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Mientras el Congreso discute el Presupuesto, crecen las tomas y se organiza un nuevo paro nacional universitario

Desde comienzos de esta semana, el Gobierno está defendiendo en el Congreso el texto del Presupuesto 2025, por medio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del director ejecutivo de la ANSES, Mariano Salvador de los Heros.

En este contexto, los reclamos por el financiamiento de las universidades públicas tienen un ojo puesto en el Congreso y otro en las facultades y las calles, donde cada día se vuelve un poco más grande la ola de protestas contra las políticas del Ejecutivo en relación con las casas de altos estudios y su financiamiento.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la institución que agrupa a los rectores de las universidades públicas, señaló que estos no han recibido invitaciones por parte de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que preside el libertario José Luis Espert, para participar en las discusiones sobre el presupuesto del año próximo, lo que incrementa aún más la tensión en el conflicto.

Tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, y el posterior bloqueo que el oficialismo y sus aliados del PRO y el MID lograron al intento de la oposición más dura de insistir en la sanción de la norma, los estudiantes y docentes no han dejado de movilizarse, organizando clases públicas, cortes de calles y cacerolazos.

Además se confirmó que habrá un nuevo paro con cese de actividades anunciado para el jueves próximo, convocado por por el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

Mientras tanto, no pasa un día sin que el presidente Milei lance diatribas contra las universidades públicas y en todo el país se suceden las tomas de facultades y se avanza en la convocatoria de un nuevo paro nacional.

El secretario de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Agustín Romero, afirmó que ayer se celebraron más de 30 asambleas en todo el país para definir acciones concretas que se sumarán a las tomas de facultades en curso contra el recorte de la administración libertaria.

“Pueden ser ruidazos, cacerolazos educativos, clases públicas en los diferentes horarios y otros tipos de acciones”, afirmó el dirigente estudiantil. “Todo conduce a unir a todas las facultades en un mismo plan de lucha para preparar una nueva marcha educativa".

En relación a los reclamos del Gobierno para que la universidades sean auditadas, el referente estudiantil afirmó: “Si invitaran al conjunto de estudiantes, a docentes y no docentes nos daríamos cuenta que plata no sobra, es lo que falta para becas, para transporte, para los viáticos de transporte, para el comedor universitario, para los docentes ad honorem que tenemos”.

Por último, destacó que el componente más relevante de alumnos que estudian en las universidades son trabajadores o hijos de trabajadores, afirmando que lo que esconde el presidente con sus críticas es su intención de “una universidad no pública para unos pocos”.

En relación con el último caballo de batalla discursivo de Milei contra las universidades (“son solo para ricos”), los datos del último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) revelan que dos de cada tres estudiantes de universidades públicas provienen de los sectores más bajos de la población.

De esta manera, la narrativa de que los pobres no acceden a la educación superior se confronta con la realidad de que el 48% de los estudiantes de universidades públicas vive por debajo de la línea de pobreza.

El crecimiento de las protestas

Hasta el momento, casi 30 facultades de distintas universidades permanecen tomadas, y los estudiantes continúan escalando las protestas en todo el país.

Este lunes, en una jornada marcada por asambleas y distintas acciones de protesta, los estudiantes de la UBA anunciaron que seguirán en plan de lucha y votaron que se harán tomas de entre 24 y 72 horas en las facultades de Ciencias Exactas, Derecho y Medicina. Al menos otras cuatro sedes de la UBA llevaban adelante asambleas para definir medidas similares.

Los estudiantes de Derecho realizarán este martes una nueva toma por 24 horas y cortarán la avenida Figueroa Alcorta para luego marchar a Plaza de Mayo a las 18:30. Una hora y media más tarde volverán reunirse en asamblea para discutir si continúa o se levanta la medida dispuesta, según acordaron este lunes.

Los estudiantes de Medicina cortarán el miércoles a las 18:00 la avenida Córdoba y la esquina con Junín.

Por su parte, Ciencias Exactas y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) harán una medida conjunta en Ciudad Universitaria, donde planean cortar la avenida Cantilo, también en la tarde del miércoles.

El mismo estado de alerta y movilización continúa en las universidades de La Plata, Mar del Plata, General Sarmiento y Salta –que fueron pioneras en las tomas—, mientras que la Universidad Nacional de Rosario (UNR) convocó a una asamblea estudiantil que resultó en la ocupación de la Facultad de Humanidades.

La ola estudiantil está cobrando tal dimensión que ha contagiado a instituciones habitualmente refractarias al espíritu de protesta, como la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). En la provincia mediterránea se ocuparon las Facultades de Artes, Comunicación Social, Ciencias, Sociales, Lenguas, Psicología, Filosofía y Humanidades.

Allí, hasta la conservadora Facultad de Derecho fue tomada la noche en la que el presidente Milei anunció su veto. 

