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Milei reúne a su mesa política para blindar la reforma laboral y contener la presión de los gobernadores

El Gobierno vuelve a reunir este miércoles a su mesa política, el núcleo más reducido del poder libertario, para ultimar la estrategia legislativa de la reforma laboral, que comenzará a debatirse la semana próxima en el Senado. El encuentro tiene lugar este mediodía en el despacho que Manuel Adorni ocupa en la planta baja de la Casa Rosada, con un objetivo doble: terminar de cerrar el poroteo capítulo por capítulo y contener, al mismo tiempo, la presión creciente de los gobernadores por el capítulo fiscal del proyecto.

En Balcarce 50 repiten que la votación en general está asegurada y que el oficialismo llegará al recinto con los apoyos necesarios. Pero el Gobierno sabe que el verdadero riesgo está en la letra chica: la reforma se juega artículo por artículo, con un punto particularmente complejo, el que dispone la reducción del impuesto a las Ganancias para empresas. Los mandatarios provinciales advierten que se trata de un tributo coparticipable y que su baja implicaría un golpe directo a las arcas provinciales. Desde el Ministerio de Economía, en cambio, sostienen que la reforma traerá incentivos para formalizar empleo y que eso compensará la caída inicial. Las provincias no quieren correr ese riesgo.

En ese contexto, en la Casa Rosada le adjudican a Diego Santilli un movimiento clave en las últimas horas: haber desactivado la reunión que un grupo de gobernadores evaluaba realizar en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), impulsada por Axel Kicillof, Ricardo Quintela y Gildo Insfrán. Santilli —que esta tarde tendrá un nuevo encuentro con el correntino Jaun Pablo Valdés— habría llamado uno por uno a los mandatarios dialoguistas para evitar una foto conjunta que pudiera leerse como un frente opositor contra la reforma laboral. Los aliados más cercanos al Gobierno, como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis), ya habían anticipado que no participarían del encuentro y también trabajaron para que no hubiera una postal adversa al oficialismo en plena negociación.

La mesa política se reúne, justamente, para ordenar ese equilibrio inestable: la necesidad de aprobar una ley estructural que Milei quiere exhibir ante los mercados como prueba de gobernabilidad, y la urgencia de no romper el vínculo con los gobernadores que sostienen buena parte de los votos en el Congreso. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, llegará al encuentro con un informe detallado del estado de las conversaciones. Ayer confirmó que la sesión será el 11 de febrero y aseguró que el “95% de los temas” está cerrado, aunque reconoció que todavía quedan puntos pendientes que “tienen que ver con lo que discuten gobernadores, senadores y los ministros de Economía e Interior”.

Bullrich, que juega el rol del policía bueno en el esquema de negociación, ya aceptó introducir cambios en uno de los capítulos sensibles: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiaría con el 3% del salario y serviría para cubrir indemnizaciones. El radicalismo pidió diferenciar el impacto entre pymes y grandes empresas, y la Casa Rosada evalúa convalidar esa modificación. El temor de Bullrich es que, una vez iniciado el debate en particular, la oposición empiece a voltear artículos sin saber dónde frenar.

Del otro lado está el ala dura: Luis “Toto” Caputo, que se volvió un actor cada vez más habitual en estas reuniones, rechaza cualquier concesión de fondo en el capítulo fiscal. En la mesa reconocen que la decisión final sobre Ganancias sociedades la tomará el ministro de Economía, con la venia directa del Presidente.

Además de la reforma laboral, el encuentro servirá para ordenar el resto del temario de extraordinarias: la Ley de Glaciares, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la Ley Penal Juvenil. También está sobre la mesa el cronograma electoral y la estrategia general del oficialismo para atravesar febrero con una seguidilla de votaciones clave.

PL/CRM

“Tenemos el 95% de los temas cerrados”: Bullrich acepta cambios en el FAL y llama a sesión por reforma laboral el 11

En el juego del policía bueno y policía malo del Gobierno, Patricia Bullrich es la encargada de asegurarse de que, cuando se sesione el 11 de febrero, estén los votos para aprobar la reforma laboral. La jefa libertaria en el Senado está convencida de que para aprobar la ley se necesita introducir cambios, y hace dos semanas que negocia con los senadores aliados un borrador con el que llegar con el camino allanado al recinto. Tensiona con Luis “Toto” Caputo por el capítulo fiscal y advierte que el “95% de los temas” están “cerrados”. 

