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Con el apoyo de los gobernadores, Milei avanza para vender sin límites las tierras a extranjeros

En 1996, el multimillonario inglés Joe Lewis compró 13 mil hectáreas que rodeaban Lago Escondido, en Río Negro, ubicado al pie de la Cordillera y a solo 6 km de Chile. Lo hizo a través de una empresa nacional con accionistas argentinos, ya que la ley 15.385 impide la propiedad extranjera a menos de 50 km de distancia de la frontera. Cercó las tierras, construyó una mansión y un aeropuerto privado y, durante casi 20 años, batalló judicialmente para evitar que le abrieran un acceso público al lago. El Tribunal Superior de Justicia de Río Negro, tres años atrás, le dio la razón: el camino Tacuifi debía cerrarse y quienes quisieran acceder al lago tendrían que hacerlo por la montaña. 

El caso de Lago Escondido es uno de los más famosos ejemplos de extranjerización de las tierras en la Patagonia, pero no el único. A nivel nacional, según un informe del Observatorio de Tierras, alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras. En superficie, esto supera los 13 millones de hectáreas: el equivalente a la extensión del país de origen de Lewis, Inglaterra.

El proceso de extranjerización comenzó en los 2000 con el boom internacional de los precios de los alimentos, cuando el valor de la tierra se disparó y la devaluación facilitó la compra por parte de extranjeros. Fue en ese contexto que, en 2011, el Congreso sancionó la ley 26.737 para poner un límite del 15% a la compra de tierras por empresas o personas extranjeras. Un límite que el Gobierno quiere eliminar y que, la semana que viene, buscará derogar en el Senado con el apoyo de los gobernadores. 

La Ley de Tierras Rurales de Sturzenegger

El proyecto lleva el nombre grandilocuente de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” y, como muchas de las iniciativas desreguladoras de la gestión libertaria, es impulsado por Federico Sturzenegger. Incluye varias modificaciones a la legislación vigente –como la flexibilización de las restricciones sobre el uso de terrenos incendiados, en la Ley de Manejo del Fuego, o trámites sumarísimos para desalojos, en el Código Civil–, pero uno de los puntos clave los introduce en la ley de Tierras Rurales. 

“La Ley de Tierras es a las economías regionales lo que la Ley de Glaciares fue a la minería”, aseguró Sturzenegger, durante una jornada organizada por las Confederaciones Rurales Argentinas, en donde prometió que, de eliminarse los límites a la propiedad extranjera, ingresarían capitales por más de US$ 15.000 millones. El argumento del ministro de Desregulación era que, si se eliminaban todas las restricciones a la propiedad extranjera se desbloquearían inversiones en todas las zonas productivas del país. 

No es la primera vez que el Gobierno intenta avanzar contra la Ley de Tierras Rurales. Apenas asumió la presidencia, Javier Milei publicó el DNU 70/2023 que incluyó, entre decenas de derogaciones, la eliminación de la ley 26.737. La Justicia, sin embargo, aceptó una medida cautelar presentada por el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La Plata que advertía que eliminar la ley “libera el mercado de tierras, habilitando la extranjerización de aquellas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional”. 

El problema no era sólo la eliminación del tope del 15% para personas o empresas extranjeras, sino que barría con todas las restricciones existentes, incluso para los estados nacionales extranjeros. La ley de Tierras Rurales prohíbe también la adquisición de tierras ubicadas en zonas estratégicas, como las que contienen cuerpos de agua permanentes o están ubicadas en zonas de seguridad de frontera. Y mantiene un control sobre la extranjerización de la tierra, ya que crea el Registro Nacional de Tierras Rurales, que debe dar cuenta de la titularidad de todas las tierras provinciales. Milei buscaba eliminar todo. 

Suspendido el DNU por la Justicia, el Gobierno decidió avanzar con una ley que, según advierten diversas organizaciones ambientales, científicas y de las comunidades originarias, podría poner en peligro la soberanía nacional y el acceso de las poblaciones locales a sus propios territorios. 

“Ya hay una presión muy fuerte por parte de empresas extranjeras por quedarse con espacios valiosos de nuestro territorio. Si la ley de Tierras Rurales se modifica, el valor de la tierra se dispararía y haría muy difícil el acceso para productores que hacen circular el desarrollo local. Porque lo que hacen estas economías cuando llegan en forma de enclave extractivo es impedir que la población local haga uso de esos espacios”, explica Julieta Caggiano, socióloga, becaria del Conicet e integrante del Observatorio de Tierras, a elDiarioAR. 

El rol de los gobernadores

Al Gobierno no le fue fácil conseguir los votos para avanzar con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Luego de la explosión del escándalo patrimonial de Manuel Adorni, los senadores del radicalismo y de las fuerzas provinciales aliadas endurecieron su postura y comenzaron a exigir cambios. La jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, tuvo que negociar varias modificaciones, llegando incluso a eliminar algunos artículos de la ley (como el que desmantelaba el régimen de integración socio urbana de barrios populares).

Luego de un mes de negociaciones, Bullrich llegó a un acuerdo con los senadores que terminó siendo clave para destrabar las resistencias: como con la Ley de Glaciares, serán los gobernadores quienes tendrán la última palabra para habilitar la compra de la tierra por parte de empresas extranjeras. Fue solo cuestión de agregar, a último momento, un artículo al dictamen de mayoría: “Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional”. 

