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En busca de la épica perdida, el Gobierno sale a controlar precios y rearma su campaña con eje en la inflación

Roberto Feletti define, contra reloj, el corpus jurídico para que el sábado los intendentes del conurbano tengan una herramienta legal a mano para sancionar a los comercios que no cumplan con el congelamiento de precios. El secretario de Comercio Interior, la cara visible de la negociación con las empresas, define el instrumento para dar poder de fuego a los municipios en las tareas de fiscalización y control.

Este sábado, en gran parte del Gran Buenos Aires, hará un despliegue coordinado de inspectores municipales para recorrer hipermercados, cadenas, supermercados de cercanía y los llamados "chinos" con el objetivo de asegurar que se cumplen la resolución nacional que dispuso retrotraer al 1 de octubre los precios de 1.432 productos, como parte de un plan que pretende planchar los precios hasta el 7 de enero.

Más allá de lo operativo y funcional, es una acción en la que el Gobierno trata de recuperar una épica política perdida, un incentivo para volver a salir a la calle luego del sablazo electoral del 12 de septiembre que shockeó a la jefatura del Frente de Todos (FdT).

El miércoles, en La Plata, el gobernador Axel Kicillof fue el primero en traducir ese episodio como una oportunidad: se reunió con Feletti, junto a intendentes del conurbano, su vice Verónica Magario, el jefe de Gabinete Martín Insaurralde y su ministro de Producción, Augusto Costa, que antes del 2015 ocupó el cargo que tiene Feletti y que en la provincia tiene bajo su órbita la fiscalización.

"En este tema se nos va la vida", aseguró a elDiarioAR una fuente provincial para dimensionar el peso que en lo operativo y en lo político la cuestión de los precios tiene para el gobierno provincial , clima que con las horas se reflejó también en Casa Rosada.

Casi a la misma hora, Alberto Fernández se reunió con la cúpula de la CTA Autónoma y planteó como prioridad la cuestión de la lucha contra la inflación. En esa charla, el Presidente cuestionó que una minoría de empresas bloqueó el acuerdo de precios y defendió la resolución de congelamiento que, dijo, incluye una "amplia canasta de bienes de consumo masivo necesarios para que tengan un precio justo, estable y seguro". Afirmó, además, que es una medida que apunta a serenar los precios, controlar la inflación y devolver certezas a las familias argentinas. Ese fue, luego, el leit motiv de la campaña del Frente de Todos.

Más temprano, el jefe de Gabinete Juan Manzur, que el día previo monitoreó pero no se involucró de lleno en la tumultuosa negociación de Feletti con los empresarios, estuvo en La Plata y se vio con Kicillof y con Insaurralde.

A las horas, la campaña del Sí que coordina el catalán Antoni Gutiérrez Rubí, lanzó una secuencia con ese eje. "SÍ a garantizar los precios", "SÍ a controlar la inflación", "SÍ a cuidar a las familias". La campaña del Frente de Todos (FdT) apunta a linkear la acción de gobierno con uno de los temas que está en el podio de las preocupaciones: el aumento de los precios.

"Los votantes duros y blandos del FdT responsabilizan del aumento de precios a los empresarios. Y un sector de los votantes de Juntos piensa lo mismo. Todos lo que le reclaman al Gobierno es que haga algo, que los defienda", explicó un funcionario nacional. En ese hilo conceptual se combina todo: la necesidad de dar una respuesta frente a una escalada inflacionaria, a la vez que volver a mostrar al gobierno proactivo frente a un problema crítico como es la suba de precios.

De manera adicional, en clave política, implica recuperar la iniciativa y ponerse al frente de una cruzada que, se supone, debería ser celebrada por los que sufren los aumentos. El miércoles, en La Plata, se acordó que el sábado habrá operativos simultáneos en el conurbano con controles de precios en los centros comerciales.

"Cada municipio tiene inspectores municipales. La provincia tiene muy pocos y Nación casi nada. El control depende de los intendentes pero las leyes son nacionales o provinciales", explica un alcalde que participó de la reunión y entrena personal municipal para que se sumen a las plantillas de inspectores.

