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El saldo de la "doctrina Bullrich": represión, detenciones y espionaje sin control, fake news y venta libre de armas

Represión, criminalización de la protesta, mano dura con los migrantes, defensa irrestricta de los agentes de seguridad. La “doctrina Bullrich” que el Gobierno anunció esta semana se reforzará en el segundo tramo de la gestión de Javier Milei. Por eso, aunque cambió de ministra, el Presidente ensayó con Patricia Bullrich y su sucesora, Alejandra Monteoliva, una postal de continuidad: terminó abrazado a ambas en el acto de jura el lunes pasado.

El legado de la ahora jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado alcanza a más de 1.300 manifestantes heridos desde que se implementó el protocolo antipiquetes, en diciembre de 2023. Bullrich se ensañó especialmente contra la marcha de los jubilados de los miércoles, avanzando sobre abuelos pero también sobre periodistas y reporteros gráficos, trabajadores, personas con discapacidad. La ferocidad de la represión quedó ejemplificada en el grave ataque que recibió el fotógrafo Pablo Grillo en marzo de este año, cuando recibió en su cabeza el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno disparado de manera ilegal por un gendarme.

Pero la segunda gestión de Bullrich en Seguridad dejó hechos menos visibles e igual de preocupantes. Modificó o derogó leyes orgánicas y realizó reformas sustanciales al borde de la constitucionalidad en todas las fuerzas federales –Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario–. Difundió noticias falsas o exageradas sobre operativos antidrogas y de control callejero. Permitió trasladar a represores a una cárcel con control militar. Logró hacerse de Migraciones –un área históricamente bajo la tutela del Ministerio del Interior– para endurecer la llegada de personas de otros países. Relajó los controles para que cualquier persona pueda poseer armas. Y hacia futuro, con el nuevo Código Penal, busca bajar la edad de imputabilidad.

La “represión Bullrich”

Desde diciembre de 2023 a noviembre pasado, el protocolo antipiquetes dejó al menos 1.393 personas heridas en las represiones, según registró el CELS en una estadística que compartió con elDiarioAR. De acuerdo a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), durante el primer semestre de este año se contabilizaron al menos 1.251 personas heridas, 36 más que en todo el 2024.

La gravedad de la represión dista mucho de un contraargumento que dio la propia Bullrich en la Cámara de Diputados en una discusión con legisladores: “Para usted los 200 policías que fueron heridos no valen”. El dato contradice al archivo de comunicados del ministerio: solo aparecen dos referencias a efectivos de seguridad heridos en distintas manifestaciones, un total de 20 efectivos federales lesionados.

El fotógrafo Grillo cumplió 36 años el domingo pasado y aún sigue internado. Su atacante, el gendarme Héctor Guerrero, está procesado, como el prefecto Sebastián Emanuel Martínez, que en esa misma represión –al otro lado de la plaza del Congreso– atacó con un balazo de goma en el ojo al manifestante Jonathan Navarro. Ambos agentes tienen como abogados a expertos en defender a policías acusados de gatillo fácil. Antes, en febrero de 2024, durante la votación de la primera versión de la ley Bases, la represión que dejó 280 heridos y una bala de goma policial le quitó la visión de un ojo al abogado en causas de derechos humanos Matías Aufieri.

La Federal de Bullrich

En julio de este año se publicó el Decreto 383/2025, que deroga la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina (PFA) vigente desde 1958 y aprueba un nuevo estatuto para esta fuerza, llegando a crear un “FBI argentino”: el Departamento Federal de Investigaciones (DFI). Desde entonces la fuerza puede detener personas sin orden judicial por un máximo de 10 horas, realizar ciberpatrullaje sin control judicial e iniciar investigaciones y recabar pruebas por su cuenta antes de que intervenga la Justicia. Además, el nuevo estatuto amplía sus funciones y le permite realizar tareas de análisis operativo que quedan excluidas del control de la Ley de Inteligencia Nacional.

“Ya no se trata de proteger los derechos y libertades de la ciudadanía, sino de resguardar un orden político que puede identificar como enemigo a quien lo cuestione”, cuestionó en su momento el CELS. “En lugar de investigar hechos o personas a pedido del poder judicial, es la policía la que decide qué elementos reunir, respecto de qué hecho, para luego dar inicio a una causa judicial”, alertaron en la Correpi.

Bullrich acompañó el reordenamiento organizacional con narrativa. Antes de irse repuso el nombre de Ramón Falcón a la Escuela de Cadetes y el de Alberto Villar, a la de suboficiales. Falcón fue el jefe de la policía en la represión a la huelga de inquilinas de 1907, en la que murió asesinado el adolescente Miguelito Pepe, y como responsable de la masacre en Plaza Lorea, conocida como la Semana Roja. Villar fue el impulsor de la Triple A y responsable de los primeros crímenes de lesa humanidad en la década de 1970. 

Narrativa Bullrich

La gestión de la ministra estuvo marcada por un discurso exagerado y que a veces directamente falso, llegando a justificar operativos sorprendentes. Apenas comenzó el Gobierno, en enero 2024, festejó la detención de una supuesta “célula terrorista”: un peluquero y un profesor de tenis de mesa de origen sirio. Finalmente fueron liberados porque el caso incluía contradicciones y pistas más sospechosas que algunos de los sospechados.