El borrador está guardado “bajo cuatro llaves”. Bullrich les advirtió a los senadores aliados que no filtraran el contenido de las modificaciones: la ex ministra quiere cerrar los cambios en secreto y anunciarlos en el recinto el día de la votación. “La ley se va a conocer el día que se esté discutiendo”, señaló la jefa del oficialismo en el Senado a la salida de una reunión con el grupo de senadores aliados que ella llama “el grupo de los 44” (porque refiere a todos los senadores nacionales excepto a los 28 del peronismo, que se cuentan como única oposición dura). 

El encuentro se llevó a cabo en el segundo piso del Senado, donde la UCR cuenta como un gran salón en donde gusta oficiar de anfitrión de las reuniones que encabeza la ex ministra. A la salida del encuentro, Bullrich fue acompañada por el jefe del bloque radical, el correntino Eduardo Vischi, para las conferencias de prensa: un guiño con el que la ex ministra pretende mostrar un frente unido en el Senado. 

El bloque radical, además, es clave en el poroteo de Bullrich, ya que cuenta con 10 votos propios –es el tercer bloque más grande del Senado– y todavía no están garantizados que vayan a acompañar la ley del Gobierno de manera unánime.

Las reuniones sirven para poner en común los pedidos de cambios, negociar artículos y porotear qué nivel de adhesión tiene cada punto de la ley. Algunos, como la neuquina Julieta Corroza, aprovechan para trasladar las preocupaciones de los sindicatos, que advierten que la reforma avanza contra muchos derechos colectivos de los trabajadores. Algunos: la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos, el desfinanciamiento de las obras sociales, la restricción del derecho a huelga, la prevalencia de los convenios por empresa por sobre actividad. 

Hasta ahora, Bullrich se ha negado a incluir ningún cambio pedido por la CGT y los sindicatos. Pedido que, en el caso de la ultraactividad, tiene en alerta también a las asociaciones empresarias, que advierten que podría aumentar la litigiosidad si se generan vacíos legales cada vez que se vence un convenio colectivo (que, actualmente, sigue en vigencia hasta que los sindicatos y empresarios negocian uno nuevo).

Uno de los puntos que Bullrich sí aceptó modificar es el que refiere a la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un fondo que será financiado con el 3% de los aportes patronales destinados a la seguridad social y que servirá para pagar las indemnizaciones en los casos de despido. Es decir, que la ANSES cubrirá los despidos de los privados. 

El radicalismo solicitó que se incluyera una diferenciación entre PYMES y grandes empresas, de modo que el FAL tenga como objetivo cubrir a las pequeñas y medianas empresas en casos de tener que pagar indemnizaciones. Bullrich aceptó y se están introduciendo cambios en el título 2 del proyecto, que refiere al FAL.  

El objetivo de Bullrich es terminar de finiquitar los últimos cambios en los próximos días, de modo de llegar al día de la sesión con el escenario despejado. La ex ministra quiere evitar que los senadores le modifiquen el proyecto durante la votación en particular: Bullrich teme que la oposición, una vez que empiece a voltear artículos, no sepa cuándo parar.

La pelea por el capítulo fiscal

“Creemos que tenemos los votos, si no no convocaríamos la sesión”, ironizó Bullrich a la salida de la sesión. La senadora confía en que, con apoyo del PRO, el radicalismo, las fuerzas provinciales y una parte del peronismo, la reforma laboral se aprobará con unos 40 votos. Solo hay un problema: el capítulo fiscal. 

Los gobernadores están en pie de guerra con el artículo que reduce las alícuotas del impuesto a las Ganancias para las empresas. El motivo es que es un impuesto coparticipable y reducirlo podría significar, según cálculos de los mandatarios, una pérdida de cerca de 2 billones de pesos en materia de recursos. Los gobernadores exigen que haya algún esquema de compensación, pero, hasta ahora, Luis “Toto” Caputo se ha negado.

