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Una semana de sobrevida para Adorni: Bullrich patea la moción de censura pero no tiene los votos para salvarlo

“Humo blanco, humo blanco”, anunció, irónico, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, apenas salió del despacho del bloque radical donde Patricia Bullrich llevaba reunida casi dos horas negociando con los aliados para suspender la sesión del jueves, en la que se iba a tratar la moción de censura contra Manuel Adorni. El PRO y la UCR querían dar el tema por terminado: Adorni se tenía que ir y no tenía sentido dilatar el tema. Pero la senadora libertaria logró convencerlos de darle una semana de sobrevida.

El acuerdo fue patear la sesión para el 25 de junio y debatir ahí todos los proyectos en carpeta. El desafío no era solo dilatar el tratamiento de la moción de censura contra el jefe de Gabinete, que Bullrich sospecha que tiene ya los votos garantizados, sino también ganar tiempo para tratar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Una iniciativa impulsada por Federico Sturzennegger cuyo capítulo más polémico, la modificación de la Ley de Tierras, no tiene los votos garantizados para ser aprobado en el recinto. 

El acuerdo sellado en la reunión de labor parlamentaria con los jefes de bloque opositores, que se llevó a cabo en el despacho de Victoria Villarruel, fue sesionar el 25 y, si el proyecto conseguía los 37 votos necesarios, el 2 de julio se avanzaría con la interpelación y, luego, la moción de censura. Es decir, la propuesta de expulsión de Adorni. “Como coincide con el hecho de que el jefe de Gabinete viene el 2 a dar el informe de gestión se planteó hacerlo el mismo día”, explicó Bullrich, a la salida del encuentro. 

La senadora libertaria selló, a su vez, una discusión técnica que el oficialismo venía planteando desde los pasillos de la Cámara de Diputados. Martín Menem está exigiendo a la oposición que, en la Cámara baja, primero avancen con un dictamen antes de avanzar con el pedido de remoción. Bullrich, en cambio, acordó con la versión del jefe del interbloque peronista, José Mayans, de que con una mayoría absoluta de 37 votos se puede aprobar la moción de censura. “Es un artículo operativo”, precisó, aludiendo al artículo 101 de la Constitución Nacional. 

Fue por este motivo que, pese a los deseos del peronismo de sesionar el jueves, Bullrich no tuvo mucha resistencia para dilatar una semana la sesión: tanto el oficialismo como la oposición saben que Adorni tiene los días contados. Al menos en el poroteo del Senado, en donde el peronismo calcula que cuenta con unos 42 votos para aprobar la remoción de Adorni. La Cámara de Diputados, que deberá tratar luego el pedido de remoción, es otta historia. 

“Tiene el boleto picado”, aseguró el jefe de bloque PRO, Martín Goerling, antes de abandonar el Senado. 

Negociar para ganar tiempo

Bullrich llegó al despacho de Villarruel, pasadas las 6 de la tarde, con el tema casi cocinado. Hace 48 horas que venía negociando con los aliados del “Grupo de los 44” –la mayoría de paraoficialistas que la ex ministra construyó en el verano, compuesta por macristas, radicales y fuerzas provinciales, para aprobar las leyes del Ejecutivo– con el objetivo de suspender la sesión convocada para el jueves, en la cual el peronismo quería avanzar con la moción de censura contra el jefe de Gabinete. 

La previa no había sido fácil. Temprano a la mañana, Martín Goerling y el vocero de Mauricio Macri en Diputados, Fernando de Andreis, habían salido, en simultáneo, a pedir la cabeza de Adorni. “Si llega a esa instancia (la sesión) el PRO va a acompañar el pedido de remoción. Si el presidente quiere evitar eso lo tiene que correr”, amenazó Goerling en el streaming de Infobae, en línea con lo que ya le había advertido a Bullrich y a los voceros del Gobierno más temprano.

