Código Postal 2525
La reducción de personal y de salarios en la ex AFIP puede afectar las fiscalizaciones, sobre todo de grandes contribuyentes. El octavo blanqueo desde el regreso de la democracia, el más generoso de todos, es un perdón a los que evadieron sin premiar a los cumplidores. El RIGI y una reciente disposición de la Aduana pueden facilitar la subfacturación de exportaciones, uno de los principales orígenes del fraude tributario.
En 2019, cuando ya era famoso panelista de televisión, Javier Milei llamó “héroes” a los evasores. En abril pasado, en el hotel Llao Llao de Bariloche, ante los principales empresarios del país, usó el mismo calificativo para quienes fugaban su plata de la Argentina. Antes y después de asumir la presidencia ha dicho que los impuestos son un “robo”, pero ahora los cobra y los necesita para su déficit fiscal cero. Sin embargo, ha adoptado en estos diez meses de gobierno una batería de medidas que expertos tributarios consideran un incentivo para los evasores, sus héroes.
Que esta semana la Administración Federal de Ingresos Públicos haya adoptado el nombre de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pone el énfasis en “recaudar”, pero no en la función de “fiscalizar”, advierte el contador Ricardo Koss, exfuncionario de la Dirección General Impositiva (DGI).
Pero no se trata sólo de una cuestión nominal. También hay polémica por el despido de 3.100 agentes que, según el gobierno de Milei, entraron en la administración anterior, pese a que la planta en realidad subió de 21.934 en 2019 a 22.114 en 2023, es decir, en 180 empleados, un 0,8%. Eso sí, en 2022 había bajado a 20.858, con lo cual entraron 1.256, un 6%, el último año del gobierno anterior, es decir, cuando Sergio Massa era ministro de Economía y Carlos Castagneto, jefe de AFIP.
Más allá de la polémica sobre 2023, lo que preocupa a Koss o al economista experto en asuntos impositivos Juan Valerdi, profesor de la Universidad de La Plata, es que disminuya la planta de inspectores. Eva Sacco, directora del programa de justicia fiscal de la Fundación SES, advierte que el gasto promedio de la AFIP en relación al PBI, del 0,25%, era similar al de Portugal, pero el personal dedicado a los grandes contribuyentes era sólo el 3% del total, frente al 4% en EE UU y Chile, el 5% en Uruguay o el 13% en Países Bajos. “Despedir una gran cantidad de personal con experiencia no solo desmantela las capacidades recaudatorias sino que los libera para poner esas capacidades en manos de los grandes estudios contables y de abogados que trabajan con las grandes empresas y patrimonios”, comenta Sacco. “Aunque puede resultar un discurso tentador, reducir hasta en 3.000 trabajadores va a derivar en una mayor injusticia fiscal. Para sostener la misma recaudación con menos capacidades técnicas es necesario incrementar la presión sobre los sectores de menores ingresos. Estos sectores cuentan con menos poder de presión y acceso a especialistas y facilitadores”, agrega la economista.
En la AFIP los empleados cobraban un fuerte plus por lo que recaudaban. Ya no lo harán. Los sindicatos de la DGI y la Aduana reconocen que los trabajadores del primer organismo cobraban de $2,2 millones a 3,9 millones y los del segundo, de 1,1 millones a 3,6 millones y sólo 17 altos cargos jerárquicos puestos por los gobiernos de turno se llevaban entre $17 millones y 30 millones, y ahora cobrarán como máximo 5 millones, como un ministro.
El economista Valerdi advierte sobre la rebaja salarial: considera que puede llevar a la inacción de los inspectores en las pujas contra grandes contribuyentes, batallas que demandan más esfuerzo y traen dolores de cabeza, y a concentrarse en los pequeños, o incluso podría haber incentivos a corromperse por parte de los evasores. “Puede volver la DGI corrupta que había hasta los años 80, antes de la profesionalización de los 90. Y ni hablar de la Aduana, que hasta ahora ha estado bajo sospecha”, alerta el profesor de La Plata. No es gratis enfrentarse a los poderosos: cuando en 2017 el entonces jefe de la AFIP, Alberto Abad, avanzó contra Mercado Libre por presunta evasión porque supuestamente estaba mal encuadrada en el régimen de incentivo del software, el presidente Mauricio Macri lo removió y puso en su lugar a Leandro Cuccioli, que en julio pasado, cinco años después de dejar el cargo, asumió como vicepresidente de la empresa de Marcos Galperin en México.
