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Noticias de Cordoba
La trampa detrás de la concesión de Bullrich para aprobar la extranjerización de las tierras
La jefa del oficialismo ofreció establecer un nuevo límite del 25% a la venta de tierras a extranjeros, pero solo a nivel provincial. Deja afuera a los departamentos, que son los que concentran los mayores niveles de extranjeerización. La clave no es cuánta tierra está en manos extranjera, sino dónde.
Patricia Bullrich comprobó que no estaban los votos para aprobar el capítulo de Tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada e hizo una oferta: si los aliados acompañaban el proyecto, ella aceptaría fijar un nuevo tope del 25% para la compra de tierras por parte de extranjeros. Una concesión destinada a evitar un quinto fracaso legislativo en el Senado, pero que deja intacto el corazón de la reforma. La propuesta –que Bullrich oficializará el martes en una conferencia de prensa– establece un tope solo a nivel nacional y provincial. Nada dice de los departamentos, en donde se juega la verdadera batalla contra la extranjerización.
El nuevo borrador del proyecto comenzó a circular por los Whatsapp de los senadores aliados temprano a la mañana. Bullrich había intentado, hasta último momento, avanzar con la última versión del proyecto redactado por Federico Sturzenegger, pero los números no le daban: necesitaba tener 37 votos asegurados para evitar una nueva derrota y estaba estancada en 35 voluntades.
Había cuatro senadores radicales que se negaban a acompañar el capítulo –Maximiliano Abad, Flavio Fama, Daniel Kroneberger y Edith Terenzi–, mientras que los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut amenazaban con votar en contra. Si a ellos se les sumaban los dos santacruceños y la cordobesa Alejandra Vigo, la iniciativa amenazaba con caerse en la votación en particular.
“El proyecto así no sale”, le advirtió un senador radical durante el fin de semana. La campaña en redes sociales y la marcha convocada para el jueves frente al Congreso había surtido efecto: los senadores estaban incómodos con la ley y ninguno quería pagar el costo político de ser el voto definitivo que habilitase la flexibilización de la Ley de Tierras Rurales. Bullrich se vio obligada a ensayar cambios.
El nuevo borrador, que Bullrich defenderá el martes a las 14 horas en una conferencia de prensa, establece: “La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia”.
La concesión de Bullrich, sin embargo, esconde una trampa: el borramiento del límite a nivel departamental o local. La ley original, sancionada en 2011, establece el límite del 15% a nivel nacional, provincial y departamental, ya que el objetivo era frenar la extranjerización en zonas estratégicas específicas. Es decir, aquellas que cuentan con recursos hídricos o minerales estratégicos, están en zona de frontera o a la vera de una vía navegable fluvial o marítima.
La clave, insisten desde el Observatorio de Tierras, no es cuánta tierra está en manos extranjeras. Sino en dónde.
La trampa de la extranjerización
“La nueva redacción es engañosa y no cambia nada”, sostiene Pablo Volkind, coordinador del Observatorio de Tierras, que fue creado con la ley de 2011 con el objetivo de hacer un seguimiento de la extranjerización de las tierras a nivel nacional. “Hoy en día no hay ninguna provincia que supere el 15% que fija la ley. Las que tienen mayor porcentaje de extranjerización son Salta y Misiones, que no superan el 11,3%. Pero eso no quiere decir que, en cada provincia, haya departamentos que superan el 40 y hasta el 50% de tierra extranjerizada”, explica, en diálogo con eldiarioAR.
Hay localidades, como Iguazú, que cuentan con el 40% de las tierras en manos extranjeras. El caso de Misiones es paradigmático, no sólo porque es una de las provincias con mayor porcentaje de tierras en manos extranjeras, sino porque la mayoría pertenece a una sola empresa: una forestal chilena llamada Arauco. La empresa es propietaria de más de 240.000 hectáreas en Misiones, lo que la convierte en uno de los mayores propietarios privados de tierra del país, y se dedica a las plantaciones forestales de pino y eucalipto para la producción de celulosa.
Hay otros casos. El departamento de San Carlos, en Salta, cuenta con el 60% de su territorio en manos extranjeras. Es una zona con glaciares de escombros y ya registra unos cuatro proyectos mineros, así como también dos comunidades indígenas con relevamiento terminado (y otras cuatro sin el relevamiento finalizado), lo que la vuelve un espacio donde convergen intereses productivos, ambientales y comunitarios. Al lado está Cafayate, que comparte el mismo glaciar de escombro y tiene el 23% de su superficie en manos extranjeras.
