Maria P Moreno
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Noticias de Buenos Aires
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Cronistas de la Ciudad: la guía de turismo y la fotógrafa que pasaron de Instagram a un libro para contar la historia de Buenos Aires
- Soledad Saubidet y Carolina Gutiérrez son las autoras de "Narra Buenos Aires".
- Cómo se conocieron y la forma en la que llegaron a publicar su contenido.
Noticias de Buenos Aires
Con el apoyo de los aliados y bloques provinciales, el Senado convirtió en ley la reforma de Inocencia Fiscal II
Con el respaldo de LLA, el PRO, la UCR y bloques provinciales, la Cámara alta sancionó la reforma que elimina restricciones al régimen simplificado de Ganancias y busca captar los dólares que los contribuyentes mantienen fuera del sistema financiero
Más mileístas con “inocencia fiscal”: Sturzenegger, Espert, una funcionaria de Adorni y el círculo de Santiago Caputo
Duras críticas al Gobierno por el nuevo ajuste a discapacidad: “Milei disfruta ver sufrir a los más vulnerables”
Tres semanas después de que la Cámara de Diputados votara la media sanción, el Gobierno logró este jueves que el Senado convierta en ley el proyecto “Inocencia Fiscal II”. Lo hizo con con el respaldo de la Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales. Así, la iniciativa busca incentivar el ingreso al circuito financiero de dólares que aún permanecen fuera del sistema formal, fue aprobada por 44 votos a favor y 23 en contra.
Para el oficialismo, la aprobación representa un logro importante en su intento de recuperar la iniciativa legislativa, aunque debió negociar con sus aliados e incorporar al temario el debate sobre el proyecto de biocombustibles.
La reforma elimina las restricciones vigentes para ingresar al régimen simplificado de Ganancias. Hasta ahora, esa norma establecía que solo podían acceder a ese régimen quienes tuvieran un patrimonio de hasta $10.000 millones.
Desde la oposición, el peronista José Mayans calificó la ley como un premio para los evasores y “hecha a medida para algunos funcionarios como Adorni”.
Uno de los puntos centrales del proyecto es que legisladores, jueces, ministros del Poder Ejecutivo y el Presidente de la Nación no podrán acceder a los beneficios del sistema simplificado de Ganancias. La norma también prohíbe la adhesión al régimen a los funcionarios públicos y a quienes hayan ocupado cargos públicos durante los cinco años anteriores. Es una modificación al proyecto original que fue introducida durante el debate en Diputados y una consecuencia directa del escándalo en torno a Manuel Adorni. Es que en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito, el ex jefe de Gabinete se termino adhirendo al régimen simplificado de Ganancias.
Además de Adorni, otros de los beneficiados fueron el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el documentalista de Milei, Santiago Oria, y Aimé Ayelén Vázquez, titular de la Unidad Gabinete de Asesores de Adorni, además de la esposa del propio exjefe de Gabinete.
Esta nueva ley redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que determina en qué casos la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada. Según el nuevo criterio, se considerará significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.
El debate en el recinto
La sesión comenzó a las 11:23 con un quórum estricto de 37 senadores, aportado por la Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales.
Antes de tratar el proyecto, el peronismo utilizó cuestiones de privilegio para cuestionar al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por el destino del oro de las reservas. Los planteos fueron formulados por los senadores justicialistas Florencia López y Martín Soria, y rechazados por el libertario Agustín Monteverde, mientras que el oficialismo salió en defensa del funcionario.
También hubo una cuestión de privilegio del radical Maximiliano Abad, dirigida al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel, para reclamar la convocatoria a un nuevo Congreso Pedagógico Nacional tras los bajos resultados obtenidos por los alumnos argentinos en las evaluaciones PISA.