Koss, Valerdi, Sacco y Alejandro Gaggero, investigador de la Universidad de San Martín e integrante del programa de justicia fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), coinciden en señalar que el perdón de los impuestos sin pena alguna que promovió el Gobierno y que aprobó el Congreso, con apoyo de la oposición dialoguista, constituye un premio a los evasores y sin ningún beneficio a los cumplidores, a diferencia de lo ocurrido en la amnistía tributaria de 2016/2017. Gaggero además señala que es el octavo blanqueo desde el regreso de la democracia y ningún otro país hizo tantos en estos 41 años. Recuerda que en general se recomienda que estos perdones sean excepcionales y sean acompañados por un mejoramiento del control para evitar la evasión a futuro. Tantos blanqueos llevan a pensar a los evasores que siempre habrá otra oportunidad de registrarse más adelante. Gaggero agrega que este sinceramiento ofrece además condiciones “excepcionalmente” favorables, porque permite blanquear sin pagar nada, a diferencia de los del pasado.
El RIGI, que también impulsó el Ejecutivo y recibió el respaldo de la oposición dialoguista, elimina los requisitos de presentación de documentación de precios de transferencia, que son los de las exportaciones e importaciones. Si bien las empresas deberán presentarlos en caso de inspección, su falta de información rutinaria torna más difícil el análisis de riesgo, según una especialista en tributación internacional que prefiere el anonimato. Además, advierte que las compañías tampoco deberán presentar las declaraciones juradas de ventas de exportaciones (DJVE) y no serán objeto sus importaciones ni exportaciones de precios de referencia para establecer valor.
La subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones son clásicos métodos de evasión tributaria en el mundo. Se factura de menos el envío al exterior, para encubrir ganancias y pagar menos impuesto, al tiempo que se cobra lo restante en algún paraíso fiscal. A su vez, se sobrefactura la compra desde el extranjero, para inflar los gastos, acotar los beneficios y tributar menos, mientras que ese dinero de más se gira a una cuenta en una guarida fiscal del mismo grupo empresario y desde allí recién se transfiere lo correspondiente a la adquisición.
También estas operaciones de comercio exterior fraudulentes se hacen entre filiales del mismo conglomerado en distintos países. Por último, el RIGI permite que, en relación con el impuesto a las ganancias, los quebrantos podrán ser deducidos de beneficios futuros sin limitación en el tiempo, y podrán ser transferidos a terceros, lo que podría alentar a la declaración de falsas pérdidas de manera continua.
Lo resolvió esta semana la Aduana, antes de que el abogado Eduardo Mallea deje su jefatura en manos de José Velis, y fue festejado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en la red social X: “Damos por finalizado el uso de los valores de referencia para la exportación, un engendro kirchnerista fuente de burocracia y corrupción.
Su eliminación, a su vez, mejora el precio de venta al exterior de nuestras exportaciones. Hasta esta resolución ciertos sectores debían aportar una garantía para cubrir la diferencia entre el valor de exportación declarado y el de un precio de referencia (mayor) que definía la AFIP. Esa garantía implicaba un costo que reducía el precio neto de exportación.
Además de esta pérdida de rentabilidad, la operación implicaba engorrosos trámites, tanto para el contribuyente como para la Aduana. Ni que hablar de las posibilidades de corrupción que se generaban en la determinación del precio y en el proceso de devolución de la garantía. A partir de la Resolución 5587/24 todo este sistema desaparece para otorgarle más rentabilidad al sector privado y generar más transparencia y menos corrupción en el sector público“. No obstante, la experta en tributación internacional señala que el valor de referencia eliminado servía como un ”determinante de riesgo“ de evasión que ahora será eliminado. Señala que países desarrollados los requieren para evitar precisamente la subfacturación de exportaciones. De todos modos, admite que la DGI sigue contando internamente con precios de referencia para determinar si se ha facturado de menos, con lo que si quiere, puede continuar controlando.
AR
La ruptura en el radicalismo y la foto del ex jefe de Gobierno con Monzó son señales de una reconfiguración en la oposición que quiere alejarse de Milei y de Cristina. Los nombres en danza y las jugadas parlamentarias. ¿Habrá interbloque? El desafío hacia las legislativas.
El Gobierno celebró el veto a la ley universitaria y ahora se ilusiona con una alianza duradera con el PRO
Los nombres están: Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau, Facundo Manes, Elisa Carrió, Miguel Pichetto, Juan Schiaretti, Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, Nicolás Massot. La idea también: ser una alternativa “de centro” –la reciclada “avenida del medio”–, alejada de Javier Milei y de Cristina Kirchner. Y hay una meta: las elecciones legislativas de 2025. Lo que falta es la construcción programática para una propuesta que se traduzca en votos.
La ruptura del bloque de la UCR en Diputados de esta semana aceleró la configuración de un nuevo mapa opositor entre aquellos que no quieren ser aliados a los libertarios –como el PRO de Mauricio Macri o los radicales “peluca” apañados por Rodrigo de Loredo–, ni opositores acérrimos al Gobierno –como el kirchnerismo y la izquierda–. El quiebre en el partido centenario fue una hecho más en una cadena de señales que están comenzando a dar los mencionados dirigentes que anhelan tener una sobrevida luego del fracaso electoral y la disolución de Juntos por el Cambio.
