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Críticas del PRO y la UCR al régimen de grandes inversiones complican las leyes del Gobierno en el Senado

El Gobierno inició en cuesta arriba este martes en el Senado el debate por la ley de Bases, que ya tiene media sanción de Diputados. Luego de un comienzo empantanado por el cambio a último momento en la redacción de dos artículos, funcionarios del Ejecutivo encabezados por el ministro Guillermo Francos expusieron ante legisladores de la Cámara alta sobre el proyecto clave de Javier Milei. El oficialismo tuvo que aceptar que se abra el plenario de comisiones a la intervención de invitados especiales –lo que podría dilatar los tiempos del tratamiento parlamentario– y se embarró en una discusión con la oposición en una cuestión espinosa como el Régimen Especial de Grandes Inversiones (RIGI). Allí no solo recibió críticas y pedidos de cambios del kirchnerismo, sino también de la UCR y hasta del PRO.

“Por supuesto que no creo que sean un nido de ratas”, tuvo que aclarar en un primer momento el titular del Ministerio del Interior, luego de que desde el kirchnerismo lo consultaron por la acusación al Congreso por parte del Presidente. La cancha en el Senado se vislumbra inclinada en contra del oficialismo a partir del poder de fuego que tiene Unión por la Patria tanto en las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales como en el recinto. Pero también hay una posibilidad certera de que los circunstanciales aliados de La Libertad Avanza quieran introducir cambios, lo que haría volver el proyecto a Diputados, conspirando con el cronograma original de Milei de que las leyes estén sancionadas para el Pacto de Mayo del 25

Los cuestionamientos centrales que recibió el oficialismo fueron por el RIGI, que establece importantes exenciones de impuestos para las inversiones a partir de los US$ 200 millones. “Es hípergeneroso, es excesivamente generoso”, lo calificó el senador radical Martín Lousteau (UCR). “¿Estamos atrayendo cosas nuevas o le estamos dando beneficios a cosas que por ahí ya estaban porque son en áreas en las que Argentina ya tiene ventajas comparativas? Minería, Vaca Muerta, etcétera”, apuntó el economista.

A su voz se sumó llamativamente Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires-PRO). “A mí no me queda claro que sea un plan de grandes inversiones que va a favorecer al conjunto del país. No está planteado en la ley los sectores que ustedes quieren explotar y fortalecer”, apuntó la senadora amarilla, referenciada en Horacio Rodríguez Larreta. De paso cuestionó que uno de los beneficios que recibirían dichas inversiones está atado al impuesto al cheque, que es coparticipable, justo cuando CABA mantiene una disputa con la Nación por una deuda al respecto, aún judicializada. “El RIGI va a ser beneficioso en algunas provincias, pero el costo lo van a acompañar todas las provincias por 30 o 40 años”, reclamó la legisladora.

Desde UxP, la mendocina Anabel Fernández Sagasti cuestionó que el régimen se sobreponga a las potestades de las provincias sobre los recursos naturales. “Del federalismo no saben nada, este texto debe haber sido escrito en alguna oficina oscura y porteña”, señaló la legisladora. Cuestionó que el proyecto –que en rigor está dentro del paquete fiscal, que se discute en paralelo a la ley Bases– no respeta las leyes ambientales de las jurisdicciones.

Los funcionarios del Gobierno intentaron aclarar las dudas, aunque sin mucha suerte. “Los únicos beneficios del RIGI son tributarios, aduaneros y cambiarios. Las provincias sólo tienen potestad sobre el primero. Nada dice sobre la obligación medioambiental y ningún beneficio habla de esa materia”, aclaró el segundo de la jefatura de Gabinete, José Rolandi. “Sobre el supuesto avasallamiento del federalismo, interpretamos que al ser un régimen federal interviene un juez federal sobre la materia del RIGI. Nada tiene que hacer sobre leyes ambientales de las provincias”, insistió después.