El radicalismo había hecho lo mismo. Puertas adentro, el jefe de bloque, Eduardo Vischi, había transmitido que esta vez se acompañaría la moción de censura impulsada por el peronismo. “Hay unanimidad de que no debe seguir en el Gobierno”, aseguró el senador Maximiliano Abad, horas antes de que se llevara a cabo la reunión de labor parlamentaria que definiría el futuro de Adorni. 

La rebelión de los dos principales aliados del Gobierno, el PRO y la UCR, iba en la misma línea que la de Bullrich, que fue la primera en salir a diferenciarse: contener el voto propio “republicano”. Es decir, aprovechar el escándalo de Adorni para diferenciarse del Gobierno y reperfilarse como una fuerza autónoma a LLA. La senadora libertaria, sin embargo, no tiene espacio para votar en contra del jefe de Gabinete como sus ex compañeros del PRO: si quiere ser candidata de LLA en 2027, Bullrich no puede arriesgarse a enemistarse abiertamente con los Milei, como Villarruel. Prefiere serles útil y diferenciarse en ocasiones especiales. 

Por este motivo es que, pese a la animadversión que siente por el jefe de Gabinete, se encargó de negociar con los aliados para suspender la sesión del jueves. Bullrich sabía que, si el jefe del interbloque peronista, José Mayans, conseguía abrir el recinto, la moción de censura sería un trámite. Este mecanismo, que fue incluido en la reforma constitucional del 93’, nunca se había aplicado en la historia, pero Adorni llevaba todas las de perder. 

Bullrich se reunió con los jefes de bloque aliados antes de la reunión de labor parlamentaria. Durante más de dos horas, la senadora negoció con Goerling, Eduardo Vischi (UCR), “Camau” Espínola (Corrientes), Fernanda Ávila (Salta), Natalia Gadano (Santa Cruz) y Carolina Moises (Jujuy) para llegar a un acuerdo. para el 2 de julio, pero sí una semana. Era suficiente.

“El Gobierno tiene una semana para resolver esta situación”, advirtieron en las filas bullrichistas.

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El PRO le suelta la mano a Adorni y el peronismo junta los votos para echarlo en el Senado

“Si tenemos 37 votos y voluntad política, el jueves el tipo se va”, promete, entusiasmado, un senador del peronismo antes de entrar a su despacho para empezar a porotear los votos para la moción de censura contra Manuel Adorni en la sesión del jueves. El jefe de Gabinete no tiene quién lo defienda en el Senado: el PRO, por orden de Mauricio Macri, decidió soltarle la mano, el radicalismo propone salidas elegantes y Patricia Bullrich no tiene interés en inmolarse por Adorni. El funcionario está solo. 

El mensaje de Bullrich fue el disparo de largada. Horas después de que la senadora libertaria saliera a calificar, el mismo día de su cumpleaños, que Adorni había incurrido en una “omisión ética” al no declarar más de 565 mil dólares cuando ingresó al Gobierno, el resto de las fichas fueron cayendo detrás de ella. El PRO salió a cuestionarlo con dureza –con tres comunicados distintos–, y le siguió la UCR. Los ex socios de Juntos por el Cambio, de a poco, empezaron a allanar el camino para el golpe final: acompañar la moción de censura que impulsa el peronismo.

El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete puede ser removido por el Congreso. No por un juicio político, no por una decisión del presidente, sino por el voto de las dos cámaras. Ese mecanismo, incorporado en la reforma constitucional del 94’, se llama moción de censura. Consta de dos etapas: primero la interpelación, que tiene como objetivo que el jefe de Gabinete vaya a dar explicaciones al recinto, y luego la moción de censura, que es cuando se vota, por mayoría absoluta (la mitad más uno), la expulsión del funcionario. 

Nunca el Congreso expulsó a un jefe de Gabinete, pero Adorni podría ser el primero. El Gobierno advierte esta amenaza y es por eso que le indicó a Bullrich que, si ve que resulta imposible desactivar la avanzada opositora, apunte a postergar la sesión del jueves, en la que se iba a tratar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Pero tiene un problema: la sesión ya fue convocada, el miércoles a las 18 hay una reunión de labor parlamentaria y el peronismo, si así lo quiere, puede forzar que haya una sesión al día siguiente, aún con la resistencia del oficialismo. Solo necesita tener 37 senadores presentes. 

