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Renuncia un diputado radical y la oposición pierde un voto contra el veto de Milei a la mejora jubilatoria

El diputado nacional Pedro Galimberti renunció a su banca por Entre Ríos para asumir un puesto en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, un organismo binacional creado por la Argentina y Uruguay que administra la represa del río Uruguay. Desempeñará sus funciones en su provincia y cobrará un sueldo en dólares. Le dejará su banca a Nancy Ballejos, quien en 2021 fue en la misma lista como candidata del PRO. Por eso, el bloque UCR se reducirá de 34 a 33 integrantes y, en cambio, el del PRO crecerá de 37 a 38 integrantes. Pero ese crecimiento, además, es una potencial victoria para la Casa Rosada, porque Galimberti iba a votar en contra del veto de Javier Milei a la reforma jubilatoria.

Según pudo saber elDiarioAR, a Galimberti le ofrecieron este cargo público en Salto Grande ya hace dos meses. El diputado fue elegido en 2021, es decir que le quedaba un año de mandato, mientras que en este puesto tendrá tres años por delante. Además, al volver a su provincia puede dedicarse a realizar política territorial: fue intendente de Chajarí entre 2015 y 2019, año en que fue reelecto pero ejerció como jefe comunal hasta 2021, cuando renunció para asumir como diputado nacional. Quienes lo conocen aseguran que trabaja para volver a comandar el Ejecutivo municipal.

Galimberti es productor agropecuario e integra, dentro del radicalismo, la línea que responde a Facundo Manes, es decir la línea intransigente con el gobierno de Milei. Este sector no estaba integrado al gobierno entrerriano, que encabeza Rogelio Frigerio, del PRO y muy buena relación con Mauricio Macri, de quien fue su ministro del Interior. Galimerti, de hecho, compitió contra Frigerio en las PASO de 2023. El exministro de Cambiemos le ganó esa interna por paliza: 82% a 18%.

Ahora se han integrado en distintos estamentos del Estado provincial, y a él le ofrecieron el mejor cargo de todos, que es esta comisión binacional y que en algún momento se especuló con que sería para el senador entrerriano Edgardo Kueider, un peronista que colabora con La Libertad Avanza en la Cámara alta.

La ley de Paridad de Género obliga a que los reemplazos sean por género: si renuncia una diputada, debe ser reemplazada por la mujer que le siga en la lista de candidatos; lo mismo, con los varones. Pero en el caso de Galimberti su reemplazante terminaría siendo una mujer, Nancy Ballejos, porque el varón que le sigue es un diputado en funciones, Atilio Benedetti, y el siguiente varón en la nómina es el intendente de Gualeguaychú, Mauricio “Palito” Davico, que quiere permanecer en su cargo.

A Ballejos se le atribuye una simpatía rebosante por el gobierno de Milei; por lo tanto, se descuenta que si llegara a asumir en su banca en la sesión de este miércoles, convocada para tratar el veto presidencial a la mejora jubilatoria que sancionó el Congreso a instancias de la oposición, la flamante diputada entrerriana estaría para contribuir con la misión del oficialismo: impedir que la oposición junte los dos tercios para cumplir su objetivo. Galimberti, en cambio, habría votado en contra del veto.

Ballejos, una abogada de 35 años oriunda de Chajarí, localidad ubicada en el noreste entrerriano, afirmó: “Voy a formar parte de la bancada del PRO. Soy afiliada e integré la lista en representación del PRO”. Las declaraciones las recogió Cadena Entrerriana.

La llegada de Galimberti al puesto en la comisión de Salto Grande se produjo recién este lunes, pese a que el cargo le había sido ofrecido hace dos meses, porque dependía de la Cancillería. “A lo mejor se dieron cuenta de que lo necesitaban a fuera de la cancha [en la próxima sesión] y firmaron la designación el viernes”, dijeron a elDiarioAR en la Cámara de Diputados.

JJD

Después del sincericidio de un senador de Milei, Villarruel ahora activa un sistema de control biométrico en el Senado

A partir de este jueves el Senado empezará a utilizar un sistema de control biométrico de ingreso y egreso para todos sus empleados, con el objetivo aparente de detectar “ñoquis” y garantizar el cumplimiento de la jornada laboral. El decreto, firmado por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, se publicó cuatro días después del sincericidio de quien le sigue en la línea de sucesión presidencial, el senador libertario Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado: en televisión admitió que contrató a al menos 15 asesores, cuyos sueldos los paga el Estado, para que lo ayuden en su campaña electoral a gobernador de San Luis, donde viven algunos de ellos y, por ende, no deben presentarse a trabajar en el edificio del Congreso, en la ciudad de Buenos Aires.

