Código Postal 5473

Sin presencia de la CGT, la mesa multisectorial intenta dejar constancia de sus reparos mientras la Casa Rosada acelera para enviar hoy mismo el proyecto al Senado. La negociación Caputo-Martínez expuso la cocina real de una reforma ya escrita.
Sin presencia de la CGT, el Consejo de Mayo se reúne este mediodía para cerrar la reforma laboral que el Gobierno busca enviar hoy mismo al Senado. No será una sesión más: es el último encuentro del año, el que condensa semanas de tensiones internas, negociaciones paralelas y un operativo político acelerado por la Casa Rosada para exhibir músculo en la víspera del segundo aniversario de la gestión de Javier Milei. Desde las 13.30, en el Salón de los Escudos, se vuelven a sentar el conjunto de sus integrantes, pero con la ausencia de Gerardo Martínez. Ninguno de ellos ignora que la letra final ya está escrita fuera de la mesa.
Las sesiones extraordinarias convocadas entre el 10 y el 30 de diciembre funcionan como cuenta regresiva. Milei quiere abrir este miércoles la discusión legislativa sobre la reforma laboral en la Cámara alta, donde espera conseguir media sanción antes del cierre del año. El proyecto ingresaría hoy por el Senado y se convertirá en la piedra angular del paquete que el Gobierno intentará aprobar durante el verano: cambios en el Código Penal, Presupuesto 2026, modificación de la Ley de Glaciares y una iniciativa para “blindar” el equilibrio fiscal. En paralelo, dos puntos del Pacto de Mayo, como son la rediscusión de la coparticipación y la reforma previsional, quedaron en suspenso: no están las condiciones jurídicas ni políticas para empujarlos ahora.
En este esquema, la ingeniería política del oficialismo terminará de mostrarse esta tarde, cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabece la conferencia en Casa Rosada para oficializar el envío del proyecto y presentar el informe final del Consejo. Será el momento en que el Gobierno busque transformar en potencia comunicacional lo que, en la práctica, fue un proceso desbordado por tratativas solapadas.
El Consejo llega a esta instancia con un desgaste evidente. Desde la salida de Guillermo Francos, la conducción quedó concentrada en Adorni, pero la mesa funciona más como escenografía que como usina real de acuerdos. Lo dijo sin eufemismos la senadora Carolina Losada hace dos semanas, antes de entrar a la última reunión: “A todos nos molestó que se filtren cosas porque perjudica nuestro trabajo. Cuando se empiezan a filtrar cosas que no están acordadas, es falso”.
No es una percepción aislada. El órgano opera sin estatuto, sin actas públicas y sin procedimientos formales. Todos sus miembros fueron designados por la Rosada y buena parte de las negociaciones decisivas se trasladan a oficinas donde confluyen Adorni, Karina Milei y el equipo económico.
En este clima, la figura de Gerardo Martínez, jefe de la UOCRA, se volvió central. Aunque fue el Gobierno quien lo ubicó como representante sindical dentro del Consejo, hace semanas se transformó en el principal contrapunto interno del oficialismo. En el anteúltimo encuentro llevó una crítica frontal al modelo económico libertario. “La fábrica de ollas Essen ahora va a traer casi el 80% de sus productos desde China. Ese es el modelo real”, apuntó en la previa.
La frase retumbó dentro de Balcarce 50. Pero el punto de inflexión llegó después: terminado aquel encuentro del Consejo, Martínez fue convocado al despacho de Santiago Caputo en el Salón Martín Fierro. Ese cónclave marcó el inicio de una negociación paralela entre el asesor presidencial y el jefe de los albañiles. Caputo buscó reencauzar la relación en un contexto donde el borrador de la reforma laboral ya estaba escrito.
A la salida, Martínez admitió el “buen vínculo” con Caputo, aunque fue tajante. “La propuesta del Gobierno está en las antípodas de lo que busca la CGT. Y ninguno de los integrantes del Consejo sabe a ciencia cierta cuál será el texto final”, señaló.
En Azopardo las alarmas estaban encendidas desde el inicio. El Gobierno planea modificar las leyes 14.250 y 23.551, limitar asambleas en horario laboral, eliminar la ultraactividad, reordenar jerarquías en los convenios y, sobre todo, cortar los aportes solidarios que financian la estructura gremial. Un golpe económico y político directo.
