Parana

Noticias de Entre Rios

El Senado rechazó los pliegos de los dos candidatos de Milei a la Corte Suprema de Justicia

El Gobierno jugó a todo o nada con la Corte Suprema y perdió. A un mes de la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, el Senado rechazó los pliegos en el recinto con una mayoría abrumadora. En el caso de Lijo, el oficialismo solo logró sumar 27 votos a favor y 43 en contra (con la sorpresiva abstención del riojano libertario Juan Carlos Pagotto). El caso de García-Mansilla, que apenas sí recibió 20 votos a favor, fue más devastador: el actual juez de la Corte fue rechazado para ocupar ese cargo por más de dos tercios del recinto.

Ni las llamadas de último momento de Casa Rosada, ni las promesas grandilocuentes ni las presiones electorales, surtieron efecto: el Senado rechazó los pliegos propuestos por Javier Milei y dejó a García-Mansilla en una encerrona, ya que deberá definir si renuncia o si continúa en la Corte a pesar de que el Senado le quitó su respaldo. 

Santiago Caputo logró plegar a la UCR y a las fuerzas provinciales, pero no fue suficiente. El peronismo logró habilitar la sesión con ayuda de Mauricio Macri, los radicales Pablo Blanco y Martín Lousteau, y un herido exlibertario, Francisco Paoltroni, y terminó de hundir, así, la estrategia que el asesor todoterreno trazó junto a Sebastian Amerio, hace más de un año. 

En el caso de García-Mansilla, solo acompañaron con su voto los seis senadores libertarios, los dos santacruceños, Natalia Gadano y José Carambia, los dos misioneros, Sonia Rojas Decoud y misiones, y un grupo de PRO y radicales cercanos al Gobierno. Fue el caso de Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Cristina Andrada, en el caso del PRO, y Mercedes Valenzuela (Corrientes) y Víctor Zimmermann (Chaco), en el caso de la UCR. En rechazo votó todo el peronismo y el resto de la UCR y el PRO. Fueron 51 votos en contra.

Lijo, en cambio, contó con más adhesiones de parte del peronismo. Entre los 43 votos a favor hubo avales de Carolina Moisés, los santiagueños José Neder y Claudia Ledesma Abdala, la formoseña María Teresa Gonzalez, el sanjuanino Sergio Uñas el tucumano Juan Manzur. En contra votaron, en cambio, muchos de los que no habían dado quórum pero que, al final, manifestaron su rechazo a Lijo. Este es el caso de la mayoría de los radicales, así como de algunos PRO como Luis Juez. 

Todos contra García-Mansilla

El futuro de los magistrados designados por decreto se selló apenas comenzó a sonar la chicharra y el peronismo consiguió el quórum para dar inicio a la sesión. El Ejecutivo se había negado a retirar los pliegos, como le habían rogado sus aliados en el radicalismo, y había decidido apostar todo o nada a que la sesión no se realizaría. Pero falló. Solo lograría ahuyentar al bloque radical que, a pesar de prometer que daría quórum, no bajó y dejó solos a Martín Lousteau y Pablo Blanco. También logró ahuyentar a la cordobesa Alejandra Vigo - otra que había prometido bajar y, al final, no lo hizo - y la jujeña Carolina Moises, la única peronista que pegó el faltazo al momento de la verdad. 

“Defender la Constitución Nacional no es cuestión de capricho o partidaria. ¿Los senadores que están sentados qué van a decir que situación como esta se convierta en regla?”, advirtió la larretista Guadalupe Tagliaferri, quien se señaló que nunca antes se habían rechazado pliegos en el recinto porque había existido una “regla de cortesía” que suponía que el Ejecutivo los iba a retirar antes. Esta vez no sucedió. 

El principal apuntado durante todo el debate fue García-Mansilla, incluso entre aquellos que habían defendido antes su candidatura. El jurista conservador, decano de la Universidad Austral, era el único que había jurado como juez de la Corte y lo había hecho aún después de haber dicho que no aceptaría ser designado por decreto durante su audiencia en el Senado el año pasado: un episodio que se recordaría sistemáticamente a lo largo de toda la sesión. 

