Est Juarez Celman

Noticias de Cordoba

150 mil personas en las calles para exigir la domiciliaria: el plan de Cristina Kirchner ante su presentación en Tribunales

Mayra Mendoza fue clara en el mensaje: “El objetivo es juntar unas 150 mil personas”. La intendenta de Quilmes, aliada de Máximo Kirchner en La Cámpora, habló así el viernes en la sede del PJ, pero no se dirigía solo a peronistas: la escuchaban, entre otros, dirigentes del PTS –referenciados en Myriam Bregman– y de Libres del Sur –de Humberto Tumini–. La condena a Cristina Kirchner sacó al peronismo de su disputa interna electoral y forzó una unidad que ahora buscan ampliar a extrapartidarios, con la intención de dar una señal en la calle a la Corte Suprema y a Javier Milei. El objetivo es convertir la presentación judicial de este miércoles en una multitudinaria marcha que reclame contra la proscripción de la expresidenta.

La intención de juntar al menos 150.000 personas fue compartida con elDiarioAR por otras dos fuentes al tanto de la movilización que se prepara para mediados de esta semana. “Si van unas 100 mil, podemos vender que fueron 500 mil”, apuntó un funcionario bonaerense con una importante organización social detrás.

El peronismo busca construir una épica: una caminata desde el departamento de Cristina, en el barrio porteño de Monserrat, hasta los tribunales federales de Retiro. Allí debe presentarse para que se inicie formalmente el cumplimiento de su condena: seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras el fallo judicial que la encontró responsable del desvío de fondos públicos para obras de Vialidad Nacional. La consigna es “Argentina con Cristina” y los organizadores ya pidieron que los manifestantes lleven banderas argentinas.

En los últimos días se reforzó el trabajo de base para esa manifestación. El jueves, el puntapié lo dio el Consejo Nacional del PJ en Matheu; el viernes se realizó una mesa ampliada con participación de espacios no peronistas; el sábado se encontraron los intendentes; este lunes habrá una reunión de juventudes; y el martes está prevista una cumbre con la CGT y los gobernadores del PJ.

Sin embargo, todavía hay cabos sueltos en la organización. El principal es que no está confirmado que CFK deba presentarse personalmente el miércoles en Comodoro Py. Sus abogados solicitaron que la Justicia le habilite la prisión domiciliaria de manera automática, sin necesidad de ir en persona. Argumentaron los riesgos del operativo de seguridad que implicaría una marcha de esta magnitud, pero el trasfondo es otro: evitar que el aparato político-mediático libertario tenga imágenes de Cristina detenida. “No queremos que la humillen”, exclamó la legisladora bonaerense Teresa García.

Otra posibilidad que se evalúa es que, si Cristina no debe comparecer en persona, el Gobierno podría evitar activar el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. La ministra suele reprimir cuando las protestas no son masivas, aunque ya cruzó varias líneas rojas con ataques a jubilados o trabajadores de prensa. En la Casa Rosada manejan bajo estricta reserva el operativo de seguridad. elDiarioAR supo que Bullrich se apoya en su jefe de Gabinete, Carlos Manfroni. Del lado presidencial, Santiago Caputo sigue de cerca el despliegue a través de los servicios de inteligencia: digita movimientos de la SIDE mediante Sergio Neiffert –el “Señor 5”– y Diego Kravetz –el “Señor 8”–.

En cuanto al recorrido, hasta el cierre de esta edición no estaba definido. De la esquina de Humberto 1° y San José hasta los tribunales de Comodoro Py hay cinco kilómetros: caminando se tarda alrededor de una hora y diez minutos, según Google Maps. Si la convocatoria es masiva, el trayecto podría contemplar atravesar la avenida 9 de Julio, ingresar a la zona de Retiro por la plaza San Martín y pasar frente a las estaciones de trenes y colectivos antes de llegar a Comodoro Py. “No hay aún recorrido ni horario porque no está definido. Y se verá si se hará un corredor, donde cada organización esté concentrada en un punto específico pero que no se movilice”, explicó un dirigente social presente en la reunión del viernes en Matheu.

Tampoco está claro qué sucederá una vez que Cristina se entreviste con el juez de la causa Vialidad. El objetivo de la marcha es presionar al juez Jorge Gorini para que autorice la prisión domiciliaria en ese momento, lo que permitiría a la expresidenta regresar directamente a su departamento. Pero si el magistrado ordena que pase una primera noche en un calabozo o la traslada a otra dependencia, las columnas marcharán donde sea necesario. “Cristina no está sola. Vamos a estar donde ella esté”, afirmó un referente del peronismo.

