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Los empresarios más ricos invitaron al foro del Llao Llao a Milei, la reina Máxima y el tecnofascista Peter Thiel

El Foro Llao Llao de Bariloche, que reúne a los empresarios y dueños de las fortunas más grandes del país, volvió a invitar este año al presidente Javier Milei. La cumbre en el lujoso hotel patagónico será entre el miércoles y viernes de esta semana, y aún no está confirmada la presencia del mandatario. El año pasado tampoco asistió, pero sí lo hizo en 2024 y 2023.

Este año, según supo elDiarioAR, también fueron invitados la reina Máxima de Países Bajos y el empresario tecnofascista Peter Thiel, dueño de Palantir, quien se reunió con Milei la semana pasada en la Casa Rosada. Máxima Zorreguieta hablará el jueves antes los empresarios, mientras el magnate estaría ausente porque tiene un viaje previsto a Brasil.

Una fuente al tanto de la agenda del foro aseguró que el evento mantiene un fuerte hermetismo sobre su actividad. No fue invitada la prensa para cubrirlo.

El Foro Llao Llao agrupa a las grandes fortunas del país y algunos de sus herederos. Eduardo Elsztain, dueño del holding agrícola e inmobiliario Cresud-IRSA, es el anfitrión de un encuentro que desde hace diez años tiene los mismos habitués: Marcos Galperin (Mercado Libre), Martín Migoya y Guibert Englebienne (ambos de Globant), Federico Braun (supermercados La Anónima y Banco Galicia), Carlos Miguens Bemberg (Central Puerto), Agustín Otero Monsegur (citrícola San Miguel), Karina Román (Román Logística) o Cristiano Rattazzi (Gruppo Modena). Suelen ir también líderes de Endeavor, fundación que apoya la iniciativa privada y que cuenta entre sus directivos a Eduardo Bastitta (Plaza Logística), Alfredo Poli (Pluspetrol), Roberto Souviron (del fondo Win Win Ventures), Nicolás Sánchez (Grupo Prima), Federico Lauría (Dale Play), Nicolás Szekasy (fondo Kaszek), Alejandro Larosa (Agrofy), Luciano Nicora (Pampa Start), Franco Mignacco (Minera Exar), Nelson Duboscq (Digital House) y Sofía Pescarmona (Bodega Lagarde y la aseguradora Mercantil Andina).

La lista de invitados y la agenda del encuentro suele mantenerse en secreto, así como las exposiciones de los mismos. Según consignó el sitio Infobae, este año no habría políticos invitados, más allá de Milei, sino que será un evento enfocado en los emprendedores, con paneles sobre IA y el potencial petrolero en el país a partir de Vaca Muerta.

En 2024 Milei habló ante los empresario y sostuvo que aquellos que fugan capitales de la Argentina son “héroes”. En su discurso, a puerta cerrada y en tono polémico, el mandatario destacó a quienes “lograron escapar de las garras del Estado” en medio del control de capitales que rige en el país. “Si compran dólares en negro, mejor”, lanzó durante el evento que se realiza anualmente en el hotel de Bariloche.

Milei interpeló directamente a los hombres de negocios más importantes de la Argentina al exigirles “que se la jueguen para abrir las aguas y que Argentina sea libre”. “Muchachos, en algún momento van a tener que poner las pelotas e invertir”, les espetó a todos los presentes. Y sentenció: “Los que tienen el poder de transformar el país son ustedes, no los políticos”.

En esa ocasión el Presidente también hizo referencia a la situación económica previa a su asunción, con fuertes cuestionamientos a la administración de Alberto Fernández, y aseguró que en su llegada a la Rosada “no había margen para el gradualismo”.

“Los que tienen el poder de sacar a la Argentina adelante, cambiando el futuro y creando riqueza son los empresarios, los emprendedores, no un político”, insistió Milei, en un guiño directo a su auditorio. Y concluyó: “Estamos generando las condiciones para que Argentina vuelva a crecer, del resto se van a encargar ustedes”.

Sin confirmar su presencia en el Llao Llao, Milei tiene en su agenda de esta semana actividades políticas y de propaganda libertaria. Este martes 28 encabezará una disertación en el ex CCK, a las 18, titulada “Keynes y la Teoría General”, junto al economista Juan Carlos de Pablo y al diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) Adrián Ravier. El miércoles acompañará a Manuel Adorni en la presentación del informe de gestión y el jueves 30 mantendría reuniones en la Quinta de Olivos. Podría ir al hotel de Bariloche el viernes, al cierre del foro, durante el feriado del 1 de mayo.

MC

La SIDE toma impulso entre la visita de Peter Thiel y el nuevo protagonismo del "comisario político" de Santiago Caputo

La visita del magnate tecnológico Peter Thiel a la Casa Rosada no fue un episodio más en la agenda oficial. Su encuentro con Javier Milei llegó después de una reunión previa con el asesor Santiago Caputo por fuera del circuito institucional y se concretó en una jornada histórica, marcada por restricciones para la totalidad de la prensa acreditada. Salvo una breve mención del propio Presidente en el canal de streaming Neura, no hubo comunicación oficial sobre el contenido del intercambio con una de las figuras que mejor conectan el mundo tecnológico con las estructuras globales de inteligencia y seguridad. En ese clima de hermetismo, una pregunta recorre el poder por lo bajo: ¿qué está pasando con la SIDE?

El telón de fondo de esa inquietud es doble. Por un lado, la decisión del Gobierno de exhibir capacidad operativa con la puesta en marcha del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), una estructura formalizada por decreto en octubre del año pasado, que busca “centralizar información, coordinar agencias y fijar prioridades en la lucha contra el terrorismo”, según detallan oficialmente. Por otro, una seguidilla de episodios que, lejos de consolidar ese relato de profesionalización, abrieron interrogantes sobre el funcionamiento real del organismo y, sobre todo, sobre quién conduce efectivamente esa agenda.