La promesa compensatoria del oficialismo consiste en garantizar a la UOCRA el manejo del Fondo de Cese Laboral y apostar a que la bancarización masiva aumentará la cantidad de afiliados. En la CGT lo llaman, con ironía, “la teoría del derrame sindical”. Otra pieza de la negociación es la reducción de la cartera de prestaciones de las obras sociales, un alivio presupuestario que el Gobierno está dispuesto a conceder a cambio de que la central obrera no lidere un frente homogéneo contra la reforma.
Pese a los choques, en el Gobierno insisten en que llegarán a un entendimiento. Según pudo saber elDiarioAR, en el cónclave Caputo-Martínez se habló incluso de un “acuerdo” tácito para que la CGT eleve el tono sin bloquear la presentación del texto, mientras después podrá mostrar que logró suavizar algunos artículos. Desde Azopardo, en tanto, admiten que el Gobierno presentará un proyecto “ultra libertario” que luego será desmembrado durante la negociación legislativa, permitiendo que ambas partes construyan su propio relato de resistencia y triunfo.
El encuentro de este mediodía es, en los hechos, un trámite necesario para sostener la arquitectura política del proyecto. La definición ya no pasa por el Consejo sino por la decisión que Milei ejecutará en cuestión de horas: enviar el texto al Senado, abrir este miércoles el debate en extraordinarias y forzar una primera votación antes de fin de año. El reloj corre hacia el mismo punto: hoy la iniciativa saldrá de la Casa Rosada y quedará en manos del Congreso.
PL/MC

La idea de Javier Milei es avanzar con las reformas laborales, penales y tributarias, además de las leyes de Inocencia Fiscal (apunta a redefinir criterios de responsabilidad y carga de la prueba en materia tributaria), y de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. También busca modificar el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
El Gobierno nacional oficializó la convocatoria al Congreso a sesiones extraordinarias, que se desarrollarán entre el 10 y el 30 de diciembre, con un temario centrado en el Presupuesto 2026 y un paquete de reformas fiscales, laborales, penales y ambientales.
El decreto 865/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, establece que durante ese período solo podrán tratarse los asuntos incluidos en el anexo, entre los que figura en primer lugar el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2026.
Ese texto prevé para el año próximo un resultado financiero equilibrado o levemente superavitario para la Administración Pública Nacional, en línea con la estrategia de consolidación fiscal.
También se incorporó al temario el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, que apunta a redefinir criterios de responsabilidad y carga de la prueba en materia tributaria, y la denominada Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, pensada como un marco de reglas para limitar el déficit, ordenar el gasto y acotar el financiamiento vía emisión o endeudamiento.
Entre las iniciativas destacadas figura además un proyecto de Ley de Modernización Laboral, que el Poder Ejecutivo se comprometió a remitir al Congreso y que, según adelantaron voceros oficiales, incluirá cambios en regímenes especiales, esquemas de indemnizaciones y normas sobre contratación, pasantías y modalidades de trabajo, con el objetivo de “actualizar” la legislación frente a nuevas formas de empleo.
El paquete se completa con una reforma integral del Código Penal, también a ser enviada por el Ejecutivo, y con una ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que revisará la normativa vigente (Ley 26.639) para compatibilizar la protección ambiental con proyectos de inversión, en especial en actividades extractivas en zonas cordilleranas.

Con apoyo de Milei, el oficialismo local busca aprobar en el Senado provincial la Declaración de Impacto Ambiental de dos iniciativas de explotación de cobre y oro.
“El agua no se negocia”: masiva caravana en Mendoza contra el proyecto minero que respaldó Milei
Mendoza define la suerte de la explotación minera en la provincia. En un clima social convulsionado, este martes en la Legislatura local el oficialismo del gobernador Alfredo Cornejo –una alianza de radicales y libertarios– buscará convertir en ley una serie de proyectos mineros de oro y cobre. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de las iniciativas ya tuvo media sanción en Diputados y hoy está en agenda la votación en el Senado.
El impulso minero es fuertemente cuestionado. Este lunes hubo una masiva caravana de más de 100 kilómetros que unió la localidad de Uspallata con la capital. Vecinos, familias, ciclistas y agrupaciones socioambientales se reunieron con banderas y carteles bajo la consigna unificada de “El agua de Mendoza no se negocia”.
