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Ajeno a la marcha universitaria, el Gobierno negoció en Diputados cambios clave en la ley Bases
“Acá estamos, en la marcha”. El diputado libertario Carlos D’Alessandro pasó raudo por el pasillo del primer piso del Congreso y soltó una sonrisa burlona. Detrás lo siguió Martín Menem, quien defendió haber estudiado en la Universidad de Belgrano. No venían de la multitudinaria movilización universitaria sino que iban al salón de Pasos Perdidos para asistir a una conferencia que encabezaba el politólogo de extrema derecha Agustín Laje junto con el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. En esa agenda estaba involucrado el oficialismo al caer la tarde de este martes, mientras en el despacho del titular de la Cámara baja estaban reunidos funcionarios del Gobierno con diputados opositores para intentar salvar la segunda versión de la ley Bases y el paquete fiscal.
Mientras las calles revelaron un masivo rechazo al ajuste de Javier Milei hacia la universidad pública, dentro del Palacio durante toda la jornada se negociaron frenéticamente los proyectos legislativos libertarios. Las conversaciones están dilatadas entre la oposición dialoguista y la Casa Rosada, al punto que ya se pateó al menos un día más la firma de los dictámenes.
El anhelo libertario era que la nueva ley ómnibus tuviera despacho de un plenario de comisiones hoy, pero encumbradas fuentes legislativas aseguraron a elDiarioAR que eso ocurriría recién mañana. También mañana el oficialismo avanzaría con el paquete fiscal. En la cabeza de Menem, que ayer se mantuvo al chat con Milei, la estrategia es que las reformas libertarias se voten en el recinto de Diputados entre lunes y martes de la semana próxima, justo antes del feriado del miércoles 1 de mayo.
“Es todo mucho más sano que la primera vez, pero sigue siendo una relación tóxica”, sintetizó el cuadro de situación un diputado de Hacemos Coalición Federal, uno de los bloques que junto con la UCR y Innovación Federal busca acordar con La Libertad Avanza. El PRO ya avisó que está dispuesto a acompañar casi a libro cerrado el proyecto que baje al recinto.
Del lado de Ejecutivo pasaron ayer por el Congreso el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el secretario Ejecutivo de Gobierno, Jose Rolandi, segundo de Nicolás Posse; y María Ibarzabal, secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo. Por la bancada oficialista se mostraron el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni, así como José Luis Espert y Nicolas Mayoraz. Entre los opositores desfilaron por el despacho de Menem, entre otros, los amarillos Silvia Lospennato y Silvana Giudici, los radicales Karina Banfi y Soledad Carrizo, y el secretario parlamentario Alejandro Cacace, y los federales Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño (de HCF) y Pamela Calleti (de Innovación Federal).
La restitución del impuesto a las Ganancias, la reforma laboral, el futuro de los fideicomisos, la privatización del Banco Nación, los impuestos al sector del tabaco y el polémico artículo que habilita la desregulación de la economía son algunos de los puntos más discutidos entre el Gobierno y la oposición dialoguista. Ayer esos temas fueron negociados en reuniones temáticas que se sucedieron desde las 11 hasta pasadas las 20. Fue tal la extensión de los encuentros que Menem se permitió compartir con los opositores un menú con empanadas.
Una de las victorias que la oposición dijo que se llevó de la negociación fue que se saque del texto el ahora artículo 143 –antes 70– que daba una amplia prerrogativa al Presidente para desregular la economía. Rolandi llegó incluso a hacer un poroteo personal con sus interlocutores. Ningún opositor acompañó. “Está hundido”, le dijo una diputada radical. En el bloque de la UCR no hay consenso sobre la ley Bases: de hecho, ayer en medio de la marcha el diputado Facundo Manes se permitió una explícita crítica a Milei.
