Código Postal 4701

La jefa del bloque LLA estuvo en la reunión de Labor Parlamentario encabezada por la vice. La agenda oficial prevé que este miércoles se conforme la comisión de Trabajo y Previsión, donde será discutido el proyecto de flexibilización del Gobierno. Quieren votar el viernes 26.
Victoria Villarruel y Patricia Bullrich volvieron a verse las caras este martes en una reunión de Labor Parlamentario en el que la vice buscó ordenar la agenda del Senado para las sesiones extraordinarias. La flamante jefa del bloque libertario pidió acelerar el trámite para la conformación de una comisión clave donde será discutida la reforma laboral del Gobierno. También buscan poner en marcha la comisión que avanzará con la nueva Ley de Glaciares.
El acuerdo fue que las comisiones se conformarían desde este miércoles a las 9, según supo elDiarioAR de fuentes parlamentaras. La que más le importa a Bullrich es la comisión de Trabajo y Previsión Social, que presidirá ella misma, y que será la que gestione el debate por la reforma laboral.
Conformada la comisión, Bullrich quiere darle un trámite exprés al asunto. A las 11 mañana ya habrá plenario de Trabajo con Presupuesto y Hacienda, ya para avanzar en el tratamiento del proyecto de reforma laboral.
La senadora planea dictaminar la iniciativa el próximo jueves y llevarlo al recinto el lunes próximo o el viernes 26, para darle la media sanción de la ley a los Milei como regalo de Navidad. El escollo es que la CGT marchará este mismo jueves en Plaza de Mayo y el peronismo buscará convocar a expertos al debate.
“Mañana empezará la constitución de las comisiones y los plenarios”, confirmó una voz autoridazada del Senado este mediodía, tras al cumbre en el despacho de Villarruel. Es la noticia que esperaba Bullrich, la encargada del Gobierno de liberar el camino para la media sanción en la Cámara alta de la reforma.
Además de Bullrich y Villarruel participaron los jefes de los otros bloques, como el peronista José Mayans (Formosa) y el radical Eduardo Vischi (Corrientes). Mayans busca obstaculizar el debate rápido que quiere el oficialismo, mientras el radicalismo sería una pieza clave en la mayoría que pretende construir la ex ministra de Seguridad.
elDiarioAR anticipó que Bullrich imagina tener unos 40 votos a favor, entre la veintena de libertarios y los aliados del PRO, UCR y bancas de gobernadores dialoguistas. Pero la presión callejera y las jugadas palaciegas pueden empantanar la estrategia de la senadora violeta.
La intención del Gobierno es que no haya prácticamente debate: consideran que la reforma ya se cocinó en el ámbito del Consejo de Mayo, donde estuvo la senadora radical Carolina Losada (Santa Fe).
Anoche Bullrich sostuvo que desde su bancada, más los aliados, tienen “la decisión” de lograr sancionar la reforma laboral “antes de fin de año”, aunque luego del Senado tendrá que ser discutida en Diputados. “Tengo la decisión de llevar adelante esta ley, y con todo el bloque de la LLA estamos hablando con otras bancadas. Los kirchneristas ya dijeron que no, así que no tenemos mucho que hablar con ellos, pero si con otros”, reveló Bullrich.
Según su mirada, la reforma laboral no necesita discusión parlamentaria porque se trata de “una ley que se ha discutido mucho”. “Ya hace 20 años que hablamos de leyes que hay que cambiar, y en este caso el sistema laboral ha cambiado en el mundo y tiene que cambiar también en la Argentina”, subrayó en declaraciones televisivas.
El Gobierno también avanzará con la reforma de la Ley de Glaciares. Este miércoles también se constituirá la comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Justicia y Asuntos Penales, y Minería, Energía y Combustibles. La plenaria se agendó para las 11.
La iniciativa del Gobierno es modificar la normativa actual para flexibilizar el marco de protección de los glaciares y del ambiente periglacial y otorgar más protagonismo a las provincias en la determinación de las áreas donde podrían desarrollarse actividades productivas, incluida la minería.