“Mucho talco, poco Eficient-e”, festejó la funcionaria en su cuenta de X cuando Gendarmería detuvo a un hombre en Mendoza por llevar, supuestamente, más de 2kg de cocaína ocultos en envases de talco dentro de un micro de larga distancia. El hombre pasó 21 días preso, hasta que fue liberado por efectivamente era talco lo que transportaba.

Bullrich también festejó en redes la detención en el ingreso a un estadio en Rosario de un presunto prófugo acusado por difundir imágenes de explotación sexual infantil. En realidad se trataba de un periodista deportivo que fue demorado cuando llegó a retirar su credencial de prensa para ingresar a la cancha. La orden de captura era para un homónimo.

Otros hitos de la gestión Bullrich fueron la falsa acusación contra una madre y una menor por haber sido gaseadas por un policía, así como llamar “señora patotera” a una jubilada que fue agredida por un agente. Y el anuncio de un “muro” de apenas 200 metros para evitar el paso ilegal en la frontera entre la ciudad salteña de Aguas Blancas y Bolivia. Ella misma enterró el primer pilote de la obra.

Más armas y penas

Entre sus últimas medidas Bullrich autorizó la compra y tenencia civil de armas semiautomáticas (fusiles, carabinas, armas de asalto calibre superior a .22 LR), mediante un régimen especial que sustituye la prohibición previa. 

La Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM), a cargo del fiscal general adjunto Gabriel González Da Silva, advirtió que esta flexibilización normativa incrementa riesgos concretos de desvío de armas al mercado ilegal. En su más reciente informe, denunciaron un aumento del fenómeno de “testaferros” o “compradores ficticios”: personas que, siendo “usuarios legítimos” habilitados, compran armas legalmente para luego transferirlas de forma ilícita a terceros no autorizados –posiblemente vinculados a redes criminales–. 

Y ya como senadora Bullrich buscará en el Congreso que se sancione el nuevo Código Penal. El proyecto propone bajar la edad de imputabilidad penal, una medida que implicaría que jóvenes de 13 años puedan ser juzgados con penas de cumplimiento efectivo por delitos graves. Además se extenderá la mano dura: el 82% de los delitos van a tener prisión efectiva. El proyecto sí mantendrá, pese a amenazas de cambio, la figura del femicidio –mantendrá la pena de reclusión perpetua– y no se revertirá la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

MC

El 72% de los trabajadores gana menos que la canasta básica

Un estudio del Instituto Gino Germani de la UBA advirtió sobre el colapso de los ingresos laborales en la Argentina. La investigación muestra que el fenómeno del “trabajador pobre” se encuentra profundamente afianzado, con sueldos que no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Total (CBT), que en octubre de 2025 era de $1.213.799 para un hogar tipo.

De acuerdo al informe, el 72% de los trabajadores -entre formales e informales- percibe menos de $1 millón mensual, por debajo del umbral necesario para evitar la pobreza. El deterioro atraviesa todo el mercado laboral y ya no distingue entre grados de formalidad.

En el sector formal, el 58% de los asalariados no supera ese monto y 1 de cada 5 empleados de jornada completa es pobre. La situación es aún más crítica en el sector informal, donde el 89% de los trabajadores y el 88% de los cuentapropistas de baja calificación se ubican también por debajo del ingreso básico requerido.

El estudio identifica un agravante adicional: el avance de la “pobreza residencial”, impulsada por el encarecimiento sostenido de los servicios y la reducción de subsidios. El gasto en gas, luz y agua, que representaba el 4% de un salario mediano a fines de 2023, pasó a ser el 11% en 2025, erosionando aún más la capacidad de compra y anulando cualquier posibilidad de ahorro.

La respuesta creciente a esta crisis es el pluriempleo, que ya alcanza al 12% de los ocupados. Según los investigadores, incluso muchos asalariados formales deben recurrir a una segunda actividad para evitar caer por debajo de la línea de pobreza.

El informe concluye que la confluencia entre salarios deprimidos, inflación acumulada y servicios cada vez más costosos configura un escenario estructural en el que el “trabajador pobre” deja de ser una excepción para convertirse en una condición extendida en el mercado laboral argentino.

Con información de NA

LN

Milei elige por primera vez en democracia a un militar (hijo de un criminal de la dictadura) como ministro de Defensa

El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y en Argentina también se recuerda la restauración de la democracia, en 1983. En este día histórico asumirá al frente del Ministerio de Defensa un militar —por primera vez en 42 años—, que, además, es hijo de un represor de la última dictadura. Para Javier Milei, la designación de Carlos Alberto Presti busca ponerle fin a “la demonización de las Fuerzas Armadas”. Para los organismos de derechos humanos, en cambio, se trata de una “provocación”.

Carlos Alberto Presti, quien la semana pasada recibió las insignias correspondientes a la máxima jerarquía de teniente general, se ha desempeñado como jefe de Estado Mayor del Ejército desde el 29 de diciembre del 2023, a poco de la llegada de Milei al poder. Presti anticipó que asumirá el cargo de ministro de Defensa sin pasar a retiro en las Fuerzas Armadas, como le reclaman voces opositoras. Y ascenderá a jefe de gabinete a Guillermo Madero: el actual subsecretario de Defensa tiene como antecedente haber obstaculizado la búsqueda de bebés robados durante el terrorismo de Estado.