De hecho, el nuevo sistema de control que pondrá en marcha Villarruel podría tener un impacto limitado, ya que contempla una serie de excepciones. De acuerdo con el artículo 3° de la resolución, quedan eximidos de esta obligación, justamente, “los agentes de planta temporaria que cumplan funciones a las órdenes de un legislador nacional”.

El decreto de Villarruel establece que “el cumplimiento de la jornada laboral se acreditará y fiscalizará a través del Sistema de Control de Presentismo por Datos Biométricos”. Pero, más allá del texto oficial, también surgen dudas sobre la verdadera necesidad y efectividad de esta medida en tiempos donde el trabajo remoto demostró ser una modalidad válida y productiva. La pregunta es si será este decreto una medida realmente útil para combatir la ineficiencia laboral o solo se busca proyectar una imagen de mayor control y transparencia sin abordar el problema de fondo.

Además de los agentes de planta temporaria que cumplan funciones a las órdenes de un senador, en su despacho, en un bloque político, en funciones de asesoramiento en una comisión permanente o especial, unicameral o bicameral, o bajo la modalidad prevista en el DP-242/86 (asesores que presten servicios en alguna provincia, como los que trabajan para Abdala en San Luis), también están exceptuados del control biométrico:

• Los agentes que por razones debidamente fundadas sean autorizados por la Secretaría Administrativa a solicitud de los responsables primarios.

• Los agentes que se encuentren adscriptos, en comisión de servicios y en uso de licencias.

• El personal de la Dirección de Relaciones Oficiales afectado a servicios especiales. Dicha Dirección deberá suministrar a la Dirección General de Recursos Humanos, y mantener actualizada, la nómina de personal afectado a la atención de los Senadores Nacionales y Autoridades de la Cámara en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, a efectos de ser exceptuados del control de presentismo por el Sistema de Control de Presentismo por Datos Biométricos.

• Choferes dependientes de la Dirección de Automotores. Dicha Dirección deberá suministrar a la Dirección General de Recursos Humanos, y mantener actualizada, la nómina de personal que presta servicios como chofer, a efectos de ser exceptuados del control de presentismo por el Sistema de Control de Presentismo por Datos Biométricos.

• Taquígrafos dependientes de la Dirección General de Taquígrafos. Dicha Dirección deberá suministrar a la Dirección General de Recursos Humanos, y mantener actualizada, la nómina de personal que presta servicios como taquígrafo, a efectos de ser exceptuados del control de presentismo por el Sistema de Control de Presentismo por Datos Biométricos.

Como no todo lo que brilla es oro, el decreto de Villarruel, además, indica que se modifica el registro del presentismo en caso de que no se disponga de dispositivos de identificación biométrica, permitiendo el uso de una planilla manual y limitando a la Dirección de Administración de Personal a informar los problemas de funcionamiento de los dispositivos biométricos.

JJD

Tomar Uber, comer chocolate y salidas en pareja, lo que más se ajusta en la era Milei

La mitad de los argentinos nota que su capacidad de consumo está “peor” o “mucho peor” en 2024 respecto del año pasado, según una encuesta a 1.300 personas de 16 a 75 años que elaboró en julio y agosto la consultora Moiguer. Lo que más se ajustó o directamente se eliminó en la vida cotidiana fueron las siguientes actividades:

Algunas conclusiones del estudio:

En este contexto de una recesión cada vez más profunda, Fernando Moiguer, CEO de su consultora, observa que aparecen las empresas que ofrecen “pactos de precios”.

“Las propuestas de pactos de precios comenzaron a proliferar en los últimos meses, impulsadas por marcas y cadenas de supermercados como reacción frente a la baja del consumo. Si bien las marcas cuentan con un amplio conocimiento, su credibilidad y mensaje son en primer lugar, puestas en duda por el consumidor”, afirmó Moiguer.

En julio, de acuerdo con un trabajo específico para estudiar cómo se reciben los congelamientos de precio y otras tácticas que las compañías van tomando, el 68% de los consumidores sostuvo que estas acciones de las marcas son poco o nada creíbles, sostuvo el directivo.

Subrayó que “las palabras oportunismo y engaño son las más elegidas a la hora de representar las propuestas que las compañías ofrecen” y que “si bien se entiende la utilidad del pacto para el bolsillo, se la aprovecha si se puede o se caracteriza como útil”, ya que “lo que se percibe no es cercanía sino engaño y oportunismo”.

