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La Libertad Avanza evitó una derrota parlamentaria, pero la presión para que los hermanos Milei tomen una decisión sobre el jefe de Gabinete continúa. Mientras Bullrich pretende una salida política, el Presidente se mostrará con él en el Día de la Bandera.
La Casa Rosada ganó aire, pero no encuentra una salida. Después de varias horas de negociaciones encabezadas por Patricia Bullrich con el PRO, la UCR y los bloques provinciales, el oficialismo logró este miércoles postergar hasta el 25 de junio la sesión en el Senado que amenazaba con convertirse en la primera gran derrota parlamentaria del caso Manuel Adorni. La jugada le permitió al Gobierno desactivar, al menos por unos días, el riesgo de una interpelación y una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete. El problema es que la presión política alrededor del funcionario no sólo continúa intacta, sino que empieza a adquirir una dimensión que nadie en Balcarce 50 sabe muy bien cómo administrar.
En privado, el diagnóstico se volvió bastante más uniforme que semanas atrás. Nadie habla de una salida inminente, pero el consenso dentro del universo libertario es cada vez más amplio: el caso Adorni ya se extendió demasiado. Después de tres meses de explicaciones incoherentes, declaraciones juradas dilatadas y nuevas revelaciones patrimoniales, el oficialismo no logra encontrar un salvoconducto que le permita dar por terminada la discusión.
Por eso, la postergación conseguida en el Senado es leída como una victoria exclusivamente táctica. La Casa Rosada compró tiempo, pero no resolvió el problema. Y el interrogante que sobrevuela los despachos oficiales es el mismo desde hace varios días: ¿qué hacer si el desgaste sigue creciendo y ninguna de las estrategias defensivas logra modificar el escenario?
Las alternativas son pocas y todas resultan incómodas. La primera es que el propio Adorni dé un paso al costado. La segunda es que la oposición consiga avanzar con una moción de censura. Ninguna de las dos parece sencilla. La eventual renuncia supone una conversación extremadamente delicada que sólo una persona podría encarar: Karina Milei. Y antes de llegar a ese punto, la secretaria general de la Presidencia debería resolver un problema adicional que todavía no tiene respuesta: quién ocuparía su lugar.
La discusión sobre quién podría reemplazar a Adorni tiene un problema evidente: no hay un sucesor natural. Cada nombre que aparece trae consigo una dificultad distinta. Sandra Pettovello se resiste a abandonar un ministerio en el que construyó una dinámica propia y Pablo Quirno todavía no consigue atravesar todas las fronteras internas del oficialismo. Hasta resurgió una vieja idea que en su momento circuló en la intimidad del poder: que Karina Milei se hiciera cargo de la Jefatura de Gabinete, algo que, en realidad, nunca habría estado en sus planes.
Mientras tanto, Adorni transita un repliegue cada vez más visible. Llega temprano a la Casa Rosada, disminuyó notablemente su exposición pública y redujo su participación en las conversaciones políticas más sensibles. “Está concentrado en la gestión”, repiten cerca suyo. Pero incluso entre funcionarios aliados reconocen que su presencia en el día a día se volvió mucho menos frecuente.
Aun así, Milei está decidido a enviar una nueva señal de respaldo. El próximo sábado, en Rosario, volverá a mostrarse junto a Adorni durante el acto oficial por el Día de la Bandera, en una postal que, según prevén en la Casa Rosada, reunirá a prácticamente todo el gabinete nacional. La escena remite inevitablemente al 29 de abril, cuando el Presidente asistió junto a la plana mayor del Gobierno al Congreso para escuchar el informe de gestión del propio jefe de Gabinete, en un gesto que buscó transmitir unidad y blindarlo frente a las primeras críticas públicas. Dos meses después, la lógica es la misma, aunque el contexto es muy distinto. Ya no se trata de anticiparse a una controversia naciente, sino de exhibir respaldo en medio de una crisis política que no encuentra una vía de salida.
La foto tendrá, además, una tensión adicional. Patricia Bullrich, que participará del acto oficial, es hoy la dirigente que más presión interna ejerce para que Javier y Karina Milei tomen la decisión de desplazar a Adorni. Fue ella quien primero apuró la presentación de la declaración jurada, quien habló de una “omisión ética” y quien insiste, en privado, en que el desgaste del caso ya empezó a afectar al conjunto del Gobierno.
