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El exasesor de Ricardo Jaime y su familia manejaron dos offshore, cuentas en Suiza y Mónaco y consultaron por un “préstamo figurado”

Manuel Vázquez, ex asesor del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y acusado de operar como su testaferro e intermediario de sobornos, fue beneficiario final de una offshore con cuenta bancaria en Suiza para destinar fondos de origen desconocido, según surge de los documentos de Pandora Papers obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y analizados por el equipo argentino*, que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae.

Además de Vázquez, su hijo y colaborador, Julián Vázquez; y su esposa, Marta Margarita Domínguez, también figuran como beneficiarios finales de la offshore Walsh Partners Corp., radicada en Islas Vírgenes Británicas, en 2008. Julián Vázquez llegó incluso a enviar un correo electrónico a los gestores de la sociedad caribeña para pedirles que lo asesoren sobre cómo utilizar la offshore para canalizar dinero de origen desconocido a través de un “préstamo figurado” e ingresarlo al país.

Vázquez ha negado haber utilizado sociedades offshore para recibir supuestos sobornos destinados a Jaime por parte de empresas y empresarios del transporte. Pandora Papers revela ahora los documentos que prueban que Walsh Partners Corp. fue activada por Vázquez y su hijo Julián para operar una cuenta en Suiza con fines sospechosos. 

Los documentos obtenidos por ICIJ revelan además que Julián Vázquez; su hermano, Mariano; y su madre también obtuvieron un poder de otra sociedad offshore, Cantbury Overseas SA, radicada en Panamá, para abrir y operar una segunda cuenta bancaria en Mónaco.

Los documentos y correos electrónicos podrían tener impacto directo en la situación judicial de la familia Vázquez. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi debe decidir desde 2019 si procesa al ex asesor de Jaime, su esposa e hijos por el rol de su consultora Caesa, una empresa ficticia montada, según la Justicia, para blanquear los sobornos de empresarios. La familia es investigada en el caso de supuestas coimas por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra adjudicada en 2008 a la brasileña Odebrecht y sus socias lecsa, Ghella y Comsa. A excepción de la constructora del Lava Jato, el resto de las compañías niegan haber participado en los pagos indebidos. 

El equipo argentino de ICIJ cruzó los documentos de Pandora Papers con los correos electrónicos de Vázquez secuestrados por la Justicia federal. Walsh Partners Corp. une a los Vázquez con Odebrecht, el soterramiento y un pago destinado a la cuenta suiza de la offshore de Islas Vírgenes Británicas.

Andrés Gramajo, defensor de Manuel Vázquez y del grupo familiar, indicó al equipo argentino que, antes de ser asesor de Jaime, “Manuel Vázquez prestó servicios de consultoría a  varias compañías multinacionales y brasileñas como ALL (America Latina Logistica, operadora ferroviaria), Camargo Correa, Embraer y Odebrecht, entre otras” y dijo que eso se encuentra acreditado en la causa. 

Gramajo indicó que Walsh Partners Corp. y su respectiva cuenta bancaria “tenían un uso personal, doméstico y privado de Manuel Vázquez, y que su conformación no constituye delito alguno”. “La sociedad y su cuenta bancaria dejaron de tener operatividad en 2009 o 2010 por razones estrictamente personales, y no deben dar explicaciones al respecto, como así tampoco fueron intimados a hacerlo”, agregaron. 

Los Vázquez dijeron no recordar si Walsh Partners Corp. fue declarada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), pero que “seguramente” la informaron al fisco. No acreditaron documentación que lo respalde.

Actualmente, Vázquez padre se encuentra con prisión domiciliaria y está siendo juzgado junto a Jaime -preso en la cárcel de Ezeiza- por la compra de material rodante inservible para el ferrocarril Belgrano Cargas entre 2005 y 2012. Tanto Manuel como su hijo Julián también son juzgados por el mismo tribunal oral y público como presuntos prestanombres de Jaime en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito del exfuncionario, una acusación que niegan. 

La sociedad de papel Walsh Partners había sido radicada el 29 de febrero de 2008, según un formulario de la oficina de Trident Trust Company en Suiza, pero los Vázquez aparecen en los documentos un mes después, en marzo de 2008. Jaime aún era funcionario público. En un formulario que cuenta con copia certificada de los pasaportes de Vázquez, su esposa y su hijo Julián, el proveedor Trident registró que el propósito de la sociedad era “tener una cuenta bancaria en el Merrill Lynch de Zúrich, Suiza”. La única exigencia de due dilligence fue copia de los pasaportes.

Un año después, en marzo de 2009, Julián Vázquez se contactó con el proveedor offshore Trident. “De acuerdo a lo conversado telefónicamente, estaría queriendo utilizar esta sociedad para que a su vez participe dentro de otra sociedad en la Argentina. En un principio necesitaría o capitalizar a Walsh Partners o tomar un préstamo figurado para poder justificar el envío de los fondos a la Argentina”, escribió Julián Vázquez a una ejecutiva de Trident Trust Company. Ante las consultas del equipo argentino de ICIJ, Julián Vázquez no respondió a qué se refirió con “préstamo figurado”, con qué fondos buscaba capitalizar la sociedad ni a qué empresa argentina se refería. La familia tampoco respondió qué activos llegó a manejar.

El correo electrónico fue enviado desde la casilla personal del argentino el 17 de marzo de 2009. Ricardo Jaime aún era secretario de Transporte de Cristina Fernández de Kirchner, aunque ya era un funcionario cuestionado.