“El hijo de un genocida”

Pablo Llonto, abogado desde 1983 en juicios por crímenes de lesa humanidad, señala a elDiario.es que para los organismos defensores de los derechos humanos estos nombramientos representan una provocación. “Se coloca al hijo de un genocida al frente de Defensa, que asume justo el Día Internacional de los Derechos Humanos. A Presti jamás se le escuchó un repudio al golpe del 24 de marzo de 1976 ni criticar a quienes cometieron los horrendos crímenes del 76 al 83. Madero obstaculizó el tema de los juicios, entonces forman parte de las medidas tomadas por el Gobierno para tratar de obstaculizar lo máximo posible la búsqueda de justicia”.

El nombrado ministro de Defensa es hijo de Roque Carlos Presti, un coronel que fue jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires y que fue procesado y detenido por la desaparición o la muerte de 44 personas durante la dictadura en la causa 450 (Primer Cuerpo de Ejército). Como jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 7 de La Plata, Presti padre tuvo responsabilidad directa en los secuestros de los estudiantes secundarios de la Noche de los Lápices y en el operativo que terminó con la apropiación de Clara Anahí, la nieta de María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. Así lo expresa la institución Abuelas de Plaza de Mayo. “Entre los operativos por los que estuvo imputado Presti figura el ocurrido en la casa Teruggi-Mariani, de donde se llevaron a Clara Anahí, de tres meses, y a quien aún seguimos buscando”.

Presti recuperó la libertad por la ley de Obediencia debida de 1987, que eximía de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas y murió en 1993, antes de su anulación en 2003 en el Congreso y de la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad.

Los organismos defensores de los derechos humanos cuestionan que el actual jefe del Ejército nunca haya repudiado los crímenes de su padre y, además, que su designación rompe con un consenso en la sociedad argentina de que el cargo sea ocupado por un civil.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en declaraciones a los medios rechazó el nombramiento de Presti. “La idea de poner a un militar como ministro de Defensa es una provocación porque se pone a un uniformado en un lugar que no le corresponde por su formación. Las políticas de Estado las manejan los civiles”.

El comunicado oficial de Presidencia reivindica su papel de militar. “Por primera vez desde el regreso de la democracia una persona con intachable carrera militar, que ha llegado al más alto rango en su escalafón, estará al frente del Ministerio que estará encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizada la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”, dice el texto oficial.

Presti reemplazará en el cargo a Luis Petri, quien el 10 de diciembre asumirá una banca como diputado nacional. Antes de jurar, Presti ya resolvió nombrar como jefe de Gabinete a Guillermo Madero, funcionario que se negó a entregar legajos solicitados por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) en causas de robo de niños, según reveló el diario PáginaI12. Ese medio también sacó a la luz que Madero fue uno de los funcionarios que visitó a los represores que están presos en la Unidad 34 de Campo de Mayo el 7 de marzo de 2024.

En sus intervenciones públicas, Madero reivindica una “memoria completa”, cuestiona a organismos especializados y repitió conceptos similares a los que utilizó la vicepresidenta Victoria Villarruel durante la campaña presidencial, como la existencia de una “industria del juicio de derechos humanos”, criticando la actuación estatal previa al Ejecutivo ultra.

El Gobierno de Milei insiste en la idea de la “memoria completa”, una expresión acuñada por la comandancia del Ejército en los años 90 que equipara los crímenes de las Fuerzas Armadas con los de la guerrilla; asimismo cuestiona la cifra de 30.000 desaparecidos, como lo hizo en el video institucional del 24 de marzo, donde habló de “entre 7000 y 8000 desaparecidos”.

En mayo del año pasado, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se negó a dar información a la Conadi y, a través de un comunicado oficial, la calificó como un “organismo militante”. Bullrich ya juró como senadora del oficialismo y la reemplazó desde este martes su número dos en el Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Se da por descontada la continuidad en la política de mano dura.

Una de las medidas que torpedean el camino de búsqueda de verdad estuvo firmada por el Presidente ultraderechista. Milei eliminó por decreto la Unidad Especial de Investigación (UEI) que funcionaba dentro de esa institución y que permitía acceder a archivos en poder del Estado para encontrar a los nietos de las Abuelas de Plaza de Mayo. Hasta hoy Abuelas han recuperado al nieto 140 y esperan encontrar a los 300 que faltan.

Como otra señal de retroceso, el Gobierno votó recientemente en la Asamblea General de las Naciones Unidas en contra de una resolución para prevenir y erradicar la tortura, desconociendo el lugar de Argentina como referente en la defensa de los derechos humanos.

El abogado Llonto señala que “como en todos los países, los juicios dependen del Poder Judicial, pero los poderes ejecutivos a veces toman medidas, tratan de aprobar leyes o hacen jugadas políticas como las que observamos con Milei para ponerle la mayor cantidad de obstáculos a los juicios. Seguiremos peleando para que se hagan y se mantengan, y va a depender de la fuerza que tengan los jueces, tribunales orales, Cámara de Casación y Corte Suprema frente a todas las barreras y obstáculos que ponga el Poder Ejecutivo”.