También el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, salió en defensa del proyecto de Gobierno. Subrayó que el impacto del régimen llevaría el costo tributario al 35% “siempre y cuando las provincias acompañen y no generen cargas adicionales”. Esa frase generó una repregunta del salteño Juan Carlos Romero, habitual aliado de LLA: “¿Si una provincia no adhiere, se va a poder instalar o no una empresa?”, consultó el senador. “No estamos normando por encima de la Constitución o de las leyes provinciales”, respondió el funcionario.

Finalmente los representantes del Ejecutivo reconocieron que el tema es espinoso y pidieron tiempo para analizar posibles cambios en la redacción. “Dennos hasta mañana que viene Chirillo”, fue la salida que encontró Rolandi, en referencia a que este miércoles expondrá en el Senado el secretario de Energía, pero también mentor de la ley Bases, Eduardo Rodríguez Chirillo. “Si mañana vemos que no es suficiente la explicación, vemos si hacer una modificación”, admitió Rolandi, que fue una de las espadas del Ejecutivo que en Diputados pimponeó la redacción de las leyes con los bloques aliados.

Otra concesión que dio el Gobierno en el primer día de tratamiento en el Senado es la posibilidad de que al plenario de comisiones se sumen voces extralegislativas. Eso demoraría la discusión, cuando el oficialismo tiene pensado dictaminar este jueves, justo el día del paro general de la CGT, y sesionar la semana que viene. Ahora está en el aire cuándo serían esas intervenciones y quiénes participarían, pero un borrador de la lista ya comenzó a circular entre los bloques.

El kirchnerismo ya avisó que invitará a las centrales obreras, sobre todo porque la ley Bases incorporó en su media sanción una reforma laboral que no estaba en el texto original. “Está planteada en relación a romper la relación de dependencia entre el empleador y el trabajador. Va a generar más precarización”, señaló sobre ese capítulo la senadora peronista Nora Giménez (Salta).

Francos reconoció dialogó sobre el proyecto con la GT y defendió la iniciativa: “Los informales no tienen ninguna proteccion porque la legislacion de trabajo actual es un castigo para las empresas pymes. Son avances positivos, no son un cambio fundamental”. Rolandi, otra vez, pateó el debate para este miércoles: “Mañana viene el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que va a poder profundizar este tema”, señaló.

La macrista Tagliaferri incluso se metió con otro punto de la ley Bases: el fin de la moratoria previsional. Pidió un nuevo proyecto a nivel integral y reconoció que la propuesta oficial perjudica a las mujeres próximas a jubilarse porque equipara con los hombres la edad de 65 años. Se hizo eco en ese punto sensible la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal), cuyo voto es clave para el Gobierno si no quiere que sus leyes fracasen en el Senado.

También UxP apuntó ante los funcionarios contra las privatizaciones que habilita la ley Bases y sobre las prerrogativas del artículo 3, que habilita los superpoderes para que el Presidente pueda avanzar en la “disolución”, como reza el texto, de un sinfín de organismos del Estado. “Sobre la disolución fuimos reacios a hacer una lista de organismos porque entendemos que al incluir un listado todo lo que no entra va a ser disuelte y no es la intencion del Ejecutivo. La intención es tratar de eficientizar el Estado y centralizar las políticas públicas analizando con mucha precisión cada casa. No implica que no tendrá control, sino absolutamente lo contrario”, respondió por el Gobierno María Ibarzabal Murphy, secretaría de Planeamiento. Después insistió sobre otro tema espinoso: “Hay un miedo de que se van a disolver los organismos de ciencia y tecnologia. No es la intencion y voluntad del Poder Ejecutivo hacer eso y tampoco significa que se el Ejecutivo va a hacer lo que quiera”.

Sobre el final de la reunión, la senadora nacional Vigo destacó la importancia de la moratoria previsional —“yo sí voté la moratoria previsional”, resaltó— y sostuvo que se debe revisar el texto llegado de Diputados en lo relativo a la edad jubilatoria de las mujeres equiparada con la de los varones. En tal sentido, destacó la importancia del trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar, señalando que “el trabajo que realizan las mujeres en su hogar triplica al trabajo que puedan realizar los varones”.