Lo que definen Feletti junto a su segunda Débora Giorgi y al ministro bonaerense Costa es la dinámica jurídica, porque la ley de Abastecimiento es nacional mientras que hay una ley de Defensa del Consumidor provincial. Esperan una serie de "delegación de funciones" porque los municipios deben tener poder de policía sobre el cumplimiento de normas nacionales. En algunos casos, los distritos pueden fiscalizar pero no pueden sancionar. Por ese motivo, Nación y Provincia estructuran el procedimiento para que los municipios tengan poder de fuego incluso para "clausurar" comercios en caso que detecten incumplimiento flagrantes de la resolución sobre el congelamiento de productos.

PI

Precios congelados: una lista oficial y tres escenarios distintos frente a la góndola

La lista oficial mide 1.432 productos y tiene precios para las 24 jurisdicciones de la Argentina. Se trata de los "precios congelados" que estableció a través de una resolución la Secretaría de Comercio Interior que encabeza Roberto Feletti: formalmente, entró en vigencia este miércoles y rige hasta el 7 de enero. Pero la realidad en los supermercados -y, por lo tanto, en los bolsillos- es distinta.

En una recorrida por locales de algunas cadenas elDiarioAR pudo comprobar que hay productos dentro de la lista que, incluso a primera hora de la mañana y con las góndolas llenas, no están disponibles y otros que se venden más caros que lo indicado por la lista dictada por el Estado.

En una sucursal porteña de Coto, el sachet de un litro de leche La Serenísima que desde Comercio Interior se publica a 80 pesos se vende por 88. En un local de Carrefour también de la Ciudad el desfasaje es el mismo, y ahí mismo se venden a 103,90 pesos las tapas de pascualina de hojaldre La Salteña, que según los "precios congelados" deberían cobrarse $87,46. El puré de tomate Molto se cobra 74,20 pesos, y no los 59,05 que figuran en la lista. En apenas tres ejemplos hay precios entre 10% y 25% más caros que los publicados oficialmente.

En Coto, la botella de 2,25 litros de Coca Cola se vende a 232 pesos, aunque en la lista correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires se publique a 208,44. El envase de 400 gramos de dulce de leche Ilolay cuesta en la góndola 196 pesos, por encima de los 167 anunciados en el programa de "precios congelados", y un kilo de arroz integral Gallo cuesta 215 pesos, y no los $175 anunciados. En esos casos, el incremento entre la lista y la caja -otra vez, el bolsillo- es de al menos 11% y alcanza el 23%.

A ese desfasaje entre lo informado y lo que efectivamente encuentra una persona cuando va a comprar se le suma otro escenario: hay productos que están en la lista pero no se encuentran en los locales. La leche de un litro Apóstoles -entre las más baratas de la lista- no estaba disponible en estos locales. En Coto no había, entre todas las marcas (y modelos) disponibles, queso blanco Mendicrim, ni manteca La Paulina, y en Carrefour había salchichas Swift pero su versión Kids. Ni un paquete de las de esa marca que el Estado incluyó en el programa que acaba de entrar en vigencia.

Como tercer escenario, hay, sí, precios en la góndola que coinciden con los anunciados por la secretaría que conduce Feletti: son los que ya estaban incluidos en el programa de Precios Cuidados, señalados en las góndolas bajo esa categoría. Los que no pertenecían antes a ese listado pueden atravesar dos escenarios distintos: estar en falta o venderse más caros.

"Estas herramientas nunca funcionaron en la Argentina para contener supuestamente la inflación y siempre provocaron desabastecimiento de algunos productos", dijo este jueves Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, en declaraciones radiales a De acá en más, por Urbana Play FM. El programa acaba de lanzarse y quien vaya al supermercado con gastos previstos a partir de esa lista encontrará sorpresas. Negativas para el bolsillo.