La línea Morón: el mapa que explica el poder silencioso del juez Jorge Rodríguez y su influencia en la inteligencia

En la mañana del 27 de diciembre de 2024, el murmullo rutinario de la esquina de Colón y Almirante Brown, en Morón, se interrumpió por un alarido. Un hombre de mediana edad, robusto, camisa azul desprendida y la cara enrojecida, cruzó la explanada de los tribunales locales casi a los tropezones y se plantó frente a la escalinata. Extendió un brazo hacia la puerta, como si necesitara apuntalar el grito con el cuerpo entero, mientras un grupo de policías lo observaban desde unos metros sin dar un paso.

—¡Ahora el mundo va a saber! ¡Ahora el mundo va a saber de los asados! —vociferó, con la voz quebrada entre la furia y el llanto—. ¡Le arman causas a los narcos y el hijo de Rodríguez los defiende! ¡Anotá vos, que sos de acá! ¡El hijo de Rodríguez saca a los narcos que el padre mete presos…!

La escena duró apenas unos minutos. El hombre, fuera de sí, siguió descargando nombres propios como si arrojara piedras contra el frente de tribunales. Señaló el edificio, insultó a “estos hijos de puta, que son socios”, dejó flotando la palabra “Parque Leloir” como una pista inconclusa. Nadie intentó detenerlo. Cuando se quedó sin aire, se dio media vuelta y se fue tal como había llegado, con los dos agentes todavía inmóviles en la puerta.

Detrás de esa figura desencajada —se supo después de varios meses— estaba Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma y preso desde agosto pasado acusado de ser uno de los responsables de la distribución del fentanilo adulterado. El motivo coyuntural de su bronca era preciso: la Cámara de Apelaciones de Morón había rechazado su pedido para agravar la acusación contra un joven que golpeó a su hijo en un boliche de Hurlingham en 2022. Furfaro pretendía un procesamiento por tentativa de homicidio; la Justicia ratificó un juicio abreviado por lesiones.

Pero la escena de hace un año desbordó con mucho ese expediente familiar: en su descarga pública, el empresario no sólo cuestionó a los jueces que habían firmado la resolución, sino que apuntó directamente contra un engranaje que, a su juicio, enlaza al fuero federal de Morón con algunos de los nombres más pesados del mapa narco argentino.

Furfaro hizo referencia a Sebastián Rodríguez Barbaró, abogado, socio del penalista Fernando Arias Caamaño. Entre sus defendidos figuran Mario Segovia, el “Rey de la Efedrina”, condenado en abril a 13 años de prisión por liderar una asociación ilícita que contrabandeó un fusil y explosivos para bandas narcocriminales de Rosario, y Esteban Alvarado, quien cumple varias penas, la más grave a perpetua por liderar una organización dedicada al narcotráfico, ademas de otros actores del subsuelo narco. Rodríguez Barbaró es, a la vez, jefe de división en el Banco Central.

Ese nexo familiar condujo inevitablemente hacia el verdadero centro de gravedad del video: su padre, Jorge Rodríguez, juez federal de Morón desde 1994 y uno de los magistrados con mayor poder silencioso del Gran Buenos Aires.

Una figura controvertida

Rodríguez es titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, con competencia en narcotráfico, delitos económicos, trata, contrabando y causas ambientales. A la trama de relaciones que acompaña su carrera se suma otro elemento que circula hace años en la familia judicial. El recorrido de Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora y protagonista de varios expedientes de inteligencia, se ata con frecuencia al de Rodríguez, a quien muchos describen como su referente generacional. En esos ámbitos lo llaman, con ironía, “el Canicoba del Conurbano”: un magistrado sin la exposición mediática de Comodoro Py, pero con un poder territorial que supera al de varios intendentes.

La genealogía judicial abona ese diagnóstico. Rodríguez inició su carrera en los años ochenta, nombrado por el radicalismo en una Defensoría Oficial, y ascendió a juez de Primera Instancia con el apoyo del camarista Luis María Cabral, a quien reconocen como su primer mentor político-judicial. Una de sus causas emblemáticas, en 1989, fue el sobreseimiento del entonces intendente Juan Carlos Rousselot, acusado de administración fraudulenta. Para quienes conocen el paño, ese recorrido marca una continuidad.

Desde 2012, por decisión de la Corte Suprema bajo la presidencia de Ricardo Lorenzetti, Rodríguez supervisa una de las porciones más sensibles del expediente “Mendoza” sobre el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo tras el desplazamiento del juez de Quilmes, Luis Armella. Ese gesto, señalan fuentes judiciales, lo colocó en un escalón de confianza dentro del máximo tribunal y le dio un protagonismo inusual en temas donde confluyen empresas, municipios y organismos estatales.

Las “tertulias de los viernes”

Pero la influencia del juez se construyó también en espacios menos visibles. Desde hace años que organiza asados y fiestas —algunos aseguran que incluso de disfraces—, que reunen a figuras de peso de todo el arco político y judicial. En cada uno de esos eventos no suele faltar el respectivo cura, encargado de dar la bendición. Uno de sus cumpleaños más comentados tuvo lugar en 2016 en la quinta Vaccarezza, en Udaondo, escenario recurrente de sus denominadas “tertulias de los viernes”.

