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Milei reclama auditar las universidades, pero demora completar la AGN por falta de acuerdo con el PRO y los radicales

La web de la Auditoría General de la Nación (AGN) es elocuente: en el espacio donde está publicado su organigrama, no hay información debajo del subtítulo “Auditores Generales designados a propuesta de la Cámara de Diputados”. La demora de esos nombramientos tiene cierta importancia política, porque fue parte de la discusión entre el Gobierno y sus aliados del PRO en la previa a votación por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario del miércoles pasado. De fondo, revela un intríngulis de mayor alcance y que aún no tiene salida a la vista: los libertarios y amarillos disputan un lugar que también reclaman los radicales.

La AGN es el organismo designado por la Ley de Educación Superior para controlar las cuentas de las universidades nacionales. Su composición la define el Congreso y su titularidad corresponde a la principal fuerza de la oposición. Hoy la dirige Juan Manuel Olmos, una figura que de algún modo sintetiza a todas las tribus peronistas: es el apoderado del PJ a nivel nacional.

Debajo de Olmos, el directorio se compone de tres auditores designados por el Senado y tres por Diputados, que no son legisladores. Por Cámara alta ya actúan Javier Fernández y María Graciela de la Rosa, referenciados en el peronismo, y Alejandro Nieva, del radicalismo. Pero aún están vacantes las designaciones por parte de la Cámara baja.

Fue este directorio con cuatro firmas el que confirmó el jueves que, un día antes –justo cuando Diputados bloqueó el aumento a los docentes y no docentes universitarios– había definido para su plan de trabajo 2025 auditar una serie de casas de altos estudios al calor del debate público: la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires y las universidades públicas de Córdoba, La Plata, Salta, San Juan, Cuyo, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; de la Patagonia San Juan Bosco, de Chilecito, de Avellaneda y del Nordeste.

Ese plan no fue firmado por los auditores designados por Diputados porque no hay acuerdo político para esos nombramientos. El nudo de la cuestión es una puja cruzada entre los bloques parlamentarios y, según pudo reconstruir elDiarioAR, no se resolvería pronto pese a la coyuntura. De las tres sillas, el kirchnerismo ya acordó internamente que su representante sea Juan Ignacio Forlón, que ya tiene experiencia en el cargo. El problema está en quiénes serán los otros dos auditores, porque tanto los libertarios, como el macrismo y los radicales tienen aspiraciones propias para esos cargos. Hay dos sillas para tres candidatos.

El oficialismo quiere en ese lugar a Santiago Viola, abogado íntimo de los hermanos Milei y Santiago Caputo y apoderado del flamante partido nacional LLA. El PRO propone al exministro macrista Jorge Triaca. Y la UCR, en acuerdo con el espacio de Miguel Pichetto y Elisa Carrió, busca ubicar al exdiputado Mario Negri. Formalmente, hasta ahora solo fueron presentados como candidatos Triaca y Negri. El problema es que el reglamento no establece textualmente que las designaciones sean por la cantidad de bancas de cada bloque, sino que deja libre la decisión a la negociación política. Los auditores generales son designados “observando la composición” de la cámara, dice la AGN.

Los amarillos y violetas quisieran cerrar un acuerdo propio para correr al radicalismo, pero no tiene la suficiente fuerza en el recinto para imponer una mayoría que designe a Viola y Triaca: el blindaje de los vetos demostró que con otros aliados llegaría a lo sumo a 87 votos. En la vereda de enfrente, el radicalismo parece tener apalabrado al peronismo para jugar en tándem con Forlón y Negri. Tras bambalinas el debate es picante. 

“Tenemos 150 votos a nuestro favor. Porque Negri y Forlón salen por acuerdo de los radicales con UP, Pichetto y la Coalición Cívica. Que la derecha elija como quieran entre Viola y Triaca”, espetaron desde la UCR a los panlibertarios. “Los radicales son la cuarta minoría, pero todavía no lo saben”, cruzaron desde el PRO a sus exsocios en Juntos por el Cambio. “El problema no es el PRO, sino la UCR”, confirmaron en la cúpula de LLA. UP es la primera minoría del recinto con 99 diputados y muy atrás lo siguen el oficialismo con 39 y el PRO con 38. La UCR tiene 33. Encuentro Federal de Pichetto suma 16, Innovación Federal –el espacio de los gobernadores de Salta, Río Negro y Misiones– son 11 y la CC, 6. 

El laberinto no tiene aún una salida. Ni en el oficialismo ni en la oposición aventuran cuándo se votaría el tema en el recinto. Ya se intentó una vez y fracasó. “Hay que encontrar el momento y lo hacemos. Si desde el oficialismo no avanzan es porque tampoco quieren sacrificar a Triaca”, amenazan en el radicalismo. “No está en agenda”, se desentendieron los libertarios. 

La demora puede leerse como una señal del Gobierno sobre qué tan prioritario le parece auditar las universidades. Uno de los principales argumentos que agitó el Gobierno para arremeter contra la ley de financiamiento es que las universidades rechazaban ser auditadas, pese a que el artículo 7 del proyecto opositor establecía que la AGN “realizará las auditorías, y de manera inmediata remitirá al Congreso de la Nación los informes producidos junto con las observaciones formuladas, así como también el plan de seguimiento y control a dichas observaciones”. 