Este martes la protesta se concentra en las puertas de la Legislatura, donde el Ministerio de Seguridad y Justicia instaló un vallado y una serie de controles preventivos para evitar que se interrumpa la votación. El reclamo tendrá eco en otros puntos del país: para este martes por la tarde está convocada una movilización frente a la Casa de Mendoza en Capital Federal, en Callao al 400.
En concreto, el Senado provincial trata desde las 10 la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de explotación del proyecto PSJ Cobre Mendocino, junto con la DIA del Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II), que incluye 27 iniciativas mineras. También se debatirán la creación del Fondo de Compensación Ambiental y la regulación de las Regalías Mineras. En caso de aprobarse, los cuatro expedientes obtendrán sanción definitiva.
Según medios locales, el poroteo de votos anticipa una victoria del oficialismo a partir de la alianza de gobierno que tienen el radical Cornejo con La Libertad Avanza y el PRO. El peronismo y los espacios vecinales y ambientales no tendrían la fuerza para bloquear la votación. La polémica escaló a nivel nacional, al punto que el presidente Javier Milei respaldó el proyecto minero San Jorge y pidió su aprobación en la Legislatura mendocina, afirmando que es una “enorme oportunidad” para la provincia de Cuyo.
El PSJ Cobre Mendocino ya fue rechazado de manera unánime en 2011, pero ahora volvió al debate con nuevos inversores y lobistas. El emprendimiento está ubicado a 37 kilómetros de Uspallata y 97 de la Ciudad de Mendoza, y prevé una inversión total de 559 millones de dólares. Los manifestantes sostienen que la iniciativa representa un grave riesgo para la disponibilidad de agua en la región, considerada una zona ambientalmente frágil. Por ello, exigen a los legisladores provinciales que voten en contra de la iniciativa.
La votación en la Cámara de Diputados también estuvo envuelta en polémica porque en el Conicet denunciaron que se censuró un documento crítico sobre la minería que habían firmado científicos mendocinos. El texto, finalmente publicado por vías alternativas, advirtió que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa minera tiene deficiencias graves en todos los ejes evaluados, desde el agua hasta el patrimonio arqueológico. Entre otros puntos, alerta que existe un riesgo potencial de contaminación de las aguas subterráneas que recargan basalmente al arroyo Uspallata, generando un problema que incumbe a toda la cuenca del Río Mendoza.
El proyecto de MDMO II contempla, por su lado, la aprobación de 27 nuevas declaraciones de impacto ambiental para proyectos de exploración minera. En una etapa previa ya se habían avalado 34 DIA para la misma zona, por lo que la iniciativa amplía la actividad prevista para el distrito occidental de Malargüe.
El gobierno local también impulsa un Régimen de Regalías Mineras, con un esquema de cobro escalonado que podría alcanzar hasta el 3%, según la etapa del proyecto. Del total recaudado, el 88% se destinará a la Provincia y el 12% a los municipios adheridos. Según la letra oficial, los recursos podrán utilizarse para obras públicas e infraestructura social, ambiental y productiva. Del monto provincial, un 15% se asignará a un Fondo de Desarrollo Socioambiental.
Finalmente, el proyecto para crear el Fondo de Compensación Ambiental establece su financiamiento a través de multas y tributos ambientales, indemnizaciones judiciales, aportes vinculados a las DIA, créditos, donaciones y recuperos legales.
MC

La movilización fue este lunes en la “Plaza del Agua Pura” de Uspallata. Vecinos, familias, ciclistas y agrupaciones socioambientales se reunieron con banderas y carteles bajo la consigna unificada: “El agua de Mendoza no se negocia”. El objetivo de la movilización es presionar al Senado provincial para que rechace la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de cobre y oro. El presidente Javier Milei salió a respaldar el proyecto minero San Jorge y pidió su aprobación en la Legislatura mendocina, afirmando que es una “enorme oportunidad” para la provincia de Cuyo.
La Asamblea por el Agua de Uspallata inició la “Gesta Libertadora por el Agua”, una caravana a pie que se dirige hacia la capital provincial, donde mañana la Legislatura buscará aprobar el proyecto minero San Jorge.
El objetivo de la movilización es presionar al Senado provincial para que rechace la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de cobre y oro, que este lunes fue acompañado por el presidente Javier Milei.