DM/JJD

La asamblea de la Facultad de Derecho de la UBA decidió la toma de la facultad

Tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento educativo y mientras se debate el Presupuesto 2025 en el Congreso, se vuelve cada vez más grande la ola de protestas contra las políticas del Ejecutivo en relación con las casas de altos estudios.

En este momento, son casi 30 las facultades de distintas universidades permanecen tomadas, y los estudiantes continúan escalando las protestas en todo el país.

Hoy por la tarde, en un hecho histórico, la asamblea de la Facultad Derecho de la Universidad de Buenos Aires decidió que la toma la facultad por el financiamiento universitario, y se espera que en las próximas jornadas la lista se siga incrementando.

Los estudiantes de Derecho decidieron llevar adelante esta medida por 24 horas y mañana cortarán la avenida Figueroa Alcorta y para luego marchar a Plaza de Mayo a las 18.30. Tras la marcha volverán reunirse en asamblea para debatir si continúa o se levanta la toma, según acordaron esta tarde en una asamblea de la que tomaron parte más de 300 alumnos.

DM

Incidentes en la Universidad de Quilmes entre estudiantes libertarios y de otras agrupaciones

Este lunes, estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) se vieron envueltos en incidentes durante una asamblea que debatía la posibilidad de unirse a las tomas en diversas facultades del país, en protesta por el veto a la ley de financiamiento universitario.

Durante el encuentro, se escucharon consignas como “Fuera, fachos fuera”, dirigidas a militantes de La Libertad Avanza que habían asistido al evento. Los videos que circularon en redes sociales mostraron el choque entre diferentes grupos, lo que generó un ambiente tenso y lleno de acusaciones cruzadas.

Por un lado, algunos estudiantes afirmaron que los militantes libertarios habían lanzado gas pimienta contra quienes protestaban, mientras que otros sostenían que eran los libertarios quienes habían sido agredidos, y que solo actuaron en defensa propia. La situación escaló al punto de que Nahuel Sotelo, funcionario nacional y responsable de la Secretaría de Culto, hizo un llamado a las autoridades, responsabilizándolas por las lesiones sufridas por sus militantes.

Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes , se acercó al lugar tras enterarse de los hechos. Expresó su rechazo a la “política de odio” del gobierno nacional, señalando que estas situaciones son consecuencia de un ataque sistemático al futuro de los jóvenes. Mendoza instó a las autoridades a asumir su responsabilidad en la violencia y el conflicto actual, subrayando que “la violencia, la mentira y el odio no son el camino” hacia un diálogo constructivo.

DM

Sturzenegger presentó su ley Hojarasca para derogar otras 63 leyes que el Gobierno considera "obsoletas"

 “Obsoleta, inútil, superada por normativas posteriores” o “temas de escasa relevancia”. Con esos argumento, el Gobierno Nacional presentó hoy el proyecto de Ley Hojarasca, que busca eliminar leyes que desde su óptica “limitan las libertades” de los ciudadanos o “trámites inútiles que incrementan o generan costos”.

Muchas de ellas fueron aprobadas durante gobiernos militares, como una del período de  Alejandro Lanusse que obligaba a difundir determinado tipo de música, y también en períodos democráticos, como la ley de 1974 que establecía el carnet del mochilero.Se trata de un conjunto de 63 leyes, además de artículos de otras cinco, que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que“limitan la libertad individual y que restringen el derecho de propiedad” y provocaron “costos inútiles para los contribuyentes”. Son, según detalla el proyecto, “normas que contribuyeron a la decadencia de la Argentina en el pasado”.

Según el ministro, quien en su cuenta de X anunció el envío al Congreso de la llamada ley Hojarasca, la iniciativa “promueve la seguridad jurídica y remueve los obstáculos para el desarrollo personal y el conjunto del país”. En rigor, la mayor parte de las leyes no se aplican en la práctica.

La ley consta de nueve artículos con un listado de un conjunto de seis tipos de leyes que se pretenden dejar sin efecto, figuran en primer lugar leyes que fueron sustituidas y englobadas por otras más completas y modernas.

“Los derechos no requieren leyes. Nuestra Constitución Nacional establece una serie de derechos fundamentales que son inherentes a las personas”, dice el texto entre sus argumentos, y agrega que “lamentablemente, las corrientes ideológicas más intervencionistas, predominantes durante el siglo XX, revirtieron ese paradigma e impusieron la visión de que para la ‘adquisición’ de un derecho era necesaria una ley que otorgara ese derecho”.

La ley Hojarasca es uno de los principales proyectos de Sturzenegger, quien viene impulsando la idea desde el comienzo de la gestión libertaria.

El proyecto –que ya fue enviado al Congreso– incluye también una ley del Gobierno de Juan Domingo Perón que “impone pena de prisión para los argentinos que defiendan, en ámbitos internacionales, los derechos humanos en el país”, o la ley 18312 del Gobierno militar de Juan Carlos Onganía que “el Estado intentaba limitar la libertad de expresión al controlar la disponibilidad de papel de diario”.  