JR

Avanza en el Senado un proyecto para que menos contribuyentes paguen bienes personales

Un proyecto de ley que busca modificar la ley del impuesto a los bienes personales para incrementar el mínimo no imponible y lograr que una menor cantidad de argentinos sea incluido en el registro de contribuyentes recibió este jueves respaldo del oficialismo y de la oposición en una reunión de comisión del Senado.

En el inicio de una reunión por videoconferencia, el presidente de la comisión de Presupuesto y autor del proyecto de ley, Carlos Caserio (Frente de Todos-Córdoba), declaró que el impuesto, tal como está, "es inadecuado, va a traer malhumor a la gente y no es justo".

El proyecto pretende eximir del alcance del gravamen a los contribuyentes cuyos bienes, en su conjunto, resulten en un valor igual o inferior a los ocho millones de pesos. Hoy, ese límite está puesto en los dos millones de pesos.

De tratarse de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente, no estarán alcanzados por el impuesto cuando su valor determinado resulte igual o inferior a cincuenta millones de pesos, cuando en la actualidad ese número está en 18 millones de pesos.

Además, los valores del nuevo límite se actualizarán automáticamente en diciembre de cada año.

Caserio explicó que el tributo tal como está "está afectando a una cantidad enorme de argentinos" y que era "una necesidad que había que abordar" ya que de no actualizarse se va a "gravar a una cantidad de contribuyentes que debería estar totalmente al margen de la tributación".

El senador señaló que la ley se votó en 2018 y que en caso de aprobarse la modificación que plantea "se va a aplicar en 2022 porque va a tener que ser aprobada en el Presupuesto y ser tratada por Diputados".

"Hoy debe haber muchos contribuyentes que ni siquiera se han enterado de su obligación fiscal para cumplir con esta ley y menos deben estar sabiendo los perjuicios que va a tener no cumplirla,

las consecuencias del no pago y la no presentación de las declaraciones juradas, multas e intereses resarcitorios", añadió.

Caserio sostuvo que "la ley debe mejorarse" y que debe estar "pensada para los que están en mejores condiciones económicas. La verdad hoy es que cualquier familia que tenga un cochecito y quiera hacerse una casa es una locura cobrarle".

El legislador admitió que todavía no tienen el costo fiscal de esta medida pero aclaró que no cree que "sea excesivo para nada".

El jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, respaldó por su parte la iniciativa al señalar que "hay gente que está debiendo y no sabe que está debiendo" y afirmó que se debe tener "una base imponible racional"

"Lo lógico sería que los que más tienen y sus bienes personales sean suntuosos paguen para buscar un equilibrio entre los argentinos", sostuvo, y consideró que "de no modificarse la base va a llegar un momento que lo van a pagar el 90 por ciento de los argentinos".

En representación de la oposición, el senador Ernesto Zimmerman adelantó el apoyo a la propuesta y expresó que se trata de "un avance significativo en un contexto de caída de los ingresos de las familias".

"Es bueno establecer mecanismos de actualización de los mínimos por la situación inflacionaria de Argentina", precisó.

El texto fue pasado a la firma de los senadores que participaron de la reunión de comisión y quedará luego en condiciones de ser tratado por el pleno del Senado.

Con información de agencias.

IG

Por la brecha cambiaria, las exportaciones de servicios se fugan al mercado informal

Hay dos datos que entran en conflicto. Por un lado, la pandemia y el proceso de digitalización que trajo aparejado generaron un salto en la importancia de la economía del conocimiento en el comercio mundial. Por otro, y a contracorriente de este escenario, la Argentina redujo las exportaciones del sector entre 2019 y 2020. ¿Cómo se explica? Los empresarios del rubro tienen, más que una respuesta certera, un “feeling”: gran parte de las exportaciones se canalizó por el mercado informal. Un circuito paralelo que busca eludir los efectos de la brecha cambiaria y por el que salen servicios de la Argentina, pero no entran divisas. 