“Si quiere la provincia poner límite o no poner límite a la venta de tierras lo decide la provincia. Federalismo puro y duro”, explicó Bullrich, durante el debate en comisiones, dando un giro argumental de 180 grados. Ya no era una defensa a la llegada de capitales extranjeros, era una defensa al federalismo. Y, como sucedió con la modificación de la Ley de Glaciares, que dejó en manos de las provincias la decisión de explotar productivamente una zona glaciar, el Gobierno consiguió las firmas que le faltaban. 

La sesión para aprobar el proyecto de ley será el próximo jueves y en el peronismo advierten que, gracias al apoyo de los gobernadores, Bullrich podrá conseguir su media sanción. “Quieren habilitar la compra de tierras estratégicas a empresas como Palantir. Para ellos el mundo no tiene alambrados, es todo de ellos. Y con esta ley es lo que van a conseguir”, señaló una de las autoridades del bloque peronista.

MCM/MG

Kicillof, entre la solidez de su construcción política y los huecos de su texto económico

La lectura del momento político se asemeja a aquellas imágenes lenticulares que adornaban los útiles de la escuela. Con un leve giro, la ilustración en la regla cambiaba radicalmente y, así, un leoncito inofensivo podía transformarse en una fiera al ataque.

Al compás de la vida cotidiana empeorada por bajos salarios o directamente el desempleo, servicios públicos caros e insufribles —con el transporte a la cabeza—, y una moral ramplona que signa toda acción del gobierno ultraderechista, la imagen de los Hermanos Milei cayó varios puntos en los últimos meses. Se respira en las calles y lo dicen las encuestas en forma unánime, más allá del leve repunte reportado en la última semana.

Desde un brinco espasmódico marcado por la victoria electoral de octubre, los sondeos señalan deterioro que excede la percepción de Milei: caída en intención de voto, pesimismo para lo que viene y creciente atribución de responsabilidad de la crisis a la ultraderecha gobernante. Todo ello, con la contracara de una mejora en los números de la oposición, con Axel Kicillof recortado sobre el resto, y apoyos cercanos a los dos dígitos, probablemente inéditos para la izquierda argentina, en la figura de Myriam Bregman. La consultora Tendencias, que fue la primera que reportó un ascenso de la abogada del Frente de Izquierda, luego ratificado por Atlas/Intel y otras, terminó un trabajo sobre intención de voto (4.730 casos en mayo, todavía no publicado) que ubica primero a Milei, con 36,5%, seguido por Kicillof, con 29,9%, y tercera Bregman, con 14,6%. Asoma una disputa por el voto opositor.

Es un combo inquietante para el oficialismo: más allá de sus notorias diferencias y de la pericia política para sostenerse —a comprobar—, Kicillof y Bregman representan voces nítidamente opositoras a los Hermanos. Podrá haber trasvases entre ambos, o cobrará vuelo otra opción tacticista, más pragmática, pero no parece que el oficialismo pueda pescar votos en ese mercado. Algunos encuestadores, como Juan Courel, de la firma Alaska, vaticinan que la derrota de Milei en 2027 es altamente probable.

La proyección de opositores duros es coherente con la composición del 60% que declara su rechazo al gobierno. Desde la llegada de La Libertad Avanza a Casa Rosada, el segmento adverso con una evaluación “muy mala” del Soez es claramente mayoritario sobre las opciones “mala” y “regular”. Sube o baja la marea, pero el voto antimileísta tiene un núcleo sólido, por lo que no sorprende que se destaquen políticos que difieren del Milei en lo ideológico, en la práctica y en lo formal. Imitadores de estilo arrebatado desde el “peronismo de Perón”, gobernadores blandengues, candidatos formateados por consultoras de marketing y predicadores evangélicos, afuera.

No sorprende que se destaquen políticos que difieren del Soez en lo ideológico, lo procedimental y lo formal

La regla lenticular

Pero hay que prestar atención al componente lenticular de la regla que mide la realidad.

Existe una marcada confianza en el círculo de poder, con el mercado financiero como exponente principal, sobre la reelección de Milei en 2027.

Transformado en un profeta místico, Luis Caputo vaticinó dos cosas en las últimas semanas: que se vienen los mejores 18 meses en muchas décadas, y que la postulación del ultra será “un paseo”, con la oposición humillada. Sobre lo primero, nadie se anima a tomarlo en serio, entre otras cosas, porque lo anunció en marzo y ya los números de abril —industria, construcción y consumo— lo desmintieron. A la espera del milagro, serán en todo caso 17 meses de jolgorio, no 18.

Hay bastante endogamia en ese optimismo, propio de una elite que abreva en un acotado menú de análisis político y mediocre calidad informativa

En cambio, la confianza de que el Presidente contará con un segundo mandato prevalece entre empresarios y ejecutivos de las finanzas, Vaca Muerta y el agronegocio. La idea de que la elección de Milei es causa y efecto de un cambio de paradigma, que se metió en el seno de la mayoría de los hogares, dispuestos a “bancar” aunque sufran, es proclamada en los altavoces del poder real. A lo sumo, si no es Milei —porque sus groserías y idus terraplanistas abochornan hasta algunos convencidos—, será otro, pero el rumbo no está en duda.

Hay bastante endogamia en ese razonamiento, propio de una elite que abreva en un acotado menú de análisis político y mediocre calidad informativa. Ese hombre propenso a las fake news y el agravio amargo que se vislumbra detrás de la cuenta de Twitter de Marcos Galperín tiene una oferta generosa para alimentar sus prejuicios en los medios de mayor difusión.

