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La futura jefa del bloque libertario fue hasta la Cámara alta. Hablaron de "colaboración" y de una reunión en "buenos términos", pero se mantuvo la tensión por las diferencias del Gobierno con quien fue la compañera de fórmula de Milei.
Patricia Bullrich visitó a Victoria Villarruel en su despacho del Senado y ambas espadas políticas se marcaron la cancha en la previa a la relación que tendrán desde el 10 de diciembre próximo. La flamante jefa del bloque libertario en la Cámara alta le llevó el mensaje de quién será la voz de la Casa Rosada en el Palacio Legislativo para que avancen las leyes que el Gobierno impulsa en el segundo tramo de la gestión.
“Se mostró colaborativa”, dijo la aún ministra de Seguridad a la salida de la reunión y en diálogo con la prensa. Villarruel rápidamente caminó el pasillo que separa su ofcina de la sala de acreditados en el Senado para también dar su versión: explicitó que su intención es la de “no obstaculizar” ningún tratamiento legislativo, pero sí remarcó que su rol institucional es abrir el diálogo con todos los espacios políticos.
Bullrich y Villarruel convivirán al menos los próximos dos años en el marco de una tensión abierta por la falta total de contacto entre la vice y Javier Milei. La funcionaria se hará cargo de un bloque de 20 senadores -ahora tiene 6- y tendrá la misión de encabezar las negociaciones con la oposición aliada al Gobierno para avanzar, en el corto plazo, en el Presupuesto 2026 y las reformas impositiva y laboral.
Incluso Bullrich empezará a negociar con el peronismo, que tiene una referencia fuerte con Cristina Kirchner a través de José Mayans, jefe del interbloque de Unión por la Patria. Es que si finalmente el Gobierno busca completar las vacantes que hay en la Corte Suprema y en el 40% de los juzgados federales, necesitará del PJ para alcanzar los dos tercios de los votos.
Villarruel justamente supo construir una relación de cierta confianza con Mayans. “A mí me gusta trabajar en un clima donde todos nos sintamos cómodos, a eso voy a apuntar con las nuevas incorporaciones, vamos a colaborar para que todos se sientan cómodos, no es mi función discutir la representatividad de los senadores”, dijo la vice hablando sobre el arribo de la nueva jefa del bloque oficialista.
Y agregó: “Le quise comentar cómo es el manejo de la cámara, no tengo facultades para interrumpir el ejercicio parlamentario. Le quise hacer la aclaración para que lo tenga presente, mis facultades apuntan a que se garanticen la independencia de poderes”. Pese a las expresiones de un diálogo cordial, no hubo finalmente foto entre Villarruel y Bullrich.
MC

El Senado retomará así su actividad en el recinto con la jura de los legisladores electos, antes del recambio que tendrá lugar en Diputados el 10 de diciembre.
Los 24 senadores que resultaron electos en los comicios de octubre jurarán en sus cargos en una sesión que se realizará en la Cámara alta el 28 de noviembre a las 11, aunque asumirán sus bancas el 10 de diciembre junto a los 127 nuevos diputados, según fuentes legislativas.
El Senado retomará así su actividad en el recinto con la jura de los legisladores electos, antes del recambio que tendrá lugar en Diputados el 10 de diciembre.
Mientras tanto, el Gobierno evalúa un potencial desdoblamiento de las fechas de sesiones extraordinarias para tratar en tandas las principales reformas y proyectos de ley que aspira a sancionar en el segundo tramo de la gestión.
De ese modo, el oficialismo buscará tratar el Presupuesto 2026 durante diciembre, desde el 10 al 31 del mes, e incluir el debate por el proyecto de presunción de inocencia fiscal, presentado como “Plan de Reparación Histórica de los ahorros de los argentinos”.
Si bien el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tiene intenciones de extender las sesiones en enero, lo más probable es que durante ese mes haya un receso y la actividad se retome del 1 al 28 de febrero.
Para el segundo mes del año, la administración libertaria apuesta a tratar las reformas de ‘segunda generación’, aún sin brindar mayores precisiones, pero que refieren a cambios tributarios, laborales y en última instancia, previsionales.
En tanto, la ministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se reunió este viernes con la vicepresidenta Victoria Villarruel para diagramar la agenda del Senado, en un encuentro que ambas definieron como “positivo” y “constructivo”.
Tras la cita, Bullrich planteó que Villarruel se mostró “muy colaborativa” para apuntalar la agenda del Gobierno en el Senado.