Un experto en seguridad con conocimiento del Ministerio de Seguridad advirtió que un posible destino de detención podría ser la Unidad de Delitos Complejos de la Policía Federal, en Cavia y Figueroa Alcorta, donde estuvo presa María Julia Alsogaray en 2003. Justamente allí, este martes harán un acto Milei y Bullrich. “Esperemos que no provoquen ni se hagan los vivos”, alertó un dirigente kirchnerista. Cristina solicitó el beneficio de prisión domiciliaria también por razones de edad: tiene más de 70 años.

Un detalle menor pero revelador: la consigna “Argentina con Cristina” no convenció a todos. Las dudas surgieron de espacios no kirchneristas, como la izquierda. En el Partido Obrero, por ejemplo, cuestionaron la visita de referentes del PTS al departamento de CFK. “Para nosotros el fallo es proscripción, pero no suspende la lucha, y el peronismo siempre tira para atrás”, planteó un dirigente del Polo Obrero. Por estas horas, los espacios extraperonistas debaten internamente el grado de adhesión a la movilización hacia los tribunales. Por lo pronto Cristina ya tiene armada su ofensiva ncallejera y apuesta a que sea multitudinaria.

MC

Guillermo Francos consideró “lógico” que Cristina se notifique de la condena en su domicilio

“Me parecería absolutamente lógico que las medidas de notificación puedan hacerse sin que la expresidenta tenga que concurrir a los tribunales” para generar “la menor convulsión posible”, dijo Francos aludiendo a la marcha que el peronismo anunció para acompañar el miércoles a los tribunales a la exmandataria cuando se notificará de la sentencia.

En declaraciones al canal de noticias A24, el funcionario señaló esta noche que si se concreta la marcha para acompañar a la expresidenta “no va a ser nada positivo”, porque “va a generar tensión, cortes y movilización de fuerzas federales”, y resaltó: “Si yo fuera magistrado federal pensaría en que intentemos no generar esta situación social”.

Además, puntualizó que “en el Gobierno estamos muy al margen de algo que es estrictamente judicial, y que viene de muchos años de enjuiciamiento”, y por lo tanto “esperamos lo que diga la Justicia respecto del lugar y condiciones de detención”.

Francos, vaticino que la movilización permanente de simpatizantes frente al departamento donde reside la exmandataria en el barrio porteño de Constitución “es algo que por ahí dura algunos días y después ira menguando como es natural”.

Sin embargo, puso de relieve que lo que ocurra respecto a otorgar a Cristina Kirchner prisión domiciliaria o la decisión sobre el lugar en que cumplirá la condena de seis años de prisión “es una decisión de la justicia, las condiciones deben ser fijadas por los jueces de la causa”.

Destacó que la exmandataria “fue una política destacada, no hay duda de que ocupó un rol relevante en la política argentina, y sin perjuicio de la opinión que uno tenga de ella o del proceso que la condenó, hay que tener una consideración especial sobre una situación que es compleja”.

Asimismo, consultado sobre la posibilidad de que haya situaciones violentas si se concreta la marcha del miércoles, Francos opinó que “no puede haber situaciones de violencia porque para eso está el Estado, para impedirlas”.

Agregó que “el presidente Javier Milei expresó con toda claridad que esto es una resolución de la Justicia. Algunos estarán en desacuerdo porque afecta el liderazgo de CFK pero fue la justicia” la que la condenó.

“De nosotros (por el Poder Ejecutivo) durante mucho tiempo y hasta el último tratamiento de Ficha Limpia, decían que teníamos un pacto de impunidad, y con esto se demuestra que estaban equivocados”, subrayó.

La militancia sigue en San José

La expresidenta Cristina Kirchner se reencontró con la militancia que se concentra cada día frente a su casa en el barrio de Constitución, y a la que saludó desde el balcón, luego del desalojo que llevó adelante horas atrás la Policía de la Ciudad.

Por la tarde, cerca de las 16 y pasadas las 18, la titular del Partido Justicialista (PJ) recibió muestras de apoyo por parte de un grupo de militantes que, durante cinco días junto a otros tantos, se manifestaron en contra del fallo de la Corte Suprema de Justicia vinculado a la Causa Vialidad que tiene como principal acusada a la ex mandataria.

