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En busca de la épica perdida, el Gobierno sale a controlar precios y rearma su campaña con eje en la inflación

Roberto Feletti define, contra reloj, el corpus jurídico para que el sábado los intendentes del conurbano tengan una herramienta legal a mano para sancionar a los comercios que no cumplan con el congelamiento de precios. El secretario de Comercio Interior, la cara visible de la negociación con las empresas, define el instrumento para dar poder de fuego a los municipios en las tareas de fiscalización y control.

Este sábado, en gran parte del Gran Buenos Aires, hará un despliegue coordinado de inspectores municipales para recorrer hipermercados, cadenas, supermercados de cercanía y los llamados "chinos" con el objetivo de asegurar que se cumplen la resolución nacional que dispuso retrotraer al 1 de octubre los precios de 1.432 productos, como parte de un plan que pretende planchar los precios hasta el 7 de enero.

Más allá de lo operativo y funcional, es una acción en la que el Gobierno trata de recuperar una épica política perdida, un incentivo para volver a salir a la calle luego del sablazo electoral del 12 de septiembre que shockeó a la jefatura del Frente de Todos (FdT).

El miércoles, en La Plata, el gobernador Axel Kicillof fue el primero en traducir ese episodio como una oportunidad: se reunió con Feletti, junto a intendentes del conurbano, su vice Verónica Magario, el jefe de Gabinete Martín Insaurralde y su ministro de Producción, Augusto Costa, que antes del 2015 ocupó el cargo que tiene Feletti y que en la provincia tiene bajo su órbita la fiscalización.

"En este tema se nos va la vida", aseguró a elDiarioAR una fuente provincial para dimensionar el peso que en lo operativo y en lo político la cuestión de los precios tiene para el gobierno provincial , clima que con las horas se reflejó también en Casa Rosada.

Casi a la misma hora, Alberto Fernández se reunió con la cúpula de la CTA Autónoma y planteó como prioridad la cuestión de la lucha contra la inflación. En esa charla, el Presidente cuestionó que una minoría de empresas bloqueó el acuerdo de precios y defendió la resolución de congelamiento que, dijo, incluye una "amplia canasta de bienes de consumo masivo necesarios para que tengan un precio justo, estable y seguro". Afirmó, además, que es una medida que apunta a serenar los precios, controlar la inflación y devolver certezas a las familias argentinas. Ese fue, luego, el leit motiv de la campaña del Frente de Todos.

Más temprano, el jefe de Gabinete Juan Manzur, que el día previo monitoreó pero no se involucró de lleno en la tumultuosa negociación de Feletti con los empresarios, estuvo en La Plata y se vio con Kicillof y con Insaurralde.

A las horas, la campaña del Sí que coordina el catalán Antoni Gutiérrez Rubí, lanzó una secuencia con ese eje. "SÍ a garantizar los precios", "SÍ a controlar la inflación", "SÍ a cuidar a las familias". La campaña del Frente de Todos (FdT) apunta a linkear la acción de gobierno con uno de los temas que está en el podio de las preocupaciones: el aumento de los precios.

"Los votantes duros y blandos del FdT responsabilizan del aumento de precios a los empresarios. Y un sector de los votantes de Juntos piensa lo mismo. Todos lo que le reclaman al Gobierno es que haga algo, que los defienda", explicó un funcionario nacional. En ese hilo conceptual se combina todo: la necesidad de dar una respuesta frente a una escalada inflacionaria, a la vez que volver a mostrar al gobierno proactivo frente a un problema crítico como es la suba de precios.

De manera adicional, en clave política, implica recuperar la iniciativa y ponerse al frente de una cruzada que, se supone, debería ser celebrada por los que sufren los aumentos. El miércoles, en La Plata, se acordó que el sábado habrá operativos simultáneos en el conurbano con controles de precios en los centros comerciales.

"Cada municipio tiene inspectores municipales. La provincia tiene muy pocos y Nación casi nada. El control depende de los intendentes pero las leyes son nacionales o provinciales", explica un alcalde que participó de la reunión y entrena personal municipal para que se sumen a las plantillas de inspectores.