Victoria Villarruel, por su parte, también estará en el acto del Día de la Bandera, aunque por fuera de la comitiva presidencial. La vicepresidenta anunció su participación a través de las redes sociales con un mensaje cargado de simbolismo personal: “El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna”. La escena promete condensar buena parte de las tensiones que atraviesan hoy al oficialismo. Mientras Milei redobla el blindaje sobre su jefe de Gabinete, Bullrich empuja una salida política y Villarruel continúa construyendo un perfil institucional propio, cada vez más autónomo respecto del núcleo duro libertario.
Cerca de Adorni rechazan de manera terminante que Karina Milei le esté buscando una salida elegante o evaluando una embajada en el exterior como destino alternativo. Pero tampoco ocultan el cansancio que produce una discusión que parece no tener final. Parte de la agenda del jefe de Gabinete sigue absorbida por las conversaciones con su abogado, el penalista Matías Ledesma, con quien preparó la presentación patrimonial que terminó desembocando en la polémica entrevista televisiva en LN+.
Hay una consecuencia adicional que ya nadie discute dentro del oficialismo. El proyecto político que alguna vez imaginó a Adorni como una de las figuras con mayor proyección dentro de La Libertad Avanza quedó suspendido permanentemente. El propio jefe de Gabinete intentó clausurar ese debate al negar que alguna vez hubiera querido ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires. Pero lo cierto es que esa discusión ya perdió relevancia. Nadie piensa hoy en futuras candidaturas.
La pregunta es otra. Y probablemente sea la misma que explica el estado de ánimo que atraviesa a buena parte del Gobierno: ¿cómo se sale de un caso que ya consumió tres meses de agenda pública y que sigue regresando una y otra vez al centro de la escena? La sensación que empieza a extenderse en Balcarce 50 es tan incómoda como evidente. El oficialismo logró ganar una semana más. Lo que todavía no consiguió es encontrar una manera de dejar atrás el problema Adorni. Ni siquiera la foto que Milei planea construir el sábado en Rosario parece suficiente para garantizarlo.
PL / NB

Es por la causa en la que Francisco Adorni es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia investiga si el legislador libertario bonaerense, al igual que lo que ocurre con el jefe de Gabinete, omitió información en su declaración jurada de bienes.
El fiscal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria para Francisco Adorni, el hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Es por la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia busca determinar si el legislador libertario bonaerense, al igual que lo que ocurre con el jefe de Gabinete, omitió información en su declaración jurada de bienes.
En su solicitud, Marijuan sostiene que el funcionario “omitió y falseó datos relevantes en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al período en que se desempeñó en el Ministerio de Defensa, ocultando sumas de dinero y cuentas bancarias y falseando montos sobre los que debía declarar con veracidad”.
En mayo, Francisco Adorni rectificó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción e incorporó, en la misma, una herencia de $21 millones, a pesar de que, en un principio, no se especificó públicamente el origen del dinero en la documentación.
Esta presentación se realizó luego de ser imputado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, situación que se suma a la investigación que está atravesando Manuel Adorni por el mismo motivo.
En su nueva presentación, el legislador provincial corrigió datos de un crédito hipotecario con el Banco Provincia y declaró que el pasivo comenzó el año en $45 millones y cerró en $57 millones, debido a la actualización por inflación de los créditos UVA, hecho que contradijo la versión anterior que indicaba una cancelación de deuda por más de $70 millones.
Asimismo, registró la venta de un vehículo Chery Tiggo y la adquisición del 50% de una camioneta Jeep Renegade por un valor de $10.750.000.
La modificación de su declaración patrimonial se produjo paralelamente a los avances de una causa penal impulsada luego de una denuncia realizada por la diputada nacional del bloque Coherencia y ex libertaria, Marcela Pagano.
El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a Francisco Adorni y ahora pidió su indagatoria, días después de que el juez Sebastián Casanello ordenara el levantamiento del secreto fiscal y bancario del exfuncionario del ministerio de Defensa, mientras la Justicia investiga la consistencia de su evolución patrimonial entre 2024 y 2025, en relación con sus ingresos en la función pública.