Una situación similar se observa en Tinogasta, en Catamarca, donde cerca del 27% de la superficie rural está extranjerizada y el departamento concentra tres proyectos mineros en operación y seis previstos. En total, según un informe del Observatorio de Tierras, hay 36 localidades que superan el límite del 15%. ¿Por qué? Porque se compraron antes de la sanción de la ley de 2011.
De prosperar la nueva versión del proyecto, todas estas localidades podrían avanzar con la venta de todo el territorio porque, en el cálculo final, no llegarían a sobrepasar el límite del 25% provincial. “Hoy la ley sirve como dique de contención para la extranjerización en esos territorios”, explica Julieta Caggiano, integrante también del Observatorio de Tierras.
Las y los especialistas señalan, además, que la nueva versión arrastra otros problemas. Por un lado, elimina el tope de cantidad de hectáreas por persona humana o jurídica y el tope por nacionalidad. “Hasta ahora, el capital extranjero de una misma nacionalidad podía comprar hasta el 30% de las tierras extranjerizadas. Con el nuevo proyecto el capital norteamericano podría comprar todo Salta o Neuquén como ya pasa con Chile en Misiones, y no pasa nada”, explica Volkind.
La versión “concesiva” de Bullrich, a su vez, habilita la venta de tierras en zonas de fronteras y los ojos de agua dulce. También elimina el Observatorio de Tierras y deja en manos de las provincias el registro de la tenencia de tierras: el estado nacional ya no tendrá control sobre la extranjerización de su territorio.
MCM/CRM
Presionada por la falta de votos, Bullrich negocia con los aliados un nuevo tope a la venta de tierra a extranjeros
La jefa libertaria en el Senado conversa con el radicalismo y fuerzas provinciales que el límite para vender tierra a extranjeros sea del 25%, en vez del 15 que está en el último borrador de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El ministro Sturzenegger proponía la desregulación total.
Patricia Bullrich comprobó durante el fin de semana que no están los votos para aprobar el capítulo de extranjerización de tierras del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La resistencia de un puñado de díscolos radicales y de fuerzas provinciales usualmente aliadas, que le hicieron saber que no acompañarían el capítulo en la sesión del jueves, la obligó a ensayar una modificación de último momento: aumentar del 15% al 25% el límite a la compra de tierras por parte de extranjeros y enterrar, así, la fantasía desreguladora de Federico Sturzenegger.
La jefa del oficialismo se lo estaba anunciando este lunes temprano a la mañana al resto de sus compañeros de La Libertad Avanza en el Senado: sin los votos garantizados de todo el bloque radical y de los senadores misioneros y santacruceños, el capítulo que avanzaba con la eliminación de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros amenazaba con caerse en la votación en particular. Ella proponía, a sugerencia de los aliados con los que había conversado el viernes, dejar fijo un tope, pero aumentarlo a un 25%. Que es el mismo que tiene, por ejemplo, Brasil.
“Yo el proyecto así no lo acompaño”, le hizo saber a Bullrich, a través de Eduardo Vischi (jefe de bloque radical), uno de los senadores radicales que mantenían su voto en suspenso. La jefa del oficialismo necesita que al menos 9 de los 10 radicales acompañen la iniciativa para poder estar tranquila, pero el rechazo hasta ahora de Maximiliano Abad, Flavio Fama, Daniel Kroneberger y, su vez, de la chubutense Edith Terenzi, le arruinaba los planes.
Este lunes el bloque libertaria buscaba acordar la estrategia parlamentaria definitiva, en una semana marcada por varios movimientos: el presidente Javier Milei viajará a Ecuador y Colombia entre el miércoles y el jueves, y el Ejecutivo quedará a cargo de Victoria Villarruel, quien no podrá presidir la sesión agendada para el jueves sobre la ley de Propiedad Privada. La vice ya se manifestó en contra del proyecto libertario y desde la Casa Rosada ya le pidieron explícitamente que renuncie a su cargo.