Sin ir más lejos, la última tuvo lugar anteayer. A modo de cierre del año, se trató de una demostración de escala y de alineamientos políticos difíciles de ver en público. Más de seiscientas personas circularon por los senderos y livings dispuestos alrededor del parque: jueces federales, intendentes del conurbano, gobernadores, sindicalistas de peso, funcionarios nacionales y operadores de todos los espacios. Había islas de comidas que iban de carnes a pastas, estaciones de cocina en vivo y champagne sin interrupciones.

Entre los invitados sobresalió un grupo que alteró el tono de la noche: Santiago Caputo, acompañado por parte de su mesa chica, se movió con naturalidad entre fiscales, dirigentes y empresarios. Su presencia, confirmada a elDiarioAR por varios asistentes, funcionó como ratificación de la amplitud de la red que orbita alrededor de Rodríguez.

La celebración se extendió hasta bien entrada la madrugada de este sábado, con música en vivo y conversaciones que oscilaron entre el brindis festivo y las negociaciones informales: una postal precisa del tipo de sociabilidad que acompaña el peso real del juez en la política ya no solo bonaerense, sino nacional. Un punto de encuentro privilegiado donde se procesan lealtades, se tantean alianzas y se recalibran jerarquías en el nuevo mapa de poder.

Nexos territoriales

El detalle del lugar de la fiesta no pasaría de ser folclórico si no fuera porque la quinta Vaccarezza pertenece al CEAMSE —hoy presidido ni más ni menos que por Claudio “Chiqui” Tapia, el titular de la AFA—. Es justamente uno de los organismos que el juzgado de Rodríguez debe supervisar en el marco del Riachuelo. En los pasillos, ese gesto se interpreta como la mejor radiografía de su sociabilidad política: un juez que circula suelto de cuerpo entre funcionarios, comisarios y empresarios, incluso en espacios donde los límites institucionales deberían ser nítidos.

A ese ecosistema, según pudo saber elDiarioAR, también se suma su vínculo de larga data con la Policía Bonaerense. Diversos funcionarios lo describen como un “nodo estable” entre la justicia federal del oeste y los mandos de la fuerza provincial. No se trataría de subordinación sino de intercambio: información, territorios, investigaciones cruzadas, contención política.

Ese mismo perfil es el que explica su cercanía con el peronismo municipal, cuya estructura policial y política se entrelaza con muchos de los expedientes que pasan por Morón. En 2013, una investigación por corrupción desnudó un circuito paralelo de favores entre mandos de la Policía Federal, estudios jurídicos privados y sectores de la justicia federal del conurbano.

Instruida por el juez Juan Ramos Padilla, la causa expuso la fluidez de esos vínculos y reveló que el comisario Marcelo Emilio Pecorelli negociaba defensas, agilización de expedientes y contactos judiciales a cambio de dinero, y que en ese esquema habría incorporado al hijo de Rodríguez a su estudio jurídico. Las escuchas registraron conversaciones donde el magistrado aparecía gestionando vínculos con intendentes y empresarios investigados por ACUMAR, mientras que Sebastián intervenía en causas sensibles.

El juez y el nuevo ecosistema de inteligencia bajo Milei

La reaparición pública, involuntaria, de Rodríguez ocurrió en un momento en el que su nombre ya circulaba, en voz baja, en otra esfera de poder: la del reordenamiento de la inteligencia durante el primer año de gobierno de Javier Milei. En ese mundo, donde los rumores operan como moneda corriente y las lealtades rara vez son lineales, el apellido Rodríguez volvió a escucharse en noviembre de 2024, cuando la Casa Rosada buscaba redefinir el mando de la División de Asuntos Internos (DAI) de la SIDE.

Antes de que el contador —y hoy flamante Señor 5— Cristian Auguadra fuera finalmente designado al frente del área encargada de auditar al propio aparato de inteligencia, una de las versiones que circuló con fuerza señalaba al juez como candidato a ese puesto. En Balcarce 50 y en el ecosistema de espías retirados y activos, la hipótesis no sonaba descabellada: Rodríguez, moronense como Auguadra, tenía una larga relación con sectores de la Bonaerense, vínculos fluidos con operadores judiciales que frecuentan sus asados y un historial de contactos con áreas de seguridad que, para algunos, lo convertían en un “puente natural” hacia la estructura más sensible del Estado.

Un año después, otro episodio volvió a ponerlo sobre el tapete: la sospecha de que un abogado cercano a Rodríguez habría participado en el operativo nocturno frente a la casa del ahora extitular de la SIDE, Sergio Neiffert, en el momento más delicado de la interna del organismo. Desde entonces, la pregunta circula con mayor insistencia: ¿qué lugar ocupa el juez en el entramado de influencias que se teje alrededor del gobierno de La Libertad Avanza? ¿Es un magistrado que orbita ocasionalmente la inteligencia, o un operador con más peso del que figura en los organigramas?

En la lógica del gobierno de Milei, donde las lealtades se recalibran de forma constante y las internas definen quién cae y quién asciende, la figura de Rodríguez reapareció como un eco de otra época. La historia reciente de Milei sugiere que eso nunca es casual. Y que el silencio del juez, lejos de disipar versiones, funciona como confirmación involuntaria de que su sombra, para bien o para mal, sigue proyectándose sobre algunos de los rincones más delicados del Estado.