Por otro lado, el PRO, además de apurar la conformación de la AGN, también le exigió completar la bicameral que tiene que aprobar el plan de trabajo del organismo. Es un cuerpo de senadores y diputados que va a presidir Pichetto. Además el macrismo reclamó que Milei derogue el coto que se autoimpuso la SIGEN, que depende del Presidente, para intervenir en el control de las casas de altos estudios a partir de un dictamen del ex procurador del Tesoro, Carlos Zannini. Hasta que el Gobierno no aceite el acuerdo político, la AGN seguirá incompleta.

MC/JJD

"Sedición" y "conspiración": detuvieron a policías en Misiones y denuncian una "represalia" política de Rovira

“El gobierno no ha dimensionado la necesidad que tiene su pueblo”. Corría el mes de mayo y las palabras del suboficial mayor retirado Ramón Amarilla, uno de los voceros del reclamo salarial de la Policía de Misiones, anticipaba la amarga noticia que vendría inmediatamente después: “Nos han ofrecido un 20%”. Las cientos de personas que se congregaban en ese momento frente al Comando Radioeléctrico de Posadas estallaron en un solo grito de indignación. “Acá vamos a aguantar hasta las últimas consecuencias”, repitió Amarilla, micrófono en mano, para después agitar: “¡Se va a incendiar la provincia!”.

Cinco meses pasaron de aquellas jornadas calientes en las que los reclamos salariales de trabajadores estatales misioneros amagaron con poner en jaque la hegemonía tan bien construida a lo largo de más de 20 años por el mandamás Carlos Rovira. El acampe apostado sobre la avenida Uruguay, una de las principales arterias comerciales de Posadas, se levantó el 29 de mayo luego de que el gobierno del Frente Renovador de la Concordia acordara con los representantes de los efectivos policiales y penitenciarios un aumento de alrededor del 60%, además de una amnistía. A mediados de septiembre, sin embargo, ese pacto se rompió: Amarilla y otros siete uniformados fueron arrestados tras ser acusados de los delitos de coacción, sedición y conspiración. El jueves pasado se les dictó la prisión preventiva.

El magistrado Fernando Verón, a cargo del Juzgado de Instrucción 3 de Posadas, cree contar con pruebas suficientes para sostener que los efectivos detenidos, con Amarilla a la cabeza, buscaban completarse para tomar la Jefatura de Policía de la Provincia. Luego de que un colega alertara a sus superiores acerca de ese supuesto plan, Iván y Ramón Arrieta, Diego Correa, Joaquín Orrego, Lisandro Canteros, Adolfo Guirula y Elías Coutto fueron aprehendidos y destituidos de sus cargos a través de un decreto firmado por el mismísimo gobernador Hugo Passalacqua. La investigación judicial no se vincularía con lo ocurrido en mayo, pero en Misiones hace tiempo que prima la incredulidad.

“Toda esta causa se desarrolló de manera ilegal”, sostuvo Martín Orrego, hermano del sargento Joaquín Orrego. En diálogo con elDiarioAR, denunció que a su familiar “lo incomunicaron por 24 horas sin siquiera dejarle acceder a su abogado”. Orrego habría sido apresado por mensajes que envió a un grupo de WhatsApp de nombre 'Solo Cola'. Pero su hermano lo niega y aclara que la acotación la realizó en otro grupo, uno de delegados, donde el sargento no hizo más que expresar su disconformidad con la propuesta salarial que les había hecho el gobierno. Es que en la mesa de diálogo sospechan de que las órdenes de capturas por parte de la Justicia fueron en realidad una “represalia” por haber rechazado el incremento de solo el 5% que les pusieron sobre la mesa.

El supuesto plan de “desestabilización”, como lo calificaron desde un comienzo en los medios provinciales, llegó a manos de la Justicia provincial luego de la detención del suboficial Diego Correa, el pasado 16 de septiembre. Fue el peritaje hecho a su teléfono celular el que expondría las presuntas intenciones del grupo. En los chats relevados y filtrados a la prensa, se observan mensajes donde se habla de provocar incendios con el fin de forzar la salida de los camiones de bomberos para después tomarlos y así bloquear calles de la ciudad.

Con excepción de Amarilla, todos los efectivos estuvieron alojados hasta la semana pasada en la Alcaidía de la Mujer, ubicada al lado de Comisaría Segunda de Posadas. Una vez que se les dictó la prisión preventiva, fueron trasladados al penal de Cerro Azul, situado a unos 50 kilómetros de la capital provincial, donde ya se encontraba detenido el principal referente y vocero de la mesa salarial policial. Dato de color: se trata de la misma cárcel de máxima seguridad en la que pasa sus días el exdiputado provincial Germán Kiczka, acusado de tráfico de material de abuso sexual infantil.

Ramón Grinhauz, abogado defensor tanto de Correa como del vocero Amarilla, anticipó en las últimas horas que buscará apelar la prisión preventiva dictada por el juez Verón sobre sus dos defendidos. El letrado cuenta con un lapso de cinco días para presentar la solicitud en la Justicia, la que, sin embargo, ya rechazó pedidos previos de excarcelación para Amarilla y sus colegas.