La iniciativa de 48 artículos que reforma cinco normas fue craneada por el ministro Federico Sturzenegger luego del Consejo de Mayo, donde tuvo visto bueno de los gobernadores hasta que se conoció la letra chica. Fuera del capítulo de Tierras –que en el último borrador conocido elimina el tope del 15% a la compra de tierra por parte de extranjeros y habilita la venta de tierras en zona de fronteras–, endurece las reglas de expropiación –indemnización a valor de mercado, tope del 30% para el lucro cesante y prohibición de transferir el dominio sin pago previo–, habilita desalojos por juicio sumarísimo, con lanzamiento exprés contra “intrusos” bajo caución juratoria, y recorta la Ley de Manejo del Fuego: elimina la prohibición de treinta años para cambiar el uso de tierras incendiadas en pastizales y zonas de interfase urbano-forestal, y deja esa restricción limitada a los bosques nativos categorizados.
El volantazo para conseguir el apoyo de los aliados quedaría certificado en una conferencia de prensa que Bullrich analiza dar este martes. “Va a haber algunos cambios pero todavía seguimos trabajando en la redacción”, comentó a este medio uno de los negociadores del oficialismo.
MCM/MC
Misiones: Passalacqua renunció al partido de Rovira y puso fin a dos décadas de conducción política
El gobernador formalizó su salida de Encuentro Misionero, el sello que conserva el histórico líder provincial. El gesto institucional confirma el divorcio entre ambos y acelera la disputa por la sucesión del poder en la tierra colorada.
Durante más de dos décadas, en Misiones existió una certeza que parecía inamovible: el Gobierno provincial y Carlos Rovira eran, en los hechos, una misma cosa. Ese ciclo terminó este lunes. Hugo Passalacqua formalizó su renuncia a Encuentro Misionero, el partido que hasta hace pocos meses era la columna vertebral del Frente Renovador de la Concordia, y terminó de consumar una ruptura que ya había dejado de ser un rumor para convertirse en un hecho político de enorme magnitud.
La presentación fue realizada ante la Secretaría Electoral del Distrito Misiones y quedó registrada este lunes a las 11.15. En el formulario, el gobernador escribió de puño y letra que renunciaba “en particular al partido Encuentro Misionero (ex Concordia Social)”. Horas después confirmó la decisión a través de sus redes sociales con un mensaje tan breve como contundente: “Renuncié al partido Encuentro Misionero (ex Partido de la Concordia Social, partido al que me afilié oportunamente)”.
Desde el punto de vista administrativo, se trata apenas de una desafiliación. Desde el punto de vista político, en cambio, el gesto tiene un alcance mucho mayor. Passalacqua deja formalmente el partido que Rovira decidió crear como plataforma para ordenar su propia sucesión política. Del otro lado quedó el Gobierno provincial, que en las últimas semanas comenzó a reorganizarse alrededor del espacio que denominó Movimiento por lo que Viene y de una mayoría de intendentes, ministros y dirigentes que resolvió permanecer junto al actual gobernador.
La imagen resulta casi impensada para cualquier observador de la política misionera de los últimos veinte años. Por primera vez desde 2003, el gobernador de Misiones ya no integra el espacio político conducido por Rovira. Y, por primera vez desde que dejó la Gobernación, Rovira tampoco conserva influencia formal sobre la administración provincial que él mismo construyó.
La ruptura venía gestándose desde hacía meses. Primero aparecieron las diferencias alrededor de la sucesión de 2027. Luego llegaron el lanzamiento de Encuentro Misionero, la resistencia de Passalacqua a incorporarse al nuevo esquema partidario, el respaldo de la mayoría de los intendentes al gobernador y las críticas cada vez menos disimuladas al armado político impulsado por Rovira alrededor del vicegobernador Lucas Romero Spinelli y de su hijo Ramiro.
La renuncia conocida este lunes también repercute sobre el tablero nacional. Llega apenas tres días antes de la sesión del Senado en la que se debatirá la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y, especialmente, el artículo que elimina las restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros. Como pudo saber elDiarioAR, el voto de los senadores misioneros podría reflejar por primera vez la nueva correlación de fuerzas dentro del oficialismo provincial y apartarse de la estrategia parlamentaria que Rovira sostuvo junto a la Casa Rosada desde la llegada de Javier Milei al poder.