La inauguración del CNA, realizada el 16 de abril, funcionó como vidriera. Con presencia del FBI y del embajador estadounidense, Peter Lamelas, el acto tuvo al jefe de la SIDE, Cristian Auguadra, como protagonista, pero fue presentado como un punto de inflexión por el subsecretario administrativo José Francisco Lago Rodríguez, quien en paralelo empezó a construir algo inusual para ese cargo: visibilidad pública. “La presencia del FBI y del embajador de Estados Unidos en la Argentina en la inauguración del Centro Nacional Antiterrorismo es un paso clave para fortalecer la protección de la República Argentina”, celebró a través de un comunicado. Y fue más allá: “Después de décadas de abandono e improvisación, estamos profesionalizando el Sistema de Inteligencia Nacional”.

Su nombre es nuevo en los pasillos del poder, aunque en los últimos meses empezó a pesar cada vez más. Abogado de formación, Lago Rodríguez proviene de los estudios Cassagne, donde integró el equipo que encabezaba María Ibarzábal Murphy, hoy al frente de la Secretaría de Legal y Técnica. Su perfil combina ese recorrido jurídico con una identidad más ligada al mundo de la seguridad: en la biografía de su flamante cuenta de X —abierta a la par del acto de inauguración de la CNA— se presenta como “Subsecretario de Inteligencia” y también como “oficial de reserva del Ejército Argentino”. Ese doble registro no es menor para entender el lugar que empezó a ocupar.

Sin embargo, su desembarco en la primera línea de la SIDE no fue leído como un movimiento técnico sino como la instalación de un “comisario político” en un área sensible. Y esa lectura se reforzó en noviembre pasado, cuando elDiarioAR reveló su tumultuosa visita nocturna al domicilio de Sergio Neiffert, entonces titular del organismo, en un episodio cargado de tensión interna que dejó al descubierto la disputa por el control de la inteligencia entre Santiago Caputo y Karina Milei.

Aquella escena, tan inusual como grotesca, funcionó como un anticipo de lo que vendría. Hoy, con Auguadra en la conducción nominal, distintas fuentes coinciden en que el poder real dentro del organismo está más distribuido. En ese esquema, Lago Rodríguez no solo ganó volumen propio sino que, en algunos casos, aparece con mayor capacidad de decisión que su superior formal. ¿Quién conduce realmente la SIDE en este nuevo esquema de poder? No es un dato menor en un área donde las jerarquías suelen ser más rígidas que en el resto del Estado, pero también más opacas.

El crecimiento de Lago Rodríguez no se explica solo por su cercanía con Santiago Caputo, sino también por los movimientos en el resto del organigrama. En particular, por la virtual salida de Diego Kravetz, cuyo corrimiento abriría un vacío precisamente en el mismo casillero con el que el joven abogado decidió presentarse en redes sociales. La coincidencia no pasó desapercibida en el mundo de la inteligencia: su autoidentificación como “Subsecretario de Inteligencia” funciona, en los hechos, como una señal de posicionamiento en esa transición aún no formalizada.

Pero ese reordenamiento no ocurre en el vacío. Forma parte de una interna más amplia en el vértice del poder libertario. El esquema que responde al asesor presidencial viene siendo observado de cerca por Karina Milei, que en los últimos meses buscó avanzar sobre ese territorio con su propia lógica de control. Si hace un mes la tensión era más explícita, hoy aparece algo más contenida, aunque lejos de resolverse. En ese contexto, la exposición de Lago Rodríguez también puede leerse como un movimiento dentro de ese equilibrio inestable.

El despliegue del CNA, en ese sentido, también puede leerse en clave interna. La estructura apunta a coordinar políticas antiterroristas y a articular información con organismos locales y extranjeros. También ofrece una plataforma desde la cual construir legitimidad y mostrar resultados. Lago Rodríguez lo entendió así y se posicionó como uno de sus principales voceros. “El terrorismo es una amenaza que requiere coordinación internacional para prevenirla”, sostuvo. Y remarcó que “la participación del FBI en la inauguración del CNA refleja la reinserción del Sistema de Inteligencia Nacional en los principales esquemas de cooperación mundial”.

Pero ese relato de apertura y profesionalización convive con episodios que lo ponen en tensión. El más evidente fue el comunicado que la SIDE publicó el 24 de marzo, en el que informaba una reunión entre Auguadra y el director de la CIA en Langley. El mensaje, amplificado al día siguiente por Manuel Adorni, fue eliminado horas después sin explicación inmediata. La versión posterior, recogida por elDiarioAR, habló de una decisión estratégica: esperar la foto oficial para reforzar el anuncio. Sin embargo, no faltaron quienes pusieran en duda el núcleo del relato. Según fuentes con conocimiento del viaje, el encuentro no habría sido con el director sino con su número dos, una diferencia que en el mundo de la inteligencia tiene un peso específico. ¿Fue un error de comunicación o una forma de sobreactuar un vínculo que todavía está en construcción?

A ese episodio se le suma otro, distinto pero igual de revelador. El 2 de abril, la SIDE publicó un nuevo comunicado donde se subía a la investigación realizada por un consorcio de periodistas acerca de una supuesta campaña de desinformación contra el gobierno de Milei financiada por Rusia. Allí se afirmaba que se trataba de un caso que “ya había investigado y puesto en conocimiento de la Justicia Federal y el Ministerio Público Fiscal en octubre de 2025”. Esa declaración fue la que motivó una presentación judicial del abogado Jorge Monastersky. Sin embargo, cuando la causa recayó en el juzgado de Sebastián Ramos, lo primero que hizo el magistrado fue buscar ese expediente previo al que hacía referencia el organismo.

La sorpresa fue que no existía. No había ninguna causa anterior impulsada por la SIDE. Ante ese escenario, Ramos delegó la investigación en el fiscal Ramiro González, que todavía espera una respuesta formal del organismo a un oficio enviado para esclarecer qué información maneja. Mientras tanto, el expediente sigue sin avanzar y los abogados de los periodistas señalados en la investigación original no logran acceder a elementos concretos. La reconstrucción de ese derrotero —dada a conocer por el periodista Camilo Cagnacci en boga.ar— agrega un elemento incómodo para el Gobierno: no solo no hay evidencia de una investigación previa, sino que la propia afirmación oficial fue la que terminó activando una causa judicial sin sustento inicial. ¿Qué quiso decir entonces la SIDE cuando aseguró que ya había intervenido en el caso? ¿Se trató de una sobreactuación discursiva o de un intento de construir iniciativa donde todavía no la había?