Días atrás el ex jefe de Gobierno porteño se mostró junto a Monzó, Massot y al diputado del PRO pero de sangre larretista Álvaro González en un campo de Suipacha. Hubo declaraciones públicas del ex titular de Diputados en tiempos de Cambiemos bregando por “el armado de una alternativa de centro”. Y se registraron jugadas parlamentarias compartidas entre los bloques de Encuentro Federal –que reúne desde los peronistas cordobeses a los socialistas santafesinos, pasando por Ricardo López Murphy y el jefe del sindicato del petróleo–, la Coalición Cívica y los radicales disidentes contra Milei: principalmente el rechazo al DNU de financiamiento de la SIDE y los vetos presidenciales al aumento jubilatorio y la ley universitaria.
Pero, ¿qué hay detrás de esos movimientos palaciegos? ¿Qué puentes reales unen esos archipiélagos que navegan por el tormentoso mar que es el recinto de la Cámara baja? ¿Qué futuro le depara a quienes ya tuvieron su oportunidad de gestión entre 2015 y 2019 pero no renovaron, y que ganaron las legislativas de 2021 pero chocaron en 2023 con una escudería que parecía favorita para llegar a la Casa Rosada?
El más entusiasta con el armado es Monzó, orfebre de la cultura de la rosca política. Lo dice públicamente y también lo deja trascender su equipo por debajo. “Hay una idea de reeditar lo que era JxC a nivel nacional y también parlamentario”, recogió elDiarioAR a su lado, donde ya anticipan que pronto habrá “más recorridas en provincia de Buenos Aires” al menos junto con Larreta, aunque también mencionan entre sus contactos habituales al ex gobernador de Córdoba, a la jefa de la Coalición Cívica y al neurólogo y el economista radicales. Monzó –que tiene como alter ego a Massot, quien estuvo en la lista bonaerense de Bullrich– ya está armando próximos encuentros con otros productores rurales, pero también con jubilados, clubes de barrio, emprendedores y un largo etcétera. Quieren “hablar con la gente para saber cómo la están pasando”, definen.
Larreta busca por ahora menos vuelo mediático. En su equipo tradujeron así la foto con Monzó-Massot: “Se mostraron juntos pero no más que eso, y por el momento no va a volver a ocurrir. Fue un encuentro de tres tipos que tienen una mirada similar de lo que el país necesita para salir adelante. No se está armando nada”, le bajaron el tono cerca del ex alcalde. Se permiten un grado de humildad tras el golpazo que fue quedar afuera en las PASO contra Bullrich, pese a la abultada billetera que tenía su campaña, la vidriera nacional que le ofrecía gobernar la Capital Federal y el blindaje mediático.
“Horacio no está trabajando en un armado político clásico que termina en una foto. Está enfocado en construir una opción sensata, que evita los extremos y ofrece respuestas profesionales y realistas a los desafíos del país. Resultados”, sintetizaron en el larretismo formateado ahora en el llano de la política. Larreta canaliza ahora su búsqueda a través del think thank Movimiento al Desarrollo (MAD), a través de la cual asesora a gobiernos locales con su expertise como técnico y gestor de políticas públicas.
Alrededor del ex jefe de Gobierno resaltan que no están buscando “un armado político tradicional” porque están atentos a la irrupción que tuvo en el imaginario popular el mote de “casta” que Milei le implantó a los dirigentes. Pero cuando se consulta sobre si hay un programa que se esté escribiendo, la respuesta es: “Cero, no hay apuro todavía; no es año electoral”. Larreta, igualmente, está preparando una agenda de entrevistas para más temprano que tarde salir del ostracismo.
Si Monzó simboliza la rosca y Larreta la gestión, el radical Manes entraría en la ecuación como el dirigente que puede lograr la empatía con el electorado “racional” –calificó una fuente– desencantado con el kirchnerismo y los libertarios. La aspiración presidencial del médico sigue intacta y su referencia es la de Raúl Alfonsín para “volver a unir a los argentinos”. Cree que es una especie de “outsider bueno” que podría ser competitivo ante Milei en una época en la cual los políticos tienen mala prensa.
Pero por ahora son conjeturas o líneas muy subterráneas entre dichos nombres. Manes por ahora cultiva un bajísimo perfil y puso a un alfil al frente del flamante espacio radical disidente Democracia para Siempre: el diputado Pablo Juliano. Increíblemente a Manes y Lousteau les costó más ponerse de acuerdo con el nombre de la bancada que con quien iba a ser su titular. El economista, por su lado, volvió a romper el bloque, luego de que durante la gestión de Frente de Todos armara el espacio Evolución.