La reforma reavivó cuestionamientos de especialistas y organizaciones ambientales, que recuerdan que la Ley de Glaciares fue aprobada tras un amplio debate social y científico y que su constitucionalidad fue ratificada en 2019 por la Corte Suprema de Justicia, que priorizó los derechos colectivos -como el acceso al agua- por sobre intereses individuales.
Los científicos advierten que los glaciares y el ambiente periglacial son reservas estratégicas de agua y alertan sobre los efectos del cambio climático en la reducción de caudales, la degradación del permafrost y el aumento de riesgos aluvionales.
MC

El oficialismo apuró el proyecto en comisión y va al recinto de la Cámara baja para la media sanción. El PRO y la UCR lo acompañaron en disidencia. El peronismo y los gobernadores del centro, con proyectos propios.
Con el dictamen en marcha, el Gobierno busca cerrar filas con los gobernadores por el Presupuesto 2026
La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Alberto “Bertie” Benegas Lynch, arrancó este mediodía con el tratamiento de la Ley de Presupuesto y rápidamente el oficialismo logró la firma del dictamen de mayoría con el objetivo de lograr la media sanción de la iniciativa en la sesión especial convocada para mañana.
La veintena de integrantes de La Libertad Avanza y sus socios del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo juntaron 28 firmas (seis en disidencia parcial) para avalar el dictamen de mayoría, mientras que los 18 representantes de Unión por la Patria suscribieron un despacho propio de minoría, y hubo un tercer dictamen con tres rúbricas del interbloque Unidos.
La novedad de última hora es que el Gobierno corrigió su propio proyecto para derogar las leyes de presupuesto universitario y de financiamiento pediátrico, dos normas que fueron votadas e insistidas con más de dos tercios de los votos por ambas cámaras del Congreso luego de que el presidente Javier Milei las vetara.
El oficialismo parte de una ventaja numérica para la media sanción: los votos para aprobar el Presupuesto 2026 estarían garantizados tanto en Diputados como en el Senado por el diálogo con gobernadores afines. Pero el apoyo no es automático ni homogéneo.
Las negociaciones se desarrollan de manera individual, sin coordinación entre los mandatarios provinciales, una dinámica que la Casa Rosada alienta para evitar un frente común de reclamos. Cada mandatario plantea exigencias propias, aun cuando, por ahora, la mayoría admite que las respuestas concretas escasean.
MC

El ascenso del jefe de la DGI al frente del ente recaudador blanquea un esquema de control basado en datos e información sensible y recompone la influencia de Santiago Caputo tras meses de poder en suspenso.
La flamante designación de Andrés Vázquez al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no inaugura un ciclo: lo deja al descubierto. Blanquea un mando que ya existía y ordena, hacia adentro del Gobierno, una relación de fuerzas que en los últimos meses había quedado en suspenso. Vázquez no aterriza como un outsider ni como una apuesta técnica. Ya conducía la Dirección General Impositiva (DGI), el verdadero núcleo duro del organismo recaudador, donde se cruzan bases de datos, se deciden inspecciones y se administra una de las herramientas de control más poderosas del Estado argentino.
Desde ese lugar, Vázquez ya funcionaba como el hombre fuerte de la ARCA antes de que el cargo máximo llevara su nombre. En la lógica del poder estatal, la DGI siempre pesó más que la jefatura política formal del organismo, y el contador lo entendió mejor que nadie. Su ascenso fue silencioso, persistente y quirúrgico. Llegó con la venia de Santiago Caputo, que desde las sombras viene construyendo —no sin resistencias— un esquema de control basado en información sensible, cruce de datos y capacidad de presión. ARCA es una pieza central de ese diseño. La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la otra.
El nombre de Vázquez para coronar la estructura, según reconstruyen distintas fuentes oficiales, fue acercado por Leonardo Scatturice, flamante dueño de OCA con asiento en Miami. El nexo original entre el polémico empresario y Caputo es Manuel Vidal, mano derecha del asesor y figura clave en la ingeniería de vínculos con actores privados que orbitan el nuevo sistema de poder. El movimiento no fue neutro ni casual: llegó cuando la influencia del consultor todoterreno sobre áreas sensibles del Estado parecía haber entrado en revisión, en medio de auditorías, filtraciones y una pulseada cada vez más áspera con Karina Milei.
