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La Corte corre para corregir su propio fallo sobre la Ley de Tierras antes de que el Congreso golpee a Milei

La Corte Suprema vuelve a moverse sobre un terreno que ella misma convirtió en un campo minado. Apenas una semana después de haber dejado sin efecto la medida judicial que frenaba la derogación de la Ley de Tierras, los jueces del máximo tribunal se preparan para intervenir nuevamente en el conflicto, esta vez con una integración ampliada y en medio de diferencias internas que amenazan con quebrar la unanimidad de la semana pasada.

La urgencia no es casual: mientras crecen los cuestionamientos a la decisión de los supremos, la oposición se organiza para intentar rechazar el próximo jueves 15, en la Cámara de Diputados, la totalidad del DNU 70/2023 de Javier Milei. Una jugada que podría transformar una controversia judicial sobre la propiedad de la tierra en una derrota política de dimensiones mucho mayores para la Casa Rosada.

Los tiempos de la Justicia y los de la política comenzaron a correr en paralelo. Este miércoles, la Corte decidió abreviar de 72 a apenas 24 horas el plazo para que las partes puedan recusar a los dos conjueces sorteados para intervenir en un nuevo expediente relacionado con la Ley de Tierras. La resolución invocó las “particulares circunstancias de la causa” y habilitó incluso días y horas inhábiles. Una aceleración poco habitual para un tribunal que no suele caracterizarse por la velocidad de sus decisiones, pero que ahora parece decidido a pronunciarse antes de que la disputa termine de trasladarse al Congreso.

El movimiento expone, además, una fractura entre los tres integrantes de la Corte. Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti estarían dispuestos a avanzar hacia una nueva intervención que podría restablecer, al menos provisoriamente, las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

Carlos Rosenkrantz, en cambio, se resistiría a modificar el escenario que dejó planteado la sentencia anterior. Así lo describen fuentes al tanto de las conversaciones internas del tribunal. Como los tres ministros no consiguieron ponerse de acuerdo y una Corte de tres necesita unanimidad para resolver, debieron recurrir al sorteo de dos conjueces: Diego Barroetaveña, de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza.

Una aclaración que abrió otra interna

La nueva controversia llega después de una semana particularmente incómoda para el máximo tribunal. El martes pasado, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti habían revocado una decisión de la Cámara Federal de La Plata que impedía aplicar el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual Milei derogó la Ley 26.737. Aquella norma establecía límites a la titularidad extranjera de tierras rurales, entre ellos un máximo del 15% a nivel nacional, provincial y departamental. Con la cautelar levantada, esas restricciones dejaron de operar, aunque permanecen vigentes las regulaciones específicas para las zonas de seguridad de frontera.

La Corte no declaró constitucional la derogación de la ley ni se pronunció sobre su contenido. Su decisión se apoyó en un argumento procesal: consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que había promovido la demanda invocando la defensa de la soberanía nacional, carecía de legitimación suficiente para impulsar ese reclamo judicial. Sin embargo, el efecto práctico de la sentencia fue inmediato y abrió una discusión que rápidamente excedió los límites del expediente.

La reacción obligó a la Corte a ensayar una explicación pública. Dos días después de la sentencia, el tribunal difundió un documento en “lenguaje claro” destinado a precisar los alcances de su intervención. Allí sostuvo que no había resuelto la cuestión de fondo, que su pronunciamiento se limitaba a examinar la legitimación de los demandantes y que la decisión no afectaba otras medidas cautelares ni impedía la presentación de nuevos planteos judiciales.

Pero la aclaración también dejó al descubierto las diferencias dentro del Palacio de Tribunales. Según pudo saber elDiarioAR, Rosenkrantz no habría participado de la redacción del documento ni habría consentido su difusión. Aunque los tres jueces habían firmado la sentencia original, no existía el mismo consenso respecto de la necesidad de salir a explicar públicamente sus consecuencias.

La explicación llegó cuando la decisión ya había provocado una reacción que difícilmente pudiera neutralizarse con un comunicado. En la Casa Rosada, el pronunciamiento había sido recibido con sorpresa. El Gobierno celebraba la posibilidad de eliminar restricciones a la inversión extranjera, pero al mismo tiempo observaba con preocupación cómo una resolución judicial que, en principio, favorecía su programa económico podía terminar comprometiendo una de las principales herramientas legislativas del comienzo de la gestión de Milei.