PL/MG

Aceleracionismo, separatismo blanco y fascinación por Al Qaeda: así son los nuevos grupos terroristas de extrema derecha

“Descarrilar unos putos trenes, matar a gente y envenenar el agua. Más vale que estés listo para hacer esas cosas. Si no, no estarás preparado para lo que viene. Si quieres que la raza blanca sobreviva, tendrás que poner de tu parte”. Así se dirigía Patrik Jordan Mathews, un ex soldado de las fuerzas armadas canadienses a un aspirante a formar parte del grupo neonazi 'The Base'. Se trata de una de las conversaciones interceptadas por las autoridades y que constan en un escrito del fiscal del estado de Maryland que pedía la detención de Jordan y de otros dos miembros del grupo, hoy en prisión.

The Base es un grupo supremacista blanco, neonazi, que tiene como objetivo generar el caos, derrocar al Estado y ajusticiar a sus enemigos. La organización fue creada en 2018 por Rinaldo Nazzaro, un ex colaborador del FBI y del Pentágono que se hizo popular en redes sociales por sus posiciones separatistas blancas, esto es, la idea de que la raza blanca debe separarse del resto de la población ante el supuesto riesgo inminente de convertirse en una minoría racial. 'The Base' forma parte de lo que se conoce como un grupo aceleracionista, esto es, que sugiere llevar a cabo sabotajes y ataques violentos para promover el colapso de las instituciones e iniciar así una guerra racial contra los 'noblancos'.

Para ello, sus principales objetivos son las infraestructuras del país, los políticos, los funcionarios del estado, las minorías raciales y los antifascistas. El sistema, dicen, solo caerá mediante la violencia, y hay que acelerar ese proceso promoviendo una situación límite para las autoridades, que estas reaccionen con todas sus fuerzas y que así se produzca un enfrentamiento civil.

Su estrategia para llegar a todas partes consiste en la creación de pequeñas células que actúen de manera autónoma, o de simpatizantes que se conviertan en ‘lobos solitarios’. La comisión de diversos y reiterados atentados, según ellos, provocaría una crisis sin precedentes que aprovecharían para imponer su proyecto supremacista: “Aproximadamente, ¿cuántos ataques de lobos solitarios por semana y durante cuánto tiempo serían suficientes para obligar al sistema a adaptarse a las demandas legislativas problancas?”, decía uno de sus miembros en una conversación incluida en la causa contra varios de sus miembros en EEUU.

El separatismo blanco y el aceleracionismo

“Crear un Etnoestado Blanco es necesariamente una tarea revolucionaria que requiere liberar a nuestro Pueblo del Sistema y romper con él por cualquier medio necesario... No esperar a la balcanización, sino hacerla realidad”, afirmaban miembros de 'The Base' en uno de sus canales encriptados desvelados por las autoridades norteamericanas en 2020.

Esta idea de que existe un plan para disolver la raza blanca es uno de los mantras de los grupos neonazis y racistas, y tiene diferentes versiones. La más popular y actual es la Teoría del Gran Reemplazo, que presenta a los blancos como víctimas de un multiculturalismo forzado por las élites judías que promueven la inmigración y el mestizaje, así como la islamización de Occidente. Esta idea forma parte también del argumentario habitual de los partidos de extrema derecha, que, sin citarla explícitamente, se refieren a la substitución demográfica para presentar la migración como una amenaza para la “civilización occidental”, otro eufemismo habitual para aludir veladamente también a la raza.

El victimismo blanco viene de lejos en Estados Unidos, un país que se sirvió durante siglos de la esclavitud de personas afrodescendientes y que llevó a cabo un genocidio contra la población nativa. El separatismo blanco vendría más tarde, a mediados del siglo XX, en plena efervescencia de las luchas por los derechos civiles de la población negra y las reivindicaciones de los migrantes latinos, los pueblos indígenas y sus descendientes, que los racistas veían como una amenaza para sus privilegios.

A los grupos racistas tradicionales como el KuKluxKlan se sumaron otras nuevas formaciones como las Naciones Arias, un grupo fundamentalista cristiano, profundamente racista y antisemita, que promovió a mediados de los años 70 del siglo pasado la creación de un territorio solo para blancos en el noroeste de los Estados Unidos. Su fundador, Richard Butler, erigió este proyecto en el estado de Idaho, y varios de sus miembros se han visto involucrados en numerosos casos de violencia, como la masacre en un centro comunitario judío de Los Ángeles en 1999, o numerosas agresiones y hasta asesinatos de médicos que practicaban abortos. Sus ideas han impregnado la abundante literatura neonazi y supremacista de estas últimas décadas. Distopías en las que el hombre blanco lucha por su supervivencia ante unas élites corruptas y una mezcla de razas contra natura, causante de todos los males. Una de las obras más importantes es ‘Los diarios de Turner’ de quien fuera el líder de la organización neonazi Alianza Nacional, William Luther Pierce, escrita en 1978.