Las posiciones en el debate
La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió el proyecto y sostuvo que la falta de confianza llevó a los ciudadanos a sacar sus ahorros en dólares del circuito formal. Señaló que Argentina y Rusia son los países con más dólares fuera del sistema financiero “porque el Estado fue un enemigo del ahorro”, y responsabilizó a mecanismos como la hiperinflación, la inflación y el cepo. También remarcó que se incorporaron resguardos para los funcionarios públicos, que podrán usar el mecanismo de simplificación pero no acceder a sus beneficios.
Desde el peronismo, el senador José Mayans calificó a la reforma como “un desastre”, en la misma línea que la ley aprobada en diciembre, y la definió como “un premio a los evasores y los narcotraficantes”. El legislador vinculó directamente la norma con figuras del oficialismo.
El libertario Bruno Olivera Lucero, quien abrió el debate, sostuvo que el objetivo del proyecto es que la ciudadanía deje de ver a los contribuyentes “como sospechosos de por vida” y los reconozca como personas que “trabajan, pagan impuestos y merecen respeto”. Agregó que durante el kirchnerismo “ser contribuyente era una condena” y que el fisco trataba a todos como evasores.
Por su parte, el senador peronista Fernando Salino pidió ampliar el alcance de la restricción al régimen simplificado, extendiéndola a “personas políticamente expuestas”, una categoría que consideró más amplia que la de “funcionarios públicos” contemplada en el texto final.
Tras el tratamiento de la ley, el Senado continuó con el debate de los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania y Juan Manuel Mejuto, además de la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.
Con información de Noticias Argentinas
Milei cierra filas en Olivos: menos personal, más poder para Casa Militar y rumores de filtraciones
El Gobierno disolverá la administración de la Quinta y concentrará su seguridad. La decisión llega después del desplazamiento de Osvaldo Sosa y en medio del malestar por supuestos episodios internos. Mario Suli, un hombre de extrema confianza del Presidente, gana gravitación en su entorno.
Algo cambió puertas adentro de la Quinta de Olivos. En pocos meses, el Gobierno desplazó al hombre que estaba al frente de su administración y ahora decidió directamente disolver toda la estructura, reducir el personal que permanece dentro del predio y concentrar mayores atribuciones en la Casa Militar. La reorganización llega mientras alrededor de la residencia presidencial se acumulan rumores sobre supuestas filtraciones y distintos episodios internos que habrían provocado malestar en Javier Milei y su círculo más cercano.
No hay, hasta ahora, elementos que permitan vincular esas versiones con la decisión ni establecer con precisión qué ocurrió dentro de Olivos. Tampoco hubo una explicación pública sobre eventuales problemas internos de seguridad. La justificación oficial transita por otro carril: el Gobierno asegura que pretende “fortalecer la seguridad” del Presidente y “facilitar los procesos administrativos internos”. Pero detrás del lenguaje burocrático hay una modificación sensible del funcionamiento cotidiano de la Quinta y, sobre todo, del universo de personas que podrán permanecer allí.
El movimiento tiene un antecedente inmediato. En junio, la Secretaría General todavía había prorrogado por otros 180 días hábiles la designación de Osvaldo Sosa al frente de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos. Poco después, Sosa fue desplazado. Ahora el Gobierno decidió ir bastante más lejos y directamente eliminar el área que conducía. Es que la medida apunta, según el comunicado, a “reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece”.
La reestructuración también vuelve a poner el foco sobre el pequeño círculo de extrema confianza que rodea al Presidente en Olivos. Allí viene adquiriendo una gravitación creciente Mario Suli, un hombre que acompaña a Milei desde el comienzo de su aventura política y cuya presencia se volvió habitual en el entorno presidencial. Según fuentes al tanto de la dinámica interna de la Quinta, Suli es además quien se encarga del cuidado de los perros del mandatario, una tarea especialmente sensible para Milei y que ayuda a explicar el grado de confianza que mantiene con él.