Es en ese punto donde la historia se corre del plano técnico y entra de lleno en la lógica del poder. La SIDE no solo se reconfigura hacia afuera, con acuerdos de cooperación, promesas de equipamiento y vínculos con agencias internacionales. También se redefine hacia adentro, en una disputa que atraviesa al oficialismo. El intento de capitalizar una foto en Langley, la sobreexposición del CNA y la emergencia de figuras como Lago Rodríguez parecen responder tanto a una estrategia de posicionamiento interno como a una narrativa de política exterior alineada con Estados Unidos.

En ese tablero, la figura de Peter Thiel agrega una capa adicional. Cofundador de PayPal y cerebro detrás de Palantir, una empresa especializada en el análisis masivo de datos, su trayectoria lo ubica en un cruce sensible entre tecnología, inteligencia y poder estatal. Se trata de alguien que trabaja con agencias de seguridad y defensa y que desarrolla plataformas capaces de integrar grandes volúmenes de información, cruzar bases de datos y producir análisis predictivo.

En ese sentido, y como señaló Mauricio Caminos en este diario, el desembarco de Thiel en la Argentina puede leerse como parte de un movimiento más amplio del Gobierno orientado a expandir esas capacidades y además reforzar la cooperación internacional en materia de seguridad. Tras el polémico DNU 941 de enero de este año, el área de ciberseguridad dejó de depender de la SIDE y pasó a la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que a su vez depende de la Jefatura de Gabinete. Pese a ese corrimiento institucional, al frente del área se mantiene el criptógrafo Ariel Waissbein. Según especialistas, el foco oficial se posa sobre el potencial de Palantir como infraestructura para articular y cruzar datos estatales: el propio decreto, en su artículo 15, habilita la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CIN), una arquitectura pensada para centralizar información sensible de distintos organismo.

Bajo ese contexto, la escena cobra otro cariz. Que Thiel haya tenido acceso al corazón del poder argentino en simultáneo con el cierre de la Casa Rosada a la prensa puede haber sido una coincidencia, pero no parece un dato menor. Tampoco lo es que todo ocurra en paralelo al relanzamiento de la SIDE como actor visible, con nuevas estructuras, nuevos voceros y viejas disputas. En ese cruce de agendas, la inteligencia vuelve a ocupar un lugar central. La incógnita es si ese protagonismo responde a una política de Estado en consolidación o a una puja interna que todavía no terminó de resolverse.

PL

Escuelas bajo amenaza: el punitivismo como atajo frente a una crisis adolescente

La conferencia de prensa que reunió a la Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dejó sentada una explicación sobre el tiroteo en una escuela de la ciudad de San CristóbaI: Gino C., el chico de 15 años que el 30 de marzo provocó la muerte de Ian Cabrera, de 13, se habría inspirado en una comunidad digital que enaltece la violencia y las masacres escolares. Pero el foco en esta “subcultura descentralizada y trasnacional”, como fue descripta con lenguaje conspirativo, excluye el contexto local y las circunstancias concretas en que se inscribe la tragedia, advierten los especialistas.

“Aun considerando que las comunidades virtuales son determinantes en las subjetividades de adolescentes y jóvenes, deberíamos orientar las preguntas hacia las instituciones y las referencias adultas, la trama social que contiene y debería alojar a estos jóvenes. ¿De qué manera creamos comunidad con los adolescentes? ¿Qué es lo común entre las generaciones?”, plantea Evangelina Benassi, investigadora de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Nacional de Rosario.

Para el criminólogo Enrique Font, la mención de la True Crime Community es parte “de una lógica que sobredimensiona la amenaza” y en la que “no se deslinda el riesgo de cuestiones escolares que no son delitos”. En el caso de San Cristóbal “no se informó qué nivel de involucramiento tuvo el tirador con esa comunidad, pero lo primero, en vez de tirar la pelota afuera y decir que se explica por una amenaza terrorista trasnacional, es la dimensión local. ¿Qué tensiones en su biografía y en su estructura social puede resolver un pibe con un ataque mediado por su adhesión a esa cultura?”

Hasta el jueves pasado se habían registrado 404 denuncias por amenazas en escuelas de Santa Fe, unas 1000 en la provincia de Buenos Aires y un número no precisado en otras provincias y en la ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos de Córdoba y Santa Fe anunciaron que los padres de los alumnos involucrados pagarán los costos de los operativos de seguridad, mientras se instruyen causas por intimidación pública a estudiantes mayores de 16 años.

Font diferencia las interpretaciones sobre las amenazas recibidas en las escuelas por parte de los gobiernos de Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires. “En el segundo caso se hace un esfuerzo muy serio por no meter todo en el mismo paquete y deslindar cuestiones que no son delitos de las situaciones donde aparecen riesgos. Santa Fe sobrecriminaliza en una interpretación en la que hay algo de oportunismo para alimentar una lógica dura, fracasada como punitivista, pero también porque la provincia no investiga ni sabe qué hacer: en esta visión todos los hechos implican riesgo criminal y requieren medidas penales duras, lo cual es un dispendio de recursos formidable y una lógica poco ajustada a lo que sucede”.

Las amenazas de tiroteo en escuelas de distintas provincias encendieron las alarmas en el sistema educativo argentino y derivaron en detenciones, imputaciones y el refuerzo de medidas preventivas. Los casos más recientes se registraron en Salta, Córdoba y Mendoza, donde autoridades judiciales y educativas avanzan con investigaciones para determinar responsabilidades

Adultos dispuestos a acompañar

Gino C. había sido distinguido como mejor compañero de su curso en diciembre del año pasado, un dato que no cuadra con el aislamiento social que el Departamento de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal atribuyó a los miembros de la True Crime Community. Por eso, Benassi agrega: “Ubicar al joven rápidamente como parte de una subcultura específica, como alguien raro o especial, también desdibuja los puntos de contacto que estas culturas juveniles tienen con la sociedad en su conjunto y lo que propicia la emergencia de estas prácticas”.

“Si hay una red virtual detrás, hay seguramente un negocio que lo propicia y lo sostiene –destaca Benassi–. La invisibilización del mercado desdibuja sus intereses y considerarlo juego atrae a los jóvenes desde un lugar de diversión y esparcimiento. El universo virtual es un universo desregulado. La mercantilización de la vida es preocupante, como también la posibilidad de que los adolescentes tengan cuentas bancarias y puedan participar en actividades bursátiles, un dato del que no se tomó demasiada nota”.