De Tribunales al Congreso

La disputa tuvo el martes pasado una primera expresión en la calle. Frente al Palacio de Tribunales, organizaciones sindicales, sociales, ambientales, docentes y vinculadas con la producción agropecuaria se concentraron para repudiar el fallo de la Corte y reclamar la restitución de la Ley de Tierras. Bajo consignas como “La tierra no se vende” y “La soberanía no se negocia”, la movilización reunió a sectores de distintas procedencias políticas que encontraron en la sentencia un motivo común de protesta.

La convocatoria contó con la participación de organizaciones de la CTA de los Trabajadores, agrupaciones ambientalistas, representantes de pequeñas y medianas empresas agropecuarias y sectores de izquierda, que instalaron su propio escenario. Hugo Yasky, uno de los dirigentes que impulsaron la movilización, planteó que la concentración frente a la Corte debía funcionar como antesala de una nueva convocatoria al Congreso el jueves 15 de octubre. Ese día, la oposición pretende realizar una sesión especial para avanzar contra el DNU 70/2023, aprovechando el malestar generado por el fallo judicial para reunir apoyos que hasta ahora no necesariamente coincidían en la necesidad de rechazar el decreto completo.

El problema para la Casa Rosada es que el artículo 154 no constituye una norma independiente, sino que forma parte del gigantesco decreto con el que Milei intentó reformar de una sola vez numerosos aspectos de la economía argentina. En lugar de discutir exclusivamente la derogación de la Ley de Tierras, la oposición busca voltear el DNU completo, que ya fue rechazado en marzo de 2024 por el Senado. Para que pierda vigencia por la vía prevista en la Ley 26.122, debe ser rechazado por ambas cámaras.

Esta semana, el Gobierno hizo una defensa cerrada de su decreto. El vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que la eliminación de los límites establecidos para la venta a extranjeros busca favorecer inversiones de largo plazo y rechazó que implique una pérdida de soberanía. “Vender una tierra en la Patagonia no significa que esa parte de la Patagonia deja de ser Argentina, para que quede bien claro”, afirmó en su habitual conferencia de prensa. El problema es que la controversia ya echó raíces en el Congreso y en la calle.

PL/MG

Inversores extranjeros y Filiberti se quedan con AySA con la obligación de universalizar agua y cloacas en 45 años

Hasta los 80 era estatal el servicio de agua potable y cloacas en lo que ahora se llama AMBA, área metropolitana de Buenos Aires (AMBA): se llamaba Obras Sanitarias de la Nación. En los 90, el gobierno de Carlos Menem lo privatizó, se rebautizó Aguas Argentinas, en manos de la francesa Suez y Aguas de Barcelona. Fue una de las concesiones con más incumplimientos y por eso la administración de Néstor Kirchner la reestatizó: nació Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Ahora la gestión Javier Milei, con el apoyo del Congreso aliado, la volvió a manos privadas: hoy se anunció que la administrará un consorcio integrado por la empresa logística Rowing, del empresario Walter Román; la brasileña Arcos, de la familia Setúbal y el fondo de inversión soberano de Singapur GIC; Transclor, el proveedor de cloro de AySA que pertenece a Mauricio Filiberti, también accionista de otros dos servicios básicos del AMBA, la eléctrica Edenor y Metrogas, y PHX Aqua, de Países Bajos. Filiberti es socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor y Metrogas, pero no en esta nueva privatización.

El consorcio denominado Rowing ofertó US$340 millones por el 90% AySA, menos de los 500 millones que el Gobierno esperaba recaudar. Sin embargo, fue suficiente para superar a los 285 millones ofrecidos por el grupo Roggio, que tiene Aguas de Córdoba y la concesionaria del subte Emova, y que había prometido contar con el asesoramiento de la israelí Mekorot y la japonesa Marubeni. El otro 10% de AySA quedará en manos de los trabajadores, un mecanismo similar al de las privatizaciones de Menem que asegura la paz sindical, en este caso con el gremialista José Luis Lingeri.

