El Pindo

Noticias de Formosa

La familia judicial, en el Senado: el hijo de Rosatti rinde examen como juez y el padre de Mahiques espera su prórroga

En medio de una acelerada estrategia del Gobierno para completar vacantes en la justicia federal que ya lleva más de 130 pliegos enviados al Senado desde marzo, este jueves se concentran dos nombres de la “familia judicial”: el hijo del presidente de la Corte Suprema, Emilio Rosatti, y el padre del ministro de Justicia, Carlos “Coco” Mahiques. Ambos buscan un guiño de los senadores para hacerse de cargos importantes.

El hijo de Horacio Rosatti debe rendir examen este jueves ante la Comisión de Acuerdos —presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto— para defender su pliego como candidato a juez federal en Santa Fe. A su vez, el pliego del padre de Juan Bautista Mahiques espera ser votado dentro del recinto de la Cámara alta en horas de la tarde.

El hijo del presidente de la Corte

Rosatti está propuesto para ocupar una vocalía en el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Su padre es el presidente de la Corte Suprema de Justicia y, simultáneamente, presidente del Consejo de la Magistratura, el organismo que elaboró la terna de la que el Poder Ejecutivo lo seleccionó. Desde el entorno del magistrado aclararon que el supremo no participó del plenario donde se votó esa terna, que salió por unanimidad con 19 consejeros.

Rosatti hijo ingresó a la terna casi a último momento, porque no sacó las notas más altas en las distintas pruebas técnicas. Figuró 9°, 4° y 3° en “antecedentes”, “mérito provisorio” e “impugnaciones”. Pero su suerte cambió luego de la “entrevista personal”. Justamente Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti cuestionaron la “discrecionalidad” que habilitan estas audiencias finales.

Así Rosatti quedó en el podio de nombres que el Consejo de la Magistratura le hizo llegar al Ejecutivo. Fue el dedo de Javier Milei que lo eligió para ocupar ese cargo. “El flaco sabe de lo que habla, fue muchos años secretario del Juzgado Federal 1 y del Juzgado Electoral de Santa Fe. ¿Qué queres que haga, que se cambie el apellido?”, dijo a elDiarioAR un consejero de la Magistratura que estuvo en la entrevista personal.

La fuente también desmintió que Rosatti hijo tuviera antecedentes legales, aunque sí admitió que durante la pandemia le hicieron un control de alcoholemia que le dio positivo y le sacaron el registro, pero tuvo que hacer un curso para que se lo rehabiliten. Además Rosatti tuvo una demanda civil por el divorcio con su ex mujer, que, según la fuente consulta, se terminó resolviendo.

El caso Rosatti no es el único con características de familia judiical. Ante el Senado también exponen Laureano Durán, hijo del ex camarista Alberto Durán, candidato a vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; y Ana María Juan, propuesta para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, que es la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene a su cargo la investigación por la presunta megaestafa $LIBRA.

En las audiencias anteriores ya habían pasado por el Salón Azul otros representantes de la misma lógica: Nicolás Pacilio, hijo del ex camarista Antonio Pacilio; Juan Pablo Moldes, hijo del ex fiscal Germán Moldes; y Javier Arzubi Calvo, ex secretario del juez Ariel Lijo. La comisión de este jueves está citada para las 10 y Rosatti aparece como octavo expositor en la lista.

El padre del ministro

Por la tarde, el Senado tratará en el recinto el pliego de Carlos “Coco” Mahiques, padre del actual ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, quien conduce desde el Ejecutivo todo el proceso de designaciones judiciales en curso.

El camarista cumplirá 75 años en noviembre próximo, la edad límite para ejercer como juez que establece el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional. Sin ese nuevo nombramiento, deberá retirarse. El pliego fue enviado al Senado el 4 de febrero, un mes antes de que su hijo asumiera como ministro, y el 16 de abril Mahiques padre expuso en audiencia pública durante varias horas, donde fue interpelado por el kirchnerismo por la causa Lago Escondido.