El universo virtual es un universo desregulado. La mercantilización de la vida es preocupante, como también la posibilidad de que los adolescentes tengan cuentas bancarias y puedan participar en actividades bursátiles, un dato del que no se tomó demasiada nota

Evangelina Benassi — Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Nacional de Rosario

Benassi lleva más de una década haciendo trabajo de campo con jóvenes y adolescentes en barrios periféricos de Rosario. “La pertenencia del joven de San Cristóbal a la clase media plantea particularidades en el modo de transitar el ser joven –puntualiza–. Los adolescentes conforman un universo muy heterogéneo que no se debería encasillar en un universal, pero algo común es la escasez y precariedad de oferta pública para los y las jóvenes en el país. El encierro y la soledad son muy profundos y generan angustia, y salir de esa situación requieren instituciones y adultos dispuestos a acompañar”.

Silvina Fernández, directora de la Escuela de Trabajo de la Universidad Nacional de Rosario, registra otro dato en el tratamiento de la situación en San Cristóbal por parte de los funcionarios: “Las autoridades de las áreas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes quisieron dejar bien en claro que no tuvieron pedidos de intervención sobre el adolescente involucrado. La política social se concibe cada vez más como atención a la demanda y respuesta individualizada y cada vez menos en clave de problemáticas sociales”. Después del tiroteo en San Cristóbal docentes de los Equipos Socioeducativos de la provincia de Santa Fe revelaron condiciones precarias de trabajo y personal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia denunció la vulneración de derechos de niños y niñas en ese organismo y situaciones de violencia laboral.

La inflación de la amenaza

Font advierte sobre “el riesgo de que las intervenciones amplifiquen el fenómeno que quieren conjurar, si se trata todo como si fuera lo mismo” y señala “la desproporción entre el riesgo y la seriedad de las amenazas y la preocupación que producen como indicadores de potenciales tiroteos”.

El Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, describió como “travesura viral” los graffitis en baños y dijo a Infobae que en 2025 hubo tres casos de alumnos con armas en escuelas bonaerenses sobre una población de 5.200.000 estudiantes. “No quiere decir que no pueda suceder algo grave, pero no es lo mismo tener la mesura de pensar así los fenómenos que imaginar que cada amenaza es una masacre de Columbine en ciernes”, destaca el criminólogo.

“La pregunta es cuáles son los factores que propician que un docente, un padre, una madre o cualquier referencia adulta no tenga puntos de contacto con un adolescente ni encuentre universos simbólicos y materiales en común –dice Benassi–. Las amenazas y el modo en que se gestionan públicamente dan cuenta de esa distancia: los y las adolescentes se están expresando en definitiva para decir algo y la respuesta es con procedimientos de tinte más policial que de escucha, de mediaciones para poner en palabras lo que les está pasando”.

Las culturas de transgresión expresan valores dominantes de una sociedad que no circulan abiertamente. Hay partes importantes de nuestra sociedad que están muy cómodas con los discursos misóginos y ultra violentos

Enrique Font — Criminólogo

La Fiscal General de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, propuso discutir la prohibición de las redes sociales para menores de edad e invocó el antecedente de Australia. “Brasil implementó en marzo el Estatuto Digital del Niño y del Adolescente, imponiendo límites estrictos a las redes sociales para menores de 16 años –dice Silvina Fernández–. Además de la autorización parental para el uso, la medida restringe el scroll infinito. Es un intento de atemperar esta influencia negativa que ya estamos experimentando”.

No obstante, “la lógica de la prohibición, en cualquier ámbito y de cualquier tipo, es insuficiente y hasta obsoleta, porque nuevamente sería considerar el problema desde una única explicación: habría que pensar en regulaciones y en desplazar la mirada desde lo individual hacia lo colectivo”, propone Benassi. En ese plano, “el encierro de los adolescentes y su conexión con redes virtuales para muchos adultos implica deslindarse del acompañamiento presencial y activo. Nos encontramos con adultos agotados, desempleados o pluriempleados, con poca perspectiva de futuro. Quienes debemos acompañar a los jóvenes transitamos una situación de mucha precariedad e inestabilidad”. 

Desmontar el odio

La True Crime Community asomó como una entidad desconocida y un nuevo peligro en términos de seguridad después de la conferencia del Gobierno nacional y de Santa Fe. El comisario inspector Guillermo Díaz, jefe del Departamento de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal, dijo que fueron detectados “otros quince casos similares y hay cuatro investigaciones en trámite bajo las mismas características” de los jóvenes involucrados en el tiroteo de San Cristóbal, de 15 y 16 años.

Díaz afirmóo que “tal cual se vio en la serie Adolescencia”, de Netflix, se trata de jóvenes “que odian a las mujeres considerándolas de cierta forma, odian a los varones que obtienen relaciones románticas felices y llegan a cometer masacres contra esas personas”. Tratada como amenaza terrorista, la situación exigiría “nuevas herramientas de prevención e investigación” de las fuerzas de seguridad, lo que también entenderse como una sugerencia por mayor presupuesto y atribuciones de las que ya otorgó el gobierno libertario.

Enrique Font disiente con la interpretación oficial. “Hay que entender las cuestiones estructurales que llevan a pibes de este país a encontrar en las comunidades digitales algo que resuelve las tensiones que tienen en la escuela, en su comunidad, con sus familias. Las culturas de transgresión expresan valores dominantes de una sociedad que no circulan abiertamente. Hay partes importantes de nuestra sociedad que están muy cómodas con los discursos misóginos y ultra violentos”.

“La violencia es un real muy presente en nuestra vida y actualmente hay pocos modos disponibles para tramitarlo –dice Evangelina Benassi–. El lugar del arte y la educación es fundamental para que esa operación sea posible. Pero en un contexto donde la educación está tan en crisis, se debilitan las posibilidades de mediaciones intelectuales e institucionales para que la violencia encuentre modos de encauzarse, de expresarse y que no sea mediante el pasaje al acto”.