Vigencia del Soez

Hay, sin embargo, factores sólidos para pensar que las urnas favorecerán a Milei el año que viene. Primero, las encuestas pueden fallar y la opinión pública se volvió bastante volátil.

Si Manuel Adorni indigna hoy, podrá ser un pasivo asumido mañana. Los medios encontrarían motivos para cambiar el prisma. Quizás la aprobación de la compra de Movistar Argentina por parte de Telecom-Clarín —un dominio de mercado clamoroso—, que se rumorea inminente, provoque una súbita desatención a Adorni, las jubiladas y la cascada en el prime time de la tele y los portales.

Segundo, el antecedente de las elecciones de medio término de 2025 es insoslayable. Tras una derrota abrumadora en la provincia de Buenos Aires en septiembre, La Libertad Avanza se acercó a las urnas nacionales de octubre con pronóstico reservado por razones económicas y la carita de José Luis Espert en la boleta de la provincia de Buenos Aires. Milei emergió con una mayoría legislativa que no consiguieron los tres presidentes que lo antecedieron. Un proceso particularísimo, liderado por una extorsión a cara descubierta de Donald Trump y Scott Bessent al votante de un país del fin del mundo, lejos de aumentar el rechazo dio resultado y sacó a muchos argentinos del sillón de su casa un domingo de octubre, para ratificar el rumbo de Milei y bloquear “un regreso al pasado”.

Un tercer elemento que fortalece la confianza de la elite está dado por un peronismo inmerso en melodías gastadas, sin abordajes entendibles sobre cuál es la respuesta ante la economía que formatea Milei con motosierra.

Con las maldades de Karina, los negocios de Santiago y los devaneos filosóficos de Federico, la propuesta ultraderechista está clara: un topo destruye el Estado, para dar paso a un sálvese quien pueda. Suena feo, pero en la mirada libertaria y en cierto sentido común, es el motor de la competencia y el crecimiento.

Con las maldades de Karina, los negocios de Santiago y los devaneos filosóficos de Federico, la propuesta ultraderechista está clara

Allí la cámara vuelve a Kicillof, único candidateable peronista que registran las encuestas.

Contra pronósticos casi unánimes, el gobernador bonaerense logró independizarse de la voluntad de Cristina como ningún dirigente supo hacerlo en veinte años. El eje Patria-Cámpora hoy luce a la defensiva, forzado a optar entre negociar espacios con Kicillof —en una pulseada en la que el gobernador puede imponer condiciones como no conoció el apellido Kirchner—, o volcarse a frustrar una candidatura del “traidor”, si no para consagrar a un reemplazante, que sirva para que pierdan todos. Esa página está abierta.

“Está plantado en la cancha. No es títere de nadie y confronta con Milei. Con eso se despegó del pelotón”, resume un influyente ministro bonaerense.

Kicillof marca un paso que genera disidencias y ansiedad entre sus heterogéneos aliados, que llegan a ver en él características procrastinadoras de impronta albertista, pero los resultados electorales conseguidos e indicios de que van cediendo ciertas resistencias en las provincias (por porteño, por bonaerense, por hijo político de Cristina, por su origen de izquierda) extienden el crédito. “Este año tiene que pasar a otro plano, es un desafío”, amplía la voz.

El entorno del gobernador relata diálogos con dirigentes de todas las provincias. En algunos casos, se dan en un cono del silencio, por razones de conveniencia mutua. La indiferencia/no agresión pactada con el gobernador Martín Llaryora en una reciente visita a Córdoba es un ejemplo bastante relatado.

El “pase a otro plano” alude a la construcción de un liderazgo y una estructura partidaria que sean vistos como un activo por los referentes provinciales. En otras palabras, que un cartel de un candidato a intendente en La Banda, Trelew u Oberá junto a la leyenda Kicillof Presidente sume en lugar de restar a ambos. “La ingeniería electoral no está en la mesa”, agrega el ministro bonaerense.

Las fuentes kicillofistas son unánimes en un punto. El conflicto con Máximo y Cristina se va a agravar hasta el momento de la definición de las listas y, muy probablemente, más allá. Hay cuestiones personales y políticas consideradas insalvables de uno y otro lado. Llegado el caso, un escenario de primarias es concebido cada vez más como un paso necesario para ordenar el tablero y consagrar un liderazgo.

Hasta allí, el activo político de Kicillof.

¿Y el económico?

El gobernador se movió poco de la estrategia de denunciar la política económica de Milei. “Escudo para proteger a los bonaerenses y red para sostener a los afectados por la motosierra”, fue la premisa electoral en 2025. Le sirvió para ganar la elección local de septiembre, no para evitar una ajustadísima derrota en octubre.

Caputo empezó a repartir RIGIs a diestra y siniestra

Milei disparó la inanición del Estado. Redujo el gasto nacional a 15 puntos del PBI, hundió a las jubilaciones, las universidades y la cobertura de salud. Paralizó la obra pública y se empeñó en bajar impuestos a los ricos. Se encuentra en plena implementación de esquemas de promoción de actividades hiperlucrativas, como la producción de gas y petróleo (RIGI), que representa un hachazo para los ingresos estatales con vigencia por treinta años. Enunciado en 2024 como un esquema de incentivo a inversiones estratégicas, con resultado real exiguo (porque parte de las adhesiones fueron sobre proyectos que se iban a hacer de cualquier manera, y las de minería están casi todas en veremos), Caputo empezó a repartir RIGIs a diestra y siniestra.