En los últimos tiempos, sin embargo, su influencia habría comenzado a exceder esa tarea. Distintas fuentes que conocen el funcionamiento de Olivos describen una presencia cada vez mayor de Suli en la vida cotidiana de la residencia y en asuntos vinculados con el entorno inmediato del Presidente. No ocupa, al menos hasta ahora, una función formal que lo coloque al frente del nuevo dispositivo de seguridad.
Ese proceso ocurre sobre un escenario cargado de versiones. Desde hace semanas circulan en ámbitos oficiales comentarios acerca de supuestas filtraciones de información sobre movimientos, conversaciones y situaciones ocurridas dentro de Olivos. También se mencionan episodios que habrían irritado al Presidente y a personas de su círculo más próximo.
Lo cierto es que Casa Militar ya tenía responsabilidades centrales en la protección de Milei. La novedad es que ahora asumirá “la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos”, además de las “residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia”. La transferencia comprenderá también responsabilidades y bienes y deberá completarse “en un máximo de 60 días”.
El Gobierno justificó la decisión por “la necesidad de elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno en el marco de la escalada de la inseguridad a nivel global”. A esa explicación sumó un acontecimiento próximo: la visita del papa León XIV a la Argentina, que “demandará un gran movimiento de personal ajeno para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial”. La explicación, sin embargo, parece insuficiente para dar cuenta de una reestructuración de semejante alcance y, sobre todo, de carácter permanente.
PL/CRM
Santilli busca votos entre los gobernadores mientras el Presupuesto abre una interna en el Gobierno
El jefe de Gabinete continuó la ronda con los mandatarios provinciales y recibió a Carlos Sadir junto a Caputo. Fue después de que Bullrich revelara que los cambios en discapacidad no fueron discutidos en la mesa política y reclamó corregirlos.
Diego Santilli continuó este jueves su ronda con los gobernadores para buscar los apoyos que el Gobierno necesita en el Congreso, pero lo hizo en un escenario bastante más incómodo que el que imaginaba la Casa Rosada cuando organizó las reuniones. A menos de 48 horas del envío del Presupuesto 2027, el proyecto no solamente comenzó a despertar reclamos entre las provincias: también abrió una discusión dentro del propio oficialismo después de que Patricia Bullrich admitiera que algunos de sus puntos más sensibles ni siquiera habían sido informados en la mesa política.
El jefe de Gabinete recibió por la mañana, junto con el ministro de Economía, Luis Caputo, al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. Según la escueta información difundida oficialmente, durante el encuentro, que tuvo lugar en el Palacio de Hacienda, repasaron los proyectos legislativos que el Ejecutivo pretende llevar adelante. Más tarde, Santilli continuó la ronda con Gustavo Melella, de Tierra del Fuego. La reunión con el chaqueño Leandro Zdero, inicialmente prevista para este jueves, fue reprogramada para el 24 de septiembre.
La presencia de Caputo en el encuentro con Sadir adquirió una relevancia particular después de las primeras repercusiones del Presupuesto. Apenas dos días antes, el ministro había participado de la mesa política en la Casa Rosada y presentado allí las principales variables económicas contempladas para 2027. Pero, según reveló ahora Bullrich, hubo aspectos relevantes del proyecto que quedaron fuera de aquella conversación.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado apuntó particularmente contra las modificaciones introducidas sobre la Ley de Discapacidad. “No estaba enterada, tenemos que corregir eso”, aseguró. Y fue todavía más explícita sobre cómo se procesó internamente la iniciativa: “Me sorprendió, porque estando en la mesa política del Gobierno el tema no salió a la luz. Llegó el Presupuesto 2027 al Congreso, con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad, que no eran conocidos”. Bullrich incluso reconoció que el episodio tuvo consecuencias políticas. “Esto resiente un poco las relaciones”, advirtió.
Los primeros reclamos
La ronda con gobernadores había comenzado el miércoles por la tarde, cuando Santilli recibió conjuntamente a Raúl Jalil, de Catamarca; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Gustavo Sáenz, de Salta; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. Son cuatro mandatarios con canales de diálogo abiertos con el Gobierno y cuyos legisladores pueden resultar necesarios para aprobar una agenda que excede largamente la ley de gastos y recursos.