También resaltó sus diferencias con el gobierno de Milei en cuanto a la importancia del financiamiento organismos públicos como el Banco de Datos Genéticos y el CONICET, y en esa línea subrayó la urgencia de asegurar fondos para las universidades.

El plenario de comisiones pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 10 de la mañana. “No hay certezas de que vaya a salir ni certezas de que no vaya a salir; los votos están y no están”, dijo a la prensa, una vez finalizada la primera jornada, el jefe del bloque La Libertad Avanza, el jujeño Ezequiel Atauche. Toda una declaración.

MC/JJD

"Fe de erratas" para dos artículos y la polémica por el tabaco: se empantana la ley Bases en el Senado

El “error de tipeo” que reconoció el Gobierno sobre dos artículos de la ley Bases, así como las dudas que aún sobrevuelan por la votación en particular del impuesto al tabaco que se incorporó a último momento en Diputados, empantanaron en el Senado el comienzo de la discusión por la iniciativa clave de Javier Milei. La polémica surgió justo antes de que el ministro del Interior, Guillermo Francos, inicie este martes a las 14 su exposición en un plenario de comisiones de la Cámara alta, cuando circuló entre los senadores una “fe de erratas” oficial en el que La Libertad Avanza intentó subsanar el hallazgo advertido por Unión por la Patria de que dos artículos sufrieron importantes modificaciones en su escritura.

El kirchnerismo pegó el grito en el cielo en medio del plenario de comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto, y reclamó que la reunión se pase a un cuarto intermedio hasta tanto el oficialismo aclare la polémica. “Hay una preocupación en nuestro bloque con respecto a la votación en Diputados. Hay dos diputados que dicen que le contabilizaron mal el voto. Y también de que tiene errores el expediente. Una palabra en un artículo cambia todo”, cuestionó el jefe del bloque de UxP, José Mayans (Formosa). “No sabemos qué texto vamos a votar”, apuntó la senadora Juliana Di Tullio (UxP-Buenos Aires). Silvia Sapag (Neuquén) tildó de “papelucho” la nota aclaratoria de Diputados. 

La aclaración oficial fue enviada al secretario parlamentario del Senado, Agustín Giustinian, por su par de Diputados, Tomas Figueroa. Allí se afirma que “se ha incurrido en errores de transcripción del texto del dictamen a la comunicación al H. Senado”. En concreto hubo modificaciones en los artículos 152 y 171, el primero sobre los permisos de exportación de gas natural licuado; el segundo sobre el ya polémico régimen de inversión RIGI.

Cambios en dos artículos

La fe de erratas del Gobierno aclara que (sic.) “En el artículo 152, antepenúltimo párrafo, donde dice: ‘A los efectos del otorgamiento del permiso de exportación de GNL, no será necesario que el solicitante cuente con contratos de compraventa de GNL por la totalidad de los volúmenes y plazos solicitados.’, debe decir: ‘A los efectos del otorgamiento de la autorización de exportación de GNL, no será necesario que el solicitante cuente con contratos de compraventa de GNL por la totalidad de los volúmenes y plazos solicitados…’”

Y la siguiente aclaración, señala (sic.): “En el artículo 171, primer párrafo, en donde dice: ‘Artículo 171.- A efectos de lo previsto en el inciso a) del artículo 170, el monto mínimo de inversión en activos computables será de al menos doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000). El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer diferentes montos mínimos de inversión en activos computables por sector productivo mayores a doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000). En ningún caso ese monto mínimo que establezca el Poder Ejecutivo nacional podrá superar el importe de novecientos millones de dólares estadounidenses (USD 900.000.000), cualquiera sea el sector productivo involucrado.’, debe decir: ‘Artículo 171.- A efectos de lo previsto en el inciso a) del artículo 170, el monto mínimo de inversión en activos computables será de al menos doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000). El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer diferentes montos mínimos de inversión en activos computables por sector o subsector productivo o por etapa productiva, iguales o mayores a doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000). En ningún caso ese monto mínimo que establezca el Poder Ejecutivo nacional podrá superar el importe de novecientos millones de dólares estadounidenses (USD 900.000.000), cualquiera sea el sector productivo involucrado…’”