Durante el domingo a la madrugada, la Policía de la Ciudad llevó adelante un operativo para desalojar a un grupo de personas que se encontraban acampando en las inmediaciones de San José 1111, el lugar donde vive Fernández de Kirchner y donde su defensa pidió que se lleve adelante la prisión domiciliaria.

Fuentes policiales indicaron que el procedimiento se desarrolló sin incidentes ni represión, y que sólo se “limpió” la zona y los militantes que se encontraban en las inmediaciones del edificio se retiraron junto las carpas, las banderas y las estructuras instaladas sobre la vía pública.

Para dicho operativo, participaron alrededor de 160 efectivos con el objetivo de “liberar” el espacio público; asimismo, indicaron que lo hicieron de forma “sorpresiva” para, justamente, evitar disturbios

MP con información de NA

Silencio, orden y distancia: el Gobierno se desliga de la inminente detención de Cristina Kirchner

En la Casa Rosada repiten una consigna: “Sin show, sin fotos, sin revancha”. La decisión de la Corte Suprema de dejar firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por corrupción reordenó la agenda política, pero el gobierno de Javier Milei —lejos de buscar capitalizar el momento con gestos ruidosos— optó por una estrategia de profilaxis comunicacional. En Balcarce 50 aseguran que no harán del operativo de detención un espectáculo. “No somos como el macrismo”, dijo una fuente oficial, en alusión a la imagen de Amado Boudou esposado y en pijamas durante su arresto en 2017, también bajo la órbita de Patricia Bullrich.

Ahora, como entonces, Bullrich sigue al frente del Ministerio de Seguridad. Pero el contexto político —y el mandato simbólico de la administración libertaria— es otro. En lugar de protagonismo, el Ejecutivo eligió delegar: fue la Justicia la que solicitó asistencia logística a las cuatro fuerzas federales y será también el fuero penal el que defina los detalles del procedimiento. El pedido formal lo hizo el juez Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal Nº2, con un plazo de 24 horas para que Prefectura, Gendarmería, la Policía Federal y la PSA entreguen informes operativos. El Gobierno respondió sin filtrar ni condicionar.

Cristina Kirchner ya avisó que se presentará el miércoles 18 en Comodoro Py para “ponerse a derecho”. Lo hizo en un comunicado donde calificó a los jueces de la Corte como “títeres” y aseguró que haber solicitado la detención domiciliaria no implica “un privilegio”. “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema cumplió la orden de proscripción del poder económico (...) mis abogados presentaron ante el TOF 2 solicitud de detención domiciliaria”, escribió en su cuenta de X.

Pero en la cima del poder libertario, lejos de esa narrativa, dominó la cautela. “No queremos hacer ningún show de esto”, deslizó un funcionario con llegada al despacho presidencial. La consigna es evitar alimentar la idea de persecución política y, al mismo tiempo, no correr el riesgo de transformar el operativo en un hito mediático que eclipse al propio Gobierno.

Desde Jerusalén, donde continuaba su gira internacional, el Presidente dedicó apenas unas líneas al tema. Primero lo hizo por redes sociales: “Justicia. Fin”, escribió el martes. Luego, durante una clase magistral de economía anarco-capitalista en la Universidad Hebrea, se permitió una frase más: “Al ser el primer presidente que no interfiere con la Justicia, los resultados están a la vista y la Justicia independiente hizo lo que tenía que hacer”.

En la misma línea, aunque con un tono más técnico, el jefe de Gabinete Guillermo Francos reforzó la idea de institucionalidad. “Nadie puede hablar de un fallo político”, sostuvo. Y agregó que la mayoría de los jueces intervinientes en la causa Vialidad fueron designados por gobiernos kirchneristas. “No genera incomodidad, pero sí es un hecho conmocionante. Nadie se alegra”, aclaró. “Esto vuelve a poner a la Argentina en las tapas del mundo, y no por buenas razones”.

A diferencia de otros momentos en que el oficialismo buscó confrontar con el kirchnerismo como reafirmación identitaria, esta vez el pragmatismo se impuso. El objetivo es no tensionar la calle, no agitar movilizaciones ni dar pie a que la expresidenta se victimice ante un operativo excesivo. “Esto no es un triunfo político, es una escena de institucionalidad. Y punto”, resumió un funcionario libertario, que remarcó que la Justicia será quien decida si corresponde una entrega voluntaria, una detención domiciliaria o el traslado a un centro penitenciario. Por lo pronto, en la Casa Rosada descartan de plano cualquier escenificación.

