Arroyo Santa Catalina

Noticias de Cordoba

El Gobierno amplió la recusación contra los jueces de la Corte en la causa por los fondos para la Ciudad

El Gobierno amplió la recusación contra los integrantes de la Corte Suprema en la causa por los fondos para la Ciudad y les pidió a los jueces que se excusen de seguir interviniendo en la acción de amparo, expediente en el que a fines de 2022 dictaron una medida cautelar en sintonía con el reclamo de la administración porteña.

La Procuración del Tesoro, que encabeza Carlos Zannini, invocó como razón para pedir el apartamiento de los jueces, la filtración de chats entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño (en uso de licencia) Marcelo D’alessandro y Silvio Robles, secretario del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

Este jueves volverá a reunirse la comisión de político político de Diputados que trata el proceso contra los miembros de la Corte. En la reunión se escuchará a los responsables de los proyectos de enjuiciamiento, entre ellos diputados, miembros de la Asociación Argentina de Juristas, la Asociación Civil Exigir y cuatro particulares. 

El Gobierno ya había recusado a Rosatti en agosto del año pasado por la supuesta relación de Robles y D’Alessandro, y a fines de 2022 pidió el apartamiento de todos los jueces porque al resolver la cautelar pronunciaron sobre el fondo de la cuestión, anticipando su opinión definitiva sobre el pleito.

“Si bien están configuradas circunstancias que justifican sobradamente la recusación aquí articulada, solicito que los señores jueces integrantes del Tribunal se excusen de intervenir de aquí en más en el trámite de estos actuados, por razones de decoro y/o delicadeza vinculadas con el ejercicio de la función jurisdiccional”, sostiene el escrito firmado por Zannini, de más de 30 páginas.

El documento reconoce que “el ejercicio de la facultad de excusación por los magistrados de la Corte, exista o no causa legal de recusación, es privativa de los señores jueces y ajena a la actividad procesal de las partes”.

Pero en ese contexto aludió a la “aparición de mensajes presuntamente intercambiados con el señor Silvio Robles; es decir, el mismo funcionario de la Vocalía del doctor Rosatti cuya conducta motivó la anterior recusación formulada en autos por la representación estatal”, con D´Alessandro.

“Escapa a esta representación estatal cualquier apreciación acerca del origen de esos chats, sobre quién y en qué circunstancias los obtuvo, y respecto de su valor probatorio en relación con la presunta comisión de ilícitos de naturaleza penal”, se atajó el escrito.

Pero resaltó: “Lo que sí cabe señalar aquí es que esas comunicaciones que involucran de manera directa a los señores D´Alessandro y Robles tomaron estado público; dieron origen a denuncias de carácter penal ante la Justicia Federal”.

“Resulta claro que se ha configurado un nuevo escenario en cuyo marco están dadas, sobradamente, las condiciones para que el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aparte de este proceso”, reclamó la Procuración del Tesoro.

“Las circunstancias de hecho aquí reseñadas, que involucran a los señores Robles y D´Alessandro, vienen a corroborar que tenía un sólido asidero aquella presentación efectuada por el Estado Nacional en fecha 27 de agosto de 2022”, resumió el documento.

Con información de NA

Schiaretti: "Ningún poder debe pretender avasallar a otro amenazándolo con juicio político"

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, inauguró el período 2023 de sesiones ordinarias de la legislatura provincial, con fuertes críticas al gobierno del presidente Alberto Fernández.

La Asamblea Legislativa dejó abierta las sesiones que van desde el 1º de febrero hasta el 30 de diciembre. Schiaretti lanzó críticas al Gobierno Nacional y volvió a mostrarse en contra del juicio político a la Corte Suprema que impulsa el oficialismo.

"Debe respetarse la división de poderes, deben respetarse los fallos de la Justicia; ningún poder debe pretender avasallar a otro, amenazándolo con juicio político; debe haber un federalismo auténtico donde los gobiernos nacionales dejen de gestionar sólo para el AMBA, en detrimento del interior de la patria”, aseguró.

En otro tramo de su discurso, señaló: “¡Debemos decir también un ‘no’ rotundo a la grieta! La Argentina nos necesita unidos y para adelante. Tenemos que atrevernos a dar el salto y poner rumbo hacia una Argentina mejor. Dar el salto significa avanzar con certezas, seriedad y firmeza para enfrentar los problemas que nos aquejan y resolverlos definitivamente”.

