La Isabel

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Tercer paro general a Milei: la CGT reaparece y desafía al Gobierno en su momento más frágil

En Balcarce 50 nadie lo admite en público, pero el paro general de la CGT de este jueves 10 de abril empezó a hacer ruido antes de que se escucharan los primeros bombos. No por el número de gremios que adhieren, sino por el momento político en que aterriza: un gobierno golpeado por su propio vértigo, sin músculo parlamentario y con señales de fatiga en la calle, justo cuando la economía dejó de ser argumento y empezó a ser problema.

La huelga será la tercera contra Javier Milei en lo que va de su mandato, pero no se parece a las anteriores. Esta vez llegó con prólogo: una movilización al Congreso que tuvo lugar ayer por la tarde, con una marea sindical y social que se encolumnó detrás del reclamo de los jubilados por un aumento de emergencia. La CGT acompañó, pero no encabezó. Se sumó a un clima de protesta que desde hace semanas viene construyéndose desde abajo, con más convicción en las calles que en las cúpulas.

Lo que en otros tiempos podía leerse como una decisión estratégica, hoy aparece más bien como una reacción inevitable. Las consignas que circularon este miércoles frente al Congreso —paritarias libres, rechazo a los despidos, defensa de la educación y la salud pública, oposición al acuerdo con el FMI, que está a punto de formalizarse— anticipan el tono de una jornada que pondrá a prueba no sólo al sindicalismo, sino también a un Gobierno que empieza a sentir que el descontento dejó de ser marginal.

La clave, en el ajedrez oficialista, estuvo en el transporte. Desde hace días, operadores del oficialismo trabajaron en silencio para desactivar la participación de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio de los colectiveros, cuyo impacto en el AMBA define buena parte del éxito o el fracaso de una huelga general. La jugada fue quirúrgica: la Secretaría de Trabajo dictó una conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la UTA y las cámaras empresarias. Legalmente, el gremio no puede adherir al paro. Políticamente, se desinfla el efecto de la protesta.

El jefe de la UTA, Roberto Fernández, argumentó razones jurídicas. Pero en los pasillos gremiales y en las oficinas del Gobierno todos entienden que hay algo más: subsidios, auditorías sobre su obra social, presiones cruzadas. Su negativa a plegarse dejó expuesta una de las tensiones internas más agudas en la CGT, donde ya se oyen voces que hablan de sanciones. En las seccionales del interior, más combativas, hay intentos de ruptura. “Una cosa es el AMBA, otra el país”, dijeron en el entorno de un gremialista a elDiarioAR.

La central obrera llega al paro con grietas a la vista. No solo por la UTA. Los históricos Luis Barrionuevo (Gastronómicos) y Armando Cavalieri (Comercio) se mantuvieron al margen. Gerardo Martínez (Uocra) y Andrés Rodríguez (UPCN) se sumaron con reticencia. El camionero Hugo Moyano delegó la conducción formal en Octavio Argüello, su hombre en el triunvirato cegetista, pero luego moderó su discurso y cerró una paritaria a la baja. El impulso corrió por cuenta de Héctor Daer (Sanidad), flanqueado por Sergio Palazzo (Bancarios) y Juan Carlos Schmid, en lo que podría leerse como el comienzo de una reconfiguración del liderazgo sindical.

Pero la medida de fuerza no tendrá un impacto homogéneo. Los gremios aeronáuticos ya confirmaron su adhesión, al igual que los bancarios, los docentes, los portuarios y los camioneros. Habrá guardias mínimas en salud, administración pública paralizada, recolección de residuos interrumpida y una actividad comercial parcial, sobre todo en los barrios donde el transporte funcione. En el interior, la adhesión será más alta. Y en el AMBA, el funcionamiento de los colectivos terminará siendo el factor que incline la balanza.

Desde el vamos, el Gobierno buscó deslegitimar la protesta. En los últimos días, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló de “paro ridículo” y acusó a los gremios de defender privilegios. Pero puertas adentro, la lectura es más compleja. En las últimas semanas, emisarios oficiales buscaron abrir canales de diálogo con algunos sindicatos. No encontraron eco. “Hay diálogo, pero no hay negociación”, dijo Daer. La línea libertaria es clara: no se negocia con quienes se considera parte del problema.

Lo que se juega este jueves, sin embargo, va más allá del paro en sí. No será una paralización total. Tampoco una jornada inocua. Será una postal política, con una CGT que intenta recuperar protagonismo en medio del vacío que dejó el PJ, con una sociedad que empieza a mostrar señales de hartazgo, y con un oficialismo que ya no puede confiar en el efecto novedad para justificar cada conflicto.