En ese sentido el momento es “muy complicado”, destaca Benassi, porque “el discurso y las acciones del gobierno actual atentan y destruyen todo lo que tenga que ver con las regulaciones sociales y devalúan las tramas colectivas y acuerdos comunes”. El odio también puede propagarse desde políticas que lo cuestionan: “La respuesta únicamente punitiva es parte de una misma lógica, impide el diálogo y debilita todavía más lo común. Tenemos que pensar por qué ese odio convoca tanto y qué podríamos potenciar para erosionar su discurso”.

OA/MG

Aumentos de suicidios, violencia escolar y retroceso de políticas públicas: la salud mental de los adolescentes en peligro

En Mendoza, una alumna entra al colegio con un arma en la mochila y dispara dos veces. Meses después, en una escuela de Santa Fe, un chico mata a un compañero con una escopeta. En los días siguientes se multiplican amenazas de tiroteo en instituciones educativas de todo el país. En San José, Entre Ríos, se registra una “epidemia” de suicidios. Y en Merlo, la muerte de Maitena, encontrada ahorcada de un árbol, conmueve al país. “Todos pensamos alguna vez si vale la pena seguir viviendo”, dice Aimara, su compañera de 15 años, ante un un móvil de C5N.

Son escenas y geografías distintas, pero en todas hay adolescentes atravesando situaciones límite en contextos de fragilidad social, escolar y emocional. Se repiten antecedentes de violencia, aislamiento y un uso intensivo de redes sociales. Según especialistas, el malestar juvenil se volvió más frecuente y se mantiene en niveles comparables a los de 2020, en plena pandemia.

“Los adolescentes nos cerramos, pero eso no significa que no nos guste que nos pregunten: ‘¿cómo te fue?, ¿cómo la pasaste?, ¿tenés amigos?’. Sin embargo, nuestros padres llegan estresados, laburan 12 horas al día. Tiene que haber un trabajo de prevención en las familias y en las aulas, porque todos podemos ser Maitena”, resume Aimara.

Según profesionales, el uso intensivo de redes sociales y la hiperconectividad profundizan el malestar y el aislamiento de adolescentes que no encuentran contención en adultos, desorientados frente al avance acelerado de la tecnología y absorbidos por el pluriempleo, que en los últimos ocho años creció un 40%, según datos de la CTA. En ese contexto, la inversión en salud mental pasó de representar el 10% del presupuesto sanitario en 2023, al 1,4% en la actualidad. 

El último relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA indica que el 6,5% de la población presenta riesgo de trastorno mental, con mayor impacto en jóvenes de 18 a 29 años y en sectores de menor nivel socioeconómico. Solo el 29,15% está en tratamiento psicológico y, entre quienes no acceden, el 50,05% considera que lo necesita, con la barrera económica (43,44%) como principal obstáculo. Además, el 58,69% reporta problemas de sueño y el 52,40% atraviesa una crisis vital, en niveles de malestar similares a los registrados durante la pandemia.

“La soledad, el vínculo con la tecnología, el acceso a drogas y la violencia familiar son las principales preocupaciones. Hay un aumento de intentos de suicidio y de autolesiones, que es un mecanismo que alivia la ansiedad, cada vez más presente en jóvenes”, advierte Pedro Kestelman, psiquiatra infantojuvenil y ex presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto Juvenil.

Los suicidios: una preocupación creciente

En la Argentina, las muertes por suicidio mantienen una tendencia en alza. En 2023 hubo 4.197 casos frente a 3.955 muertes viales, mientras que en 2024 fueron 4.249 contra 3.539, según el Ministerio de Seguridad. Tras una baja entre 2018 y 2020, los casos crecieron de forma sostenida, con un aumento acumulado cercano al 28% desde 2017. Hoy es la principal causa de muerte violenta.

Por edad, se observa un corrimiento hacia los jóvenes en las muertes por suicidio: aumentan los casos en el grupo de 15 a 25 años, mientras descienden en adultos mayores, según la Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto Juvenil. A su vez, la Facultad de Psicología de la UBA advierte que las personas de 18 a 29 años presentan los niveles más altos de ansiedad, depresión y riesgo suicida.

“Aumentaron las crisis anímicas y los intentos de suicidio en adolescentes, que están muy solos y el mundo adulto no sabe cómo acompañarlos. La pospandemia y el avance de la tecnología nos dejaron descolocados. Es difícil separar lo positivo de lo dañino”, señala Kestelman.

“Hoy la palabra tiene poco valor, está devaluada, no encuentra ni tiempo ni espacio para ser compartida en un lazo que la sostenga”, dice Eugenia Serrano, psicóloga y docente de la Maestría en Clínica Psicoanalítica de la UNSAM.

“Hay en la época un gusto compartido y aceptado por la exhibición y espectacularización del odio y la crueldad, donde las adolescencias bucean en esa oscuridad de manera ilimitada”, suma Soledad Arrieta, psicóloga que creó y coordinó el dispositivo del 0800 de Salud Mental Nacional del Hospital Bonaparte y fue desplazada recientemente de ese puesto.

Retroceso de políticas públicas en salud mental

En Mendoza, la alumna que ingresó armada a la escuela en septiembre de 2025 quedó luego vinculada a un abuso sexual por parte de un celador. En Santa Fe, el ataque que terminó con la muerte de un alumno expuso la participación del agresor en comunidades digitales que promovían masacres escolares. En San José, Entre Ríos, una ciudad de 22.000 habitantes, se registraron 16 suicidios entre 2024 y 2025 —con víctimas de entre 15 y 40 años— y decenas de intentos, con una internación diaria en 2024 por ideación suicida, por depresión y apatía. En Merlo, el caso de Maitena sumó indicios de hostigamiento en redes sociales.

En todos los casos aparece un patrón común: el peso de las tecnologías, el aislamiento progresivo y la dificultad para establecer canales de diálogo con adultos. “Sufrimos en silencio”, advirtió la compañera de Maitena. En este contexto, especialista advierten un retroceso del Estado en políticas de salud mental. A esto se le suma despidos y renuncias por bajas condiciones laborales, y el cierre de instituciones de formación profesional, como las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental (RISAM). 

“No vamos a contar con profesionales formados en hospitales escuela, como el Bonaparte, que es una institución de referencia”, advierte Soledad Arrieta, quien fue desplazada del dispositivo del 0800 de Salud Mental Nacional del Hospital Bonaparte.