Milei regresa este sábado al país, después de una gira de nueve días que terminó donde había comenzado: en Madrid, con una cumbre de derecha dura y un evento cripto. Desde Europa, el Presidente intentó mantenerse lo más distnaciado posible del caso que conmociona la política argentina. Para su entorno, esa postura no es una omisión: es una forma de liderazgo. Que la condena a Cristina Kirchner quede registrada, pero sin su firma en el margen.

El G-7 muestra las grietas que Trump le causó al orden multilateral

El G-7 no se siente cómodo al entrar en su etapa de madurez. A punto de cumplir el medio siglo de vida -el club de las mayores potencias industrializadas de 1975 cobró carta de naturaleza en el otoño de ese año en Chateau de Rambouillet, majestuoso castillo a 50 kilómetros de París que fue durante siglos residencia oficial de la realeza francesa-, se apresta a atravesar una crisis de identidad de incalculables consecuencias.

A su cita que comienza hoy –y durará hasta mañana– en Alberta, la capital de las Montañas Rocosas canadienses, Donald Trump acudirá sin haberse resarcido de su pretensión de que Canadá, el histórico aliado americano de EE.UU. entre la elite de naciones de rentas altas, se adhiera como el estado 51 de la Unión, una proclama que se recibió inicialmente como una fanfarronería de mal gusto en las cancillerías de todo el mundo, pero que cobró tintes de realidad. Tras un extenso compás de espera que hizo dudar a Ottawa, incluso, de su presencia en la cumbre. Y, sobre todo, sin una estrategia concertada entre sus socios en tiempos geopolítica y económicamente convulsos.

Justo el mandato de estabilización del orden global que se autoimpuso en su acta de nacimiento. Tal y como lo cinceló para los anales de la historia el presidente francés, Valéry Giscard d’Estaing, anfitrión e instigador del club junto al entonces canciller alemán Helmut Schmidt y al secretario del Tesoro George Shultz durante el mandato de Richard Nixon. Al brindar con vino de Burdeos con sus huéspedes por el alumbramiento del inicialmente G-6, justificó su puesta en escena en la necesidad de “mantener conversaciones francas” sobre asuntos económicos compartidos que resultan de “sumo interés” a la hora de evitar que “el capitalismo se sumerja en episodios de crisis”.

Dos años más tarde, en 1977, y tras consumarse el sorpasso (avance) de Italia, que se encaramó al grupo inicial al aflorar contrarreloj el 23% de su economía sumergida para obtener el plácet de ingreso, Canadá se unió al club. Por insistencia de Shultz, que ya presenció entonces un exceso de voces europeas.

Mucho ha llovido desde que el grupo dejó atrás su primera etapa. No tanto, pero casi, como en los cuatro años en los que Trump dejó de asistir a sus citas semestrales. La versión 2.0, más agresiva, caótica y con una indisimulada pretensión de cambiar el orden mundial, no cuenta con los gestos distantes hacia Trump de la ex canciller Angela Merkel. Como tampoco podrá exhibir su reciente hoja de servicio en común, la que permitió que al G-7, durante la Administración Biden, lograse moldear sanciones monetarias, económico-comerciales y diplomáticas contra el Kremlin por la invasión de Ucrania. O presentar credenciales de otros tiempos. Porque los seis fundadores eran dueños del 70% de la riqueza global; ahora, el G-7 no representa siquiera el 30% del PIB y el 10% de la población del planeta.

Doble trampa geoestratégica mundial

Y lo que es peor para sus intereses. La pinza geoestratégica de la Rusia expansionista de Vladimir Putin y del América, first del MAGA trumpista está socavando sus aspiraciones y mermando sus siempre complejos consensos internos. Hasta el punto de haberse dado un baño de realpolitik, sin haber expirado el primer semestre de la versión 2.0 del líder republicano en la Casa Blanca y alejado de aquel espíritu de 1975, cuando emitió un primer compromiso de lo más convincente en favor de “una cooperación internacional más estrecha y un diálogo constructivo en un mundo de creciente interdependencia”.