A su entender, “dar el salto significa que los dirigentes políticos dejen de funcionar solamente alrededor de sus peleas, dejen de ser comentaristas de la realidad y se ocupen de resolver los problemas de la gente”.

“En Córdoba, que no es una isla, logramos sortear gran parte de las dificultades que sufren todos; logramos avanzar con nuestros planes de gobierno; logramos comercializar con países del mundo que confían en nosotros; y lo hacemos porque trabajamos junto a todos los sectores, proporcionando certezas, gestionando con normalidad”, agregó.

Con información de NA

La madre de Lucio Dupuy y su novia no estarán presentes en la lectura de la sentencia

Las acusadas por el crimen de Lucio Dupuy, el nene de cinco años que murió tras una brutal golpiza y abuso sexual en La Pampa, no estarán presentes en la lectura de la sentencia. La mamá, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, pidieron no asistir a los tribunales de la Ciudad Judicial de Santa Rosa. Así lo confirmaron a elDiarioAr los fiscales que impulsaron la investigación del caso.

Las mujeres usaron el derecho de no escuchar el veredicto que dará mañana al mediodía el  Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, integrado por la jueza Alejandra Ongaro y los jueces Aníbal Olié y Daniel Sáez Zamora, que definirá si son culpables o inocentes. El fiscal de Delitos que Impliquen Violencia Familiar y de Género de La Pampa, Walter Martos, confirmó que serán notificadas del fallo en el Complejo Penitenciario N°1 de la provincia de San Luis, a donde fueron trasladadas desde La Pampa para resguardar su integridad física. “No van a estar presentes, es un derecho que tienen de asistir o de no asistir y de ser notificadas por su representante legal”, dijo el funcionario en una ronda de prensa en los tribunales de la capital pampeana.

Hasta el momento no se sabía si las mujeres iban a asistir, teniendo en cuenta que la familia de Lucio organizó una manifestación hacia los tribunales por la mañana. “Así lo han requerido y lo han planteado sus abogados defensores. Van a estar representadas a través de ellos y van a ser notificadas en la dependencia en la que se encuentran alojadas”, agregó Martos. Las mujeres están acusadas de “homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante”, delitos con una pena de prisión perpetua.

La madre de Lucio está acusada de homicidio triplemente agravado por  el vínculo (por ser la progenitora), por el ensañamiento y por la  alevosía; “en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado”. En el caso de la pareja, la acusación es la misma sin el agravante del vínculo. 

La familia paterna del nene pidió que, si las mujeres son condenadas, sean trasladadas a cárceles diferentes. “Están de vacaciones”, se quejó el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy. “Lo venimos gritando, pero siguen juntas. Es lo que ellas querían desde el principio y no pudimos lograr que las separen”, agregó el hombre.

CDB

El crimen de Lucio Dupuy: dos acusadas y una larga lista de los que no vieron nada

El próximo jueves se conocerá la sentencia por el crimen de Lucio Dupuy, el nene de cinco años asesinado el 26 de noviembre de 2021 en La Pampa, y por el que están acusadas su mamá y la novia. Después de 18 audiencias en las que participaron más de 100 testigos, la fiscalía y la querella las acusaron de “homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante”, delitos con una pena de prisión perpetua. Durante el proceso se presentaron pruebas que indican que el nene sufrió maltrato y abuso sexual crónico. Así lo confirmaron las pericias a los teléfonos, dibujos de Lucio y los relatos de vecinos y allegados. 

El 2 de febrero, el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa decidirá si el veredicto es condenatorio o absolutorio. Al mediodía, la jueza Alejandra Ongaro y los jueces Aníbal Olié y Daniel Sáez Zamora resolverán si las mujeres son culpables o inocentes, pero no fijarán una pena porque la defensa pidió la división del debate, por lo que se conocerá recién en un lapso de 15 días. Paralelamente, la familia de Lucio convocó a una movilización a los tribunales para la mañana de ese día. “Esperamos a la gente que quiera venir a manifestarse pacíficamente mientras esperamos conocer la culpabilidad de esas asesinas”, dijo Ramón Dupuy, abuelo del nene. 