Ese Estado raquítico enfrenta a cualquier opositor que asuma la Presidencia a la imposibilidad de restaurar el poder adquisitivo de jubilados, docentes y empleados públicos, mientras saca a las universidades del subsuelo y retoma la construcción de cloacas. El próximo gobernante no tendrá con qué responder a todas las urgencias a la vez. El financiamiento externo no existirá, porque Milei se lo habrá consumido todo, como en 2019 lo había agotado el pulcro Mauricio Macri. Y si alguien se tienta con la receta burda de la emisión monetaria como recurso constante para solventar el déficit, disparará la inflación y su capital político se extinguirá en cuestión de semanas.

Queda una receta vieja como la Biblia: cobrarles impuestos a los que más tienen para rescatar a los desclasados.

NS/NC

Kicillof no comunica nada concreto al respecto, más allá de algún criterio general. Transmitió a su equipo que, dada la magnitud del desfinanciamiento premeditado del Estado, es imposible saber dónde estará parado quien asuma en diciembre de 2027.

El gobernador bonaerense no avanzó en el estudio de aumentar el impuesto a las personas físicas (conocido como Ganancias, que en Argentina afecta al 10% de la población, el decil de ingresos altos, muy por debajo de los países europeos e incluso vecinos), ni Bienes Personales (o riqueza, que Milei redujo al mínimo y se cobró cinco años por adelantado), ni a las ganancias extraordinarias (Galperín, ganadería), ni a las grandes herencias y fortunas, ni un esquema de retenciones a ciertas exportaciones. Kicillof fue uno de los pocos dirigentes que marcó críticas a los efectos nocivos del RIGI en la producción de gas y petróleo, pero tampoco dio indicios de qué hará con ese verdadero cepo a los ingresos estatales y al desarrollo de la industria local.

Esta semana, una opinión del periodista Diego Iglesias en la radio Futurock, sobre la necesidad de levantar la bandera de cobrar impuestos con criterio de justicia social, para doblegar el sentido común coronado por la derecha de que todo gravamen en “un robo del Estado”, disparó la furia de Milei, Caputo y Galperín. “Delirante”, “zurdo ignorante”, “envidioso”. Retórica conocida, pero el camino que ofrece el oficialismo, guste o no, está claro.

La contundente expresión “no tengo idea” es fidedigna de las respuestas de media docena de voces del entorno de Kicillof consultadas sobre eventuales modificaciones impositivas con alguna mínima precisión, lo que refleja más una voluntad política de no tratar el tema, que desconocimiento real.  

Uno de ellos se permite ir más allá al decir que “no hay dudas de que Galperín tiene que pagar más impuestos que el que vende medias en el tren, a quien hay que ayudar, más que cobrarle”. La fuente —clave en un hipotético gobierno de Kicillof— pone el acento en un sistema impositivo progresivo “sobre lo patrimonial y los ingresos”. En otras palabras, Bienes Personales, grandes fortunas y Ganancias.

“El mundo está pareciéndose a una película distópica y la mayoría somos zombies. Se acelera la hiperconcentración, el Estado no hace nada y carga el peso a los de abajo”, concluye.

El capítulo impositivo requiere calibración precisa y fortaleza política para responder el previsible bombardeo mediático que ve comunismo por todas partes. De allí a la ausencia casi absoluta de una explicación sobre cuáles son las medidas concretas que permitirán superar el agujero fiscal que dejará El Topo, hay un abismo.

En el discurso de Kicillof, gana visibilidad el reclamo por la desprotección comercial de ciertas industrias, como textiles y neumáticos, o la defensa de sistemas de subsidios aburdos, como la “zona fría” ampliada en 2021 a medio país, incluidas las provincias del centro del país, por iniciativa de Máximo Kirchner.

En esos puntos, el texto de los Hermanos Milei encuentra argumentos efectivos, que les sirven para luego perpetrar sus verdaderas intenciones. Si la protección a textiles, neumáticos o heladeras redunda en precios extraordinariamente altos para los trabajadores, es un tema a abordar desde una perspectiva progresista, de izquierda o peronista. No alcanza con enumerar los males que genera la economía libertaria, conocidos por todo aquel que reciba un sueldo y espere el tren. Se impone explicar cómo no empeorar las cosas.

Si por la “zona fría” resulta que un maestro o un carpintero que vive en Merlo debe pagar un extra en su factura de gas, para solventar el subsidio que beneficia a un hacendado de Pergamino, a unos 200 kilómetros, la economía cruje, el Estado se queda sin fondos y la inflación se dispara.

Es, en definitiva, la ausencia de una explicación genuina, un texto político, sobre cómo se cocinó el caldo que permitió que un día desembarcara un topo con la promesa de destruir al Estado, y cosechara votos tanto en Merlo como en Pergamino.

SL

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La Fundación Faro, de propaganda libertaria, recaudó US$4,8 millones el primer año del gobierno de Milei

A partir de las compras de viviendas, refacciones y viajes por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comenzó a surgir la pregunta de si se financiaba acaso con eventuales sobresueldos provenientes de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), uno de los pocos organismos que aumentó su presupuesto en la era de la motosierra libertaria, o de la Fundación Faro, que a fines de 2024 pasó a manos del elenco que rodea al presidente Javier Milei y a su asesor Santiago Caputo. No hay pruebas de que Faro pague salarios para complementar los magros honorarios con los que los funcionarios se jactan de cobrar poco, pero sí de que la fundación que dirige el político ultraconservador Agustín Laje ha sabido recaudar incluso mucho más que lo que juntaban las fundaciones del PRO en sus mejores tiempos.