Julián Vázquez escribió al proveedor Trident: “Quisiera cambiar el directorio de la sociedad poniendo yo los directores y teniendo yo los libros y las acciones de la sociedad en mi poder”. Entonces, en la offshore figuraban como directores tres ciudadanos de distintas nacionalidades (suiza, británico y chipriota), con domicilio en la isla de Chipre.

“Necesitaría que Trident siga siendo mi agente en BVI (Islas Vírgenes Británicas) y me presenten los papeles que correspondan ahí todos los años, como cuando haya que cambiar el directorio”, escribió Julián Vázquez en el mismo correo. “Necesitaría nombrar un apoderado legal en la Argentina con amplios poderes para poder tomar decisiones por la sociedad aquí”, agregó. Tenía, además, cierta urgencia: “Quisiera saber si esto que estoy planteando es posible y si es así como hacemos para realizarlo a la brevedad”, concluyó.

Tras recibir el correo de Julián Vázquez, una administradora del área Corporativa de Trident derivó el elocuente mail a otros miembros de la firma para pedir instrucciones y recibió la siguiente respuesta: “Por favor, ¿podrías confirmarle que su correo electrónico ha sido recibido y le daremos asesoramiento?”.

Al día siguiente, la ejecutiva de Trident cumplió y respondió a Julián Vázquez: “Estamos revisando los documentos de la compañía y le estaremos mandando un email con las instrucciones que hay que seguir para realizar los cambios requeridos”.

En el formulario en el que fueron registrados como beneficiarios finales de Walsh Partners Corp, los Vázquez y Marta Margarita Domínguez fijaron domicilio en una dirección de la calle Arroyo, en General Pueyrredón, Acassuso, Buenos Aires. El trámite les costó US$1.700.

Tres meses después del mail con las indicaciones de Julián Vázquez, a fines de junio de 2009, el encargado de Odebrecht en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, intercambió mails con Vázquez para solicitarle confirmación de los datos a los cuales debía transferir dinero. “Necesitamos la dirección de Walsh Partners. Entendemos que la cuenta n° ----------- es la cuenta de Walsh Partners en Merrill Lynch. ¿Es cierto?”, preguntó Couri. Ese mismo 22 de junio, Manuel Vázquez confirmó los datos por e-mail. El pago debía pasar por una cuenta del Northern Trust International Banking Corp., en Nueva York, con destino final a la cuenta de Walsh Partners Corp., en Suiza. El número de cuenta consta en el mail original.

El abogado de los Vázquez afirmó que “las indicaciones para la transferencia de Couri Ribeiro tiene vinculación con honorarios profesionales por trabajos de consultoría oportunamente realizados a dicha empresa (Odebrecht), entre muchas otras, y ninguna vinculación tiene con el proceso licitatorio ni adjudicación de la obra del soterramiento”. 

“Del mismo modo, tampoco está acreditada en la causa la existencia de Walsh Partners Inc. en ninguno de los 32 cuerpos que conforman la investigación del soterramiento ni en las 40 cajas de documentación”, sostuvo el abogado. Luego, el letrado indicó que “no se realizó ninguna transferencia bancaria a dicha sociedad por parte de Couri Ribeiro y tampoco por ningún representante de la firma Odebrecht”.  

Los documentos bancarios dejan claro que los verdaderos dueños de la sociedad Walsh Partners son los Vázquez. En el formulario que surge de los documentos obtenidos por ICIJ, aparece el nombre de Enrique Fahrion certificando de puño y letra las copias de los pasaportes de los tres dueños de la compañía.

No hay más rastros de esta compañía ni de la cuenta bancaria suiza en Pandora Papers. Pero siete meses después de solicitar la activación de la sociedad, el 10 de agosto de 2009, los Vázquez habían abandonado la offshore. Ricardo Jaime había renunciado cinco semanas antes al gobierno de Fernández de Kirchner. En otro correo de ese día, la ejecutivo Patrizia Zuppinger instruyó a una colega que debía proceder con la liquidación de la sociedad en cuestión y le ordenó cortar vínculo con esa compañía: “No emita más facturas ni extractos, cancele las facturas abiertas y elimínelas del estado de cuenta. Por favor, modifique sus registros en consecuencia”. 

“Cada uno de los negocios de servicios corporativos y fiduciarios de Trident está regulado en la jurisdicción en la que opera y está totalmente comprometido con el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables. Trident coopera habitualmente con cualquier autoridad competente que solicite información. Trident no habla de sus clientes con los medios”, respondió a ICIJ el proveedor offshore.

Walsh Partners tuvo una hermana en la ciudad de las diagonales. Julián Vázquez y su hermano Mariano, también investigado por la Justicia como supuesto colaborador de su padre, fundaron el 18 de mayo de 2009 Walsh Partners Holdings SA, una compañía creada para el “comercio aéreo en general y transporte terrestre”; “fabricación y comercialización de aeronaves, motores y/o repuestos de los mismos”; “servicios y operaciones inmobiliarias”; y “explotación de medios de radiodifusión”; además de “financiera”. Y prepararon el terreno para un fideicomiso: “La sociedad podrá ser fiduciante, fiduciaria o beneficiaria”.

“La sociedad radicada en la ciudad de La Plata jamás tuvo actividad, ni cuenta bancaria, ni adquisición de activos de ningún tipo. Se conformó, pero nunca se utilizó y tampoco se reempadronó”, respondió su abogado. “La utilización del mismo nombre fue una sugerencia de la misma entidad financiera y jamás existieron operaciones entre ambas sociedades”, agregó.