La tribu de Manes-Lousteau suma por ahora 12 porotos que empezarán a recortarse cada vez más como opositores al estilo de Pichetto y la Coalición Cívica. Si se pliegan los amarillos larretistas de Álvaro González y Héctor Baldassi, ese nuevo centro sumaría una treintena de votos –las lealtades no son puras– que podrían ser necesarias para cualquier extremo que quiera llegar al quórum en Diputados. “Hay una idea de formalizar ese laburo en un interbloque”, aseguró una fuente parlamentaria. ¿Por qué no lo hicieron hasta ahora?, preguntó este medio. “Entiendo que no será ya, sobre todo porque la ruptura del bloque radical está muy fresca”, fue la respuesta.
Por ahora, el refrito parlamentario de JxC buscará seguir trabajando en conjunto en votaciones puntuales y el armado de dictámenes comunes. La pelea más urgente es lograr romper el corset del ajuste permanente en el Presupuesto 2025 de Milei. Una de las estrategias es presionar para que se amplíen las partidas educativas, sobre todo las destinadas a las universidades, junto con la investigación científica.
La Libertad Avanza toma nota de los reclamos porque solo con los anabólicos del PRO y el MID de Oscar Zago no llega a la mayoría –ni que hablar en el Senado–. Por algo Milei recibió esta semana a los gobernadores peronistas no kirchneristas de Salta, Tucumán, Catamarca y Misiones, y en otro cónclave a los ex cambiemitas de Capital Federal, Entre Ríos, Chubut, San Luis y San Juan.
El centrismo en ciernes ostenta algunos resortes desde los cuales ejercer alguna presión al Gobierno. Pichetto quedó a cargo esta semana de la comisión mixta que tiene que definir el plan de acción de la Auditoría General de la Nación y podría darle una estocada al oficialismo si finalmente se queda con una de las dos sillas que hay para los diputados en el directorio de la propia AGN. Además, Lousteau encabeza la bicameral de Inteligencia –que controla a la SIDE–.
Más difuso es el alcance territorial, porque si bien representan cierto mapa federal, las bancadas no tienen encima a ningún gobernador de peso. Por caso, en el Senado además de Lousteau podría anotarse en el mismo alineamiento la porteña Guadalupe Tagliaferri, que si bien es del PRO está referenciada en Larreta, pero no en los Macri, ni Mauricio ni Jorge.
El centrismo por ahora es un cúmulo de expresiones políticas similares que está en construcción. Aunque niegan el apuro para sellar un acuerdo político, el 2025 los apremia: la mayoría de los mandatos de quienes son hoy legisladores vencen el año que viene: cuatro de los seis diputados de la Coalición Cívica, la mitad de la bancada de Pichetto, nueve de los 12 del radicalismo disidente. Para ellos, otra vez los nombres: Monzó, Stolbizer, Manes y –en el Senado– Lousteau.
MC/MG
En la Gobernación creen que hubo una acción planificada para incomodar al gobernador y que la expresidenta no tiene ganas de tender un puente. Del otro lado advierten que deberán “discutir” si está en condiciones de ser el candidato presidencial. El posible impacto en la gestión provincial.
El encuentro entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof el último miércoles en La Plata por los 47 años de Abuelas de Plaza de Mayo dejó un sabor amargo en los dirigentes y militantes que se habían ilusionado con la posibilidad de una reconciliación pública. Las imágenes de su saludo escueto confirmaron la crisis e hicieron crecer la desconfianza. Al gobernador le quedó una certeza: nada de lo que ocurrió fue espontáneo; hubo una decisión de generar incomodidad y escenificar la ruptura.
Estela de Carlotto, anfitriona del encuentro, lo sintetizó así: “Había una frialdad bárbara, no se hablaron entre ellos”. También se mostró molesta con quienes cantaron “Cristina presidenta”, intentando colar la interna peronista en un acto que tenía el fin de homenajear la lucha de Madres y Abuelas. Estela, tan querida en el kirchnerismo, supo ser celestina en conflictos anteriores e incluso medió entre Alberto Fernández y su exvicepresidenta. Creyó que podía volver a interceder, pero se la escuchó algo desilusionada.
“Es muy triste cómo actuaron, imagínate que hicieron enojar a Estela”, afirmó a elDiarioAR una persona que participó del acto y tiene trato diario con Kicillof. La convicción cerca del gobernador es que esos cánticos —que también incluyeron la canción que afirma “no fue magia, nos conduce una mujer”— no surgieron de la militancia, sino que se bajó una idea “planificada” para generar incomodidad en Kicillof. Según esa mirada, Cristina fue calculadamente fría, aunque no salió del todo bien: se la notó tensa y “totalmente forzada”.
“Sabíamos que algo así podía pasar, pero pensamos que iban a actuar con mayor responsabilidad”, admitió esa fuente. En la mesa chica de Kicillof son escépticos respecto a la posibilidad de que se muestre junto a Cristina, al menos en el corto plazo. “No va a pasar, porque ella demostró que no está dispuesta, cree que eso sería regalarle algo a Axel”, sentencian. También citan que ni siquiera se tomó una foto con él durante la campaña de 2023, en un recordatorio de que el malestar entre ambos empezó mucho antes de hacerse público.