Una vez llegados al poder, Milei y Caputo quisieron armar una fundación que en principio propale su ideología. Después el portal Chequeado descubrió que financiaría publicidad electoral o política en el año de las elecciones legislativas de 2025. No está confirmado lo de los sobresueldos. Para evitar el engorroso y largo trámite de inscribir la entidad en la Inspección General de Justicia (IGJ), el encargado del asunto, Francisco Caputo, hermano del asesor, se ocupó de encontrar una fundación ya existente, Valorar, que se dedicaba a atender personas en situación de vulnerabilidad, de que renunciara su consejo directivo y de reformar su objeto social. En noviembre de 2024, la rebautizaba Fundación Faro Argentina debutaba con una cena en el Yacht Club Puerto Madero -propiedad de los Neuss, amigos de los Caputo y promotores de la entidad- en la que los empresarios pagaban US$25.000 el cubierto. José Luis Manzano (Edenor), Hugo Eurnekian (Corporación América), Martín Migoya, Guibert Englebienne (ambos de Globant), Betina Bulgheroni (Pan American Energy, PAE), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Claudio Belocopitt (Swiss Medical), Sebastián Bagó, Horacio Marín (presidente de la estatal YPF) y representantes de Vista Oil & Gas (de Miguel Galuccio), la francesa TotalEnergies y Techint (de Paolo Rocca) dijeron presente. Milei y Laje disertaron aquella vez.

A pesar de que la remozada fundación arrancó en los últimos dos meses de 2024 le bastó para recaudar ese año $4.961 millones, equivalentes a lo que entonces eran US$4,8 millones, según consta en el balance que presentó en abril de 2026, con 12 meses de retraso, ante la IGJ. Esa multimillonaria cifra contrasta con lo que recolectaba la Fundación Valorar en 2023, unos $49,8 millones, unos US$61.000 de aquellos tiempos. Es decir, los ingresos se multiplicaron por 78. Está claro que una organización vinculada a la política va a recaudar más que una ignota dedicada a la ayuda social, pero lo que llama la atención es que en dos meses de 2024 levantaron US$4,8 millones, cuando la sumatoria de las tres fundaciones vinculadas al PRO, Pensar, Suma y Fundar, juntaban en promedio alrededor de US$1 millón anual cuando se preparaban para gobernar la Argentina, entre 2013 y 2015, antes de que Mauricio Macri llegara a la Casa Rosada, según constó en otra investigación de Chequeado. Una vez instalado Cambiemos en el poder, estas fundaciones perdieron peso y ahora sólo persiste Pensar, aunque sin tanto ímpetu como en aquel entonces.

Si bien Laje es el director ejecutivo, el presidente de la entidad es Ignacio María Bilbao La Vieja, que estudió administración de empresas en la Universidad Católica Argentina (UCA) casi a la par de Juan Neuss, uno de los empresarios que más ha crecido en este gobierno a partir de las privatizaciones de empresas eléctricas y las licitaciones de áreas que dejó YPF en Chubut y Santa Cruz. Bilbao La Vieja trabajó antes en el banco Citi, en Moët Hennessy y Toyota. Lo secundan Lucía Aldao y Marcelo Macías.

Los nuevos dueños de la fundación no pudieron cambiar el objeto principal: “Abordar la realidad de personas y comunidades en contexto de desigualdad”. A los libertarios la igualdad no les interesa: sólo la libertad... y la propiedad privada. En la memoria se habla del nuevo rol: “Durante 2024 desarrolló una serie de iniciativas destinadas a fortalecer su misión institucional: promover la educación, el pensamiento crítico y los valores liberales y de libertad individual como pilares fundamentales para el progreso social. Las acciones llevadas adelante reflejan un enfoque integral que combina la generación de oportunidades, la formación de líderes con compromiso activo y la creación de espacios de diálogo y participación activa”.

“Una de las actividades más relevantes del año fue la Cena Solidaria (sic), organizada con el fin de recaudar fondos para el financiamiento de los programas formativos que la fundación llevará adelante durante 2025, así como para apoyar el Curso de Emprendedores, desarrollado en colaboración con Endeavor”, siguió la memoria. Pero Chequeado comprobó que entre marzo de 2025 y el mismo mes de 2026 fue la organización que más dinero gastó en redes sociales en la Argentina: más de $1.000 millones en unos 15.000 posteos calificados por Meta (la dueña de Instagram y Facebook) como publicidad electoral. Una cifra sólo superada en ese periodo por la Jefatura de Gabinete, que pasó de manos de Guillermo Francos a las de Adorni... y eso que el gobierno de Milei iba a terminar con la pauta...