La sociedad Cantbury Overseas SA se creó el 2 de junio de 2010 y se inscribió al día siguiente en el registro mercantil de Panamá, según consta en los documentos públicos de ese país, consultados por el equipo argentino de ICIJ. 

En los registros abiertos no hay rastros de los Vázquez, pero en la documentación privada que revela Pandora Papers existe un poder otorgado por la compañía offshore a Julián y Mariano Vázquez (hijos de Manuel) y su madre, Marta Margarita Domínguez. Los tres, al igual que su padre, son investigados en la Justicia por el caso soterramiento (Odebrecht).

El 21 de julio de 2010, el estudio panameño Alcogal, gestionó un poder para que la familia Vázquez pueda abrir, mantener y operar una cuenta bancaria en el CDM Mónaco, una entidad bancaria dedicada a clientes extranjeros en el principado europeo. También intervino, como corresponsal, el estudio David Mulchi & Asociados, con sede en Madrid, y dedicado a la asesoría y consultoría jurídico-tributaria, económica y comercial.

Ante la consulta, los Vázquez se limitaron a responder que Cantbury Overseas SA “no tuvo ningún movimiento de fondos, ni adquisición de activos, ni operatividad”.

Alcogal, con sede en Panamá, es un proveedor offshore de referencia para políticos y gente adinerada en América Latina y más allá. "Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos", dijo la firma ante la consulta de ICIJ.

En febrero de 2019, Manuel Vázquez había declarado como arrepentido en la causa por supuestos sobornos por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, publicó Perfil. Dijo entonces ante el fiscal Franco Picardi que el empresario Angelo Calcaterra, primo del entonces presidente Mauricio Macri, habría sido el encargado de negociar los supuestos pagos ilegales con el entonces secretario de Transporte por la obra que lideró la constructora brasileña Odebrecht, socia de Calcaterra. El empresario negó la acusación ante la Justicia. 

Vázquez dijo entonces al fiscal Picardi que los empresarios habrían pagado US$20 millones en sobornos por la obra del Sarmiento. Sin embargo, tres meses más tarde Vázquez padre se desdijo de sus propias palabras ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

¿Qué pasó entre febrero y mayo de 2019? En abril, Martínez de Giorgi procesó a Vázquez por presuntas dádivas en el caso Odebrecht pero sobreseyó a los miembros de su familia: sus dos hijos y su esposa, quienes formaban parte de una consultora “ficticia”, denominada Caesa, que según la Justicia fue utilizada para blanquear coimas. Los tres se declaran inocentes. 

Todos los clientes de la consultora de Vázquez eran contratistas del Estado en el área de Jaime, mientras Vázquez era su asesor. Por eso, el fiscal sostiene que la consultora podría haber sido una pantalla para las coimas destinadas al entonces funcionario.

Vázquez dijo ante la Justicia que su esposa e hijos no tenían nada que ver con la empresa. El fiscal estableció que sí y pidió que se los procese como cómplices. 

Antes de que el abogado Gramajo asuma la defensa, Vázquez se encontraba asesorado por otra abogada, quien asistió al ex asesor de Jaime durante su declaración como colaborador en la causa del Sarmiento. Según su abogado actual, esa abogada “representaba intereses contrapuestos en la misma investigación, defendiendo al señor Soba Roja” (otro imputado, actualmente fallecido). “Por ese motivo, interpuse una nulidad (de la declaración ante el fiscal). La Cámara Federal hizo lugar y ordenó recibirle declaración indagatoria nuevamente al señor Vázquez”, dijo su actual defensor, Gramajo.

Entre diciembre de 2005 y, al menos, enero de 2009, la constructora Iecsa y la compañía Sideco Americana, ambas de la familia Macri, realizaron pagos a la consultora de Manuel Vázquez, según consta en el expediente del soterramiento. Iecsa estuvo al mando de Franco Macri hasta 2007 y luego fue vendida a su sobrino Calcaterra. Le pago unos $600 mil a la consultora de Vázquez mientras que la española Comsa, otra socia de Iecsa y Odebrecht en la obra del soterramiento, también le facturó a la empresa “ficticia” de Vázquez $263.097. Las empresas sostienen que pagaron por servicios de consultoría.

El 4 de octubre de 2007, Vázquez recibió un correo del encargado de Odebrecht en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, quien le confirmó una transferencia de US$100.000. Se envió bajo el rótulo "adquisição de propiedades" desde una cuenta de Constructora Internacional del Sur SA, utilizada para el pago de coimas de la empresa brasileña, según la investigación del Lava Jato.

Jaime y Vázquez enfrentan actualmente un juicio oral y público, a cargo del Tribunal Oral Federal número 6. El proceso ingresó en los últimos días en la etapa de alegatos y se espera un veredicto cerca de fin de año. En 2015, ambos firmaron un juicio abreviado en los tribunales, en el que admitieron haber recibido dádivas de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) que, casualmente, explotaba el servicio del Sarmiento, como publicó Infobae.

El juicio actual se centra en otras dos causas judiciales contra Jaime y Vázquez: el presunto enriquecimiento ilícito del exsecretario de Transporte -en el que su exasesor está acusado de supuesto testaferro-; y la compra de trenes chatarra a España y Portugal, transacción en la que intervino el español Vázquez y que el juez de instrucción, Julián Ercolini, consideró una estafa al Estado argentino.