Por su parte, Villarruel dijo a los periodistas acreditados en el Seneado, entre ellos la Agencia Noticias Argentinas, que se trató de una reunión “positiva y constructiva, en un tono muy amable”, y añadió que “siempre hubo colaboración” y que ella trabajó para que “se respete la Constitución”.
“Hablamos de los distintos proyectos de ley y de cómo va a ser el manejo del bloque de La Libertad Avanza (LLA)”, dijo la titular del Senado y añadió: “Yo también le quise comentar cómo es el manejo de la cámara, porque yo no tengo facultades como para obstaculizar o, de alguna manera, interrumpir el ejercicio parlamentario”.
Con información de la agencia NA

La industria coloca más de 1.600 lobistas de BP, Exxon o TotalEnergies en delegaciones de la COP30: mientras Brasil dice que busca crear una hoja de ruta para romper la "dependencia" de estos productos, las compañías incrementan la producción de crudo
Las compañías petroleras consiguieron colar más de 1.600 lobistas como delegados en la COP30 de Brasil, según el recuento de los listados oficiales que hizo la coalición KBPO (Kick Big Polluters Out). La industria inundó así de representantes las conversaciones de la Cumbre del Clima que discute cómo abandonar los productos que ellos venden, es decir, los combustibles fósiles.
Aunque este número total es algo menor que los absolutos detectados en las cumbres de Azerbaiyán el año pasado y Dubai en 2023, la coalición recuerda que, en proporción al número final de asistentes a la cumbre, “estamos ante un récord absoluto”: uno de cada 25 delegados proviene de la industria de los combustibles fósiles.
Así que, mientras los países se sientan a hablar de cómo enterrar el petróleo, el gas y el carbón y la ministra de Medio Ambiente brasileña, Marina Silva, dice en Belém que “necesitamos una brújula que nos guíe lejos de nuestra dependencia de los combustibles fósiles”, el lobby petrolero aprovecha varias vías de entrada para defender sus intereses en los pasillos y salas de la cumbre.
Provoca furia ver cómo la industria fósil profundiza su influencia año tras año y se burla del proceso de negociación
“Parece de sentido común que no podés resolver un problema dando poder a los que lo causaron”, reflexiona uno de los miembros de esta coalición, Jax Bobon. Bobon, que llega a Belém do Pará desde Filipinas –donde acaban de padecer el golpe del supertifón Fung– afirma que esta situación le provoca “furia al ver cómo la industria fósil profundiza su influencia año tras año y se burla del proceso de negociación”.
El rastreo de KBPO sugiere que la grandes organizaciones de comercio son la vía principal de entrada de los lobistas. Por ejemplo, la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones –relatan– llevó 60 delegados entre los que están representados BP, ExxonMobil o TotalEnergies.
Más hallazgos al escrutar las delegaciones presentes en Brasil. Las compañías fósiles consiguieron dos tercios más de pases oficiales que las delegaciones de 10 de los países más vulnerables al cambio climático producido por sus productos, lo que da una idea de cómo pueden cooptar las conversaciones climáticas en la cumbre.
Y no termina ahí la manera de infiltrarse. KBPO detectó que “varios estados del Norte Global” incrustaron representantes de la industria petrolera en sus propias delegaciones nacionales. Y detalla que Francia tiene 22 lobistas petroleros en su equipo entre los que subraya “cinco de TotalEnergies”, incluido el CEO Patrick Pouyanné.
Japón, por su parte, según recoge este trabajo, incorporó miembros de Mitsubishi Heavy Industries –que produjo maquinaria para el sector fósil– y Osaka Gas o Noruega que cuenta a seis ejecutivos de su compañía estatal fósil Equinor.
Además, una buena parte de estos lobistas de los combustibles fósiles (599 según KBPO) portan una acreditación con acceso a las salas donde se llevan a cabo los trabajos y negociaciones de la COP.
El choque de intereses de los que hablan estos activistas es obvio. Por un lado, la materialización del Acuerdo de París pide “transitar lejos de los combustibles fósiles”. En el otro, las petroleras renunciaron en muchos casos a sus compromisos climáticos una vez que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha augurado una nueva oportunidad de relanzar su negocio tradicional.