Durante los últimos meses, en la Casa Rosada se habló de un Caputo en retroceso, forzado a replegarse tras haber acumulado demasiado poder. La entronización de Vázquez —y la recomposición paralela en la SIDE, con Cristian Auguadra— le devuelve aire, como mensaje interno de que el esquema de control sigue en pie. Con su venia, hace tiempo que el ahora flamante titular de ARCA operaba como el verdadero mandamás del organismo, por encima incluso de la conducción formal de Juan Pazo, de estrecha confianza del ministro Luis Caputo. La referencia a “Toto” queda como telón de fondo: la disputa real es, fue y será con la hermana del Presidente.
Vázquez no es un funcionario neutro ni un técnico aséptico. Es un sobreviviente del Estado profundo. Con más de veinte años en la exAFIP, atravesó gobiernos, purgas y cambios de época sin perder centralidad. Su foja incluye episodios de alto voltaje político, como el megaoperativo fiscal de 2009 contra el Grupo Clarín, ejecutado con más de 200 agentes en plena guerra del kirchnerismo con Héctor Magnetto. Fue una inspección transmitida en directo por televisión, con impacto simbólico y mensaje político. Cerca de Ricardo Echegaray todavía sostienen que el entonces jefe de la AFIP se enteró del operativo por la pantalla. A Vázquez, en cambio, nadie lo tocó.
Pero su trayectoria no se explica solo por ese episodio. Vázquez construyó su poder mucho antes de que la exAFIP se transformara en ARCA. Lo hizo de la mano de Carlos García Lorea, otrora titular de la Dirección de Inteligencia Fiscal en tiempos del menemismo, un área clave donde la recaudación se mezcla con la investigación patrimonial y el seguimiento fino de contribuyentes estratégicos. Desde allí tejió vínculos duraderos con el poder político y, sobre todo, con el mundo del espionaje.
En ese recorrido aparecen nombres centrales del submundo de la inteligencia argentina, como el del número 2 de la SIDE kirchnerista, Francisco Larcher y, con mayor peso, el de Antonio “Jaime” Stiuso. No se trata de contactos ocasionales: quienes conocen esa etapa describen a Vázquez como un operador fiscal con lógica de inteligencia, formado en una cultura donde la información vale más que la exposición y donde el poder se ejerce sin dejar huella.
Ese rasgo se mantiene intacto hasta hoy. Cuando asumió al frente de la DGI, Vázquez no quiso que le tomaran fotos. No hubo imagen oficial de su desembarco, ni registro interno difundido. En un organismo acostumbrado a la liturgia burocrática, el gesto llamó la atención. No fue un descuido: fue una decisión. De hecho, no existen fotos suyas disponibles en internet ni en redes sociales, un dato inusual para un funcionario que maneja una de las palancas más sensibles del Estado. En tiempos de hiperexposición, el ahora titular de ARCA eligió el anonimato como método.
Ese entramado quedó expuesto también por las investigaciones periodísticas que rodean su figura. En 2024, una pesquisa del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), publicada por elDiarioAR, reveló que Vázquez había comprado en 2013 tres departamentos en Miami por cerca de US$2 millones, nunca declarados ante la Oficina Anticorrupción. La revelación derivó en una denuncia judicial que todavía sobrevuela su nombre, sin impacto visible en su carrera.
En ese mismo período se produjo otro episodio que en la Casa Rosada todavía se lee en clave política: la filtración de listas internas de funcionarios y contribuyentes de la exAFIP —de la que Juan Pazo aseguró no estar enterado— , con datos sensibles de figuras vinculadas al kirchnerismo. El caso desató una tormenta mediática y obligó a abrir una auditoría interna en la ARCA. Puertas adentro del Gobierno, no faltaron quienes lo interpretaron como una maniobra deliberada de Santiago Caputo para correr el foco público de un tema que empezaba a incomodarlo: la concentración de poder de Vázquez en la DGI y, en particular, la designación de su pareja, María Eugenia Fanelli, en un cargo estratégico.