La fiscalía pidió que Magdalena Espósito Valenti, la madre del pequeño, y su pareja Abigail Páez, sean sentenciadas por abuso sexual gravemente ultrajante por “acceso carnal vía anal con un objeto”. En el caso de la madre, agravado por ser la progenitora y aprovechar “la convivencia con la víctima menor de 18 años”. Además de homicidio triplemente calificado “por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía". Por su parte, el abogado de la familia paterna también agregó el agravante “odio de género” porque sostiene que las mujeres tuvieron “una clara aversión a todo el estereotipo masculino”. Un argumento que la fiscalía no acompañó ni consideró que existieran elementos para probarlo. 

Los chats entre Espósito Valenti y Paéz indican que el maltrato fue previo y crónico. También los dibujos del nene y los relatos de vecinos. Los golpes que recibió el 26 de noviembre del 2021 entre las 17.30 y las 19.40 le provocaron lesiones múltiples que lo llevaron a la muerte, pero todo indica que se enmarca en un contexto general de violencia y abuso sexual. “Hubo un maltrato infantil grave prolongado en el tiempo. No fue solo físico, también psicológico y sexual”, afirmó el fiscal de Delitos que Impliquen Violencia Familiar y de Género de La Pampa, Walter Martos. En declaraciones a elDiarioAR, indicó que quedó ampliamente probado y que las pericias informáticas fueron muy contundentes para probar la violencia infantil. De la información recuperada de los celulares de las mujeres, hay evidencias del maltrato físico y psicológico y de las estrategias que utilizaban para taparlo. En esos intercambios hablaban de los golpes que recibía Lucio y planificaban la manera de evitar que se conozca la situación en la escuela y ante el resto de las personas.

Martos, que integra el equipo del Ministerio Público Fiscal  junto a Verónica Ferrero y María Mónica Rivero , indicó que las pruebas muestran que el maltrato, por lo menos, llevaba un año y medio, desde que el nene quedó a cargo de su madre cuando tenía poco más de tres años. “Se hizo una historicidad de la vida de Lucio desde que nació. La mamá estuvo con él al principio y después no. Posteriormente estuvo de nuevo y lo que se pudo probar es que en el momento en que Lucio retomó el vínculo se produjeron estos maltratos. Eso no quiere decir que antes no hayan ocurrido pero no tenemos evidencia de eso”, indicó Martos. 

Antes de retomar la convivencia con su madre, Lucio vivió en la casa de su tío paterno, Maximiliano Dupuy, en General Pico, La Pampa. Algo que las familias acordaron en el plano judicial en junio de 2019 después de la separación de la pareja cuando el padre, Cristián, trabajaba en Luján, provincia de Buenos Aires y la madre, en Santa Rosa. Meses después, en febrero de 2020, la mujer reclamó la tenencia alegando que tenía una nueva pareja y un emprendimiento para sostenerse económicamente. Desde ese momento, comenzó un tironeo en cuanto al régimen de visitas y la tenencia que finalizó con un acuerdo a favor de Espósito Valente que homologó la jueza Ana Clara Pérez Ballester y fue  revisado por la asesora de menores Eliza Catán. 

Días atrás, el abogado de la familia de Lucio, José Mario Aguerrido, pidió el juicio político para la magistrada y criticó a los 30 diputados y diputadas provinciales por no iniciarlo. “Lo normal es empezar un régimen de revinculación, verlo cada determinado tiempo. Ahora, entregarlo de una, eso no es lo normal en los procedimientos de familia. Los tíos de Lucio lo entregaron porque estaban asustados. Esta mujer (por Espósito Valenti) los amenazó con denunciarlos por abuso, un abuso que no existió. Ellos terminan rindiéndose, no es que lo entregan de manera voluntaria. Y lo más grave es que el padre de Lucio no intervino en ese expediente”, indicó en declaraciones a la Agencia Télam.

Por el lado de la defensa, el representante oficial que patrocina a la madre, Pablo De Biasi, pidió la absolución tanto por el abuso sexual como por el homicidio. Indicó que “en el lugar de los hechos hubo una persona y no dos” y sostuvo que “la única testigo fue Abigail”,  la pareja de la mujer. Además, indicó que no hay responsabilidad de Espósito Valenti por omisión y agregó que solo podría imputarse una conducta preterintencional, es decir que no existió dolo o intencionalidad. 