Entre los bienes adjudicados por la Justicia a Jaime que vinculan a los Vázquez hay un avión Learjet de alrededor de US$4 millones, adquirido en 2008 con un “préstamo” de otra sociedad offshore (Elkrest) de Islas Vírgenes Británicas, según consta en el expediente judicial. 

“La sociedad titular del avión y los accionistas eran Jorge Cupeiro y su mujer”, dijo el abogado de Vázquez. Cupeiro, un célebre automovilista de carretera que fue socio de Zulemita Menem en la concesionaria Toyota de Nuñez, falleció en febrero último. Su familia no respondió las consultas del equipo de ICIJ en las últimas semanas.

“La adquisición de la aeronave constituía un negocio en sí mismo, puesto que a través de su explotación comercial, la inversión se vería recuperada en un mediano plazo. Fue ese el motivo por el cual Manuel Vázquez decidió, con fondos propios, ingresar en este negocio y solicitó la colaboración de su hijo Julián para cuestiones administrativas”, agregó el letrado, quien sostuvo que la compra del avión fue una inversión entre empresarios.

“Se hizo correr este rumor periodístico de que el avión pertenecía a Jaime cuando ello no es cierto, en razón de la disputa suscitada entre distintas empresas para su explotación, una de ellas, MacAir Jet. Finalmente, fue la empresa Aerorutas quien se hizo cargo de la explotación de la aeronave", concluyó el abogado.

*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).

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ED

Las tres grandes facciones narcos pactan para retomar el control del territorio en la villa 1-11-14 del Bajo Flores

Como sucede cada vez que cambia el control en cualquier territorio, los que esperaban para ocupar esa posición irrumpen en la escena. Hasta hace un mes, en la villa 1-11-14 el negocio narco era dirigido por Johnny Ray Arnao Quispe, rebautizado Pantro. Era un hombre puesto por el histórico capo narco Marco Antonio Estrada Gonzáles, alias Marcos, que está preso en el penal de Marcos Paz y no saldrá por mucho tiempo. El hermano de Marcos, Pity, que está en Perú, también participa del negocio y había permitido que Pantro lo llevara adelante y que rindiera las cuentas. Hasta ahora ese manejo parecía funcionar, pero la Justicia Federal fue contra Pantro y 11 integrantes de la organización. Desde ese momento, por el vacío de poder, el reagrupamiento de tropas ya tuvo heridos y un muerto y aún no se resolvió. 

El 22 de septiembre, por decisión del juez Ariel Lijo, Pantro fue procesado y detenido y lo mismo sucedió con sus primeras líneas. La medida también contempló embargos de entre 3,5 y 5 millones de pesos para los acusados. El impacto del operativo paralizó más de una semana la venta de droga en la zona del Bajo Flores. Luego de ese lapso, algunos de los integrantes del grupo de Pantro intentaron recomponer la actividad, pero se encontraron con la resistencia de viejos integrantes del grupo de Marcos y de hombres de Pity. Lo curioso que señalan los investigadores es que a ellos se sumaron también narcos de un sector hasta ahora enemigo de los hermanos Estrada Gonzáles: Raúl Martín Maylli Rivera, apodado Dumbo. Dumbo había estado primero con Marcos, luego con Pity y después se fue al barrio Mugica, en Villa Lugano, pero siempre esperaba el fin del reinado de los hermanos para volver. Como ellos resisten el paso del tiempo y aún a la distancia controlan la venta en la 1-11-14, los tres limaron asperezas para correr a la gente de Pantro, que ya había tenido diferencias con Marcos y que quería tener vuelo propio. 

Pantro está prófugo de la Justicia tras los tiroteos de narcos contra vecinos en mayo de este año en Lugano. Dos veces estuvieron por detenerlo pero pudo escapar. Minutos antes de que llegara la Policía se fue de una casa en Moreno y luego en un chalet de dos plantas en Martínez. Como es el único de los tres jefes que puede caminar por las calles, tiene esa carta para hacer valer. Además, Dumbo entregó para compartir su territorio en los barrios Piedrabuena, Bermejo e INTA, todos en Lugano, donde quedaron sus hombres. Allí, después de que la Policía detuviera a varios de sus cómplices, la estructura de Dumbo quedó debilitada y corría riesgo que alguien quisiera irrumpir ahí a disputarle el negocio. Dumbo sabe que en alianza con Pity y Marcos ya nadie tocará a quienes ahí quedaron. 

La tarde del 6 de octubre, en la manzana 24, dos hombres armados frenaron con un auto frente a la casa donde estaba Enrique Elezar Espinoza, alias Picnic. Este último era parte de la resistencia de Pantro en la villa. Uno de los que llegó en el vehículo, se bajó y disparó varias veces a Picnic, que murió una rato después en el hospital Piñero. Los proyectiles hirieron a dos jóvenes de 14 años, que todavía están internadas. Ese episodio se suma a otro tiroteo en la villa, que sucedió tres días antes, entre miembros de esos mismos grupos. Esa vez la Gendarmería detuvo a dos hombres que huían con dos pistolas calibre .40 y una 9mm. Varios testigos aseguran haber visto esos días de nuevo en la villa al sobrino de Marcos, John Paul Revilla Estrada, que fue deportado dos veces del país y que habría violado por segunda vez la prohibición de reingreso.