El apoyo de Villarruel

El mayor problema del jefe de Gabinete es que no tiene aliados en el Senado. La presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, admite en público y privado que la defensa de Adorni es un “bochorno” y está dispuesta a avalar la embestida opositora si cuenta con la mayoría necesaria. El jefe del interbloque peronista, José Mayans, ya conversó con ella.

El apoyo de la vice es clave, porque el peronismo quiere avanzar con la moción de censura vía una resolución que no requiera ser dictaminada antes. Es una discusión técnica, pero fundamental: si Villarruel insiste en que tiene que haber un dictamen antes, como reclama Martín Menem en la Cámara de Diputados, la oposición necesitaría alcanzar los dos tercios del recinto para poder avanzar en la moción de censura. O convocar a un debate en comisión, en donde el peronismo es minoría, y conseguir antes un dictamen. 

En cambio, si logra avanzar con la mayoría absoluta de 37 senadores, el camino para la aprobación de la moción sería mucho más expeditivo. La resolución se somete a votación, se aprueba con la mayoría absoluta y se establece que, en 7 días, Adorni tiene que ir a dar explicaciones al Senado. Ese día, luego de la interpelación, los senadores pueden votar si lo echan o no. Si la oposición consigue 37 votos, el tema gira a la Cámara de Diputados, que ya convocó a una sesión para el 23 de junio.

Villarruel, desde que asumió como vice, se valió de su perfil institucional en el Senado para resistir a los embates de su propio Gobierno. Se preocupa por no incurrir en “ilegalidades” y trabaja para consolidar un perfil político diferenciado al de Milei, más amigo del institucionalismo y de la división de poderes. Como el PRO y ahora Bullrich, la vice aprovecha estos roces “republicanos” con el Gobierno para consolidarse de cara al 2027. Lo hizo cuando habilitó la sesión que volteó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, y lo hizo cuando se reunió con Verónica Michelli, la candidata a jueza a quien Milei pidió correr por ser cuñada de Hugo Alconada Mon.

La oposición necesita, este jueves, que vuelva a hacer lo mismo. Y la vice está decidida, según quienes dialogaron con ella, a repetir la misma lógica: si hay mayoría, ella habilitará la sesión. 

Sin aliados

El gesto de Villarruel es un reflejo de la actitud del resto de los aliados del oficialismo. “Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, advirtió el PRO, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el viernes. Durante el fin de semana se fueron sumando otras voces, como la del diputado Fernando de Andreis, el ex secretario de la Presidencia de Macri, que advirtió que el PRO se estaba preparando para competir en 2027 y que la designación de Adorni como jefe de Gabinete había sido un “escándalo”. 

En el Senado, el jefe de bloque del PRO, Martín Goerling, analiza acompañar la moción de censura, así como también el jefe de bloque de la UCR, Eduardo “Peteco” Vischi. Entre los dos partidos, la oposición puede sumar unos 11 votos más. Si se le suman los 28 senadores que tiene el peronismo y al menos los 3 provinciales que ya advirtieron que Adorni tiene que dar un paso al costado –la salteña Flavia Royon, el correntino “Camau” Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo–, la oposición cuenta a su favor con unos 42 votos para echar a Adorni. 

“Debería irse, le haría bien al país”, deslizan desde la bancada radical, en donde aún esperan, como en el PRO, que el Gobierno mueva primero y le pida la renuncia a Adorni. Milei, sin embargo, está decidido a mantenerlo en el cargo y, una vez más, jugará al juego de la gallina en el Congreso: forzará hasta último momento la situación, intentará negociar con los gobernadores y, cuando llegue el momento, festejará un triunfo o denunciará el golpismo del Congreso. No hay un término medio. 

