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El Gobierno aún analiza qué hacer con el radar extranjero instalado en Tierra del Fuego, a solo 600 km de Malvinas

El Gobierno aún tiene entre sus pendientes al radar de capitales norteamericanos e ingleses que está ubicado a 600 km de las islas Malvinas: el aparato está activado, aunque no estaría operativo ni en funcionamiento, según supo elDiarioAR de fuentes extraoficiales involucradas en el expediente. En la localidad de Tolhuin, a 100 km de Ushuaia, reconocen que el tema sigue generando debate, sobre todo en vísperas a un nuevo 2 de abril.

El radar está bajo señalamiento desde que en 2023, bajo la gestión nacional de Alberto Fernández y durante el primer mandato provincial del gobernador Gustavo Melella, se supo del arribo al país de la empresa LeoLabs, una compañía radicada en California, Estados Unidos, pero constituida en la capital de Tierra del Fuego a partir de dos sociedades –una irlandesa y otra británica–. El gobierno del Frente de Todos habilitó su instalación pero cuando surgió la polémica se retractó. Cuando asumió Javier Milei se activó un lobby empresarial y de la embajada de Estados Unidos para volver a darle luz verde: se abrió un expediente de investigación sobre las cuestiones técnicas del aparato que aún circula por distintas oficinas de ministerios gubernamentales.

De acuerdo a lo que pudo corroborar este medio, el expediente sobre la situación del radar había llegado al Ministerio de Defensa, que conduce el militar Carlos Presti, a fines de noviembre pasado, proveniente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Su recorrido tendría que haber seguido a la Cancillería –de Pablo Quirno– y luego a la Jefatura de Gabinete –encabezada por el ahora sospechado Manuel Adorni–, donde se debería tomar una decisión final sobre su derrotero. elDiarioAR consultó en Defensa pero no obtuvo respuestas.

Lo que está bajo análisis son las cuestiones técnicas del radar, concretamente si podría hacer análisis del territorio argentino, cuando la empresa siempre argumentó que el aparato sirve para observar y estar en contacto con satélites espaciales. “Se inició un proceso de revisión de los datos que el radar puede transmitir, si puede hacer espionaje o no de manera horizontal, digamos, no solo hacia el cielo”, planteó una de las fuentes consultadas. 

En el área de Ciencia y Tecnología se determinaron “fallas técnicas” sobre su estructura del radar. “Los dueños planteaban que el problema apenas eran datos técnicos”, dijo una de las personas que estuvo siguiendo el expediente gubernamental. Hasta el año pasado, LeoLabs identificaba al radar de Tolhuin en un mapa de su red de radares en su página web. Estaba señalado como “en proceso”. Actualmente, ya no aparece el punto en Tierra del Fuego. 

En la municipalidad de Tolhuin también estaban al tanto de la situación del radar, más en una fecha tan simbólica como un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas. El año pasado el municipio había presionado para conformar una comisión permanente sobre el aparato tecnológico. Y el tema sigue siendo de conversación entre los fueguinos. “Sigue en el mismo lugar. Si pasas por la ruta sigue instalado”, apuntaron desde Ushuaia. “El radar está activo, enchufado, para que sus baterías no se deterioren, pero no está en funcionamiento”, apuntó una fuente extraoficial.

El radar está emplazado dentro de la estancia El Relincho, a la altura del kilómetro 2.946 de la Ruta Nacional N° 3. Fue el 15 de noviembre de 2022 cuando la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad le concedió a LeoLabs el permiso de instalación en territorio fueguino. Pero cuando la polémica escaló mediáticamente, el gobierno del Frente de Todos canceló la autorización citando riesgos para la seguridad nacional y la falta de adecuación a la normativa de defensa. 

Apenas asumió Milei, LeoLabs no perdió tiempo: el 21 de diciembre de 2023 interpuso un recurso de reconsideración. Esa gestión legal se completó con un activo cabildeo de los fundadores y directivos de la empresa con diferentes funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas, con presencia de la Embajada de Estados Unidos en esas reuniones. La polémica llegó incluso a que los empresarios de LeoLabs aventuraran quitar a los accionistas ingleses de la operatoria para evitar una mayor escalada. También se estudió la posibilidad de instalarse en Chile, pero allí hay menores condiciones de conectividad e infraestructura. 