El comunicado oficial evitó entrar en detalles. La Jefatura de Gabinete informó que se había conversado sobre la situación del Norte Grande, la agenda legislativa y los asuntos pendientes entre la Nación y las provincias. Las declaraciones posteriores de los gobernadores, sin embargo, permitieron conocer algunos de los reclamos concretos que empezaron a aparecer sobre la mesa.
Al salir de la reunión, Jaldo contó que plantearon la situación de las compensaciones energéticas y explicó que, en el caso de Tucumán, pidió especialmente por las obras en las rutas nacionales. También hizo una aclaración significativa: los mandatarios recién estaban comenzando a estudiar el Presupuesto que el Ejecutivo había enviado al Congreso durante la noche anterior.
El Presupuesto establece un gasto total de $202,10 billones para la Administración Nacional y sostiene como condición central el resultado fiscal positivo. El equilibrio de las cuentas es el límite que Milei y Caputo se fijaron para cualquier negociación, pero también reduce el margen de Santilli para responder a los pedidos de los gobernadores sin modificar partidas o buscar compensaciones dentro del propio proyecto.
La “ley de leyes” es, de todos modos, apenas una parte de la conversación que el jefe de Gabinete pretende sostener con los gobernadores. La Casa Rosada necesita también construir apoyos para la reforma electoral, con la eliminación de las PASO como uno de sus principales objetivos, y para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional vinculado con Malvinas, que acaba de ser enviado al Congreso.
Santilli deberá administrar todas esas discusiones al mismo tiempo. La ronda continuará la semana próxima y la reprogramación del encuentro con Zdero extenderá todavía más las conversaciones. La apuesta de la Casa Rosada es transformar el buen vínculo que mantiene con un grupo de gobernadores en votos concretos cuando los proyectos lleguen al recinto.
PL/CRM
Bullrich confirmó los cortocircuitos por los cambios en Discapacidad: "No sabía nada, eso resiente las relaciones"
"Yo digo la verdad. No nos enteramos (de los cambios en Discapacidad). Eso es un tema, porque cuando uno es jefe de una bancada y no se entera exactamente cómo van a venir las cosas, más estando en esa mesa, que es donde se discuten las cosas, uno llega después al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’… y tenés que decir ‘yo no sabía’ y quedás como un tonto...Eso resiente un poco las relaciones y es bueno que nosotros corrijamos esos problemas”, advirtió la jefa de la bancada de senadores oficialistas.
La Libertad Avanza decidió volver a arremeter contra el sistema de prestaciones y pensiones de las personas con discapacidad. En el proyecto del Presupuesto 2027, el Gobierno no solo elimina las compensaciones y las actualizaciones obligatorias, sino que barre con todo el sistema de prestaciones que venía funcionando desde los '90 y dinamitó la red de alianzas que había comenzado a tejer el oficialismo.
La jefa de senadores oficialistas, Patrici Bullrich, se quejó este jueves de la manera en que se enteró de las modificaciones al leer el texto y aseguró estar “sorprendida”. “Estando en la Mesa Política, el tema no salió a la luz. Y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad que no eran conocidos. Sí se estaba discutiendo ya el tema en Diputados y había habido un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para discutirlos de determinada manera”, relató la exministra de Seguridad.
“Yo digo la verdad. No nos enteramos (de los cambios en Discapacidad). Eso es un tema, porque cuando uno es jefe de una bancada y no se entera exactamente cómo van a venir las cosas, más estando en esa mesa, que es donde se discuten las cosas, uno llega después al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’… y tenés que decir ‘yo no sabía’ y quedás como un tonto o como que los engañaste. Entonces eso resiente un poco las relaciones y es bueno que nosotros corrijamos esos problemas”, advirtió la legisladora en declaraciones a Radio Rivadavia.