El argumento del “ala dura” del Gobierno es que la pérdida en coparticipación se compensará vía un aumento del empleo formal. Algunos gobernadores aliados, como Juan Pablo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut) o Gustavo Sáenz (Salta), exigen, sin embargo, una propuesta más concreta. Pero el ministro de Economía cuida la billetera del Ejecutivo y sostiene que, modificar el artículo de Ganancias, sería desnaturalizar el proyecto. La postura, por ahora, es avanzar sin concesiones.

La intransigencia de Caputo ha generado rispideces con Bullrich, quien insiste que, si todos los gobernadores están reclamando modificar el artículo, no tiene sentido ir al recinto a chocarse contra la pared. La ex ministra pretende diferenciarse de Martín Menem, quien en la discusión por el Presupuesto en Diputados, terminó forzando el capítulo que derogaba la ley de emergencia en discapacidad y la de financiamiento universitario y terminó votando la votación. 

Bullrich espera que, cuando llegue el día de la votación, el ala dura termine cediendo. “Nosotros tenemos el 95% de los temas cerrados”, aseguró.

MCM/CRM

Denuncian "un plan sistemático para dinamitar la salud pública" tras los 300 despidos en el Ministerio y el Hospital Posadas

La escena se repite desde el inicio de la gestión de Javier Milei como Presidente, con la situación del Hospital Garrahan como símbolo, pero las protestas y medidas de fuerza se sostienen en distintos centros de salud cada vez con mayor intensidad, con trabajadores sanitarios reunidos en asambleas improvisadas, carteles que reclaman reincorporaciones y pasillos hospitalarios que funcionan con menos personal del necesario. La última tanda de despidos en el Hospital Posadas y en el Ministerio de Salud profundizó un conflicto que ya lleva años, pero que en los últimos meses adquirió un carácter estructural.

Según datos relevados por organizaciones sindicales, más de 200 trabajadores fueron cesanteados en la órbita del Ministerio de Salud, mientras que al menos 84 empleados del Hospital Posadas —entre enfermeras, médicos, técnicos, personal de laboratorio y vigilancia— fueron desvinculados en los últimos días. Estos hechos no son aislados; entre junio y octubre de 2024 se registraron casi 120 despidos de profesionales de diversas áreas.

Los gremios advierten que se trata de una política sostenida de reducción del Estado nacional en materia sanitaria. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA) y la seccional Posadas de CICOP coinciden en que el objetivo es “naturalizar la precarización y el miedo como forma de disciplinamiento laboral”.

Los afiliados a Fesprosa realizaron una asamblea esta semana con los trabajadores del hospital Posadas, en rechazo “a los 84 despidos arbitrarios e injustificados”.

Jorge Yabkowski, Secretario de Organización de Fesprosa, habló de un “plan sistemático para dinamitar la salud pública que vienen llevando a cabo Milei y su ministro Mario Lugones”, que “está impactando directamente en los índices de salud colectiva”. 

En ese sentido, el gremialista detalló que, por primera vez en muchos años, la mortalidad infantil subió un 0,5% (de 8 a 8,5%) y subió un 34% la mortalidad materna, “reflejo de la crisis social y del sistema de salud pública”. 

La asamblea del Posadas resolvió exigir una mesa de negociación a la conducción del hospital para reincorporar a los despedidos, mantener el estado de asamblea permanente y participar el miércoles 4 a las 16 horas del Cabildo Abierto que tendrá lugar en el Hospital Garrahan, como parte de la confluencia de todas las luchas de salud.

Asimismo, la conducción de Fesprosa resolvió la participación activa en el plan de lucha nacional que los gremios del Frente de Sindicatos Unidos reunidos en la UOM resolvieron la semana pasada. En tal sentido, una delegación de la Federación, encabezada por su presidenta, María Fernanda Boriotti, participará de las marchas en la ciudad de Córdoba el 5 de febrero y en Rosario el 10, y ratificó la voluntad de llevar a cabo un paro nacional de salud para el día en que se trate la reforma laboral en el Senado (sería el miércoles 11), con una gran movilización al Congreso de la Nación.

