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Kast gana las elecciones en Chile y se convierte en el primer ultraderechista en llegar al poder desde el fin de la dictadura

El ultraderechista José Antonio Kast, del Partido Republicano, ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile con un cómodo margen y se convierte en el primer líder de la extrema derecha en llegar al Gobierno desde el retorno a la democracia.

Tal y como pronosticaban todas las encuestas, gracias al apoyo de la derecha tradicional de Evelyn Matthei y de la extrema derecha más radical de Johannes Kaiser, Kast superó a la progresista Jeannette Jara, que encabezaba la mayor coalición de fuerzas de centroizquierda e izquierda. Kast recibió un 58,3% de los votos, mientras que Jara obtiene un 41,7%.

En su primer discurso, el ultraderechista prometió que será “el presidente de todos, sin excepción”, y que “va a haber un cambio real” en el país. Kasta aseguró que Chile “ha dado un mandato claro, que no admite excusas: no quiere continuidad, quiere un cambio real”.

“Sin seguridad no hay paz, sin paz no hay democracia y sin democracia no hay libertad. Chile volverá a ser libre del crimen, de la angustia y del temor”, declaró quien será el primer presidente pinochetista después de décadas. “Chile necesita que el país vuelva a tener empleo digno y orden en nuestras calles, en el Estado, en las prioridades que se han perdido”, agregó en su discurso frente a miles de sus seguidores en Santiago.

Kast gana en todas las regiones del país, incluso donde había ganado Jara en la primera vuelta (el sur del país, en la Metropolitana y la región de Valparaíso, bastión tradicional del centro-izquierda e izquierda). “La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el presdiente electo para desearle éxito por el bien de Chile”, señaló Jara. “Nos toca ahora hacer oposición y el camino de la unidad es el único que merece la pena. La unidad es el camino. Construimos una alianza amplia e histórica y tenemos una fuerza social y cultural que debemos consolidad, cuidar y hacer crecer. No hay espacio para el desánimo, hay una tarea que continúa”, añadió.

“No queremos promocionar el odio. Somos un solo país”, dijo, al tiempo que que pidió “hacer una relfexión profunda sobre los factores que condujeron a este resultado”.

La tercera fue la vencida

Kast llegará a la La Moneda tras su tercer intento (los anteriores fueron en 2017 y 2021) y pese a haber perdido la primera vuelta contra Jara por la fragmentación de candidaturas dentro de su propio sector. 

De 59 años, es hijo de un matrimonio de migrantes alemanes –su padre estuvo afiliado al partido nazi– y licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica. Fue diputado 16 años por la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), partido nacido al alero del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) al que abandonó para fundar el Partido Republicano.

Un defensor de Pinochet en La Moneda

Con estrechos vínculos con la dictadura, la ponderó a lo largo de su trayectoria política: su hermano fue ministro del dictador y él apoyó la continuidad del régimen en el plebiscito de 1988. Durante su carrera defendió en varias ocasiones el legado neoliberal del pinochetismo.

Hasta ahora, el primer y único presidente de derecha en Chile desde el retorno a la democracia había sido el fallecido Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que votó en contra de la permanencia del dictador.

Con la gran promesa de formar un “gobierno de emergencia” para aplicar mano dura contra la delincuencia y la migración irregular, el abogado ultracatólico y padre de nueve hijos colocó la seguridad y el orden público en el centro de la discusión electoral. Según su programa, blindará la frontera norte con vallas y zanjas, construirá cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico y endurecerá las penas para cualquier delito, entre otras.

Tras su victoria, afirmó que “quien no cumpla la ley, va a recibir todo el peso de esa ley”, advirtiendo de que “los padres tendrán que responder por los daños que provoquen sus hijos”. Sostuvo que su victoria “no es la meta, sino el punto de partida”, desde el cual los cambios que propone empezarán a aplicarse “de inmediato”, pero frente a las expectativas que puedan tener los votantes, les advirtió que “los resultados no se verán al día siguiente”.

Con el triunfo de Kast, Chile se suma a la ola de gobiernos ultraderechistas del mundo y de la región, consolidando un nuevo polo en Sudamérica, junto con la Argentina de Javier Milei y con la mano tendida a Donald Trump. Pese a tener agendas muy parecidas, el tono y las formas del ultra chileno son menos agresivas y confrontacionales que las de estos otros mandatarios del continente. Su perfil es más parecido al de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, de quien se ha declarado admirador, o al de la francesa Marine Le Pen.

Milei expresó su “enorme alegría” por la victoria de Kast, a quien ha calificado de “amigo”, y aseguró que ambos Gobiernos trabajarán para que “América abrace las ideas de la libertad”.

Desde las antípodas del espectro político, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, felicitó a Kast y le deseó “mucho éxito”, reafirmando el compromiso de Brasil de fortalecer las relaciones bilaterales, así como los lazos económicos y comerciales, y de preservar a Sudamérica como una “zona de paz”.

Mientras, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió de que “vienen los vientos de la muerte” a América tras la victoria de Kast, afirmando que “el fascismo avanza” y que él jamás le dará la mano “a un nazi y a un hijo de nazi”, comparando el ganador de las elecciones en Chile con la figura de Pinochet.