Con información de agencias.

La senadora libertaria acordó con el PRO, la UCR y los provinciales postergar la sesión para tratar el pedido de interpelación del jefe de Gabinete para el 25 de junio. El Gobierno gana tiempo, pero los aliados advierten que la remoción de censura es solo cuestion de tiempo.
La Casa Rosada activó un operativo de contención para evitar que el Congreso le marque un límite a Adorni
“Humo blanco, humo blanco”, anunció, irónico, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, apenas salió del despacho del bloque radical donde Patricia Bullrich llevaba reunida casi dos horas negociando con los aliados para suspender la sesión del jueves, en la que se iba a tratar la moción de censura contra Manuel Adorni. El PRO y la UCR querían dar el tema por terminado: Adorni se tenía que ir y no tenía sentido dilatar el tema. Pero la senadora libertaria logró convencerlos de darle una semana de sobrevida.
El acuerdo fue patear la sesión para el 25 de junio y debatir ahí todos los proyectos en carpeta. El desafío no era solo dilatar el tratamiento de la moción de censura contra el jefe de Gabinete, que Bullrich sospecha que tiene ya los votos garantizados, sino también ganar tiempo para tratar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Una iniciativa impulsada por Federico Sturzennegger cuyo capítulo más polémico, la modificación de la Ley de Tierras, no tiene los votos garantizados para ser aprobado en el recinto.
El acuerdo sellado en la reunión de labor parlamentaria con los jefes de bloque opositores, que se llevó a cabo en el despacho de Victoria Villarruel, fue sesionar el 25 y, si el proyecto conseguía los 37 votos necesarios, el 2 de julio se avanzaría con la interpelación y, luego, la moción de censura. Es decir, la propuesta de expulsión de Adorni. “Como coincide con el hecho de que el jefe de Gabinete viene el 2 a dar el informe de gestión se planteó hacerlo el mismo día”, explicó Bullrich, a la salida del encuentro.
La senadora libertaria selló, a su vez, una discusión técnica que el oficialismo venía planteando desde los pasillos de la Cámara de Diputados. Martín Menem está exigiendo a la oposición que, en la Cámara baja, primero avancen con un dictamen antes de avanzar con el pedido de remoción. Bullrich, en cambio, acordó con la versión del jefe del interbloque peronista, José Mayans, de que con una mayoría absoluta de 37 votos se puede aprobar la moción de censura. “Es un artículo operativo”, precisó, aludiendo al artículo 101 de la Constitución Nacional.
Fue por este motivo que, pese a los deseos del peronismo de sesionar el jueves, Bullrich no tuvo mucha resistencia para dilatar una semana la sesión: tanto el oficialismo como la oposición saben que Adorni tiene los días contados. Al menos en el poroteo del Senado, en donde el peronismo calcula que cuenta con unos 42 votos para aprobar la remoción de Adorni. La Cámara de Diputados, que deberá tratar luego el pedido de remoción, es otta historia.
“Tiene el boleto picado”, aseguró el jefe de bloque PRO, Martín Goerling, antes de abandonar el Senado.
Bullrich llegó al despacho de Villarruel, pasadas las 6 de la tarde, con el tema casi cocinado. Hace 48 horas que venía negociando con los aliados del “Grupo de los 44” –la mayoría de paraoficialistas que la ex ministra construyó en el verano, compuesta por macristas, radicales y fuerzas provinciales, para aprobar las leyes del Ejecutivo– con el objetivo de suspender la sesión convocada para el jueves, en la cual el peronismo quería avanzar con la moción de censura contra el jefe de Gabinete.
La previa no había sido fácil. Temprano a la mañana, Martín Goerling y el vocero de Mauricio Macri en Diputados, Fernando de Andreis, habían salido, en simultáneo, a pedir la cabeza de Adorni. “Si llega a esa instancia (la sesión) el PRO va a acompañar el pedido de remoción. Si el presidente quiere evitar eso lo tiene que correr”, amenazó Goerling en el streaming de Infobae, en línea con lo que ya le había advertido a Bullrich y a los voceros del Gobierno más temprano.