Un intendente que se define equidistante respecto a ambos sectores consideró que el comportamiento de Cristina fue “igual de frío” que el que tuvo con Kicillof en Merlo o Quilmes, los últimos actos en los que se saludaron en público. “La diferencia fue que esta vez se dedicaron a mostrarlo”, consideró. Son muchos los que creen que el kirchnerismo decidió admitir públicamente que algo que quebró entre ambos, y que la entrevista de Máximo Kirchner el viernes en Radio 10 respondió a esa misma lógica. “Cristina por Axel tenía una debilidad enorme. Me parece que no se hacen estas cosas. No está bien”, dijo el diputado y lo comparó con la fallida experiencia del Frente de Todos (FdT): “No les va a salir bien eso lo inventó Alberto y salió mal”.
En La Plata siguieron en vivo la entrevista, donde Máximo planteó que hasta el último 17 de octubre pensaba que Kicillof podría ser el candidato presidencial del peronismo en 2027, pero que ahora “habrá que discutirlo” porque no respaldó explícitamente a Cristina para el PJ Nacional. “Máximo dejó claro que, si no es un felpudo que repite lo que ellos le ordenan, no le interesa que sea su candidato”, interpretó un colaborador de Kicillof.
La mayor debilidad del gobernador está en la Legislatura, donde el grueso de diputados y senadores oficialistas no reportan a él sino al Instituto Patria. Hasta ahora logró la aprobación de leyes, pero la magnitud de la crisis con Cristina trae latente la amenaza de alguna complicación parlamentaria, sobre todo cuando tiene por delante el tratamiento del Presupuesto 2025 para la Provincia.
Acaso por eso, en la carta de hace una semana en la que elogió a Cristina y al mismo tiempo evitó pronunciarse sobre su candidatura al PJ, el gobernador subrayó que no peligra el puesto de ninguno de sus funcionarios alineados con La Cámpora. En off, sus colaboradores dicen lo mismo: ninguno de ellos será removido del cargo. En el axelismo buscan evitar un error de Alberto, que aunque dejó a los camporistas en su gabinete se la pasó criticándolos ante cualquiera de sus interlocutores.
Hasta ahora, la interna no repercutió en la gestión. También se encargó de subrayarlo Kirchner, cuando recordó que “el gobernador manifestó su alegría y conformidad con los ministros que tiene”. Entre ellos, citó como propio al ministro de Trabajo, Walter Correa, a quien en el oficialismo bonaerense excluyen de la lista que responde a la organización. Florencia Saintout (Instituto Cultural), Juan Martín Mena (Justicia), Daniela Vilar (Ambiente) y Nicolás Kreplak (Salud) son los únicos que mencionan entre los camporistas, un grupo que también integran varios subsecretarios, María Moretti (IPS) y Homero Giles (IOMA).
Las dificultades para concretar el encuentro entre Kicillof y Cristina, con su magro resultado, demuestran la magnitud de la grieta entre ellos. Todos prometen que no impactará en la gestión, aunque no garantizan que la paz continúe en un año electoral. “Debemos construir una alternativa para enfrentar a Milei”, es el mantra que repiten en ambos bandos.
LA/JJD
Esta semana, Adorni anunció medidas que atacan directamente las capacidades económicas de las empresas periodísticas, mientras que Jeff Bezos, dueño del Washington Post, bloqueó una declaración de apoyo del diario a Kamala Harris. Según los antecedentes recientes, frente a gobiernos hostiles el periodismo podría adoptar roles que lo fortalecieran, pero en las condiciones actuales de Argentina tampoco ese parece un escenario facil.
Una serie de eventos y medidas se combinaron durante la última semana hasta encastrar como un frasco perfecto: ese que contiene a esta época de preguntas durísimas para la industria de los medios, especialmente, para el periodismo.
El lunes, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció una serie de medidas destinadas a los medios de comunicación. Entre ellas, declaró el fin de la exención del IVA a las empresas periodísticas dedicadas a la publicación de diarios, revistas y publicaciones periódicas así como a las suscripciones de ediciones online. Además, le quitó a Arsat y al Enacom 100 MHz de espectro “para ampliar la oferta en el rubro de telecomunicaciones”.
Para Martín Becerra, que analizó las medidas con precisión, los anuncios se engloban en un persistente ataque de Milei a periodistas pero también constituyen en su conjunto un ataque ruidoso al grupo Clarín y un probable cimento para los negocios de Elon Musk, la persona más rica del mundo, dueño de X, Tesla y Starlink.