Kast recibirá la banda presidencial el próximo 11 de marzo de parte del mandatario saliente, Gabriel Boric, que por ley no pudo presentarse a la reelección. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, ya anunció hace días que el Gobierno de Kast incorporará a ministros de la coalición de la derecha tradicional, Chile Vamos, que lo ha apoyado en estos comicios, pero está por ver si se sumará también el ultraderechista radical Johannes Kaiser, quien tras perder la segunda vuelta hizo campaña por Kast, pero no ha aclarado si quiere integrar el próximo Ejecutivo chileno. 

Con información de la Agencia EFE

José Antonio Kast, un ultra de cuna que llegó a presidente de Chile explotando el discurso del miedo

Las credenciales ultras de José Antonio Kast le vienen de familia. Su hermano Miguel fue el primer ministro civil a las órdenes de Augusto Pinochet. Su padre, Michael Kast (Alemania, 1924-Chile, 2014) militó en el partido nazi en la Segunda Guerra Mundial, como reveló una investigación de la agencia Associated Press (AP). Y Kast, la gran figura de la ultraderecha que se convertirá en próximo presidente de Chile tras arrasar a la candidata progresista, no es alguien que viva a disgusto con el pasado.

Tras el revuelo mediático que causó la noticia de AP en 2021, Kast terminó reconociendo la presencia de su padre en las filas de Adolf Hitler, pero dijo que lo hizo “obligado por las circunstancias”. Con la dictadura chilena tuvo menos reparos: en una entrevista llegó a afirmar que si Pinochet estuviera vivo, lo votaría, y defendió públicamente a un miembro del Ejército condenado a más de 800 años de cárcel por secuestros y desapariciones. 

Admirador de Donald Trump y Javier Milei, Kast (Santiago de Chile, 1966) cultivó sin embargo un perfil muy diferente, de hombre firme pero dialogante, una fuerza transformadora que busca devolver el país a un orden perdido y –de paso– a las buenas costumbres. Quizá tenga que ver con que, a diferencia del magnate estadounidense o el libertario argentino con ínfulas de estrella de rock, Kast no es un outsider de la política. Muy al contrario. 

Militó desde muy joven en la Unión Demócrata Independiente (UDI), precisamente defendiendo el legado pinochetista y los valores tradicionales. Fue concejal de 1996 hasta el año 2000, y en 2002 ganó una banca en el Congreso como parte de la Alianza por Chile. Desde allí hizo oposición sobre todo a los Gobiernos de Michelle Bachelet, con iniciativas centradas en la oposición al aborto y en su obsesión y caballo de batalla: la seguridad. Sin embargo, las malas lenguas lo señalan por aquellos años como un diputado con escasa asistencia y aún menor actividad. 

Las derrotas que suman

Cuanto más se instalaba como referente de la derecha, más se alejaba Kast de la UDI, que acabó abandonando en 2016 para fundar el Movimiento de Acción Republicana y en 2019 el Partido Republicano, que agrupa a veteranos militantes derechistas e independientes. Si en 2017, cuando se presentó a las presidenciales como independiente, sorprendió con casi el 8% de los votos, en las de 2021 ya se alzaba con el 28% en primera vuelta, forzando un balotaje que perdió ante Gabriel Boric. “La tercera es la vencida” ha sido su muletilla esta campaña y, finalmente, lo logró. 

Lo cierto es que Kast fue ganando incluso con las derrotas. Por ejemplo, la del plebiscito de 2020 sobre el proceso constituyente, cuando defendió conservar la Carta Magna de Pinochet. Y el de 2022, en el que propuso una Constitución ultraconservadora que fue rechazada. Alrededor de estos ‘tropiezos’ democráticos Kast fue forjándose como líder frente a una derecha desdibujada.

Este licenciado en Derecho por la Universidad Católica, que pertenece a la élite económica del país –y también a la élite política– aprovechó el descontento social y el desgaste de los partidos históricos con un discurso antiestablishment. Un discurso similar al de Milei o Trump, pero atravesado por valores tradicionales y conservadores. “Él habla de sí mismo como ‘la derecha original’, y desprecia al resto con un discurso parecido al de la ‘derechita cobarde’ de Vox en España”, resume Lisa Zanotti, investigadora del CEU Democracy Institute y experta en nuevas derechas latinoamericanas. 

La familia como eje y el comodín de la seguridad 

Kast es un hombre tradicional. Viste formal, habla con corrección y en tono pausado, y su familia es casi un calco de aquella en la que se crió como el menor de diez hermanos. Tras combatir como teniente de la Wehrmacht, las fuerzas armadas de Hitler, aquel militante forzoso del partido nazi llamado Michael Kast consiguió salir de Alemania en los años 50 y emigrar a Chile, donde hizo fortuna con una fábrica de embutidos. Su benjamín, José Antonio, tiene a su vez nueve hijos y pertenece a un grupo ultracatólico de raíces alemanas llamado Schöenstatt, uno de los que estaba en la mira del papa Francisco, como el Sodalicio y el Opus Dei.

En la campaña de 2021, el candidato jugó fuerte su carta conservadora. Proponía derogar la ley de supuestos que permite abortar en caso de riesgo para la salud de la madre, del feto o por violación, se oponía al matrimonio igualitario y aseguraba que eliminaría el Ministerio de la Mujer. “Kast ha entendido que casi la mitad de la población de Chile está concentrada en Santiago, y que la gente de las zonas metropolitanas es menos conservadora, por eso ha ido moderando su discurso en cuestiones sociales para centrarse en un asunto transversal: el de la seguridad”, analiza Zanotti.  