“Cuando el texto cambia el sentido de lo que votó una Cámara no es fe de errata, es trampa, es trucho, algo ilegal”, cuestionó Di Tullio en diálogo directo con el presidente provisional del Senado, el libertario Bartolomé Abdala, que trataba infructuosamente de ordenar el inicio del debate y salir de la posición incómoda en la que estaba. “Acá se va a tratar lo que envió Diputados y en lengua utilización puede ser sinónimo de permiso”, argumentó el senador, que se mantuvo impertérrito cuando Di Tullio le espetó si no creía que se cambiaba el sentido de la ley: “Para mí no”.

El hallazgo había sido denunciado esta mañana por Germán Martínez, jefe del bloque de UxP en Diputados. Le envió una nota formal a Martín Menem para exigir una aclaración. “El texto que se comunicó al Senado tiene diferencias con lo que votaron las y los diputados en el recinto. Eso no puede pasar. Y es motivo de nulidad. Pedimos formalmente que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado”, planteó el diputado kirchnerista. 

En su conferencia de prensa de hoy, el vocero presidencial Manuel Adorni intentó quitarle dramatismo a la polémica: “Es un tema menor, administrativo. Va a quedar subsanado en el día de hoy. Fue una pavada, no hacía al fondo de la cuestión y lo están solucionando”, sostuvo desde Casa Rosada. Por la tarde salió a responderle al kirchnerismo el propio Menem: acusó a UxP de “sobreactuar el hecho de haber detectado mínimos errores de transcripción menores de una ley, que no alteran en nada su espíritu y que son frecuentes en este tipo de normas tan extensas”. “Pretender que sea malicioso que en dónde decía ”autorización“ dice ”permiso“ cuando la ley en todo el artículo involucrado usa tales términos en varias ocasiones, en forma indistinta y como sinónimos para referirse a lo mismo, y que por el error humano en la transcripción, se pretenda tornar nula la comunicación, suena a desesperación”, dijo el titular de Diputados.

El reclamo en UxP tuvo eco en otros senadores en la previa a la exposición de Francos. “No somos escribanía pero tampoco podemos aceptar eso. Se votó un texto y acá hay otro texto. ¿Quién lo cambió y por indicación de quién o por la sugerencia de qué empresas?”, criticó Sapag . Otra vez fue Abdala el que tomó la posta para defender la posición del oficialismo, aunque le pasó la pelota a Menem: “Hubo un error de tipeo que fue responsabilidad de la Cámara de Diputados. Ese papelucho le da validad plena a lo que se va a tratar”. 

Al libertario le salió en ayuda Juan Carlos Romero (Salta-Cambio Federal), que oficia muchas veces de vocero del oficialismo: “Hagamos de cuenta que no sabemos nada para que los funcionarios nos puedan explicar de qué trata la ley. Después vemos el texto para el dictamen”, propuso. Y contraargumentó: “No somos jueces de la sanción en Diputados. No podemos interrumpir un tratamiento dudando de la redacción de una ley”. 

Luego habló el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires), que espetó al kirchnerismo: “¿Qué salida plantean? Si viene una fe de erratas, eso vamos a tratar. Sino hay que hacer un cuarto intermedio hasta que definamos el texto”. “Quieren encubrir un delito”, cuestionó la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza). 