“En una época sin fe, en donde la sospecha antecede al impulso y el consumo se torna hiperracional, no se trata de hacerse el amigo, sino en todo caso de intentar acompañar genuinamente. Diarco, Newsan, Día, Carrefour y Nobleza Gaucha, entre otras, lo vienen pescando. Cuando Newsan toma Procter & Gamble y baja los precios de Ariel y Drive, está comprendiendo cómo las marcas de primera son de primera cuando entienden al consumidor. Si se logra ser verdaderamente una ayuda o una oportunidad, cuando la economía mejora, la identidad, el recorrido y el prestigio están listos para construir un vínculo más profundo”, aconseja Moiguer.

Pero en general pocos precios bajan. Así lo prueba el monitoreo de la consultora Equilibra sobre la primera semana de septiembre, cuando debía percibirse el impacto de la rebaja del impuesto PAÍS. Sólo se registraron menores valores en autos y celulares (-1%). En cambio, se encarecieron los insumos y servicios de construcción (0,1%), calzados (0,2%), productos de limpieza (0,4%), autopartes y restaurantes (0,6%), equipos audiovisuales (0,7%), artículos de cuidado personal (1%), electrodomésticos (1,3%), remedios (1,4%) y bebidas alcohólicas (1,6%), entre otras. La inflación semanal fue del 1,2%.

AR/JJD

Karina Milei lidera la nueva mesa con aliados para enfrentar el avance opositor en el Congreso

Karina Milei se puso al frente de la nueva mesa política que el Gobierno armó con sus aliados en el Congreso para buscar una estrategia de cortafuego ante la ofensiva opositora que promete esta misma semana, casi al hilo, rechazar el veto al aumento de jubilados en Diputados, y sancionar el financiamiento universitario y voltear el DNU que le otorgó $100.000 millones a la SIDE en el Senado. 

Sin el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que sigue internado, fue “El Jefe” quien se encargó de dirigir la cumbre de dos horas con legisladores del PRO y el espacio de Oscar Zago este mediodía en la Casa Rosada. También estuvo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán. No estuvo Santiago Caputo, quien parece ya corrido de estar detrás de la estrategia parlamentaria. Por el lado legislativo participaron principalmente el jefe de la Cámara baja, Martín Menem, y los titulares de los bloques de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni; del PRO, Cristian Ritondo, y del MID, Oscar Zago.

Fue la primera reunión de este tipo desde que Javier Milei recibió a los aliados legislativos hace dos semanas, cuando confirmó que iba a vetar la ley que aumentó en $13.000 las jubilaciones mínimas. Poco afecto a la rosca política, esta vez el mandatario se corrió de la escena y le dejó el lugar a su hermana, secretaria General de la Presidencia. La intención en el Gobierno es que los encuentros con los amarillos y Zago se repitan cada siete días. 

En los hechos significa un interbloque ad hoc en Diputados, lo que revela la enorme necesidad que tiene Milei para hacer un contrabalance parlamentario. Si no quiere que el veto a las jubilaciones avance, necesita abroquelar un tercio de las bancadas a su favor. Con una matemática más complicada en el Senado, apuesta a armar un panmileísmo en la Cámara baja que le sirva de malla de contención. Entre LLA, el PRO y el MID suman 77 bancas; si todos los diputados están presentes a la hora de la votación, el número mágico es 85.

Karina recibió un tirón de orejas en la mesa legislativa. El grupo de Ritondo y Zago le reclamaron concretamente que el Ejecutivo les notifique con anterioridad la estrategia política y le insistieron con que se moderen los cambios en la ley de acceso a la información pública, que Milei hizo más restrictiva. La hermana del Presidente recogió el guante y habría aceptado las sugerencias. 

“Queremos que no haya situaciones donde nos enteremos en el Congreso medidas del Gobierno sin que antes las podamos trabajar juntos. Porque el veto y el DNU son herramientas del Presidente que después tenemos que tratar en el Congreso”, señaló concretamente Ritondo a la salida de la cumbre, en diálogo con periodistas. “Es muy bueno estar anticipándonos para conocer cualquier tema”, planteó en el mismo sentido Zago, que hasta hace poco meses fue titular del bloque de LLA.

Sobre los cambios a la ley de acceso a la información pública, Karina aceptó abrir la discusión con otros bloques opositores, como la UCR y la Coalición Cívica de Elisa Carrió. “Hubo una intención del gobierno de ordenar los pedidos de acceso a la información. Comprenden los reclamos de que es necesario revisar esos cambios. Quedamos en volver a trabajar el tema. Puede haber un ajuste”, reconoció la amarilla Silvana Giudici, que fue vocera del tema. La intención es armar un encuentro puntual con la radical Karina Banfi y el lilito Juan Manuel López.