De hecho, en el último debate Kast rehuyó prácticamente cualquier tema que no tuviera que ver con economía o seguridad. Evitó contestar sobre aborto o derechos de los homosexuales, y esquivó la pregunta sobre los crímenes de la dictadura: “Hoy en día se violan los derechos humanos de miles de personas, de 40.000 personas que mueren al año esperando una lista de espera (...) Lo que importa ahora es elegir al presidente que lidere al país para enfrentar los problemas que tienen los chilenos”, aseguró.

Y el principal problema que perciben los chilenos es precisamente el de la seguridad. El 63% piensa que es el principal, según una encuesta de Ipsos, lo que revela un nivel de preocupación mayor que en México (59%) o Colombia (45%), pese a que ambos tienen tasas de homicidios cuatro veces superiores. “Aunque la situación del país no tan mala como en otros puntos de América latina, sí que ha empeorado comparativamente respecto a hace algunos años”, reconoce Zanotti. La llegada de grupos criminales vinculados al narcotráfico le ha permitido a Kast vincular la delincuencia a la inmigración, desplegando un discurso nacionalista y xenófobo. Incluso llegó a decir que apoyaría una invasión de Estados Unidos a Venezuela para luchar contra el narco. Su propuesta se resume en la lucha implacable contra el crimen y los indocumentados, a los que ha advertido que como “entraron por la ventana” deben “salir del país” cuanto antes. 

Kast promete mano dura y más margen de acción a la policía. Además, defiende el derecho a poseer armas –de hecho, ha asegurado tener una en casa–. Una idea polémica que entusiasma a casi un 54% de los que se reconocen como posibles votantes del utraderechista, tal y como recoge el estudio sobre Democracia y Derechos Humanos de Cristóbal Rovira Kaltwasser publicado en 2024.

El de la seguridad fue un asunto capaz de llevar a José Antonio Kast finalmente al Palacio de la Moneda. Por eso lo explotó al máximo y envuelto en la lógica y la escenificación del miedo. “No le temo a nada, pero sí los delincuentes tienen que tenerle miedo a un Gobierno de emergencia nuestro”, dijo tras su cierre de campaña. El discurso lo pronunció detrás de un cristal blindado. 

Tras su victoria el domingo, aseguró: “Sin seguridad no hay paz, sin paz no hay democracia y sin democracia no hay libertad. Chile volverá a ser libre del crimen, de la angustia y del temor”.

La SIDE empuja una reforma de alto voltaje y vuelve a disputar el control de la inteligencia criminal y militar

La reconfiguración del sistema de inteligencia que impulsa Javier Milei empezó a mostrar su verdadero alcance. Bajo la nueva conducción de Cristian Auguadra, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) avanza con un diagnóstico severo sobre el estado del organismo y vuelve a empujar una decisión que promete abrir un conflicto interno de alto voltaje: absorber las direcciones nacionales de Inteligencia Criminal y Militar para concentrar bajo su órbita directa el control operativo y la información sensible del Estado. No es un giro técnico ni una discusión abstracta. Es una disputa por poder real, con antecedentes recientes y resistencias activas.

En ese marco, el eventual desmantelamiento de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), que depende del Ministerio de Seguridad, y de la Dirección Nacional de Inteligencia Militar (DNIM), bajo la órbita del Ministerio de Defensa, aparece como uno de los ejes más sensibles del rediseño que el Ejecutivo proyecta hacia 2026. La iniciativa se inscribe en los primeros pasos de Auguadra al frente del organismo, con el mandato explícito de ordenar el esquema desordenado que habría dejado la gestión de Sergio Neiffert, y reaviva una discusión que el propio oficialismo ya había ensayado sin éxito apenas iniciado el gobierno de La Libertad Avanza.

En marzo de 2024, cuando la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) todavía existía, el entonces interventor Silvestre Sívori, hombre de extrema confianza del exjefe de Gabinete Nicolás Posse, intentó avanzar con una iniciativa que ya entonces encendió alarmas internas: unificar físicamente ambas áreas en la sede histórica de la SIDE, sobre la calle 25 de Mayo. La medida fue presentada como una mudanza administrativa destinada a “eliminar barreras” y mejorar la coordinación frente al terrorismo y el narcotráfico.

Pero aquel planteo abrió una discusión política y jurídica que nunca terminó de resolverse y el tema quedó latente, a la espera de un contexto más favorable. Desde el entorno de Patricia Bullrich advirtieron en ese momento que, si la integración dejaba de ser edilicia para volverse orgánica y funcional, resultaba inevitable modificar la Ley de Inteligencia, algo que el oficialismo hasta ahora nunca impulsó, ni siquiera en julio de 2024 cuando decidió relanzar el organigrama de la SIDE mediante un DNU.

La nueva Política de Inteligencia Nacional

Un año después, ese debate vuelve, pero sin eufemismos. Ya no se trata de compartir oficinas ni de coordinación logística: el objetivo es subsumir estructuras, vaciar de poder a las direcciones nacionales y verticalizar el sistema de inteligencia bajo una conducción única. En Balcarce 50 el diagnóstico es contundente. La fragmentación del sistema, profundizada durante la gestión de Neiffert, habría derivado en mandos dispersos, superposición de funciones y competencia interna. “Cuando la inteligencia se reparte en compartimentos estancos, cada estructura empieza a jugar su propio partido y el control se diluye”, describe una fuente con trayectoria en la SIDE.