Por su parte, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud del Hospital Posadas (CICOP-Seccional Posadas) denunció la nueva ola de despidos y advirtió que los recortes “no son hechos aislados ni un error administrativo, es una política deliberada. Buscan naturalizar la inestabilidad, el miedo y la precarización como forma de disciplinamiento laboral”, apuntaron desde el gremio.

En tanto, advirtieron “el grave impacto que tendrá en la atención de los pacientes, ya que es cuestión de ver cuántas personas han tenido que pagar de su propio bolsillo a alguien para que las asista durante la internación, debido a la falta crónica de personal”. “No sobra nadie”, remarcaron. 

De acuerdo al sindicato, “a los despidos en el Posadas se sumaron 220 en el Ministerio de Salud y un número aun a determinar en el PAMI, pero que sería de varias decenas”, al tiempo que instaron “a toda la comunidad a que acompañe las medidas de fuerza que se definan para defender la salud pública de todos los argentinos y argentinas”.

Con respecto a la reforma laboral que busca aprobar el gobierno libertario, desde CICOP consideran que “replica y profundiza la Ley Banelco, atacando derechos laborales, convenios colectivos y el poder de negociación sindical. No hay margen para negociaciones parciales de una ley que sólo busca ampliar los beneficios de los grupos económicos más poderosos”, concluyeron.

El Hospital Posadas, un símbolo de la salud

El Hospital Posadas, el mayor centro asistencial nacional, ubicado en el Oeste del conurbano bonaerense, es desde hace años un termómetro del estado del sistema público. Cada ola de despidos repercute de inmediato en la atención: menos personal en áreas críticas, demoras crecientes y servicios que funcionan al límite.

Los trabajadores denuncian que la falta crónica de personal obliga a que pacientes deban pagar de su bolsillo asistencia privada durante internaciones prolongadas, una situación que se agrava con cada nueva cesantía.

El Ministerio de Salud, también en retroceso

La cartera sanitaria nacional atraviesa un proceso de ajuste que incluye 220 despidos en su organigrama, el cierre o desfinanciamiento de programas estratégicos y la reducción de direcciones clave. Entre las áreas afectadas figuran políticas de prevención, provisión de medicamentos y atención de patologías complejas.

En paralelo, se registran cesantías en delegaciones del PAMI y demoras en pagos a farmacias, lo que ya provocó interrupciones en la entrega de medicamentos en algunas provincias.

Los gremios sostienen que este proceso forma parte de un “achicamiento deliberado” del rol del Estado nacional en salud, que en los últimos dos años sufrió una caída presupuestaria cercana al 30% en términos reales.

Un conflicto que se expande

El caso del Posadas no es aislado. Otros hospitales nacionales —como el Garrahan y el Bonaparte— también enfrentan recortes, reestructuraciones y falta de personal. La coordinación entre trabajadores de distintos centros asistenciales empieza a tomar forma, con movilizaciones conjuntas y reclamos unificados.

La pregunta que sobrevuela es qué modelo de sistema sanitario se está configurando. Para los gremios, el ajuste abre la puerta a procesos de privatización, sistemas mixtos (entre público y privado) o transferencia de responsabilidades a las provincias, en un contexto de creciente desigualdad en el acceso a la salud.

El impacto en la vida cotidiana

Más allá de las cifras, el conflicto se traduce en historias concretas: pacientes que esperan meses para un turno, profesionales que encadenan contratos temporales durante años, servicios que funcionan con dotaciones mínimas y familias que deben cubrir gastos que antes asumía el Estado.

En un país donde el sistema público sostiene buena parte de la atención de alta complejidad, cada despido tiene un efecto multiplicador.