Bullrich, por si acaso, está intentando conseguir más tiempo. La senadora no esconde su animadversión por Adorni –a quien desprecia desde que tuvo que hacer campaña con él en la Ciudad–, pero sabe que no puede enemistarse públicamente con los hermanos Milei si quiere un futuro político en 2027. “Ya va a venir a dar el informe de gestión el mes que viene”, intentó convencer a los senadores del peronismo, sin suerte. 

El miércoles, todos los jugadores se reunirán en el despacho de Villarruel para tomar una decisión. Estarán todos los jefes de bloque opositores y aliados, así como la vice y Bullrich: el futuro de Adorni se definirá en una sala en donde el jefe de Gabinete no tiene un solo amigo.

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La moción de censura a la que se enfrenta Adorni: el paso a paso en el Congreso para echar al jefe de Gabinete

El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el Jefe de Gabinete puede ser removido por el Congreso. No por un juicio político, no por una decisión del presidente: por el voto de las dos cámaras en conjunto. Ese mecanismo, incorporado en la reforma de 1994, lleva 32 años sin estrenarse. Ninguno de los 19 Jefes de Gabinete que pasaron por el cargo desde 1995 llegó a enfrentarlo. Manuel Adorni podría ser el primero.

El mecanismo tiene dos etapas y están encadenadas. La primera es la interpelación. Cualquiera de las dos cámaras puede citar al Jefe de Gabinete para que comparezca, responda preguntas y dé explicaciones. Para eso alcanza con la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros, es decir, 129 de los 257 diputados, o 37 de los 72 senadores.

La segunda etapa es la moción de censura propiamente dicha, y ahí se necesita el voto favorable de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de ambas cámaras. Se entiende que serían las dos al mismo tiempo. Si Diputados vota a favor pero el Senado no llega al número, el Jefe de Gabinete sigue en su cargo. La remoción, si se produce, es inmediata. No hay período de transición ni plazo de gracia.

En Diputados, la oposición suma en torno a 91 bancas. Con el peronismo impulsando un pedido de sesión especial para el 23 de junio junto a un sector de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la Izquierda, y algunos monobloques, podría haber 115 votos. Faltan 14 para el quórum. En el Senado, el Bloque Justicialista que encabeza José Mayans tiene 33 senadores. Necesitaría cuatro más de bloques provinciales o de la oposición dialoguista para llegar al piso de 37.

El 23 de junio: ¿Día D?

La oposición convocó a una sesión especial para el martes 23 de junio en la Cámara de Diputados. El temario incluye seis proyectos: dos pedidos de informes sobre el patrimonio de Adorni y presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado, y tres proyectos que van al hueso: la interpelación del Jefe de Gabinete como paso previo a la moción de censura.

El primer obstáculo es el quórum. Sin 129 diputados presentes, la sesión no puede abrirse. Los convocantes hoy no llegan solos.

Pero incluso si ese obstáculo se superara, hay un segundo problema: los proyectos de interpelación no tienen dictamen de comisión. Para tratarlos sobre tablas —es decir, sin pasar por comisión— hace falta el voto de los dos tercios de los presentes. Ese número también está fuera del alcance opositor.

Lo que sí puede pasar el 23 de junio es que, si hay quórum, la sesión apruebe el emplazamiento a comisiones: básicamente, forzar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento —hoy en manos de La Libertad Avanza— a reunirse y dictaminar sobre los proyectos en un plazo determinado. Una vez que haya dictamen, la oposición podría pedir una nueva sesión y en esa instancia sí votaría la interpelación con mayoría simple de presentes.

En síntesis: el 23 de junio es una apertura de juego, no un partido. La moción de censura, si finalmente avanza, no llegaría antes del segundo semestre. Es decir, después del Mundial.