“Nos mintió tres veces en la cara a los senadores. Terminó aceptando. O la ambición le gana o le gana las presiones del Ejecutivo, en cualquiera de los dos casos no puede ser Juez de la Corte”, masculló Lousteau, y agregó: “Acá estamos votando por el mecanismo de designación del Presidente. Los antecedentes pasan a otro plano. El resto son excusas para avalar esta barbaridad, algo que a todas luces es inconstitucional”.

Lousteau le hablaba, así, a los pocos senadores que habían amagado con defender el decretazo de Milei bajo la premisa de que había que discutir a los candidatos y no al mecanismo. Una fue la bullrichista Carmen Álvarez Rivero, que argumentó que “las candidaturas no se evalúan según quien propone, sino por idoneidad”. Y, acto seguido, se puso a explicar que la Justicia tenía que ser independiente. 

Desde la cuenta de Twitter que se le atribuye a Santiago Caputo salieron a festejar el discurso de Álvarez Rivero. Hasta que, mientras hablaba, le recriminaron que hubiese leído todo el discurso y la senadora cordobesa respondió: “Es un orgullo para mí, me enseñaron a leer en primer grado”. Acto seguido, la supuesta cuenta de Caputo agregó: “Bueno la cagó al final”. 

Luis Juez, que votaría en contra de Lijo pero a favor de García-Mansilla, también intentó sostener la misma premisa: “No estamos analizando la constitucionalidad de un ministro. Es abstracto porque no vamos a discutir la constitucionalidad de un decreto para jurar como juez de la Corte”, argumentó.

El peronismo, sin embargo, fue tajante: la jura de García-Mansilla era inconstitucional y el magistrado tenía que renunciar una vez que el Senado rechazase su designación. “No se puede designar juez de la Corte por decreto. Los jueces no son empleados del Poder Ejecutivo, no pueden estar a tiro de la lapicera presidencial”, argumentó el camporista Martín Doñate, aludiendo al artículo de la Constitución que refiere a la designación en comisión de empleados del Poder Judicial del que se había agarrado Milei para designar a los jueces por decreto. Doñate, como luego haría Anabel Fernández Sagasti, advirtieron que cualquier fallo firmado por García-Mansilla a partir de hoy sería “nulos de nulidad absoluta”.

“No es legítimo. No puede nombrar jueces por decreto. El señor Mansilla está usurpando el cargo, no es legítimo. No nos den ese ejemplo porque si llegamos a volver no les va a gustar esto”, ironizó, ya sobre el final, el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans. 

Algunos contra Lijo

A diferencia de García-Mansilla, Lijo, que aún no juró, sufrió menos impugnaciones. Tuvo, incluso, algún que otro apoyo suave dentro del peronismo. Por ejemplo de Moisés, quien no quiso quedarse callada después de haberse ausentado para el quórum. “Lijo tiene dictamen a favor con firmas de nuestro propio interbloque. No mezclemos las cosas. Hay un juez designado por decreto que juró, sí. Pero hay un juez con dictamen favorable que espera nuestra definición”, sostuvo la jujeña, que fue la única peronista que atinó a defender a alguno de los postulantes. 

Quien salió con los tapones de punta, en cambio, fue Paoltroni, cuya enemistad con Lijo fue lo que motivó su expulsión del bloque libertario. El formoseño, sin embargo, no olvidó quien fue quien mandó a echarlo y optó por arrastrar a Caputo con Lijo en su alocución: “Me llamó este insolente de la Casa Rosada, Santiago Caputo, y me pidió que me calle porque sabía cómo iba a votar, pero le advertí que no solo no quiero que llegue a la Corte, sino que debería dejar de ser juez”, manifestó.

Al final, Lijo solo recibiría 43 votos en contra, muchos de los cuales hubieran sido positivos si no hubiera aceptado ser designado por decreto. García-Mansilla, en cambio, apenas si logró reunir a un puñado de oficialistas y aliados libertarios. A pesar de esto, cuando finalizó el día, García-Mansilla continuaba siendo juez de la Corte y había firmado, en las últimas 24 horas, un total de 50 fallos.

MC/JJD

El Gobierno dijo que el Senado bloqueó sus postulantes para la Corte por “motivos políticos”

En un comunicado emitido apenas finalizó la votación, el Gobierno acusó al Senado de convertirse en “una máquina de impedir” que opera con el único fin de “obstruir el futuro de la Nación Argentina”. Según la versión oficial, los senadores rechazaron los pliegos propuestos por el presidente Javier Milei luego de dilatar la votación durante meses, priorizando sus “causas judiciales y las de sus dirigentes” por sobre el correcto funcionamiento de uno de los tres poderes de la República.