La movilización comenzó alrededor de las 8 de este lunes en la “Plaza del Agua Pura” de Uspallata. Vecinos, familias, ciclistas y agrupaciones socioambientales se reunieron con banderas y carteles bajo la consigna unificada: “El agua de Mendoza no se negocia”.
La caravana realiza un extenso recorrido de dos días hasta la Legislatura provincial:
A lo largo del trayecto se organizaron postas cada siete u ocho kilómetros con agua, alimentos y zonas de descanso, permitiendo que más personas se sumen a la caminata, en bicicleta o en vehículo.
La convocatoria fue abierta y contó con adhesiones confirmadas de asambleas y movimientos sociales de Lavalle, el Valle de Uco y el Este de Mendoza, que realizaron caravanas paralelas para unificar las fuerzas en defensa del agua.
Los manifestantes sostienen que el proyecto San Jorge -recientemente rebautizado como PSJ Cobre Mendocino- representa un grave riesgo para la disponibilidad de agua en la región, considerada una zona ambientalmente frágil. Por ello, exigen a los legisladores provinciales que voten en contra de la iniciativa.
Esta movilización se consolida como una de las protestas más significativas del movimiento ambientalista mendocino desde las masivas manifestaciones de 2019 por la Ley 7722.
Se espera que la llegada a la Legislatura se produzca este martes a la mañana, justo cuando los senadores inicien el debate sobre la DIA del proyecto minero.
El presidente Javier Milei respaldó el proyecto minero San Jorge y pidió su aprobación en la Legislatura mendocina, afirmando que es una “enorme oportunidad” para la provincia de Cuyo.
Mediante sus redes, el mandatario enfatizó su apoyo ante el Proyecto PSJ Cobre Mendocino, el cual se tratará mañana en la Legislatura mendocina para darle o no la sanción definitiva.
El proyecto trae una inversión de US$600 millones para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre, según detalló Milei.
En la misma línea, y “para sorpresa de nadie”, el Jefe de Estado cargó contra el kirchnerismo por no acmompañar el proyecto.
“Siguiendo la línea de los últimos 25 años, estando siempre en contra del sector privado, de la inversión, del progreso y del trabajo”.
Sin embargo, expresó su confianza en que la propuesta sea convertida en ley ya que es “lo más cerca que se ha estado de poner en marcha definitiva la minería de Mendoza en los últimos 20 años”.
En paralelo, mostró su apoyo hacia la provincia y la calificó como “altamente competitiva”.
“Mendoza ha posicionado sus emblematicos vinos en los mercados más exigentes del mundo. Con el mismo nivel de competitividad hoy busca posicionarse como productora minera”.
También señaló que la “nueva” Argentina crecerá de la mano de “los tres principales vectores de la economía: el campo, la energía y la minería”.
“Todo nuestro apoyo a la provincia y a todos los que quieran una Argentina más libre y próspera, tal como hemos promovido hace más de un año con la sanción del Pacto de Mayo.
Sobre el final, cerró con su característico mensaje: “¡Viva la libertad carajo!”

Se trata de más de 30 allanamientos en diferentes clubes, entre los que se encuentran Racing, Independiente y San Lorenzo, además de la sede de Ezeiza y de la Superliga Argentina de Fútbol.
La Policía Federal Argentina (PFA) allana este martes distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) en la causa relacionada a Sur Finanzas.
Se trata de más de 30 allanamientos en diferentes clubes, entre los que se encuentran Racing, Independiente y San Lorenzo, además de la sede de Ezeiza y de la Superliga Argentina de Fútbol.
Uno de los primeros clubes en expresarse al respecto fue Excursionistas, que aclaró que “en el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas”.
Sobre dicha situación, se explicó que “el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo”, y que “el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”.
En medio de las tensiones con la AFA y los vínculos entre el fútbol y el mundo financiero, el Gobierno de Javier Milei presentó a fines de noviembre una denuncia penal contra Sur Finanzas, la firma del empresario Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, por presunto lavado de activos y evasión impositiva.
La presentación quedó radicada en la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Cecilia Incardona.
