos de cambio hacia abajo, esta no sería natural dado que los mercados de CCL y MEP continúan altamente regulados. Pese a que lentamente el Central levanta restricciones, continúa existiendo una importante demanda restringida por parte de empresas que acceden al tipo de cambio oficial. Se agrega también el hecho de que hoy existe oferta adicional en el CCL debido al sostenimiento del llamado dólar blend, con el 20% de lo liquidado por exportadores pasando por dicho mercado y empujando la cotización a la baja, y las intervenciones ocasionales del Central, con el doble objetivo de esterilizar la emisión derivada de compras de divisas y de contener la brecha cambiaria”, concluye Herrera Arana.

Su colega Damian Palais vincula la merma del dólar sobre todo “la rapida ejecución del control de déficit fiscal y cero emisión monetaria”. No obstante, “hay expectativas positivas con el blanqueo, por lo que el peso se podría estar apreciando por un potencial incremento en la oferta de dólares con una base monetaria estable”, según Palais.

De todos modos, advierte: “Es dificil pensar que el CCL converja al nivel del dólar oficial porque pensando que uno de los principales desafíos para el año que viene es incrementar reservas, el nivel actual del oficial luce poco competitivo para el ingreso de divisas. Por esto y porque aun permanecen algunas restricciones a la operatoria de divisas. creemos que seguiremos conviviendo algunos meses con brecha cambiaria”.

En uno de los principales bancos de Wall Street considera que sólo podrían converger los tipos de cambio si la inflación baja del 4% al 2% mensual. De todos modos, rescata que el blanqueo alcanzará a entre US$20/40.000 millones. Christian Reos, analista de la sociedad Allaria Ledesma, señala que el dólar financiero baja porque “se necesitan pesos para pagar Bienes Personales”, pero a partir de fines de septiembre lo prevé “más bien estable”.

Mauro Mazza, de Bull Market Brokers, apunta a otro factor para explicar el abaratamiento del dólar financiero: “Estamos viendo como novedad una menor demanda de los importadores que usaban el CCL para pagar importaciones”. Claro, hasta hace poco las compras externas sólo podían pagarse con dólares oficiales en cuatro cuotas y ahora se redujeron a dos y quienes recurrían al MULC no podían operar en el CCL. Por eso, “la manera de pagar era mediante garantías desde Uruguay, obviamente que ellos de manera directa no pueden pagar”. “La migración de los importadores que tenían deuda importadora desde el CCL al oficial ayudará a descomprimir el tipo de cambio financiero hasta al menos diciembre. Ha bajado sustancialmente la deuda importadora que se tenía de 2023: estimamos que falta menos de US$5.000 millones por pagar desde casi 35.000 millones que había. Por eso, vemos un CCL estabilizado entorno a $1.200/1.250 durante septiembre”, pronostica Mazza, que destaca que en las últimas dos jornadas el Central ya no tuvo que intervenir el mercado del contado con liqui.

Fuera del ámbito financiero, desde la academia, Juan Miguel Massot, investigador de la Universidad del Salvador, explica el descenso de la moneda norteamericana a que “sigue el blend, el mayor acceso de importadores al oficial y la oferta que está ingresando a los financieros resultado de las últimas medidas, todo lo cual puede ralentizarse progresivamente”.

“El Gobierno ganó, al menos transitoriamente, la pulseada con el mercado. El que apuesta al dólar a corto plazo no ganará, sino que perderá como lo hizo todo el año. Esto es un trago muy fuerte para el mercado y los analistas. La conclusión a la que llegan algunos analistas sobre las dificultades del pago de deuda en dólares del año próximo, a mi criterio, no está bien fundamentada si se observan con cuidado tanto el flujo futuro esperado de dólares y las decisiones que va tomando casi diariamente el Gobierno”, sostuvo.

Agregó que “siempre preocupa que suba la deuda del Tesoro”, pero que “hay que ver la posible película a futuro, no una foto o película retrospectiva”. “Hay elementos relevantes para ponderarla: 1) la Tesorería absorbió deuda del Central, que era mucho más preocupante a futuro; 2) hay mucha deuda intraestado o con acreedores internos, que se puede rollear sin gran dificultad; 3) con el FMI (Fondo Monetario Internacional), Banco Mundial, etcétera, no será un serio problema; se negociará con el FMI y, con los bancos, deberían lograrse desembolsos netos positivos; 4) las medidas como blanqueo, moratoria, adelanto de Bienes Personales y reposición del impuesto a las ganancias deberían aportar pesos y dólares al Tesoro; 5) y finalmente, si se combinase una baja inflación, estabilidad cambiaria y una reactivación de la actividad, que es lo que se proyecta para los próximos meses y 2025, el Tesoro también recaudará más y podrá pagar intereses sin problemas e, incluso, hasta logre mejores condiciones en futuras colocaciones”, se esperanza Massot.

AR/JJD

Ordenan liberar por falta de mérito al detenido por el paquete bomba que explotó en La Rural

El juez federal Daniel Rafecas ordenó liberar por falta de mérito al único detenido en la causa por el paquete sospechoso que explotó en La Rural y que estaba destinado al presidente de la entidad, Nicolás Pino.

De acuerdo al escrito al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, Alberto Santiago Soria fue excarcelado ya que se comprobó que estuvo en un evento al momento del hecho.

“Según con los resultados de las más recientes medidas de prueba dispuestas durante el fin de semana, se pudo corroborar que Soria, de 40 años, tal como expuso ante el Juez durante su indagatoria, entre las 10 y las 13 horas del día jueves, participó de una capacitación en un salón en Barrio Norte”, detallaron.

Noticia en desarrollo

CRM con información de la agencia NA

"Recuperado, lúcido, afebril y estable": el nuevo parte médico de Guillermo Francos tras su internación

Se conoció el nuevo parte médico del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, luego de su internación en la madrugada de este domingo; informa que se encuentra “recuperado, lúcido, afebril y estable”.

“El doctor Guillermo Francos cursa su segundo día de internación en la clínica Sagrada Familia, post descompensación por cuadro sincopal y pérdida de conocimiento”, anuncia el comunicado.

Asimismo, indica que el funcionario permanece “con parámetros clínicos, hemodinámicos y fisiológicos normales” y en condiciones “de pre alta clínica”.

Francos fue internado en la clínica Sagrada Familia, del barrio porteño de Belgrano, luego de sufrir un cuadro gastrointestinal. Desde ese momento, el funcionario de 74 años fue trasladado de urgencia y se encuentra en observación.