Ambos Mahiques estuvieron esa travesía de lujo junto a otros funcionarios judiciales y ejecutivos del Grupo Clarín. “Coco” sorteó con creces el examen y su expediente es el único de toda la primera tanda que ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos.

La negociación de fondo

El proceso de designaciones no es solo una cuestión técnica de cobertura de vacantes. La dinámica política que lo rodea es tensa. El oficialismo no tiene mayoría propia en el Senado y depende de los bloques dialoguistas del PRO y la UCR para conseguir los nueve votos necesarios en la Comisión de Acuerdos.

La semana pasada, varios senadores aliados se negaron a firmar los dictámenes de los primeros 77 pliegos exigiendo que el Gobierno también enviara candidatos para cubrir vacantes en el interior del país, ya que la abrumadora mayoría de los postulantes correspondía a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. “No vamos a firmar los dictámenes hasta que no ingresen los pliegos de los jueces del interior del país”, dijo una fuente parlamentaria. Entre los que aún no habían firmado figuraban el presidente del bloque macrista, Martín Goerling Lara, y el radical Maximiliano Abad.

En respuesta, el Ejecutivo envió esta semana nuevas tandas de pliegos con más candidatos de provincias: Tucumán, Corrientes, Chaco, Salta, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Neuquén y Río Negro, entre otras. Esa nómina tomará estado parlamentario en la sesión de este jueves.

El peronismo, en tanto, mantiene una posición más dura. El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, desconoció la validez de la composición de la Comisión de Acuerdos por considerar que no respeta la representación que le corresponde a la principal bancada opositora, y cuestionó los méritos de varios candidatos.

MC

Karina vs Bullrich segundo round: arranca el debate por la reforma electoral, pero no están los votos para eliminar las PASO

Karina Milei ganó la pulseada, y Patricia Bullrich tuvo que romper el acuerdo que había cerrado con sus aliados en el PRO y el radicalismo (que la ex ministra siente cada vez más propios que del Gobierno). Este miércoles, el oficialismo comenzará a debatir en el Senado la reforma electoral con la que pretende eliminar las PASO. No tiene los votos y Bullrich les había prometido a sus aliados que solo debatirían la Ficha Limpia, pero Karina se metió en el medio y le intervino la estrategia: era toda la reforma o nada. 

La secretaria de la Presidencia salió a marcarle la cancha a la ex ministra en el territorio que considera propio: el Senado. Lo hizo luego de que Bullrich cuestionara públicamente a Manuel Adorni por no haber presentado la declaración jurada, una declaración de rebeldía que cayó pésimo en la hermana presidencial, que no tolera los librepensadores. Los hermanos Milei tomaron la decisión política de sostener al jefe de Gabinete pese a la acumulación de escándalos patrimoniales, y así se lo hicieron saber a todo el gabinete. Cuando Bullrich intentó, durante la reunión del último viernes, tomar la palabra, Milei la frenó en seco. 

“Ya escucharon al Presidente. Al que le gusta bien, al que no ya sabe qué puede hacer”, atinó a zanjar la discusión Adorni, una vez que Milei hubo abandonado la reunión. Según uno de los participantes de la cumbre, Bullrich volvió a protestar, pero la advertencia había surtido efecto en el gabinete libertario: el resto de los funcionarios no dijo ni pío sobre la situación patrimonial del jefe de ministros. Bullrich terminó quedando sola en el reclamo por la presentación de la declaración jurada.  

“El Presidente tiene una emocionalidad importante”, le restó importancia la exministra, días después, desde la Jornada Nacional del Agro, que organizó la CRA (Confederaciones Rurales Argentinas). En privado, la senadora continúa cuestionando la decisión de sostener políticamente a Adorni. Una decisión que, argumenta, le impide avanzar con la agenda del Gobierno en el Senado. 

El Senado, terreno de disputa

Bullrich logró construir, luego del recambio legislativo de diciembre, una sólida mayoría en la Cámara alta que le permitió fantasear, incluso, con la posibilidad de llegar a los dos tercios que necesita para avanzar con los pliegos de la Corte Suprema. Se ganó la confianza de senadores radicales y peronistas, de PRO y representantes de fuerzas provinciales. Repartió cargos y lugares en las comisiones y se aseguró de convertirse, así, en la principal interlocutora de los aliados con el Gobierno. Una actitud que despertó las suspicacias de un sector del bloque libertario, que la acusó de estar armando para ella misma. 