El voto del veto y la agenda que viene

Ritondo ratificó que el PRO votará este miércoles para ratificar el veto que Milei firmó contra la nueva fórmula jubilatoria. La espada macrista justificó que el aumento le hace “un agujero” al ordenamiento fiscal del Gobierno y le tiró la pelota al kirchnerismo por no haber ordenado las deudas de las 13 cajas provinciales.

“Hacerle pagar al Estado de una sola vez las cajas jubilatorias es producir que no sirva para nada el esfuerzo que están haciendo los argentinos y el gobierno con su plan de austeridad. El Congreso tiene que legislar en la forma de que cuando hay un gasto, generar de dónde van a salir los recursos”, cuestionó Ritondo. El posicionamiento del oficialismo es que la norma sancionada por ambas cámaras –en el Senado incluso con votos del PRO– tendría un costo fiscal para el año que viene que aumentaría el déficit en 1,8%. 

En la calle habrá presión por una marcha convocada por el sector de la CGT comandado por Pablo Moyano, más las dos CTA y los movimientos sociales y piqueteros peronistas y de izquierda. “Esperemos que la movilización sea en paz, el derecho de protesta es de todos los argentinos, pero también el derecho a vivir en paz es de todos. Que detrás de un reclamo justo no haya una movilización injusta”, consideró Ritondo.

El poroteo sobre la votación contra el voto es una incertidumbre a 48 horas de la sesión. Con pocas fichas oficialistas, el Gobierno necesita que se sienten en sus bancas algunos diputados provinciales que en la anterior votación se abstuvieron o se ausentaron. Si el tablero se repite como en junio –160 apoyos y 72 rechazos, con 8 abstenciones y 16 ausencias– la oposición conseguiría rechazar el veto, aunque faltaría después la votación en el Senado. 

Un dato en la intención oficialista de quebrar voluntades provinciales es que estuvo en la reunión Catalán, el encargado de hablar con los gobernadores. Sugestivamente la reunión se realizó en el conocido Salón de las Provincias de la Rosada. Podría ser determinante también que haya un guiño para los distritos en el Presupuesto 2025, que Milei irá a presentar al recinto de Diputados el lunes que viene. 

Otra presencia llamativa en la reunión fue la de Sturzenegger, quien no había estado en otras oportunidad. El ministro tiene pendiente enviar al Congreso la famosa “ley hojarasca”, que busca hacer una “limpieza” de un sinfín de normas ya en desuso. Estaría en la agenda más próxima de la Rosada.

En la cumbre con el PRO y el MID también estuvieron el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña; el secretario de Relaciones Parlamentarias, Omar de Marchi. También, en representación del Ministerio de Justicia, se hicieron presente Flor Zicavo; y por la Secretaría de Educación, la asesora Eugenia Minolli. Entre los diputados participaron Nadia Marquez, Carlos Zapata y Santiago Santuario (de LLA), Silvia Lospennato (PRO) y Eduardo Falcone (MID). 

MC/JJD

Gremios aeronáuticos rechazan la "esencialidad" y lanzan advertencia al Gobierno

Los gremios aeronáuticos, difundieron este lunes un comunicado, en el cual califican de “ilegal y arbitraria” la decisión del Gobierno nacional de declarar “esencial” a la actividad aérea en el país.

El documento lleva la firma de los representantes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA).

“El Ministerio de Capital Humano, mediante un comunicado difundido en el día de ayer, ha informado que ”reglamentará la esencialidad del servicio aeronáutico comercial para garantizar servicios mínimos“, comienza señalando el documento. Agrega que ”dicho cometido concluiría en una decisión arbitraria e ilegal, comprometiendo la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios que participen de la misma“.

Luego da una serie de argumentos y agrega que “cualquier acto administrativo que se dicte por fuera del régimen legal establecido, además de ser nulo e ilegal, constituye un exceso de poder, un abuso de autoridad y una violación de los deberes del funcionario público que lo emita (art. 248 del Código Penal)”.

Sostiene el documento que, “en el caso particular del funcionario público involucrado, el Secretario de Trabajo, se suman algunos elementos más decisivos del riesgo en que incurriría de poner su firma en actos de la mencionada ilegalidad. No sólo que ha sido representante del sector empleador y participante asiduo, en tal carácter, en las conferencias de la OIT, de la que, como se señaló, se tomaron los principios reguladores del derecho de huelga en Argentina, sino que también lo ha sido de la Comisión de Garantías, también en representación de los empleadores, que tiene a su cargo implementar, en su caso, los servicios mínimos en servicios esenciales”.

Y finaliza advirtiendo que están “a tiempo de evitar la consumación del ilícito, reconociendo el marco legal vigente y garantizando el derecho constitucional de huelga conforme la norma que lo reglamenta”.

MM con información de la agencia NA.