Se trata de un movimiento que encontró respaldo formal apenas dos días después del desplazamiento de Neiffert, cuando el Gobierno publicó el Decreto 864/2025, que establece la Política de Inteligencia Nacional. El documento, de 34 páginas, fijó por primera vez en más de dos décadas un marco doctrinario explícito para el sistema de inteligencia (que incluye tanto a la SIDE como a ambas direcciones ministeriales) y trazó un diagnóstico lapidario: décadas de deterioro institucional, fragmentación operativa y vulnerabilidad frente a amenazas internas y externas. En los hechos, el texto funcionó como sustento conceptual para una ofensiva que ya estaba en marcha.

En ese esquema, la DNIC y la DNIM aparecen como estructuras paralelas que ahora el Gobierno busca subordinar. El modelo que se menciona en los despachos oficiales es el estadounidense, con una conducción central fuerte que articula y condiciona al resto de las agencias.

La inteligencia criminal fue históricamente una herramienta clave del Ministerio de Seguridad y su progresivo vaciamiento ya provocó fricciones abiertas con la gestión de Bullrich. En sectores del oficialismo creen que ese obstáculo podría allanarse con la llegada de Alejandra Monteoliva, una ministra con menor peso político propio y una posible mayor predisposición a aceptar un rediseño de mandos.

En Defensa, en tanto, la Inteligencia Militar representa un núcleo especialmente sensible del ministerio y de las Fuerzas Armadas. Avanzar sobre su estructura implica redefinir el vínculo entre la inteligencia civil y la militar, una frontera que en la Argentina siempre fue delicada. Hasta el momento, tras la jura de Carlos Presti al frente de la cartera, no se conoce quién encabezará el área.

El futuro de los CICRE

La polémica en torno a la DNIC, de hecho, ya se expresa en los hechos. Durante los últimos meses, el Ministerio de Seguridad avanzó en una reubicación —y en algunos casos desarticulación— de los denominados Centros de Inteligencia Criminal Regionales (CICRE), los nodos territoriales que concentran información sensible sobre narcotráfico, trata de personas y clanes delictivos en puntos estratégicos del país. En la práctica, se trató de una recentralización geográfica que debilitó el esquema federal de inteligencia criminal construido en los últimos años.

Según publicó Hugo Alconada Mon en La Nación, las decisiones incluyeron el cierre o mudanza de oficinas en Salta, Tierra del Fuego, Chaco, Córdoba y Mendoza, además del traslado forzado de personal con conocimiento del terreno y vínculos aceitados con gobiernos provinciales, juzgados federales, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y fuerzas de seguridad. También se ordenó el cierre de oficinas en Córdoba y Mar del Plata, esta última sostenida mediante un comodato, y reubicaciones de personal entre Buenos Aires y Rosario.

El redespliegue implicó además el traslado de los coordinadores regionales: el NOA pasó de Salta a Buenos Aires; el NEA, de Chaco a Iguazú; la Patagonia Sur, de Ushuaia a Bariloche; la Patagonia Norte, de Neuquén a Bariloche; y el área Buenos Aires, de Mar del Plata a La Plata. Para varias fuentes del sistema consultadas por elDiarioAR, el resultado fue una pérdida de anclaje territorial y de conocimiento local.

La reestructuración coincidió con el regreso de Ramiro Anzit Guerrero a la Inteligencia Criminal, un funcionario de máxima confianza de Bullrich cuyo paso anterior por el área durante el gobierno de Mauricio Macri había terminado con un sumario administrativo. Al menos dos funcionarios que intervinieron en aquel expediente figuran ahora entre los desplazados, un dato que alimentó suspicacias internas.

Desde el Ministerio de Seguridad rechazaron que se trate de una desarticulación y hablan de un “redespliegue” orientado a fortalecer las llamadas “zonas calientes”, bajo planes como Güemes en el NOA, Bandera en Rosario o Guacurarí en el NEA. Pero puertas adentro del mundo de la inteligencia, varios leen estas decisiones como una señal política: el debilitamiento progresivo de la DNIC como estructura autónoma, en un contexto donde la SIDE vuelve a reclamar centralidad operativa.

La flamante Política de Inteligencia Nacional funciona así como respaldo doctrinario de una estrategia que combina diagnóstico técnico y decisión política. Aunque no menciona explícitamente la eliminación formal de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y de la Inteligencia Militar, deja claro que el Gobierno busca ordenar, concentrar y controlar el sistema bajo una conducción fuerte. En ese marco, la coexistencia de direcciones nacionales bajo distintos ministerios aparece como una anomalía a corregir.

A diferencia del ensayo de 2024, algunas voces en la Casa Rosada admiten que no hay forma de avanzar sin abrir un conflicto político. La virtual decisión oficial implica redefinir quién concentra el poder informativo del Estado, quién queda subordinado y bajo qué reglas. Por lo tanto, lo que está en juego ya no es un organigrama, sino el control de la inteligencia como herramienta política en el corazón del Gobierno.