Debido proceso en duda

La destitución de los ocho policías acusados de “sedición” y “conspiración” generó preocupación entre diversos sectores vinculados a la defensa de los derechos civiles en Misiones. La decisión del oficialismo provincial fue formalizada a través del decreto 2084/24 y anunciada el 22 de septiembre en una conferencia de prensa del gobernador junto a las autoridades de los tres poderes del Estado provincial.

“Tenemos por mandato y exigencia de todo el pueblo de Misiones el compromiso de hacer que la vida de los misioneros y las misioneras transcurra en paz”, expresó Passalacqua a través de un mensaje oficial, escoltado por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rossana Venchiarutti Sartori; el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, y el titular de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad.

Esta semana, a través de un recurso de amparo, los abogados Roxana Rivas y Eduardo Paredes pusieron la firma y salieron a poner en cuestión el decreto, el mismo que todavía no fue publicado en el Boletín Oficial. En el escrito, al que tuvo acceso elDiarioAR, los letrados argumentan que la situación de los policías detenidos representa “una vulneración de derechos fundamentales” y “una grave afectación del debido proceso”.

Rivas y Paredes sostienen además que la destitución responde a “represalias” por el rol de los policías como delegados en negociaciones salariales. Y señalan que, pese a ser reconocidos como representantes en la mesa de diálogo paritaria, ahora se los acusa de sedición de “manera arbitraria”, dejándolos en “absoluta indefensión”.

“La detención y posterior cesantía han generado un impacto negativo en sus vidas y en las de sus familias, llevándolas a una situación de indigencia”, alertan los abogados en otro pasaje de la presentación dirigida al Estado provincial.

La Justicia deberá evaluar ahora la medida cautelar solicitada y determinar si se le hace lugar hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Mientras tanto, el clima de opinión pública en Misiones se vuelve cada vez más denso.

PL/DTC

¿Cuánta gente había en tu plaza?

¿Cuánta gente había en el acto de Parque Lezama de La Libertad Avanza, el 28 de septiembre? ¿Y en la marcha universitaria del 2 de octubre? Hay estimaciones para todos los gustos. ¿Vos, cuántas personas pensás que había? Hay muchas chances de que tu posición política influya sobre tu respuesta. Según cuán cerca te sientas a esas movilizaciones, puede que tengas más tendencia a verlas como más masivas.

La discusión sobre cuánta gente hay en una marcha viene desde hace mucho tiempo. En parte porque es difícil saber cuántas personas hay. No es que sea imposible, la realidad existe y teóricamente se podrían contar uno a uno para saber el número exacto. Pasa que con cientos de miles, es difícil, y entonces apelamos a estimaciones, aproximaciones. Por otro lado, la masividad de un evento es tomado como un indicador de cuánto es el apoyo público, así que es lógico que se discuta sobre esto.

Y es posible que algunas discusiones sean de mala fe, que alguien decida estratégicamente minimizar o aumentar un número. Pero también es posible que honestamente los percibamos de maneras diferentes. Porque cuando nos alejamos de la certeza y entramos en el campo de la aproximación, como en el caso de gente en una plaza, nuestro cerebro empieza a llenar los vacíos con lo que quisiera ver.

“Uno podría pensar que nuestra percepción está sólo vinculada al hecho que estás viendo, pero en realidad está muy estudiado que hay muchos elementos que influyen en cómo percibimos las cosas, desde como la ideología política hasta el nivel de stress que tenemos”, explica Fabricio Ballarini, doctor en biología de la UBA y especialista en neurociencias.

La idea de que “vemos” cosas distintas mirando lo mismo es antigua. Un ejemplo claro de cómo nuestro cerebro decide qué ver, son las clásicas imágenes en las que se pueden identificar dos cosas a la vez (un pato o un conejo, por ejemplo). Ante la ambigüedad, en un momento decidimos qué es lo que estamos viendo, y eso puede depender de diferentes factores, pero si tenemos un incentivo a ver una en lugar de la otra, es más probable que identifiquemos la que nos conviene.

En un experimento que hicieron sobre esto, le mostraron a los participantes este tipo de figuras y lo asociaban con distintas cosas. Por ejemplo, si veían el conejo les hacían tomar un rico jugo de naranja, si veían el pato un mejunje desagradable. Rápidamente la gente empezó a ver la figura asociada al jugo (y no tenían mucho margen para mentir). Pareciera que, si tu cerebro tiene alguna motivación para ver una cosa en lugar de la otra, tu percepción se alinea.

Y esto que pasa en modo experimental, en un laboratorio, nos pasa todo el tiempo en la vida cotidiana. Uno de los ámbitos donde más se ha estudiado es en el deporte. Si sos hincha de un equipo tenés toda la motivación para interpretar todo lo que pase a su favor, y dado que hay muchos momentos ambiguos (“¿Estaba en posición adelantada?”, “¿Fue a la pelota o a la canilla?”) podemos interpretar muchas cosas diferentes según donde nos posicionemos. Pero cuando las pensamos, no decimos “yo interpreto que esto ocurrió”, decimos “yo vi esto”, estamos convencidos y podemos sostenerlo frente a alguien que dice que vio exactamente lo contrario.