“Por el momento, el grupo nuevo, integrado por los tres grandes sectores, está ‘asegurando el lugar’, como se dice en la jerga. Están marcando el territorio y viendo hasta dónde están dispuestos a resistir los que estuvieron con el grupo de Pantro. No entendemos bien qué es lo que pasó entre Marcos y Pantro, pero da la sensación de que ya Marcos no lo apoya. Se sabe que Pantro le llevaba el negocio a él y a su hermano pero quizás no le rendía todo lo que ganaba”, infieren los investigadores. 

En noviembre de 2020, cuando Marcos fue condenado a 24 años de prisión por el Tribunal Oral Federal N° 3, tuvo que poner a alguien de mucha confianza para que fuera su representante en la villa. Como en el mismo juicio su esposa, su suegra y una treintena de integrantes de la banda también fueron sentenciados, eligió a Pantro para que continuara con la venta de cocaína, marihuana y paco en el barrio. Pantro cumplió con la tarea, de hecho en el operativo de su detención se encontraron los cuadernos en los que él registraba la recaudación de Marcos y Pity. Los dos habían acordado repartirse turnos y cada uno gobernaba durante 28 días hasta que se hacía el cambio de guardia. Antes de la pandemia, la recaudación de cada turno llegó a rondar el millón de dólares. 

Durante el 2020, con la villa cerrada por la pandemia, las recaudaciones habían caído. Al no haber tanto dinero para repartir la relación de los hermanos se tensó. Sus soldados en territorio también empezaron a tratarse con aspereza. Los hombres de Pity no recaudaban tanto como los de Marcos. Entonces Pity comenzó a plantear que les extendieran sus turnos. Pero eso no sucedió. Y luego de la condena a Marcos, el hermano en el exilio decidió ir por todo, hubo tiros y muertos, pero no pudo y tuvo que pactar. Entonces Pantro apareció como el garante de esa situación que duró hasta ahora. 

Las investigaciones por narcomenudeo tienen cierta complejidad por la competencia del delito. Detenciones de dealers o crímenes como los de diciembre y enero son tomados por la Justicia ordinaria de manera separada. Cuando la instrucción avanza y se determina que los delitos los cometió una organización grande como la de Marcos, esos juzgados suelen declararse incompetentes para que las causas vayan a Comodoro Py. Pero como el narcomenudeo no es delito federal luego regresan al lugar de origen. Solo cuando todos esos casos se enhebran, se agrupan y se relacionan, las causas generan interés en los tribunales de Retiro. Esto es lo que sucedió con la megacausa a cargo de Sergio Torres, que terminó con la condena de 2020 de Marcos y su banda. 

El enfrentamiento por el control de la droga en el Bajo Flores tuvo su capítulo más sangriento en 2005. Marcos y su ex aliado Ruti ya no eran más amigos y sus soldados se enfrentaban en las calles. En octubre de ese año cinco personas -entre ellas un bebé- fueron acribilladas en la procesión del Señor de los Milagros, el santo más venerado del Perú. Entre medio de danzas infantiles, humo de incienso y música popular, sicarios irrumpieron con fuego de metralla y pistolas. Después de esa masacre nada volvió a ser igual. La guerra estalló en los medios y no se la pudo tapar más.

AM

Lo secuestraron, lo torturaron, pagaron rescate y por el caso ahora piden el procesamiento del líder de Los Monos

A una pareja de dealers vinculados a Los Monos, en Arroyo Seco, les incautaron o robaron -esa parte no está del todo clara- varios kilos de cocaína que tenían para fraccionar y vender en los puestos de esa ciudad a 30 kilómetros de Rosario. Como debían responder por eso ante sus jefes, decidieron armar un plan para conseguir dinero en poco tiempo. Ellos le vendían drogas a un joven de 23 años, que varias veces había generado una deuda grande y que terminaba siempre pagando con dinero de su padre empresario. La solvencia de sus familiares se había puesto a prueba varias veces y ellos respondían. Por esa razón, decidieron secuestrar y pedir rescate por su cliente.

El 23 de julio por la noche, la víctima le escribió a la mujer de la pareja de dealers para decirle que necesitaba comprar marihuana. Ella le contestó que no había problema. Según el relato de los fiscales, pasaron unos minutos y la mujer le pasó una captura de pantalla con esa información a miembros de la banda que estaban esperando al joven. Cuando él frenó en la esquina y caminó hasta la puerta le cruzaron un Chevrolet Astra. Bajó un hombre vestido de policía y dio la voz de alto. Otro apareció por atrás y le dio un culatazo. A pesar del golpe, el joven quiso escapar y llegó a gritarle a un amigo que iba con él y que sí pudo huir. A él lo apuntaron con armas y lo subieron al auto. Lo metieron en el medio del asiento de atrás sujetado por otras dos personas. El Chevrolet aceleró y desapareció del barrio sin que nadie pudiera dar muchas precisiones de lo que había ocurrido. 

A las pocas horas, la madre del joven recibió un llamado desde el penal de Piñero. Todavía no habían notado la falta de su hijo, con lo cual oscilaban entre la sorpresa y la desconfianza. Pero le avisó a su marido que de ahí en adelante se encargó de la negociación. Primero le pidieron 100.000 dólares para no matarlo. El padre del dijo que era imposible conseguir ese dinero de un momento para otro. Y los captores se lo bajaron a la mitad. 

Durante  las dos horas que estuvo secuestrado, al joven lo llevaron a un búnker de Villa Gobernador Gálvez. Lo golpearon, y le fracturaron un dedo, la mano y el codo. Y con un cuchillo le tajearon la punta de una falange, por lo cual tuvieron que operarlo. Ese corte fue filmado y enviado a su padre para intimidarlo. En los relatos posteriores, la víctima explicó que recibió trompadas y golpes con objetos metálicos y un arma durante gran parte del tiempo que estuvo ahí.