PL/MG

Escenas de una acelerada transferencia de ingresos de pobres a ricos en pleno desarrollo

Patricia Bullrich es una política experimentada, con calle, que sabe encontrar el aplauso ante ciertas audiencias. El jueves pasado, sentada a la derecha de Paolo Rocca, jugó casi de local en el encuentro Propymes que anualmente organiza el Grupo Techint, el gigante siderúrgico, constructor y petrolero que emplea a 25.000 personas y contrata o vende a unas mil pequeñas y medianas empresas.

La senadora de La Libertad Avanza desgranó desde el escenario del centro de convenciones de Recoleta el proyecto de reforma laboral que Javier Milei acababa de firmar. Su óptica contribuyó a alimentar el imaginario de la audiencia: los empresarios (grandes, medianos y pequeños) son “héroes” que luchan en la tormenta económica argentina, resisten al Estado voraz y padecen a trabajadores que tratan de esquilmarlos con su holgazanería intrínseca, sus avivadas fingiendo enfermedades o su traición para hacerles juicio. En el ideario libertario que prima en la política y el mundo empresarial de hoy, toda regulación a contratar y despedir es mala, todo impuesto merece ser eliminado (“no podemos hacerlo de golpe, pero vamos en esa dirección”, dijo Bullrich), todo juez laboral es un parásito y todo sindicalista es corrupto, al menos hasta que un rayo lo transporte mágicamente al lado de las fuerzas del cielo.

La exministra de Seguridad eludió con picardía la media docena de veces en que Rocca, a su lado, pidió elevar aranceles ante las importaciones chinas, bajo el eufemismo de “desarrollar política industrial”. El titular de Techint procuró tocar una fibra sensible en el Gobierno del Soez: “Trump nos muestra el camino” sobre cómo imponer aranceles de 50% a la oferta china.

Por si quedaran dudas, los proveedores pymes que hicieron uso de la palabra casi no mencionaron el detalle de la caída de los ingresos de las familias o la infraestructura pública abandonada desde que asumieron los hermanos Milei. El núcleo de sus reclamos fueron los costos laborales —en sintonía con Bullrich— y China —en sintonía con Rocca—.

Un emprendedor de sembradoras que expuso en Propymes había sido corredor de motociclismo de alta competición en su primera juventud. “Tiene tanta adrenalina ir en una moto a 300 kilómetros por hora que manejar una pyme en Argentina”, bromeó. El joven abandonó el motociclismo y regresó a su empresa familiar en Arequito, en 2008, al borde de la quiebra. Desde entonces, creció hasta los 170 empleados, pese a “décadas pasadas de decadencia”, que se habrían terminado con Milei en la Casa Rosada. Todo —se sobreentiende— por mérito propio.

Rocca procuró tocar una fibra sensible en el Gobierno del Soez: 'Trump nos muestra el camino'

La hipótesis de que los caños que necesita Vaca Muerta provengan del país asiático, “desleal y predatorio”, hoy ocupa el primer lugar en la agenda de Techint, que tiene a su área de siderurgia en Ternium y Tenaris, de grandes obras en Techint Ingeniería y Construcción, y a Tecpetrol como buque insignia en gas y petróleo. Ese reemplazo ya está por ocurrir en una licitación por un gasoducto que lleva adelante Southern Energy, un consorcio liderado por Pan American Energy (PAE), la firma que encabezan los Bulgheroni como accionistas principales. “Invitaron a licitar a todos los chinos posibles. Una locura”, sintetizó en un diálogo informal una persona presente en el cóctel de cierre en Recoleta. Un rumor que recorre la industria es que Tenaris podría cerrar su planta SIAT en Valentín Alsina, ante la falta de demanda de tubos de acero.

Una fuente cercana al proyecto Southern Energy, que además de PAE tiene como socios a YPF, Pampa Energía y dos firmas internacionales, indicó a este medio que la licitación por el gasoducto de 480 kilómetros desde Vaca Muerta tiene hasta ahora a 15 oferentes de nueve países de América, Asia y Europa, y el resultado está abierto.

Hubo otro momento en que Bullrich se ganó el aplauso de la concurrencia. Por alguna lógica insondable, el Gobierno del Soez incluyó reformas impositivas en el paquete de la ley laboral. Una de ellas reincide en rebajas de impuestos a vehículos de lujo y a la compra de embarcaciones y aeronaves. Bullrich intentó alguna explicación productivista, pero trastabilló y acabó sincerándose: “Si alguien se quiere comprar un barco, que se lo compre, por supuesto”. Acaso había presentes unos cuantos empresarios pymes a los que les gusta navegar, porque nació la aprobación espontánea.

La letanía sobre el heroísmo empresarial abarca todos los rubros, desde Vaca Muerta a las finanzas, y transcurre sin el más mínimo atisbo de mirada lateral o de indagación sobre por qué los ensayos “promercado” conocidos en Argentina han terminado en derrumbes sociales y económicos. Nada equipara, no obstante, la autoerección del monumento al esfuerzo individual que en julio o agosto de cada año se brinda la Sociedad Rural en Palermo, “la fiesta del hombre de campo”. “Hombre”, un dato cierto. La voz femenina es casi inexistente en las convenciones del mundo empresarial argentino.

Del emprendedor al evasor

Hay algo a revisar en el inconsciente de la elite económica argentina. “Héroes” es la palabra dominante en los encuentros empresariales, pero también es la que utilizó Milei para referirse a los evasores.