A través de un movimiento interno que generó malestar entre los empleados de carrera del organismo, Fanelli fue nombrada al frente de la Dirección Regional Centro II de la Ciudad de Buenos Aires apenas días después de que Vázquez asumiera como jefe de la DGI. Meses más tarde, el diario La Nación difundió una resolución interna del organismo que le asignaba —junto a otros funcionarios de extrema confianza— la categoría salarial más alta del escalafón, con ingresos que, según fuentes oficiales, oscilan entre los 12 y 13 millones de pesos brutos mensuales.
La retórica libertaria promete destruir el Estado y combatir a la casta. La práctica muestra algo distinto y más antiguo: usar los engranajes más profundos del aparato estatal para reordenar el mando. Andrés Vázquez no es una contradicción en ese esquema. Es su expresión más cruda. Un funcionario de bajísimo perfil, formado en la cultura de la inteligencia fiscal, con control sobre la base de datos más poderosa del país. En tiempos de poder inestable, no es un detalle menor quién mira, quién cruza información y quién decide cuándo apretar el botón.
PL/MC

Una investigación de 2024 reveló que el funcionario designado en reemplazo de Juan Pazo para conducir el organismo responsable de la recaudación de impuestos, el control aduanero y el cumplimiento de obligaciones tributarias y previsionales, compró tres departamentos en EEUU.
Andrés Edgardo Vázquez, el funcionario que eligió el presidente Javier Milei hace un año para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria desde la DGI y que ahora fue promovido a titular de la ARCA en reemplazo del renunciado Juan Pazo, compró, a través de sociedades en el exterior, tres departamentos en Estados Unidos por más de US$2 millones que no consignó en sus declaraciones juradas, de acuerdo a la investigación publicada en diciembre de 2024 por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y que publicó elDiarioAR.
Al momento de la publicación Vázquez administraba dos de las propiedades adquiridas en el estado de Florida mediante un complejo entramado de sociedades offshore que continúa activo. La red de empresas abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas que controla otras dos compañías montadas en Panamá. Las firmas panameñas, a su vez, fueron el vehículo que permitió concretar la adquisición de tres inmuebles en Miami. La información se desprende de una investigación realizada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y La Nación con datos de la filtración Pandora Papers y documentos contables, societarios y bancarios, entre otros.
Vázquez, contador público, ingresó en 1990 al organismo tributario como empleado raso y ascendió hasta convertirse en el responsable del área de inteligencia fiscal, un papel que desempeñó durante años y que le permitió desarrollar relaciones con los servicios de inteligencia del Estado. Cultiva el bajo perfil, hasta el punto de que no hay fotos suyas en internet ni en redes sociales. Durante el apogeo del kirchnerismo, el funcionario lideró el área estratégica “Regional Sur Metropolitana”, un cargo que ocupó desde 2009 hasta 2016, según su perfil de LinkedIn.
La Justicia penal lo investigó por su crecimiento patrimonial pero Vázquez sobrevivió a esa pesquisa y fue sobreseído. También resistió los enfrentamientos entre las facciones internas del organismo, que le valieron desplazamientos hacia áreas periféricas. Lo habían relegado a la aduana del puerto de La Plata, cuando Milei decidió en octubre disolver la AFIP. Y ahora, a los 64 años, Vázquez llegó a la cúspide de la DGI, la máxima autoridad impositiva.
Mientras aquella investigación judicial estaba en marcha, Vázquez continuó con su expansión fuera del país, según reconstruyó la investigación periodística. Las sociedades Alcorta Corp y Pompeya Group Corp fueron registradas en Panamá en 2012, pero ni el nombre del funcionario argentino ni el de sus familiares aparecía en estas empresas de papel. Las compañías fueron manejadas desde su creación por empleados de un estudio panameño y por tres compañías registradas en las islas caribeñas San Cristóbal y Nieves, según los documentos obtenidos del Registro Público de Panamá.