Milei llegó a la Casa Rosada con la promesa de dinamitar la “casta”. Pero en esa implosión arrastra también parte del entramado social que sostenía la gobernabilidad. La calle vuelve a aparecer, no como amenaza, sino como termómetro. Y cada vez que se llena, algo se vacía en el poder.

PL

Otra vez el Gobierno apela al miedo y usa las estaciones de tren para convocar a hacer denuncias contra el paro

Por segunda vez, el Gobierno inundó las estaciones de tren con carteles en pantallas y mensajes en altoparlantes contra el paro general que la CGT encabeza este 10 de abril.

“Ataque a la República. La casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar. Si te extorsionan o te obligan a parar denunciá al 134”, decía el mensaje que fue difundido también redes sociales por el vocero presidencial Manuel Adorni, entre otros.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la Nación compartió el mismo mensaje en sus canales oficiales a través de un flyer.

De hecho, horas antes, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich posteó: “Gracias al 134, (Eduardo) Belliboni va a juicio”.

Paro general

La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera de Argentina, llevará adelante este jueves una huelga general de 24 horas en todo el país en rechazo a las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei y en reclamo de mejores condiciones salariales.

La medida, convocada por la CGT y que cuenta con el apoyo de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), reclama la recomposición salarial urgente de los trabajadores y repudia las políticas económicas implementadas por el Ejecutivo.

Las medidas de fuerza comenzaron este miércoles con el acompañamiento de múltiples sindicatos a una protesta de jubilados, que se manifiestan todas las semanas desde hace años frente al Congreso en reclamo de mejores condiciones.

La protesta se llevó a cabo sin incidentes y ante un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad, y contó con la presencia de miles de trabajadores de distintos sindicatos.

Los sindicatos ferroviarios, del subte de Buenos Aires y el Sindicato de Peones de Taxi confirmaron su adhesión al paro, mientras que la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que representa a los choferes de autobuses, anunció que no va a participar y que sus servicios funcionarán con normalidad.

En tanto, el transporte aéreo tendrá una operatividad del 45 % y los controladores aéreos mantendrán servicios mínimos por tratarse de una actividad esencial.

La operadora estatal Aerolíneas Argentinas informó que canceló más de 250 vuelos, lo que afectará a más de 20.000 pasajeros.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) confirmaron también su adhesión a la huelga.

Además, las escuelas y universidades públicas permanecerán cerradas durante la jornada de este jueves, mientras que en el sector salud mantendrán guardias mínimas para atender urgencias.

No habrá tampoco atención al público en oficinas estatales, registros civiles y reparticiones municipales de todo el país, ni repartición de correspondencia por parte de Correo Argentino.

La recolección de residuos se suspenderá desde este miércoles a la noche y retomará su funcionamiento normal a partir de las 0:00 del viernes.

MM con información de agencias.

Paro general de la CGT: qué servicios no funcionarán este jueves 10 de abril

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un nuevo paro general para este jueves 10 de abril, que se extenderá por 36 horas y contará con la adhesión de varios gremios. La medida comenzará el miércoles 9 al mediodía con una movilización frente al Congreso junto a jubilados, y continuará el día siguiente con una huelga nacional de 24 horas.

El alcance del paro será amplio, con impacto en distintos sectores clave. Sin embargo, algunos servicios funcionarán con normalidad.

Transporte: sin trenes, subtes ni taxis, pero con colectivos y algunos vuelos

El gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó su adhesión al paro, aunque una conciliación obligatoria dictada a fines de marzo impide que lleven adelante una medida de fuerza antes del 11 de abril. Por esta razón, los colectivos urbanos funcionarían con normalidad durante el jueves.

En contraste, los servicios de trenes y subtes estarán paralizados, al igual que los taxis, ya que el Sindicato de Peones de Taxis también se suma a la huelga.

En cuanto al transporte aéreo, se prevé una afectación parcial, con una operatividad estimada en un 45%. Entre los gremios que adhieren se encuentran la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).

Educación, salud y administración pública

La CTERA, gremio que agrupa a docentes de todo el país, tanto del ámbito público como privado, confirmó su adhesión con un Paro Nacional Docente. De esta manera, no habrá clases en muchas escuelas del país.

También se verá afectado el sistema de salud pública, ya que los gremios estatales como ATE y UPCN participarán de la medida, lo que implicará que no haya atención al público ni actividad en organismos públicos, tampoco en municipios y oficinas del Estado.