“Por primera vez en la historia, el Senado de la Nación ha rechazado pliegos propuestos por un Presidente, por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad”, subrayó el comunicado, apuntando al cuerpo legislativo como un “refugio de la casta política en el Congreso de la Nación”.

La Casa Rosada remarcó que, durante el último año, los senadores tuvieron a disposición los pliegos de García-Mansilla y Lijo, participando en todas las instancias del proceso de selección establecido por la normativa vigente. Sin embargo, tras prolongar la votación durante meses, el Senado rechazó finalmente las propuestas.

El Gobierno señaló que esta decisión constituye una amenaza para la democracia y para la independencia judicial, al anteponer la “protección penal” de la clase política por sobre la normalización del sistema judicial. En ese sentido, el comunicado concluyó afirmando que el Presidente continuará utilizando “todas las herramientas que la Constitución Nacional y el voto popular han puesto en sus manos” para garantizar la independencia judicial y restaurar la confianza en las instituciones.

JJD

El Senado le marcó la cancha a Milei y dejó a García-Mansilla al borde de la ilegalidad

El revés era previsible, pero no por eso dejó de doler. A las 20.30 del jueves, el tablero electrónico del Senado confirmó lo que en Balcarce 50 venían temiendo en silencio desde hacía días: los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los dos candidatos que Javier Milei había designado por decreto para completar la Corte Suprema, habían sido rechazados. El resultado fue claro: el juez federal recibió 27 votos a favor y 43 en contra y el jurista, que ya asumió en la Corte, recibió 51 votos en contra: más de dos tercios del recinto. Pero lo que terminó de dejar al desnudo la fragilidad del oficialismo no fue la matemática parlamentaria sino la falta de control sobre el tablero institucional.

Milei se enteró de lo sucedido desde el exterior. Estaba en Estados Unidos, buscando su foto con Donald Trump y explorando terminar de concretar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En Buenos Aires, mientras tanto, se desmoronaba la principal jugada política de su asesor más influyente. Santiago Caputo había diseñado la estrategia con un diagnóstico implacable: no hay mayorías legislativas, pero hay tiempo y hay audacia. El plan parecía simple: aprovechar el receso del Congreso, designar por decreto a los candidatos, darles un poco de aire con una jura exprés, y empujar luego el acuerdo parlamentario como si fuera apenas una formalidad. Nada salió como estaba previsto.

En un gobierno que se jacta de no negociar con la política tradicional, la votación del Senado fue algo más que una derrota. Fue la confirmación de que hay límites que ni siquiera un presidente en modo guerra puede forzar sin consecuencias. Lijo permanecerá en su juzgado en Comodoro Py, despojado de la proyección suprema que había imaginado. García-Mansilla, en cambio, parece elegir resistir. Juró en febrero como juez de la Corte y en el Gobierno sostienen que se quedaría hasta noviembre, pese a la negativa explícita del Senado. En la Casa Rosada avalan esa decisión y dan a entender que la única manera de removerlo de su cargo sería a través de un juicio político.

“García Mansilla va a seguir hasta el 30 de noviembre”, aseguró este jueves el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Según el funcionario, la continuidad del catedrático “es sin perjuicio de lo que defina el Senado”. Y añadió que, “de la misma manera, si su pliego se rechaza en este Congreso, el próximo que se instale a partir del 10 de diciembre va a ser otro y el Presidente podrá insistir con estos pliegos u otros para que sean tratados” en la Cámara alta. A esta altura, no está claro si el conflicto es institucional, jurídico o simplemente político. Lo único claro es que está abierto.

El punto de inflexión fue la resolución 176/2025 de la Corte Suprema, firmada a comienzos de marzo por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el propio García-Mansilla, que dejó sin efecto la licencia extraordinaria que Ariel Lijo había pedido para dejar en pausa su juzgado federal. Con ese fallo, la Corte no solo cerró la puerta jurídica a su incorporación inmediata, sino que le marcó un límite al experimento institucional del oficialismo.