“En menos de un año, con la salida de Biden y el retorno de Trump, el G-7 se ha transformado”, admite Lawrence Herman, abogado, investigador del Instituto C.D. Howe de Toronto y antiguo alto cargo del Departamento de Asuntos Exteriores canadiense en los años setenta, por la guerra comercial desatado por Washington contra sus socios del club que amenazan su bienestar. Todo un reto -señala- para el anfitrión, Mark Carney, ex gobernador tanto del Banco de Canadá como de la autoridad monetaria británica, y nuevo primer ministro en sustitución del también liberal Justin Trudeau y que capitalizó parte de las críticas externas hacia Trump. Mientras intenta avanzar en un acuerdo arancelario al que se le ha adelantado el premier Keir Starmer.

Mientras Alemania y Europa guardan un enigmático silencio, igual que Japón, describe Herman. A su juicio, el G-7 redujo su capacidad colectiva con Putin, Trump y el Brexit y está en riesgo de “perder su utilidad y caer en la irrelevancia”. En un momento de desafíos globales, amenazas de quiebra del orden mundial y peligro de que una sucesión de acontecimientos geopolíticos desencadene un giro copernicano en la gobernanza global.

La OTAN es el otro gran punto de ebullición provocado por el MAGA americano. A instancias de la Administración Trump, la Alianza se autoasignó nuevos planes operativos sin disponer todavía de recursos adicionales para ello. Los 32 ministros de Defensa aliados, comandados por su nuevo jefe político, el antiguo jefe de gobierno holandés, Mark Rutte -también liberal- se ha propuesto “dar un decidido paso hacia adelante”.

En su ambiciosa nueva hoja de ruta, enfocada a reforzar la seguridad en el Viejo Continente con cargos extraordinarios, Rutte habla de unos gastos del 5% del PIB, nada menos que 3 puntos por encima del tope inicialmente planteado por Trump. Sin mediar autorización previa de sus socios y sin que, como aseguraba el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en una reciente entrevista en El País, “parezca que [el 5% del PIB] proceda de un análisis riguroso”.

Aunque ese no parece un argumento suficiente. Al fin y al cabo, el objetivo de mantener a raya los déficits fiscales por debajo del 3% emanó en 1981 de la sugerencia de Pierre Bilger, director de Presupuestos bajo la presidencia del socialista François Mitterrand para poner coto desde el Ministerio de Finanzas a los titulares de carteras con propensión al gasto del Estado francés y, ak día de hoy, se convirtió en un sacrosanto principio de la teoría liberal al uso.

Instituciones en el punto de mira americano

Sin embargo, los grandilocuentes movimientos geopolíticos que baraja Trump van más allá del G-7 y de la OTAN. Arremeten contra la cultura woke, imponen criterios unilaterales, entierran la llamada Pax Americana y el soft-power diplomático y afectan a gran parte del sistema de reglas que surgió de Bretton Woods, en 1944. Así lo afirma Allison Carnegie, profesor de la Universidad de Columbia en Foreign Affairs, donde recuerda que Trump ya condenó en su primer mandato las instituciones multilaterales y arremetió contra lo que describió como “una élite irresponsable y globalista” para justificar la retirada de EE.UU. de los Acuerdos climáticos de París.

El presidente americano es “fiel a una ética populista a la que le irrita el multilateralismo”, lo que le lleva a impulsar “políticas aislacionistas y cuestionar la cooperación internacional”.

Entre 2016 y 2020 sacó a la Casa Blanca de la Unesco y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por considerarlos anatemas de su America, first. Ahora, su retorno reconoce que “podría retirarse de la OMS y la OMC”, con las que ha sido “especialmente crítico”. Cree que no necesita a ninguna de ellas con un negacionista de las vacunas como Robert Kennedy Jr. y con un árbitro de la libertad de mercado que le afee su Día de la Liberación Arancelaria, aducen.

Todo ello podría tener repercusiones peligrosas, porque su operativa “depende de la confianza mutua” y si EE.UU. se desmarca de sus reglas, otros países le seguirán y “se erosionarán todos los cimientos de la cooperación mundial”.