En cuanto a Endeavor, es la fundación de grandes empresarios que promueven a otros emprendedores de negocios. Su directora ejecutiva es desde hace 10 años Julia Bearzi, licenciada en administración en la Universidad de La Plata, con un master en la de San Andrés e hija de desaparecidos. Vaya a saber qué tal se lleva con Laje, defensor de la llamada memoria completa. Pero Bearzi cuenta con la confianza del directorio de Endeavor, que preside Migoya y que integran, entre otros, Nicolás Szekasy (del fondo Kaszek), Alec Oxenford (fundador de OLX y actual embajador en EE.UU.), Sofía Pescarmona (Bodega Lagarde), Alfredo Poli, Englebienne, Marcos Galperin (Mercado Libre), Luciano Nicora (Pampa Start), Eduardo Elsztain (IRSA), Roberto Souviron (fundador de Despegar y actual gestor de Win Win Ventures), Carlos Miguens (Central Puerto), Federico Braun (La Anónima), Franco Mignacco (Minera Exar y Unión Industrial Argentina, UIA), Karina Román (Puerto Asís Investments, que no tiene negocios en común con su primo Leonardo Román, socio de la belga Jan De Nul en la licitación de la hidrovía del río Paraná) y Federico Lauría (Dale Play).

“En diciembre de 2024 se llevó a cabo una conferencia de alto impacto público, que contó con la participación de los presidentes académicos de la fundación, destacados referentes del pensamiento liberal en Argentina: Laje, Adrián Ravier -actual diputado libertario- y Alberto Benegas Lynch (h) -que ya entonces integraba la Cámara de Diputados-”, continuó la memoria. El texto finaliza con un llamado a construir una “sociedad más libre, responsable y próspera”.

Los activos de la entidad pasaron de $12,3 millones en 2023 a $4.529 millones en 2024. De este último dinero, unos $4.188 millones se destinaron a inversiones. Se nota que lo recaudado en la cena pasó a ese fin, de modo de gastarlo en 2025. En el balance se detalla que esos 4.188 millones se invirtieron en fondos comunes de inversión, letras y bonos del Tesoro Nacional.

A su vez, la fundación finalizó 2024 habiendo otorgado créditos por $278 millones y con deudas por $125 millones. En instalaciones, muebles, útiles y equipos de computación se fueron $24 millones. De los ingresos, $4.957 millones provienen de donaciones, pero hay $1 millón que surge de intereses -las inversiones quizás han sido rentables- y $3,2 millones de un concepto de alquileres, lo que hace presuponer que la fundación dispone ya de algún inmueble.

En cuanto a las gastos, $205 millones se destinaron a eventos, campañas y difusión, $2,9 millones en viajes, $25,6 millones en presupuesto de oficina, $92,8 millones en alquileres y $47,9 millones para una elevada partida de “servicios de seguridad”. En sueldos y cargas sociales, $23,9 millones.

En el balance no se detallan los donantes de más del equivalente de más de 40 salarios mínimos, que es lo que exige la normativa de la IGJ. Serían los que ponen más de US$10.000 en la actualidad. En los estados contables de las fundaciones del PRO sí solían figurar y si no, este organismo dependiente del Ministerio de Justicia lo reclamaba. elDiarioAR consultó a Faro quiénes fueron los principales aportantes, por qué no se los mencionó, cómo se lograron multiplicar tanto los ingresos y a qué fines de destinó el dinero y una vocera respondió: “Todo aquello a lo que podés acceder es público. El resto es información confidencial, la fundación no revela quiénes son sus aportantes”.

AR/CRM

"Teníamos prohibido decir que los fusilaron": 70 años después, inicia el juicio por la masacre de José León Suárez

Calle Guayaquil al 900, barrio obrero de Boulogne, partido de San Isidro. Una puerta blanca con ventana, cortinita de tela rosa con adornos de flores y volados; el picaporte torcido, un pasador gastado; en el marco, la pintura marrón oscura está algo descascarada. Por esta puerta salió Nicolás Carranza la noche del sábado 9 de junio de 1956, luego de saludar a su esposa y a su escalera de seis hijos –la mayor, Elena, de 12; la menor, Julia Renée, cuarenta días apenas–. Por esta puerta ingresó el 11 de junio de 1956 el entonces jefe de la Policía bonaerense, el teniente coronel (R) Desiderio Fernández Suárez, fiel peón de Pedro Eugenio Aramburu –jefe de la entonces Revolución Libertadora que había derrocado a Perón–; buscaba la libreta de enrolamiento del trabajador ferroviario. 

Aquí está parte de la historia de uno de los fusilados en el basural de José León Suárez que Rodolfo Walsh inmortalizó en su Operación Masacre. Y aquí, a exactos 70 años después de la tragedia, en la mesa del comedor está sentada Berta Carranza –que tenía 2 años en aquel tiempo– y que, sosteniendo un cuadro de su padre en blanco y negro, dice ahora con la voz algo gastada:

–Soy Berta Carranza, hija de Nicolás, fusilado en los basurales de Suárez. Estamos a punto del inicio del juicio por lesa humanidad que estamos pidiendo. ¿Y qué espero? Espero justicia.

Berta Carranza es una de las querellantes en el Juicio por la Verdad que está a punto de iniciarse en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, a cargo de Alicia Vence. En la presentación también participan familiares de las otras víctimas mortales que dejó la masacre: Francisco Garibotti, Carlos Alberto Lizaso, Mario Brión y Vicente Damián Rodríguez. También participaría como testigo clave Juan Carlos Livraga, el emblemático “fusilado que vive”, cuyo relato despertó el interés periodístico de Walsh a finales de aquel fatídico 1956. Actualmente Livraga vive en California, Estados Unidos, y se prevé que envíe su testimonial por escrito o video.