“AySA era un modelo de disfunción administrativa”, argumentó el Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo, al anunciar los resultados de la contienda. “Entre 2006 y 2023, la empresa recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de US$13.400 millones. Sin embargo, un tercio del área concesionada todavía no cuenta con acceso a agua potable y cloacas, las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen en 42%, la morosidad pasó del 4% al 16% y los costos operativos aumentaron 80%.”

“El nuevo contrato de concesión establece para el período 2027-2031 un Plan de Acción por $2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA, que deberá ser ejecutado por el concesionario”, continuó el Palacio de Hacienda. “El programa contempla aproximadamente $1,13 billones en obras, $1,15 billones en mantenimiento, $315.761 millones en mejoras y $296.166 millones destinados a la operación, con el objetivo de ampliar la cobertura, renovar infraestructura, mejorar la eficiencia y sostener la calidad del servicio. Las obligaciones de inversión están vinculadas además a metas concretas de expansión: para 2031 se prevé alcanzar una cobertura del 75,3% en agua y del 63,9% en cloacas, mientras que al finalizar el período inicial de concesión deberán alcanzarse como mínimo niveles del 90% y 75%, respectivamente”, completó el ministerio.

Pero las críticas a la privatización se acumulan. En junio, el juez Mariano López, del Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, dictó una cautelar: le ordenó no recortar inversiones, no postergar obras críticas y no relajar los controles de calidad del agua hasta que haya una evaluación ambiental, sanitaria e institucional. Además, giró a la justicia federal el planteo de la Defensoría del Pueblo sobre la legitimidad de la venta. Un amparo del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, ya había contribuido a postergar la licitación.

En el Senado, Eduardo “Wado” de Pedro presentó dos proyectos para frenarla, con el apoyo de otros 11 senadores. Su argumento es que el agua es un derecho y no un negocio. Recuerda que con Aguas Argentinas en los 90 las tarifas se duplicaron en términos reales, faltó inversión y los líquidos cloacales se volcaban sin tratar. Con la gestión estatal, dice, la cobertura de agua pasó del 79% a más del 85% y la de cloacas del 60% al 70%.

Desde el ambientalismo, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó un amparo colectivo junto con el Foro Hídrico de Lanús y otras organizaciones. Cristian Fernández, coordinador de Legales de FARN, sostuvo que la venta antepone la rentabilidad al interés público y pone en riesgo obras como el Sistema Riachuelo. Criticó que no hubo auditoría pública de obras pendientes ni pasivos ambientales. Y que la información técnica quedó en un “data room” reservado a los oferentes, sin audiencia pública, lo que a su juicio viola la ley de acceso a la información ambiental y el Acuerdo de Escazú.

Hay otro punto discutido: la licitación no tiene precio base, aunque toda oferta debe superar la valuación hecha por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Los diputados peronistas Ana Ianni y Florencia Carignano y los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich se presentaron ayer a la Justicia para denunciar que se cambió el método de valuación para privatizar AySA y otras empresas públicas.

Además, el contrato no promete agua y cloacas para todos dentro de los 30 años de concesión. La universalización queda para una eventual prórroga. Estos son las condiciones exigidas al nuevo contratista.

Periodo

Cobertura de hogares con agua potable

Con cloacas

Hoy

74,5%

63%

A 5 años

75,3%

63,9%

A 10 años

78,9%

65,3%

Fin de la concesión (mejor caso)

90%

75%

En el primer quinquenio, la cobertura de agua sube menos de un punto. El propio pliego habla de “estabilización operativa” antes que de expansión, y las obras grandes quedan mayormente fuera de la primera década. Una proyección de AySA ubica la cobertura del 100% de agua potable recién en 40 años, y el de cloacas cinco años después.

Encima, uno de los integrantes del consorcio, Arcos, no tiene los mejores antecedentes como operador de Águas do Río, en Río de Janeiro. En diciembre de 2024, el Procon Carioca, el organismo de defensa del consumidor de Río, la multó con 13,6 millones de reales por cortar el suministro durante un mantenimiento del sistema Guandu. En 2025 volvió a notificarla por una interrupción que afectó a 37 barrios en plena ola de calor. Las quejas ante el Procon pasaron de 48 en 2021 a 1.550 en 2024. La empresa puede alegar que heredó un sistema deteriorado de la estatal Cedae.