Karina decidió dejarla hacer, atenta a que Bullrich le conseguía resultados. Pero en la última semana, la hermana presidencial decidió intervenir. ¿Cuándo? Cuando se enteró de que Bullrich había cerrado un acuerdo con el jefe del PRO, Martín Goerling, y de la UCR, Eduardo “Peteco” Vischi para tratar por separado el proyecto de Ficha Limpia del resto de la reforma electoral del Gobierno, que propone la eliminación de las PASO y la privatización de las campañas y partidos políticos. 

Vía Gabriel Bornoroni, el jefe del bloque libertario en Diputados, Karina le hizo saber que la reforma electoral se votaba completa o no se votaba. Bullrich, que se había comprometido con los aliados, tuvo que ceder. Y el martes, cuando el libertario Agustín Coto convocó a la comisión de Asuntos Constitucionales para el día siguiente, aparecía todo el proyecto de reforma política en el temario.

Desafío reforma electoral

El Gobierno tiene una prioridad legislativa para el 2026: eliminar las PASO y dejar a la oposición sin una herramienta para ordenarse de cara a las elecciones presidenciales. El argumento es fiscalista –el “gasto” que representa llevar a cabo tantas elecciones–, pero el motivo de fondo es político. El Gobierno apuesta a ganar en primera vuelta en 2027 y, para lograrlo, necesita tener al peronismo disgregado y atomizado. 

Hace más de un mes que el ministro de Interior, Diego Santilli, comenzó a reunirse con gobernadores para negociar los votos que le permitan alcanzar una mayoría especial en el Senado. Es decir: no alcanza con tener la mayoría de los votos, sino que tiene que haber un mínimo de 37 votos a favor (la mitad más uno de las bancas del Senado). Algunos gobernadores fueron receptivos, como Rogelio Frigerio, pero otros no tanto. Es el caso del tucumano Osvaldo Jaldo, que ya manifestó su rechazo a eliminar las PASO y que arrastra consigo a todo el norte peronista aliado del Gobierno, como el catamarqueño Raúl Jalil o el salteño Gustavo Sáenz. 

“Nosotros negociamos la gestión para sobrevivir. Pero saben que para los temas políticos no estamos”, admitió un senador peronista de una provincia norteña que, en el último tiempo, viene votando con el Gobierno. 

Sin los gobernadores del peronismo, la aritmética para conseguir los votos está complicada. Y Bullrich lo sabe. Es por eso que intentó negociar, a modo de gesto de buena fe con los aliados del PRO y la UCR, comenzar a debatir primero, por separado, el proyecto de Ficha Limpia. Una iniciativa impulsada originalmente por los radicales y macristas que fracasó, hace un año, por una operación de último momento del Gobierno. Esta vez, el proyecto es diferente: la iniciativa prohíbe las candidaturas de las personas condenadas por cualquier tipo de delito doloso en segunda instancia, no solo por corrupción. 

Debido a la intervención de Karina, este miércoles a las 15 horas se comenzará a debatir todo el proyecto de reforma electoral, no solo el de Ficha Limpia. Una decisión que generó malestar entre los aliados, pero que desde un sector del oficialismo salieron a tranquilizarlos rápidamente: se podía dictaminar por separado la Ficha Limpia y dejar, aparte, la discusión por las PASO. 

“Hay que cuidar a los aliados. Pero desde acá mucho no podemos hacer”, murmura un importante senador libertario que considera, como Bullrich, que Adorni debería dar un paso al costado, pero que es decisión de los Milei sostenerlo en el cargo. Y con eso no hay nada que hacer. 