La cuestión nunca fue solo diplomática. En su momento hubo voces encontradas entre militares y científicos: mientras técnicos argumentaron que el aparato únicamente podía monitorear basura espacial en órbita, el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo, lo calificó como una amenaza para la defensa nacional. Esa tensión entre la lectura técnica y la geopolítica es la misma que hoy recorre el expediente que aún circula dentro del Gobierno.

MC

Día de Malvinas: Kicillof va a la vigilia en Río Grande y Milei se queda en Buenos Aires

Por segundo año consecutivo, el aniversario de la Guerra de Malvinas encontrará a Javier Milei y Victoria Villarruel en actos separados. A 44 años del inicio del conflicto del Atlántico Sur, la fecha expone las tensiones dentro del propio Gobierno y le abre una ventana política a la oposición.

Milei encabezará este jueves a las 10 el acto central del Gobierno en la plaza San Martín de Retiro, acompañado por su hermana Karina Milei y todo el gabinete nacional. El evento también servirá para mostrarse junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio del escándalo patrimonial que lo tiene en el centro de la escena política. En relación al discurso, se esperan anuncios sobre el reclamo de soberanía argentina sobre las islas y un posible llamado al diálogo con Gran Bretaña.

Milei tiene pendiente un viaje a Gran Bretaña que tenía previsto hacer entre marzo y abril, pero se vio demorado por el conflicto internacional entre Estados Unidos e Israel contra Irán en el Golfo Pérsico. El Presidente viene sosteniendo que el archipiélago debería ser devuelto a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen, y cuestionó a la ONU como ámbito de negociación, prefiriendo recostarse en la OEA.

Villarruel, en tanto, no tiene confirmada su presencia en Tierra del Fuego. Cerca de la vicepresidenta aclararon que “no tiene agenda confirmada” para este jueves. De todos modos, sí se sabe que fue invitada —como ocurrió el año pasado— al tradicional acto que realizan los veteranos en Río Grande. La incertidumbre sobre su viaje al sur tiene un nombre: Axel Kicillof confirmó su asistencia al mismo acto como invitado especial.La posibilidad de coincidir con el principal referente opositor en un mismo escenario complica el cálculo político de la vice.

Villarruel organizó en cambio su propia semana de Malvinas en el Senado: encabezó un acto el viernes y otro el lunes con entrega de diplomas a ex soldados, organizó una muestra naval de réplicas en escala en el atrio de la Cámara Alta, y este jueves a las 15 se proyectarán documentales en el cine Gaumont.

Desde el peronismo, es Kicillof quien se posiciona con mayor visibilidad en la fecha. El gobernador bonaerense confirmó su presencia en Tierra del Fuego para la tradicional vigilia en homenaje a los soldados caídos, que se realiza el 1° de abril por la noche y se extiende hasta la medianoche con el himno nacional y un minuto de silencio en memoria de los 649 argentinos caídos. Será su primera incursión en otra provincia en lo que va del año. Está previsto que en Tierra del Fuego mantenga un encuentro con el gobernador Gustavo Melella, asista a la vigilia en Río Grande y al otro día tenga actividades en Ushuaia.

El viaje tiene también lectura electoral. Kicillof volvió a confrontar con Milei y planteó que el Gobierno “le está haciendo mucho daño a la soberanía nacional”, ejemplificando con el voto argentino en rechazo a la resolución de la ONU que calificó a la esclavitud africana como el crimen más grave contra la humanidad —una posición que Argentina compartió solo con Estados Unidos e Israel. Votamos en contra de la posición de países africanos que siempre han acompañado los reclamos de Argentina con respecto a la soberanía de las Islas Malvinas“, cuestionó el mandatario bonaerense.

MC

Lilia Lemoine al frente de Juicio Político: Karina eligió a su vocera más aguerrida para blindar a Milei

“Los antecedentes son de público conocimiento”, sintetizó, escueto, el jefe de bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, cuando le tocó proponer a Lilia Lemoine como la presidenta de Juicio Político. La diputada no se lo recriminó, a pesar de que las defensas del resto de las autoridades libertarias habían sido más vehementes, sino que celebró haber sido votada por la mayoría de la comisión y subió rauda a tomar su lugar en la presidencia. Agradeció la responsabilidad y dio por finalizada, en menos de media hora, la única reunión que espera que tenga la comisión de Juicio Político en la gestión de Javier Milei. 