AR / NB

Un cuerpo sin imagen

El otro día la hija de mi esposa vino a pedirme que retara a su hermano menor, porque este no la dejaba terminar de cambiarse tranquila después de bañarse. El pequeño la llamaba con insistencia para ir a jugar. Ella no quería sentirse apurada: “Además de ponerme la ropa, me tengo que mirar en el espejo”, dijo con una espontaneidad divertida.

La niña en tránsito hacia la pubertad tiene que mirarse en el espejo, ¿por qué lo dice como si se tratara de una obligación? ¿A qué imperativo obedece? En principio, si se siente concernida de un modo tan exigido con ese acto, es porque sabe –con un saber que no está en la conciencia– que algo falla en la imagen.

En este momento de su vida es algo esperable. Quizá para toda futura mujer es un gran desafío aprender a verse sin que en el reflejo aparezca –como en el cuento de Blancanieves– la voz de la madre mala que dice que la más hermosa es otra. Los cuentos infantiles tienen toda una sabiduría en torno a estas cuestiones.

Un cuerpo sin imagen es el título del último libro de Verónica Buchanan. El subtítulo propone la relación entre las nociones de inhibición, narcisismo y feminidad. La pregunta con la que se lo podría leer es: ¿cómo consigue una mujer tener un cuerpo que no quede detenido en el encantamiento especular?

La belleza no es un aspecto objetivo. Hay mujeres que, por más hermosas que sean, se sienten feas. No se trata de la seducción histérica por la que, rebajando la propia condición, se espera que el otro diga lo contrario (“No, si estás preciosa…”). Se habla aquí de un daño que es interno y a veces irreparable.

La belleza se relaciona más bien con una mirada interna, con poder verse con la mirada de Otro que validó nuestra imagen. Nos gustamos porque nos vemos con esos ojos. Por eso, como se dice, podemos ser nuestros peores críticos y ver lo que otros no ven. En el mundo de las mujeres, hay un juego habitual que plantea la diferencia entre mostrarse y dejarse ver.

Estas reflexiones conducen a una crítica que Buchanan hace a la concepción freudiana del narcisismo, en la medida en que para Freud el regodeo narcisista en la imagen es un tipo de “complacencia”, sin que el inventor del psicoanálisis advirtiera la complejidad del lazo de una mujer con lo que se ve de ella.

En este punto, Buchanan hace también una elaboración de la noción de inhibición para que no se entienda –como habitualmente ocurre en Sigmund Freud– como una detención; en una suerte de Freud contra Freud, la autora desarrolla cómo en el pensamiento freudiano hay otra vía con la que entender la inhibición como una condición de posibilidad.

Por ejemplo, para no excederse y ser solo un impulso, la pulsión precisa establecer una distancia en el interior de sí misma, un vacío que articula la satisfacción con un rodeo antes que con una descarga sobre el objeto. Así es que la compulsión a mirarse de ciertas mujeres precisa una inhibición para que no queden pegadas a sí mismas.

Sabemos que hay mujeres que, después de la primera intervención quirúrgica, le abren las puertas a un infierno del “retoque” que lleva a que, finalmente, sean todas iguales y hasta se vuelvan irreconocibles. Por mi parte, recuerdo haber trabajado un tiempo con un médico que era muy honesto y, en ciertos casos, antes de aceptar operar, derivaba a psicoterapia.

La compulsión femenina por la imagen, antes que un fenómeno narcisista es –según Buchanan– todo lo contrario; aquella viene a funcionar como una reparación de un quiebre subjetivo. Aquí se asocia, entonces, una discusión sobre el llamado “superyó femenino”, al que se dedican varias páginas.

Mientras que el superyó freudiano –heredero del complejo de Edipo– es una instancia reguladora, el superyó femenino –otra vez en tensión con la idea freudiana de que ellas tienen un superyó más débil– es más feroz e inclemente. Algunas mujeres no dicen “Soy fea” sino que radicalizan la sanción llevándola al extremo “Soy horrible” o “Soy un asco”.

Hay mujeres que, para cada evento, se compran ropa nueva; o que dedican buena parte del tiempo a pensar qué se van a poner. Lejos de ser este rasgo un aspecto de superficialidad, podría decirse que la vestimenta es la envoltura del narcisismo: “No me puedo ver”, decía una mujer en cierta ocasión.