El Senado quiere ir más rápido

Mientras en Diputados el camino se presenta largo, en el Senado el Bloque Justicialista de Mayans impulsa un formato diferente: una sesión única donde se interpele a Adorni y se vote la censura en una sola jornada. La lógica es reducir los tiempos y no darle al oficialismo margen de maniobra entre una instancia y otra.

El oficialismo intentó neutralizar esa presión anunciando que Adorni asistirá voluntariamente al Senado en julio para brindar un informe de gestión. La apuesta es que esa comparecencia descomprima la demanda de interpelación formal y diluya el impulso opositor. Hasta ahora, la maniobra no parece haber convencido a los senadores peronistas.

El PRO y la UCR definen

La oposición dura sola no alcanza. El resultado de todo este proceso depende en buena medida de dos bloques que hasta ahora juegan al borde: el PRO y la UCR.

Ambos partidos emitieron comunicados duros contra Adorni. El PRO dijo que “un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo.” La UCR afirmó que sus declaraciones son “incompatibles con la ejemplaridad” del cargo y que “quien le miente al Congreso no está en condiciones de conducir el Estado.”

Pero los comunicados no son votos. Las dirigencias del PRO y el radicalismo están haciendo sus propios cálculos: muchos creen —y desean— que Adorni no llegará al cargo hasta el 23. En el PRO se habla de “esperar el panorama” antes de definir una estrategia. La UCR, más cerca de acompañar, tampoco confirmó su presencia en la sesión.

Las preguntas sin respuesta que dejó la Constitución

El artículo 101 tiene agujeros porque, en 32 años, nadie los tuvo que resolver en la práctica. El primero: ¿deben interpelar las dos cámaras, o alcanza con una? El texto dice que cualquier cámara puede citar al Jefe de Gabinete, pero también dice que la remoción requiere que ambas voten. ¿Cómo puede votar válidamente la remoción una cámara que nunca escuchó al funcionario? Algunos constitucionalistas, como Félix Lonigro, que escribió una columna en Infobae, sostienen que lo lógico es que ambas cámaras interpelen antes de poder votar la censura.

El segundo: si el Congreso remueve al Jefe de Gabinete, ¿puede el presidente volver a designar a la misma persona? La Constitución no lo prohíbe expresamente.

¿Qué pasa si Adorni es removido?

El Jefe de Gabinete cesa de inmediato. El presidente queda obligado a nombrar un reemplazo —un cargo que recae en la persona que él mismo elija—. Si Milei lo redesignara, la discusión constitucional sobre si eso es válido pasaría a ser el nuevo campo de batalla.

Si no lo redesigna, Adorni termina su ciclo como Jefe de Gabinete. El proceso judicial por presunto enriquecimiento ilícito seguiría de todos modos: la remoción política no tiene efecto sobre la causa penal.

La Casa Rosada activó un operativo de contención para evitar que el Congreso le marque un límite a Adorni

La Casa Rosada entró en modo contención. Por primera vez desde que estalló la controversia patrimonial alrededor de Manuel Adorni, el Gobierno activó a toda su estructura política para evitar que el jefe de Gabinete quede expuesto a una derrota en el Congreso. Los miembros de la mesa política libertaria recibieron en las últimas horas una misión concreta: persuadir a los aliados históricos del oficialismo de que no acompañen los pedidos de interpelación y moción de censura impulsados por la oposición.

El objetivo inmediato es uno solo: impedir que el caso Adorni se transforme en una crisis institucional de dimensiones inéditas. El primer desafío aparece este jueves en el Senado. La convocatoria deberá terminar de definirse en la reunión de labor parlamentaria encabezada por Victoria Villarruel, una de las dirigentes más críticas del jefe de Gabinete dentro del universo que rodea al mundo libertario. Allí, el peronismo intentará avanzar con aquella herramienta incorporada a la Constitución durante la reforma de 1994 y que nunca fue utilizada en la historia reciente del país.