Otra norma que se busca eliminar es la ley 20.120 de la gestión de Lanusse que “obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar a los mismos. Representa una violación flagrante de la libertad personal”.   

Otra de las que se deroga es la ley 20959 del gobierno de Isabel Perón por el cual se otorgaba a los legisladores libre circulación y libre estacionamiento que, para Sturzenegger, “hay pocos ejemplos de privilegio tan claros como el que deja en evidencia esta norma, inaceptable en una sociedad democrática”. 

También se intenta eliminar la ley 20983 de 1975 que obligaba a los medios de difusión radial y televisiva a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional.

Según un gráfico compartido, las leyes a derogar se distribuyen de la siguiente manera:

Con información de Noticias Argentinas y Parlamentario.

Divorcio exprés: Sturzenegger ya empezó a juntar votos en Diputados para que la disolución matrimonial pueda ser sin juez de por medio

El Gobierno le propondrá al Congreso que, si dos personas casadas quieren divorciarse y están de acuerdo, ya no tengan que ir a un juez ni contratar abogados. En lugar de eso, podrían hacer el trámite directamente en la oficina donde se registran los matrimonios, lo que en teoría haría todo más rápido y barato. Este nuevo proceso, que la prensa bautizó en las últimas semanas como divorcio exprés, forma parte de una de las decenas de iniciativas del proyecto de ley Hojarasca, con que el ministro desregulador, Federico Sturzenegger, pretende barrer con cientas de regulaciones a su criterio obsoletas y que en algunos casos vuelven engorrosos sin sentido procesos que podrían ser más simples y menos costosos.

El divorcio exprés solo funcionaría si ambos están de acuerdo. Si uno no quiere, seguirían teniendo que ir a la Justicia. La idea es ahorrar tiempo y dinero, y evitar que los tribunales se llenen de casos de divorcio que pueden resolverse fácilmente, de acuerdo con el Gobierno. Sin embargo, los abogados podrían ponerse en contra de la propuesta del titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado porque, por ejemplo, se plantean interrogantes como qué pasaría si las personas no se ponen de acuerdo en cosas importantes, como los bienes o los hijos.

Sturzenegger se reunió con diputados del PRO y el MID, que son los bloques aliados de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, con los cuales coordina acciones para enfrentar a la oposición dura y salvar al presidente de Javier Milei de rechazos a sus vetos e inclusive de un eventual proceso de Juicio Político.

El funcionario nacional conversó con ellos sobre su proyecto de ley Hojarasca y definir estrategias legislativas para sumar los votos necesarios para cumplir su objetivo desregulador. Tendría, en tal caso, que buscar voluntades de una oposición que está endurecida y que, por ejemplo, quiere modificar la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para impedir que Milei gobierne por decreto y, en cambio, negocie con el Congreso las iniciativas de su plan de gobierno que requieran el aval parlamentario.

La propuesta legislativa de Sturzenegger, que el funcionario ya viene exponiendo en los medios de comunicación desde hace meses, inclusive antes de jurar como funcionario del Gabinete, busca derogar y modificar al menos 63 leyes que, según el oficialismo, restringen la libertad y la propiedad privada. Entre las propuestas destacadas se encuentra el proyecto de divorcio exprés, que consiste, básicamente, en una reforma al Código Civil y Comercial para permitir que los divorcios de común acuerdo puedan realizarse de manera administrativa, sin necesidad de pasar por la Justicia.

“El proyecto propone implementar un divorcio simplificado con mayor libertad y menos oneroso, al permitir a los cónyuges, a través del divorcio administrativo, disolver su vínculo matrimonial de mutuo acuerdo por una vía más simple, rápida y económica”, informaron desde el Gobierno nacional.

Cómo funciona el divorcio actualmente

En la Argentina, el divorcio se puede obtener de manera judicial. Esto significa que una de las partes debe presentar una demanda de divorcio ante un juez, quien evaluará el caso y emitirá una sentencia que disuelve el matrimonio.

Este proceso puede ser largo y costoso, ya que implica varias audiencias, la presentación de pruebas y, en muchos casos, la intervención de abogados.

El divorcio judicial es necesario incluso si ambas partes están de acuerdo en terminar el matrimonio. Además, durante el proceso judicial, las partes pueden enfrentar restricciones en la disposición de sus bienes y otros aspectos de su vida cotidiana.

Además del divorcio exprés, el proyecto de ley Hojarasca incluye otras reformas como las sucesiones simplificadas y la modernización judicial. Esta última busca agilizar procesos judiciales mediante la digitalización de trámites y la eliminación del monopolio legal sobre los depósitos judiciales, permitiendo que estos se realicen en cualquier institución del sistema financiero.

JJD