Alcorta Corp compró dos departamentos en Miami a comienzos de 2013. El 9 de enero adquirió la unidad 3504 en el complejo de lujo Icon Brickell, en el número 495 de la avenida Brickell, por US$710.000, según datos del registro de propiedades de Miami Dade. Y un día después, el 10 de enero, desembolsó otros US$350.000 por la unidad 2811 en el edificio ubicado en el 1060 de la avenida Brickell, que vendería cinco años después.
Las inversiones de Alcorta Corp expusieron detalles que revelaban que el funcionario argentino estaba detrás de esas operaciones inmobiliarias. Un documento presentado por esta sociedad panameña en septiembre de 2013 ante el Florida State Departament indicaba una dirección en la calle Julieta Lanteri, en el lujoso barrio de Puerto Madero. Era el mismo domicilio que aparecía en el pasaporte de Vázquez.
Las inversiones en Miami continuaron cuando Pompeya Group Corp, la otra sociedad panameña, compró la suite 904 en el condominio Chateau Beach Residences, ubicado en la zona de Sunny Isles. La operación, fechada el 20 de julio de 2015, se ejecutó por US$980.000, según datos del registro de propiedades del condado de Miami. Es un edificio de 33 pisos con paredes de vidrio frente al mar que ofrece unas vistas únicas de la costa.
Las sociedades panameñas ya estaban asentadas cuando Vázquez tocó las puertas de Trident Trust, el estudio especializado en manejar operaciones offshore. El funcionario encontraría en las Islas Vírgenes Británicas un eslabón más de secretismo en una de las jurisdicciones más opacas del planeta. Trident Trust detectó en una investigación interna que Vázquez era funcionario público y lo calificó como “persona políticamente expuesta”, pero siguió adelante con los trámites para abrir sociedades.
El hoy jefe de ARCA, y antes de la DGI, fue accionista y beneficiario final de Panchy Ventures Limited, según los registros de Pandora Papers, la filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Vázquez controlaba esa sociedad junto a Silvia Ivone Rodríguez, su primera esposa, también funcionaria, de la que luego se divorció. Los documentos internos para constituir la sociedad indican que tomaron el control con partes iguales de la compañía que se utilizaría –informaron– para adquirir inmuebles en Florida, Estados Unidos, aunque hasta el momento esta investigación no encontró propiedades vinculadas a esta sociedad. La compañía se disolvió en noviembre de 2022, según el registro público de las Islas Vírgenes Británicas.
Vázquez volvió a tocar las puertas de Trident Trust un año después, en mayo de 2016. El contexto había cambiado: la explosión de los Panama Papers en abril de ese año había dejado expuesto a ese país como un paraíso para el dinero opaco. El funcionario insertó un eslabón más de distanciamiento entre él y los inmuebles en Estados Unidos a través de la apertura de la sociedad Galanthus Capital Limited en las Islas Vírgenes Británicas. Galanthus quedó como la firma controlante de las panameñas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp.
Vázquez, único accionista de Galanthus, dejó sus datos personales en el registro de cliente del estudio Trident Trust: una fotocopia de la primera página de su pasaporte, su fecha de nacimiento y su dirección en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero. Su pasión por el fútbol aporta más indicios. El funcionario dejó su correo electrónico privado, que alude a “La Quema”, uno de los apodos utilizados para nombrar al club Huracán. Los nombres de las dos sociedades constituidas en Panamá también refieren a ese fervor: el estadio de este equipo queda sobre la avenida Alcorta, a unas pocas calles del barrio de Pompeya, en el sur de Buenos Aires.
La copia del pasaporte que Vázquez remitió a Trident Trust incluye, además, la única fotografía de su rostro que se conoce, que CLIP difunde en esta investigación. Obsesionado con el bajo perfil, Vázquez se ocupó durante años de que no circulen fotos suyas en Internet, incluso a pesar de las exigencias propias de su función como titular de la DGI.