La sesión de este jueves fue un capítulo aparte. A la ofensiva del peronismo, que garantizó sus 34 votos, se sumaron los senadores de la UCR y el PRO. Hubo contactos de último momento, incluso un pedido de Eduardo Vischi, el jefe del bloque radical, a Santiago Caputo para que el Gobierno retirase los pliegos. Pero la decisión del oficialismo ya estaba tomada: que la suerte de los jueces quede en manos de los senadores.

La vicepresidenta Victoria Villarruel no estuvo presente en el recinto, en su rol de presidenta interina por el viaje del mandatario. En su lugar, el senador Bartolomé Abdala presidió un debate cargado de acusaciones cruzadas. Sin embargo, desde sus redes, la titular del Senado envió un mensaje frío pero claro: recordó que los pliegos habían ingresado “hace más de un año” y que no sería ella quien pusiera la cara por una votación que el Gobierno sabía perdida. “Ante las operaciones de la casta y la vieja política, no está de más aclarar que dado el viaje del Presidente, me encuentro en el ejercicio de la Presidencia”, escribió en X.

La publicación coincidió —o no— con un tuit teledirigido desde la cuenta que se le atribuye a Caputo, acusándola de incurrir en una supuesta ilegalidad. “Que hace la Vicepresidente de la Nación en ejercicio de la Presidencia de la Nación en su despacho del Senado operando la sesión de hoy? Casi seguro que es un delito eso”, lanzó al mediodía @MileiEmperador, alias “John”, el avatar del asesor presidencial todoterreno, cuyas publicaciones son leídas atentamente por todo el arco político.

Pero no fue la primera vez que un viaje de Milei genera conflicto en el Ejecutivo. En diciembre del año pasado, fue el propio Presidente el que acusó a Villarruel de avanzar con la sesión para la expulsión del senador Edgardo Kueider, detenido por contrabando en Paraguay, a pesar de saber que él se encontraba en un vuelo rumbo a Italia. En ese entonces, el mandatario había argumentado que ella debía reemplazarlo y que, por ello, la sesión era inválida. La polémica también había sido motorizada, al igual que este jueves, por @MileiEmperador.

La incógnita García-Mansilla

El más perjudicado por toda esta novela es García-Mansilla. Hasta hace un mes, su pliego generaba cierta simpatía entre sectores dialoguistas. Pero su decisión de aceptar la designación por decreto y jurar sin esperar el acuerdo del Senado fue interpretada como una traición. “Nos mintió en la audiencia”, repetían en el peronismo. En el radicalismo también lo desautorizaron. Su permanencia en la Corte, para muchos, ya no es legítima. Él insiste en quedarse. Pero si lo hace, deberá lidiar con el riesgo de un proceso de destitución.

Así y todo, la posibilidad de que García-Mansilla renuncie por su cuenta no está descartada. Algunos, en la Corte y en el Gobierno, lo ven probable: no por presión política, sino por coherencia doctrinaria. Es un constitucionalista, y sabe que está ocupando un cargo que la carta magna le asigna al Senado. Pero su silencio, por ahora, se mantiene.

Lijo, en cambio, vuelve a su hábitat. No renunció nunca, no juró, y su regreso al Juzgado Federal N°4 es más una continuidad que una retirada. Eso no evita, sin embargo, que su postulación haya sido un fracaso rotundo. Lo que pudo ser su salto a la cima del poder judicial se volvió una escena incómoda: un juez que pidió licencia, que se la denegaron, que recibió un pliego rechazado y que ahora vuelve al llano como si nada.

En la Casa Rosada toman nota. Ya no se habla de avanzar con una nueva terna, ni de insistir con un acuerdo relámpago, sino de dejar que el tiempo haga su trabajo. Mientras García-Mansilla se aferra a su cargo con una legitimidad discutida y Lijo recompone su lugar en Comodoro Py, el Gobierno calcula costos y espera. En el fondo, lo que terminó de destruir la estrategia oficial fue la idea de que se podía construir poder institucional sin acuerdos. Eso que Milei creía domar a fuerza de voluntad, demuestra una vez más que también responde a reglas, ritmos y silencios que no se pueden decretar.