Se deriva una simbiosis de esa fricción en el plano de la representación política. En las pasadas elecciones, un grupo de gobernadores se presentó como “representantes del interior productivo”, defensores de la apertura, ávidos de ayudar a Milei “porque si le va bien a él, nos va bien a todos los argentinos”, pero sin desatender los intereses del pago chico. Nada demasiado nuevo bajo el sol, aunque parecía mejor organizado. Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba se esmeraron en reclamar la baja de los impuestos al agro; los de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz lideraron el pedido de reducción de retenciones y otras cargas a hidrocarburos; y los de Jujuy, San Juan y Salta hicieron lo propio con la minería.

Tanta devoción sirvió de poco. A fin de cuentas, sus votantes —que casualmente, coinciden bastante con los que apoyan a Milei— desatendieron la oferta de representación del “interior productivo” y la avenida del medio, poblada por nombres con recorrido en derechas tradicionales, la UCR y el peronismo, y se decantaron por vedettes, tarotistas, evangelistas, entrepreneurs y streamers que les acercó la boleta que punteó Karina Milei.

La oda al “empresario héroe” se monta sobre una negación muy abarcativa: no existe el Estado que invierte (o invertía) miles de millones de dólares por año para sostener el mejor sistema universitario público de América Latina, ni una organización científica en más de un sentido modélica para la región. Ambos, universidades e investigaciones científicas (Conicet, INTA, INTI, hoy en proceso de desmantelamiento), proveen profesionales y avances técnicos que terminan generando negocios y ganancias empresariales, que jamás son mencionados en las reuniones de la elite. Tampoco tienen ningún valor las promociones impositivas ni los blanqueos periódicos, que condonan cada tanto miles de millones de dólares de evasión —y se terminan compensando con la recaudación del IVA o rebajas de jubilaciones—; ni los planes sociales y un sistema de pensiones universal que previenen caos social. La protección a través del manejo del tipo de cambio o del comercio exterior, o la provisión barata de electricidad, que han lastrado el equilibrio de las cuentas públicas —y en más de un sentido, se tornaron contraproducentes— tampoco son tenidas en cuenta en las sesiones de autoayuda de los hombres de negocios.

Universidades e investigaciones científicas (Conicet, INTA, INTI, hoy en proceso de desmantelamiento) proveen profesionales y avances técnicos que terminan generando ganancias empresariales, que jamás son mencionados en las reuniones de la elite

Generosidad ultra

Todo este magma de “sentido común” que supo leer y potenciar Milei para llegar a la Presidencia habilitó una transferencia de recursos de pobres a ricos, en pleno desarrollo.

Los negocios de petróleo, gas, soja y maíz generan ganancias exuberantes, pero el ímpetu por bajarles impuestos y retenciones no parece tener fin. Los US$1.600 millones que el Estado dejó de cobrar cuando el Ministerio de Economía habilitó a la desesperada unas 72 horas de “retenciones cero” al agro en septiembre pasado se suman a los US$570 millones que en 2026 dejará de percibir el fisco por otra ronda de algarabía. En la producción de Vaca Muerta y de litio en Norte, especialistas marcan que la carga impositiva ya se ubica entre las más bajas de Sudamérica, pero algunas firmas locales demoran decisiones porque estiman que el Gobierno puede darles todavía más, mediante reinterpretaciones del generosísimo RIGI.

La línea quedó trazada de entrada. En noviembre, la recaudación sobre los bienes de la cúpula económica se redujo en un 68%, que se explica tanto por un descenso de la tasa dispuesta en diciembre de 2023 como por un anticipo abonado en 2024, mientras las jubilaciones se encuentran en un piso en décadas. Hay plata para gastar US$300 millones en aviones F16 que Dinamarca procuraba sacarse de encima, pero no hay partida para la expansión de cloacas ni de conexiones de agua en el presupuesto 2016. La lista sigue con el desfinanciamiento histórico del Conicet y las universidades.

El palo en la rueda

La prédica libertaria puntualiza en “el costo laboral” y la “carga impositiva” como dos de los principales males del país.

Con este “escenario base”, en parte heredado y en parte buscado, el Ejecutivo se apresta a implementar la reforma laboral, con voluntad de aprobación en diciembre, y otra impositiva, todavía en un estado difuso.

Milei repite una estrategia que ya utilizó Macri. Acelera el deterioro del mercado de trabajo, para después ofrecer la hiperflexibilización como solución a los problemas autogenerados.

Desde diciembre de 2023, cuando asumió el ultra, hasta septiembre pasado se habían perdido 185.700 o 2,8% de los empleos formales registrados en el sector privado, según la Secretaría de Trabajo. En el segmento estatal, el procentaje de descenso es similar. El balance general es un aumento de la desocupación, en parte compensado por un alza abrupta de autónomos y monotributistas, de 121.000 puestos, 5%. Como explicó Bullrich en la convención de Techint, eso no es malo, “porque los jóvenes no quieren depender de nadie”. Prefieren pedalear.

Milei es el rey de la minería y el petróleo, pero en ese segmento, el derrumbe de empleos en 21 meses alcanzó el 7,5%.

La consultora Invecq, de los economistas Matías Domecq, Matías Sturt y Santiago Bulat, realizó una interesante presentación en la jornada de Techint.