El superyó femenino no es un heredero de la relación temprana con la madre, sino que es la relación con la madre, pero por otros medios. Por esta vía, el libro de Buchanan abre el camino a una reflexión profunda en torno a este vínculo primario, sin caer en la ingenuidad de plantear qué tiene que hacer una mamá para que su hija no sufra.

Este nuevo ensayo de Buchanan –en la línea de sus libros Por amor al padre y El tabú de la maternidad– avanza con hipótesis originales y cierra una serie de textos en los que la autora repiensa los fundamentos del deseo desde la óptica de las funciones estructurales de la parentalidad (padre, madre, hija).

LL/MF

Anne Carson, la Nobel que hace lo que quiere y ama a Rosalía

“La franqueza es como una madeja que se produce a diario en el vientre, tiene que desenrollarse en algún lado”, sostiene Anne Carson en su poema Podrías 1. Uno de los versos que la poeta recién galardonada con el premio Nobel de Literatura que demuestra que su obra permanece indemne al paso del tiempo. La autora canadiense siempre ha hecho lo que ha querido, evita y aborrece el aburrimiento, narra con y desde lo íntimo, hibrida y conquista todos los géneros, apenas se comparte a sí misma en entrevistas, pero todo apunta a que siempre ha dejado en sus escritos mucho de sus adentros. La escritora recibe el galardón a sus 76 años, con libros a sus espaldas como La belleza del marido, Nox y Autobiografía de Rojo.

“Verdaderamente, hace lo que quiere. No se toma en serio ningún formato. No se toma en serio a sí misma, y esto es terriblemente original en nuestra época”, describe la escritora Sabina Urraca –autora de El celo y Las niñas prodigio– “se sustrae de lo que es el 'mundillo literario' y de la cuestión de nombrarse como poeta”. La también editora destaca de la nueva Nobel su biografía, por el “consuelo y maravilla” que genera que naciera en Canadá y se haya ganado la vida dando clases de griego antiguo, “es que ni siquiera se reconoce como profesora”.

De entre sus versos, la escritora destaca un poema en el que hay dos hombres torturando a otro, y en un momento dado, “uno le dice al otro que una película le gusta cuando el malo dice algo en lo que tiene razón”. Para Urraca, estas palabras son “una especie de reconocimiento de que en realidad no somos nada ni tenemos que afirmarnos como nada en concreto”. Un tipo de espíritu del que siente que “estamos bastante faltos” y que precisamente por ello reivindica a Anne Carson.

Anne Carson hace verdaderamente lo que quiere. No se toma en serio ningún formato. No se toma en serio a sí misma, y esto es terriblemente original en nuestra época

Sabina Urraca — Escritora

El dramaturgo y poeta Alberto Conejero, autor de la obra La piedra oscura en la que se inspira La bola negra de los Javis, es otro de los artistas que celebra la elección de la autora canadiense como ganadora del Nobel. Coincide en la pertinencia de reivindicar su figura en el contexto actual, por cómo contrarresta “un momento tan crítico del mundo, políticamente tan oscuro y reaccionario, de derribo de todas las herencias y raíces”: “Su poesía es un faro del ser humano”.

En contra del aburrimiento

“Haré lo que sea para evitar el aburrimiento. Es la tarea de toda una vida”, escribió Carson en otro de sus poemas. Una apuesta, o “casi promesa” como matiza el poeta y traductor de la escritora Jesús Castro, que recorre toda su literatura. “Ella siempre dice que la poesía consiste en hacer que la mente se mueva de una manera imprevista”, comenta antes de añadir una nueva cita de la Nobel relacionada con este mismo tema: “Trato de traer a la mente algo que sea contrario a la incompetencia”.

La escritora Elena Medel –autora de Todos mis pecados y la mitad de mi dolor– da un paso más allá en la lectura de los textos de Carson al destacar como otra de sus fortalezas de su poesía “su voluntad de exploración, de experimentación desde su bagaje como clasicista y como lectora”. Para ilustrarlo, pone como ejemplo su volumen Albertine, por cómo en él consigue que “desde la seriedad y rigor, brilla su hondura lúdica”.

