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El oficialismo inclina la balanza en favor del veto de Milei al aumento para los jubilados

Diputados discute el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones en un clima de cierto optimismo en el oficialismo ante el resultado final. La oposición corre en desventaja para conseguir los dos tercios que necesita para voltear la medida presidencial tras el quiebre en la UCR. Pero aún hay dudas entre quiénes serán los legisladores sentados en sus bancas al momento de la votación, que se estima para las 15. El recinto se abrió al mediodía con el hemiciclo prácticamente completo, con apenas pocas ausencias.

La definición sobre la insistencia de la ley se conocerá en medio de la protesta que los gremios más combativos y organizaciones sociales y piqueteras llevan adelante frente al Congreso. En la oposición esperan que la presión callejera pueda dar vuelta un escenario complejo.

“Parece que tienen el número”, se lamentó en el recinto Juan Manuel López, de la Coalición Cívica. Junto con el resto de los radicales que no siguieron la sangría que encabezó Mariano Campero, más el espacio de Miguel Pichetto, Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Izquierda y fuerzas provinciales, los lilitos ratificarán su voto en favor del aumento de los jubilados, pero si están sentados los 257 diputados en sus bancas, el arco opositor necesita voluntades extras que no tiene. 

La oposición sí sumó el poroto de Lourdes Arrieta, que fue expulsada de La Libertad Avanza luego de denunciar a sus compañeros por la visita de represores a la cárcel de Ezeiza. De las primeras en tomar la palabra, al frente de su monobloque FE, la mendocina avisó que dará vuelta su voto, lo que vale doble para la oposición: en su momento había votado en contra de la ley que cambió la fórmula jubilatoria y ahora votará en contra del veto de Milei. “Tengo el honor de defender a los jubilados”, señaló. “Creíamos que el ajuste iba a ser para la casta y aquellos que se quedan con los negocios del Estado”.

Para juntar votos extras, el espacio de Pichetto logró que viaje a Buenos Aires el chubutense Jorge Ávila, que en la votación de la media sanción se ausentó. Pero hay incertidumbre sobre qué hará el entrerriano Francisco Morchio, que tampoco estuvo en junio. También hay dudas sobre qué harán los legisladores de Innovación Federal, que responden a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Río Negro, Alberto Weretilneck.

Aunque no tenga el número, en la oposición creen que la mejor estrategia política es apostar todo o nada al momento de la votación. Buscarán así exponer públicamente a los diputados que se den vuelta, además de los que ya avisaron que están a favor del veto: el oficialismo, el PRO y el MID de Oscar Zago, entre otros. Al jefe del espacio amarillo, Cristian Ritondo, se lo vio varias veces cruzando las bancas del hemiciclo para conversar con sus pares del radicalismo, pero también con el espacio de Pichetto y de Elisa Carrió.

Si el Gobierno consigue ratificar el veto, habrá echado por la borda la ley que planteó una nueva fórmula jubilatoria que proponía una recomposición del 8,1% en los haberes y un aumento anual a partir de la diferencia entre el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el bolsillo significaban unos $15.000 extra para los haberes. La ley además garantizaba un haber mínimo y la discutida medida de que se cancelen las deudas que mantiene la Anses con las cajas previsionales no transferidas (en total 13). 

Noticia en desarrollo

MC/DTC

Columnas llegan al Congreso para manifestarse en contra del veto de Milei al aumento a las jubilaciones

En medio de un fuerte operativo de seguridad, sindicatos y movimientos sociales movilizan este miércoles frente al Congreso para reclamar en contra del veto de Javier Milei a la nueva ley previsional. Las columnas llegaron minutos antes de las 11 a las inmediaciones del palacio legislativos, mientras dentro de la Cámara de Diputados los bloques opositores buscan desafiar la decisión oficial y votar nuevamente a favor del proyecto que intenta recomponer en un 8% las jubilaciones que fueron pulverizadas por la inflación.

“Con los jubilados, no”, reza una pancarta sostenida, letra por letra, por un grupo de manifestantes que están sobre la Plaza de los dos Congresos. Todavía el tránsito circula con normalidad sobre la avenida Callao, pese a que en la esquina de Rivadavia un vallado impide el paso de todo aquel que intente acercarse a la puerta de lateral del edificio.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desplegó sobre la avenida Entre Ríos una columna de gendarmes acompañada de un camión hidrante. Este martes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado un “operativo de seguridad especial”. Durante su conferencia de prensa matutina apuntó que “se va a cumplir a rajatabla con el protocolo vigente” y anticipó que el Gobierno “supone” que se están “planificando actos de violencia”.