El famoso “costo laboral” no se verifica como un peso muy superlativo en la comparación con países como Brasil y Uruguay, que han tenido una mejor performance económica que Argentina en la última década y no han pasado por traumas tan profundos. Al incluir conceptos como aguinaldo, vacaciones, aportes a la Seguridad Social, indemnizaciones y aviso de despido, el costo sobre el salario promedio de trabajadores registrados alcanza 61% en Uruguay, 63% en Brasil y 68% en Argentina. En la comparación con el resto de América Latina, Argentina se destaca por un mayor peso en la Seguridad Social, y está en el segmento inferior en el rubro vacaciones.

La diferencia sí se vuelve abismal en el contraste con Paraguay, en el que el “costo laboral” representa 44% del salario. Eso sí. Los paraguayos de 65 años o más que reciben jubilación contributiva son 11,9% (más de 90% en Argentina), otro 50% recibe una pensión no contributiva (Observatorio del Gasto Público de Desarrollo en Democracia) y sólo 34% tiene seguro de salud (no hay PAMI). Hasta ocurre el milagro de que la jubilación mínima en Paraguay (US$167) es inferior a la de Argentina (US$230), perforada por el Gobierno de los Milei. Es tal la informalidad en el vecino del norte, que se calcula que sólo 1,5% llegan a completar los 30 años de aportes al llegar a la edad de jubilarse (OIT).

El dogma Sturzenegger es inmune al dato. La motosierra en manos del ministro de Desregulación se apresta a desbaratar la mecánica de las vacaciones, fraccionándolas y repartiéndolas durante meses no veraniegos. Es decir, irrumpe en un rubro en el que el marco regulatorio argentino presenta menos costos que en Brasil (que duplica, porque los brasileños tienen más días de vacaciones) y Uruguay (33% más), y similar a Chile y Colombia, según Invecq.

Algo similar ocurre con las indemnizaciones, otra bestia negra que afecta a los “héroes” del emprendedorismo. Argentina está en un status similar a Chile y Uruguay.

El deterioro del mercado laboral argentino se ubica en el creciente empleo informal. Alcanza 36,8% de los asalariados, pero si se consideran los monotributistas, una categoría que Gobiernos como los de Macri y Milei se especializan en hacer crecer a paso firme, suman 42%. Se necesitan 27 monotributistas con un ingreso de $2 millones mensuales para alcanzar un aporte a la Seguridad Social similar al de un solo trabajador registrado con el mismo sueldo, informó Invecq.

Es decir, el déficit se encuentra en que el segmento que realiza aportes (58%) no alcanza para cubrir un sistema jubilatorio que abarca a casi todos los mayores de 65 años.  

El blanqueo lanzado por Milei en 2024 generó una registración de 16.703 trabajadores que estaban en la informalidad, 0,3% del total. Equivalen a apenas un tercio de los puestos formales en el sector privado que se destruyeron entre junio y septiembre.

Los gobiernos que “insertan a Argentina en el mundo” lanzan blanqueos a mansalva y tienden a extender los períodos de prueba al infinito. El blanqueo lanzado por Milei en 2024 generó una registración de 16.703 trabajadores que estaban en la informalidad, 0,3% del total. Equivalen a apenas un tercio de los puestos formales en el sector privado que se destruyeron entre junio y septiembre.

Sturzenegger ideó otra solución para un problema que no es tal, el monto indemnizatorio, que se encuentra acorde al equilibrio de la región. En todo caso, el incremento del costo está asociado a la alta litigiosidad, que en cantidad de juicios acumulados en los últimos doce meses, se encuentra cerca del pico de 2017, en una dinámica que parece asociada a las crisis económicas antes que a la deslealtad del empleado al que le gusta ir a tribunales.

La solución elegida por el Gobierno ultra consiste en transferir tres puntos de los aportes a la Seguridad Social a un fondo de asistencia laboral (FAL). Esa caja actuará como un seguro para la empresa a la hora de despedir empleados. Como acumulará un volúmen latente, mayormente sin uso, se transformará en un activo financiero, sujeto a compras, ventas y cotizaciones. Es decir, se desfinanciará todavía más a la Agencia Nacional de Seguridad Social que paga las jubilaciones, lo que podría leerse como otra transferencia de ingresos regresiva.

El “coloso” liberal ya implementó un régimen por el estilo en 2024, pero fue aprobado ignorado por los empresarios. Sturzenegger encontró la solución. Transforma la norma en obligatoria y transfiere el costo a los jubilados.

Sturt, de Invecq, evaluó que que el 28% de la carga tributaria total sobre el PBI es acorde a un país con el desarrollo intermedio de Argentina. Es unos puntos mayor al promedio latinoamericano (21,5%), el doble que en Paraguay (14%), inferior a la de los países de la OCDE (32%) y unos veinte puntos inferior a los países más desarrollados del norte de Europa.

Una vez más, el déficit está en la composición de la recaudación fiscal y en la alta evasión. Son bajos los ingresos por impuestos a los segmentos altos (bienes personales, Ganancias a las personas) y altos los asociados al consumo masivo, que se superponen en algunos casos (IVA, ingresos brutos provinciales, tasas municipales, combustibles). La evasión del IVA llega a 37% en Argentina, muy superior a la registrada en Colombia, Uruguay y Chile.