Pese a que, como recuerda Jesús Castro, Anne Carson dice que su poesía “casi nunca ha sido personal”, valora que “siempre presta atención a los huecos, al vacío, la carencia asociada a la sed y al hambre”. “Esta aproximación sensorial a la experiencia negativa”, comenta sobre algo que llevó a cabo en títulos como NOX, que escribió cinco años después de la muerte de su hermano, “coloca su escritura en los límites de lo decible, valiente siempre ante ese salto a lo inexplicable”. La escritora Elena Medel considera que en este libro en concreto, no sabe si “la poesía le sirve a ella para entender o para sanar, pero desde luego ejerce ese efecto en quien la lee”.

Jesús Castro relaciona este punto con la mística presente en los poemas de Carson, que la conectan con la mística presente en especial en el último álbum, Lux, de Rosalía, de quien la Nobel de Literatura es fan. El pasado mes de septiembre dedicó un artículo de la prestigiosa revista London Review of Books sobre uno de sus últimos conciertos.

“A cada inhalación, todo el público gritaba como si ella estuviera recorriendo con la uña la columna vertebral de cada uno”, escribió en su reseña, “esa voz puede hacer cualquier cosa”. “Es una encarnación, a sus 33 años, del glamur y la fuerza femeninos. Sabe hacer pucheros, posar y parodiar su propia seducción: esto es el nuevo feminismo”, concluyó sobre la cantante española, recién galardonada con el premio Nacional de Músicas Actuales.

Una nueva Nobel humanista

Los cuatro expertos consultados coinciden en que el conocimiento de Carson de los autores clásicos gracias a su formación impregna por completo su obra. “Ha derribado los muros entre los géneros poesía, prosa, teatro, ensayo”, con una poesía “personal y cercana”, según apunta Alberto Conejero. “Es transmisora de un caudal de textos, fundamentalmente clásicos, pero no cae en una custodia fría, los entrega de un modo absolutamente vivo”.

Anne Carson es transmisora de un caudal de textos, fundamentalmente clásicos, pero no cae en una custodia fría, los entrega de un modo absolutamente vivo

Alberto Conejero — Poeta y dramaturgo

El dramaturgo defiende que su voz es “fundamental” por cómo porta el humanismo “desde una absoluta intimidad, una primera persona cercana y sin esquivar ningún asunto, es capaz de comprender hasta la épica de lo doméstico, como demostró en La belleza del marido”. “Si la prosa es una casa, la poesía es un hombre corriendo en llamas a través de ella”, escribió en él.

El poeta Jesús Castro considera que no puede afirmar a ciencia cierta si la artista es o no una persona idealista basándose en lo que ha podido conocer sobre ella a través de su obra. Recuerda que si bien “su visión del mundo es tremendamente permeable al dolor y a la pérdida”, su pensamiento lingüístico “sí muestra un idealismo que se plasma en sus palabras, y esa materia con la que crea nunca pierde aliento ni riesgo, sino que parece que con la edad se acrecienta”.

“¿Cómo sería vivir en una biblioteca de libros derretidos? Con frases corriendo sobre el suelo y toda la puntuación asentada en el fondo como residuo. Sería confuso. Imperdonable. Una gran aventura”, escribió Anne Carson en su poema Salvajemente constantes. Una gran aventura que en este caso permite la literatura, el universo creativo de esta poeta ambigua, reservada, lúcida, 'antiaburrida'. Única.

Argentina puso precio a la ciudadanía: lo que se anunció y lo que todavía no existe

El Gobierno puso cifras concretas a su programa de ciudadanía por inversión: US$ 350.000 como aporte directo o US$ 800.000 mediante la suscripción de un título público. La propuesta puede resultar atractiva para inversores extranjeros, pero hay una diferencia importante entre anunciar un programa y tenerlo jurídicamente listo para funcionar, sin comprometer derechos, instituciones y la valoración internacional del pasaporte argentino. Por eso, antes de avanzar, el desafío no es solo hacer atractivo el programa, sino dotarlo de una base jurídica sólida, estable y creíble.