Galanthus, como sociedad, fue nombrada presidente de las sociedades panameñas en 2021. En esa misma reunión de accionistas se decidió el ingreso de las hijas de Vázquez, que recién habían cumplido la mayoría de edad, con cargos ejecutivos. Así, el nuevo jefe de la DGI mantendría hasta la actualidad el control sobre las dos propiedades en Miami que suman un valor cercano a los US$1,7 millones, según los datos del Registro Público de Panamá.
Ante la Oficina Anticorrupción (OA), sin embargo, no consta que Vázquez haya informado esas propiedades, ni la titularidad de las acciones en Galanthus Capital Limited en sus declaraciones juradas anuales. Por otra parte, CLIP no pudo corroborar si Vázquez ha declarado este entramado ante el fisco, por encontrarse esa información bajo secreto fiscal.
Como funcionario de alto nivel, Vázquez está obligados por la ley de Ética Pública de Argentina, vigente desde 1999, a presentar ante la Oficina Anticorrupción una declaración jurada que detalle todos sus bienes y los de su cónyuge. Ese reporte se actualiza cada año y es de acceso público. No informar parte del patrimonio puede configurar el delito de “omisión maliciosa”, que prevé penas que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Vázquez registraba un antecedente con su patrimonio: se lo acusó de no haber declarado ante la DGI –que ya era su empleador – cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo que entre 2004 y 2009 habrían movido medio millón de dólares, según un dictamen de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). De ese expediente judicial se desprende que la Unidad de Información Financiera (UIF) había recibido alertas sobre él –o un homónimo– de parte de una unidad antilavado extranjera en 2005.
La causa se inició en 2011 después de un allanamiento sobre una oficina del banco BNP Paribás en Buenos Aires que funcionaba como una “cueva” para canalizar la fuga de capitales al exterior. El expediente de Vázquez se tramitó aparte por su condición de funcionario público, pero la investigación afrontó varias dificultades, como la reticencia inicial del juzgado para solicitar información a Luxemburgo mediante un exhorto internacional.
Vázquez negó ante la Justicia ser el titular de esas cuentas –en las que aparecía junto a su hermana – y afirmó que era víctima de una “operación de prensa” por haber encabezado el megaoperativo de la agencia tributaria sobre el Grupo Clarín, en septiembre de 2009.
El juez Sergio Torres lo sobreseyó en 2018, pero la decisión fue revocada por la Cámara Federal porteña, que ordenó continuar con la investigación. Cuatro años después, en noviembre de 2022, el juez Ariel Lijo volvió a sobreseerlo ante la “imposibilidad” de avanzar con la investigación. Es decir, la Justicia no pudo comprobar que Vázquez tuviera esas cuentas debido a la negativa de las autoridades de Curazao, Países Bajos y Luxemburgo de responder los exhortos enviados desde Argentina.
Un año después del fallo que lo sobreseyó, Vázquez declaró un amplio listado de activos en Argentina y en el extranjero en su última declaración jurada disponible, correspondiente a 2023. Informó que es dueño de 10 inmuebles en la Argentina que obtuvo con ingresos propios, por donaciones o por herencia –desde departamentos y una cochera, hasta la mitad de una casa en un barrio cerrado–, además de tres cuentas bancarias en Estados Unidos que tenían un saldo inferior a US$3.000.
Vázquez también declaró tres sociedades en la Argentina –Más Más SA, DVQP Sport SA y Consultora San Andrés SA, en la que figura como vicepresidente la misma hermana con la que apareció en las cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo–. Pero en ninguna de las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción aludió directa o indirectamente a las sociedades en paraísos fiscales ni a los departamentos en Miami.
A la semana de haber sido nombrado por el presidente Javier Milei como jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez promovió a comienzos de enero pasado bajo su propia órbita a su pareja. Cobra desde entonces al menos $7 millones, publicó en su momento La Nación.
Vázquez favoreció a María Eugenia Fanelli, que pasó de desempeñarse como jefa de una sección técnico jurídica, con un sueldo de bolsillo que oscilaría entre los $3,8 y $4,2 millones, a asumir al frente de la Dirección Regional Centro II de la ciudad de Buenos Aires, con un salario neto que rondaría entre los $7 y $8 millones, según sea su antigüedad y otras particularidades, según indicaron cuatro fuentes del organismo.