Karina Milei eligió a su lanzallamas preferido para blindar a su hermano en la comisión que se encarga de impulsar el proceso de enjuiciamiento contra el presidente, sus ministros y los jueces de la Corte Suprema. Lemoine es amiga personal de Karina, de quien supo ser cuñada también en 2020, cuando la ex cosplayer todavía estaba en pareja con Milei. Desde entonces, la diputada libertaria integra el círculo íntimo de los hermanos y es una de las pocas personas que goza, junto a los Menem, de la confianza de Karina.

Aunque Karina no siempre puede “controlarla”, como admiten cerca suyo, Lemoine es la vocera más aguerrida de la gestión libertaria. Ya sea para cazar “traidores” en nombre de Karina o para defender a los dirigentes y funcionarios caídos en desgracia que ya nadie en La Libertad Avanza quiere sostener. Sucedió, al principio, con José Luis Espert cuando se conoció su relación con “Fred” Machado. Y sucede, ahora, con Manuel Adorni.

Operativo blindaje

La designación de Lemoine al frente de la comisión de Juicio Político tuvo como objetivo subsanar un error de cálculo fundacional de la gestión libertaria: la elección frustrada de Marcela Pagano, a principios de 2024, como presidenta de la comisión. Una designación que contó con el visto bueno de Milei pero no en el de su hermana y que llevó al descabezamiento de Oscar Zago de la presidencia del bloque, que fue quien había designado a Pagano, y a la parálisis de la comisión durante dos años. 

Martín Menem nunca reconoció oficialmente la designación de Pagano, quien fue votada por la mayoría de los presentes –incluido el peronismo– pero nunca logró asumir el cargo. El presidente de la Cámara de Diputados, entonces, mandó una nota formal suspendiendo la convocatoria cinco minutos antes de su realización y, luego, desconoció a las autoridades. 

El desplante a Pagano suscitó la primera grieta interna en LLA, y llevó a que la diputada se alejara de LLA. Enemistada con Lemoine, quien suele cruzarla casi a diario en redes sociales, Pagano está al frente de la denuncia por enriquecimiento ilícito contra Adorni: fue ella quien denunció que el jefe de Gabinete tenía una propiedad no declarada en un country en Exaltación de la Cruz y quien deslizó que una casa en Martínez, que cuenta con custodia policial, podría ser también de Adorni. La ex conductora no participó de la nueva conformación de la comisión de Juicio Político, pero Lemoine no perdió oportunidad para burlarse de ella en su cuenta de Twitter. 

Karina eligió a su espada más combativa para proteger a Milei frente a las causas más sensibles que afectan al Gobierno, como el caso $LIBRA y las denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Hasta el momento hay más de media docena de pedidos de juicio político presentados contra el presidente vinculados a $LIBRA, pero también por el alineamiento con Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán, el incumplimiento de la ley de Emergencia en Discapacidad y la inconstitucionalidad del DNU 70/2023. 

“Es importante que nos confirmen si el martes que viene vamos a empezar a tratar estos expedientes. Si deciden bloquear esta comisión eso no impide que el recinto vote un emplazamiento con mayoría simple. Hoy puede ser que no tengamos número en el recinto pero su desgobierno se va a ocupar de que lo consigamos”, advirtió Juan Marino, del bloque Unión por la Patria, quien ya tiene presentados dos pedidos de juicio político contra Milei por el caso $LIBRA y por la guerra en Irán.

La advertencia de Marino fue un mensaje: el peronismo sabe que no tiene el número para avanzar con un juicio político contra el presidente –ni tampoco el consenso interno–, pero apuesta a aprovechar la debilidad del Gobierno por el escándalo patrimonial de Adorni para presionarlo en el Congreso. Hay presentados, además, varios pedidos de interpelación contra Karina y el jefe de Gabinete, y la oposición planea utilizar todas las herramientas que tiene a mano. 