Otro de los cambios que exigió la oposición blanda es abrir el proceso de privatización. “Hemos incorporado un listado de exclusiones de organismos a disolver o intervenir, lo cual da mucha tranquilidad”, apuntó un operador parlamentario. También se sumaron instancias de seguimiento público a través de la Auditoría General de la Nación y la Sigen en el proceso, pero hay un desacuerdo finito aún sobre el Banco Nación. El Gobierno quiere dejar abierta la puerta a que su privatización parcial pueda permitir que un privado se haga cargo de su manejo operativo –un diputado lo ejemplificó con la situación del Banco Hipotecario–.
Sobre la restitución de Ganancias el acercamiento es que su actualización sería trimestral (se evalúa que sea en septiembre). “El paquete fiscal está bastante cerrado”, dijo una fuente parlamentaria, visión que chocó con la mirada de un diputado de HCF: “Fiscal está en una nebulosa”.
Otra discusión del martes fue el futuro de los fondos fiduciarios. El acuerdo sería hacer explícito en la ley que en la liquidación de esos fideicomisos se respete el origen de sus fondos: si hay un porcentaje que era coparticipable, se respetará, como quieren los gobernadores. Habrá un apartado que mantendrá el programa de “zona fría”, pero con el maquillaje que ya no se llamará “fideicomiso” porque los libertarios quieren eliminar de plano ese término.
En otro punto planteado durante la jornada, los beneficiarios del RIGI –el régimen de promoción de inversiones– volverían a pagar dividendos: los primeros 7 años 7%, y luego 3,5%. Sobre la polémica por el artículo sobre tabaco la posibilidad es que se sume como un dictamen opositor aparte.
También se discutió la posibilidad de que haya una recomposición a los jubilados, a partir de la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. “Exigimos que previo a liquidar aseguren el flujo a las cajas de jubilaciones provinciales y que se les recompongan a los jubilados un 8% como empalme de la inflación de enero”, señaló un opositor. En el tema previsional además se crearía una Prestación Previsional Proporcional por aportes parciales.
La reforma laboral finalmente entraría en la Ley Bases, pero sus detalles aún se desconocen. Hay un punto clave sobre las cuotas solidarias y la polémica abierta con los sindicatos. Ayer Miguel Pichetto salió a cuestionar la inclusión de la reforma. “Loco, son muchos artículos”, fue la recomendación del experimentado legislador a los funcionarios. El temor a que vuelva a fracasar la ley ómnibus está latente en los pasillos parlamentarios. “Estamos con un gobierno caprichoso, que si se le cae un artículo se le cae la ley”, consideró un diputado.
Con semejante panorama, en el despacho de Menem cerraron la jornada con cierto entusiasmo sobre la ley Bases. “No está trabado. Simplemente no hemos terminado”, consideró una voz legislativa. Ajeno a los ruidos de la marcha universitaria que llegaban a su despacho, el titular de Diputados evitó hacer cualquier expresión mediática, no como hizo Victoria Villarruel y su polémico comentario sobre la muerte de Hebe de Bonafini.
MC/JJD
La defensa de la universidad pública, un reclamo transversal que provocó la mayor protesta contra el gobierno de Milei
Una multitudinaria manifestación protagonizada por estudiantes, docentes y autoridades de universidades públicas, con el respaldo de sus pares de instituciones privadas, alumnos secundarios, centrales sindicales, organizaciones sociales y agrupaciones de derechos humanos marchó esta tarde en Buenos Aires desde el Congreso Nacional a la histórica Plaza de Mayo para reclamarle al Gobierno del presidente Javier Milei la asignación al sistema universitario, de ciencia y tecnología de un presupuesto acorde con la inflación anual, cercana al 290%, y una mejora salarial para los trabajadores del sector, que en solo cuatro meses del año sufrieron una pérdida del poder adquisitivo superior al 50%.