El dispositivo –una línea telefónica federal y gratuito de atención en urgencias de salud mental– mostró un fuerte crecimiento en la demanda en 2023 y 2024. Sin embargo, esa tendencia se revirtió en 2025 y lo que va del 2026. “La merma en los pacientes atendidos de los últimos dos períodos –2025 y 2026– se debe a los despidos y renuncia de personal especializado del 0800 perteneciente al Hospital Bonaparte. Pasamos de una dotación de 31 profesionales a 19 en la actualidad”, explicó.

En este contexto, el Gobierno envió al Senado el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, que propone reemplazar el concepto de “padecimiento mental”, flexibilizar las condiciones para la internación involuntaria –con mayor intervención del psiquiatra– y reorganizar el sistema en una red por niveles de complejidad, en lugar de avanzar en el cierre de hospitales psiquiátricos.

Las provincias cuestionaron la iniciativa por considerar que fue elaborada sin participación federal. Autoridades sanitarias advierten que, en un contexto de fuerte aumento de la demanda –con subas en la provincia de Buenos Aires del 77% en internaciones y del 134% en consultas ambulatorias en 2025–, el proyecto presenta problemas de financiamiento y podría introducir nuevas barreras de acceso, especialmente en situaciones de urgencia. Además, señalan que implica un retroceso en el enfoque comunitario de la ley vigente.

“El problema de la ley es por un lado su precarísimo financiamiento y por otro los intereses en juego de las grandes corporaciones y prestadoras de salud”, resume Arrieta. En esa línea, Eugenia Serrano advierte: “El proyecto de reforma actual tiene como eje fundamental una vuelta al paradigma de la hegemonía médica por sobre los abordajes interdisciplinarios que plantea la ley vigente y en este sentido es reduccionista”.

Tecnología y malestar

Un relevamiento de la UBA indica que el 97,19% de los jóvenes usa redes sociales y el 58,98% herramientas de inteligencia artificial, con niveles más altos de ansiedad y malestar asociados a su uso. Incluso, un 7,37% preferiría interactuar con IA antes que con un profesional, grupo que presenta los peores indicadores de ansiedad, depresión y riesgo suicida.

“Hay malestares de época –ansiedad, depresión, soledad– que en la adolescencia se intensifican y amplifican en las plataformas digitales”, señala Santiago Stura, coordinador de comunicación de Faro Digital.

Experiencias como el rechazo o la exclusión ya no se tramitan en espacios visibles para adultos, como la escuela o la familia, sino en intercambios entre pares dentro de redes sociales. “Muchas veces ocurren por fuera del radar del mundo adulto”, advierte.

Plataformas como TikTok funcionan como motores de búsqueda donde circulan explicaciones sobre salud mental entre jóvenes, una lógica que empieza a trasladarse también a la inteligencia artificial. “Se utiliza con fines casi terapéuticos”, señala Stura.

“Por ahora no estamos viendo la parte positiva de la inteligencia artificial. Muchos adolescentes están sustituyendo la consulta profesional. Ahí hay una zona de riesgo que ya se está estudiando”, concluye Kestelman.

Piden la indagatoria de Andrés Vázquez, titular de ARCA, por ocultar propiedades en Miami con un valor mayor a US$2.000.000

El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, pidió en las últimas horas la indagatoria de Andrés Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al considerar que el funcionario libertario “omitió maliciosamente” en sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA) y el propio organismo fiscal tres departamentos en Miami por un valor que supera los US$2 millones, adquiridos en 2013. El avance de la investigación se da en un contexto en el que la lupa también está puesta sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por inconsistencias entre el patrimonio declarado y diferentes propiedades a su nombre, además de viajes al exterior, y en horas en las que otro funcionario del gobierno de Javier Milei, el secretario de Infraestructura, Carlos Frugoni, debió renunciar a su cargo tras salir a la luz que poseía siete departamento de lujo en los Estados Unidos que no habían sido consignados en su declaraciones patrimoniales.

De acuerdo al pedido de Rodríguez al fiscal federal Guillermo Marijuán, quien trabaja en el caso junto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que lidera el fiscal Diego Velasco, y que deberá resolver el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, Vázquez, “sin duda alguna, incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial por cuanto maliciosamente obvió insertar el real vínculo que tenía con las sociedades que registran bienes en el exterior, inmuebles que él y su familia usufructúan”. Es un delito que contempla penas de hasta 2 años de prisión y la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos. Además, el titular de la PIA solicitó a la fiscalía que amplíe la investigación a los presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, de acuerdo a lo que informa el diario La Nación.

Andrés Edgardo Vázquez, el funcionario que eligió el presidente Javier Milei en 2024 para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria desde la DGI y que en diciembre de 2025 fue promovido a titular de la ARCA en reemplazo del renunciado Juan Pazo, compró, a través de sociedades en el exterior, tres departamentos en Estados Unidos por más de US$2 millones que no consignó en sus declaraciones juradas, de acuerdo a la investigación publicada en diciembre de 2024 por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y que publicó elDiarioAR. 

De acuerdo a los datos que recogió la PIA, Vázquez administraba dos de las propiedades adquiridas en el estado de Florida mediante un complejo entramado de sociedades offshore que continúa activo. La red de empresas abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas que controla otras dos compañías montadas en Panamá. Las firmas panameñas, a su vez, fueron el vehículo que permitió concretar la adquisición de tres inmuebles en Miami. La información se desprende de una investigación realizada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y La Nación con datos de la filtración Pandora Papers y documentos contables, societarios y bancarios, entre otros.

Quién es Andrés Vázquez

Vázquez, contador público, ingresó en 1990 al organismo tributario como empleado raso y ascendió hasta convertirse en el responsable del área de inteligencia fiscal, un papel que desempeñó durante años y que le permitió desarrollar relaciones con los servicios de inteligencia del Estado. Cultiva el bajo perfil, hasta el punto de que no hay fotos suyas en internet ni en redes sociales. Durante el apogeo del kirchnerismo, el funcionario lideró el área estratégica “Regional Sur Metropolitana”, un cargo que ocupó desde 2009 hasta 2016, según su perfil de LinkedIn.

Vázquez llegó a la gestión libertaria con la venia de Santiago Caputo, que desde las sombras viene construyendo —no sin resistencias— un esquema de control basado en información sensible, cruce de datos y capacidad de presión. ARCA es una pieza central de ese diseño. La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la otra.