La polémica sobre tabaco

El aliado al oficialismo Romero también se refirió a la polémica por los votos en la restitución del impuesto al tabaco. “Si cae lo que Diputados puso sobre tabaco estamos favoreciendo la evasión de una empresa de la provincia de Buenos Aires. No los acuso a ustedes, pero me parece raro que en Diputados”, apuntó, haciendo alusión a las denuncias que hubo de lobby de Tabacalera Sarandí para que el proyecto no prospere. Finalmente un acuerdo cerrado en la madrugada de la votación en Diputados entre parte de Hacemos Coalición Federal, el radicalismo y hasta UxP permitió que se incorpore un aumento del gravamen tal como había pretendido el Gobierno en el texto original a la ley y que luego quitó por la presión también del otro jugador fuerte del mercado, Massalin. 

La polémica aún no resuelta es que en esa votación, según las actas, habría habido más abstenciones de las que se computaron en el recinto, ya que varios diputados tuvieron que votar a viva voz. Sus votos se habrían computado de otra manera. Así, se habrían contabilizado como afirmativas las abstenciones de los diputados chaqueños María Luis Chomiak y Aldo Leiva. Tampoco se incluyeron el rechazo de Germana Figueroa Casas y Daiana Fernández Molero, del PRO, y de la libertaria Benedit Beltrán. De esa manera la votación hubiera terminado 80 a 80, dándole la potestad a Menem para que desempate, una posición más que incómoda en un tema tan cruzado por la presión de las empresas vinculadas al negocio.

“Si tratamos este proyecto de ley y viene con legitimidad de origen después se puede declarar su inconstitucionalidad. Si se votó mal, todo lo que vamos a tratar ahora no tiene ninguna legitimidad. Es muy grave lo que está pasando. Pido un cuarto intermedio”, exigió en el plenario del Senado otro salteño, Sergio Leavy (UxP). Las dos polémicas terminaron cuando Abdala encontró una salida por arriba del laberinto: le dio finamente la palabra a Francos, que comenzó su discurso sin hacer menciones al respecto.

MC/JJD

El Gobierno rinde examen en el Senado sobre la ley Bases y se prepara para aceptar cambios

El ministro del Interior, Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de la Presidencia de la Nación, María Ibarzábal Murphy; el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Carlos Guberman; y el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo. Las caras visibles detrás de la ley Bases de Javier Milei expondrán este martes en el Senado desde las 14 para convencer a los legisladores la necesidad de darle sanción definitiva a la ley ómnibus. Al igual que el tratamiento en Diputados, seguirá sin exponer en público el verdadero cerebro de la iniciativa parlamentaria, Federico Sturzenegger. 

La intención oficial es abrir una discusión exprés: a la jornada de hoy le continuará otra mañana, con la presencia del secretario de Trabajo, Julio Cordero. El oficialismo quiere dictaminar el jueves para ir al recinto la semana que viene. En paralelo irá también el paquete fiscal. 

Pero los planes libertarios chocan con el peso de la realidad parlamentaria: su bancada tiene apenas 7 senadores de 72. Por eso la necesidad de que otra vez la oposición aliada brinde un apoyo irrestricto a la ley. El pronóstico en la Cámara alta, sin embargo, es que el proyecto sufra cambio y tenga que volver a Diputados para su sanción definitiva. En ese caso el tiempo juega en contra de Milei, que quiere la norma antes del Pacto de Mayo del 25.

En el Gobierno ensayan un plan B, al menos en cuanto a la narrativa. Tanto en la Rosada como en el despacho de Victoria Villarruel, y en las bancas de La Libertad Avanza, la línea discursiva es que si la ley Bases se modifica, no sería una derrota política. La solución al laberinto estaría en Diputados: la base de apoyos de unos 135 votos que tuvo la media sanción es la señal que ven en el Gobierno para ser optimistas si hay un segundo round allí.

“La intención es que la ley salga como está, pero entre los escenarios posibles está el que podría sufrir cambios. No lo vemos como un drama. Drama es la situación de la gente, y estas son herramientas políticas para ayudarla a salir de la crisis”, justificaron cerca de la vicepresidenta. “Si vuelve a Diputados no es un drama”, afirmó una fuente del entorno de Francos. “Hay confianza de que sale. Y no sería un drama si hay cambios, a lo sumo el camino será ir a Diputados”, plantearon en una de las bancas libertarias.