“En defensa de la universidad pública argentina” fue la consigna de una masiva movilización, con una concurrencia que, según la Universidad de Buenos Aires, fue superior a las 800.000 personas solo en la Ciudad y que superó el millón con las protestas que se sumaron en las principales ciudades de distintas provincias para expresar el descontento con la política educativa dispuesta por Milei desde que en diciembre pasado llegó al poder, llevando como propuestas en su campaña electoral duras críticas al funcionamiento de las universidades nacionales, su financiamiento y el supuesto adoctrinamiento político que reciben los estudiantes en las aulas.
La manifestación comenzó alrededor de las 14.30 y culminó pasadas las 18, cuando sonó el Himno Nacional Argentino en la Plaza de Mayo. Allí, sobre un escenario montado frente al Cabildo, rectores de universidades, dirigentes gremiales de la educación, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la madre de Plaza de Mayo Taty Almeida pronunciaron distintos discursos. “Defendemos la universidad pública, libre y gratuita, que es de las grandes conquistas de nuestro pueblo a la que no vamos a renunciar”, dijo Pérez Esquivel, uno de los cinco argentinos que obtuvieron el Nobel, todos graduados de la universidad pública.
Antes de finalizar el acto, los organizadores leyeron un documento que llevó la firma del Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), quienes llamaron a la masiva movilización. “La universidad pública: base de la democracia y el desarrollo social”, fue el título del escrito, en el que alertaron que la “universidad pública argentina atraviesa un período crítico como consecuencia de las políticas implementadas por el Gobierno nacional” y pidieron “a la ciudadanía trabajar para sostener las universidades abiertas haciendo docencia, investigación y extensión. Las universidades públicas son uno de los motores de la democracia, la producción y los lazos sociales”, afirmó el documento.
Un reclamo que desbordó la Plaza
“Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode”, fue el canto más repetido en las calles del centro porteño por personas de todas las edades, muchas de ellas con libros en sus manos, tal como indicó uno de los sectores que convocó a movilizarse. Libros de autores como Rodolfo Walsh, el educador brasileño Paulo Freire, el sociólogo Pierre Bourdieu, el novelista británico George Orwell o el filósofo alemán Karl Marx, en lo que pareció una afrenta directa a las ideas económicas y libertarias de Milei.
La de hoy fue la tercera movilización masiva que se expresa en contra de las políticas de gobierno del presidente Javier Milei, luego de la realizada en enero por la CGT y la tradicional marcha del 24 de marzo en reclamo de Memoria, Verdad y Justicia a 48 años del último golpe de Estado sufrido por la Argentina.
Muchos de los manifestantes caminaron por donde pudieron hacia el Congreso y la Plaza de Mayo en columnas encabezadas por banderas que representaban a sus universidades, escuelas, institutos de investigación y hospitales. Lo hicieron vistiendo guardapolvos blanco, ambos médicos, camisetas de la Selección, tomando mate y, la gran mayoría, con carteles escritos y pintados a mano con frases como: “Cuando se nace libre, estudiar es el mayor acto de rebeldía” o “¿Por qué tanto miedo de educar al pueblo”.
La marcha, que también convocó a estudiantes secundarios, algunos de ellos acompañados por sus madres y padres, cuestionó, entre otros puntos, la pretensión por parte del Gobierno de “achicar el sistema universitario público con políticas privatizadoras”, un objetivo que para los asistentes quedó en evidencia cuando Milei decidió prorrogar para este año la vigencia del presupuesto 2023 para la educación superior sin contemplar una actualización por inflación y “mostrar a las universidades como centro de corrupción” cuestionando el manejo de los fondos a su cargo. A modo de ejemplo, la Universidad de Buenos Aires (UBA), la más grande del país, en la que se graduó buena parte de los funcionarios que integran el gabinete nacional, entre ello el ministro de Economía, Luis Caputo, autor del ajuste de fondos, vio reducida sus gastos de funcionamiento en términos reales del 80%.