“Esperemos que esta no sea la última reunión”, sumó, sobre el final de la reunión de comisión, Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, quien denunció que no se hubiera incluido a la izquierda en la comisión. 

Ni Lemoine ni el resto de las autoridades libertarias de la comisión, como Sebastián Pareja y Nicolás Emma, respondieron a las provocaciones. Después de unas pocas intervenciones, Lemoine dio por finalizada la reunión de comisión y convocó a todos los diputados libertarios a sacarse una foto. “Viva la libertad carajo”, gritó Karen Reichardt, y el resto de la bancada libertaria –entre los que habían varios ex PRO, como Silvana Giudici y Damián Arabia– respondieron: “¡Viva!”

El kirchnerista Rodolfo Tailhade, que los miraba con sorna, chicaneó: “Linda foto con el abogado de Burford”. Hacía alusión a Alejandro Fargosi, cuyo estudio de abogados actuó como representante en la Argentina del fondo Burford Capital en el juicio por la nacionalización de YPF durante el kirchnerismo. Fargosi argumenta que abandonó el estudio antes del juicio, pero igual se irritó, le respondió a los gritos y Tailhade abandonó, risueño, la comisión.

MCM/MC

Reforma de la Ley de Glaciares: fuerte crítica de la Iglesia a las audiencias públicas

En medio de la discusión por posibles cambios en la Ley de Glaciares, los obispos de la región Patagonia-Comahue hicieron público su malestar por la forma en se desarrollaron las instancias de participación en el Congreso. A través de un comunicado y declaraciones puntuales, señalaron que el proceso presentó serias deficiencias que afectan la intervención de la ciudadanía.

Uno de los pronunciamientos más enfáticos fue el del obispo de Rawson, Roberto Álvarez, quien sostuvo que las irregularidades observadas no son excepcionales, sino parte de un patrón que —según indicó— se repite desde hace años en distintos debates vinculados a cuestiones ambientales en la Patagonia.

Desde la mirada de los prelados, las audiencias públicas no cumplieron su función de canalizar opiniones de manera abierta y equitativa. En cambio, describieron un escenario en el que se restringió la participación, se alteraron las condiciones del debate y se generaron situaciones que desalientan la libre expresión.

Entre las situaciones cuestionadas, mencionaron la exclusión de oradores, dificultades para acceder a los recintos y la presencia de intervenciones no previstas. También aludieron a mecanismos de presión que, según afirmaron, buscaron incidir en el desarrollo de las discusiones y en las posturas de quienes participan.

El documento difundido advierte que este tipo de prácticas no se limita al ámbito legislativo nacional, sino que se replica en distintas localidades de la región. Allí, aseguran, se suman condicionamientos de tipo económico y social que influyen sobre comunidades y autoridades locales.

En ese contexto, los obispos vincularon el debate legislativo con intereses asociados a la actividad minera y a otros proyectos extractivos. A su entender, estas iniciativas se presentan como alternativas de desarrollo, pero generan tensiones con la protección del ambiente y los recursos naturales.

La preocupación central de la Iglesia en la Patagonia está puesta en la preservación del agua, considerada un recurso estratégico para la vida en la región. En esa línea, advirtieron que cualquier modificación que afecte áreas protegidas podría tener consecuencias directas sobre poblaciones que dependen de esos ecosistemas.

Además, cuestionaron el rol de los representantes políticos, al considerar que no se está garantizando una adecuada representación de las demandas sociales en un tema de alto impacto. Según expresaron, el debate debía contemplar de manera efectiva la voz de las comunidades involucradas.

Los prelados también apuntaron a la influencia de actores externos en la discusión, al señalar que muchas de las decisiones en torno a estos proyectos no contemplan la realidad local ni las necesidades de quienes habitan el territorio.

Frente a este escenario, reafirmaron su postura en defensa del ambiente y de las condiciones de vida en la Patagonia. En particular, insistieron en la necesidad de resguardar los recursos hídricos y evitar decisiones que puedan comprometerlos a largo plazo.

El pronunciamiento concluye con un llamado a mejorar la calidad del debate público y a garantizar instancias de participación genuinas, en un contexto que consideran atravesado por tensiones entre desarrollo económico y cuidado ambiental.