Los lobistas de los combustibles fósiles están convirtiendo la cumbre en una feria de comercio para contaminadores. Mientras se les permita estar dentro de las conversaciones para defender sus intereses, las soluciones reales van a ser imposibles
De hecho, en vísperas de la COP30, es decir, poco antes de que sus delegados llegaran a Belém do Pará, ExxonMobil informó de un récord de producción de gas y petróleo en el tercer trimestre de este año. En ese mismo periodo ingresó 7.500 millones de dólares.
En esta misma línea, los líderes del crudo, la misma Exxon, pero también Chevron y Shell siguen incrementando su producción de petróleo a pesar del riesgo de saturación y que los países de la OPEP siguen exportando más barriles cada mes.
Por su parte la británica BP ya comenzó el sexto proyecto –de diez nuevos previstos hasta 2027– de petróleo y gas en el Mar del Norte. “Reflejan la fuerza de BP para incrementar la producción”, dijo el vicepresidente de proyectos, Ewan Drummond.
Respecto a la francesa TotalEnergies, que también cuenta con representantes en la COP30, la compañía proyecta una producción para este trimestre de 2,5 millones de barriles diarios, un 4% más que en el mismo periodo del año anterior.
El análisis de KBPO dice que el número de lobistas de los combustibles fósiles se mantiene constantemente alto desde que comenzaron las conversaciones climáticas. “Estos hallazgos refuerzan la urgente necesidad de proteger las negociaciones de la ONU estableciendo un sistema claro de conflicto de intereses”.
El coordinador de la campaña Política libre de fósiles, Nathan Stewart, cuenta que “los lobistas de los combustibles fósiles que inundan la COP30 este año están convirtiendo la cumbre en una feria de comercio para contaminadores”. Y vaticina que “mientras se les permita estar dentro de las conversaciones para defender sus intereses, las soluciones reales van a ser imposibles”.

El canciller Quirno firmó un acuerdo marco en el que cede mucho más de lo que consigue. El dueño de Techint apoya el ajuste, pero alerta que 46 millones de argentinos no pueden vivir de las materias primas: preocupa que en el RIGI se importen hasta los galpones. Los aduaneros no controlan: ¿roban para un vértice del Triángulo de Hierro?
Donald Trump y su principal aliado latinoamericano, Javier Milei, al que rescató de una crisis financiera en plena campaña electoral y logró pavimentarle la reciente victoria en las urnas, anunciaron este jueves un acuerdo marco comercial desequilibrado. El salvataje tuvo este precio. No es el único. El comunicado de la Casa Blanca dejó muchos detalles por aclarar, pero más aún la Casa Rosada, que apenas informó el contenido del pacto. Del texto de Washington se desprende que la Argentina cede en 30 ítems puntuales, mientras que EE.UU. lo hace sólo en dos.
Para la mentalidad del economista libertario toda apertura es buena, pero en las negociaciones comerciales internacionales los países suelen abrir un sector a cambio de otro, no regalarlos con alegría. Veamos qué aspectos concedió la Argentina tras la negociación final que el nuevo canciller Pablo Quirno mantuvo esta semana en la capital norteamericana, después de meses de diálogo del diplomático Luis María Kreckler:
¿Cuáles son las concesiones de EE.UU.? Son dos y están expresada en un solo párrafo: “Eliminarán los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados destinados a aplicaciones farmacéuticas”. No se explicitan cuáles son esas materias primas que no están en territorio norteamericano, pero apuntan a los minerales, no a los hidrocarburos ni a los alimentos argentinos, que en EE.UU. sobran. Tampoco se aclara qué insumos para remedios se exportarán. No se menciona nada de aluminio, acero o biodiesel, sectores argentinos que esperaban una apertura.
Aunque el proteccionista Trump hace semanas mencionó en un raro giro liberal que quería importar carne vacuna argentina para bajar los precios internos, después sobrevino la queja de sus ganaderos, usualmente republicanos, y quizás por eso el acuerdo tiene una mención difusa al asunto. Nada concreto para el campo argentino. “Ambos países se han comprometido a mejorar las condiciones recíprocas y bilaterales de acceso al mercado para el comercio de carne vacuna”, es una referencia que no concreta nada y encima abre la puerta para que la Argentina importe bifes estadounidenses. Ya este año ha comprado de Brasil.