La defensa también indicó que la parte acusatoria hizo recortes de los hechos y que no se hizo mención a la responsabilidad del padre.  “Se me critica a mí, pero no al progenitor, porque ‘padre’ le queda grande. A él se lo justifica cuando la responsabilidad era de los dos. Sin embargo, en todo momento se desentendió de la criatura. Y tampoco es verdad que Lucio no tenía contactos familiares. Tenía contactos con el progenitor, sus abuelos, mi familia y la de Abigail. Si ellos no quedaron conformes con esos contactos será porque no se esmeraron en tenerlos más”, dijo Espósito Valenti cuando habló durante los alegatos.

Por el lado de la pareja, la defensora oficial Silvina Blanco Gómez indicó que Abigail Páez no buscó la muerte del nene. Negó el homicidio agravado y sostuvo que se trató de un homicidio preterintencional. En sus argumentos, describió siete conductas de la mujer para evitar la muerte de Lucio, entre ellas, la reanimación cardiopulmonar y el traslado a una posta sanitaria. Agregó que ninguna de las tres agravantes para el homicidio quedaron probadas y pidió la absolución para el abuso sexual por el beneficio de la duda. 

“Sé que Lucio me perdonó. Ojalá yo me pueda perdonar”, afirmó Páez ante el tribunal. “No sé realmente lo que pasó, tengo muchas lagunas en la cabeza, y si no conté detalles es porque estoy muy traumada. Todo lo que puedan decir de mí es horrible, por eso le pido perdón a las personas se hayan sentido tocadas por el tema y por toda esta situación, y que lo lloran y lo extrañan como me pasa a mi y a su mamá. Y también quiero pedirles disculpas a mi familia y a mi mamá porque le fallé, porque ella no me enseñó estas cosas”, agregó la mujer.

Después de un receso ( las audiencias finalizaron a fines de diciembre), el tribunal decidirá la semana próxima si las mujeres son culpables o inocentes, pero no dará a conocer las penas porque se trata de un juicio de cesura. El artículo 343 del Código Procesal Penal de La Pampa permite que el proceso se divida en dos cuando la pena máxima supere los seis años de prisión.  La defensa usó este recurso por lo que la pena se conocerá en una nueva audiencia, en un plazo no mayor a los 15 días a partir de conocerse el fallo. Sin embargo, la fiscal Verónica Ferrero pidió que se deje sin efecto la audiencia de imposición de pena y directamente se dicte la sentencia. “Como en este caso la particularidad es que si las personas son declaradas culpables y la pena es de perpetua, es prácticamente sobreabundante hacer una segunda etapa de debate si no hay monto de pena para discutir. Los jueces no tienen una escala penal para decidir sobre qué pena le imponen”, explicó Martos.

Mientras tanto, la familia de Lucio convocó a una movilización a los tribunales para el jueves a las 9 de la mañana. “Estamos abocados a que condenen a estas asesinas”, le dijo el abuelo de Lucio, Mario Dupuy,  a este diario.  “Estamos viviendo con ansias, son interminables los días para que llegue el 2 de febrero y saber la culpabilidad de estas asesinas. Las pruebas fueron contundentes para culparlas del grave hecho que cometieron con Luisito. La estrategia que armaron no les va a dar la absolución”, afirmó el hombre.

El abogado de la familia anticipó que denunciará al Ministerio de Salud de la provincia y a los médicos que atendieron al nene en situaciones previas por no alertar sobre las agresiones que presentaba. El niño había sido atendido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa. Sin embargo, ningún profesional médico o autoridades del jardín de infantes advirtieron sobre la situación. Es por eso que Aguerrido anticipó que denunciará a las autoridades en los tribunales locales y que también recurrirá al exterior para determinar la responsabilidad del Estado. Prevé hacer presentaciones ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A principios de esta semana, el Gobierno nacional confirmó que se incluirá el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes, conocida como Ley Lucio, en las sesiones legislativas extraordinarias. El proyecto que ya tiene media sanción en Diputados deberá ser tratado ahora en el Senado, después de un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, que la semana pasada habló con Ramón Dupuy por teléfono. 