El nombre de Vázquez para coronar la estructura, según reconstruyen distintas fuentes oficiales, fue acercado por Leonardo Scatturice, flamante dueño de OCA con asiento en Miami. El nexo original entre el polémico empresario y Caputo es Manuel Vidal, mano derecha del asesor y figura clave en la ingeniería de vínculos con actores privados que orbitan el nuevo sistema de poder. El movimiento no fue neutro ni casual: llegó cuando la influencia del consultor todoterreno sobre áreas sensibles del Estado parecía haber entrado en revisión, en medio de auditorías, filtraciones y una pulseada cada vez más áspera con Karina Milei.

Años bajo la lupa de la Justicia

La Justicia penal lo investigó por su crecimiento patrimonial pero Vázquez sobrevivió a esa pesquisa y fue sobreseído. También resistió los enfrentamientos entre las facciones internas del organismo, que le valieron desplazamientos hacia áreas periféricas. Lo habían relegado a la aduana del puerto de La Plata, cuando Milei decidió disolver la AFIP. Después, Vázquez llegó a la cúspide de la DGI, la máxima autoridad impositiva, como paso previo a liderar la ARCA.

Mientras aquella investigación judicial estaba en marcha, Vázquez continuó con su expansión fuera del país, según reconstruyó la investigación periodística. Las sociedades Alcorta Corp y Pompeya Group Corp fueron registradas en Panamá en 2012, pero ni el nombre del funcionario argentino ni el de sus familiares aparecía en estas empresas de papel. Las compañías fueron manejadas desde su creación por empleados de un estudio panameño y por tres compañías registradas en las islas caribeñas San Cristóbal y Nieves, según los documentos obtenidos del Registro Público de Panamá. 

Alcorta Corp compró dos departamentos en Miami a comienzos de 2013. El 9 de enero adquirió la unidad 3504 en el complejo de lujo Icon Brickell, en el número 495 de la avenida Brickell, por US$710.000, según datos del registro de propiedades de Miami Dade. Y un día después, el 10 de enero, desembolsó otros US$350.000 por la unidad 2811 en el edificio ubicado en el 1060 de la avenida Brickell, que vendería cinco años después. 

Las inversiones de Alcorta Corp expusieron detalles que revelaban que el funcionario argentino estaba detrás de esas operaciones inmobiliarias. Un documento presentado por esta sociedad panameña en septiembre de 2013 ante el Florida State Departament indicaba una dirección en la calle Julieta Lanteri, en el lujoso barrio de Puerto Madero. Era el mismo domicilio que aparecía en el pasaporte de Vázquez.

Las inversiones en Miami continuaron cuando Pompeya Group Corp, la otra sociedad panameña, compró la suite 904 en el condominio Chateau Beach Residences, ubicado en la zona de Sunny Isles. La operación, fechada el 20 de julio de 2015, se ejecutó por US$980.000, según datos del registro de propiedades del condado de Miami. Es un edificio de 33 pisos con paredes de vidrio frente al mar que ofrece unas vistas únicas de la costa.

Una escala en las Islas Vírgenes

Las sociedades panameñas ya estaban asentadas cuando Vázquez tocó las puertas de Trident Trust, el estudio especializado en manejar operaciones offshore. El funcionario encontraría en las Islas Vírgenes Británicas un eslabón más de secretismo en una de las jurisdicciones más opacas del planeta. Trident Trust detectó en una investigación interna que Vázquez era funcionario público y lo calificó como “persona políticamente expuesta”, pero siguió adelante con los trámites para abrir sociedades. 

El hoy jefe de ARCA, y antes de la DGI, fue accionista y beneficiario final de Panchy Ventures Limited, según los registros de Pandora Papers, la filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Vázquez controlaba esa sociedad junto a Silvia Ivone Rodríguez, su primera esposa, también funcionaria, de la que luego se divorció. Los documentos internos para constituir la sociedad indican que tomaron el control con partes iguales de la compañía que se utilizaría –informaron– para adquirir inmuebles en Florida, Estados Unidos, aunque hasta el momento esta investigación no encontró propiedades vinculadas a esta sociedad. La compañía se disolvió en noviembre de 2022, según el registro público de las Islas Vírgenes Británicas.

Vázquez volvió a tocar las puertas de Trident Trust un año después, en mayo de 2016. El contexto había cambiado: la explosión de los Panama Papers en abril de ese año había dejado expuesto a ese país como un paraíso para el dinero opaco. El funcionario insertó un eslabón más de distanciamiento entre él y los inmuebles en Estados Unidos a través de la apertura de la sociedad Galanthus Capital Limited en las Islas Vírgenes Británicas. Galanthus quedó como la firma controlante de las panameñas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp. 

Vázquez, único accionista de Galanthus, dejó sus datos personales en el registro de cliente del estudio Trident Trust: una fotocopia de la primera página de su pasaporte, su fecha de nacimiento y su dirección en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero. Su pasión por el fútbol aporta más indicios. El funcionario dejó su correo electrónico privado, que alude a “La Quema”, uno de los apodos utilizados para nombrar al club Huracán. Los nombres de las dos sociedades constituidas en Panamá también refieren a ese fervor: el estadio de este equipo queda sobre la avenida Alcorta, a unas pocas calles del barrio de Pompeya, en el sur de Buenos Aires.

La copia del pasaporte que Vázquez remitió a Trident Trust incluye, además, la única fotografía de su rostro que se conoce, que CLIP difunde en esta investigación. Obsesionado con el bajo perfil, Vázquez se ocupó durante años de que no circulen fotos suyas en Internet, incluso a pesar de las exigencias propias de su función como titular de la DGI.

Galanthus, como sociedad, fue nombrada presidente de las sociedades panameñas en 2021. En esa misma reunión de accionistas se decidió el ingreso de las hijas de Vázquez, que recién habían cumplido la mayoría de edad, con cargos ejecutivos. Así, el nuevo jefe de la DGI mantendría hasta la actualidad el control sobre las dos propiedades en Miami que suman un valor cercano a los US$1,7 millones, según los datos del Registro Público de Panamá. 