El radicalismo había hecho lo mismo. Puertas adentro, el jefe de bloque, Eduardo Vischi, había transmitido que esta vez se acompañaría la moción de censura impulsada por el peronismo. “Hay unanimidad de que no debe seguir en el Gobierno”, aseguró el senador Maximiliano Abad, horas antes de que se llevara a cabo la reunión de labor parlamentaria que definiría el futuro de Adorni.
La rebelión de los dos principales aliados del Gobierno, el PRO y la UCR, iba en la misma línea que la de Bullrich, que fue la primera en salir a diferenciarse: contener el voto propio “republicano”. Es decir, aprovechar el escándalo de Adorni para diferenciarse del Gobierno y reperfilarse como una fuerza autónoma a LLA. La senadora libertaria, sin embargo, no tiene espacio para votar en contra del jefe de Gabinete como sus ex compañeros del PRO: si quiere ser candidata de LLA en 2027, Bullrich no puede arriesgarse a enemistarse abiertamente con los Milei, como Villarruel. Prefiere serles útil y diferenciarse en ocasiones especiales.
Por este motivo es que, pese a la animadversión que siente por el jefe de Gabinete, se encargó de negociar con los aliados para suspender la sesión del jueves. Bullrich sabía que, si el jefe del interbloque peronista, José Mayans, conseguía abrir el recinto, la moción de censura sería un trámite. Este mecanismo, que fue incluido en la reforma constitucional del 93’, nunca se había aplicado en la historia, pero Adorni llevaba todas las de perder.
Bullrich se reunió con los jefes de bloque aliados antes de la reunión de labor parlamentaria. Durante más de dos horas, la senadora negoció con Goerling, Eduardo Vischi (UCR), “Camau” Espínola (Corrientes), Fernanda Ávila (Salta), Natalia Gadano (Santa Cruz) y Carolina Moises (Jujuy) para llegar a un acuerdo. para el 2 de julio, pero sí una semana. Era suficiente.
“El Gobierno tiene una semana para resolver esta situación”, advirtieron en las filas bullrichistas.
MCM/MG

La empresa que controla el Grupo Clarín deberá desprenderse de 6 millones de clientes móviles junto con la infraestructura asociada. Además, tendrá que garantizar durante dos años el acceso de un nuevo operador a su infraestructura, espectro, sistemas y condiciones de interconexión, con el fin de asegurar la continuidad y calidad de los servicios mientras el nuevo competidor desarrolla su propia red.
El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), órgano decisor de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), resolvió imponer una serie de condiciones a la adquisición de Telefónica Móviles Argentina por parte de Telecom, controlada mayoritariamente por el Grupo Clarín, y advirtió que la operación solo podrá concretarse si la empresa cumple con los requisitos establecidos.
La decisión fue adoptada sobre la base de un informe técnico elaborado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y tiene como objetivo evitar la formación de una posición dominante en el mercado de las telecomunicaciones que afecte a los usuarios y a la competencia.
Según informó la ANC en un comunicado, las medidas incluyen condicionamientos estructurales y conductuales destinados a prevenir una concentración excesiva y garantizar la competencia efectiva en beneficio de los consumidores.
Entre las principales exigencias, Telecom deberá desprenderse de 6 millones de clientes móviles junto con la infraestructura asociada. Los usuarios deberán ser transferidos a un nuevo competidor del sector en distintas regiones del país, incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Región Norte y la Región Sur.
Además, la compañía tendrá que garantizar durante dos años el acceso de un nuevo operador a su infraestructura, espectro, sistemas y condiciones de interconexión, con el fin de asegurar la continuidad y calidad de los servicios mientras el nuevo competidor desarrolla su propia red.
La resolución también obliga a la devolución de un total de 130 MHz de espectro radioeléctrico. La medida contempla una restitución inmediata de 60 MHz a nivel nacional, devoluciones adicionales en zonas de alta concentración y la asignación del remanente al mercado secundario para que pueda ser utilizado por otras empresas.
En el segmento de internet fija, Telecom deberá ceder clientes a otros operadores en aquellas localidades donde la participación de mercado de la empresa resultante de la adquisición supere el 50%.
De acuerdo con la evaluación oficial, sin estos condicionamientos la operación podía concentrar cerca del 70% de los servicios de telecomunicaciones en un único grupo económico. Con la aplicación de las medidas, esa participación se reduciría a aproximadamente el 50%.