PL/MG

Una medida cautelar prohibe a García Mansilla dictar sentencias mientras sea juez en comisión

Apenas conocida la decision del Senado de frenar la incorporación a la Corte Suprema de los candidatos propuestos por el Gobierno, l juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar y le ordenó a Manuel García-Mansilla que se abstenga de intervenir en causas judiciales .

Es que el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral fue designado en comisión por el presidente Javier Milei para ocupar un puesto en la Corte Suprema. La votación en contra del Senado da marcha atrás con esa designación.

En la cautelar, de cumplimiento obligatorio, Ramos Padilla advirtió que la situación de García-Mansilla “compromete gravemente el cumplimiento de los estándares constitucionales e internacionales de independencia e imparcialidad judicial”.

La medida de Ramos Padilla es en respuesta a la presentación realizada por el abogado Jorge Rizzo y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez en el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N°2. Los abogados entienden que la incorporación de García-Mansilla a la Corte  vulnera la independencia judicial.

Para Ramos Padilla, el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional impide que un juez designado en comisión ejerza funciones jurisdiccionales, en tanto no haya recibido acuerdo del Senado. La cautelar es , de cumplimiento obligatorio, fue adoptada a través de una resolución firmada este miércoles, en el marco de una Ambos impugnaron la designación de García-Mansilla , por entender que

“La falta de acuerdo del Senado de la Nación no puede ser soslayada ni sustituida por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional”, sostuvo el juez. Además, enfatizo que se trata de una “condición esencial para la validez del nombramiento” y que, en su defecto, “no puede válidamente ejercer la función jurisdiccional”.

Con información de Noticias Argentinas

La marca "Maradona", el abogado Morla y quién decidió la internación enfrentan a las hermanas con las hijas del Diez

Claudia, la menor del clan Maradona; Ana, la mayor; y Rita, también hermana del exfutbolista y presidenta de Sattvica SA, la empresa que capitaliza la marca “Maradona”, declararon hoy en el juicio por la muerte de Diego. El interrogatorio apuntó a determinar las responsabilidades médicas de los imputados, como quién y en qué circunstancias se decidió la internación domiciliaria. Pero se coló el nombre de Matías Morla -el abogado de confianza del exfutbolista- y quedó en evidencia una pelea entre Dalma y Gianinna y sus tías por cuestiones comerciales: ¿quién percibe ganancias por el nombre en perjuicio de los herederos? Las sobrinas dejaron de hablar con sus tías luego de la muerte de su papá.

A Claudia Nora la llaman, con cariño, Cali. Es la última de ocho, tres varones y cinco mujeres, nacidos en este orden: Ana, Rita, María Rosa, Elsa, Diego, Hugo, Raúl y ella. “Por ser la más chica el trato con Diego era como el de un padre. Amoroso, siempre pendiente de cómo estaba”, arrancó Claudia cuando el fiscal Patricio Ferrari le preguntó como era el vínculo con su hermano. La última vez que se vieron fue el domingo anterior al que se declarase la pandemia de Covid19. Hasta ese día de marzo de 2020, Claudia y sus hijos lo visitaban en la casa de Bella Vista. En el mediodía del 25 de novimebre de 2020, las hermanas -todas viven en el mismo edificio de La Paternal- se subieron a un auto y encararon rumbo a Tigre. Les habían avisado por teléfono que Maradona “se había descompuesto”. Cuando llegaron ya había muerto.

Claudia, al igual que Rita y Ana, había participado de la reunion en la Clínica Olivos en la que se decidió cuáles serían los pasos a seguir luego de la operación a la que había sometido al exfutbolista por un hematoma subdural. Según el relato, allí estaban Dalma, Gianinna y Jana, los médicos que atendieron a Maradona en Olivos; Leopoldo Luque y Agustina Cosachov -neurocirujano y psiquiatra; los dos imputados-, Verónica Ojeda y Víctor Stinfale, abogado socio de Matías Morla y amigo del Diez, que fue nombrado por primera vez por una testigo en el juicio por la muerte de Maradona.

En esa reunión, dijo Claudia, “había dos posibilidades. Internarlo en una clínica o internarlo en una casa. La internación iba a ser muy difícil por el carácter que tenía mi hermano. Se propuso una internación domiciliaria. Yo no hablé”. A Luque lo reconoció como “médico de confianza de su hermano”. “Del estado de salud de Diego nos enterábamos por Rita (N. de la R.: presidenta de Sattvica SA), que era a la que habían dejado en el grupo de WhatsApp en representación de los hermanos. Ella estaba en ese chat, era la única y nos enterábamos por ella”, agregó.