Los despidos en el Garrahan que celebró el Gobierno

En las últimas horas, el Gobierno celebró desde redes sociales la decisión de cesantear a once trabajadores del Hospital Garrahan, diez de ellos delegados gremiales, por su participación en la toma de oficinas de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre de 2025, en el marco de un conflicto laboral por descuentos salariales aplicados tras medidas de fuerza.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, posteó desde su cuenta de X que el Hospital Garrahan “ha solicitado el desafuero de 10 gremialistas para proceder con sus despidos, tras haber dirigido y tomado ilegalmente las oficinas de la dirección del establecimiento en octubre de 2025. El motivo del conflicto: la pretensión de cobrar por días no trabajados. Además, otras 29 personas recibirán sanciones. La era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin”, escribió el funcionario para descalificar a los delegados gremiales que desde el inicio de la gestión Milei defienden los derechos de los trabajadores de la salud contra los recortes presupuestarios y salariales.

La decisión fue adoptada por el Consejo de Administración del hospital luego de la finalización de los sumarios administrativos iniciados tras aquel episodio. Según la evaluación oficial, los hechos revistieron “gravedad institucional” porque implicaron la ocupación de un área clave de la conducción médica y la interrupción del normal funcionamiento administrativo.

Entre las personas alcanzadas por la cesantía se encuentran Norma Lezana, dirigente de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), y Alejandro Lipcovich, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). De acuerdo con la reconstrucción administrativa, ambos habrían tenido un rol activo en la organización y conducción de la protesta.

La lista de trabajadores alcanzados incluye a diez delegados gremiales y a una trabajadora sin tutela sindical. Además de Lezana y Lipcovich, figuran Maximiliano Bares Fara, Diego Rubén Saavedra, Beatriz Haydeé, Ximena Jessica Pared, Gabriela Beatriz Malgarejo, Sinforosa Recalde, Gerardo Fernando Oroz, Emilce Correa Lousao y Silvia Verónica Cipollini Araujo.

En el caso de los delegados gremiales, la cesantía no será de ejecución inmediata. Diez de los once trabajadores cuentan con tutela sindical, una protección legal que impide su desvinculación sin autorización judicial previa. Por ese motivo, el hospital deberá aguardar que la Justicia se expida sobre el levantamiento de esa tutela para avanzar con las cesantías. La única trabajadora sin protección gremial podrá ser desvinculada una vez concluido el proceso administrativo.

Con infomación de agencias y gremios.

IG

El Gobierno decidió cesantear a delegados del Garrahan tras un conflicto gremial

El Gobierno resolvió cesantear a once trabajadores del Hospital Garrahan, diez de ellos delegados gremiales, por su participación en la toma de oficinas de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre de 2025, en el marco de un conflicto laboral por descuentos salariales aplicados tras medidas de fuerza.

La decisión fue adoptada por el Consejo de Administración del hospital luego de la finalización de los sumarios administrativos iniciados tras aquel episodio. Según la evaluación oficial, los hechos revistieron “gravedad institucional” porque implicaron la ocupación de un área clave de la conducción médica y la interrupción del normal funcionamiento administrativo.

Entre las personas alcanzadas por la cesantía se encuentran Norma Lezana, dirigente de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), y Alejandro Lipcovich, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). De acuerdo con la reconstrucción administrativa, ambos habrían tenido un rol activo en la organización y conducción de la protesta.

El conflicto se desató cuando las autoridades del hospital notificaron que no se pagarían los días no trabajados durante los paros. Ese mismo día, delegados sindicales ingresaron a las oficinas de la Dirección Médica y permanecieron allí durante varias horas. Según fuentes oficiales, la ocupación incluyó la interrupción de tareas, la permanencia forzada del personal presente, episodios de agresiones verbales y la negativa a acatar las órdenes de seguridad para desalojar el lugar.

Tras el episodio, el Garrahan abrió 44 sumarios administrativos para individualizar responsabilidades. La investigación se extendió durante varios meses e incluyó testimonios, registros internos y material audiovisual. Como resultado, el Consejo de Administración resolvió aplicar sanciones diferenciadas: la mayoría de los trabajadores involucrados recibió sanciones menores, mientras que en once casos se dispuso la cesantía por considerar acreditada una participación activa y organizadora de la toma.