“Yo vengo acá a defender nuestro derecho a cobrar nuestra jubilación, porque lo que nos están pagando es aberrante”, le dice Carlos a elDiarioAR, un jubilado que, como tanto otros, marcha cada miércoles a las puertas del Congreso. “Yo lo único que le voy a decir a la Bullrich que si quiere la sangre mía se la tiro ya acá en la plaza, pero que los jubilados cuando se vayan a dormir a la noche tengan para comer”, sostuvo, conmovido, al asegurar que la semana pasada ya sufrió las consecuencias de la represión que terminó con varios adultos mayores afectados por los gases que arrojaron las fuerzas de seguridad. 

El Polo Obrero, organizaciones de izquierda, las CTA y demás movimientos sociales convocaron a concentrarse desde las 13 en las afueras del Congreso. Pablo Moyano, cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), también será parte de la convocatoria en la marcha. En su cuenta de X, la central obrera expresó su “total apoyo al reclamo de las y los compañeros trabajadores jubilados, por una mejora en sus ingresos, en resguardo de su acceso a la salud y en decidido rechazo al veto presidencial contra el aumento de sus haberes”.

Otra bandera que se ve en la plaza es la de ATE, que anunció un paro de 24 horas para este miércoles. “Los diputados que voten en favor del veto estarán condenado a los jubilados a pasar hambre, enfermarse y morir. Los estatales nos vamos a movilizar de manera masiva y rechazamos cualquier posibilidad de que se aplique el protocolo anticonstitucional de Bullrich”, había dicho el secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar.

PL/MG

Marcha al Congreso: la CGT se divide en un clima enrarecido por las críticas de Cristina al sindicalismo

La movilización de este miércoles para exigir que el Congreso rechace el veto de Javier Milei a la movilidad jubilatoria encontrará a una CGT dividida, con “libertad de acción” para sus gremios, en un clima de creciente malestar a raíz de los fuertes cuestionamientos de Cristina Kirchner al sindicalismo a través de su última carta pública.

La cúpula de la central obrera se mostrará fracturada: el sector más combativo decidió plegarse a la marcha convocada inicialmente para las 13 por las dos vertientes de la CTA —que encabezan Hugo Godoy y Hugo Yasky—, los movimientos sociales y la izquierda, en un desafío al protocolo antipiquetes con el que amenaza el Gobierno. Pablo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (Bancarios) y Abel Furlán (Metalúrgicos) serán las caras visibles de la CGT en las inmediaciones del Congreso.

Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT e integrante del sector de los autodenominados “independientes”, explicó la postura oficial: “Desde la CGT hemos repudiado el veto. De cualquier manera, hay libertad de acción para quienes quieran acompañar este tipo de manifestación, pero no es un tipo específico que la institución CGT decida hacer”, dijo el último fin de semana en AM 750.

La tensión entre las distintas facciones es indisimulable. “Repudiamos la represión que vimos en los últimos dos miércoles y a los diputados que quieren darse vuelta y apoyar el veto”, se diferenció Pablo Moyano y afirmó: “Ojalá sea una marcha masiva y ojalá los diputados se enteren de que hace 20 días votaron la reforma de $13.000, es vergonzoso decirlo. Se armó toda esta pelea por $13.000 para los jubilados y estos delincuentes aprobaron un presupuesto de $100.000 millones para inteligencia”. 

En diálogo con elDiarioAR, un representante de la CGT que estará presente en la marcha afirmó: “Creemos que es necesario acompañar todas las demandas de la sociedad en la calle, y hoy la demanda más fuerte es la de los jubilados. El ala ‘dialoguista’ insiste con bajar el perfil de confrontación con el Gobierno”. En ese sentido, cuestionó la estrategia: “¿Y qué consiguieron hasta ahora? Su resultado es cero. Ser dialoguista hasta ahora no tuvo ninguna eficacia; sostienen esa posición por un tema de confort. Milei no les dio nada, todo lo que pudo modificarse se lo hizo a través del Congreso”. 

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, uno de los primeros en cuestionar el veto de Milei tildándolo de “mentiroso, cruel e insensible”, decidió sumarse a marchar con los movimientos sociales como la UTEP, los sectores agrupados en el Frente Sindical, la Corriente Federal, las dos CTA, organizaciones de izquierda y organismos de derechos humanos. La columna bonaerense se reunirá a las 11, encabezada por el mandatario provincial, sus funcionarios y un grupo de intendentes bonaerenses. 

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de 24 horas con movilización al Congreso. El sector se encuentra en estado de alerta por el intento de congelar los salarios en la administración pública y los despidos que anunció Milei en diferentes áreas. Durante la última paritaria, ATE rechazó el 2% de septiembre y 1% de octubre ofertado por el Gobierno. 