En las últimas semanas algunas facultades de universidades públicas, a las que asisten unos dos millones de alumnos, trabajan 150.000 docentes y otros 60.000 no docentes, debieron restringir el consumo de la electricidad debido al aumento general de las tarifas de los servicios públicos, que en algunos casos tuvieron un alza del 400%. Si no cambia la situación, algo similar se vivirá con el gas en pleno invierno porque no podrán encender las calderas. Así fue que en las últimas semanas se vieron clausurados los ascensores y se dictaron clases a oscuras, iluminados con una vela o la luz de los teléfonos celulares.
Los rectores de las más de 70 universidades públicas de todo el país, agrupadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), advirtieron que solo tienen presupuesto para que las casas de altos estudios funcionen, con estas restricciones, hasta mediados de año. Luego, tendrán que cerrar, algo que el Gobierno consideró “una amenaza política”. A eso, además, vinculó la participación y adhesión a la movilización de dirigentes opositores como Cristina Fernández de Kirchner –salió al balcón del Instituto Patria, a dos cuadras del Congreso Nacional, para saludar a quienes iban a la marcha–, Sergio Massa, Axel Kicillof, Verónica Magario, Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau, sumado a referentes de la CGT y la CTA. “Casi un tren fantasma”, criticó esta mañana el portavoz presidencial Manuel Adorni. Ajenos a la chicana política, docentes de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) confeccionaron un reloj que muestra, con una cuenta regresiva, cuánto presupuesto le queda a esa casa de altos estudios. Al momento de comenzar la marcha, el dinero alcanzaba para 37 días.
La multitud que marchó hoy por las calles de gran parte de la Argentina lo hizo a pesar del anuncio hecho por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de poner en práctica nuevamente el llamado “Protocolo antipiquetes”. Los estudiantes ya lo habían hecho en los últimos días cuando, en la puerta de varias facultades, dictaron clases al aire libre y cortaron las calles. Inclusive anoche llevaron adelante una vigilia en varios edificios universitarios anticipando la marcha de hoy a la Plaza de Mayo. En ese contexto, Milei celebró en un discurso pronunciado en cadena nacional haber alcanzado un superávit de 0,2% del PIB en tres meses y afirmó: “La era del supuesto Estado presente ha terminado”. El documento leído en la Plaza de Mayo destacó, justamente, que “más del 90% de lo que el Estado invierte en la educación superior se destina al pago de salarios de quienes trabajan como docentes y no docentes en las universidades”.
Las universidades nacionales enfrentan el nivel más bajo de financiación en más de 27 años, señaló días atrás un informe elaborado por la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sobre la base de datos oficiales. El documento contempló los datos surgidos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía y relevó las partidas universitarias desde 1997 hasta el primer trimestre de este año. Así llegó a la conclusión que sin una ampliación, los montos actuales para la financiación de la educación superior nacional serían los más bajos en casi 30 años. Además, en su informe ACIJ destacó que la ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2024 reflejó una reducción del 34% frente al mismo período de 2023.
“Esta marcha va más allá de las consignas”, dijo a elDiarioAR Flavio Durante, profesor de la materia “Análisis Matemático” en la UBA y en el Instituto Superior del Profesorado Dr. “Joaquín V. González”. A su criterio, la movilización también tuvo como objetivo “detener este plan sistemático de destrucción de la educación, la salud pública y las jubilaciones” puesto en práctica, a su criterio, desde el Poder Ejecutivo. “Yo fui educado en instituciones públicas: desde el jardín de infantes, pasando por la escuela primaria y secundaria, el terciario y la UBA. Para mí, la importancia de la educación y la universidad pública es vital. Es el ideal de una sociedad para vivir, desarrollarse y alcanzar sus objetivos. Eso es lo que quieren destruir”, sostuvo.