Lo que definen Feletti junto a su segunda Débora Giorgi y al ministro bonaerense Costa es la dinámica jurídica, porque la ley de Abastecimiento es nacional mientras que hay una ley de Defensa del Consumidor provincial. Esperan una serie de "delegación de funciones" porque los municipios deben tener poder de policía sobre el cumplimiento de normas nacionales. En algunos casos, los distritos pueden fiscalizar pero no pueden sancionar. Por ese motivo, Nación y Provincia estructuran el procedimiento para que los municipios tengan poder de fuego incluso para "clausurar" comercios en caso que detecten incumplimiento flagrantes de la resolución sobre el congelamiento de productos.

PI

Precios congelados: una lista oficial y tres escenarios distintos frente a la góndola

La lista oficial mide 1.432 productos y tiene precios para las 24 jurisdicciones de la Argentina. Se trata de los "precios congelados" que estableció a través de una resolución la Secretaría de Comercio Interior que encabeza Roberto Feletti: formalmente, entró en vigencia este miércoles y rige hasta el 7 de enero. Pero la realidad en los supermercados -y, por lo tanto, en los bolsillos- es distinta.

En una recorrida por locales de algunas cadenas elDiarioAR pudo comprobar que hay productos dentro de la lista que, incluso a primera hora de la mañana y con las góndolas llenas, no están disponibles y otros que se venden más caros que lo indicado por la lista dictada por el Estado.

En una sucursal porteña de Coto, el sachet de un litro de leche La Serenísima que desde Comercio Interior se publica a 80 pesos se vende por 88. En un local de Carrefour también de la Ciudad el desfasaje es el mismo, y ahí mismo se venden a 103,90 pesos las tapas de pascualina de hojaldre La Salteña, que según los "precios congelados" deberían cobrarse $87,46. El puré de tomate Molto se cobra 74,20 pesos, y no los 59,05 que figuran en la lista. En apenas tres ejemplos hay precios entre 10% y 25% más caros que los publicados oficialmente.

En Coto, la botella de 2,25 litros de Coca Cola se vende a 232 pesos, aunque en la lista correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires se publique a 208,44. El envase de 400 gramos de dulce de leche Ilolay cuesta en la góndola 196 pesos, por encima de los 167 anunciados en el programa de "precios congelados", y un kilo de arroz integral Gallo cuesta 215 pesos, y no los $175 anunciados. En esos casos, el incremento entre la lista y la caja -otra vez, el bolsillo- es de al menos 11% y alcanza el 23%.

A ese desfasaje entre lo informado y lo que efectivamente encuentra una persona cuando va a comprar se le suma otro escenario: hay productos que están en la lista pero no se encuentran en los locales. La leche de un litro Apóstoles -entre las más baratas de la lista- no estaba disponible en estos locales. En Coto no había, entre todas las marcas (y modelos) disponibles, queso blanco Mendicrim, ni manteca La Paulina, y en Carrefour había salchichas Swift pero su versión Kids. Ni un paquete de las de esa marca que el Estado incluyó en el programa que acaba de entrar en vigencia.

Como tercer escenario, hay, sí, precios en la góndola que coinciden con los anunciados por la secretaría que conduce Feletti: son los que ya estaban incluidos en el programa de Precios Cuidados, señalados en las góndolas bajo esa categoría. Los que no pertenecían antes a ese listado pueden atravesar dos escenarios distintos: estar en falta o venderse más caros.

"Estas herramientas nunca funcionaron en la Argentina para contener supuestamente la inflación y siempre provocaron desabastecimiento de algunos productos", dijo este jueves Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, en declaraciones radiales a De acá en más, por Urbana Play FM. El programa acaba de lanzarse y quien vaya al supermercado con gastos previstos a partir de esa lista encontrará sorpresas. Negativas para el bolsillo.