Tampoco le gusta el FMI ni el Banco Mundial, las instituciones hermanas surgidas de Bretton Woods. Ni siquiera la OCDE, depositaria de la confianza del G-20 en la supervisión del gravamen mínimo y universal del 15% sobre los beneficios empresariales. “Podría debilitarlas creando otro entramado que compita contra ellas” que brindarían a Washington una “apariencia de respaldo multilateral”. O influir sobre algunas existentes para que se alineen a su causa. Como lo hizo Narendra Modi con el Nuevo Banco de Desarrollo que ayudó a fundar, o Xi Jinping con el brazo inversor del Banco Asiático para promover redes de infraestructuras en la Nueva Ruta de la Seda y afianzar sus intereses comerciales.

En su opinión, estas instituciones “deben ser proactivas”, aceptar el hacha de guerra trumpista e impedir su deterioro, que dejaría al orden global “en extrema vulnerabilidad”.

Riesgo de demolición multilateral

También Andreas Dombret enfatiza que el mandatario republicano “es una amenaza real para el sistema financiero internacional” en Atlantik Bruecke, think-tank alemán que dice inculcar una cultura atlantista germano-estadounidense. Este ex consejero del Bundesbank y del Consejo de Supervisión del BCE, señala al FMI y el Banco Mundial como sus próximos objetivos. “Hay un temor tácito a que tratará de controlar a sus cargos ejecutivos”. Entre otras razones, porque las considera herederas de John Maynard Keynes, uno de sus inspiradores, del Plan Marshall y de la Pax Americana.

“Lo mismo que desea para el G-20”, el mayor ejemplo reciente de gobernanza global. A través de la presión desregulatoria que ejerce con Europa y que ya se tradujo en descoordinación en entidades como el Comité de Basilea del Banco Internacional de Pagos (BIS, según sus siglas en inglés) sobre los estrés-test bancarios entre EE.UU., Japón, Reino Unido y la UE. “No debemos olvidar” -expresa- que el Project 2025 que la Heritage Foundation diseñó para Trump dice que el FMI, el Banco Mundial y el G-20, que emergió del colapso crediticio de 2008 como el foro destinado a unificar criterios entre el G-7 y los grandes mercados emergentes, están regidas por elites globales que “adoptan teorías y políticas económicas contrarias a los principios rectores americanos” y recomienda a Washington que suspenda su financiación.

Bajo esta táctica de demolición, Dombret considera que Rusia estaría encantada, China sería la mayor beneficiaria de una influencia internacional que ya practica con éxito y solo Europa estaría en condiciones de configurar “muros de contención” contra EE.UU. como lo está haciendo ahora en el terreno de la seguridad. Empezando por una OMC con o sin el mayor mercado global aduce Robert Staiger, economista estadounidense y profesor del Dartmouth College.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien este año ostenta la presidencia del G7, invitó a los dirigentes de varios países no miembros: India, Brasil, Sudáfrica, México, Ucrania, Australia y Corea del Sur, y al secretario general de la OTAN. Lo que ampliará las reuniones bilaterales y la agenda. Será importante observar si los líderes consiguen hacer una declaración coordinada sobre la guerra en Medio Oriente o en Ucrania.

Irán confirma 224 muertes y más de un millar de heridos por ataques israelíes

El portavoz del Ministerio de Salud de Irán, Hossein Kermanpour, confirmó este domingo que el balance de víctimas mortales por los ataques israelíes que se suceden desde el viernes alcanza las 224 personas, además de registrar más de un millar de heridos.

Kermanpour publicó las cifras en un mensaje de X, donde también informó que un total de 1.481 personas fueron hospitalizadas a raíz de los bombardeos, entre las cuales se cuentan las personas fallecidas.

Eso significa que al menos 1.257 personas resultaron heridas y han tenido que recibir tratamiento médico en centros hospitalarios.

“Larga vida a los trabajadores de la salud del país que cumplen su servicio sin descanso”, agregó.

Los ataques de Israel sobre Irán prosiguieron este domingo y alcanzaron la sede del Ministerio de Exteriores, del Comando de la Policía capitalina y varias zonas residenciales en Teherán, la capital.

Además, cinco coches bomba explotaron este domingo en Teherán, informó la agencia estatal IRNA.

La ofensiva israelí sobre Irán empezó el viernes pasado en la madrugada y desde entonces destruyó importantes infraestructuras militares, energéticas y nucleares del país persa, además de haber matado a integrantes de la cúpula militar iraní y científicos que lideraban los proyectos de enriquecimiento de uranio de Teherán.

Irán, por su parte, lanzó ya ocho oleadas de ataques sobre Israel y ha provocado la muerte de 13 personas.

con información de EFE