“Veremos qué es lo que manda Diputados a Senado. Nosotros somos revisores en el caso del Presupuesto, así que esperaremos a ver qué nos llega a los senadores porque parece que está bastante peliaguda la discusión”, concluyó.
Horas antes, las bullrichistas Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado, ex PRO devenidas en libertarias furibundas, ya habían revelado públicamente que se enteraron del contenido del Presupuesto al mismo tiempo que la oposición, el martes a las 11 de la noche. Hace una semana que las dos diputadas venían trabajando en un dictamen de consenso con los gobernadores sobre el tema de discapacidad: el objetivo era evitar una séptima derrota en el Congreso y acordar una misma iniciativa con los aliados. En una noche, esa estrategia se cayó a pedazos.
En el mismo sentido, un aliado del Gobierno, que la noche anterior había llegado a un acuerdo con Giudici y Rodríguez Machado, también se quejó: “Está todo prendido fuego, y lo peor es que ni cuidan a sus diputados”. La idea de libertarios y senadores cercanos al oficialismo era presentar un dictamen de “consenso” que incluyera algunos puntos de la ley de emergencia en discapacidad –como la actualización obligatoria del nomenclador de las prestaciones (que son los aranceles que las prepagas y obras sociales están obligadas a pagarles a los profesionales de salud por los tratamientos)– y restringiera, en cambio, los requisitos para poder acceder a una pensión.
El borrador ya estaba redactado y el oficialismo estaba trabajando en conseguir las firmas suficientes para presentarlo como dictamen de mayoría en el recinto. La Casa Rosada, en cambio, tenía otros planes: en un cortocircuito insólito, que ni el propio bloque libertario pudo justificar, el Gobierno decidió barrer con todos los acuerdos que habían negociado sus espadas legislativas.
Los chispazos entre la estrategia de Casa Rosada y la del bloque libertario en el Congreso también quedaron expuestos en medio de la reunión de la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados.
“Queremos discutir las necesidades del sector vulnerable que son las personas con discapacidad. Hay división de poderes en nuestro país. El Congreso tiene un tiempo suficientemente largo como para tratar luego el Presupuesto y debatir las mejores condiciones”, atinó a justificar Giudici, al comienzo del debate. Se escucharon risas: todos sabían que la diputada del oficialismo se había enterado, como todos, del contenido del Presupuesto a último momento. Su propio Gobierno la había dejado expuesta.
En el despacho de Martín Menem tampoco podían dar explicaciones. El propio riojano les había prometido a los diputados de Salta, San Juan y Misiones que el Gobierno presentaría un proyecto “superador” sobre el tema de discapacidad que no iría en contra de los derechos adquiridos con la ley de emergencia en discapacidad. Los aliados no le creyeron y dieron quórum igual a la sesión opositora, pero la promesa se mantuvo: el objetivo era evitar que la oposición consiguiera los votos para prorrogar por un año la emergencia en discapacidad.
De acuerdo a la información publicada este miércoles por elDiarioAR, los aliados sospechan de una interna del Gobierno: el ministro de Salud, Mario Lugones, que responde a Santiago Caputo, había logrado introducir su iniciativa –que ya había intentado impulsar, sin éxito, en el Senado– yendo en contra de las negociaciones encaradas por los Menem, sus rivales internos. En el menemismo, en cambio, lo niegan, y dejan entrever algo peor: un problema de descoordinación interna.
“Los tiempos parlamentarios son distintos a los del Gobierno”, atinaron a responder cerca del riojano. Insistieron en que se continuaría trabajando en paralelo a la presentación del Presupuesto, como si nada hubiera pasado. Pero el cortocircuito había quedado expuesto. Y el malhumor generado amenaza con generar una nueva derrota legislativa al Gobierno dentro de dos semanas, cuando el tema llegue al recinto.