Un ajuste sin precedentes
Con un cartel que decía “Si la universidad se vacía, con qué llenamos el futuro”, Gabriela Linardo, que es maestra y psicopedagoga en una escuela primaria bonaerense, opinó que el recorte presupuestario implementado por el Gobierno demuestra “un desprecio a la educación pública y gratuita” y conspira en contra de que el “conocimiento y el desarrollo de la ciencia y la tecnología esté repartido. Un país que no prioriza con recursos a la educación -sostuvo- es un país que no distribuye los saberes. Yo creo en otro modelo de país: uno que vea a la educación como una herramienta de transformación social y, en general, de la realidad. Y hoy también marcho –comentó a elDiarioAR– porque soy madre y quiero que mis hijos, cuando tengan la edad y las ganas de ir a la universidad, puedan hacerlo y elegir por una institución pública y gratuita”.
Cerca de ella, Miranda Mongiano, egresada de una de las escuelas secundarias dependientes de la UBA y alumna del Ciclo Básico Común (CBC), consideró que la educación pública propicia, “en un sentido amplio, igualdad de condiciones” para todos los estudiantes sin importar, inclusive, si son argentinos o extranjeros. “Vine a esta marcha, además, para luchar por nuestra cultura, la salud y la educación pública, que son parte de la soberanía nacional”.
Además de reclamar un presupuesto actualizado acorde al nivel de inflación y el aumento de los salarios para los trabajadores docentes y no docentes –el 60% de ellos percibe salarios por debajo de la línea de pobreza–, la marcha exigió la revalorización de las becas Progresar y Manuel Belgrano, que apenas llegan a los $20.000, y el sostenimiento del el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) para evitar una nueva “fuga de cerebros”, la partida de científicos hacia otros lugares del mundo en busca de mejores oportunidades laborales y de investigación.
Desde su llegada al poder, Javier Milei modificó la convocatoria a Becas Doctorales del CONICET que había sido aprobada y evaluada entre mayo y noviembre de 2023. En aquel momento, la iniciativa había alcanzado a 1.300 postulantes, pero el actual Gobierno redujo ese número hasta dejarlo en 600.
Además, el Ejecutivo suspendió la implementación de los programas Equipar Ciencia y Construir Ciencia, desestimando así lo planteado en Ley de Financiamiento y el Plan Nacional 2030, y paralizó completamente todas las obras de infraestructura científica y universitaria que estaba en ejecución. Los trabajos, por ende, quedaron sin terminar y los obreros de la construcción, despedidos.
Al respecto, horas antes de comenzar el feriado extra largo de Semana Santa, el Gobierno distribuyó cientos de mails entre los trabajadores de ciencia y tecnología anunciando que no se les renovarían los contratos. Lo hizo sin evaluación de su desempeño y con una fuerte presencia policial en las distintas instalaciones.
Alejandro Presta, docente de la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EPA), el primer terciario en su tipo de Latinoamérica, es uno de los educadores afectados por la decisión del Gobierno de no prorrogar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), creado en 1998 y cuyo objetivo era reforzar el salario de los maestros y profesores de todo el país a través de la transferencia de recursos adicionales. Para los docentes, la eliminación de este fondo representa una pérdida de entre 10 y 20% en sus salarios. Para Alejandro, que hoy cumple años, “hay mucha ignorancia” de parte del Gobierno nacional acerca de lo que representan la universidad pública y el CONICET. “Me parece que directamente están queriendo cambiar un paradigma que lleva más de un siglo vigente”, comentó a elDiarioAR.
Este domingo en su newsletter de opinión pública y análisis político, la consultora Zuban-Córdoba y Asociados destacó que en distintas encuestas las universidades públicas se encuentran al tope de los rankings de confianza. Ante la pregunta si “la educación pública es un derecho de todos y debemos defenderla”, el 87.4% de los consultados coincidió con la frase. “Es un consenso social casi unánime de validación”, indicó. Un consenso que también alcanza a los hospitales universitarios: solo bajo la órbita de la UBA funcionan seis centros de salud e investigación en los que se atendieron más de medio millón de personas durante 2023.