Los que por ahora respiran tranquilos son los laboratorios nacionales, porque la alusión del pacto a la protección de patentes, pretensión de sus competidores norteamericanos, tampoco implica algo palpable. Y lo que no se explicita bien en acuerdos comerciales internacionales es porque se patea para adelante. Sólo se menciona que el gobierno de Milei, que cuenta con el respaldo de empresarios farmacéuticos locales como los Bagó y los Sielecki, “se ha comprometido a abordar desafíos estructurales señalados en el informe Especial 301 de 2025 de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU., incluyendo los criterios de patentabilidad, el atraso en el otorgamiento de patentes y las indicaciones geográficas, además de avanzar hacia la armonización de su régimen de propiedad intelectual con los estándares internacionales”. Es decir, todos buenos deseos de cambios que quizás algún día se concreten si se modifican leyes. No sólo respiran aliviados los laboratorios locales sino también los agricultores que usan semillas de soja o maíz patentadas por las alemanas Bayer y BASF, la estadounidense Corteva o la china Syngenta.
Quien esperaba un resultado positivo de la negociación comercial con EE.UU. y al parecer no lo consiguió fue el acerero Paolo Rocca, dueño del grupo Techint. Horas antes de conocerse el acuerdo, el empresario italiano residente en la Argentina volvió a un terrorio que él domina, el de la Unión Industrial Argentina (UIA), después de cinco años de ausencia en sus conferencias anuales. Llegó, elogió la motosierra fiscal y monetaria, apoyó las dos reformas que enviará el Gobierno al Congreso en sesiones extraordinarias en febrero próximo -rebaja tributaria y flexibilización laboral-, pero reclamó una “política industrial” a contramano de lo que cree Milei. Reconoció que en el pasado la Argentina fracasó en la materia, pero recordó que también lo había hecho en su receta monetaria y no por eso este gobierno dejó de tenerla. EE.UU., la Unión Europea, China, Japón, Corea del Sur, Brasil y México tienen sus planes manufactureros, pero la Argentina no.
Rocca recordó que 46 millones de argentinos no pueden vivir sólo de la producción de materias primas. Que no somos Australia, con 27 millones, ni Chile, con 19 millones. Por eso, aunque ahora gana dinero exportando petróleo y gas de Vaca Muerta con Tecpetrol, abogó por la industria, como sus siderúrgicas Tenaris y Ternium. También defendió la apertura comercial, pero “racional”, en otro pasaje crítico del gobierno libertario.
En su grupo están mirando con atención si se cumple el 20% de compras locales de bienes y obras que exige el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). Cunde el pánico en la UIA porque están importándose galpones enteros de China, aunque sus competidores locales advierten que no es tan fácil ni barato como traerse ropa de Shein, que si el talle no calza, se tira. El único proyecto RIGI de energías renovables -un sector que espera que se renueve su ley de fomento- es un parque eólico del grupo PCR; tendrá 40% de provisión local y el de la futura siderúrgica Sidersa -de la familia rosarina Spoto-, un 66%; pero se temen que sean casos aislados frente a una mayoría de iniciativas mineras y de hidrocarburos.
En un momento de exitismo de Milei después de su batacazo en las elecciones legislativas, en tiempos en que el triunfo silencia todas las críticas y hasta industriales antes eran opositores ahora se preguntan si los demás no tendrán razón, el dueño de Techint irrumpió con un mensaje para dos públicos. Por un lado, el Presidente. Hombre poderoso que vio pasar muchos gobiernos, hizo oír su voz y habrá que ver si el jefe de Estado reacciona. Por otro, lo escuchó un Centro de Convenciones (CEC) colmado, incluidos empresarios que de un día para el otro están convirtiéndose en importadores y que, por una cuestión de clase social o apabullados por la derrota de sus ideas industrialistas, se abrazan a las que les impone la mayoría que votó a La Libertad Avanza.
Entre los industriales, algunos pocos están bien, como los metalmecánicos que abastecen a Vaca Muerta o al transporte logístico -beneficiado por el comercio electrónico-, pero en otros como calzado, textiles, autopartes, frigoríficos, azúcar o siderúrgico están sufriendo y anticipan más cierres de los que ya ha habido. De todo modos, entre los que andan mal hay quienes esperan que algunos costos bajen con las reforma tributaria y laboral -igual les temen a los juicios en los fueros del trabajo- y que el rescate financiero de EE.UU. evite cualquier estallido hasta las elecciones presidenciales de 2027.
Son los que están contentos de que ya sus empleados no les piden aumento salarial sino que se encomiendan a un repunte del crédito -las tasas de interés bajan, pero no lo suficiente porque los encajes bancarios siguen altos-, pero lamentan un futuro más parecido al modelo peruano del ministro de Economía, Luis Caputo, con menos industria, más desigualdad y más dependencia de EE.UU.