Uno de los primeros estudios que se hizo sobre esto fue en los años ‘50, con un grupo de investigadores que se preguntaban si los hinchas de dos equipos rivales realmente habían visto el mismo partido, porque cuando les preguntaban después contaban historias muy distintas. Desde entonces se hicieron varios otros estudios de este tipo, e incluso fueron más allá, para preguntarse: ¿Es que realmente ven cosas diferentes, o después recuerdan lo que vieron de distintas maneras? Para averiguarlo pusieron a los hinchas de dos equipos en una final (dos equipos alemanes en la final de la Champions) y les trackearon el movimiento de sus ojos durante el partido para saber a dónde miraban. Luego les preguntaban cosas sobre el partido, como qué equipo tuvo mayor posesión de la pelota. La conclusión: los hinchas veían lo mismo, pero recordaban diferentes el partido.

“Hay muchas cosas que influyen en cómo construimos después el recuerdo de una situación. En ese momento recibimos muchísima información, que después traemos para recordar y puede cambiar. Incluso hay cosas que pueden ocurrir después de ese momento que modifiquen nuestro recuerdo”, explica Ballarini. 

Cómo interpretamos las situaciones, y por lo tanto lo que “vimos” puede variar por muchas razones. Y todo esto no es para decir que no podemos saber qué pasó en un momento, los hechos existen, pero la interpretación que hacemos de ellos y cómo los recordamos después puede variar, especialmente con cosas que son discutibles.

Es imposible mirar cada aspecto del mundo como un observador imparcial y que nuestros sesgos no nos jueguen en cómo interpretamos lo que vemos. Pero ser conscientes de que eso nos puede estar pasando nos puede ayudar a mitigarlo. La próxima vez que quieras saber cuánta gente hay en una plaza llena de los que piensan como vos, considerá cuántos creerías que son si fuesen de la vereda de enfrente. Quizás con eso lográs la distancia para evaluarlo con un poco más de frialdad. 

OS/MF

Brasil propone al G20 un impuesto a los superricos: la mirada desde la economía feminista

Cuando hace algunos años se propagó el fastidio popular en relación a lo que se hace “con la nuestra”, faltaba precisar quiénes son las aportantes mayoritarias a ese fondo “nuestro” que son las arcas del Estado. No por el abuso de la hipérbole la sentencia mediática que dice que una política pública se financió “con el IVA de la leche de los chicos pobres” deja de ser cierta.

No obstante, para que el efecto de verdad de la frase se condiga con el funcionamiento de la política tributaria, necesita algo más de precisión: quienes pagan ese impuesto son, en su mayoría, las mujeres de los sectores empobrecidos de la sociedad.

En Argentina, la recaudación estatal no es equitativa. Un sistema justo debería gravar más a quienes tienen mayores ingresos y riquezas, pero en cambio, predominan los impuestos indirectos y regresivos, como el IVA. Según datos de ACIJ, en el año 2022, el 43% de la recaudación provino del IVA, mientras que sólo un 3,12% fue aportado por el Impuesto a los Bienes Personales, que grava a los más ricos.

En América Latina y el Caribe las personas más pobres dedican hasta un 45% de sus ingresos, según la campaña Date-cuenta.org, a pagar impuestos sobre el consumo de bienes y servicios. Mientras el 1% más rico sólo paga un 20% de su renta en impuestos. Paradójicamente las personas más pobres son quienes proporcionalmente dedican una mayor parte de sus ingresos al pago de impuestos.

Desde diversas organizaciones internacionales y nacionales se discute la relevancia del sistema tributario para abordar la desigualdad. En la cumbre del G20 que tendrá lugar en noviembre en Río de Janeiro el gobierno de Brasil, propondrá un acuerdo de cooperación internacional sobre justicia fiscal que incluye un impuesto mínimo global a la renta de los multimillonarios. El mundo discute cómo garantizar una justicia fiscal sin vulnerar la soberanía nacional y, dentro de esta discusión, la perspectiva feminista pone el ojo en cómo sistemas tributarios progresivos pueden, además, contribuir a reducir las brechas de género.

Para la economista Verónica Grondona, asesora senior en tributación internacional de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés), no tener en cuenta el rol de un sistema tributario progresista “implica no solo perder de vista una herramienta fundamental, sino también correr el riesgo de aumentar la inequidad de género con las políticas tributarias que se llevan adelante”. En las economías avanzadas, el impuesto a las ganancias a las personas humanas y las contribuciones a la seguridad social han demostrado haber reducido la brecha de género.

La perspectiva feminista, lejos de restar importancia a como recauda y distribuye el Estado, hace aportes para complejizar y hacer más eficiente la política tributaria en la búsqueda de mayores niveles de equidad. “El feminismo, como último movimiento masivo, creativo y transformador es quién puede tomar las banderas de una discusión fiscal seria”, señala la economista María Julia Eliosoff, directora de proyectos económicos y relaciones internacionales de la fundación alemana Friedrich Ebert en Argentina.

Según Eliosoff, “la recaudación se sostiene principalmente en el IVA, que afecta en especial a los sectores más empobrecidos y, justamente, feminizados. El sistema tributario y la recaudación en Argentina se sostiene principalmente por los aportes de las mujeres más pobres”.