Según datos presentados por la cámara Argencon y tomados de la Organización Mundial del Comercio (OMC), a fines de 2020 la economía de servicios basados en el conocimiento alcanzó un récord histórico de participación en las exportaciones globales. Creció casi un punto porcentual en un año y representó el 11,2% del total. 

En la Argentina, de acuerdo con datos del Indec, las exportaciones del sector cayeron 7,5% entre 2019 y 2020, aún cuando “la respuesta de los centros operativos a las condiciones de la pandemia fue técnicamente muy buena”, según la cámara. Por otra parte, la participación de la economía del conocimiento en las exportaciones nacionales a junio de este año se redujo a 8,2%, lo que la ubica lejos del récord de participación del 9,6% que marcó en diciembre de 2017, cuando las exportaciones alcanzaron los U$S7.335 millones. Desde ese tope hubo diez trimestres consecutivos de caída, con una recuperación en el último trimestre, para llegar a un valor anual de U$S 5.776 millones en junio de 2021. 

“Los datos oficiales muestran que buena parte de la economía del conocimiento dejó de exportar por el mercado formal y se volcó al mercado informal. Por eso hay una parte de la actividad del sector que no se ve en las estadísticas oficiales. El sector no cayó; lo que cayó es la formalización de las exportaciones del sector”, dijo Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, ante una pregunta de elDiarioAR en una ronda con periodistas. 

Según los distintos empresarios del sector que participaron de la conversación virtual, esta situación se explica por la “fuga de talentos” que se acrecentó en los últimos años. “El recurso que se va de mi empresa, es contratado desde el exterior y no liquida la divisa cuando cobra representa una exportación que dejó de estar registrada”, precisó Santiago Mignone, socio de PWC Argentina. “Si el sector creció, pero las exportaciones cayeron ¿dónde está la diferencia? En esa translación de gente que antes estaba empleada y exportaba formalmente”, sumó. 

Esta “fuga” se funda, según explicó Galeazzi, en lo que es hoy el obstáculo principal del sector: la amplia brecha entre el dólar oficial (este jueves cotiza $104,8) y el blue ($189). Mientras que las empresas liquidan sus exportaciones al cambio oficial, los profesionales que deciden trabajar de manera freelance para el exterior pueden acreditarlos directamente en una cuenta extranjera o ingresarlos por una vía alternativa como las criptomonedas y obtener con esa maniobra un ingreso real mucho más alto.  

“Hay una gran batalla global por el talento y los muy buenos profesionales que tiene la Argentina son tentados a trabajar directamente para el exterior. En ese marco la Argentina da ventaja, porque no le puede pagar a sus profesionales al dólar real. Ese es el principal dolor que tiene hoy el sector y que está corroyendo la base del ecosistema”, sintetizó Galeazzi. 

Esa fuga se extiende también a empresas que deciden ubican sus operaciones en países con contextos normativos, cambiarios y tributarios más beneficiosos, donde pueden percibir el valor “pleno” de sus exportaciones. 

Si bien celebró “como mensaje” la eliminación de las retenciones al sector a partir de 2022, definida recientemente por el Gobierno, Galeazzi consideró que no altera la ecuación desde el punto de vista económico. Mientras que las retenciones eliminadas son del 5%, la brecha que problematiza al sector se ubica en el orden del 80%

“En el último semestre el valor percibido por las ventas al exterior ha sufrido una detracción que osciló entre 70 y 85 pesos por dólar, lo que representa aproximadamente 45% del monto total facturado", precisó el informe presentado. 

Para Mignone, de PwC, este desfasaje entre el crecimiento del sector y el saldo de exportaciones permite ver “la magnitud” el problema de la fuga de talentos. “No es una anécdota, una excepción. No se puede probar, porque no se puede probar la informalidad, pero es una presunción relevante a partir de que hay un desbalance en las estadísticas”, dijo. 

Néstor Nocetti, uno de los fundadores del gigante Globant, consideró que en una economía que tiende a la uberización no está mal que los profesionales puedan decidir trabajar de manera independiente para otro país. “Ahora, tendría que ser igualada la cancha y que se pueda trabajar en la mismas condiciones en una empresa argentina que paga impuestos que se usan para educar y formar a esos profesionales”, señaló.