Mientras él sufría esas torturas, desde otro teléfono un “soldado” acordó que la familia le entregara lo que había podido juntar hasta ese momento. Así dejaron en el Puente Cargill, también en Gálvez, 10.000 dólares, joyas y otros objetos de valor. Apenas unos minutos después de que la familia entregara el dinero, al joven lo dejaron sin ropa, a unas cuadras del puente. 

Lo que se puede ver a partir del análisis de los mensajes de la pareja es que los que recibieron la plata del rescate -y que también respondían a altos mandos de la banda- nunca les dieron la parte que habían acordado y que iba a servir para pagar las deudas. “Tuve que mandar a secuestrar un pibe para que me caguen todo”, le escribió el hombre de la pareja, que también estaba preso, a su novia.    

En base a las llamadas de los dos dealers, los investigadores pudieron reconstruir los vínculos con el secuestro de varias personas cercanas al líder de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero. La primera llamada se habría hecho desde el pabellón 7 de la cárcel de Piñero, donde estaban alojados en ese momento Axel Vilches, Leonardo "Pollo" Vinardi, Jonatan Lencinas y Nicolás Avalle, hombres de confianza de Cantero. Para los investigadores, Cantero tuvo que autorizar el secuestro.  

A partir de las pruebas encontradas, los fiscales pidieron el procesamiento con prisión preventiva de Cantero, de los cuatro presos mencionados y de cinco hombres y tres mujeres más, todos integrantes de la organización. Se les imputa los delitos de secuestro extorsivo agravado por haberse cobrado el rescate, por las lesiones graves infligidas y por el uso de armas. La presentación fue realizada en conjunto por los fiscales federales de Rosario Claudio Kishimoto y Franco Benetti, de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE) y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), que le pidieron al juez Carlos Vera Barros, que procese a todos los sospechados. 

En su requerimiento, también se les imputó a Cantero y a Vinardi haber organizado y financiado la distribución y comercialización de drogas, al menos desde el día del secuestro hasta el 2 de octubre de 2021, en las ciudades de Villa Gobernador Gálvez y Arroyo Seco. 

Para los fiscales el secuestro extorsivo que disparó esta investigación “no fue producto de un accionar aislado cometido por un grupo de personas que se organizó de improviso o en forma transitoria con el objeto de perpetrarlo, sino que fue cometido por una agrupación criminal dedicada, entre otras cosas, al comercio de estupefacientes”. Esto es importante para entender el perfil cada vez más violento que están tomando Los Monos. A diferencia de otras bandas narcos, no solo se dedica al narcomenudeo sino a delitos como el secuestro o la extorsión.

Mesa sobre narcocriminalidad desde las cárceles

Por delitos como éstos, que se organizan desde las unidades penitenciarias, una mesa de trabajo integrada por fiscales intervinientes en temas relacionados al narcotráfico e impulsada por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, alertó sobre el aumento de casos de bandas que siguen operando desde las cárceles. También un informe de la PROCUNAR señala que “las organizaciones se sirven de contactos del exterior y que instrumentan las acciones ordenadas por los líderes que se encuentran detenidos (condenados en casi todos los casos) y, pese a ello, continúan interviniendo en complejas maniobras de narcocriminalidad”.

A partir de ese informe, Casal entregó una lista de recomendaciones al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre cómo terminar con el poder narco detrás de las rejas. Entre varias medidas, sugiere separar a los presos de organizaciones narcos, prohibirles las comunicaciones con el exterior, instalar inhibidores de señales, mayores controles de las visitas, llevar a líderes nacos a cárceles de máxima seguridad y extremar controles sobre los presos y los agentes de servicio penitenciario.

AM

Es docente, trabaja en revincular estudiantes con la escuela y pide "likes" para que los chicos recuperen la confianza y vuelvan a estudiar

"Escuchame: es un segundo y es por una buena causa". Agustina Gonda es docente y sabe que el tiempo es, en general, tirano, y en las redes sociales, mucho más. Por eso advierte que será breve y que valdrá la pena. Y, en un reel que publicó en su cuenta de Instagram, explica: "Estoy trabajando en una escuela estatal, en un programa que busca revincular estudiantes que por diversos motivos, a raíz de la pandemia, quedaron desvinculados de la escuela. Unos porque tuvieron que salir a trabajar, otros porque no tenían los recursos, y otros porque fue un año muy complejo a nivel emocional".

Agustina tiene a su cargo revincular a 25 estudiantes de escuela secundaria. Su objetivo -y el de los chicos- es acreditar algunas materias para pasar de año o para terminar de cursar ese nivel. "Algunos no se tienen ni un poco de fe pero yo les tengo toda la fe. Así que los desafié y les pregunté: '¿Cuántos like de apoyo para que vuelvan a confiar en ustedes mismos?'. Me tiraron 20 mil, con cara de 'pobre la profe, no llega ni en pedo'. Pongan 'Me gusta', compartan, para que estos chicos puedan volver a confiar", dice en su reel.