Al reclamo de estudiantes, docentes y no docentes de las universidades nacionales se sumaron cientos de profesores de otras casas de altos estudios privadas como la Universidad de San Andrés (UdeSA) y la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). También lo hicieron los alumnos de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).
Marcela Pérez Reyes, licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en la atención clínica de niños, adolescentes y adultos, opinó que el Gobierno “no puede poner en duda la educación pública porque es el motor de su crecimiento. Tampoco creo que pueda separarse el desarrollo de un país de las posibilidades con las que cuentan los habitantes de ese país de poder educarse, algo que está relacionado con la igualdad”, señaló en declaraciones a elDiarioAR.
Y agregó: “La educación pública, en muchos aspectos, también es para mí un lugar de contención. Desde aquella maestra de segundo grado que me daba cositas para hacer porque mi mamá no llegaba a tiempo a buscarme hasta la beca del Ministerio de Educación que recibí para poder estudiar en la UBA mientras alquilaba y trabajaba. Mucho de lo que soy como persona y profesional se lo debo a la educación pública”, indicó.
GT/MG
Milei criticó la marcha universitaria: "Día glorioso para el principio de revelación"
El presidente Javier Milei se refirió esta noche a la multitudinaria marcha convocada en defensa de las universidades públicas y señaló, a través de sus redes sociales, que se trató de “Un día glorioso para el principio de revelación”.
Fiel a su estilo, el mandatario utilizó esta vez su cuenta de Instagram para expresarse brevemente sobre la marcha que tuvo como epicentro la Plaza de Mayo.
“Día glorioso para el principio de revelación”, afirmó Milei, y añadió en el mismo posteo: “Quien quiera oír (ver) que oiga (vea)... Viva la Libertad Carajo”.
El ‘principio de revelación’ al que se refiere Milei está basado en una teoría que permite festejar un éxito en medio del fracaso. Además, el presidente ilustró su comentario con la foto de un león, sosteniendo una taza con la leyenda: “Lágrimas de zurdos”.
MM con información de la agencia NA.
Masiva marcha en defensa de la universidad pública en todo el país
Cientos de miles de personas se movilizaron hoy para participar en todo el país de la marcha en defensa de las universidades públicas y en contra del desfinanciamiento promovido por el Gobierno de Javier Milei.
La marcha contó con la participación de estudiantes, docentes, no docentes, representantes sindicales y de organizaciones sociales y referentes de la oposición.
Crudo diagnóstico sobre la situación económica de la universidad pública: “Todo fue congelado”
La Marcha Federal Universitaria finalizó este martes poco antes de las 7 de la tarde con un acto de cierre en el que se leyó un crudo diagnóstico sobre la situación económica que sufren las universidades públicas como consecuencia de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. La lectura del documento final estuvo a cargo de Piera Fernandez de Piccoli, secretaria general de la Federación Universitaria Argentina (FUA), organización estudiantil creada hace 106 años.
“No queremos que nos arrebaten nuestros sueños. Nuestro futuro no les pertenece. Somos orgullosos hijos e hijas de la universidad pública argentina. Somos la universidad pública gratuita e irrestricta en el ingreso de excelencia con libertad y equidad. Somos la universidad pública para el gran pueblo argentino. Por eso lucharemos en una irrenunciable resistencia democrática y pacífica por la educación que queremos y por el país que anhelamos”, dijo Fernández de Piccoli, en un encendido discurso.
La dirigente de 27 años, oriunda de Río Cuarto, Córdoba, señaló que “la universidad pública argentina atraviesa un periodo crítico como consecuencia de las políticas implementadas por el Gobierno nacional”, pese a ser “uno de los motores de la democracia, la producción y los lazos sociales”.