Al tratarse de una actividad esencial, en la salud pública habrá atención parcial, con menos personal del habitual, con guardias mínimas para consultas espontáneas y urgencias.

Bancos

La Asociación Bancaria anunció que no habrá atención en ninguna sucursal bancaria, ya sea pública o privada, a lo largo del país. Las únicas operaciones disponibles serán aquellas que se puedan realizar de manera online, a través del homebanking o aplicaciones móviles.

Otros servicios

NB

La oposición prepara su nuevo embate contra Javier Milei: moratoria previsional y aumento del bono jubilatorio

Mientras en las afueras del Congreso comenzaban a congregarse las primeras columnas de las centrales obreras, adentro, en la Cámara de Diputados, la oposición calentaba motores para el nuevo asalto al gobierno libertario. Después de la (insospechada) victoria en la sesión por el caso $LIBRA, llegaba el turno de los jubilados. Los diputados de la oposición pretenden aprobar, en un par de semanas, un grupo de iniciativas que apuntan a mejorar los haberes jubilatorios: un desafío a tono con el clima callejero pero que deberá encontrar la manera de sortear la amenaza final. Es decir, el veto presidencial.

El éxito de la sesión del martes había sido casi un milagro. Los diputados opositores, aún al día siguiente, todavía sonreían nerviosos: el acompañamiento de algunos gobernadores, como Martín Llaryora o Raúl Jalil, había sido una novedad que daba cuenta de un cambio en la relación de fuerzas en el Congreso. Y había que aprovechar mientras durase. Había dos objetivos: poner en funcionamiento la comisión $LIBRA, por un lado, y trabajar en una nueva reforma jubilatoria que, esta vez, lograse sortear el veto de Javier Milei. 

Se reunieron al mediodía en el plenario de comisiones de Presupuesto y Previsión Social que habían emplazado, a la fuerza, en la sesión del día anterior. José Luis Espert miraba con cara de pocos amigos, forzado a asistir por una mayoría opositora compuesta por el peronismo de Unión por la Patria, la izquierda, el pichettismo de Encuentro Federal, el radicalismo díscolo de Democracia Para Siempre y la Coalición Cívica. La votación había salido por 125 votos a favor y 77 en contra: solo LLA, el MID y el PRO y UCR más mileísta había acompañado. El resto de los aliados –incluidos varios macristas– habían optado por abstenerse o ausentarse. 

Los números eran importantes porque, mientras los diputados desglosaban sus proyectos, un antecedente sobrevolaba el plenario: el veto de Milei a la ley que había buscado recomponer en un 8,1 por ciento la jubilación mínima el año pasado y el tercio que el Gobierno había conseguido, allá por septiembre, para blindar este veto.

“Hay que ser pragmáticos. El oficialismo actual nos obliga a un principio de vetocracia que hace que leyes del Congreso necesiten de una mayoría agravada. Nosotros siempre necesitamos dos tercios”, advirtió Nicolás Massot (ex macrista, hoy en Encuentro Federal) en el plenario y, como si estuviera negociando en público con sus socios del peronismo, miró a los diputados de UxP y agregó: “Una mirada pragmática sería desmembrar. Legislemos tres proyectos distintos. El tema previsional es inabarcable. Y el Gobierno puede llegar a estar de acuerdo con alguno. O estoy convencido de que algunos sectores de la UCR, incluso el PRO, van a acompañar algunos proyectos”.

Massot ponía, así, el dedo en la llaga: el desafío de conseguir una nueva victoria opositora era poder presentar una propuesta que, en última instancia, tuviera que ser acompañada por los aliados del Gobierno que, por estas semanas, intentan cerrar acuerdos electorales con Karina Milei en sus respectivas provincias.

Las posturas, los proyectos

En total hay presentados unos 17 proyectos de ley vinculados a temas previsionales que se dividen, a grandes rasgos, en tres ejes. Los que proponen una prórroga de la moratoria previsional, que venció en marzo y que, según un informe de la ANSES, dejará a unas 243 mil personas en edad de jubilarse sin poder hacerlo por no contar con la cantidad de aportes. Esta iniciativa es impulsada principalmente por el peronismo y la izquierda, que insisten en que, hasta ahora, la moratoria ha sido la herramienta más eficaz para incorporar a casi el 95 por ciento de los adultos mayores en el sistema previsional.