El mercado laboral de las industrias del conocimiento compensa la fuga de talento de sus profesionales senior con la incorporación de juniors, de manera que el empleo total registrado (436.000 trabajadores a marzo de 2021) mantiene en los niveles prepandémicos, y se recupera de una leve caída de ocupación que se registró a fines de 2020. Estos valores implicaron que el porcentaje de participación en el total de empleo privado registrado llegue a un máximo histórico de 7%, valor que se explica por la caída del nivel general de ocupación y no por un crecimiento propio.

De acuerdo con Galeazzi, la Argentina no está “capitalizando” la oportunidad planteada por la pandemia, sobre todo por la inestabilidad macroeconómica del país, que dificulta proyectar negocios incluso en el corto plazo, y porque las políticas públicas de promoción al sector no son tan favorables como en otros países. 

“Los países que más crecen y han podido aprovechar este tsunami tienen una política pública dedicada a la economía del conocimiento en todos los planos: inversiones, normativa, programas educativos”; señaló. 

El ejecutivo mostró datos que permiten advertir que se está produciendo un desplazamiento de la economía del conocimiento de Asia a otras regiones. Sobre todo, a Europa del Este, que “tiene muy buena conectividad”. Los ejecutivos destacaron el desempeño de Polonia, un país que consideraron “comparable” por sus indicadores a la Argentina, que exporta en servicios basados en conocimiento más de lo que exporta la Argentina en soja. En 2020 fueron US$30.000 millones. 

Mignione señaló que la Argentina tiene una posición de privilegio en el mundo, que le permite compartir uso horario con el mayor consumidor de estos servicios, que es Estados Unidos. “Podemos ser la Polonia de América”, dijo. 

DT

El dólar blue vuelve a batir su récord del año y cierra en $191

El dólar blue tocó este jueves un nuevo valor récord para 2021, al ubicarse en $191 para la venta. Con una suba de $3, cerró su tercera jornada seguida de alza y acumula $5 en lo que va de octubre. 

Así, la brecha entre la cotización oficial mayorista ($99,4) y el paralelo supera el 90% —su mayor nivel en tres meses— mientras que la diferencia con la cotización oficial del Banco Nación ($104) ronda el 80%. 

Tras alcanzar su máximo nominal histórico en octubre de 2020, cuando llegó a $195, la divisa paralela comenzó a bajar hasta llegar al mínimo de $139 a principios de abril. Luego retomó una dinámica alcista y ahora se acerca nuevamente al pico que tocó el año pasado. 

Los dólares financieros, cuya cotización resulta de la compra y venta de acciones, también cerraron en alza este jueves. Ambos subieron 0,4% durante la jornada, acumulan 2,5% en lo que va del mes, y cotizan $179. 

La suba se explica por varios factores. Por un lado, la divisa suele tener mayor demanda en los períodos previos a las elecciones, en el que tanto los individuos particulares como las empresas buscan blindarse ante posibles cimbronazos. 

Según Mauro Mazza, analista de la sociedad bursátil Bull Markets, también se registró una demanda más sostenida por parte de los comerciantes que, ante el riesgo de desabastecimiento, comenzaron a proteger stocks. "Los que quieren comprar y tienen pesos se cubrieron con blue", dijo Mazza. 

La amenaza de faltantes fue mencionada ayer por el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman, y replicada este jueves por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, luego de que el Gobierno anunciara el congelamiento de una canasta de 1.400 productos hasta enero de 2022. 

Tal como señala Guido Lorenzo, de LCG, también impacta en la conducta del mercado la expectativa de emisión de pesos, alentada por las medidas preelectorales del Frente de Todos, incluso cuando el "plan platita" no haya tomado la velocidad prevista. De hecho, el ministro de Economía, Martín Guzmán, consiguió llegar a octubre con un déficit de apenas 0,3%.