Más recortes en Discapacidad
El Gobierno profundiza su ataque al sector de discapacidad a partir de la letra chica del Presupuesto 2027. El mismo día en que se retoma en Diputados un plenario de comisiones para avanzar con la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Poder Ejecutivo incluyó en su proyecto de gastos para el próximo año artículos para derogar y reescribir buena parte de esa misma ley.
El artículo 41 del proyecto deroga directamente los artículos 5°, 8°, 9° y 14 de la Ley 27.793, la norma de Emergencia en Discapacidad que el Congreso le había aprobado a Milei en 2025. El artículo 5° es el que define a la persona con discapacidad remitiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo 8° garantiza a quienes cobran la Pensión No Contributiva por Discapacidad la cobertura de salud y las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901. El artículo 9° dispone la conversión automática de pensiones no contributivas anteriores en Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Y el artículo 14° es el que había incorporado el artículo 7° bis a la Ley 24.901, estableciendo que los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas fueran iguales para todos los obligados a brindar cobertura —obras sociales, prepagas y Estado— y se actualizaran automáticamente por el índice de movilidad jubilatoria.
El Gobierno profundiza su ataque al sector de discapacidad a partir de la letra chica del Presupuesto 2027. El mismo día en que se retoma en Diputados un plenario de comisiones para avanzar con la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Poder Ejecutivo incluyó en su proyecto de gastos para el próximo año artículos para derogar y reescribir buena parte de esa misma ley.
El artículo 41 del proyecto deroga directamente los artículos 5°, 8°, 9° y 14 de la Ley 27.793, la norma de Emergencia en Discapacidad que el Congreso le había aprobado a Milei en 2025. El artículo 5° es el que define a la persona con discapacidad remitiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo 8° garantiza a quienes cobran la Pensión No Contributiva por Discapacidad la cobertura de salud y las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901. El artículo 9° dispone la conversión automática de pensiones no contributivas anteriores en Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Y el artículo 14° es el que había incorporado el artículo 7° bis a la Ley 24.901, estableciendo que los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas fueran iguales para todos los obligados a brindar cobertura —obras sociales, prepagas y Estado— y se actualizaran automáticamente por el índice de movilidad jubilatoria.
El Gobierno contraría a sus propios aliados y va a la guerra por las prestaciones en discapacidad
Luego de perder seis votaciones en el Congreso, La Libertad Avanza vuelve a arremeter contra el sistema de prestaciones y pensiones de las personas con discapacidad. Cortocircuito entre Casa Rosada y el Congreso. El oficialismo negociaba un dictamen con los aliados cuando la presentación del Presupuesto dinamitó las conversaciones.
El Gobierno abrió un nuevo frente de batalla con las personas con discapacidad. Luego de perder seis votaciones en el Congreso, La Libertad Avanza decidió volver a arremeter contra el sistema de prestaciones y pensiones de las personas con discapacidad. El Presupuesto 2027 no solo elimina las compensaciones y las actualizaciones obligatorias, sino que barre con todo el sistema de prestaciones que venía funcionando desde los '90: una fantasía impulsada por el ministro de Salud, Mario Lugones, que dinamitó la red de alianzas que había comenzado a tejer el oficialismo.
Las bullrichistas Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado, ex PRO devenidas en libertarias furibundas, se enteraron del contenido del Presupuesto al mismo tiempo que la oposición: el martes a las 11 de la noche. Hace una semana que las dos diputadas venían trabajando en un dictamen de consenso con los gobernadores sobre el tema de discapacidad: el objetivo era evitar una séptima derrota en el Congreso y acordar una misma iniciativa con los aliados. En una noche, esa estrategia se cayó a pedazos.
“Está todo prendido fuego, y lo peor es que ni cuidan a sus diputados”, se quejó un aliado del Gobierno, que la noche anterior había llegado a un acuerdo con Giudici y Rodríguez Machado. La idea era presentar un dictamen de “consenso” que incluyera algunos puntos de la ley de emergencia en discapacidad – como la actualización obligatoria del nomenclador de las prestaciones (que son los aranceles que las prepagas y obras sociales están obligadas a pagarles a los profesionales de salud por los tratamientos)– y restringiera, en cambio, los requisitos para poder acceder a una pensión.