Hoy Francos y el resto de los funcionarios irán a “explicar las leyes y a resolver dudas”, anticiparon a elDiarioAR en el Ministerio del Interior. El ojo de los representantes del Ejecutivo estará puesto en conseguir el apoyo de los senadores peronistas no-kirchneristas, los radicales y los de fuerzas provinciales. Son las peceras donde irán a pescar votos. 

Nosotros tenemos derecho a discutir todas las modificaciones que queramos, pero a ver cuál es la intención del oficialismo a la hora de tratar estos temas. Yo tengo muchos puntos para objetar de la ley

Eduardo Kueider — Senador

En el kirchnerismo ya está definido el rechazo, pero hay gobernadores peronistas que jugaron a favor del Gobierno en capítulos puntuales en Diputados –se quebró por ejemplo la unidad opositora al votar el RIGI–. Por eso hoy la CGT con Héctor Daer a la cabeza hará una incursión en el Congreso para abroquelar la oposición sobre todo ante la reforma laboral y la restitución del impuesto a las Ganancias. 

El desafío para los libertarios es que Unión por la Patria está a solo dos votos de imponer su negativa: tiene 33 senadores; el quórum es de 37. Pero antes será clave la matemática en el plenario de las comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda (que además tratará el paquete fiscal). 

En el oficialismo ven el otro lado de la ecuación: “Hay un bloque de 39 senadores con los que se está dialogando”, apuntaron en el despacho de Villarruel, en una cuenta que incluye a los propios senadores de LLA. La vice y Francos –en relación con los gobernadores– encabezan las negociaciones con los potenciales bloques aliados, figura que parece más brumosa que la que había en Diputados. 

Allí los dialoguistas habían llegado a ocupar el despacho de Martín Menem para, en un mano a mano con Rolandi e Ibarzábal, casi que reescribir las leyes del Gobierno. Hasta ahora esa situación no ocurrió en la Cámara alta. Pero las alarmas ya están encendidas ante la amenaza del toma y daca parlamentario: “Hay ciertas provincias un poco cruzadas con algunas cuestiones”, admitió un vocero libertario.

En ese universo de opositores-potenciales aliados aparecen senadores de distintas banderas políticas y de los cuatro puntos cardinales. La neuquina Lucila Crexell juega como “libera” del gobernador Rolando Figueroa, aunque está firme en rechazar la restitución de Ganancias, medida que cuestionan todas las provincias patagónicas por los altos sueldos que cobran los trabajadores petroleros. Escollo para el oficialismo también son los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, que responden al gobernador Claudio Vidal. Lo mismo la rionegrina Mónica Silva, referenciada a Alberto Weretilneck. A estos se suma la incógnita de los misioneros Carlos Omar Arce y Sonia Rojas Decut.

Un bloque que puede ser decisivo es el heterogéneo Unidad Federal. Lo integran el entrerriano Edgardo Kueider, el correntino Camau Espinola y la cordobesa Alejandra Vigo. Kueider, que tiene un peso estratégico porque además preside la comisión de Asuntos Constitucionales, ya mostró los dientes a la reunión de hoy: “La primera pregunta que voy a hacer es qué pretende el oficialismo, digamos: sacar una ley a libro cerrado o qué”, desafió ayer en Net TV. “Nosotros tenemos derecho a discutir todas las modificaciones que queramos, pero a ver cuál es la intención del oficialismo a la hora de tratar estos temas. Yo tengo muchos puntos para objetar de la ley”, agregó.