El Gobierno tomó la decisión de no prorrogar la moratoria y tanto sus alfiles en el oficialismo con en el PRO se manifiestan en contra de la iniciativa. “La moratoria se convirtió en un sistema innecesario e inequitativo”, cuestionó Patricia Vázquez, del PRO, quien insistió con el latiguillo libertario de “no hay plata”. Le respondió Itaí Hagman (UxP): “La razón por la cual las jubilaciones vienen perdiendo no es moratoria. Hasta 2017 las jubilaciones crecieron y con moratoria. El deterioro tiene que ver con cambio de fórmula de 2017, con la situación macroeconómica, y con los sucesivos cambios de fórmula siguientes”, argumentó el diputado de Patria Grande, y le recordó que el sistema previsional no se financiaba solo con aportes, sino también con impuestos.

La moratoria previsional, sin embargo, genera algunos resquemores entre el radicalismo deloredista alineado con el Gobierno. Desde este sector, así como en el pichettismo, proponen un proyecto de prestación proporcional por vejez, que sume a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) un proporcional por la cantidad de años aportados. La PUAM, sin embargo, representa sólo un 80 por ciento de la jubilación mínima y recibe muchas críticas por parte del peronismo y la izquierda. No solo por el monto, sino porque eleva la edad de jubilación para las mujeres -ya que empieza a regir para todos a partir de los 65 años- y no aporta derecho a una pensión. Es decir que, cuando una persona muere, el viudo o viuda no puede seguir cobrándola.

El otro tipo de proyecto presentado es el que genera más consenso entre los partidos. Es la iniciativa que propone una actualización por IPC del bono para lo jubilados que cobran la mínima. Hay proyectos del peronismo, la Coalición Cívica y el pichettismo. Según explicó la radical Danya Tavela en el plenario, de actualizarse el bono -que está congelado hace más de un año- este pasaría de 70 mil pesos a 131 mil.

El plenario había tenido su primera reunión informativa. Se reunirá dos veces más y, el 6 de mayo, procederá a dictaminar. El objetivo es convocar una sesión inmediatamente, ya que la oposición confía que tendrá el número. También creen que el Senado aprobará la ley. El desafío, sin embargo, será resistir cuando llegue el veto. 

En la última semana, el Gobierno no paró de acumular errores políticos en el Congreso. Hasta sus aliados más cercanos en el PRO se agarran la cabeza, incrédulos antes la falta de respuesta de Santiago Caputo y Guillermo Francos. Al momento de la votación, sin embargo, el PRO no salió en su ayuda. Y la oposición confía en que, cuando llegue el momento de defenderse del veto presidencial, el clima electoral juegue en su favor y logren, finalmente, insistir en una ley opositora en la era Milei.

MC/MG

Legislativas porteñas: la capital del cotillón electoral

Llegaron las listas de las legislativas porteñas y, con ellas, la política local se volvió más que nunca una pasarela nacional. De ser tratada por décadas como la Cenicienta electoral, entre un macrismo que la daba por sentada y un kirchnerismo que se resignaba a perderla, la Ciudad de Buenos Aires hoy vuelve a ser valorada, aunque sólo como trofeo a exhibir, y no como el distrito donde viven casi tres millones de personas con problemas concretos.

El oficialismo local no esconde su pánico ante la posibilidad de perder su bastión histórico, y por eso desempolva todas las figuras que cree de confianza. Ahí están los Macri, Lombardi y hasta Lospennato, ese intento de ala progre dentro de la derecha que incomoda a algunos pero sirve para hacer más digerible el combo. Todos ocupando su puesto en la trinchera, volviendo a anunciar inversiones en cultura y hasta aguantando silbidos en pleno Bafici con tal de evitar el desembarco de un partido que jamás gobernó Capital. 

“Nuestra única preocupación es que el kirchnerismo vuelva a avanzar en la Ciudad”, dijo Vidal un día antes del cierre de las listas. La agenda real (educación, vivienda, salud, transporte) puede esperar. Lo urgente, al parecer, es marcar territorio.

En ese showroom de candidaturas, hay lugar para todo: desde new low porteños como el olor a pis y la mugre en el subte, hasta el uso del atril presidencial como vidriera, y el abuso de la inteligencia artificial como fábrica de propaganda low cost. Todo vale en esta encuesta con fondos públicos.

Incluso vale la trampa, como dejó en claro Yamil Santoro (Unión Porteña Libertaria) tras presentar su lista con un logo mellizo del de Unión por la Patria y, no contento con eso, puso de cabeza a su hermano Leandro, homónimo del candidato de UxP. Como si para merecer un escaño en esta ciudad bastara con trucos básicos y no hiciera falta discutir qué hacer con una metrópolis que se encarece, se endurece y se deteriora.