Incluso los más mileístas advierten que no estarán los votos para eliminar las elecciones primarias, por lo que ya empezaron a ensayar alternativas. Una es la posibilidad de hacerlas no obligatorias, que es la propuesta del PRO. Otra es modificarlas, de modo de hacerlas optativas y, además, habilitarlas para que sean solo para candidaturas presidenciales, de modo que el cargo de vicepresidente quede vacante. Una posibilidad que dejaría abiertas futuras alianzas políticas a posteriori de las PASO.

MCM/MG

Karina suma poder con Sebastián Pareja al frente de la bicameral que se encarga de controlar a la SIDE de Caputo

Tal como se preveía, el diputado nacional de La Libertad Avanza Sebastián Pareja fue ungido como presidente de la comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia.

En un fino equilibrio de pesos y contrapesos, el oficialismo logró al mismo tiempo complacer a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que no aceptaba otra opción que su delfín bonaerense, y contener al PRO -que pretendía la presidencia-, resarciéndolo con la vicepresidencia primera para el senador misionero Martín Goerling.

La vicepresidencia segunda, en tanto, quedó en reserva y se resolverá en una próxima reunión de la bicameral.

La comisión quedó integrada será integrada por cinco libertarios -además de Pareja, los diputados Gabriel Bornoroni, Cesar Treffinger, y los senadores Agustín Coto y Ezequiel Atauche-; tres de Unión por la Patria -los diputados Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez-; dos del PRO -Goerling y el diputado Cristian Ritondo; el senador radical Maximiliano Abad; y las senadoras Carolina Moises y Edith Terenzi.

El sillón de la presidencia de ese cuerpo, que se ocupa de fiscalizar las actividades y el destino de los fondos reservados de la SIDE, era objeto una sórdida disputa desde hace meses entre el PRO y La Libertad Avanza.

El problema es que el oficialismo, con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, a la cabeza, le había prometido dicho cargo a Ritondo, pero al poco tiempo Karina Milei, que ejerce poder de mando sobre el riojano, exigió reservar ese lugar para Pareja, un incondicional.

El viraje en la postura de Karina Milei se da en el marco de la escalada de la guerra fría de posiciones que mantiene con Santiago Caputo, quien controla la SIDE a través de su titular Cristian Auguadra, y del subsecretario administrativo, José Lago Rodríguez, a cargo de la caja del organismo.

Además de la de Inteligencia, este martes se constituyeron las bicamerales de Trámite Legislativo, la del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la de Fiscalización de los Órganos de Seguridad Interior.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La marcha universitaria encontró a Milei en plena profundización del ajuste y con la gestión bajo presión

La multitudinaria marcha universitaria que este martes volvió a colmar la Plaza de Mayo encontró al gobierno de Javier Milei en un momento de particular sensibilidad política. Mientras desde la Casa Rosada calificaban la protesta como “completamente política” y advertían que detrás de una “causa noble” la oposición busca erosionar al oficialismo, decenas de miles de estudiantes, docentes, no docentes, rectores, sindicatos y partidos opositores se movilizaban en defensa del financiamiento de las universidades públicas. Puertas adentro de Balcarce 50, en simultáneo, la cúpula libertaria se reunía para intentar retomar una agenda que en las últimas semanas quedó absorbida por el caso Adorni, el malestar interno por la parálisis en distintas áreas de la gestión y la profundización del ajuste sobre el Estado.

La coincidencia entre ambos hechos no fue casual. La reunión de la mesa política había sido convocada originalmente para las 14, pero terminó comenzando a las 16, en simultáneo con la llegada de la columna principal. El encuentro se realizó en el despacho del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en la planta baja de la Casa Rosada, y contó con la presencia de Karina Milei, Luis “Toto” Caputo —quien reapareció después de varios faltazos—, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem, Ignacio Devitt y Eduardo “Lule” Menem. El gran ausente fue ni más ni menos que el asesor Santiago Caputo. El Presidente, que no suele participar de estas reuniones, permaneció durante toda la jornada en la residencia de Olivos.