El abogado que representa a las hijas mayores del exfutbolista, Fernando Burlando, la acorraló: “¿Usted tenía algún tipo de vinculo contractual con Diego Armando Maradona?”. Pablo Jurado se opuso. Jurado es el abogado que representa a las hermanas en el juicio por la muerte de Maradona pero además tiene interés en la causa que se tramita en la Justicia porteña y en las que están imputadas Claudia y Rita, Matías Morla y Maximiliano Pomargo. Los investigan por la apropiación ilegal de los derechos del nombre del Diez -su imagen y su voz, además- que deberían ser herencia de los hijos biológicos. Claudia tuvo que responder. Incómoda, dijo: “¿El tema de las marcas? Es algo que nos dejó mi hermano para las hermanas”. Burlando arremetió. Quiso saber si hay un contrato, un papel, un documento. Claudia contestó a tientas: “En vida nos dijo, él, con su voz”.

El abogado de Diego Junior, Eduardo Ramírez, planteó el interrogatorio en el mismo sentido que Burlando. Buscan así poner en duda la credibilidad del testimonio de las hermanas de Maradona que en el juicio por la muerte de su hermano son querellantes, pero en la investigación por la apropiación ilegal de la marca “Maradona” serán indagadas la semana próxima. El argumento de Jurado, el abogado que representa a la hermanas, es que la cuestión de la marca no tiene que ver con el hecho que se investiga, la muerte de Diego. Pero el Tribunal hizo lugar al planteo y las hermanas tuvieron que responder.

Ana Maradona, hermana mayor del exfutbolista, también fue interrogada por la marca. Consultado por el abogado de Dalma y Gianinna acerca de si percibe algun tipo de beneficio, respondió: “Él nos ayudaba siempre. Porque el nos quería ver bien a nosotros, que nunca nos falte nada”. Sobre si hubo un contrato firmado, dijo: “Que nosotros tengamos contrato no sé. Mi hermana Rita es la presidenta de Sattvica. Pero yo no”. La última en declarar fue Rita y sobre cómo percibe las ganancias de la empresa dijo, rápida, “me abstengo” y no dio detalles. No hay contacto entre tías y sobrinas desde la muerte de Maradona. “Con Dalma y Gianinna hace como tres años que no tenemos relación. Yo no soy amiga ni enemiga de ellas. Soy la tía”, apuntó Rita.

Respecto de quién decidió que la internación domiciliaria era la mejor opción, la presidenta de Sattivica SA detalló: “Dalma nos dijo 'ustedes no tienen nada que ver, somos tres mujeres grandes y nosotras nos vamos a encargar de la salud de mi papá'. Creíamos que se iban a hacer cargo de si lo atendian, las ambulancias, los medicos, la aparatología...”.

Sobre los cuidados en la casa de Tigre, Ana recordó que “la sugerencia la hizo el director de la clínica Olivos”. Le marcaron, a ella, una contradicción. Ante el Tribunal dijo que no sabía quien pagaba las prestaciones médicas. Pero en la declaración testimonial que ofreció en la etapa de instrucción había afirmado que era Matías Morla quien lo hacía. Ana, la mayor de los Maradona, se excusó: “En ese momento lo dije, sí. No tengo 20 años, tengo 74”. Le preguntaron, también, si su hermano se oponía a los tratamientos. “El hacía lo que él quería”, cerró Ana.

Quedó en evidencia una interna entre querellas, es decir, en al menos dos de las partes que plantean que a Diego Maradona lo descuidaron al punto de dejarlo morir. Por un lado, Claudia, Ana y Rita descargaron la responsabilidad de la decisión de la internación domiciliaria en Dalma, Gianinna y Jana. Como contraofensiva, ellas les endilgan haberse apropiado del nombre, la imagen y la voz de su padre para generar ingresos que, a su entender, deberían ser herencia de los hijos. Por ese carril corre, también, Diego Junior, que sigue el juicio desde Italia, donde vive. Habra que esperar al martes, cuando declare Verónica Ojeda, ex pareja de Maradona y madre de su hijo menor, Dieguito Fernando.

VDM/JJD