Mientras la Ciudad de Buenos Aires está peor que nunca en años, hay más nombres que propuestas: lo que era Juntos por el Cambio en 2023 ahora se reparte en cinco listas distintas; mientras el peronismo se divide en cuatro; los libertarios, en tres; y la izquierda, en dos. 

Pero en algo hay acuerdo, al menos entre oficialistas y libertarios: hay que elevar penas a los trapitos, bajar impuestos y devolver a los supuestos delincuentes a sus presuntos hogares del Conurbano. Una narrativa de “invasión” desde el otro lado de la General Paz que alimenta una idea de pureza urbana no sólo clasista y maniquea, sino también profundamente funcional al statu quo. Y, sobre todo, falsa.

La grilla y el tablero

En el medio, los porteños miramos cómo nos usan como piezas de ajedrez. En el día a día, nuestra preocupación no es quién se impone en la batalla simbólica con ínfulas nacionales sino quién resuelve lo importante en la ciudad: el valor del alquiler, la inseguridad urbana, el patrimonio, el desarrollo inmobiliario, el verde, la movilidad.

El problema no es sólo que se juega con la ciudad sin siquiera discutirla. Es que, además, ya nadie cree en el juego. Y es que, ¿por qué alguien creería? 

La línea F de subte se publicita como si ya estuviera corriendo, con campañas con imágenes igual de ficticias: las de usuarios felices creados con inteligencia artificial. Se promociona como renovación lo que en realidad son tareas de mantenimiento incluidas en la sigla ABL. Y se difunden imágenes del barrio Rodrigo Bueno para hablar de la 31 con tal de captar votos a fuerza de indignación performática, vía Ramiro Marra.

En este panorama, vale más el ruido que el rumbo. Pero, si nadie habla de lo que importa, ¿qué sentido tiene escuchar?

Sobran torres, faltan techos

Es curioso ver cómo la ciudad más rica del país enfrenta problemas que parecen de otro contexto: escuelas con techos que se caen, cientos de porteños por día debutando en la vida en la calle, bolsas de basura desgarradas por todas partes, o barrios populares que se inundan mientras el Estado asiste poco y nada. 

Buenos Aires tiene presupuesto de capital europea, pero promesas de maqueta y realidades de emergencia. Campañas con fakes, trampas e inteligencia artificial: todo menos política real

Todo con un presupuesto de $13,6 billones, mayor al de capitales como Madrid, que cuenta con €7.557 millones. Convertida a moneda europea, la billetera porteña equivale a unos €13.600 millones, casi 80% por encima de la madrileña en términos absolutos. 

La diferencia se amplía si se ve el gasto per cápita: mientras Buenos Aires destina cerca de €4.564 por habitante, Madrid invierte unos €2.290. La comparación, más allá de las diferencias en lo institucional y lo económico, da una idea del volumen de dinero con el que se mueve esta ciudad. Una riqueza que, sin embargo, deja preguntas sin respuesta.

¿Qué se va a hacer con la escasez de espacios verdes? ¿Y con el subte, con más suciedad e interrupciones que ascensores que funcionen? ¿Y con las 32 líneas de colectivos que empezó a administrar el Gobierno porteño, pero en lugar de mejorar sólo aumentan su boleto? ¿Cuántas propiedades de alto valor patrimonial seguirán derribándose para construir torres vacías? ¿Qué plan de movilidad hay, más allá de anuncios inconexos? ¿Y qué programa para enfrentar la crisis sin criminalizar a quienes duermen en la calle o trabajan en ella?

Nos dicen que Buenos Aires es una “ciudad de vanguardia”, pero las veredas están cada vez más rotas. Nos dicen que Buenos Aires está limpia mientras tiran desodorante con aroma a limón. Nos prometen una urbe moderna e innovadora, pero los colectivos y calles siguen colapsando en hora pico. Y el subte, pese a los anuncios, dejó de sumar kilómetros hace seis años, mientras Santiago de Chile y San Pablo literalmente nos pasan por abajo. 

El cinismo en la política no es nuevo, pero sí es cada vez más destructivo. Incluso aunque nos hayamos acostumbrado a vivir en una ciudad que, más que cumplir, promete. Cuando la campaña apunta más a lucirse en la vidriera que a gobernar en serio, el resultado es siempre el mismo: promesas sin ciudad. Quizás la clave de las próximas elecciones no sea quiénes ganan, sino cuánto perdemos en ese proceso.

KN/JJD