Magdalena Rúa es contadora e investigadora, integrante del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), según ella “las mujeres y cuerpos feminizados son el sector que mayor presión fiscal recibe y, en general, con menores herramientas para aprovechar beneficios, exenciones y eludir el pago de impuestos”.

No solo las mujeres están sobrerrepresentadas en la pobreza, fenómeno que se conoce como “feminización de la pobreza”, sino que además, como observó Verónica Grondona junto con Corina Rodriguez Enriquez y Nicole Bidegain Ponte, “las mujeres están sobrerrepresentadas en las pequeñas y medianas empresas, las cuales tienen menos oportunidades para transnacionalizar su evasión y elusión fiscal”.

Otra manera que proponen la economía feminista de pensar la política fiscal y tributaria es evaluando el impacto del ajuste fiscal en la economía del cuidado. “Hoy el ajuste fiscal que se aplica, es decir, la política fiscal contractiva junto con las reformas tributarias regresivas —precisa Magdalena Rúa—, es una combinación fatal que afecta de manera desproporcionada a las mujeres y cuerpos feminizados”.

En el mismo sentido, Eliosoff apunta que en un contexto de retraimiento del gasto como el que atraviesa Argentina, “son las mujeres las que están sosteniendo los derechos básicos: el recorte el gasto público refuerza el trabajo de cuidados que hacen las mujeres en los hogares, especialmente en los sectores de más bajos ingresos”.

Y además, como aporta Grondona, y señalamos al comienzo de esta nota, ellas “tienden a gastar una parte mayor de sus ingresos en productos básicos, debido que suelen tener a su cargo la responsabilidad por el cuidado de las personas —mayores o menores— dependientes, siendo en esa instancia afectadas por los impuestos al consumo”.

La perspectiva de género en la economía, además, pone el acento en que la inequidad del sistema tributario se expresa en la evasión y elusión fiscal. “Como las mujeres tienden a estar menos representadas en los deciles más altos de ingresos —señala Grondona—, y entre los accionistas de los grupos transnacionales, la tasa efectiva que pagan éstos, así como la manera en que las corporaciones y las grandes fortunas evaden o eluden los tributos, impacta también en la equidad de género del sistema”.

En definitiva, argumenta Rúa, los “flujos financieros ilícitos que utilizan esquemas abusivos y estructuras jurídicas en guaridas fiscales, favorecen la concentración de la riqueza, empeoran los niveles de recaudación y agudizan los niveles de desigualdad social”.

En este sentido, un elemento clave que explica la preocupación de muchos países en relación a la falta de coordinación internacional para enfrentar estos problemas, señala Eliosoff, es que “la evasión y la elusión de estos sectores de altos ingresos es una forma de desfinanciar a los Estados”, y eso repercute en toda la política, pero especialmente en la política social destinada a combatir las desigualdades.

El clamor por un impuesto mínimo global a los megarricos

El gobierno de Brasil, presidido por Lula Da Silva, y con Fernando Haddad en el Ministerio de Economía, encargó al economista francés —y discípulo de Thomas Piketty— Gabriel Zucman, una investigación sobre la viabilidad de generar una norma mínima global para que los países graven a los superricos. El informe se publicó bajo el nombre “Plan para un impuesto mínimo coordinado para las personas con un patrimonio neto ultra alto” (A blueprint for a coordinated minimum tax on ultra-high-net-worth individuals, en inglés).

Como señala la Iniciativa por Los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, los procedimientos para hacer efectiva esta propuesta son variados, como un impuesto a la renta presuntiva, un impuesto a la renta sobre un concepto amplio de renta o un impuesto al patrimonio de mínimo el 2% a los 3 mil más ricos del mundo. El resultado, hasta 250 mil millones de dólares de recaudación anual solo por cobrar el 2% anual de la riqueza de los milmillonarios. Si el impuesto se extiende a los centimillonarios, la recaudación podría aumentar hasta 140 mil millones de dólares adicionales.

Lula Da Silva se refirió a esta iniciativa en septiembre pasado en una gala de premiación organizada por la Fundación Bill y Melinda Gates: “El problema es que hoy hay en el planeta cinco megaempresarios que tienen más dinero que diez países. Eso no tiene explicación. No estoy en contra de los ricos, estoy en contra de que las personas sean pobres”, denunció ante una audiencia en la que estaba justamente Gates, una de las diez personas más ricas del mundo según la revista Forbes. Y completó: “No es posible que una persona sola tenga más dinero que Reino Unido o que Brasil, que es un país con 210 millones de habitantes”. En su opinión, el problema del hambre, que afecta a 733 millones de personas en el mundo, según un informe de cinco agencias de la ONU, “no es la falta de dinero”, sino “la falta de vergüenza” de los líderes mundiales.

Tanto en los análisis de Zucman, como en los realizados para el caso argentino se observa que el 1% más rico termina teniendo una tasa efectiva inferior de impuestos al resto de la población.