La causa comenzó en abril de 2024, cuando la Dirección Regional Sur de la DGI detectó movimientos altamente sospechosos en la billetera virtual de la empresa. Según el informe oficial, Sur Finanzas habría recibido transferencias millonarias desde usuarios sin capacidad económica real para justificar esos montos, lo que indica un posible origen ilícito de los fondos. En total, los investigadores identificaron operaciones por $818.000 millones.
Además, el organismo tributario acusa a Ariel Vallejo de haber evadido más de $3.327 millones del Impuesto al Cheque entre 2022 y 2025, mediante un esquema que utilizaba estructuras financieras propias y de terceros para eludir la carga fiscal.
El rápido crecimiento de Sur Finanzas en los últimos años también llamó la atención del Ejecutivo. La firma nació en 2022 bajo el nombre Neblockchain SA, en un departamento de Adrogué, y en 2024 adoptó su actual denominación, Sur Finanzas PSP SA, con Graciela Beatriz Vallejo como presidenta y Maximiliano Ariel Vallejo —hijo del empresario— como vicepresidente.
En este período, Maximiliano Ariel Vallejo consolidó una influencia creciente en el fútbol argentino: Sur Finanzas se convirtió en sponsor de Racing, Barracas Central, Banfield, Platense, Atlanta y Deportivo Morón, otorgó préstamos a San Lorenzo y logró que la Liga Profesional llevara el nombre “Copa Sur Finanzas” durante 2023, 2024 y 2025.
A esta investigación se suma otra causa federal, impulsada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, que apunta a Sur Finanzas como posible canal para blanquear fondos provenientes de una presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), durante la gestión de Diego Spagnuolo.
La empresa financiera Sur Finanzas, fundada en Adrogué en 2022, fue denunciada en las últimas horas por lavado de un total de $72.342 millones.
Desde 2022, fue patrocinadora principal de Banfield, con el presidente Eduardo Spinosa al mando del club, y continúa en el pecho de la camiseta de la institución en la actualidad.
Además, a principios de año se renovó el sponsoreo, reformulando los términos de la deuda que mantiene el “Taladro” con la empresa mencionada.
En pleno escándalo por haber sido acusados de lavar más de 70 mil millones de pesos, utilizando 74 empresas falsas, Sur Finanzas se encuentra en una situación muy complicada, a la que arrastra a clubes como Banfield y San Lorenzo, a los cuales ha realizado préstamos, así como también a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El 2022 fue un año complicado para Banfield en cuanto a los patrocinios. El club arrancaría la temporada con una sola propaganda en su camiseta, el logo del Municipio de Lomas de Zamora en las mangas, hasta que el 11 de febrero, día en el que el club disputaría la primera fecha, se anunció la llegada de Sur Finanzas como sponsor.
La empresa estaba ligada al expresidente del club, Eduardo Spinosa, y había sido fundada recientemente. Comenzó siendo ubicada en el dorso, debajo del número, aunque un mes después se la confirmó como sponsor principal. Así, paso a ubicarse en el pecho, lugar de privilegio que mantiene hasta la actualidad, incluso con el cambio presidencial (en octubre de 2024 asumió el opositor Matías Mariotto).
En cuanto al “Taladro”, Ariel Vallejo, uno de los dueños de la financiera y muy activo en la red social X (anteriormente llamada Twitter), ha afirmado estar “ayudando a Banfield” y ha promocionado el armado de paquetes gratis para ver al club en la Copa Argentina, con micro y entrada incluidos.
Además, a pesar de haber llegado al club con Spinosa, el empresario fue muy crítico con el expresidente luego de la asunción de Mariotto, catalogando aquel momento del club como “pésimo” y mostrándose a favor de una auditoría, una de las mayores promesas de campaña del actual mandatario del club albiverde, que no cumplió.
Después de Banfield, Sur Finanzas comenzó a expandirse en el terreno del fútbol nacional, llegando a Platense, Barracas Central e incluso a Racing, hasta que fue confirmada como patrocinadora de la Selección argentina y del torneo de Primera División, dándole nombre además al torneo de reserva de la máxima categoría del fútbol argentino, por lo que el presidente de AFA Claudio “Chiqui” Tapia podría estar vinculado en la investigación.
Otro club vinculado a la financiera es San Lorenzo, que empezó a tomar préstamos a cambio de pagarés con un 36% de intereses anuales y ya recibió más de $1900 millones de parte de la empresa de Graciela y Ariel Vallejo.