Ese mismo lunes de anuncios, en la Universidad Di Tella, Marty Baron disertaba sobre el futuro del periodismo en una entrevista con la periodista Inés Capdevilla. Exdirector del Washington Post, ganador de 11 premios Pulitzer, con una película tope de gama (“Spotlight”) basada en su trabajo de investigación: no hay un mayor representante del periodismo liberal profesional que Baron, que describía al periodismo como un proveedor de certezas fundamental para una democracia. Tiene ejemplos que lo respaldan: desde la investigación por los abusos en la Iglesia Católica que lideró en el Boston Globe y le dio la película premiada hasta la cobertura del ataque al capitolio en enero del 2019, que lo hizo ganar otro Pulitzer.
El Washington Post también cumple con la curva de una empresa de medios exitosa para esta era: cuna del Watergate en los 70, sostiene y amplía una redacción de 1.200 periodistas. Fue comprado por Jeff Bezos –el segundo hombre más rico del mundo– en 2013, quien invirtió visiblemente en tecnología –por ejemplo, para mejorar los sistemas de suscripción– y aportó una mirada de mediano plazo poco común para el rubro –según Baron–, sin meterse en la línea editorial –también según Baron–, hasta que ¡último momento! impidió este viernes al directorio apoyar a un candidato para las próximas elecciones, algo que había hecho en los últimos 36 años y que provocó revuelo interno y 2.000 cancelaciones de suscriptores en un día. Suscripciones que, tal como sucedió en el New York Times, crecieron exponencialmente durante el trumpismo, en parte –más allá de sus innegables aciertos– probablemente porque una porción de la población mundial encontró en estos referentes del periodismo serio un espacio de apoyo a instituciones democráticas que Trump estaba dinamitando discursivamente y un sentido común progresista que desde hace un tiempo quedaba bien cuestionar en voz alta. El Washington Post sumó en 2017 su primer slogan de sus 140 años, también aprobado por Bezos: “Democracy Dies in Darkness”, que ahora se reversiona en memeras varias, incluyendo una viñeta de la ilustradora estrella del diario, Ann Telaes.
La práctica del endorsement de los medios estadounidenses a los candidatos es ya tradicional, aunque en los últimos años en los que caen en confianza y se desesperan por ganar lectores (o no perderlos) está disminuyendo y despierta discusiones alrededor de cuánto conviene y corresponde. Además de que cada vez más se duda más acerca de su peso real. Normativamente, tiene sus reglas y se apoya en la idea de que es apropiado que los diarios tengan espacios para la opinión y también directorios editoriales sin que eso impregne las coberturas informativas y la búsqueda de un tratamiento justo o imparcial. Sobra decir que el caso es muy diferente en la televisión en Estados Unidos y muchas otras plataformas, visiblemente opinionadas y polarizadas. (Y que para las audiencias, en general, todos los medios tienen intereses partisanos).
En la historia larga, los apoyos pasaron de favorecer al Partido Republicano a una paridad y luego, hacia comienzos del nuevo milenio, a manifestar una leve ventaja para los demócratas. Sin embargo, más acá en el tiempo, las veces que se presentó Donald Trump, los medios de mayor circulación eligieron en mucha mayor cantidad y énfasis a su contrincante, indicando que Trump estaba por fuera de ciertos consensos democráticos, también en relación a la prensa, y que requería una oposición mucho más fuerte. Ese arco se puede ilustrar con un caso. Leonard Downie Jr, cuando dejó de ser el editor ejecutivo del Post en 2008, contó que no estaba ni registrado para votar y que ahora que no ejercía más como periodista iba a tener que pensar qué hacer porque no solamente había dejado de votar: “dejé de tener incluso opiniones privadas sobre políticos o temas para tener la mente totalmente abierta a la hora de supervisar nuestra cobertura”. En mayo de este año, 15 años después, escribió un editorial en el que decía: “Una segunda presidencia de Trump sería un desastre para los medios noticiosos”, mientras citaba múltiples ejemplos de Trump llamando a boicotearlos, amenazándolos de diversos modos, persiguiendo a periodistas, y mucho más.
La discusión en 2016 sobre este tema había sido áspera, con periodistas de renombre indicando que pretender imparcialidad frente a Trump –entre otras cosas, un mentiroso serial a la hora de declarar públicamente– era lo que se conoce como falso equilibrio.
Para estas elecciones, el New Yorker, el New York Times, el Boston Globe y muchos otros ya apoyaron a Harris. La flamante decisión de Jeff Bezos de bloquear el apoyo del Post que había elevado el directorio abre un nuevo panorama y presenta enigmas respecto de la reacción de la audiencia en el mediano plazo. Son pocos los que están viendo en esto una vocación de imparcialidad y sí lo interpretan como una previsión (que también tuvo Los Angeles Times) fruto del miedo a que un reelecto y vengativo Donald Trump apunte contra sus otros negocios, especialmente Amazon y Blue Origin, con contratos multimillonarios con el Estado.