Para seguir abrevando con mirada de género en el caso argentino (donde las 7 personas más ricas del país que figuran en el listado de la revista Forbes para 2023 son todos hombres), según la información publicada por AFIP para el año 2022, señala Magdalena Rua, “los varones representaron el 70,2% del impuesto sobre los bienes personales y el 78,3% del impuesto determinado en las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias. Con la aplicación por única vez del impuesto a las grandes fortunas en 2021, también se hizo visible la masculinización de la riqueza, dado que Observatorio de Tributación y Género informó que el 76% de fondos aportados provenían de varones”.

La propuesta de Zucman y del gobierno de Brasil se hizo patente el 25 y 26 de julio pasado, cuando se reunieron los ministros de finanzas de los países del G20 y, por primera vez desde la creación de este grupo en 1999, llegaron a un acuerdo sobre la necesidad de reformar la manera en que se grava a los más ricos. Firmaron un documento y se comprometieron a discutir la viabilidad durante la Cumbre que tendrá lugar en noviembre en Río de Janeiro.

En declaraciones al diario Le Monde, Fernando Haddad explicó que la propuesta es hacer que lo cobrado con este impuesto “sea la base de la creación de un fondo internacional que sirva para resolver los problemas globales como la crisis climática o la lucha contra la pobreza”.

 Esta iniciativa es acompañada por la opinión pública mundial, que apoya ampliamente una tributación justa de los ultrarricos. Según una encuesta de Ipsos realizada en los países del G20, el 67% de los encuestados cree que hay demasiada desigualdad económica y el 70% apoya el principio de que los ricos deberían pagar tipos impositivos más altos.

En este marco, la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, sostuvo la necesidad de una reforma impositiva progresista que incremente la presión impositiva sobre el capital y la propiedad, alineada con la propuesta que lleva el presidente de Brasil a la cumbre de países del G20. “Es crucial adoptar un enfoque progresivo, lo que significa asegurarse de que aquellos que pueden pagar más impuestos contribuyan con su parte justa. Gravar los ingresos de capital y la propiedad, por ejemplo, ofrece una forma relativamente progresiva de recaudar más ingresos fiscales”, señala un documento publicado en la página del FMI. Todo lo contrario a lo que propone Javier Milei en Argentina.

A contramano: la posición argentina

A comienzos de septiembre el presidente Javier Milei criticó al mandatario de España, Pedro Sánchez, por el anuncio de gravar con nuevos impuestos a los más ricos de ese país. El libertario lo calificó como un “depredador de riqueza”. El jefe de Estado español había dado una conferencia en la que anunció “nuevas acciones destinadas a acotar los privilegios desproporcionados que tienen y de los que se benefician ciertas élites de nuestro país” y adelantó que comenzarán a gravar fiscalmente “a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas”. Javier Milei reaccionó en la red social X con una descalificación: “(...) el socialismo es una enfermedad del alma aberrante (...) Dios proteja a los españoles de éste depredador de riqueza(…)”.

La política fiscal llevada adelante por Milei en sus primeros 10 meses de gobierno permite sospechar que la dirección de su gobierno va a contramano de la propuesta promovida por el G20. Milei aumentó los incentivos tributarios, a través del RIGI, y redujo la progresividad e impacto del impuesto sobre los bienes personales.

Las economistas feministas se refieren a estas medidas. Según Verónica Grondona, “existe el concepto, equivocado en mi opinión —y en la de muchos expertos y organismos internacionales-— de que otorgar incentivos tributarios es la solución para generar inversión. Sin embargo, no es ni el más efectivo ni el más transparente de los mecanismos de política fiscal para ello”.

Y, al mismo tiempo, ponen el foco en el impacto de género, como lo hace Magdalena Rúa: “las últimas reformas en materia tributaria contribuyen a ampliar los niveles de desigualdad social y de género. Entre ellas, podemos mencionar la reducción de la alícuota de bienes personales, que se reducirá año tras año hasta volverse una única alícuota muy reducida (del 0,25% en 2027) quitando la progresividad de la escala. El régimen de blanqueo más benevolente de la historia de nuestro país con los evasores. El RIGI que trae prebendas, reducción de alícuotas impositivas, amortización acelerada y muchos otros beneficios para el gran capital, sin requerir nada a cambio, no habiendo un régimen de empleo requerido, ni la obligatoriedad de liquidar divisas, entre otras cosas”.

Organizaciones y redes internacionales le entregaron al Gobierno de Brasil una petición con más de 1.5 millones de firmas provenientes del mundo entero solicitando que el G20 defina e imponga impuestos especiales a los multimillonarios. Entre los promotores de la iniciativa se encuentran Oxfam, Avaaz, Patriotic Millionaires, TaxMeNow, 350.org, Fight Inequality Alliance y WeMoveEurope.

En Argentina está trabajando sobre justicia fiscal con perspectiva feminista la red coordinada por ETFE, la iniciativa Date-cuenta y la Asociación Civil Lola Mora, entre otras organizaciones.

Este artículo fue producido por la Asociación Civil Lola Mora para incentivar acciones que apunten a la justicia económica en el marco de la discusión global promovida en torno a la Cumbre del G20 de 2024. 

DM

Bajan la inflación, el dólar y el riesgo país, ¿y si sale bien?