El anuncio y la letra chica que todavía falta

El 2 de octubre, durante la Argentina Week en París, el Gobierno nacional anunció la puesta en marcha del Programa de Ciudadanía por Inversión. La comunicación oficial estableció dos caminos: un aporte directo y no reembolsable de US$ 350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público de US$ 800.000 creado específicamente para el programa.

También se anunciaron aportes adicionales para familiares: US$ 100.000 para el cónyuge y para hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, y US$ 25.000 para los menores de 18 años. El Gobierno sostuvo además que comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.

La novedad es importante. Por primera vez aparecen públicamente cifras concretas, categorías familiares y una cierta arquitectura de controles.

Pero anunciar no es lo mismo que reglamentar.

Al cierre de esta nota, no localicé una resolución del Ministerio de Economía que incorpore formalmente esos montos como definición de la “inversión relevante” exigida por la Ley de Ciudadanía. Tampoco aparecen publicados los términos jurídicos y financieros del título de US$ 800.000, ni un portal estatal habilitado para presentar solicitudes, formularios oficiales, cuentas de pago, aranceles o reglas sobre qué ocurre con el dinero si la solicitud finalmente es rechazada.

Éste es el primer punto que debería tener claro cualquier persona que hoy esté analizando invertir.

La estructura legal no nació con el anuncio de París.

El DNU 366/2025 modificó la histórica Ley 346 e incorporó como supuesto de naturalización al extranjero que, cualquiera sea el tiempo de residencia, acredite haber realizado una “inversión relevante” en el país. Al mismo tiempo, delegó en el Ministerio de Economía la definición de qué inversiones pueden considerarse relevantes y creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión.

El Decreto 524/2025 reglamentó después el circuito administrativo. La Agencia debe evaluar la inversión, solicitar informes a organismos como Seguridad, UIF, Registro Nacional de Reincidencia, RENAPER y SIDE y, finalmente, elevar una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones.

El segundo problema es más profundo.

El 30 de junio de 2026, en una causa de naturalización ordinaria, la Cámara Nacional Electoral declaró nulo el DNU 366/2025 en una causa sobre ciudadanía y sostuvo que el Poder Ejecutivo había excedido las atribuciones que le reconoce la Constitución al modificar mediante un decreto de necesidad y urgencia el régimen de naturalización y derechos políticos. El Ministerio Público Fiscal informó oficialmente esa decisión el 2 de julio.

Y acá aparece un problema que no es menor: el fallo afecta precisamente al DNU sobre el cual se construyó también la ciudadanía por inversión.

Existe una controversia constitucional seria tanto sobre la autoridad competente para otorgar la ciudadanía como sobre la legitimidad de haber reformado mediante un DNU una materia que la Constitución coloca entre las atribuciones del Congreso.

Sumado a ésta discusión judicial, aparece otra señal: el Poder Legislativo tiene varios proyectos destinados específicamente a frenar la ciudadanía por inversión.

El expediente 5254-D-2026, presentado en Diputados por Agustín Rossi y Kelly Olmos el 2 de octubre, propone prohibir el otorgamiento de ciudadanía argentina a cambio de pagos, aportes, donaciones, inversiones, adquisición de bienes o suscripción de títulos públicos o privados. Fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Población y Desarrollo Humano.

El 5 de octubre, Florencia Carignano y Paula Penacca presentaron el expediente 5263-D-2026, cuyo objeto es directamente la “derogación del régimen de ciudadanía por inversión”. También fue girado a Asuntos Constitucionales y Población y Desarrollo Humano.

Además, en el Senado existe desde agosto el expediente 1441/26, presentado por Jorge Capitanich, denominado “Régimen de protección de la ciudadanía argentina y prohibición de su otorgamiento por inversión”. 

Ninguno de esos proyectos es ley por lo que no suspenden hoy el programa ni derogan el DNU.

Pero para alguien dispuesto a comprometer US$ 350.000 o US$ 800.000, el dato agrega un tercer riesgo: al riesgo operativo y judicial se suma ahora un riesgo legislativo concreto.

Hay otro aspecto menos visible que, a mi juicio, es central en la discusión de fondo.