Hasta hace muy poco, semejante escenario habría parecido imposible. Rovira había construido buena parte de su poder alrededor de una premisa sencilla: podía retirarse de los cargos sin abandonar nunca el gobierno. Esa lógica le permitió dejar la Gobernación en 2007 y seguir conduciendo la política provincial durante casi dos décadas desde la presidencia de la Legislatura. Lo que comenzó a resquebrajarse durante los últimos meses es justamente ese mecanismo y nada indica que vaya a haber marcha atrás.
PL/CRM
Nación y provincias se reunieron para coordinar una respuesta ante el riesgo de inundaciones
El Gobierno presentó un plan federal de monitoreo frente a un fenómeno que podría intensificarse hacia fin de año y aumentar las lluvias y las crecidas de los ríos en el Litoral y otras regiones. Del encuentro también participó Paraguay.
Por León Nicanoff - El Niño ya llegó pero el Gobierno activó un protocolo sin presupuesto y con organismos debilitados
El Gobierno nacional comenzó a coordinar con las provincias y los municipios un esquema de prevención y respuesta frente al avance del fenómeno de El Niño, ante un escenario climático que podría generar mayores probabilidades de lluvias por encima de lo normal, tormentas severas e inundaciones durante la primavera y el verano 2026/2027.
El encuentro se realizó en Resistencia, Chaco, donde la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, se reunieron con autoridades de la región del Litoral y representantes de Paraguay.
La jornada se produjo en un contexto de creciente preocupación entre los organismos meteorológicos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las condiciones del sistema ENOS ya son compatibles con una fase cálida o El Niño y que existe una probabilidad cercana al 100% de que continúe durante el trimestre julio-agosto-septiembre. A su vez, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) prevé que el fenómeno continúe fortaleciéndose durante 2026 y estima un 81% de probabilidades de que alcance una intensidad “muy fuerte” entre octubre y diciembre.
Inundaciones y emergencias
La coordinación entre los distintos niveles del Estado se formalizó en el marco del II Consejo Regional de Seguridad Interior. Allí, el director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, presentó los principales lineamientos del Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027.
El programa apunta a reforzar la articulación entre Nación, provincias y municipios para anticipar posibles impactos y mejorar la capacidad de respuesta frente a inundaciones y otros eventos asociados al fenómeno climático.
El plan contempla acciones de prevención, monitoreo permanente y coordinación operativa, con la participación del Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional del Agua (INA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME).
Entre las medidas previstas se encuentran el desarrollo del Tablero ENOS del SINAME, que permitirá realizar un seguimiento en tiempo real de la evolución del fenómeno; la elaboración de modelos de riesgo para los municipios y la capacitación de equipos destinados a fortalecer la respuesta ante eventuales emergencias.
Las zonas bajo mayor riesgo
Las proyecciones climáticas señalan que las mayores probabilidades de precipitaciones superiores a los valores normales se concentran en el Litoral y sectores de la región pampeana, además del norte de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes y Misiones.
El impacto potencial también alcanza a los grandes cursos de agua de la región. Si las lluvias previstas se intensifican durante la primavera y el verano, podrían aumentar las crecidas de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú y, con ellas, el riesgo de inundaciones en las zonas ribereñas.
El fenómeno también plantea un escenario complejo para el sector agropecuario. Las precipitaciones podrían mejorar la disponibilidad de humedad en áreas que atravesaron períodos secos, pero un exceso de agua puede provocar anegamientos, complicar las tareas de siembra y cosecha y favorecer la aparición de enfermedades en los cultivos.
Los especialistas, sin embargo, advierten que la intensidad de El Niño no permite anticipar cuántos milímetros de lluvia caerán en una localidad determinada. Los modelos estacionales muestran cambios en las probabilidades climáticas a gran escala, mientras que la evolución de cada tormenta depende de otros factores atmosféricos.
Nación y provincias revisan sus protocolos
La preparación ante el escenario climático ya comenzó en distintos puntos del país. En Santa Fe, por ejemplo, Protección Civil coordina mesas de trabajo con municipios y comunas ubicados en la cuenca del Paraná para actualizar los protocolos de emergencia.
En otras localidades también se activaron mecanismos preventivos. En el área del Delta del Paraná se reforzaron los sistemas de alerta temprana ante la posibilidad de lluvias intensas y sudestadas, mientras que municipios ribereños trabajan sobre eventuales esquemas de evacuación. En otras zonas se monitorean cursos de agua y se revisan planes para reducir el riesgo de anegamientos.