El regreso del ministro de Economía a esa instancia de deliberación tuvo un valor simbólico y práctico. En el oficialismo lo consideran, junto a Federico Sturzenegger, uno de los principales custodios del equilibrio fiscal y de la ortodoxia económica que Milei busca preservar a cualquier costo. Esa centralidad había quedado expuesta el mes pasado en el AmCham Summit 2026, donde el Presidente no solo habló ante empresarios e inversores, sino que envió un mensaje inequívoco hacia adentro del gabinete: no habrá margen para desviaciones respecto del sendero de ajuste.

La bajada de línea ya había sido explicitada en la reunión de gabinete del 6 de abril. Allí, según reconstruyó elDiarioAR, Adorni transmitió por instrucción del Presidente una orden concreta a todos los ministros: reducir un 2% adicional los gastos corrientes y un 20% los gastos de capital, con fecha límite para presentar los respectivos planes antes de fin de mes. No se trató de una sugerencia, sino de una instrucción precisa que terminó de fijar los límites de acción para cada cartera. Desde entonces, varios funcionarios comenzaron a advertir en privado que el margen para seguir recortando se está agotando y que, con la recaudación por el piso, el ajuste ya empieza a resentir el funcionamiento cotidiano del Estado.

Es una preocupación que se profundizó este lunes con la publicación en el Boletín Oficial de una modificación presupuestaria firmada por el propio Caputo que recortó aproximadamente $2,5 billones del gasto público, equivalente a cerca del 1,6% del Presupuesto 2026. La medida, destinada a asegurar el cumplimiento de las metas de superávit comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), generó desconcierto en distintos ministerios, que deberán reducirse en medio de un clima ya cargado por tensiones políticas y judiciales. El efecto combinado del ajuste y del ruido derivado del caso Adorni alimentó una sensación de inmovilidad en distintas áreas del Estado. “Estamos todos mirando los números y viendo de dónde más recortar”, admite por lo bajo un funcionario con despacho en Balcarce 50.

Reclamo universitario

Aunque el reclamo universitario no figuraba formalmente en el temario, sobrevoló toda la reunión de la mesa política. Según dejaron trascender sus participantes, el encuentro estuvo enfocado en la estrategia legislativa para destrabar proyectos como la reforma electoral, la Ley Hojarasca, el pago de deuda a bonistas, tratados internacionales sobre patentes y los pliegos de más de un centenar de jueces y fiscales federales. Pero la imagen de una Plaza de Mayo colmada volvió a colocar en primer plano un conflicto que el Gobierno interpreta no solo como una discusión presupuestaria, sino también como un capítulo más de su denominada “batalla cultural”.

Horas antes de la movilización, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, realizaron una inédita ronda periodística y calificaron la protesta como “completamente política”. “La única ley que vamos a cumplir es la ley de Presupuesto”, advirtieron, en una definición que colisiona con el reclamo de rectores y docentes para que se ejecute la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. Pettovello fue más allá y sostuvo que el Gobierno quiere “desmitificar ese monstruo sagrado que la gente defiende sin saber”, en referencia al sistema universitario, y reivindicó la discusión como parte de la “batalla cultural”.

En paralelo, La Libertad Avanza difundió en X un comunicado titulado “Marcha política opositora de este martes 12 de mayo”. Allí sostuvo que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario implicaría un gasto adicional de $1,9 billones y advirtió que su implementación pondría en riesgo el equilibrio fiscal, lo que se traduciría en “más inflación y más pobreza”. El documento también acusó a la oposición de utilizar una “causa noble” para instalar la idea de que el Gobierno pretende desfinanciar o cerrar las universidades y defendió que las transferencias a las casas de estudio se realizan mensualmente y en tiempo y forma.

Así y todo, en horas de la tarde comenzaron a circular señales de que el Gobierno podría ensayar algún gesto para descomprimir el conflicto. En el ámbito universitario no descartan que, tal como ocurrió después de la histórica marcha del 23 de abril de 2024, la Casa Rosada habilite una recomposición de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades, con el objetivo de aliviar la presión de los rectores y aislar el reclamo salarial. Aquella vez, recuerdan en el sector, el conflicto se desactivó transitoriamente luego de que el Ejecutivo liberara fondos para gastos corrientes, una suma que en comparación con la deuda acumulada con docentes y no docentes fue considerada “una bicoca”.