Betsy Reed, la editora de la versión estadounidense de The Guardian, otro medio epítome del periodismo liberal de calidad, le escribió a su comunidad en duros términos: “Nunca ha estado más claro que la propiedad de los medios es importante para la democracia. The Guardian no es propiedad de multimillonarios ni tiene accionistas. Contamos con el apoyo de lectores y somos propiedad de Scott Trust, lo que garantiza nuestra independencia editorial a perpetuidad. Nadie influye en nuestro periodismo. Somos tremendamente independientes y responsables sólo ante ustedes, nuestros lectores.
Lo que está en juego en estas elecciones no podría ser mayor. El periodismo valiente y un público informado son los cimientos de nuestra democracia, y es una abdicación de nuestro deber como periodistas no participar en estas elecciones por interés propio. Un editorial de The Guardian respaldó firmemente a Kamala Harris para la presidencia a principios de esta semana, y no tememos las posibles consecuencias“.
Terminó su carta pidiendo contribución económica para poder hacer ese periodismo.
Aunque ahora parece estar entrando en crisis, en Estados Unidos la hostilidad de Trump contra los medios fue provechosa para los que supieron usarla. En el caso argentino, eso está por verse.
En el segundo gobierno de Carlos Menem, su encono hacia el periodismo de investigación que había publicado ya tramas como las del YomaGate, el contrabando de armas o la privatización de Entel fue tal que al conseguir su reelección aseguró que les había ganado a la oposición y a los medios de comunicación. Pero a pesar de las acusaciones cotidianas, e incluso por ellas, la institución periodística salió fortalecida de cara a la sociedad: los periodistas eran hombres y mujeres probos. Se armaron organizaciones profesionales –primero Periodistas, más tarde FOPEA–, Clarín se había hecho holding y los canales de televisión incorporaban contenido periodístico en los que los auspiciantes querían estampar su nombre. Basta recordar a los tres hombres de negro subiéndose a un Ford Fiesta, mascando Beldent y fumando Philip Morris. Los libros de investigación periodística se vendían de a cientos de miles.
A diferencia de los 90, el encono del kirchnerismo contra determinados grupos de medios –y la reinterpretación de los periodistas como títeres de las voluntades de sus dueños– caló muy profundo en parte de la sociedad y también coincidió con una transformación demoledora del modelo de negocios de los medios: el fin del monopolio de la distribución de noticias aún genera más preguntas que respuestas. Las críticas constantes al estatus social del periodismo se combinaron con un visible deterioro del estatus económico de quienes lo ejercían.
Los medios argentinos llegaron a la tercera década del milenio con crisis económica y crisis de credibilidad: ese es el colchón electrizado sobre el que caen las medidas y los ataques de Milei.
En estas elecciones en Estados Unidos, Elon Musk apoya a Trump con entusiasmo, al tiempo que desdeña ostentosamente al periodismo tradicional por obsoleto. En la misma línea, Milei, muchos de sus funcionarios y muchísimos de sus seguidores no creen que haya una diferencia sustancial o favorable entre el periodismo “profesional” y la distribución de contenidos por parte de personas en redes sociales, como por ejemplo expresaron algunos funcionarios encumbrados cuando justificaban el cierre de la agencia de noticias Telam (“hoy la agencia es Twitter”, dijo Patricia Bullrich).
En su charla, Baron habló de funciones periodísticas que se mantienen y hasta deberían potenciarse: una de ellas es la transparencia en pos de la credibilidad. A diferencia de las plataformas sociales, que administran la conversación pública con una combinación de edición humana y algorítmica cuyos criterios y motivaciones desconocemos, el periodismo profesional debería mostrar sus procedimientos, los documentos que sostienen sus investigaciones, sus razonamientos, ser consistentes. Abrirse a la audiencia. Esa audiencia, hoy ultra metrificada, va a ser clave en este nuevo round entre el poder político y el periodismo, en un contexto mundial de creciente rechazo a las noticias, nichos fragmentados, atención dispersa, pero también de crecimiento de ciertas marcas periodísticas novedosas. Esa audiencia es la que va a decidir si vuelve a confiar en que un seguimiento cotidiano de la realidad llevado a cabo por periodistas profesionales tiene para ellos un valor agregado.
NS/DTC
Una serie de anuncios oficiales puso por primera vez en el centro a las empresas de medios antes que a los periodistas. Van desde la eliminación de la exención del IVA para diarios, revistas y medios digitales, hasta la derogación de la normativa que exigía incluir todas las señales de noticias en la grilla de programación de la TV paga.
Es bien sabido que La Libertad Avanza hace de la prensa su blanco predilecto. “Pauteros”, “ensobrados”, “mentirosos” son solo algunos de los insultos utilizados en las filas libertarias a la hora de hacer referencia a los periodistas que osan delinear alguna crítica hacia el gobierno de Javier Milei. Dardos casi siempre dirigidos a personas, que en contadas ocasiones —como en el caso de la eliminación de la pauta oficial o, más simbólicamente, en el regocijo del Presidente ante la crisis de Perfil— llegaron a traducirse en acciones contra los intereses concretos de los grupos mediáticos. Sin embargo, algo de eso parece haber comenzado a cambiar esta semana.