Uno de los principales atractivos comerciales de la ciudadanía argentina es la calidad del pasaporte. Argentina integra el Anexo II del Reglamento europeo 2018/1806: sus nacionales están exentos de visa para ingresar al espacio europeo por períodos de hasta 90 días dentro de cada período de 180 días. A ello se suma que el pasaporte argentino permite acceder a alrededor de 170 destinos sin necesidad de obtener previamente una visa consular.

El crecimiento de un mercado internacional de ciudadanías por inversión llevó a la Unión Europea a revisar las condiciones bajo las cuales mantiene la exención de visa para determinados países.

A fines de 2025 el Reglamento de la Unión Europea 2025/2441 incorporó expresamente, dentro de las circunstancias que pueden activar el mecanismo de suspensión de la exención de visa, a los programas mediante los cuales un país concede ciudadanía a cambio de pagos o inversiones predeterminadas sin que exista un vínculo genuino entre el beneficiario y ese Estado.

Esto no significa que Europa vaya a exigir visa mañana a los argentinos, pero tampoco puede tratarse el riesgo como una especulación abstracta.

Contexto internacional. A que modelo quiere sumarse Argentina?

Los países con programas activos de ciudadanía por inversión son: Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Egipto, Jordania, Turquía, Camboya, Nauru, Vanuatu, Sierra Leona y Santo Tomé y Príncipe. Son 13 jurisdicciones.

Argentina se estaría incorporando a un grupo relativamente reducido de países que convierte la ciudadanía misma en la contraprestación inmediata de una suma predeterminada, cuando existe otro modelo internacional mucho más prudente: atraer al inversor mediante la residencia, exigir luego un vínculo efectivo con el país y dejar la ciudadanía para una etapa posterior.

EE.UU. tiene desde hace años el EB-5: inversión mínima de US$ 800.000 en determinados proyectos/zonas o US$ 1.050.000 en los demás casos. Pero esa inversión no compra ciudadanía estadounidense: permite acceder al estatus de residente permanente bajo determinadas condiciones. 

Desde 2025 funciona también la Trump Gold Card. El extranjero realiza un aporte de US$ 1 millón —además de la tasa de procesamiento— y, una vez aprobado y sometido al correspondiente vetting, obtiene lawful permanent resident status bajo categorías EB-1 o EB-2. Este proceso es claro en que solo otorga la residencia permanente, no ciudadanía.

Después, para naturalizarse en Estados Unidos, la regla general sigue siendo haber sido residente permanente durante al menos cinco años, tener residencia continua, presencia física durante al menos 30 meses, buen carácter moral, inglés, conocimientos cívicos y prestar juramento.

Mientras la estructura pública todavía está incompleta, el mercado internacional ya comenzó a reaccionar.

Reuters, ente otros, informó el 2 de octubre que la firma Millionaire Migrant tenía una lista de potenciales interesados. Firmas globales de movilidad internacional comenzaron a publicar alertas, comparaciones y mecanismos de registro previo. 

Eso demuestra un claro interés comercial pero no demuestra que el Estado argentino ya esté aceptando expedientes. 

La diferencia es importante, especialmente en una industria donde la expectativa puede transformarse rápidamente en contratos privados, honorarios y transferencias de fondos antes de que el procedimiento público esté realmente disponible.

Antes de que el programa pueda considerarse plenamente operativo deberían conocerse la norma que transforme el anuncio en una definición operativa de inversión relevante, el canal oficial para presentar la solicitud, las condiciones del instrumento financiero y las consecuencias jurídicas de un eventual rechazo o de una modificación posterior del régimen.

Sin perder de vista el cuadro completo —la posible judicialización del régimen, las iniciativas presentadas en el Congreso para dejarlo sin efecto y la creciente resistencia internacional frente a este tipo de programas—, el Gobierno parece decidido a avanzar.

Hay que tener claro cuál es el verdadero objeto de la discusión, más allá del contexto: un pasaporte no es solamente un beneficio que recibe quien invierte. Es también una credencial de confianza internacional, y su valor depende del reconocimiento y la seriedad que otros Estados atribuyen al país que lo emite y al conjunto de sus ciudadanos.

Si el Gobierno quiere monetizar ese activo, deberá protegerlo con reglas públicas, controles verificables y una seguridad jurídica mucho más sólida que un anuncio.

El autor es abogado especialista en Derecho Migratorio. Fundador de Global Mobility Argentina.