Uno de los principales seguidores de esta idea fue Harold Covington, fundador del Partido Nacionalsocialista del Pueblo Blanco en los EEUU, quien también escribió algunas novelas que promovían la migración de las personas blancas al noroeste del país. Covington trató de llevarlo a la práctica con la creación de otra organización llamada Northwest Front, con la intención de poner en jaque a las autoridades y generar un conflicto que terminaría con una guerra civil. “Nuestro objetivo a largo plazo es presentar al gobierno de Estados Unidos una situación en la que la lucha por conservar el Noroeste se vuelva política y financieramente insostenible”, declara en su web esta organización. La idea de que una respuesta violenta del Estado contra los separatistas blancos generaría una adhesión mayor a su causa es lo que inspiró a Rinaldo Nazzaro, un conocido neonazi norteamericano, para la creación de 'The Base'.

'The Base' aterriza en España

La reciente desarticulación de una célula de este grupo terrorista en España, en la que ha participado también la Europol, confirma que el grupo sigue manteniendo sus canales de comunicación a pesar de estar proscrito en varios países. Es más, las autoridades afirman que los detenidos estaban en contacto directo con su líder, recibían financiación del extranjero y que planeaban acciones terroristas inminentes.

Es por eso por lo que la operación policial se habría precipitado. En los registros se han incautado numerosas armas, algunas de fuego, y todo tipo de parafernalia nazi. Y según la policía, ya habían realizado entrenamientos con la intención de llevar a cabo una acción en breve. También se acusa al líder, David Dionis Gandia, de 24 años, de financiar a la organización mediante el tráfico de drogas, algo que no es excepcional entre los grupos neonazis. Dionis, natural de la localidad castellonense de Onda, era conocido por sus vecinos como una persona fanática y violenta, que ya había protagonizado algunos incidentes recientes motivado por su ideología nazi. Tal y como mostró en un vídeo este periódico, también amenazó a políticos y a antifascistas durante la retirada de la cruz franquista de Castelló, en enero de 2023.

La fascinación por Al Qaeda

Uno de los aspectos más singulares de este grupo es la abierta fascinación de los miembros de The Base por organizaciones como Al Qaeda. De hecho, 'The Base' y Al Qaeda significan lo mismo: La Base. En una de las conversaciones desveladas por las autoridades norteamericanas contra una célula de esta organización, ponían de ejemplo a seguir a este grupo terrorista: “Afganistán es un buen ejemplo de ideología unificadora (piense en 14 palabras) utilizada militarmente. Aunque los propios talibanes tenían una orientación local, Al Qaeda utilizó su red internacional y su propaganda para unir a combatientes de todo el mundo en torno a una sola bandera, unidos en su convicción y sacrificio”.

Las 14 palabras a las que aluden son las que dejó como lema el líder neonazi David Lane: “Debemos asegurar la existencia de nuestro pueblo y un futuro para los niños blancos”. Es por esto que los neonazis usan a menudo el número 14 como acrónimo, como símbolo de su compromiso supremacista. Lane fue uno de los fundadores de otro grupo neonazi armado conocido como The Order, que operó a mediados de los años 80 y cuya historia fue recientemente llevada al cine.

Rusia como base

El líder de 'The Base', Rinaldo Nazzaro, vive en Rusia con su esposa desde hace años, y desde allí sigue dirigiendo la organización. La BBC publicó en 2020 una fotografía del líder de The Base con una camiseta del presidente Vladímir Putin, y la presencia de una célula de la organización en Ucrania ha desatado numerosas sospechas entre varios exmiembros sobre la posible vinculación de su líder con los servicios secretos rusos, según publicaba The Guardian el pasado mes de abril. El diario británico explicaba que 'The Base' ofreció en sus canales habituales una remuneración a aquellos dispuestos a llevar a cabo ataques contra “centrales eléctricas, vehículos militares y policiales, personal militar y policial, edificios gubernamentales, políticos [ucranianos]”, específicamente en Kiev y otras ciudades de Ucrania. El atentado contra el coronel Iván Vorónich, miembro del servicio de inteligencia Ucraniano (SBU) el pasado mes de julio y reivindicado por The Base no hizo más que ampliar estas sospechas.

La organización usa habitualmente redes sociales rusas para comunicarse y difundir su propaganda, ya que escapan a menudo del control y la censura de las agencias occidentales. Es en estas donde se han podido localizar fotografías de la célula española realizando entrenamientos militares, manuales para cometer atentados y asesinatos y comunicaciones entre sus miembros. Nazzaro, el jefe de la organización tiene un canal propio donde sube vídeos de él mismo hablando de política y promoviendo la lucha violenta.

En 2019, Nazzaro se empeñó en señalar a los antifascistas como uno de sus principales objetivos, y emprendió una campaña contra ellos: «Debemos tomar cartas en el asunto para neutralizar la intimidación y el acoso de Antifa», dijo en su cuenta de Twitter. El líder de The Base publicó en sus redes fotos de activistas antifascistas, sus direcciones y lugares de trabajo, llamando a los suyos a atentar contra ellos.

'The Base' ha conseguido instaurar diferentes células de militantes en países como Australia, Sudáfrica y algunos países de Europa, aunque las autoridades de algunos de estos países han detenido a sus miembros y mantienen una vigilancia constante sobre estos grupos, que consideran una de las principales amenazas para su seguridad, tal y como reconocía Europol en 2022.