Mientras el Gobierno quita el apoyo a la ciencia, el INTI gastó más de US$ 200.000 en 6 meses en servicios de seguridad
Se gastaron US$ 159.543 en servicios de seguridad de Gendarmería y otros US$ 46.511 en una sala de monitoreo con capacidad de reconocimiento facial. El contraste es crítico con la situación del organismo: se encuentran en riesgo ensayos esenciales donde, en muchos casos, el instituto es el organismo estatal de referencia en la materia.
Qué es y para qué sirve el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
Hasta hace algunos años, la entrada de la sede central del INTI, el Parque Tecnológico Miguelete, en San Martín, tenía una garita con dos policías. Hoy, la escena se compone por dos colectivos de la policía del Gobierno de la Ciudad en la puerta con varios efectivos dentro, cámaras de vigilancia y gendarmes que recorren el predio en vehículos de la propia fuerza y también del instituto. En uno de esos rondines, los efectivos filmaron a un trabajador, cámara en mano y sin mediar explicación. La secuencia quedó registrada en un video grabado por el propio empleado al cruzarse con la patrulla. A la salida, personal del instituto les revisa a los trabajadores las mochilas y los autos. Ocasionalmente, puede verse un camión hidrante en la entrada.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, un organismo de casi 70 años dedicado a asistir a la industria mediante ensayos, capacitaciones y certificaciones, gastó en seis meses US$ 159.543 en servicios de seguridad de Gendarmería y otros US$ 46.511 en una sala de monitoreo con capacidad de reconocimiento facial. En total incorporó 23 cámaras nuevas en el predio. Fue en pleno desguace del organismo: mientras se anunciaba la baja de cerca de 1000 líneas de ensayo, lo que ponía en riesgo más de 700 puestos, y su presupuesto acumulaba una caída del 54% desde 2023. En mayo, la justicia frenó por seis meses el recorte, con una cautelar impulsada por ATE que el instituto ya apeló.
La presencia de Gendarmería fue solicitada por el presidente del INTI Miguel Ángel Romero, abogado, martillero y fundador de la empresa de seguridad “1816 Seguridad SRL”, a pocos meses de su asunción, y consolidada a partir del 1 de noviembre de 2025. elDiarioAR accedió por pedido de acceso a la información pública al “contrato interadministrativo de servicio adicional de seguridad”, de contratación directa, en el que se dispone la custodia del predio de San Martín, ubicado en Av. General Paz al 5445. Gendarmería está facultada para prestar estos “servicios adicionales de seguridad” con personal y medios propios por el decreto 1313/02 y por su estatuto, aprobado por el decreto 454/2025. De hecho, un informe anual de Gendarmería detalla que durante 2025 se suscribieron o renovaron 25 contratos, entre los que destacan al INTI y a Nucleoeléctrica Argentina S.A.
elDiarioAR se comunicó con el presidente del INTI para conocer los motivos de la presencia de la Gendarmería y el presupuesto gastado en seguridad pero el funcionario aseguró que no tenía nada para decir.
El 29 de octubre de 2025, Romero envió por el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), y con carácter de “Trámite muy urgente”, una nota titulada “Solicitud de Contratación Interadministrativa con la Gendarmería Nacional Argentina”. Allí justificó el pedido: “Dado el carácter esencial de las tareas que desarrolla este Instituto y la importancia de garantizar las condiciones adecuadas de seguridad, es que se impulsa llevar adelante la mencionada contratación”, argumentaba el escrito.
Un policía le robó el celular a un trabajador del INTI que estaba reclamando. Lo increparon y dijo que no se lo robó, que se cayó al piso y que entonces se lo quedó jajajsj reprimen por 500 lucas y chorean en el acto para compensar. Los buenos son los de azul pic.twitter.com/jZDArZ4U1P
— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) December 3, 2025
El contrato estipulaba, inicialmente, la presencia de 7 efectivos de seguridad: tres en el edificio de Presidencia, dos en el ingreso principal sobre Av. General Paz y dos para el acceso por calle General Manuel Savio al 1898. Además, se designó a un supervisor de tarea, responsable de “instruir y dar órdenes operativas particulares y generales de la prestación” y a un auxiliar administrativo. Según consta en el documento, Gendarmería realizó un estudio de factibilidad de la prestación a brindar y la categorizó como de “Mediano riesgo”, aplicando el tarifario correspondiente.