La ANC sostuvo que la adquisición solo será viable si se implementan todas las condiciones impuestas, con el propósito de evitar posiciones dominantes y preservar las alternativas disponibles para consumidores, empresas y potenciales competidores.
El organismo señaló que el objetivo es consolidar un mercado de telecomunicaciones abierto, dinámico y competitivo, resguardando la libre competencia y el desarrollo del sector.
• Desprendimiento de casi el 50% de su cartera: Telecom deberá ceder 6 millones de clientes móviles, junto con la infraestructura asociada, distribuidos estratégicamente entre el AMBA, la Región Norte y la Región Sur, a un nuevo competidor del sector de las telecomunicaciones.
• Acceso a infraestructura: la empresa deberá garantizar a un nuevo operador acceso a su infraestructura, espectro, sistemas y condiciones de interconexión por el término de 2 años, asegurando la continuidad y calidad del servicio mientras el competidor desarrolla su propia red.
• Devolución del espectro radioeléctrico: restitución de un total de 130 MHz, que incluye una devolución inmediata de 60 MHz a nivel nacional, devoluciones adicionales en zonas de alta concentración y la asignación del remanente al mercado secundario para su puesta a disposición de otras empresas.
• Reestructuración en internet fija: obligación de ceder clientes a otros competidores en aquellas localidades donde la participación minorista de la resultante de la adquisición supere el 50%.
• Estos condicionamientos permitirán que, una adquisición que podría haber dejado aproximadamente el 70% de los servicios de las telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico, solo constituirá aproximadamente el 50% de los servicios.
• La operación solo será viable si se implementan estas medidas que evitan la consolidación de posiciones dominantes y garantizan que no se reduzcan las opciones disponibles para consumidores, empresas y potenciales competidores. El objetivo final es consolidar un mercado de telecomunicaciones abierto, dinámico y competitivo, libre de posiciones dominantes que puedan perjudicar a los usuarios y al desarrollo del país.
Con información de agencias.

Es en el marco de la causa penal que lo investiga por presunto lavado de dinero y por la cual el año pasado, el político cercano a Milei debió bajarse de su candidatura a renovar su banca. El dictamen judicial abarca también a un contador público y a la financiera Varianza S.A., vinculada a Espert y al empresario aeronáutico Federico 'Fred' Machado.
La Fiscalía de San Isidro solicitó formalmente la declaración indagatoria del ex diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, en el marco de la causa penal que lo investiga por presunto lavado de dinero y por la cual el año pasado debió bajarse de su candidatura a renovar su banca.
El dictamen judicial abarca también a un contador público y a la financiera Varianza S.A., vinculada a Espert y al empresario aeronáutico Federico 'Fred' Machado.
El foco principal de dicha investigación se centra en un ingreso de, al menos, US$200.000 emitidos desde una cuenta en Estados Unidos vinculada a Machado, hacia el dirigente libertario, mientras que, simultáneamente, se rastrea el financiamiento de la campaña presidencial de Espert en 2019.
Por su parte, Machado quien se encuentra recluido en Norteamérica, luego de haberse declarado culpable ante la Justicia de Texas por los delitos de fraude y lavado de activos, es investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Hasta el momento, Espert justificó públicamente que esos dólares provenían de un contrato de consultoría por una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía rechazó sus argumentos, tras constatar que el ex legislador nunca viajó a dicho país y que las minas citadas en el supuesto asesoramiento no avalan la operación.
Finalmente, se difundió que junto al pedido de indagatoria enviado al juzgado, la Justicia dispuso la continuidad del bloqueo y congelamiento de los bienes del ex funcionario oficialista.
Un juez de Estados Unidos aceptó a fines de mayo la culpabilidad de Federico “Fred” Machado en los delitos de lavado de dinero y fraude electrónico y la sombra alcanza a José Luis Espert, quien recibió del empresario financimiento para su campaña presidencial 2019 (un avión, una camioneta blindada y un contrato millonario), apenas años antes de saltar a lado de Javier Milei en La Libertad Avanza.
La decisión judicial es un eslabón más de un caso que estalló en julio de 2025 con las revelaciones de elDiarioAR, derivó en la renuncia de Espert a su candidatura a diputado nacional y abrió en los tribunales federal de San Isidro una causa por presunto lavado de activos que sigue en trámite.