JR

Avanza en el Senado un proyecto para que menos contribuyentes paguen bienes personales

Un proyecto de ley que busca modificar la ley del impuesto a los bienes personales para incrementar el mínimo no imponible y lograr que una menor cantidad de argentinos sea incluido en el registro de contribuyentes recibió este jueves respaldo del oficialismo y de la oposición en una reunión de comisión del Senado.

En el inicio de una reunión por videoconferencia, el presidente de la comisión de Presupuesto y autor del proyecto de ley, Carlos Caserio (Frente de Todos-Córdoba), declaró que el impuesto, tal como está, "es inadecuado, va a traer malhumor a la gente y no es justo".

El proyecto pretende eximir del alcance del gravamen a los contribuyentes cuyos bienes, en su conjunto, resulten en un valor igual o inferior a los ocho millones de pesos. Hoy, ese límite está puesto en los dos millones de pesos.

De tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, no estarán alcanzados por el impuesto cuando su valor determinado resulte igual o inferior a cincuenta millones de pesos, cuando en la actualidad ese número está en 18 millones de pesos.

Además, los valores del nuevo límite se actualizarán automáticamente en diciembre de cada año.

Caserio explicó que el tributo tal como está "está afectando a una cantidad enorme de argentinos" y que era "una necesidad que había que abordar" ya que de no actualizarse se va a "gravar a una cantidad de contribuyentes que debería estar totalmente al margen de la tributación".

El senador señaló que la ley se votó en 2018 y que en caso de aprobarse la modificación que plantea "se va a aplicar en 2022 porque va a tener que ser aprobada en el Presupuesto y ser tratada por Diputados".

"Hoy debe haber muchos contribuyentes que ni siquiera se han enterado de su obligación fiscal para cumplir con esta ley y menos deben estar sabiendo los perjuicios que va a tener no cumplirla,

las consecuencias del no pago y la no presentación de las declaraciones juradas, multas e intereses resarcitorios", añadió.

Caserio sostuvo que "la ley debe mejorarse" y que debe estar "pensada para los que están en mejores condiciones económicas. La verdad hoy es que cualquier familia que tenga un cochecito y quiera hacerse una casa es una locura cobrarle".

El legislador admitió que todavía no tienen el costo fiscal de esta medida pero aclaró que no cree que "sea excesivo para nada".

El jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, respaldó por su parte la iniciativa al señalar que "hay gente que está debiendo y no sabe que está debiendo" y afirmó que se debe tener "una base imponible racional"

"Lo lógico sería que los que más tienen y sus bienes personales sean suntuosos paguen para buscar un equilibrio entre los argentinos", sostuvo, y consideró que "de no modificarse la base va a llegar un momento que lo van a pagar el 90 por ciento de los argentinos".

En representación de la oposición, el senador Ernesto Zimmerman adelantó el apoyo a la propuesta y expresó que se trata de "un avance significativo en un contexto de caída de los ingresos de las familias".

"Es bueno establecer mecanismos de actualización de los mínimos por la situación inflacionaria de Argentina", precisó.

El texto fue pasado a la firma de los senadores que participaron de la reunión de comisión y quedará luego en condiciones de ser tratado por el pleno del Senado.

Con información de agencias.

IG

El Presidente le respondió a la gobernadora de Río Negro: "No es función del Estado brindar mayor seguridad a la región"

El presidente Alberto Fernández respondió este jueves mediante una carta a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, por su pedido y “exigencia” de refuerzos de fuerzas federales ante los atentados que sufrió la provincia patagónica en los últimos tiempos.

El mandatario, tras confirmar que dispondrá efectivos de Gendarmería en la zona, a través del ministerio del Interior, que conduce Aníbal Fernández, consideró que no es función del Gobierno nacional “reforzar el control en las rutas nacionales o brindar mayor seguridad a la región", donde existe un conflicto con integrantes de comunidades mapuches que intentan avanzar sobre territorios fiscales y privados, y a quienes se les adjudican una serie de atentados.

Según el Presidente, “es la propia Ley 24059 de Seguridad Interior la que define que las fuerzas federales y provinciales actuarán en conjunto, cuando se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior”.