Sin embargo, en marzo de 2026, el INTI solicitó la ampliación del servicio a 11 efectivos y en mayo se amplió el número de efectivos para el turno noche de 3 a 5. Además, Gendarmería recategorizó el servicio: “Teniendo en cuenta las facultades inherentes a esta Fuerza en materia de evaluación y determinación del nivel de riesgo de los objetivos protegidos”, la Dirección de Operaciones consideró necesario modificar la calificación del INTI de “mediano riesgo” a “alto riesgo”. La recategorización no fue solo nominal: implicó la aplicación de una escala de aranceles más alta que la pactada al inicio.
El gasto de la vigilancia
elDiarioAR accedió a las primeras 6 facturas emitidas por Gendarmería Nacional al INTI para los meses de noviembre de 2025 a abril de 2026. En ellas se desglosa por mes, la cantidad de efectivos por rol y módulos de horas. Los montos facturados por mes, al dólar oficial del BNA para la venta el día de la emisión de la factura, fueron incrementándose, a tono con la ampliación del servicio. En noviembre, se facturaron US$ 19.588; en diciembre, US$ 21.287; en enero, US$ 22.544; en febrero, US$ 26.110; en marzo, US$ 33.989; y en abril, US$ 36.025. En total, las facturas por el semestre suman US$159.543.
Sin embargo, el contrato está firmado por dos años, con posibilidad de prorrogarlo por un año más. El documento prevé, además, reubicaciones de efectivos y aumentos en su número.
Ahora, además, la vigilancia es permanente. El INTI instaló en su sede central, el Parque Tecnológico Miguelete de San Martín, una sala de monitoreo centralizada, ya en funcionamiento, desde la que se controlan en simultáneo todas las cámaras. Son 16 cámaras motorizadas, con visión nocturna y capacidad de captar tanto imagen como sonido, y de reconocimiento facial contra una base de hasta 20.000 rostros. Por esa sala se pagó en octubre de 2025 un total de US$46.511, unos $65 millones al cambio de octubre de 2025, a la empresa Crosswise S.R.L. Según su página oficial, esta fue proveedora de otras instituciones estatales como SENASA, AGIP, y AFIP. La compra también incluyó el sistema central que graba y almacena las imágenes, una computadora de procesamiento y un panel de ocho monitores de 55 pulgadas.
A esa sala se sumó una segunda compra efectuada también en octubre de 2025, más chica: siete cámaras de seguridad para exterior, marca Hikvision, que el INTI adquirió por $1.538.600 a la empresa Congreso Insumos S.A. Con esas unidades, sumadas a las 16 que dependen de la central, el instituto llevó a 23 la cantidad de cámaras nuevas incorporadas en el predio en los últimos meses.
Las seis facturas del semestre de gendarmería (US$159.543) equivalen a unos 160 sueldos brutos mensuales de un profesional con cerca de siete años de antigüedad en el instituto (categoría C4/C5). Según la escala salarial del organismo, en junio de 2026 ese salario equivalía, en bruto, alrededor de US$ 994 al cambio oficial del Banco Nación del último día hábil del mes. Si a eso se sumara lo desembolsado por las cámaras de seguridad (US$ 46.511), se alcanzarían unos 206 sueldos brutos.
El desfinanciamiento
El ajuste presupuestario al instituto viene en constante crecimiento año tras año. Un Informe de junio de 2026 del Centro iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), lo puso en números: El presupuesto del INTI cayó cada año desde 2023 hasta llegar, en palabras del informe, a “un descenso acumulado del 54,0% desde 2023”. Medido contra su pico de 2016, el presupuesto es hoy un 64% más bajo, por debajo incluso del nivel que tenía en 2007.
El recorte no vino solo desde lo presupuestario, y en él confluyen dos carteras. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, de Federico Sturzenegger, diseñó la reorganización del Estado que enmarca el ajuste: su secretaría elaboró el diagnóstico sobre los organismos descentralizados y tiene en su poder la aprobación de cualquier movimiento de personal en los organismos alcanzados. El INTI, en tanto, depende del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, a través de la Secretaría de Industria y Comercio. Algunas medidas de ajuste fueron graduales, como los retiros voluntarios de los primeros meses de gestión, que redujeron el personal cerca de un 25%, de unos 3100 a 2300 empleados.