Gonda enseña en una escuela de Beccar, en el partido de San Isidro: "La escuela tiene sobre todo alumnos de clase media-baja. La matrícula total es de 500 alumnos y hay que revincular a 250, la mitad". Es docente de Educación Artística y se sumó al programa Acompañar Trayectorias de Revinculación (ATR) de la Provincia, donde, durante la pandemia de Covid-19, las clases presenciales estuvieron suspendidas durante más de un año. "Hubo tres motivos principales por los que los chicos se desconectaron de la escuela: salieron a trabajar para apoyar a sus familiar, no tenían los recursos necesarios para la virtualidad o los atravesó emocionalmente. Estuvieron lejos de sus compañeros y cuentan que eso les costó muchísimo, así como convivir 24 horas con situaciones familiares muy complejas", explica Agustina a elDiarioAR.

Lo que ocurre en la escuela de Beccar se condice con datos de mayor escala. En Argentina, 1 de cada 2 adolescentes de entre 13 y 17 años que trabaja empezó a hacerlo durante el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO), según investigó la oficina local de la Organización Internacional del Trabajo y publicó este diario. A la vez, según estimaciones del Ministerio de Educación de la Nación, en junio de 2020 1,1 millones de alumnos de los niveles inicial, primario y secundario habían perdido su vínculo con la escuela. Hasta fines de mayo de este año, sólo un tercio -376.562 chicos- se había reconectado, a través del programa Acompañar de la cartera nacional. Este diario consultó sobre la cantidad actualizada de estudiantes revinculados pero no obtuvo respuesta.

"A cada uno de los docentes nos asignan 25 estudiantes. Yo estoy con chicos de tercer y sexto año, y en la escuela en la que enseño se necesitan 10 docentes que participen del programa pero por ahora sólo somos 5, así que hay chicos que no fueron reconectados todavía", explica Gonda. "Una de las tareas que hacemos es ir a buscarlos a sus casas para saber por qué no están yendo a la escuela. A la mayoría les falta acreditar materias de todas las áreas, o no asisten. La revinculación es física y también emocional", cuenta la docente.

"El desafío por Instagram se me ocurrió porque es un lenguaje que interpela a los chicos y ellos necesitan eso, que la escuela los interpele. Fue para entusiasmarlos. Los chicos reciben súper bien que los vayamos a buscar. No quieren perder el año ni desconectarse de sus compañeros, pero les cuesta desde lo emocional. Cuando les pregunto si creen que pueden acreditar las materias responden que no saben. Así que pensé en este desafío y fue una manera de decirles: 'Mientras tanto estudien, yo me voy encargando de los likes'", explica Agustina.

"Los chicos que no vuelven es porque están súper desanimados o porque tuvieron que salir a trabajar y ahora tienen que priorizar eso. Pero lo que más veo es que están muy desmotivados. Les cuesta creer que pueden, que van a poder con las materias y con asistir a la escuela", suma la docente. "La tarea es volver a entusiasmarlos y esta especie de challenge en Instagram apunta a eso", dice.

Su trabajo para reconectar a a 25 estudiantes empezó los primeros días de octubre, tras haber sido convocada para eso el mes anterior. Armó grupos de WhatsApp con los chicos, los llamó por esa vía para convencerlos de que fueran a la escuela, se puso de acuerdo con otras docentes para comprar galletitas y esperar a sus alumnos con un desayuno. "Necesitan sentir que alguien les está encima pero en el buen sentido. Un acompañamiento emocional, alguien que crea en ellos. No son chicos de una carencia económica extrema, pero sí chicos que en su casa vieron problemas económicos muy graves durante la pandemia y eso los afectó a nivel psicológico y emocional. Se pusieron a cuidar a sus hermanitos, a ayudar a sus papás en el negocio. Y ahora es difícil traerlos de vuelta", describe Gonda.

"Hay que hacer un trabajo enorme para recuperar estos dos años que lamentablemente son años perdidos, no sólo desde lo académico sino desde lo emocional y lo vincular. Los chicos tienen ganas de pasar de año. No es que repetir o no terminar la escuela no les representa un problema, pero no están animados en cuanto al esfuerzo que eso requiere", cuenta la docente. Los chicos que se desvincularon y que ahora participan del programa de revinculación tienen entre dos y cuatro horas a contraturno de su horario de cursada habitual.

"Llegamos y vemos quiénes están. Llamamos o mandamos mensajes a los que no están, y en casos extremos vamos a buscarlos". De los 25 estudiantes que le asignaron, Gonda tenía que recibir a 16 el sábado: fueron 7. El miércoles había citado a 6 chicos: fue uno solo.

JR

Regreso del turismo internacional: la gran apuesta por los países limítrofes y la expectativa de una recuperación lenta

La llegada de noviembre trae también la apertura de fronteras a turistas de todo el mundo. Los espera un país muy necesitado de divisas y dos sectores duramente golpeados como el hotelero y el gastronómico. Pero la pandemia no terminó, al menos no del todo, y el desafío consiste en atraer la mayor cantidad posible de viajeros, incluyendo aquellos a los que Argentina les queda inimaginablemente lejos dado el nuevo contexto sanitario.

“Esperamos recibir entre 150.000 y 200.000 turistas durante noviembre y diciembre”, dijo a elDiarioAR el ministro de Turismo, Matías Lammens. “Esto significaría una inyección de 50 millones de dólares para el país”. De cumplirse el vaticinio, representaría menos del 40% de los niveles normales de turismo receptivo previos a la irrupción de la pandemia.

En 2019, el 20% de los viajeros internacionales llegaron a estas pampas desde Europa, mientras que otro 12% vino de Estados Unidos y Canadá. Se trata de turismo internacional de altos ingresos, pero a entre 9 y 14 horas de avión, una distancia que, dados los riesgos sanitarios, parece infinita.