La norma busca la prevención y detección temprana contra la violencia de los niños, niñas y adolescentes y establece un plan de capacitación para funcionarios públicos. “El presidente me llamó para decirme que se comprometía personalmente, es la ley más importante que deberíamos tener porque va a servir para cuidar a los chicos, para que no sigan matando como lo mataron a Lucio. En nuestro caso, el Estado falló en todo”, dijo el abuelo.

CDB/MG

Caso Lucio: para la fiscalía no hay elementos contra la jueza que le dio la tenencia a la madre

Los y las fiscales que investigaron el crimen de Lucio Dupuy en La Pampa no encontraron elementos para iniciar una investigación paralela contra la jueza Ana Clara Pérez Ballester, titular del Juzgado de Familia y del Menor N°1 de La Pampa, que homologó el acuerdo por la tenencia entre la madre del nene y los tíos paternos. Ayer, la magistrada fue denunciada por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Tanto el abogado que representa al padre de Lucio como una ONG vinculada al Partido Celeste Provida apuntaron contra la jueza Pérez Ballester, quien en noviembre de 2020 firmó el acuerdo entre Magdalena Espósito Valenti, la madre del nene, y el tío, Maximiliano Dupuy, y su pareja, Leticia Hidalgo, quienes los criaron durante algunos meses.  Ayer, el presidente de la Fundación “Más Vida”, Raúl Magnasco, presentó la denuncia contra la magistrada ante la Unidad de Atención Primaria, que depende del Ministerio Público Fiscal de La Pampa. “Tuvo varias alertas para evitar la muerte a Lucio y no sabemos si por una cuestión ideológica no cumplió con los deberes de una jueza de familia”, afirmó Magnasco, que también es el presidente del Partido Celeste, una ONG que milita en contra del aborto.

Sin embargo, los y las fiscales que investigaron el crimen del nene de cinco años indicaron que no encontraron elementos en la causa para impulsar un proceso contra Pérez Ballester. “No hay ningún elemento que a nosotros nos amerite haber advertido una situación o haber investigado o iniciado una causa ni respecto de la jueza ni respecto de ninguna otra persona”, dijo el fiscal de Delitos que Impliquen Violencia Familiar y de Género de La Pampa, Walter Martos a elDiarioAR. 

“La muerte de Lucio derivó en una investigación, en esta investigación en ningún momento surgió palmariamente de un delito o de una posible denuncia investigable de oficio por parte de la fiscalía que amerita iniciar una causa paralela a una tercera persona que no sean las dos acusadas. Ni durante la investigación ni tampoco durante el juicio. Por este motivo, desconocemos detalles de la intervención o no de la jueza cuestionada y eventualmente si se formula alguna denuncia la tendrá que investigar la fiscalía competente, que no seremos nosotros”, agregó el funcionario judicial ante la consulta de este medio.

Si bien la jueza homologó un acuerdo al que llegaron las partes, se le critica no haber realizado un estudio de impacto socioambiental para determinar el bienestar del nene. Antes de retomar la convivencia con su madre, Lucio vivió en la casa de su tío paterno en General Pico, La Pampa. Algo que las familias acordaron en el plano judicial en junio de 2019 después de la separación de la pareja cuando el padre, Cristián, trabajaba en Luján, provincia de Buenos Aires y la madre, en Santa Rosa. Meses después, en febrero de 2020, la mujer reclamó la tenencia alegando que tenía una nueva pareja y un emprendimiento para sostenerse económicamente. Desde ese momento, comenzaron los problemas por el régimen de visitas. La familia paterna contó que la mujer hacía escándalos y llamaba a la policía cada vez que tenía que ver a su hijo por lo que decidieron llegar a un acuerdo para que la tenencia fuera responsabilidad de la madre. 

Magnasco, el impulsor de la denuncia contra la jueza, es el presidente de la Fundación Más Vida y del Partido Celeste, un militante acérrimo contra el derecho al aborto legal. En sus redes, también se puede ver su adhesión a la figura de Javier Milei y críticas a la ley de Educación Sexual Integral. También impulsó la “Ley del Latido’, como en Texas, que prohíbe el aborto una vez que se detecte un latido del corazón en el feto. Una iniciativa que cuenta con el apoyo del precandidato a gobernador de La Pampa y diputado nacional por el PRO, Martín Maquieyra, quien es el autor de la “Ley Lucio”. 

CDB/MG