El intento más drástico llegó por decreto. En julio de 2025, con el 462, el Ministerio de Economía propuso quitarle al INTI su autarquía, en particular, la facultad de administrar los fondos que cobra por los servicios que presta a la industria, y convertirlo en una unidad organizativa, junto con otros tres institutos: el agropecuario INTA, el de propiedad industrial INPI y el vitivinícola INV. Ambas cámaras del Congreso lo rechazaron en agosto, con los trabajadores movilizados. Pero el vaciamiento no se detuvo: continuó por otra vía, ya dentro del propio organismo.
La iniciativa truncada por ambas Cámaras del Congreso llevó al corrimiento del entonces presidente de INTI, Daniel Afione, y la llegada en septiembre de 2025 de Miguel Ángel Romero. Fue él quien dispuso la cesación de la prestación de servicios claves como el Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC), a fines de noviembre del 2025, pocas semanas después de la llegada de Gendarmería al instituto.
Asimismo, el último día hábil de diciembre de 2025, se publicó en el Boletín Oficial la baja de servicios metrológicos (de medida) legales claves y certificaciones vinculadas a medidores de concentración de alcohol en aire exhalado, surtidores de nafta y medidores de agua potable, entre otros.
Los intentos de desguace continuaron. El 16 de abril de 2026, el Consejo Directivo publicó en el Boletín Oficial la Resolución N° 42, que dispuso la baja de unas mil líneas de ensayo vinculadas a seguridad alimentaria, calidad del agua, calidad de materiales de construcción, seguridad en ascensores y control de combustibles, entre otros. Según los gremios, la medida ponía en riesgo unos 700 puestos de trabajo calificado, formados a lo largo de años.
El Consejo Directivo justificó la baja en que se trataba de servicios “sin demanda efectiva” o que ya ofrece el sector privado. El anexo incluye controles de seguridad cotidianos: la detección de contaminantes como la salmonela o las aflatoxinas en los alimentos, la calibración de los ventiladores pulmonares (los respiradores mecánicos de uso hospitalario) y los ensayos que miden si sustancias del plástico, como el bisfenol A, pasan del envase a la comida. Sobre estos últimos, los trabajadores consultados adviertieron que no hay otro laboratorio que haga todos los ensayos que el INTI hace. Destacaron que existe un laboratorio privado pero que solo hace algunos, y con ello no es suficiente para saber si el envase es apto o no.
Sin embargo, en mayo el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N.º 2 de San Martín hizo lugar al amparo de ATE y frenó la medida por seis meses. El juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto ordenó al INTI abstenerse de ejecutar cualquier acto derivado de la resolución: no dar de baja, transferir ni modificar los servicios; no mover el equipamiento técnico afectado; y mantener a todos los trabajadores con sus cargos y sueldos en las condiciones vigentes al 14 de abril de 2026. También le exigió sostener los ensayos, certificaciones y transferencias tecnológicas “bajo la órbita estatal del INTI”.
Reprimidos por reclamar, vigilados al trabajar
Ante cada intento de desarticulación o degradación del INTI, trabajadores independientes y agremiados, y empresarios pymes realizaron concentraciones y movilizaciones contra el desguace de la institución y el cierre de 25 mil pymes. Según el Monitor mensual de empresas de Fundar, con datos a abril de 2026, desde que asumió Javier Milei se perdieron 28.262 empresas. En esas movilizaciones, la represión fue moneda corriente.
En diálogo con elDiarioAR un empleado del INTI describió cómo es trabajar con las fuerzas de seguridad en el instituto: “es una fuerza pública dentro de una institución de tecnología: la verdad es que intimida, intimida siempre. Están todo el tiempo en la puerta, y también está la Policía de la Ciudad con un colectivo afuera permanentemente, con agentes”.
Además, el trabajador describió cómo vivió la represión en una de las movilizaciones contra la baja de servicios. “Cuando se hace cualquier manifestación, como la que fuimos hasta el Parque Irigoyen, la policía está permanentemente ahí al lado, en cordones y cuando alguien pisa la calle, te empujan para que te subas arriba de la vereda. El otro día empezaron a gasear mientras la gente se estaba moviendo para desocupar la calle, entonces se pone picante. Hubo compañeros que estuvieron muy atacados por el gas. A mí me ardió la garganta, tosí un poco porque el gas vuela y ya te hace toser. Yo nunca había vivido una cosa así”.