El borrador ya estaba redactado y el oficialismo estaba trabajando en conseguir las firmas suficientes para presentarlo como dictamen de mayoría en el recinto. La Casa Rosada, en cambio, tenía otros planes: en un cortocircuito insólito, que ni el propio bloque libertario pudo justificar, el Gobierno decidió barrer con todos los acuerdos que habían negociado sus espadas legislativas.
El Presupuesto 2027, por un lado, desmantela la ley de emergencia de discapacidad que se sancionó el año pasado, Milei vetó, el Congreso insistió, se buscó eliminar en el Presupuesto y la oposición rechazó en el recinto. El proyecto propone volver al modelo de “invalidez laboral” y elimina el Certificado Único de Discapacidad como única vía legal y directa para acceder a una pensión (que pasará a quedar a manos de la discrecionalidad del Ejecutivo). La incompatibilidad laboral se vuelve automática y no por dos sueldos mínimos, como establece la ley para garantizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Lo más grave es que barre con el sistema de prestaciones que viene funcionando desde hace 30 años. No solo elimina la actualización mensual obligatoria de las prestaciones (que se estableció en la ley de emergencia), sino que elimina el arancel único que paga cada obra social y prepaga a los prestadores. La idea del Ejecutivo –cuyo autor intelectual es Lugones– es liberar a cada obra social y prepaga pueda definir los vales y las terapias que cubre.
Quitan, además, la garantía legal de cobertura de salud. Es decir que la cobertura médica obligatoria dejará de ser un derecho legal exigible para los titulares de pensiones.
“Esto es invotable”, advirtieron los representantes de las provincias de Misiones, Córdoba y Santa Fe.
“División de poderes”
El cortocircuito entre la estrategia de Casa Rosada y la del bloque libertario en el Congreso quedó expuesto en medio de la reunión de la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados.
“Queremos discutir las necesidades del sector vulnerable que son las personas con discapacidad. Hay división de poderes en nuestro país. El Congreso tiene un tiempo suficientemente largo como para tratar luego el Presupuesto y debatir las mejores condiciones”, atinó a justificar Giudici, al comienzo del debate. Se escucharon risas: todos sabían que la diputada del oficialismo se había enterado, como todos, del contenido del Presupuesto a último momento. Su propio Gobierno la había dejado expuesta.
En el despacho de Martín Menem tampoco podían dar explicaciones. El propio riojano les había prometido a los diputados de Salta, San Juan y Misiones que el Gobierno presentaría un proyecto “superador” sobre el tema de discapacidad que no iría en contra de los derechos adquiridos con la ley de emergencia en discapacidad. Los aliados no le creyeron y dieron quórum igual a la sesión opositora, pero la promesa se mantuvo: el objetivo era evitar que la oposición consiguiera los votos para prorrogar por un año la emergencia en discapacidad.
Los aliados sospechan de una interna del Gobierno: Lugones, que responde a Santiago Caputo, había logrado introducir su iniciativa –que ya había intentado impulsar, sin éxito, en el Senado– yendo en contra de las negociaciones encaradas por los Menem, sus rivales internos. En el menemismo, en cambio, lo niegan, y dejan entrever algo peor: un problema de descoordinación interna.
“Los tiempos parlamentarios son distintos a los del Gobierno”, atinaron a responder cerca del riojano. Insistieron en que se continuaría trabajando en paralelo a la presentación del Presupuesto, como si nada hubiera pasado. Pero el cortocircuito había quedado expuesto. Y el malhumor generado amenaza con generar una nueva derrota legislativa al Gobierno dentro de dos semanas, cuando el tema llegue al recinto.
MCM