La desconfianza se apoya en antecedentes recientes. Según cálculos del sector, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 los salarios universitarios acumularon una pérdida real del 33,6%: en ese período la inflación fue del 293%, mientras que los aumentos otorgados alcanzaron apenas el 160%.

De acuerdo con esas estimaciones, la recomposición necesaria para empatar la inflación debería rondar el 50,6%, muy por encima de la alternativa que algunos rectores estaban dispuestos a discutir en febrero: un incremento del 12% en tres cuotas, con la última recién en septiembre. “Era una propuesta muy alejada del conflicto y, con una inflación que sigue corriendo al 3% mensual, se la terminaba comiendo este mismo año”, resume otra fuente docente. Aun cuando admiten que existen conversaciones incipientes, en el sector creen que el Gobierno mantiene “una línea muy dura” y que cualquier oferta que no incluya una recomposición sustantiva de los salarios difícilmente alcance para cerrar la disputa.

La magnitud de la movilización de este martes mostró, sin embargo, que el conflicto universitario conserva una capacidad de convocatoria que excede al ámbito académico. Para un oficialismo que intenta dejar atrás el ruido del caso Adorni y volver a poner el foco en la posible baja mensual de la inflación, que se conocerá este jueves, la imagen de una Plaza de Mayo repleta funcionó como recordatorio de que, mientras la Casa Rosada busca ordenar sus propias tensiones internas y profundizar el ajuste, la calle continúa siendo un factor capaz de alterar el clima y condicionar sus intentos por recuperar la iniciativa.

PL/CRM

“Milei cumplí la ley”: más de un millón de personas reclamó que el Gobierno ejecute el financiamiento universitario

Si la primera marcha federal universitaria fue frente al Congreso para reclamar una ley de financiamiento, la cuarta movilización se plantó su escenario ante la Casa Rosada para exigirle a Javier Milei que cumpla la norma de una vez por todas. Un mar de personas se congregó este martes en la Plaza de Mayo y sobre la avenida de Mayo hasta las cercanías del Palacio Legislativo –y en plazas y avenidas de distintos puntos del país– para insistirle al gobierno libertario que acate la norma que dos veces votó el Parlamento el año pasado.

“Menos cascadas y más educación”, pintaron con aerosol dos jóvenes en una valla que miraba al Congreso. Metros más allá, el cartel de cartón que sostenía un alumno universitario con guardapolvo de investigador también hacía referencia al jefe de Gabinete: “Que renuncie Adorni, no mis profesores. Embargo a Adorni para pagar a los docentes”. Otra cartulina decía: “Milei te mea la espalda y te dice que llueve”. La creatividad de los manifestantes se repitió a lo largo de la gran columna que conecta los dos poderes del Estado: una señora levantaba la cabeza de un león de goma espuma con el nombre del Presidente y desde un camión de la izquierda le cantaban al ministro coordinador: “Si te gustan las cascadas andate de vacaciones / presentá ya la renuncia y andate a Misiones”. 

Llegando a la Plaza de Mayo, varios pasacalles marcaron la consigna principal de la movilización: “Milei cumplí la ley”. Firmaron el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el frente sindical de docentes y no docentes, y los estudiantes nucleados en la Federación Universitaria Argentina (FUA). La entente suscribió un documento conjunto en el que denunció a Milei por violar la democracia: apuntaron que el Gobierno lleva 203 días sin cumplir la ley de Financiamiento, votada en dos oportunidades por el Congreso, y que ahora está en manos de la Corte Suprema. La comunidad universitaria le reclamó desde la Plaza de Mayo al máximo tribunal que le ordene al Ejecutivo cumplir con la ley.

“Yo estoy haciendo las prácticas en el Bocalandro y necesito pasaje de bondi para ir al hospital y también para la universidad. Está todo mal”, graficó Gregorio Reynoso, alumno de la carrera de Producción de Bioimágenes en la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ). “Espero que el financiamiento se haga de una buena vez. Hay que salir de casa, unirse y luchar en contra de lo que está pasando”, planteó Carolina, alumna de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR).