El comunicado de los obispos

“Con muchísima pena hemos visto el modo de resolver lo que debería ser la audiencia pública por la modificación de la Ley de Glaciares, convocada por la Cámara de Diputados de la Nación, la cual debería cumplir con lo exigido por distintos acuerdos e instancias legales que ya habían sido salteados por la Cámara de Senadores de la Nación. 

No nos es ajeno el modo de resolver que tuvieron quienes debieran hacer oír la voz del pueblo para así después poder “deliberar y gobernar” de modo legítimo; ya hemos visto la misma metodología desarrollada a lo largo y a lo ancho de toda la Patagonia cuando se trata algún tema ambiental que toca intereses de proyectos mineros: cercenar y anular intervenciones, impedir ingresar al recinto donde se desarrolla el debate, desestabilizar oradores e incluso incorporar a algunos que no estaban en la lista. 

Esas estrategias de manual son llevadas a cabo, de modo sistemático desde hace décadas, en pueblos, parajes y localidades de nuestro territorio. Aquí -en poblaciones pequeñas- también despliegan presiones económicas, laborales e incluso afectivas; recurren a promesas y dádivas. Ni qué decir cuando amedrentan llenando los lugares de las asambleas y sus alrededores con personas movilizadas, expertas en generar ruido y miedo. 

Recorren los lugares, copan canales de televisión y diarios con futuros promisorios, denostan a quienes podemos tener dudas, preguntas y hacer advertencias, llevándonos al lugar de ser promotores de la pobreza y estar en contra del progreso. Otras veces nos acusan de fundamentalistas, o de tener sesgos ideológicos o partidarios.

Es su misma metodología atropelladora y abusiva la que desde siempre hace dudar que tengan otro interés que ellos mismos; y cuando convencen a nuestros gobiernos, asfixiados por economías que ellos han ayudado a quebrar, siembran la idea de que es eso o el descalabro final. 

Ninguno de ellos respira nuestro aire: están a miles de kilómetros; tampoco beben o se nutren del agua de nuestros ríos. Porque de eso se trata: del aire y del agua. Ambas valen más que el oro, la plata, el dinero o un pseudo progreso que no respeta los estándares que en sus mismos países de origen les exigen. 

Queremos un futuro mejor para todos. Son los que han tenido distintas responsabilidades en los poderes del Estado quienes nos han llevado a esto; no quieran sacarnos del lugar donde han dejado a la Argentina pidiéndonos que entreguemos lo poco que nos queda y distingue a la Patagonia: sus ríos y lagos. Su agua. 

Ya ahogaron la voz de infinidad de anotados, la voz de un pueblo. Ya enrarecieron el debate; no nos intoxiquen también el aire“.

Con información de medios

JIB

Según el Indec, la pobreza bajó y cerró el 2025 en 28,2%

La pobreza cerró el segundo semestre de 2025 en 28,2%, según informó el Indec. El dato implica una leve reducción frente al primer semestre del mismo año, en un contexto en el que, de acuerdo a los datos oficiales, los ingresos familiares crecieron por encima del costo de las canastas básicas.

Según el organismo, el 21% de los hogares se ubicó por debajo de la línea de pobreza. En esos hogares reside el 28,2% de la población. Dentro de ese universo, el 4,8% de los hogares –que concentran al 6,3% de las personas– se encuentra en situación de indigencia.

La comparación semestral muestra una caída de la pobreza tanto en hogares como en personas: 3,1 y 3,4 puntos porcentuales, respectivamente. En cambio, la indigencia se mantuvo prácticamente sin cambios, sin variaciones estadísticamente significativas.

Ingresos y canastas

La dinámica de estos indicadores está asociada a la relación entre los ingresos de los hogares y el costo de la canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta básica total (CBT), que determinan las líneas de indigencia y pobreza.

En el período analizado, el ingreso total familiar promedio aumentó un 18,3%, mientras que las canastas registraron subas menores: 11,9% en la CBA y 11,3% en la CBT.

Ese desfasaje entre ingresos y precios de las canastas explica la reducción observada en los niveles de pobreza. Sin embargo, el estancamiento de la indigencia sugiere que los sectores de menores recursos no lograron mejorar su capacidad de acceso a los alimentos básicos en la misma proporción.