Espert y Machado se conocieron en marzo de 2019, en el Golf Club de San Isidro, presentados por el empresario aeronáutico Sergio Mastropietro y por Pablo Deluca, ejecutivo de Infobae. Días después se reunieron a bordo del avión Bombardier Challenger N28FM, estacionado en el aeropuerto de San Fernando.
Allí acudieron Nazareno Etchepare y Gonzalo Díaz Córdoba, armadores del Frente Despertar. La charla duró menos de una hora. Machado prometió un avión King Air con piloto, una Jeep Cherokee blindada y fondos en dólares. Espert pidió US$5 millones; el piso comprometido fue de US$ 2,5 millones.
Entre el 21 y el 24 de marzo de aquel año, Espert viajó a Miami invitado por Machado. El empresario le organizó reuniones con argentinos de Florida para sumar aportes. El 18 de abril presentó su libro La Sociedad Cómplice en el Hotel Austral de Viedma. Cerró el acto con un agradecimiento “a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido”.
El 17 de junio de 2019, dos semanas antes del lanzamiento formal de su candidatura presidencial, Espert firmó con Machado un contrato por US$1.000.000 para asesorar a Minas del Pueblo, una empresa minera del empresario radicada en Guatemala. El acuerdo preveía pagos mensuales durante un año. Solo se supo que se concretó uno.
El 22 de enero de 2020, el fideicomiso Aircraft Guarantee Corp, vinculado a Machado y a su socia estadounidense Debra Mercer-Erwin, transfirió US$200.000 a una cuenta de Espert en el banco Morgan Stanley.
La operación quedó registrada en una contabilidad clandestina que se incorporó después al expediente de Texas. Dos meses más tarde, Espert compró un BMW 240i por más de US$90.000. En noviembre adquirió una casa en Beccar. Consignó ambas operaciones como fondos propios en su declaración jurada.
El 15 de abril de 2021, la policía detuvo a Machado en el aeropuerto de Neuquén a pedido de un tribunal del distrito Este de Texas. Lo acusaron de narcotráfico, lavado de dinero y fraude por unos US$350 millones.
Cumplió prisión domiciliaria durante cuatro años en una casa a veinte kilómetros de Viedma. En noviembre de 2023, Mercer-Erwin recibió en Texas una condena de 16 años. Espert minimizó el vínculo. Dijo que solo había compartido un vuelo a Viedma y denunció una “operación” en su contra.
Pasaron los años y el 27 de julio de 2025, Sebastián Lacunza publicó en elDiarioAR la reconstrucción de la cita en San Fernando. Comenzó a conocerse el préstamo del avión y los WhatsApps entre armadores de la campaña.
El 28 de septiembre, un hallazgo del equipo de Juan Grabois sumó al expediente la transferencia de US$200.000. La exjefa de prensa de Espert, Clara Montero Barré, lo contradijo en público: “Era mucho más que un aportante. Opinaba, participaba”. Un documento del Bank of America ratificó la operación.
El 5 de octubre, Espert renunció a la candidatura. Dos días después, la Corte Suprema habilitó la extradición de Machado. En un allanamiento a la casa del empresario en Viedma, la Policía Federal encontró el contrato por US$ 1.000.000 roto y abollado en un tacho de basura. El 11 de octubre, la Cámara Nacional Electoral resolvió que Diego Santilli encabezara la lista de La Libertad Avanza.
El 5 de noviembre de 2025, Machado partió extraditado desde Ezeiza en un vuelo de United Airlines, escoltado por agentes de US Marshals. Declaró su inocencia ante el juez federal Bill Davis. Pero el 12 de mayo de 2026 cambió de estrategia: firmó un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de lavado y fraude. El convenio excluyó los cargos por narcotráfico, los más graves del expediente.
En mayo pasado, el juez de instrucción de Texas Don D. Bush aceptó el acuerdo. La trama que armó Machado supone una sofisticada estafa a nivel internacional montada sobre la venta de aeronaves que, en realidad, no estaban en venta. En esa cadena de operaciones Espert sería un eslabón más, con pata en la Argentina, por lo que se lo sigue investigando.
Con información de agencias.