La tensión por la carta de Cristina 

En el último documento que publicó contra Milei, Cristina también realizó una crítica profunda hacia el peronismo al afirmar que “se torció” y “se desordenó” por varios motivos, entre ellos no haber advertido la modificación de las relaciones laborales. Según la expresidenta, de la minoría que representan hoy los trabajadores registrados en la actividad privada, sólo el 40% de ellos está sindicalizado.  

“La consecuencia objetiva es que las representaciones sindicales características del siglo XX y fundantes del peronismo ya no son la expresión mayoritaria de los trabajadores”, lanzó en la carta, en una frase que se interpretó como un cuestionamiento hacia el rol de la actual conducción sindical. 

Al ser consultado por este tema, Pablo Moyano reaccionó visiblemente molesto, pidiéndole a Cristina “que dé nombres”. “La leí muy por encima. Esa crítica se tiene que dar en un debate interno y no hacerla público. Volvemos a las peleas anteriores que llevaron a este cachivache a presidente (por Milei)”, analizó el líder camionero en Radio 10. 

Andrés Rodríguez fue más duro y opinó que Cristina debe “revisar mejor los números” a los que hizo referencia. “En la población económicamente activa hoy el trabajo formalizado está reducido a la mitad. Esto no es producto de que el movimiento obrero haya querido informalidad, es producto de la falta de políticas de los gobiernos de hace bastante tiempo”, dijo y contraatacó: “Durante los gobiernos que presidió la señora Cristina Kirchner tampoco se hizo una política de empleo formal firme porque siguió existiendo el subsidio a la gente que estaba en la informalidad, agravado después en el gobierno de Macri y mucho más en el de Alberto Fernández”.

Las críticas de Cristina tampoco fueron bien recibidas por los dirigentes gremiales más cercanos al kirchnerismo. Un sindicalista de la CTA, de buen vínculo con el Instituto Patria, opinó en diálogo con elDiarioAR: “Son afirmaciones del sector político que no coinciden con los embates que estamos recibiendo permanentemente. La tesis de Cristina es que el sindicalismo está disminuido en su capacidad de acción, pero hay 28 proyectos presentados en comisión para impedir la reelección en sindicatos, eliminar cuota sindical, prohibir que alguien procesado -con un proceso judicial en curso- pueda tener un cargo, un protocolo creación de fuerza especial en centros sindicales, y la lista sigue”.

En ese sentido, resumió: “Desde el lado del Gobierno ven al sindicalismo como una amenaza latente. Nadie pierde tiempo en patear a un perro muerto… si efectivamente el sindicalismo estuviera reducido a la nada, como se desprende de lo que plantea Cristina, el Gobierno no perdería tiempo en generar protocolos y toda una andanada de iniciativas con las que busca desactivar el poder de fuego de los gremios”. 

“No sirve que presente eso ahora. Interpreto que Cristina lo plantea porque es una mirada que pretende tender cierta transversalidad a sectores de clase media que miran con mucho prejuicio al sindicalismo, pero no es oportuno”, cerró. El tema signó la antesala de la protesta y promete continuar en las próximas semanas, cuando la cúpula de la CGT y el resto de los dirigentes sindicales sientan, una vez más, la presión de sus bases para salir a la calle a protestar contra las medidas del Gobierno.

LA/JJD

El Gobierno avanza en la desregulación del transporte de larga distancia: cambios en tarifas, rutas y seguridad

El Gobierno se prepara para desregular fuertemente el transporte de larga distancia. Lo confirmó este martes desde el propio Ministerio de Desregulación y Transformación de la Nación, donde se trabaja en un borrador de decreto sobre el tema.

Como parte de la desregulación comercial dispuesta por decreto a fin de año, el ministro Federico Sturzenegger elabora un decreto para el transporte de larga distancia que tendría amplio alcance. Cualquier persona con un vehículo de más de ocho butacas podría obtener una habilitación para operar el servicio, según consta en el borrador, que difundió el diario Ámbito. A su vez, cambiarían los límites máximos de velocidad, que para los ómnibus son inferiores a los de vehículos livianos.

Es que con el decreto directamente se buscaría eliminar el concepto de transporte de larga distancia como servicio público. Esto dejaría un tendal de consecuencias para empresarios y especialmente para pasajeros, tanto a nivel tarifario como en rutas disponibles e incluso en seguridad vial.

Por un lado, se habilitaría una práctica que había sido casi desterrada décadas atrás: que los vehículos inicien el viaje y levanten pasajeros en cualquier parte. Por el otro, se eliminaría la velocidad máxima para ómnibus, que está fijada en 90 kilómetros por hora en zona rural y 100 en autopistas según la Ley Nacional de Tránsito. 

Ni siquiera los empresarios están de acuerdo con este cambio de velocidades máximas, no sólo por el gasto en combustible que implica sino sobre todo por la multiplicación de riesgos. En la Argentina mueren 12 personas por día en siniestros viales, según cifras de la Dirección de Estadística Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Según la misma área, la conducción de vehículos a velocidades excesivas tiene “una influencia directa en la gravedad de las lesiones y probabilidad de muerte de las personas involucradas en ellos”. 

En relación con las tarifas, se borrarían tanto los topes mínimos como los máximos. Mientras que los primeros apuntaron siempre a evitar el abuso de posición dominante entre empresas, los máximos son los que han garantizado que una persona con una urgencia médica, laboral o personal pueda viajar el mismo día sin tener que gastar cientos de miles de pesos en un servicio de larga distancia o un vuelo.

Se suprimiría también la obligación de mantener las rutas menos rentables. Hoy el transporte de larga distancia opera en más de 1.600 destinos, casi 30 veces lo que conecta el transporte aéreo nacional, que llega a 55 ciudades. De reglamentarse el decreto tal como fue difundido en su versión borrador, esa cantidad de destinos podría reducirse considerablemente. 

Por ejemplo, el denominado servicio “lechero” que se detiene en cada pueblo no representa un buen negocio para la empresa, pero esta debe brindarlo igual porque hay gente que lo necesita y porque el transporte cumple un rol social. Lo mismo ocurre con las rutas fuera de temporada, o a localidades con menor demanda. ¿Qué pasará con ellas? ¿Cómo se conectarán los poblados más chicos? ¿Qué precio deberá pagar quien sí o sí deba viajar, por trabajo, urgencia de salud o cuidado de un familiar?

Incluso hay consecuencias particulares cuya resolución no queda clara. ¿Qué ocurre si el vehículo se rompe en la ruta y hay que reemplazarlo por otra unidad? ¿Y qué harían los pasajeros si quien opera el servicio no tiene otro micro de reserva, ya que no está obligado a contar con él? Tampoco se sabe qué ocurriría con las personas con discapacidad si el transporte de larga distancia deja de ser un servicio público. 

Pero lo que queda menos claro de todo es cuál es el objetivo de tamaña desregulación, ya que el servicio de transporte de larga distancia no está subsidiado, por lo que su operación no genera costos para el Estado. 

Todo se enmarca en una caída de la actividad del 30% con respecto a 2019, con la inflación y la recesión como los principales culpables, según distintas cámaras empresariales. Esto llevó a las empresas a ajustar su oferta. De hecho, de acuerdo con las mismas fuentes, un 25% de sus empleados están suspendidos por “falta o disminución de trabajo” vía artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

La reacción de los empresarios

En la Secretaría de Transporte reina el silencio. También en intendencias y gobernaciones. Fuentes del sector sostienen que hay miedo a oponerse a esta nueva regulación tanto entre funcionarios como entre cuadros técnicos. Y asociaciones civiles que luchan contra la inseguridad vial como ACTIVVAS y Madres del Dolor aún no pudieron acceder al borrador, aunque lo solicitaron.

Las empresas de larga distancia aún están definiendo qué comunicarán oficialmente. Mientras tanto, adelantan su posición en diálogo con elDiarioAR. Una de las organizaciones que las agrupan es la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), cuyos miembros pidieron audiencia con Sturzenegger, por ahora sin éxito. 

Para Marcelo Gonzalvez, gerente de la asociación, “la apertura tiene que ser gradual, para que los nuevos ingresantes empiecen a probar servicios en baja escala, vayan creciendo en el sistema y puedan demostrar que prestan bien los servicios”. 

Esa asociación presentó en diciembre tres propuestas de cambio de normativa, una de ellas para permitir que los operadores existentes pudieran ofrecer un nuevo servicio de tráfico libre en cualquier ruta, en el marco de una apertura gradual. 

“Pensábamos que la desburocratización iba a apuntar a achicar el peso del Estado en los controles que habían ido creciendo de forma innecesaria. No sabemos cómo va a terminar el proyecto, pero la versión en off que tenemos es de una velocidad de cambio muy abrupta –advierte Gonzalvez–. A veces se produce un efecto que se llama overshooting, una sobreoferta que termina afectando el mercado”.

Desde otras cámaras destacan que, si cualquier persona puede ofrecer servicios de transporte, aumentaría la competencia en algunas rutas rentables, pero quedarían desatendidas otras no tan lucrativas. Y muestran preocupación por los efectos del posible decreto en la seguridad vial, así como por la posibilidad de competencia desleal.