La fecha aún no está confirmada, pero fuentes judiciales señalaron a elDiarioAR que podría ser en las próximas dos semanas, en coincidencia con el aniversario 70, que se cumple el próximo martes 9 de junio. Aquel día pero en 1956 el teniente coronel Fernández Suárez detuvo a un grupo de 15 hombres en un departamento de Florida, Vicente López, y los trasladó a una comisaría en San Martín. En el aire flotaba la posibilidad de una rebelión militar contra la Revolución Libertadora. 

Durante la madrugada, al borde del amanecer, los detenidos fueron llevados a un basural de José León Suárez, situado en lo que hoy es la calle 9 de Julio casi el cruce con la Ruta 4. Cinco de los ejecutados murieron allí mismo. El resto escapó a las corridas o fueron malheridos, pero sobrevivieron: Livraga, Julio Troxler, Reinaldo Benavidez, Rogelio Díaz, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino y Miguel Ángel Giunta.

La clave que reveló Walsh en su investigación es que la detención ocurrió horas antes de aplicarse en todo el país la ley marcial, que fue recién a las 0.32 del domingo 10 de junio, a raíz del levantamiento efectivo del general de división Juan José Valle contra el régimen de la Libertadora que encabezaban Aramburu e Issac Rojas –entonces vicepresidente–. El militar alineado al peronismo fue fusilado días después –el 12 de junio– en la Penitenciaría Nacional de la Ciudad de Buenos Aires (actual Parque Las Heras) tras entregarse para detener la feroz represión, que también se cobró muertes en otros puntos del conurbano. 

La justicia nunca investigó la masacre de J. L. Suárez. Aramburu fue secuestrado por Montoneros el 29 de mayo de 1970 y su cuerpo fue hallado el 1 de junio de 1970 enterrado en el sótano de una estancia en Timote, provincia de Buenos Aires. Rojas murió el 13 de abril de 1993 en CABA, por causas naturales, al igual que Fernández Suárez, que falleció el 9 de abril de 2001.

El Juicio por la Verdad sobre los fusilamientos en José León Suárez está basado en la reparación histórica del Juicio por la Verdad sobre la Masacre de Napalpí, que concluyó el 19 de mayo de 2022, casi un siglo después de los acontecimientos. El Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, Chaco, dictaminó que el ataque perpetrado el 19 de julio de 1924 contra las comunidades Qom y Moqoit constituyó un crimen de lesa humanidad en el marco de un genocidio de los pueblos indígenas.

En la esquina de Guayaquil y pasaje Carranza –como se llama ahora la intersección–, en Boulogne, habrá un homenaje con música en vivo y pintada de un mural el próximo sábado 13 a las 11. Para entonces, los familiares de las víctimas esperan que el juicio al menos ya haya empezado, luego de una demora de cuatro años, que tuvo un atraso extra cuando el fiscal que impulsaba el expediente, Paul Starc, fue designado el año pasado por Javier Milei como jefe de la Unidad Información Financiera –duró poco en el cargo y en enero fue desplazado con un cargo en el BICE–. 

–Yo de mi papá no me acuerdo. No sé si era gordo, si era flaco. No me acuerdo, la cara ni la voz. Todo lo que sé, lo sé por mi vieja. Y ella tardó en contarnos, porque teníamos prohibido decir que los fusilaron –relata Berta Carranza, sentada en la mesa de su casa junto a Adriana Lizaso, familiar de otro de los fusilados–. Cuando íbamos a la escuela o si cualquier persona en la calle nos preguntaba no podíamos decir eso.

–Eran épocas de terror, igual que en la dictadura del 76 –completa Lizaso. Detrás suyo un enorme cuadro con la cara del Che Guevara y una bandera con los colores de Boca Jrs. adornan el ambiente pintado de verde.

Mientras Carranza era ferroviario y padre de seis hijos, Carlitos Lizaso tenía apenas 21 años en 1956, vivía en Vicente López en una familia numerosa y –según describió Walsh– era “un muchacho alto, delgado, pálido, de carácter retraído y casi tímido”. La tragedia marcó a las familias Carranza y Lizaso, pero también los forjó en una lucha en común, porque uno de los hermanos de Carlitos le consiguió a la madre de Berta un puesto en el ferrocarril para poder sostener a sus hijos. 

Los Carranza ya estaban en una frágil situación en 1956, porque Nicolás era buscado por la policía por su militancia política y la empresa del ferrocarril, por estar cesanteado, buscaba desalojarlos de la casa. La situación de clandestinidad le impidió al padre de familia incluso anotar con su apellido a su hija Julia Renée, que nació 40 días antes del fusilamiento. “¿El ferrocarril no les quitaría la casa, ahora que él estaba cesante y prófugo? Era una buena casa, de material, con flores en el jardín, y allí entraban todos, hasta un par de muchachas fabriqueras que había tomado como pensionistas para ayudarse. ¿Con qué iban a vivir ella y los chicos si se la quitaban?”, se lee en Operación Masacre. 

Berta Carranza se para de la mesa y busca detrás de un mueble una carpeta con papeles. Su hija también la ayuda en la pesquisa. Encuentran un papel doblado y gastado por el paso del tiempo con el membrete del Ferrocarril Nacional Manuel Belgrano y que el 8 de noviembre de 1956 le exigía a la mujer de Nicolás: “Se le notifica que como la vivienda la necesitamos para ubicar a personal que está en servicio debe Ud. desocuparla dentro de un plazo de 30 días”. Luego Berta encuentra un recibo de la cochería “La Porteña”, donde se detalla que el servicio fúnebre de su padre costó “900 pesos moneda nacional de curso legal”.