La designación de Fanelli consta en la Disposición 182/2024, firmada el 1 de noviembre, y se publicó el lunes 4 de ese mes en el Boletín Oficial junto al desplazamiento del hasta entonces titular de esa Dirección Regional, Luciano Botto Rostom, al que Vázquez envió 100 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires, a la Regional de Mercedes, donde a su vez desplazó a quien estaba a cargo.
Al promover a Fanelli, Vázquez llevaba una semana en su nuevo cargo, tras la publicación de su propio nombramiento en el Boletín Oficial, el 25 de octubre. Lo firmó Milei junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich –con firma delegada por viaje del ministro de Economía, Luis Caputo—, y sin la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ni de la entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi.
*Con información del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP)

El cambio en la dirección ejecutiva "apunta a asegurar la continuidad institucional del organismo en las tareas de recaudación, fiscalización y control aduanero en todo el país", de acuerdo al comunicado del Ministerio de Economía. Vázque es investigado por la Justicia por comprar tres departamentos en Miami, por unos US$2 millones, nunca registrados en las declaraciones juradas que está obligado a presentar en la Oficina Anticorrupción (OA).
El licenciado Andrés Edgardo Vázquez asumirá como nuevo Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a partir del próximo jueves 18 de diciembre, en reemplazo de Juan Alberto Pazo, según se publicó en el Boletín Oficial.
El decreto 890/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, acepta las renuncias de Pazo al cargo de Director Ejecutivo de ARCA y de Vázquez a la Dirección General Impositiva (DGI), ambas con efecto desde el 18 de diciembre.
En el mismo acto administrativo se formaliza la designación de Vázquez como nuevo titular del organismo recaudador, para completar un período de ley. La norma agradece a los funcionarios renunciantes por los servicios prestados en el desempeño de sus respectivos cargos. Vázquez venía desempeñándose como Director General de la DGI desde la creación de ARCA en reemplazo de la ex AFIP.
Vázquez es investigado por la Justicia desde fines del año pasado a raíz de la investigación periodística del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), y que publicó elDiarioAR, en la que se reveló que en 2013 había comprado tres departamentos en Miami, por unos US$2 millones, nunca registrados en las declaraciones juradas que está obligado a presentar en la Oficina Anticorrupción (OA). Al momento de asumir al frente de la DGI, seguía siendo el dueño de dos de esos tres inmuebles por más de US$1,6 millón.
Por su parte, Pazo, funcionario saliente, fue apuntado por casi duplicar su patrimonio desde su regreso a la función pública, de acuerdo al análisis de su última declaración jurada que hizo meses atrás elDiarioAR. El patrimonio de Pazo creció de más de $333 millones al inicio de 2024 a más de $726 millones al final de dicho año, lo que equivale a un crecimiento del 94% en sus bienes en un año.
El ministro de Economía, Luis Caputo, despidió este martes a Juan Pazo, quien renunció a su cargo como titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para volver al sector privado, y destacó su aporte clave al equipo económico.
Pazos dejó la función luego de dos años de gestión, período en el que ocupó primero la Secretaría de Producción y luego la conducción de ARCA, donde fue considerado una pieza fundamental del área económica.
“Su honestidad, su profesionalismo y su capacidad de ejecución son extraordinarias”, señaló Caputo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, al tiempo que agradeció “infinitamente” los servicios prestados durante su paso por la administración pública.
El ministro expresó además su deseo de poder convencerlo en el futuro de regresar al sector público y cerró su mensaje con una frase de despedida: “Te vamos a extrañar, Juan”.
Asimismo, Caputo le dio la bienvenida al reemplazante de Pazo: “Quiero anunciar que Andrés Vázquez será el nuevo titular de ARCA. Andrés ya es parte hoy del equipo de ARCA, desempeñándose como titular de la DGI, donde está realizando una gran gestión. Le deseamos mucho éxito en esta nueva etapa!”, posteó el funcionario.