La respuesta oficial llegó incluso antes de que la discusión escalara. El martes por la noche, la Jefatura de Gabinete envió una nota a la Cámara alta confirmando que Adorni se presentará el próximo 2 de julio a brindar su informe de gestión. En Balcarce 50 la decisión es presentada como una obligación institucional. Pero también funciona como una estrategia de fuga hacia adelante: exponer al funcionario en el terreno donde el oficialismo se siente más cómodo y evitar que la oposición imponga sus propios tiempos.

La línea argumental que el Gobierno está desplegando con sus socios parlamentarios es sencilla y busca correr la discusión del patrimonio de Adorni para trasladarla al terreno de la institucionalidad. El mensaje que hacen llegar a gobernadores, radicales y dirigentes del PRO, con Cristian Ritondo a la cabeza, es que acompañar la moción de censura implicaría abrir un precedente que podría alterar el equilibrio entre poderes. El problema es que, a diferencia de otras discusiones legislativas, esta vez el oficialismo no encuentra un bloque naturalmente dispuesto a salir a defender a Adorni.

El argumento no termina de convencer a todos. Los aliados atraviesan una situación incómoda. Por un lado, no quieren aparecer alineados con una ofensiva liderada por el kirchnerismo, una bancada a la que acusan de incurrir en una evidente contradicción al cuestionar la ética pública de un funcionario mientras Cristina Kirchner cumple una condena por corrupción. Por otro, tampoco están dispuestos a quedar pegados a la defensa irrestricta de un jefe de Gabinete cuya imagen viene sufriendo un desgaste sostenido desde marzo.

El mensaje que comenzó a circular en las últimas horas va en esa dirección. “Presidente: los que estamos apoyando el cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, advirtió el PRO en un breve comunicado dirigido directamente a Milei. La UCR, en tanto, explora salidas intermedias que le permitan tomar distancia del funcionario sin quedar absorbida por una avanzada encabezada por Unión por la Patria. El escenario es tan delicado que, más que conseguir respaldos explícitos, el Gobierno ya considera un éxito lograr que muchos de sus socios simplemente no se sienten en sus bancas cuando llegue el momento de votar.

La situación produjo una paradoja difícil de ignorar. Patricia Bullrich, probablemente la principal crítica interna de Adorni, se convirtió al mismo tiempo en una de las dirigentes encargadas de evitar que el Congreso avance sobre él. Lo mismo sucede con otros referentes oficialistas que, en privado, admiten reparos sobre la estrategia de defensa adoptada por el funcionario, pero no quieren prestarse a una ofensiva que pueda terminar fortaleciendo a la oposición.

Por eso, el verdadero objetivo del Gobierno no es ganar una votación sino evitar que esa votación exista. En algunos despachos consideran que la salida más elegante para los aliados consiste directamente en no dar quórum. Otros exploran fórmulas intermedias que les permitan tomar distancia del caso Adorni sin aparecer acompañando una iniciativa impulsada por Unión por la Patria.

La preocupación de la Casa Rosada no termina en el Senado. Si logra atravesar esa instancia, el siguiente frente se abrirá en Diputados. Allí el panorama es más complejo porque la iniciativa para interpelar al jefe de Gabinete ya no está impulsada únicamente por el kirchnerismo, sino por un conjunto mucho más amplio de bancadas opositoras que aspiran a llevar el tema a comisión el próximo 23 de junio y, posteriormente, al recinto.

Mientras tanto, en Balcarce 50 intentan transmitir calma. Repiten que la economía “va viento en popa”, que la discusión alrededor del patrimonio de Adorni no modifica el rumbo general del Gobierno y que los argentinos están preocupados por otros asuntos. El problema es que la política parece estar empezando a pensar distinto. Después de tres meses, el caso hace tiempo que dejó de ser un asunto exclusivamente judicial y pasó a poner en jaque el capital simbólico y político del oficialismo. Aun así, Milei no tiene previsto alterar su agenda ni tomar distancia de su jefe de Gabinete. De hecho, el próximo sábado Adorni lo acompañará a Rosario en el acto por el Día de la Bandera, un gesto que en la Casa Rosada interpretan como una nueva señal de respaldo presidencial en medio de la tormenta.