Lo que describe aquel trabajador no es un episodio exclusivo del INTI. La presencia de Gendarmería en organismos prestigiosos de ciencia y tecnología argentina tomó relevancia pública a la par de medidas de despidos, degradación o disolución por parte del gobierno nacional. Recientemente, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) fue noticia por los 60 despidos y el desalojo por parte de Gendarmería, que custodió al presidente del organismo Martín Eduardo Porro a la salida del edificio. Otras manifestaciones fueron reprimidas por la policía de la Ciudad, incluso con denuncias de golpes de puño directos a la cara a científicos de CONICET, que reclamaban por el cese de su obra social y la baja inminente de 379 profesionales.
Mientras los trabajadores denunciaban la represión, la conducción del INTI pedía a la Nación más seguridad, y apuntaba a los delegados sindicales como la amenaza. El 25 de junio de 2026, Romero le solicitó por nota al secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, que evaluara las “condiciones de vulnerabilidad perimetral” del predio y coordinara “acciones preventivas”. Fundó el pedido en “reiterados episodios de conflictividad”, como manifestaciones, bloqueos, hostigamiento y agresiones que, según él, protagonizaban “delegados y representantes sindicales vinculados a la Junta Interna de ATE-INTI”, y advirtió por una eventual “ocupación o toma” de edificios y laboratorios. Para entonces, la custodia ya era de 11 efectivos de día, 5 de noche y 3 los fines de semana.
Según relatan trabajadores consultados por este medio, Romero abandonó el edificio de la presidencia, ubicado en el predio de San Martín desde hace al menos dos meses y trasladó su oficina a la sede de Capital Federal. En un video publicado el pasado 28 de abril por Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE, se puede ver a Romero siendo escoltado por decenas de Gendarmes hasta una camioneta, entre gases lacrimógenos y empujones con trabajadores. La situación, según publicó Aguiar en su cuenta de X, sucedió luego de una reunión en la que Romero “convocó a los gremios con el único fin de notificar su intención de despedir masivamente a trabajadores”.
URGENTE!!
— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) April 28, 2026
REPRESIÓN ILEGAL Y ANUNCIO DE DESPIDOS EN EL INTI!!
ROMERO HUYE COMO RATA: TIENE LOS DÍAS CONTADOS!!
Los trabajadores del INTI han sido blanco de UN ATAQUE SIN PRECEDENTES por parte de la actual gestión del organismo.
El presidente del INTI, Miguel Romero, convocó a… pic.twitter.com/Dy90OuY7uL
En junio, una nueva medida obligó a los trabajadores a ausentarse de sus puestos de trabajo. La dispensa obligatoria los forzaba a trabajar de forma remota, y se comunicó vía email el día anterior. Este mismo procedimiento sucedió tres veces en 10 días. Pero además, el 22 de junio, la gerencia de Recursos Humanos del instituto comunicó que las puertas del Parque Tecnológico permanecerían cerradas durante todo el día, sin ninguna justificación. Esto significó, no solo que los trabajadores no pudieran asistir a sus puestos de trabajo, sino que nadie pudiese acercarse al INTI a solicitar sus servicios. Los trabajadores consultados entienden a estas acciones como estrategias de desgaste que combinan vigilancia permanente e intimidación con gendarmería, control con cámaras, bajos salarios, tareas y servicios paralizados y desprestigio del organismo.
El futuro del INTI aún es incierto. Recientemente, representantes legales del instituto apelaron a la cautelar, pero no consiguieron frenarla. Al conceder el recurso “con efecto devolutivo”, el juez dispuso que la medida continúa vigente mientras la instancia superior la revisa. Es decir, que hasta que la Cámara de apelaciones no resuelva, el organismo no puede avanzar con la baja de servicios. El Instituto había pedido que la cautelar quedara suspendida durante la apelación, lo que en los hechos le habría permitido avanzar con el recorte mientras la Cámara resolvía, pero el juez lo rechazó. Sostuvo que suspender la protección justo mientras se discute el caso desvirtuaría el sentido del amparo, una herramienta pensada para restablecer los derechos “sin demora”. La apelación está radicada en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que deberá decidir si confirma o revoca el freno. Al cierre de esta nota, la Sala I de la Cámara de apelaciones aún no se había expedido.
LG/MG