Ante la suma de distorsiones en los recursos del Estado y la distribución del ingreso, el dogma libertario propone enaltecer la evasión, desmantelar los organismos de control, reducir impuestos a los ricos y sectores con hiperganancias asociadas a los recursos naturales y cargar el peso del ajuste en jubilados, docentes y científicos.

El soberano se expresó en octubre y apoyó el rumbo.

SL

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La nota fue actualizada a las 12 del 14 de diciembre con detalles de la licitación del gasoducto de Vaca Muerta.

Al menos 16 muertos en un ataque terrorista contra una fiesta judía en la playa de Bondi, en Sídney

Al menos 16 personas han muerto en un tiroteo en la playa de Bondi, en Sídney, en lo que la policía australiana ha confirmado como un “ataque terrorista” contra una celebración judía. Uno de los fallecidos es uno de los agresores, abatido por la policía. Las fuerzas de seguridad han detenido también a otra persona, que está en estado crítico.

Hay 38 personas heridas en el incidente, que han sido trasladadas a hospitales cercanos, aunque las autoridades sanitarias no han dado más información sobre su estado de salud. Hay además dos agentes heridos.

El ataque ha ocurrido alrededor de las 18:45 de la tarde. Estaba prevista la celebración de un evento por la festividad judía de Janucá en un parque muy próximo a la playa en la que han comenzado los disparos. En un principio, la policía australiana no había encontrado relación entre ambos hechos, pero las últimas declaraciones de los encargados de la investigación ya confirman que se trata de un “ataque diseñado con la comunidad judía como objetivo”.

“Ha ocurrido un ataque terrorista devastador en la celebración de Janucá de la playa Bondi”, ha dicho el primer ministro de Australia, Anthony Albanese. “Es un ataque dirigido a la comunidad judía australiana en el primer día de Janucá. En lo que debería haber sido un día de felicidad, de la celebración de la fe, un acto de terrorismo cruel y antisemita ha golpeado el corazón de nuestro país”, ha declarado el dirigente. Albanese ha insistido en que “no hay lugar para el odio” en Australia y ha prometido trabajar para “erradicarlo”.

Las fuerzas de seguridad del país han encontrado también un dispositivo explosivo improvisado cerca de la playa, del que se ha encargado el escuadrón antibombas, según la policía.

El primer dirigente político en calificar el incidente de terrorismo ha sido Christopher Minns, jefe de Gobierno de Nueva Gales del Sur, la región de Sidney. Minns ha calificado el tiroteo como “un acto cobarde y aterrador de violencia” y afirmado que “el objetivo fue la comunidad judía”.

Mientras, el jefe de la policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, ha advertido que la investigación “apenas ha comenzado” y que todavía no puede descartarse ninguna hipótesis sobre el suceso, incluida la posibilidad de que haya un tercer sospechoso.

“La Policía está en el lugar y se proporcionará más información a medida que esté disponible”, señalan las autoridades.

Los testigos del tiroteo grabaron cómo un civil se acerca sigilosamente a uno de los tiradores y le arrebataba el fusil después de un forcejeo. En las imágenes se observa cómo otro hombre armado sigue disparando desde su posición sobre un puente.

Según informan medios australianos, como ABC o The Australian, el civil se llama Ahmed Al Ahmed y es un comerciante musulmán de 43 años. Vive en Sydney, está casado y tiene dos hijos. De acuerdo a otros testimonios, Ahmed recibió dos disparos en un brazo, por lo que tuvo que ser hospitalizado.

Carlos III, jefe de Estado en Australia, condena el “atroz” atentado antisemita

La comunidad internacional ha lamentado y condenado el atentado.

El rey Carlos III del Reino Unido y su esposa, Camila, se mostraron “consternados y profundamente entristecidos por el atroz ataque terrorista antisemita” perpetrado este domingo.

“Nuestros corazones están con todos los que se han visto tan terriblemente afectados, incluidos los agentes de policía que resultaron heridos mientras protegían a miembros de su comunidad”, dijo en un comunicado el monarca, que también es jefe de Estado de Australia.

También expresaron sus condolencias a las víctimas los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, quienes dijeron “acompañar en su dolor a la comunidad judía”.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, también condenó el atentado.

“Estoy horrorizado y condeno el atroz ataque mortal perpetrado hoy contra familias judías reunidas en Sídney para celebrar Janucá”, escribió Guterres en X. “Mi corazón está con la comunidad judía de todo el mundo en este primer día de Janucá, una festividad que celebra el milagro de la paz y la luz que vence a la oscuridad”, añadió.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se ha sumado a las condolencias.

“Estados Unidos condena enérgicamente el ataque terrorista en Australia dirigido contra una celebración judía. El antisemitismo no tiene cabida en este mundo. Nuestras oraciones están con las víctimas de este horrible ataque, la comunidad judía y el pueblo de Australia”, escribió Rubio en un mensaje en X.

Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), el Líbano y Jordania también condenaron este domingo el ataque, así como Israel, cuyo primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, relacionó el “llamamiento a un Estado palestino” por parte de Australia con el tiroteo masivo.

“Su llamamiento a un Estado palestino echa leña al fuego del antisemitismo. Recompensa a los terroristas de Hamás”, recordó hoy Netanyahu haberle trasladado a Albanese hace unos cuatro meses.