Con los 6 senadores del PRO ya casi alineados –como ocurrió con la bancada amarilla en Diputados–, los funcionarios del Ejecutivo buscarán endulzar especialmente los oídos de los 13 senadores de la UCR, bloque que conduce Martín Lousteau y que podría dividirse como en la votación sobre el DNU 70/23. Al titular del partido lo acompañó el fueguino Pablo Blanco, que ahora integra la comisión de Asuntos Constitucionales. “El senado todavía no lo vio ni lo debatió al proyecto. Y no veo que la mayoría de los senadores se haya inmerso de verdad en la ley original ni en la media sanción. Para dos leyes tan abarcativas lo normal sería que en el Senado hubiera alguna iniciativa de modificación”, avisó un operador parlamentario del radicalismo. 

En la UCR se quejaban de que las negociaciones del Ejecutivo siempre estuvieron enfocadas en Diputados. Hubo tibios acercamientos en el Senado. Por caso, recién la semana pasada, con la media sanción sobre rieles, Karina Milei, hermana del Presidente, visitó a Villarruel en su despacho para limar asperezas internas y tener el pulso de las conversaciones previas. Hoy esa rosca comenzará a revelarse.

MC/JJD

Pelea de titanes: de qué se acusan mutuamente Mercado Pago y los bancos de Modo

Si uno va a comprar a un negocio cualquiera que tiene el cartón del código de QR de Mercado Pago, la billetera virtual de Mercado Libre, puede abonar, por ejemplo, escaneándolo con la app de Modo, propiedad de grandes bancos privados. Pero en ese caso sólo puede paga si tiene dinero en la cuenta bancaria. No se puede abonar con la tarjeta de crédito.

Pese a la anunciada interoperabilidad del QR, que permite abonar con cualquier billetera virtual sin importar la plataforma de QR que tenga el comercio –sea Mercado Pago, Modo o cualquier otra–, no rige plenamente por falta de acuerdo entre la app de la empresa de Marcos Galperin y la de los bancos Galicia –de los Escasany, Braun y Ayerza–, Macro –de Jorge Brito–, Supervielle –de Patricio Supervielle–, los españoles Santander y BBVA, el chino ICBC, el Patagonia –del Banco do Brasil–, los estatales Nación y Ciudad y el cooperativo Credicoop, entre otros 34.

Siguiendo con el ejemplo inicial, si uno va con su app Modo a pagar en un comercio chico que ofrece el QR de Mercado Pago y lo hace con dinero en cuenta, el local paga una comisión del 0,85% al 1,35% que se distribuye así: 75% del peaje va a la empresa que puso el código y el 25%, a la app con la que se lo escaneó. Si es un comercio grande, el 25% de la comisión va a la firma del QR y el 75% a la de la app. Se trata de una manera de premiar a las compañías que más invirtieron en penetrar en pequeños locales, como lo hizo Mercado Libre. Pero en el caso del pago con tarjeta de crédito no se llegó a un acuerdo cómo se repartiría la comisión, que en el caso de Mercado Pago varía desde 0 hasta el 6,99%.

Esa falta de entendimiento entre Mercado Libre y los bancos de Modo –que no son todos– derivó en que esta última app denunciara a la empresa de Marcos Galperin ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) por “abuso anticompetitivo de su posición dominante en perjuicio de múltiples actores del mercado, incluidos competidores, comercios y consumidores”. La mayor empresa de Latinoamérica rechazó la acusación y recordó que tres expresidentes de la CNDC denunciaron a fines de 2023 a los principales accionistas privados de Modo –Galicia, Santander, BBVA, ICBC, Macro, Patagonia y Supervielle– por “concentración prohibida, cartelizarse y excluir competidores, prácticas anticompetitivas que afectan a las fintech y a millones de consumidores”.

Mercado Pago es la billetera más usada: la tiene el 74% de los usuarios de dinero electrónico. Le sigue Cuenta DNI, del Banco Provincia de Buenos Aires, utilizada por el 32%; BNA+, del Banco Nación, el 24%; NaranjaX, del Grupo Financiero Galicia, 21%; Modo, sólo el 18%; y Ualá, de Pierpaolo Barbieri, el 15%. Modo no pesa tanto, pero sus dueños sí, incluidos nueve de los diez bancos minoristas más grandes de la Argentina (Nación, Galicia –que compró la filial del británico HSBC–, Santander, Macro, BBVA, Ciudad, Credicoop, ICBC y Patagonia). En ese top 10 sólo se excluyó el Provincia, que apostó por Cuenta DNI. Inclusive NaranjaX también está en el capital Modo.