En tal sentido, describió que las casas de altos estudios públicas en todo el país “han sufrido un fuerte ajuste en términos reales en los denominados gastos de funcionamiento, la partida que mes a mes el Poder Ejecutivo envía a las universidades para que puedan funcionar, es decir, mantener los edificios, realizar las obras, sostener las becas, las residencias y comedores, investigar el desarrollo científico, financiar hospitales, laboratorios, los servicios básicos, alquileres”. “Todo fue congelado”, señaló.
Frente a una multitud congregada en Plaza de Mayo, la dirigente sostuvo que las instituciones educativas “llegan a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores para septiembre de 2022”, por lo cual “el incremento del 70% de estas partidas dispuestos para el mes de marzo” por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, “más el reciente anuncio en el marco de esta convocatoria, son absolutamente insuficientes”.
Subrayó que las obrras del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria están “paralizadas y no hay certezas ni información respecto a su continuidad” y que “más del 90% de lo que el Estado invierte en la educación superior se destina al pago de salarios”, que en los últimos meses “han perdido el 50% respecto de la inflación”
También destacó la importancia de “las políticas de becas”, a las que calificó de “fundamentales para democratizar” pese a lo cual “su recorte es alarmante” y destacó que “los sectores científicos, tecnológicos y de investigación nacionales atraviesan uno de los momentos más críticos de la historia”.
Otros oradores del acto de cierre
Minutos antes de las 18, cuando había empezado el acto, la primera en hablar fue la referente de Madres de Plaza de Mayo Taty Almeida, quien se preocupó por resaltar que “por supuesto, la marcha es política, pero no partidista”, aunque después dijo, al parecer refiriéndose a la militancia kirchnerista: “Si bien perdimos una elección, no nos han vencido”.
Después, el activista Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, recordó que con un grupo de dirigentes kirchneristas presentó el lunes un pedido de juicio político contra el presidente Milei porque, según dijo, “no puede ser que destruya el país”. De inmediato, se escuchó al público cantar: “Que se vaya, que se vaya”.
“Esto no es sólo la defensa de la universidad pública, es la defensa del derecho del pueblo a vivir dignamente, a que no se nos mueran los niños de hambre, a que no sigan echando empleados, a que no se afanen las obras públicas, a que atiendan la salud porque hay varios muertos oncológicos por la falta de medicamentos. ¿Ustedes saben que este gobierno compró 24 aviones de combate? No hay plata para la educación, para la salud, para los campesinos, pero hay plata para comprar aviones de combate”, señaló Pérez Esquivel, en alusión a los cazas adquiridos por la Argentina a Dinamarca.
No hay plata para la educación, no hay plata para la salud, no hay plata para los campesinos, pero hay plata para comprar aviones de combate
El arqueólogo Carlos de Feo, secretario general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), protestó contra lo que consideró “una pandilla de fascinerosos que dicen que hay que terminar con el Estado” y sostuvo que los universitarios están “decididos a llevar esta pelea adelante”.
A De Feo le siguieron la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), Sonia Alesso; el secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), y el secretario general de la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT), Norberto Heyaca, quien sostuvo: “La universidad pública no es parte del problema, es parte de la solución. Está en todas las provincias, creando condiciones de arraigo para los jóvenes de cada lugar. Y lo digo con conocimiento de causa, pues la universidad donde trabajo, la UTN, está en 14 provincias y en algunas ciudades es la única opción universitaria. Y no pequeñas ciudades, como en Venado Tuerto, por ejemplo”.
Después siguieron el secretario adjunto de la Conadu Histórica, Oscar Vallejos; secretario general de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN, del sector no docente), Walter Merkis; y el secretario general de la Federación de Docentes Universitarios (Fedun), Daniel Ricci, quien dijo que “los hijos de los trabajadores sólo pueden ascender gracias a la universidad pública”. “Señor Presidente, no dialogue sólo con Conan sino con las expresiones de todos los argentinos. La patria se construye con todos”, dijo Ricci.
JJD