Otros industriales, en cambio, sólo ven el lado negativo del plan económico. Temen que el consumo siga hundido, que las importaciones crezcan y advierten sobre el galopante ascenso del contrabando. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, organizó algunos decomisos testimoniales, pero la fiesta pirata sube el volumen. El director de la Aduana, José Andrés Velis, está preocupado por agilizar el comercio. Mientras, entran por fronteras o puertos, desde electrónicos hasta calzados de contrabando, con inspectores que ya no controlan por orden de arriba o que si lo hacen, piden peaje -siempre lo han hecho, pero ahora están más voraces, según los que los tratan-, no se sabe si para robustecer sus bolsillos ajustados por la motosierra o para contribuir a la corona. ¿Cuál? En el Triángulo de Hierro, en el que los hermanos Javier y Karina Milei crecen frente al asesor presidencial Santiago Caputo, este último aún domina la Aduana. Son nichos de poder que por ahora mantiene, como la Secretaría de Transporte, a cargo de Luis Perrini, que este año renovó la concesión del ferrocarril Nuevo Central Argentino a Aceitera General Deheza (AGD), la empresa de Roberto Urquía que bien supo aportar a la campaña de LLA.
AR/MC

El subsecretario de DDHH, Alberto Baños, lanzó una provocación a los organismos de DDHH. "Si uno ya llegara a cuestionar el famoso número de la cantidad de desaparecidos que hubo durante el periodo de la dictadura militar, entre 1976 y 1983, automáticamente cae en el negacionismo", dijo el funcionario de Milei.
El Gobierno reforzó su postura negacionista, esta vez en un ámbito de la ONU. Frente a las presentación de diferentes organismos nacionales e internacionales (como el CELS -Centro de Estudios Legales y Sociales-), el subsecretaro de Derechos Humanos, Alberto Baños, cuestionó la histórica consigna de Memoria, Verdad y Justicia y volvió a poner en tela de juicio el número de desaparecidos durante la última dictadura.
“Hablamos de memoria y hablamos de verdad, y la verdad es que a estos organismos no les interesa, porque delatan que, si uno ya llegara a cuestionar el famoso número de la cantidad de desaparecidos que hubo durante el periodo de la dictadura militar, entre 1976 y 1983, automáticamente cae en el negacionismo. Y todos sabemos, no podemos ser ingenuos, cómo se arribó a ese número”, dijo el funcionario en las últimas horas frente al Comité contra la Tortuta de las Naciones Unidas (CAT).
“Hoy en día, quien lo ideó, lo reconoce públicamente y lo dice en un montón de reportajes, donde confiesa por qué se hizo y con qué intención se hizo. Entonces, a partir de que ese número no puede ser negado porque entramos en el negacionismo, es que la verdad no les interesa, en absoluto”, dijo Baños.
El “número” al que se refiere el funcionario libertario son los 30.000 desaparecidos durante la dictadura y, para descalificarlo, abona la teoría difundida los últimos años por Luis Labraña, exmiembro de FAP (Fuerzas Armadas Peronistas), FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias) y Montoneros, quien asegura que la cifra fue “una mentira necesaria para conseguir dinero para las madres de los desaparecidos”.
El CELS había pedido al CAT que solicite al Estado Argentino “proporcionar información actualizada sobre las medidas y los recursos destinados a agilizar la tramitación y resolución de las causas judiciales pendientes por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar”.
“En el informe que hemos remitido en 2017 referimos nuestra preocupación por las demoras en la tramitación de las investigaciones judiciales. Si bien el Gobierno con mandato entre 2019 y 2023 intentó tomar algunas medidas para agilizar el proceso de juzgamiento, éstas no han tenido resultados debido a que no fueron sostenidas por la nueva administración. Esta situación ha empeorado con el Gobierno actual, que no sólo no adopta ningún tipo de política para fortalecer este tipo de investigaciones sino que elimina políticas públicas específicas que daban apoyo a los juicios y ataca y denosta el proceso de justicia como tal”, denunciaron desde el CELS.
Y acusaron al Poder Ejecutivo de obstaculizar “el acceso a archivos estatales que han sido fundamentales para elavance del proceso de justicia y desmantelando programas que colaboraban con las investigaciones judiciales mediante acciones complementarias que resultaban fundamentales. Estas medidas adoptadas por el Estado contrarían los pilares de la justicia transicional”.