“El día que las vacas vuelen y que en la Argentina baje la inflación”, cantaban antes las hinchadas. El índice de precios al consumidor (IPC) mensual bajó en septiembre último a 3,5%, el menor nivel en casi tres años, desde el 2,5% de noviembre de 2021. Los dólares paralelos también descendieron al valor que tenían hace cinco meses: el blue, a $1.180; el MEP (Mercado Electrónico de Pagos), a $1.134 y el contado con liquidación (CCL), a $1.177. Están cada vez más cerca del oficial, a $998. Es el efecto de un blanqueo de capitales exitoso -no podía ser de otra manera, dado que los evasores no pagan nada- e inversiones especulativas. El riesgo país, indicador de la confianza en los títulos de deuda pública en dólares, se redujo a 1.126 puntos básicos, un piso que traspasó hace cinco años, cuando Alberto Fernández, decidido a reestructurar el pasivo, le ganó las primarias presidenciales a Mauricio Macri. Es el resultado de aplicar la motosierra fiscal a casi todo, incluso a la universidad, con tal de honrar el pasivo. ¿Y si le sale bien?, se preguntan sobradores los libertarios. ¿Se liberará ya el cepo y se unificará el mercado cambiario? ¿La Argentina podrá refinanciar su deuda en el mercado internacional? ¿Comenzará un periodo de recuperación económica y del empleo que mejora la vida de la población? Hay economistas que, pese al optimismo del Gobierno y los mercados, aún alertan sobre los riesgos de que salga mal.

El presidente Javier Milei ha dicho muchas cosas de las que después se desdijo, pero en las últimas semanas ha explicado que para que se elimine el cepo la inflación debe llegar al 0%. Pero no se refería al IPC. Aclaró que del 4% que había en los meses anteriores a septiembre, el 2% venía derivado del alza programada del dólar oficial y el 0,5% de factores externos, por lo que lo que él considera inflación doméstica era 1,5%. Por tanto, cuando el IPC baje al 2,5% mensual, es decir, no quede nada de lo interno y sólo suba por efecto de la depreciación gradual del peso y del contagio global, entonces en ese momento se quitará el control cambiario y los exportadores podrán dejar de financiar, por ejemplo, a quienes pasean por el exterior. Hay que reducir entonces un punto más la inflación. Pero después de esas declaraciones de Milei, su secretario de Política Económica, el chileno José Luis Daza, sumó otro condicionante para eliminar el cepo: que las reservas netas del Banco Central (activos menos pasivos) sean positivas, cuando ahora rondan los US$5.000/6.000 millones negativas. Daza, exsocio del ministro de Economía, Luis Caputo, en negocios financieros, iba a ocupar ese cargo en su país si ganaba las elecciones presidenciales el ultraderechista José Antonio Kast en 2021, pero las perdió y recaló en la Argentina. Nació en Buenos Aires porque su padre diplomático estaba aquí destinado, pero no tiene nacionalidad argentina y por eso en su designación aparece el número de pasaporte chileno.

Un trader colega de Caputo y Daza en el mercado local apuesta a que el cepo se liberará recién después de las elecciones legislativas de 2025 para evitar que su eliminación impacte en el sendero de baja de la inflación, principal capital político de Milei para vencer en ese momento. Otro colega también de una de las sociedades bursátiles más grandes considera que faltan reservas para liberar el cepo y que también es necesario esperar a que el riesgo país baje de 1.000 puntos para que se puede refinanciar deuda en el mercado. Sin ese acceso, hay que recurrir a las reservas o al préstamo Repo, como se llaman los que entregan bancos a corto plazo y con una fuerte garantía, para afrontar los vencimientos por US$2.900 millones de enero próximo. Ese crédito se está negociando por estos días. “Tenés que poder emitir en el mercado a un dígito de tasa, al 9% o 9,5%, pero 10% no. Para eso falta. Por eso, se empieza con un Repo, que podés sacarlo a un dígito. Con eso podés pilotear 2025, pero después tenés que conseguir reservas genuinas, mejorar el balance del Banco Central. Pero ahora devaluar un 5, 10 o 15% no sirve, porque se iría a precios. Todavía tenés que seguir bajando la inflación hasta el 2%, así no se te atrasa el tipo de cambio, que tampoco está tan bajo, y eliminar los problemas de stocks que dejó el gobierno anterior”. opina este último broker.

Otros expertos, en cambio, consideran que el tipo de cambio real (ajustado por inflación) multilateral (en relación al dólar, el euro, el yuan y el real) está muy bajo, lo que desalienta la producción nacional de bienes y servicios y alerta sobre el riesgo de una futura devaluación. Está en 85, tomando 100 de referencia cuando Macri liberó el cepo en 2015. Se encuentra apenas por encima de 83, el nivel en que lo dejó el gobierno anterior, antes de que Milei arrancara su gobierno devaluando hasta llevarlo a 132. ¿Cuándo el tipo de cambio estuvo tan bajo como ahora? En 2017, antes de que Macri devaluara al año siguiente. En 2015, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, antes de que su sucesor quitara el cepo y devaluara por primera vez. Más atrás en el tiempo hay que remontarse a la administración de Carlos Menem entre 1997 y 1998, antes de que Brasil devaluara en 1999 y nuestro tipo de cambio se apreciara aún más, bajara a alrededor de 70 hasta 2001 incluido y hundiera la economía en una larga y profunda recesión.