Teniendo en cuenta estos dos factores -la pandemia y las distancias-, el plan del gobierno de Alberto Fernández para el futuro inmediato es menos ambicioso, e incluye muchos destinos naturales y pocos viajes transcontinentales.

Lammens cree que el turismo internacional va camino a “resetearse” en la pospandemia y que el país debe prepararse para ofrecer “un plan muy agresivo de incentivos para atraer a los y las turistas de la región en lo que resta de este año” y durante 2022, con un foco muy fuerte en los destinos de naturaleza, “donde la Argentina tiene una oportunidad enorme”.

Pero Pablo Singerman, fundador y CEO del Estudio Singerman & Makón, cree que la llegada de viajeros no será inmediata. “Seguramente noviembre tampoco sea un mes de llegadas en ascenso exponencial, ya que las frecuencias aéreas están comenzando a reactivarse y en noviembre aún no llegarán a los niveles prepandemia”, dijo Singerman a este medio.

En este contexto, la apuesta por América Latina no es menor: el ministro recuerda que “los países limítrofes representan el 65% del turismo receptivo que históricamente llega a la Argentina”. El año anterior a la crisis sanitaria llegaron 1,2 millones de visitantes de Brasil y Chile, 4 de cada 10 visitantes internacionales.

Luego de unos 15 meses muy duros, Tierra del Fuego cerró una temporada de invierno récord, favorecida por las ganas de viajar tras el relajamiento de las restricciones y unas buenas condiciones de nieve respecto de otros centros de esquí.

El número de visitantes al Cerro Castor, el centro invernal más austral del mundo, creció un 56% con respecto a 2019, con la particularidad de que este invierno los esquiadores fueron casi todos argentinos.

Dante Querciali, presidente del Instituto Fueguino de Turismo (Infuetur), dijo a elDiarioAR que la expectativa es “positiva,” citando cifras provisorias de la nueva edición del programa PreViaje que colocan a Ushuaia como el segundo destino más elegido en el país.

En septiembre, la capital fueguina lanzó una campaña apuntando al público local que aún veía limitadas sus chances de vacacionar en el exterior. “Ushuaia - Destino Nacional de Nivel Internacional”, rezan los carteles que coparon diferentes barrios porteños y que comparan a la ciudad patagónica con Alaska o el Himalaya. Hasta antes de la pandemia, la provincia no estaba en el radar de muchos compatriotas. La crisis sanitaria obligó a salir a “trabajar” ese segmento.

“La recuperación internacional va a ser más lenta. Estimamos que primero será la de los países limítrofes, en especial el mercado brasileño”, matizó Querciali. En cuanto a las estrategias para atraer más turistas internacionales, el titular del Infuetur mencionó la necesaria mejora en infraestructura, ampliar la conectividad con la isla y aprovechar el elevado nivel de vacunación completa en la población para seguir vendiéndose como destino seguro.

“Ningún destino por sí solo sirve para convertirse en atractivo para mercados lejanos, y en nuestro país tenemos la fortaleza del destino Patagonia, como propuesta integral de servicios de calidad internacional y de naturaleza'', concluyó.

Esta semana, tras recibir la autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), llegó a Mendoza el primer vuelo con turistas provenientes de Sao Paulo, y el mes entrante también estarán habilitados los vuelos que unen la provincia con Santiago de Chile.

“Considerando la tasa promedio de ocupación de los vuelos internacionales, estimamos recibir cerca de 2.100 turistas mensuales de Chile y Brasil”, explicó a elDiarioAR Mariana Juri, ministra de Cultura y Turismo de la provincia. 

Hace tiempo que el gobierno provincial viene proponiendo potenciar el turismo de convenciones, que antes de la pandemia implicaba la llegada de 125.000 turistas por año.

Asumiendo una recuperación de conectividad y un mayor pedido de rutas, Mendoza estima para los próximos 12 meses recuperar unos 60.000 turistas por este segmento. Pero Juri se mueve con cautela y subraya que dichos eventos “demandan una programación o anticipación del orden de los 12 o 18 meses, lo que implica un tiempo de recupero de la actividad diferente al de otros segmentos del turismo internacional".

El próximo objetivo en la tierra del sol y el buen vino es tener luz verde para recibir vuelos desde Panamá, que funciona como articulador entre los vuelos que llegan desde América del Norte. 

Buenos Aires, un mercado con una importante oferta cultural y también fuerte en el turismo de congresos, fue uno de los destinos donde la actividad se recuperó menos. Un mes atrás, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta organizó junto a The Economist un encuentro titulado “Back to BA” en el que relanzó la ciudad como destino deseable apuntando a los mercados de América y Europa.

Según el Ente de Turismo porteño (ENTUR), el objetivo es “recuperar tres millones de turistas internacionales hacia 2023, con especial foco en el turismo de negocios” y los cerca de 100.000 estudiantes internacionales que todos los años llegaban a Buenos Aires.

Mientras tanto, la debilidad del peso abre nuevas oportunidades para el turismo local. Un informe reciente del Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) revela que la capacidad de compra de salarios brasileños y chilenos de bienes argentinos creció entre un 40% y un 106% respecto a cuatro años atrás. Se trata de buenos precios relativos para favorecer el turismo receptivo.

En este contexto, ninguna de las fuentes consultadas habla de un plan B o de contingencia en caso de una nueva crisis. Los cañones apuntan a Chile y Brasil y tanto el gobierno nacional como los entes turísticos locales le prenden una vela a la consolidación de las rutas aéreas y la continuidad de la buena situación sanitaria.

FP