Todo arrancó el domingo pasado, cuando Milei volvió a poner en tela de juicio el trabajo de los medios. Durante una entrevista con el canal TN, el mandatario cargó contra el periodista de esa misma señal Marcelo Bonelli, a quien acusó de mentiroso por haber aventurado en una de sus columnas del diario Clarín que la salida de Mario Russo del Ministerio de Salud no había tenido que ver con un tema de gestión, sino con una supuesta denuncia de corrupción. “Por cuestiones personales y de funcionamiento, él decidió renunciar. Es un profesional enorme, honesto, una buena persona, y Bonelli dijo que lo eché por chorro”, lanzó el Presidente, visiblemente enfurecido.
Pero lo que puede ser intepretado como un cruce más de Milei con un periodista, terminó yendo más allá. Al día siguiente, el Gobierno dio a conocer una medida que puso en la mira a los medios, entre ellos al Grupo Clarín: la eliminación de la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para diarios, revistas y medios digitales, con la pretensión oficial de aumentar la recaudación en aproximadamente $264 mil millones. En un principio, se especuló acerca de una pronta judicialización de la medida, ya que se trata de una potestad que corresponde al Congreso. Sin embargo, este viernes, el oficialismo confirmó que incluirá el tema en la discusión del Presupuesto 2025.
“Con esta modificación, los sujetos que realicen las actividades referidas pasarán a tributar el IVA, sin ninguna ventaja con respecto al resto de los actores económicos”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni el lunes pasado, durante la misma conferencia en que informó también la disolución de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la reducción de más de 3100 cargos públicos, a partir de la creación de la flamante Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Entre los críticos más duros de la movida del Gobierno contra los medios estuvo el legislador Juan Manuel López, de la Coalición Cívica. “Milei, el alumno de Néstor Kirchner, ataca a los medios y privilegia a los empresarios amigos”, escribió en su cuenta de X, en donde abrió un “hilo” en el que detalló otros sectores que tienen exenciones que podrían eliminarse. Entre ellos, mencionó al régimen de Tierra del Fuego y su “escandaloso” costo fiscal.
Pero la mojada de oreja de Milei a Clarín no se quedó ahí. Durante su conferencia del lunes pasado, Adorni también informó que se detectaron irregularidades en el cobro de aportes al Fondo de Servicio Universal (FSU), un mecanismo destinado a reducir las brechas de acceso a los servicios de telecomunicaciones e internet en el país. Sostuvo que las empresas Telecom (mayoritariamente propiedad del Grupo Clarín) y Telefónica deben más de $3.000 millones. Además, se derogaron varias regulaciones de obligatoriedad en la provisión de canales en la televisión paga, que exigía incluir todas las señales de noticias en la grilla de programación de la TV.
Así y todo, el gesto más simbólico fue otro: la designación en la nueva Dirección General de Impositiva (DGI) de Andrés Edgardo Vázquez, un controvertido funcionario que trabajó en la AFIP bajo el mando de Ricardo Echegaray y que es recordado por un megaoperativo que realizó el ente recaudador, ahora extinto, en 2009 frente a la sede central del Grupo. De fluidos lazos con el submundo de la inteligencia, Vázquez estuvo al frente de esa inspección, en plena pulseada del gobierno kirchnerista con Héctor Magnetto. Ahora, llegó a la cúspide de la flamante DGI con la venia del asesor presidencial Santiago Caputo.
El Gobierno tomó también esta semana una decisión vinculada al negocio de las telecomunicaciones: poner a disposición los 100 megahertz (MHz) de espectro que el Estado le había reservado a la empresa Arsat para comunicaciones móviles y que no se están utilizando, además de los 50 megahertz que pertenecían al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que serán destinados al servicio de telefonía 5G. Sin embargo, según explica desde el Gobierno, el procedimiento de licitación “todavía no está definido”.
“Tenemos habilitados el ingreso de capitales privados en ARSAT hasta el 49%. Tiene cuatro unidades de negocio: la fibra, el espectro, el data center y el satélite”, dijo el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, una figura clave en las pretenciones privatizadoras del gobierno de La Libertad Avanza. “Mientras más competencia, más vas a facilitar que haya jugadores, servicios, tarifas”, añadió.
Desde el comienzo de su gestión, el Presidente busca centralizar el control sobre las relaciones con las empresas del sector de telecomunicaciones y dirigir el proceso de licitación del 5G, un terreno en el que ya pisan fuerte Claro, Telecom y Telefónica. Para ello, fue fundamental una maniobra: la intervención del Enacom, encabezado desde enero por Juan Martín Ozores. Un mes más tarde, a través de un decreto, el oficialismo autorizó a empresas como Starlink, del magnate estadounidense Elon Musk, a prestar servicio de internet vía satélite en el país.
PL/DTC