El ex viceministro de Economía de aquellos años 1999-2001, Daniel Marx, opina que la salida del cepo y el regreso a los mercados de deuda serán un proceso “lento”. Coincide el consultor Hernán Hirsch: “Despacio”. O el trader Juan Manuel Pazos, de la sociedad TPCG, concuerda en que falta tiempo para eliminar el control cambiario y refinanciar pasivos colocando bonos y también opina que “el tipo de cambio no es tan bajo”. “Los números del balance de pago (entrada y salida de divisas del país, entre exportaciones, importaciones y vencimientos de deuda) cierran por los próximos meses. En parte, porque tenés cepo”, admite Pazos.

Juan Miguel Massot, vicerrector económico de la Universidad del Salvador, observa que “el Gobierno seguirá dando pasos según evolucionen las condiciones que se requieren para una plena desregulación del mercado cambiario”. “Es una gestión prudente dadas las circunstancias, porque no se puede cometer el error de idas y vueltas en esta cuestión ya que seria muy perjudicial para las expectativas, con todo lo que ello conlleva. Creo que en el mismo sentido irán las decisiones del regreso a los mercados internacionales de bonos soberanos”, completa Massot.

Otro prestigioso economista, que prefiere mantener el anonimato, se muestra más crítico. Opina que el tipo de cambio se atrasa y en cualquier momento puede saltar: “Si ves que el tipo de cambio se aprecia y ves que va a seguir así, entonces los inversores hacen carry trade (bicicleta financiera, vender dólares, apostar al peso porque ofrece mejor tasa hasta que un día dejar de confiar y vuelven a la divisa). Por eso, bajan los dólares paralelos. También porque los exportadores liquidan 80% al oficial y 20% al MEP o CCL. Y además el Gobierno interviene para bajarlos. Por eso se te atrasa no sólo el dólar oficial sino el paralelo. Esto dura hasta que dura. Todo lo que es insostenible un día cae. Con un tipo de cambio bajo y sin reservas, no podés dejarlo flotar. Y como no podés devaluar, lo primero que subirá es el paralelo. No dan los números, vas a acumular déficit, ¿donde están las entradas de capitales reales? ¿Te vas a meter a este país? Milei ostensiblemente piantado. Entran sólo especuladores financieros a comprar bonos porque te dan 10 puntos porcentuales más que los títulos de Estados Unidos y hay una convicción de que van a pagar la deuda en enero”. Además recuerda los papers de economistas como Roberto Frenkel, del Centro de Estudios Estado y Sociedad (CEDES), o Dani Rodrik, de la Universidad Harvard, que advierten de que el tipo de cambio bajo o sobrevaluado está reñido con el desarrollo de los países emergentes. Por el contrario, una moneda devaluada permitió el salto de naciones como Corea del Sur, Taiwan o China.

Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibra, suma luces amarillas: “Al Gobierno le costó hacerla bajar. Estuvo cuatro meses en 4% y finalmente perforó ese piso. Lo logró gracias a que bajó el impuesto PAÍS y que mueve cada vez menos los precios regulados (tarifas). En octubre bajó la nafta y el gas. Y lo hace porque necesita que la inflación baje más rápido al nivel del tipo de cambio del 2%. Es un problema que no se dé rápida esa convergencia porque estás con el tipo de cambio real multilateral mínimo que tuviste con Macri. Con reservas netas negativas, necesitás que la economía deje de apreciarse. Es cierto se está apreciando a menor ritmo. La menor brecha y el menor riesgo país están muy apalacandos en un blanqueo de capitales muy exitoso y en el carry trade. Hoy a una empresa que se puede endeudar en dólares le conviene hacerlo porque la tasa es baja, al 6% o 7%, y localmente la tasa es mucho más alta en pesos porque el tipo de cambio oficial sigue al 2%. Mientras los agentes locales piensen que el dólar oficial se mueve al 2% mensual o menos, según el presupuesto 2025, te conviene endeudarte en dólares o desarmar posiciones en dólares y ponerlo en pesos al 3,5% o 4%, es decir, una tasa en dólares del 1,5% o 2% mensual. El problema de la bicicleta financiera es que cuando te quedás sin piernas esto se revierte. Y aún te falta un año para las elecciones. Incluso Macri ganó las de medio término y después fue el primer presidente que se presenta a la reelección y la pierde”, advierte Sigaut Gravina.

En un reciente informe del banco español BBVA se destaca la baja de la inflación, el déficit fiscal cero y algunas señales de reactivación económica, pero también se alerta sobre riesgos. ¿Cuáles? “Los principales riesgos de cara a 2025 se resumen en: i) ocurrencia de eventos climáticos extremos que afecten a la producción agrícola -en referencia a una sequía que ya está azotando otra vez-, ii) pérdida de aprobación social del Gobierno -habrá que ver el impacto del veto a las universidades, después del que afectó a los jubilados-, iii) el retraso en remover controles cambiarios que ocasione una pérdida de confianza del mercado y gatille presiones cambiarias”, señaló el reporte de BBVA.

AR/JJD