El terrorismo neofascista, una amenaza global

Aunque 'The Base' no es un movimiento de masas, se necesitan muy pocas personas y pocos medios para sembrar el terror, como ya lo hicieron anteriormente otros terroristas de extrema derecha que actuaban por su cuenta. Anders Breivik asesinó a 69 adolescentes socialistas en la isla de Utoya, y mató a 8 personas más con un coche bomba en Oslo en 2011, guiado por su islamofobia, su racismo y su odio a la izquierda. En 2019, Brenton Tarrant, un neonazi de Nueva Zelanda, retransmitió en directo en su perfil de Facebook cómo masacraba a decenas de personas en una mezquita y un centro islámico de Christchurch, dejando un balance de 51 muertos y decenas de heridos. El mismo año, el neonazi Patrick Wood Crusius, de 21 años, asesinó a 23 personas en un supermercado de El Paso, EEUU. Tan solo un año después, en 2020, el ultraderechista Tobias Rathjen, de 43 años, se presentó en dos locales de Hanau, Alemania, regentados por personas de origen turco, y asesinó a nueve de ellas con una pistola semiautomática. Después asesinó a su madre y se quitó la vida.

Ninguno de ellos pertenecía a ninguna organización, pero todos ellos bebían de la misma literatura y las mismas conspiranoias que hoy alimentan a estas nuevas formaciones como The Base y otras que siguen activas con un propósito similar, como Atomwaffen Division o Combat18. Una narrativa que, con palabras más ligeras, alimentan también partidos políticos de extrema derecha, influencers y agitadores ultras, azuzando el odio a los migrantes y el desprecio por la democracia y los derechos humanos.

'The Base' está declarada como terrorista en la Unión Europea, en Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, no en los EEUU, donde varios de sus miembros han sido arrestados por preparar atentados y cometer actos violentos. La violencia de extrema derecha en los EEUU ha sido considerada durante muchos años como la principal amenaza interna para la seguridad. De todos los homicidios cometidos con motivación política en el país hasta 2021, el 84% han sido a manos de extremistas de derechas, según un estudio del Journal of Criminology, Criminal Justice, Law & Society (CCJLS). En febrero de 2020, el FBI anunció que había elevado el extremismo violento por motivos raciales a una “prioridad de amenaza nacional”, tras haber pasado durante muchos años de puntillas ante un fenómeno en auge difícil de esconder, y cuya violencia se hacía cada vez más evidente.

La mano tendida de Trump al supremacismo blanco y su guerra contra el antifascismo

Con la llegada del presidente Donald Trump, los grupos de extrema derecha han encontrado un aliado en la Casa Blanca, que durante su primer mandato se sirvió de muchos de ellos para ganar las elecciones y agitar las calles contra la izquierda, y que terminaron por asaltar el Capitolio cuando éste perdió las elecciones. En este segundo mandato, Trump no solo ha acentuado sus guiños a los supremacistas con numerosos mensajes a través de sus redes y declaraciones públicas reforzando estas ideas, sino que ha empezado a aplicar numerosas medidas para complacerlos, como la campaña de detenciones de migrantes o la demonización constante de los antifascistas. También con la incorporación a su gabinete de personas todavía más radicalizadas que en el anterior periodo, como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ex presentador de la cadena Fox, Linda McMahon, al cargo de Educación, o Stephen Miller, subdirector del Gabinete de Políticas de la Casa Blanca.

Tras el asesinato del agitador ultraderechista Charlie Kirk este mismo año, cuyo autor no tenía ninguna relación con la izquierda, como trató de hacer creer la extrema derecha y la propia Casa Blanca, el gobierno de Trump hizo desaparecer un estudio oficial del Instituto Nacional de Justicia (NIJ) sobre el terrorismo doméstico, que ponía de nuevo a los ultraderechistas como la principal y más mortal amenaza en suelo estadounidense. Sin embargo, el presidente usó el crimen de Kirk como excusa para declarar terroristas a los grupos antifascistas. El pasado 8 de octubre, Trump se reunió con varias figuras de la extrema derecha para solicitarles información sobre los grupos y los activistas antifascistas a los que acababa de designar como terroristas. Entre los presentes se encontraban nombres como Andy Ngo o Jack Posobiec, conocidos por ser los principales instigadores de campañas de señalamiento y acoso contra izquierdistas.

La amenaza del extremismo violento de derechas ha sido reconocida desde hace años por numerosas agencias de seguridad de varios países, pero la llegada de gobiernos de extrema derecha como el de Trump ha promovido un cambio en el relato, omitiendo estos análisis y manipulando los hechos. Estos nuevos líderes, así como sus principales propagandistas, tratan de librar su particular batalla cultural contra la izquierda acusándola de ser esta la principal causante de la violencia y la polarización. La guerra de Trump contra el antifascismo, que incluye a los movimientos sociales antirracistas, feministas y LGTBIQ+, ha estimulado a otros líderes y formaciones ultras a proponer esta misma cacería contra este fantasma que denominan ‘Antifa’, sumándose a la idea de declararlo terrorista, al mismo tiempo que guardan silencio ante la violencia de la extrema derecha.