–Yo me acuerdo de haber acompañado a mi vieja al homenaje a mi papá en el cementerio acá de Boulogne. Hasta tuvimos que pagar el entierro. Y mi vieja también me contó cuando vino la policía acá a buscar unos papeles –recuerda Carranza sobre aquel 11 de junio en que Fernández Suárez entró a esta casa para pedir el documento de Nicolás. 

Aquel operativo policial incluyó una visita a la familia de los Garibotti, del otro lado de la calle. Uno de los hijos de Garibotti estaba jugando afuera cuando uno de los agentes le dijo “a tu papá lo mataron”, recuerda Berta. Cuando Fernández Suárez cruzó de vereda y atravesó la puerta blanca con ventana adornada con cortina con flores de la casa de los Carranza, ocurrió otra escena escalofriante. Walsh la reconstruye con delicadez: mientras la madre de Berta buscaba el documento de Nicolás, el jefe de la Policía se encontró a Elena –la hija mayor, de 12 años– parada frente al retrato de su padre colgado en la pared. La miró y le preguntó: “¿Ese era tu papá?”. 

Elena no sabía todavía que su padre estaba muerto. Se lo estaban diciendo así, con una pregunta. Tampoco lo sabía Berta, que ahora toma con cuidado el retrato en blanco y negro de su padre y dice:

–Soy Berta Carranza, hija de Nicolás, fusilado en los basurales de Suárez. Estamos a punto del inicio del juicio por lesa humanidad que estamos pidiendo. ¿Y qué espero? Espero justicia.

MC

Encontraron muerta a Agostina Vega, la niña que era intensamente buscada en Córdoba

Agostina Vega, quien estaba desaparecida desde hace una semana, fue hallada sin vida esta tarde en un descampado ubicado cerca del barrio ampliación Ferreyra, en las inmediaciones de esta capital, según confirmaron las autoridades.

El hallazgo, en vísperas de la marcha del Ni Una Menos (3 de junio), se concretó durante uno de los rastrillajes que se llevó a cabo en esa zona, con la presencia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y del jefe de la Policía, Marcelo Marín.

Desde el Observatorio Lucía Pérez, luego de conocerse la noticia del asesinato de Agostina Vega, informaron que en lo que va de 2026 se han registrado 94 femicidios.

La adolescente, de 14 años, estaba desaparecida desde el sábado pasado, y por hecho había sido detenido Claudio Barrelier, expareja de la madre, y quien había mostrado contradicciones durantes las declaraciones que dio ante la Justicia.

Los restos fueron encontrados en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra durante una rastrillaje del que participaron el fiscal de la causa, Raúl Garzón; y el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y el papá de Agostina, Gabriel Vega.

“Hemos encontrado restos humanos que en un 98 por ciento podemos decir que corresponderían a Agostina”, dijo el fiscal Garzón durante la conferencia de prensa que ofreció por la noche.

La mamá de Agostina fue trasladada a un centro asistencial con un cuadro de descompensación tras haber sido informada del hallazgo.

La joven había sido vista por última vez la noche del sábado 23 de mayo, lo que había generado un amplio operativo policial y una fuerte movilización en redes sociales y entre familiares y vecinos para dar con su paradero. Finalmente, el cuerpo fue encontrado en un descampado, un lugar que ya había sido relevado por los investigadores y donde había estado Claudio Barrelier, quien permanece como el único detenido en la causa.

El caso, que se sigue minuto a minuto, generó gran conmoción en la comunidad y reavivó los reclamos por el avance de la investigación. Fuentes cercanas al expediente indicaron que el foco ahora está puesto en determinar las circunstancias del hecho y en analizar las pruebas recolectadas durante la búsqueda para reconstruir lo ocurrido.

La desaparición de Agostina Vega había motivado la activación de protocolos especiales y la intervención de distintas áreas de seguridad, en un operativo que se extendió durante varios días hasta el hallazgo que puso fin a la incertidumbre.

Los femicidios en Argentina

Este miércoles 3 de junio se cumplirán 11 años de la primera marcha “Ni Una Menos”, la puso a la violencia de género y los femicidios en el centro de la discusión política. El disparador fue el asesinato de otra adolescente de la misma edad de Agostina, Chiara Páez, quien fue asesinada por su novio.

Este año, por primera vez desde 2017, hubo una leve baja en el índice de femicidios según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ): se registraron 200 víctimas directas, una cada 44 horas. Pero los números están lejos de ser una buena noticia. Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA): “Que bajen los femicidios siempre es una buena noticia. Pero decir que la violencia de género ya no es un problema o que el Estado puede retirarse con una variación de un sólo año, es falaz. Lo que muestran las estadísticas es otra cosa: hubo más tentativas de femicidio pero menos femicidios en el mismo año. Muchas mujeres sobrevivieron porque existieron intervenciones previas, dispositivos territoriales y políticas públicas que llegaron antes. La violencia no desapareció: sigue ocurriendo, sólo que en algunos casos el desenlace fatal pudo evitarse. Desarmar esas herramientas en este contexto no es eficiencia: es abandonar a las mujeres cuando más necesitan ayuda”.

Es que el asesinato de Agostina se produce en el marco de un ajuste sin precedentes en las políticas de género y de atención a las víctimas, desde el Ministerio de la Mujer hasta el programa Acompañar o la línea 144.