Mientras el CIN exigió el año pasado que el presupuesto universitario alcance los $7,3 billones, Milei estipuló fondos por $4,7 billones. Este lunes se supo de un recorte en 5000 millones de pesos para obras de infraestructura. El documento del frente universitario cuantifica el daño de la motosierra libertaria con precisión: las transferencias a las universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, y los gastos de funcionamiento no superaron en ningún mes el 64% del valor que tenían en enero de 2023.

Traducido en tiempo, el sistema universitario perdió el equivalente a casi nueve meses de transferencias durante la gestión actual. En materia salarial, el derrumbe es todavía más gráfico: con una inflación acumulada del 293,3% frente a incrementos salariales del 147,3%, los docentes universitarios perdieron el equivalente a 10,9 salarios en el período, y hoy cobran lo que el comunicado llama “el nivel más bajo de los últimos 23 años” y los sueldos más bajos de toda América Latina.

El capítulo estudiantil no es menos severo. Las Becas Progresar permanecen congeladas y perdieron gran parte de su poder adquisitivo frente a la inflación; las Becas Estratégicas Manuel Belgrano atraviesan una “situación de incertidumbre y desfinanciamiento”; y las becas de vocaciones científicas (EVC) están directamente suspendidas. El documento advierte que el efecto de ese desmantelamiento no es abstracto: las políticas de acompañamiento económico, dice la declaración, “expulsan estudiantes del sistema universitario, profundizan las desigualdades sociales y ponen en riesgo la posibilidad de que miles de jóvenes puedan continuar sus estudios”.

Si la primera marcha sumó a unas 500.000 personas solo en CABA y las siguiente unas 250.000, la masividad de la cuarta movilización quedó marcada por un dato que aportaron los organizadores a elDiarioAR: “Fue muy grande porque la columna sin cortarse llegaba, sobre Avenida de Mayo, desde la Plaza de Mayo hasta el comienzo de la Plaza Congreso”. Desde la UBA aportaron a este diario la cifra de 600.000 personas solo en la Ciudad y un millón en todo el país. Fuentes policiales evitaron precisar una cifra “para no meterse en problemas”.  Hubo columnas multitudinarias en Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Mendoza.

“Abrazamos a los más de un millón y medio de personas que a lo largo y ancho de la Argentina que hoy se abraza a la universidad pública”, sostuvo desde el escenario montado a la altura de la Pirámide de Mayo el titular del CIN, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario. “No vamos a ser la generación que ve cómo se apaga sin más la potencia del sistema universitario argentino ni que deje morir sin más la universidad pública”, afirmó.

Numeros más o números menos, la movilización fue masiva por la transversalidad de la convocatoria. “Milei nos convocó a marchar cuando ajustó a las universidades y cuando nos llama ñoquis”, cuestionó Bettina, docente universitaria que cobra $300.000 por una cátedra que tienen hace 15 años. Entre la gente se combinaron desde jóvenes de 16 años que están en colegios que dependen de la UBA como el Nacional hasta jubilados que participan cada miércoles en los abrazos al Congreso que reprime el Gobierno.

Esta vez el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y la ministra Alejandra Monteoliva quedó impotente ante la manifestación. Hubo también columnas de sectores externos a la universidad como la CGT, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que agrupa a más de 140 gremios como ATE, UOM, aceiteros y aeronáuticos, o dirigentes políticos como el gobernador Axel Kicillof.

“Nos dicen que es una marcha política, y yo les digo que sí. Al fin y al cabo, todo es política. No sé si el Gobierno nos va a escuchar. Tendremos que seguir acá si esto no cambia”, enfatizó José Peralta, trabajador no-docente en Exactas. La cuarta marcha federal cerró frente a la Casa Rosada y ahora la pelota quedó en la cancha de la Corte Suprema. La comunidad universitaria marchó cuatro veces, el Congreso votó dos veces, y la Justicia federal ordenó dos veces el cumplimiento de la ley. El Gobierno ignoró cada uno de esos mandatos. Este martes la plaza y la calle le dijeron a Milei que ya no le queda otra que acatar la ley.

MC