La lista de trabajadores alcanzados incluye a diez delegados gremiales y a una trabajadora sin tutela sindical. Además de Lezana y Lipcovich, figuran Maximiliano Bares Fara, Diego Rubén Saavedra, Beatriz Haydeé, Xinena Jessica Pared, Gabriela Beatriz Malgarejo, Sinforosa Recalde, Gerardo Fernando Oroz, Emilce Correa Lousao y Silvia Verónica Cipollini Araujo.

En el caso de los delegados gremiales, la cesantía no será de ejecución inmediata. Diez de los once trabajadores cuentan con tutela sindical, una protección legal que impide su desvinculación sin autorización judicial previa. Por ese motivo, el hospital deberá aguardar que la Justicia se expida sobre el levantamiento de esa tutela para avanzar con las cesantías. La única trabajadora sin protección gremial podrá ser desvinculada una vez concluido el proceso administrativo.

Adorni celebró la medida en sus redes

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró la medida a través de sus redes sociales. “El que las hace, las paga. El motivo del conflicto fue la pretensión de cobrar por días no trabajados. La era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin”, expresó.

Desde el hospital, en tanto, difundieron un comunicado en el que sostuvieron que la toma “no fue simplemente un ingreso a una oficina”, sino una acción que afectó el funcionamiento institucional y, según la evaluación administrativa, puso en riesgo la atención de los pacientes. “No vamos a permitir que unos pocos sigan afectando a nuestros pacientes ni que el Garrahan sea utilizado como teatro de operaciones electorales”, afirmaron.

Del lado gremial, las organizaciones involucradas anticiparon que recurrirán a la Justicia para impugnar las cesantías, especialmente en los casos de delegados con tutela sindical, y advirtieron que el conflicto sigue abierto. Señalaron que la ocupación fue una respuesta a los descuentos salariales y a la falta de respuestas a los reclamos presentados por los trabajadores.

El Hospital Garrahan es el principal centro pediátrico del país y recibe pacientes derivados de todas las provincias, por lo que el conflicto adquirió relevancia política y mediática. El desenlace judicial será clave para definir si las cesantías de los delegados gremiales pueden concretarse y cuál será el impacto final del conflicto en la institución.

CRM

El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y creó nuevo régimen de pensiones

El Gobierno nacional aprobó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y estableció los procedimientos operativos para un nuevo régimen de pensiones no contributivas destinado a personas con discapacidad, según se publicó este miércoles en el Boletín Oficial. Además, el Ejecutivo formalizó la designación del doctor Alejandro Alberto Vilches como secretario Nacional de Discapacidad; de Gianfranco Scigliano como subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos; y de Esteban Rafael Giler como subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos.

La medida, dispuesta mediante el Decreto 84/2026 firmado por el presidente Javier Milei, responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana que ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793, tras declarar la invalidez de un decreto anterior que había suspendido su ejecución por falta de financiamiento.

La reglamentación define con precisión los criterios de acceso al nuevo régimen de pensiones, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control correspondientes. De acuerdo con los considerandos de la norma, la configuración del sistema deberá articularse con las reglas de compatibilidad de ingresos y con las políticas de inclusión laboral de las personas con discapacidad.

El decreto incorpora la Secretaría Nacional de Discapacidad al organigrama del Ministerio de Salud, centralizando la política de discapacidad en esa cartera. Esta decisión responde a una concepción integral del derecho a la salud y a la protección social, que comprende dimensiones sanitarias, sociales, económicas y de acceso a derechos.

La norma instruye a la Secretaría Nacional de Discapacidad a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías periódicas dentro de los 30 días. Asimismo, faculta a esa secretaría a dictar las normas aclaratorias y complementarias necesarias para la implementación.

El decreto establece la conversión de oficio de las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad a su vigencia en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, lo que impone a la autoridad de aplicación la adopción de medidas para identificar, relevar y verificar las condiciones de las prestaciones alcanzadas.

Las medidas adicionales que se acuerden con el Consejo Federal de Discapacidad serán implementadas mediante esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre el Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a sus respectivas competencias y disponibilidades presupuestarias. La reglamentación entró en vigencia a partir del día de su dictado, el 3 de febrero de 2026.

Con información de agencias.

IG