Ante la Oficina Anticorrupción (OA), sin embargo, no consta que Vázquez haya informado esas propiedades, ni la titularidad de las acciones en Galanthus Capital Limited en sus declaraciones juradas anuales. Por otra parte, CLIP no pudo corroborar si Vázquez ha declarado este entramado ante el fisco, por encontrarse esa información bajo secreto fiscal.

Como funcionario de alto nivel, Vázquez está obligado por la ley de Ética Pública de Argentina, vigente desde 1999, a presentar ante la Oficina Anticorrupción una declaración jurada que detalle todos sus bienes y los de su cónyuge. Ese reporte se actualiza cada año y es de acceso público. No informar parte del patrimonio puede configurar el delito de “omisión maliciosa”, que prevé penas que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De “cuevas” y omisiones

Vázquez registraba un antecedente con su patrimonio: se lo acusó de no haber declarado ante la DGI –que ya era su empleador – cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo que entre 2004 y 2009 habrían movido medio millón de dólares, según un dictamen de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). De ese expediente judicial se desprende que la Unidad de Información Financiera (UIF) había recibido alertas sobre él –o un homónimo– de parte de una unidad antilavado extranjera en 2005.

La causa se inició en 2011 después de un allanamiento sobre una oficina del banco BNP Paribás en Buenos Aires que funcionaba como una “cueva” para canalizar la fuga de capitales al exterior. El expediente de Vázquez se tramitó aparte por su condición de funcionario público, pero la investigación afrontó varias dificultades, como la reticencia inicial del juzgado para solicitar información a Luxemburgo mediante un exhorto internacional.  

Vázquez negó ante la Justicia ser el titular de esas cuentas –en las que aparecía junto a su hermana – y afirmó que era víctima de una “operación de prensa” por haber encabezado el megaoperativo de la agencia tributaria sobre el Grupo Clarín, en septiembre de 2009. 

El juez Sergio Torres lo sobreseyó en 2018, pero la decisión fue revocada por la Cámara Federal porteña, que ordenó continuar con la investigación. Cuatro años después, en noviembre de 2022, el juez Ariel Lijo volvió a sobreseerlo ante la “imposibilidad” de avanzar con la investigación. Es decir, la Justicia no pudo comprobar que Vázquez tuviera esas cuentas debido a la negativa de las autoridades de Curazao, Países Bajos y Luxemburgo de responder los exhortos enviados desde Argentina.

Un año después del fallo que lo sobreseyó, Vázquez declaró un amplio listado de activos en Argentina y en el extranjero en su última declaración jurada disponible, correspondiente a 2023. Informó que es dueño de 10 inmuebles en la Argentina que obtuvo con ingresos propios, por donaciones o por herencia –desde departamentos y una cochera, hasta la mitad de una casa en un barrio cerrado–, además de tres cuentas bancarias en Estados Unidos que tenían un saldo inferior a US$3.000.  

Vázquez también declaró tres sociedades en la Argentina –Más Más SA, DVQP Sport SA y Consultora San Andrés SA, en la que figura como vicepresidente la misma hermana con la que apareció en las cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo­–. Pero en ninguna de las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción aludió directa o indirectamente a las sociedades en paraísos fiscales ni a los departamentos en Miami.

La polémica por los ascensos de su esposa

A la semana de haber sido nombrado por el presidente Javier Milei como jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez promovió a comienzos de enero de 2024 bajo su propia órbita a su pareja. Cobraba desde entonces al menos $7 millones, publicó en su momento La Nación.

Vázquez favoreció en ese momento a María Eugenia Fanelli, que pasó de desempeñarse como jefa de una sección técnico jurídica, con un sueldo de bolsillo que oscilaría entre los $3,8 y $4,2 millones, a asumir al frente de la Dirección Regional Centro II de la ciudad de Buenos Aires, con un salario neto que rondaría entre los $7 y $8 millones, según sea su antigüedad y otras particularidades, según indicaron cuatro fuentes del organismo.

La designación de Fanelli constaba en la Disposición 182/2024, firmada el 1 de noviembre de 2024, y se publicó el lunes 4 de ese mes en el Boletín Oficial junto al desplazamiento del hasta entonces titular de esa Dirección Regional, Luciano Botto Rostom, al que Vázquez envió 100 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires, a la Regional de Mercedes, donde a su vez desplazó a quien estaba a cargo.

Al promover a Fanelli, Vázquez llevaba una semana en su nuevo cargo, tras la publicación de su propio nombramiento en el Boletín Oficial, el 25 de octubre de 2024. Lo firmó Milei junto a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich –con firma delegada por viaje del ministro de Economía, Luis Caputo—, y sin la firma del exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, ni de la entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi.

Un año después, tras el ascenso de Vázquez como titular de ARCA, su esposa fue promovida de nuevo, esta vez, fue designada como subdirectora general de Operaciones Impositivas Metropolitana dentro de la Dirección General Impositiva (DGI), una de las áreas más sensibles del organismo recaudador.

El apoyo de Milei

El presidente Javier Milei salió a justificar públicamente a fines del año pasado la designación del jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Edgardo Vázquez, pese a que el funcionario enfrenta investigaciones por no haber consignado en su declaración jurada tres propiedades en Miami, Estados Unidos, adquiridas a través de sociedades en el exterior por más de US$2 millones y cuyos detalles salieron a la luz en una investigación periodística publicada en 2024 en la que participó elDiarioAR.

En una entrevista televisiva de diciembre de 2025, al ser consultado sobre la polémica designación y las causas que pesan sobre Vázquez, Milei respondió que “causas abiertas puede tener un montón de personas, sobre todo si estás metido en política. El tema es si tiene condena o no. Mientras tenga causas abiertas uno no puede estar sentenciando a la gente antes de que actúe la Justicia, es algo que los argentinos deberían empezar a aprender”. Con ese criterio, el mandatario defendió su decisión de mantener a Vázquez al frente del organismo recaudador. “Es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina. Es un capital humano difícil de reemplazar”, resaltó el mandatario nacional.

Sobre las causas judiciales, su réplica fue la caracterización generalista: “Causas abiertas puede tener un montón de personas, sobre todo si estás metido en política. El tema es si tiene condena o no. Mientras tenga causas abiertas uno no puede estar sentenciando a la gente antes de que actúe la Justicia, es algo que los argentinos deberían empezar a aprender”.

*Con información del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP)