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El desembolso inicial representa el 60% del nuevo programa y ofrece alivio inmediato, pero a la vez el organismo le exige al Gobierno cumplir con reformas previsional, laboral y fiscal.
En medio de la visita oficial del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desembolsó en la Argentina US$12.151 millones, equivalente al 60% del nuevo programa financiero acordado entre el organismo y el gobierno de Javier Milei. La inyección de divisas representa una bocanada de oxígeno para las reservas del Banco Central, pero al mismo tiempo marca el inicio de un compromiso de alto voltaje técnico y político, que obliga a avanzar en reformas estructurales y cumplir metas fiscales bajo monitoreo semestral.
El entendimiento, de cuatro años de duración, prevé un esquema de transferencias escalonado: los próximos giros llegarán en junio y noviembre de 2025, por montos de US$2.028 millones y US$1.012 millones respectivamente, siempre supeditados al cumplimiento de los objetivos pautados. A partir de 2026, se establecen desembolsos de US$723 millones cada seis meses hasta 2029. En total, el plan contempla fondos por US$20.887 millones, de los cuales tres cuartas partes se concentrarán en los primeros doce meses.
Entre los compromisos asumidos por el Gobierno se destaca la decisión de revisar y simplificar el actual sistema jubilatorio antes de diciembre de 2026. El objetivo declarado es mejorar su sostenibilidad en el tiempo, en un contexto de creciente presión fiscal.
En paralelo, el acuerdo estipula mantener la cobertura de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar en niveles que aseguren el acceso a la canasta básica alimentaria. El Ejecutivo deberá sostener este piso de asistencia durante todo el ciclo del programa.
También se incluyó como meta la integración de bases de datos sociales para consolidar un registro único de beneficiarios, con plazo a diciembre de 2025. Esto se traducirá en la implementación del Sistema de Indicadores Sociales (SIS), una herramienta que permitirá reorientar los subsidios hacia los sectores más vulnerables con mayor precisión.
En el frente laboral, el Fondo pidió avanzar con una flexibilización de las relaciones contractuales entre trabajadores y empleadores, orientada a facilitar la negociación de condiciones laborales. A su vez, se promoverán cambios impositivos que ayuden a reducir la brecha entre el trabajo informal y el formal, con el objetivo de ampliar la base contributiva y mejorar la equidad del sistema tributario.
Otro de los ejes del acuerdo es el esquema de subsidios energéticos. El organismo internacional pidió eliminar la segmentación actual según nivel de ingresos y avanzar hacia un subsidio único destinado exclusivamente a hogares de bajos recursos. El documento no establece una fecha precisa para aplicar este cambio, lo que deja margen a decisiones políticas futuras.
El nuevo programa prevé nueve revisiones técnicas por parte del Fondo, que comenzarán en junio de este año y se repetirán cada seis meses. Para pasar cada evaluación, el país deberá cumplir con metas cuantificables:
Además, desde junio de 2025 hasta marzo de 2026, el Banco Central no podrá financiar al Tesoro, lo que implica una política monetaria más restrictiva y un mayor desafío en términos de recaudación y control del gasto.
El calendario de repago del préstamo prevé un período de gracia de 17 meses. Recién en septiembre de 2026 comenzarán los desembolsos hacia el FMI, que se extenderán durante más de una década. Entre 2026 y 2034, la Argentina deberá cancelar US$43.442 millones, con montos crecientes año a año. Los pagos se superpondrán con los compromisos adquiridos en el acuerdo anterior, lo que incrementará la carga financiera entre 2029 y 2035.
La secuencia de pagos será la siguiente: US$833 millones en 2026; US$3.250 millones en 2027; US$4.842 millones en 2028; US$6.074 millones en 2029; US$7.137 millones en 2030; US$7.319 millones en 2031; US$6.667 millones en 2032; US$4.432 millones en 2033 y US$2.886 millones en 2034.
Con la llegada del primer desembolso, el Gobierno gana tiempo y divisas, pero también queda condicionado a una hoja de ruta exigente, que lo obliga a cumplir metas económicas y emprender reformas profundas. Lo que se juega en estos meses no es solo el futuro del acuerdo, sino el margen de maniobra política para sostenerlo sin desbordes sociales ni rupturas internas.
Además, los secretarios generales cegetistas invitaron para ese día a los gobernadores del peronismo para llevar adelante una reunión con el Consejo Directivo de la central obrera.
La CGT convocó hoy a una movilización para el próximo 30 de abril por el Día del Trabajador, que partirá desde la Avenida 9 de Julio hasta el Monumento al Trabajo en el Bajo porteño.
Además, los secretarios generales cegetistas invitaron para ese mismo día a los gobernadores del peronismo para incorporarlos a una reunión con el Consejo Directivo de la central obrera en la sede de la calle Azopardo.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los mandatarios provinciales estarían encabezados por el bonaerense Axel Kicillof.
La protesta tendrá lugar después del tercer paro general que la central obrera llevó a cabo durante el gobierno de Javier Milei, aunque esa última huelga de la semana pasada tuvo acatamiento dispar a raíz del funcionamiento del servicio de colectivos.
La movilización del 30 de abril comenzará a las 14 con una concentración en la intersección de las avenidas Independencia y 9 de Julio y culminará en el Monumento al Trabajo en Avenida Paseo Colón.
Tras el reciente paro del 10 de abril, la tensión entre la CGT y el Gobierno recrudeció y se rompió una tregua de casi un año sin medidas de fuerza; las dos primeras huelgas habían sido casi al inicio de la gestión libertaria.
Durante el último paro general, el cosecretario general de la central Héctor Daer criticó la campaña publicitaria montada por el Gobierno contra el paro y dijo que se trató un “mecanismo muy complicado que fue utilizado cuando se perdió la democracia”.
La medida de fuerza se llevó adelante por “paritarias libres, homologación de todos los Convenios Colectivos de Trabajo, aumento de emergencia para todas las jubilaciones ypensiones, actualización del bono y poner fin a la represiónsalvaje de la protesta social”.
Con esta nueva marcha, la CGT mantendrá activo el conflicto con la gestión Milei en medio de la trama interna de la central, que tendrá que afrontar en noviembre una renovación de autoridades tras la división entre sus diferentes sectores.
Con información de la agencia NA
La canasta de crianza de la primera infancia reveló que criar a un bebé costó $409.000 en marzo de 2025, según el Indec. Incluye costos de bienes y cuidado.
La canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), arrojó que criar a un bebé costó $409.000 en marzo del 2025.
El estudio presenta la valorización de la canasta de crianza desde los 0 hasta los 12 años.
Incluye tanto el costo mensual para adquirir los bienes como el costo de cuidado que surge a partir de la valorización del tiempo requerido para dicha actividad.
En lo que respecta a la crianza de un menor de un año, el costo total fue de $409.414 en marzo de este año, representando una suba del 1,18% mensual. Ese valor se compone por $124.626 en concepto de bienes y servicios; y $284.788 por los gastos de cuidado.
En niños de 1 a 3 años, el costo aumentó: pasó a ser un total de $486.393 por cada hijo de esa edad, un aumento de 1,28% mensual. Ese número estuvo compuesto por $160.921 de bienes y servicios; y $325.473 de gastos de cuidado.
En la crianza de niños de 4 a 5 años el costo bajó. De acuerdo a los datos publicados por el organismo, los niños de esa edad demandaron $204.952 mensuales por bienes y servicios, más $203.420 por cuidados, lo que sumó un total de $408.372, un aumento de 1,96% con respecto al mes anterior.
En tanto, los niños más grandes, que van del rango de 6 a 12 años, aumentaron y demandaron un gasto mensual de $513.720, un aumento de 1,94% mensual. Ese número estuvo compuesto de $254.244 de gastos de bienes y servicios; y $259.476 de gastos de cuidados.
Con información de la agencia NA
La cifra incluye un básico de $1.705.538,86 y una suma adicional de $77.031,52 correspondiente a la Participación en las Ganancias (ROE). El aumento representa una suba del 8,6% respecto a diciembre de 2024.
La Asociación Bancaria acordó un salario inicial de los trabajadores del sector de $1.782.570,38 a partir de marzo, tras alcanzar un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias.
La cifra incluye un básico de $1.705.538,86 y una suma adicional de $77.031,52 correspondiente a la Participación en las Ganancias (ROE). El aumento representa una suba del 8,6% respecto a diciembre de 2024.
Este nuevo incremento salarial regirá para los meses de marzo, abril y mayo, e impactará en todos los conceptos remunerativos y no remunerativos.
Además, el acuerdo establece que el retroactivo correspondiente se abonará junto con los sueldos de abril. El gremio liderado por Sergio Palazzo informó que se retomarán las negociaciones en la segunda quincena de junio, en función de la evolución de los precios y la actividad económica.
Como es habitual, la Asociación Bancaria confirmó también el pago del bono por el Día del Bancario, que se celebrará el próximo 6 de noviembre. Este año, el monto mínimo del bono será de $1.520.428,90, aunque estará sujeto a correcciones por futuras actualizaciones salariales.
El sindicato celebró el acuerdo alcanzado como una muestra de que “una vez más garantiza que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.
En un contexto de inflación elevada —marzo registró un 3,7%, la cifra más alta en siete meses—, el sector bancario se posiciona entre los pocos que podrían ganarle a la inflación durante 2025.
La Bancaria adhirió al paro general convocado por la CGT la semana pasada, en rechazo a las políticas del Gobierno nacional.
“La situación laboral se ha deteriorado gravemente”, advirtió el gremio, citando más de 200 mil empleos perdidos, 12 mil empresas cerradas y una caída del 30% en el salario mínimo. También se pronunció “en contra de la privatización del Banco Nación” y exigió “paritarias libres y sin techo”.
Con información de la agencia NA
La resolución judicial deja al expresidente a un paso del juicio oral por la denuncia que presentó su expareja. Lo embargaron por $10.000.000.
La Cámara Federal porteña ratificó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra la exprimera dama Fabiola Yañez. Con dicha resolución el exmandatario quedó al borde de ser enfrentar un juicio oral en su contra.
La decisión fue de la sala II del Tribunal de Apelaciones, con los votos de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah y disidencia de Roberto Boico, según consignó la agencia Noticias Argentinas.
Fernández quedó con procesamiento confirmado por “lesiones leves y lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por amenazas coactivas”.
También se confirmó un embargo de $10.000.000 sobre los bienes del ex mandatario y se desestimaron los planteos de nulidad promovidos por su defensa.
“Es probable que los delitos se hayan cometido del modo en que fueron descriptos por las partes acusadoras”, afirmó el juez Martín Irurzun en la resolución, de 82 carillas.
Los hechos “sucedieron en un ámbito muy especial (la Quinta Presidencial de Olivos), fuertemente custodiado por funcionarios federales bajo el mando de Fernández”, advirtió Irurzun.
“Se ha establecido que, forzada por la naturaleza de su relación, la víctima tuvo que practicar una suerte de reclusión en un espacio para huéspedes de la residencia. También, que tenía un alto grado de aislamiento -fue auxiliada por familiares directas que declararon en la causa-. Valorar en su justa dimensión este contexto es fundamental”, concluyó al confirmar el procesamiento.
Yañez “era alguien que notoriamente estaba en una situación de desigualdad de poder, al interior y exterior de la pareja, con relación a su victimario”, agrega la sentencia.
En un contexto así, “por imperio del sentido común más básico, es razonable presumir que, en ese momento, no guió a sus acciones otra finalidad que pedir algún modo de auxilio sobre una situación que, efectivamente, había pasado, estaba pasando y, evidentemente, seguiría pasando”, advirtió el juez.
La Cámara confirmó lo que había resuelto el juez federal Julián Ercolini con intervención de la fiscalía de Ramiro González. En disidencia, el camarista Boico votó en minoría por dictar la falta de mérito y pedir una profundización de la pesquisa.
MC