Asimismo, Fernández le aconsejó a Carreras que, “en uso del poder de policía que le otorga la Constitución de Río Negro, se pueda formar un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro”.

Más temprano, y en el mismo sentido, el ministro Aníbal Fernández sostuvo que el Estado Nacional “junto a las provincias que conforman un estado federal, lo que puede hacer es colaborar. No puede exigir nada la gobernadora de Rio Negro, no tiene ninguna atribución, la ley de seguridad del interior es gráfica y clara”, remarcó en declaraciones a Radio del Plata.

Este miércoles, Carreras había insistido en la necesidad de que el Gobierno nacional envíe fuerzas federales en la zona Andina de Río Negro, luego de un nuevo ataque incendiario en El Bolsón. “No estoy pidiendo un favor, estoy exigiendo que las competencias se ejerzan como corresponde” dijo la mandataria.

“Estamos pidiendo nuevamente de manera formal el refuerzo de fuerzas federales en la zona, para que actúen principalmente en el control de las rutas nacionales”, sostuvo Carreras en declaraciones a CNN Radio. Además, remarcó que en las próximas horas enviará el pedido formal al presidente. Un pedido anterior fue desautorizado por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández.

La región está sacudida por un conflicto con integrantes de comunidades mapuches que intentan avanzar sobre territorios fiscales y privados, que tensó la relación entre la gobernadora Carreras y el Ejecutivo nacional.

En ese marco, se produjeron los atentados que se le adjudican a sectores que se atribuyen la representación de la comunidad mapuche. Al incendio intencional que consumió el edificio del Club Andino Piltriquitrón de El Bolsón en la madrugada del miércoles, hay que sumarle que, a principios de octubre, hubo un ataque en el centro de informes turísticos y de las instalaciones de Vialidad Rionegrina en Bariloche, y otros atentados registrados en años anteriores, como el incendio al refugio Neumeyer del Challhuaco, en 2014, y el refugio San Martín (conocido como Jakob), en 2017".

IG

Aníbal Fernández: "No vamos a aplicar ninguna fuerza represiva, con los resultados que ya hemos visto con Santiago Maldonado"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó hoy que no se va a "aplicar ninguna fuerza represiva" ante los episodios de violencia protagonizados por grupos mapuches en la provincia de Río Negro. "Vamos a decidir de la mejor manera las formas de llevar adelante esta estrategia. No vamos a aplicar ninguna fuerza represiva, con los resultados que ya hemos visto con (el fallecimiento de) Santiago Maldonado", resaltó Fernández.

En declaraciones a los medios acreditados en Casa Rosada, el funcionario nacional aclaró que es una situación en la que tienen que "participar", y agregó: "Hemos colaborado de la forma que se ha visto".

"La Ley de Seguridad Interior tiene sólo sentido y las explicaciones están dadas en su propio contenido. La ley no dice que nos tenemos que meter por cualquier cosa a la provincia, porque no tenemos derecho", argumentó.

Además, el ministro de Seguridad continuó: "Solamente cuando el Consejo de Seguridad Interior lo indique por determinadas situaciones especiales, que no es este caso".

"La gobernadora (de Río Negro Arabela Carrera) decía 'no estamos pidiendo un favor, es su obligación: No es una obligación, es nuestra colaboración señora", explicó.

En esa línea, el funcionario nacional agregó: "Queremos que sepa qué es esto y que entendemos que sería positivo que la propia Policía de Río Negro armara un comando específicamente para atender este tipo de situaciones".

En ese punto, Fernández completó: "Lo vamos a hacer por colaboración y seguramente lo haremos con las otras provincias que fuera necesario ante una situación especial como los desmanes que han existido en este caso".

Al referirse a las acusaciones de "terrorismo" por el accionar de esos grupos mapuches, Aníbal Fernández consideró que la Justicia debe expedirse si estos episodios se encuadran en esos términos.

"El terrorismo es un delito federal. Si así lo denunciaron a la Justicia, la Justicia tiene que pronunciarse. Tiene las características que se denunciaron, y son las que debe pensar el juez que interviene en la causa", concluyó.

DA