Modo acusa a Mercado Libre de lo siguiente:

Mercado Libre rechazó en un comunicado las acusaciones de Modo, tachó el reclamo como “tan absurdo como pretender que un supermercado ofrezca productos de marca propia de un supermercado competidor o que los bancos ofrezcan en sus sucursales y home banking los productos y servicios de Mercado Pago” y recordó la denuncia de los tres expresidentes de la CNDC Diego Petrecolla –que la encabezó en el gobierno de Carlos Menem–, Gabriel Bouzat –en el Fernando de la Rúa– y Esteban Greco –en el de Mauricio Macri– contra siete de los bancos dueños de Modo. Allí se los acusa de lo siguiente:

Choque de poderosos. En el medio, los consumidores y los comerciantes. Aunque Javier Milei desprecie al Estado, este es el que debe regular para que exista un mercado competitivo y no la ley de la selva.

AR/MG

A dos días del paro general, organizaciones sociales marcharon contra el ajuste: tensión cerca de la Quinta de Olivos

Organizaciones sociales realizan este martes una jornada nacional de lucha con cortes y movilizaciones en todo el país, incluida una protesta frente a la Quinta de Olivos, que generó momentos de tensión con la Gendarmería, que frenó la movilización a metros de la Residencia de Javier Milei.

El objetivo de la medida de fuerza es repudiar “el ajuste, la eliminación de programas sociales y los cierres de comedores” por falta de alimentos.

“Denunciamos el desguace del programa Potenciar trabajo y la reducción a la mitad del salario de 200 mil trabajadores y trabajadoras del sector y congelamiento desde noviembre del 2023. Seguimos en la calle por trabajo genuino y todas nuestras reivindicaciones”, señalaron los organizadores, que apuntaron contra el presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Una de las columnas de manifestantes se congregó a partir de las 10 en Puente Saavedra para marchar rumbo a la Quinta de Olivos. Cerca de las 12 del mediodía, un cordón policial de la Gendarmería avanzó contra los manifestantes para intentarlos llevar hacia la zona del Metrobús para tratar de liberar la avenida Maipú y se vivieron momentos de tensión.

La protesta generó demoras en el tránsito debido a los cortes, y la presencia policial fue reforzada para evitar que las columnas llegaran a la residencia presidencial. La situación se tornó tensa cuando los manifestantes, ubicados a tan solo tres cuadras de la residencia presidencial, comenzaron a quemar neumáticos en la Avenida Maipú. La Policía Federal, en coordinación con Gendarmería, estableció un fuerte operativo para evitar que las columnas llegaran a la Quinta de Olivos, lo que generó un clima de tensión entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Algunas de las agrupaciones sociales que se movilizan serán la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), MTD-Aníbal Verón, MRP, FOB, entre otras.

Ante las marchas anunciadas, las Fuerzas de Seguridad volvieron a aplicar el protocolo antipiquetes para intentar evitar que los manifestantes corten calles, rutas o accesos.

El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, ironizó ante el jefe del operativo sobre si Olivos había sido declarado como “zona militar”, debido a la fuerte presencia de uniformados.

En medio de las negociaciones entre los piqueteros y las autoridades policiales, surgió la posibilidad de que los manifestantes puedan ser recibidos por el intendente de la Quinta de Olivos, algo que fue cuestionado por las agrupaciones sociales por no tratarse de un funcionario político con poder de decisión.

“Queremos marchar a la Quinta de Olivos para entregar un petitorio y reclamar una reunión y otra vez tenemos un dispositivo en territorio bonaerense aplicando el protocolo”, se quejó Belliboni.

Con información de agencias.

IG