Hasta hace poco, la pregunta era cómo defender a Adorni. Ahora el desafío consiste en evitar que el Congreso obligue a La Libertad Avanza a tomar una decisión que, por el momento, Javier Milei sigue decidido a postergar. El Presidente y su hermana ya tomaron partido: consideran al jefe de Gabinete inocente y amenazan, en caso de que la oposición avance en su moción de censura, con volverlo a nombrar en su cargo. La incógnita es si el resto del sistema político tiene la suficiente fuerza como para torcerle el brazo.

PL/MG

El Gobierno consigue dictamen para el Super RIGI pero tambalea su aprobación por el caso Adorni

Mientras los ojos estaban puestos en el Senado, donde por estas horas se define el futuro de Manuel Adorni, la Cámara de Diputados dio el primer paso para aprobar el Super RIGI. Con el apoyo del PRO, UCR y las fuerzas provinciales, La Libertad Avanza dictaminó el proyecto que crea un nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones para proyectos destinados al desarrollo de inteligencia artificial e infraestructura digital. Negoció algunos cambios cosméticos y consiguió las firmas, pero no las suficientes como para garantizarse que, el 24 de junio, podrá abrir el recinto sin dolores de cabeza. 

El problema tiene nombre y apellido y es el de Manuel Adorni. La defensa fallida del jefe de Gabinete –que argumentó que había ahorrado en negro durante años lo que había invertido en bitcoins y por eso no había declarado US$565.000 cuando asumió como funcionario en 2023– llevó a una rebelión en el cosmos de aliados que imposibilita avanzar con la agenda legislativa del Gobierno. Hasta que no se resuelva su situación en el Senado, en donde el peronismo avanza con una moción de censura en su contra, Martín Menem no querrá arriesgarse a convocar la sesión. 

Pese a las presiones de los aliados y los rumores internos de que Adorni podría dar un paso al costado –siempre desmentidos por la primera línea de funcionarios que conversan con el jefe de Gabinete–, el oficialismo consiguió el número para dictaminar el Super RIGI. La iniciativa está dirigida a inversiones mayores a US$ 1.000 millones e incluye exenciones impositivas y fiscales, facilidades aduaneras y cambiarias, y la garantía de que el régimen estará vigente durante 30 años (sin importar el cambio de gobierno).

 Acompañaron con su firma el PRO, la UCR, el MID, los misioneros y salteños de Innovación Federal, los tucumanos de Independencia y los sanjuaninos de Producción y Trabajo y el santacruceño José Luis Garrido. LLA también, pero se limitó solo a eso: firmar el dictamen. Cuando fue el momento de defender el proyecto, ningún oficialista quiso tomar la palabra. 

Para conseguir los apoyos de algunos aliados, el oficialismo modificó algunos artículos del Super RIGI para asemejarlo en RIGI original. Cómo el caso de los proveedores locales. La versión original del Súper RIGI no incluía ninguna exigencia a las empresas inversoras a que contratasen proveedores locales, es decir que habilitaba que trajeran toda la cadena de producción desde el exterior si así lo deseaban. La nueva versión les exige, como en el RIGI original, que se contraten proveedores locales en materia de bienes y servicios equivalente al 20% de la totalidad del monto destinado a la contratación de proveedores. Se incluyó, además, la creación de un resguardo público para transparentar los proyectos de inversión aprobados. Y se les exigirá que garanticen un mínimo de inversión en investigación y desarrollo en proyectos científicos de universidades nacionales. Con estos cambios, el oficialismo se aseguró el número para llevar el proyecto al recinto.

El plan original era sesionar el 24 de junio, el día después de la sesión convocada por la oposición para avanzar con la interpelación de Adorni. En el medio del escándalo del jefe de Gabinete, sin embargo, Menem esperará antes de convocar la sesión. No sabe qué puede llegar a pasar si abre las puertas del recinto.

MCM/MG