La ley actual

Hasta el momento, la actividad está regulada por el decreto 958/92, modificado y complementado, entre otros, por el 808/95 y el DNU 2407/02. El reglamento establecía un sistema de transporte federal dual, en el que convivían dos sistemas: uno regulado y compuesto por servicios de transporte público, y otro con menos regulaciones conformado por servicios de tráfico libre y ejecutivos (a demanda). 

Ambos sistemas convivieron poco tiempo, ya que la competencia entre ellos generó fuertes desequilibrios. Los servicios de tráfico libre podían operar en las mismas trazas que los públicos. Por eso, en 1998 se suspendió el otorgamiento de nuevos permisos de tráficos libres y ejecutivos, a fin de no sumar competencia que fuera en desmedro de los públicos. Fue con la Resolución 307 de la Secretaría de Transporte, que fue prorrogándose hasta ahora.

Entre las tantas diferencias entre la regulación de 1992 y la propuesta actual, la principal es que la primera permitió la entrada de nuevos actores sin eliminar el servicio público, mientras que con el decreto en elaboración el sistema público desaparecería y todo el transporte de larga distancia operaría como tráfico libre.

KN/JJD

SUBE digital: desde hoy se podrá pagar el colectivo con celular

A partir de este miércoles hay una nueva forma de pagar el colectivo ya que entró en funcionamiento la SUBE digital para aquellos que cuenten con Android o tecnología NFC en sus celulares; no está disponible para Apple.

El sistema, se irá implementando gradualmente y estará disponible en 61 localidades donde se utiliza la SUBE.

Además, la nueva solución tecnológica de SUBE permitirá a quienes cuenten con Tarifa Social Federal o beneficios locales elegir que los descuentos se apliquen en su tarjeta digital o se mantengan en la tarjeta física. Si bien se podrá tener ambas registradas, sólo una tendrá aplicados los beneficios.

Cómo acceder a la SUBE digital

Para acceder a la SUBE digital hay que:

Cómo se paga el colectivo con SUBE digital

Los usuarios podrán cargar hasta 40 mil pesos de saldo en su SUBE digital. El nuevo sistema, permite cargar saldo deseado con una tarjeta de débito desde la app SUBE o bien desde una billetera electrónica. Por el momento funciona para pagar el colectivo y esperan en un futuro poder extender su uso a trenes, subtes y lanchas.

Para pagar con la SUBE digital, se debe Indicar el destino al chofer y abonar el pasaje apoyando el celular con la pantalla encendida en la validadora del colectivo. No hace falta ingresar a la app para abonarlo, simplemente que el celular esté prendido. Tampoco es necesario tener datos o WIFI. Sólo es importante haberse conectado al celular las últimas 12 horas.

Otro dato importante, es que la SUBE digital no permite viajar con el saldo en negativo.

Cómo comprar carga

La SUBE Digital permite vincular billeteras virtuales y tarjetas de débito y crédito para ingresar dinero en la tarjeta. Se puede hacer en pocos pasos y sin la necesidad de acreditar la carga. Lo primero que ve el usuario al entrar a la app son sus tarjetas, con el número de identificación y la cantidad de saldo disponible.

Según confirmaron fuentes oficiales, la tecnología de la app está preparada para que en un futuro se pueda pagar el boleto directamente con esas billeteras virtuales o tarjetas bancarias.

Además, desde ahora se puede cargar hasta $40.000 de una sola vez.

Otro beneficio de la app es que exhibe el historial de viajes que hizo el usuario y cuánto pagó cada boleto, una opción que permite llevar más fácilmente un registro de los gastos en el transporte público.

Algunas limitaciones

En esta primera etapa, el pago digital tendrá algunas contras en comparación con el método de pago clásico. Por ejemplo, no está disponible el descuento de la Red SUBE, beneficio que mantienen solo algunas líneas tras los cambios que decretó la secretaría de Transporte en agosto.

Además se podrá usar nada más en colectivos. Los molinetes de subtes y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no tienen integrada la tecnología NFC.

Desde Nación Servicios explicaron que ya están trabajando para que estas dos limitaciones se resuelvan en la segunda etapa del proyecto. Más adelante también prevén incluir en el sistema virtual a las lanchas del Delta del Paraná, que de momento se seguirán pagando con la tarjeta física.

Lo mismo sucede con la accesibilidad al nuevo método para quienes tengan celulares de Apple. Desde SUBE aguardan a que la empresa estadounidense libere el sistema NFC para terceros, algo que hasta ahora no permiten por razones de seguridad.

NB