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La inflación de marzo fue del 3,4% y acumula diez meses consecutivos en suba

La inflación de marzo se aceleró al 3,4% y superó el techo de los 3 puntos que había anticipado el ministro Luis Caputo. El índice revela una suba de diez meses consecutivos y acumula ya 9,4% en el primer trimestre del año y en términos interanuales alcanza el 32,6%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El IPC nacional pasó de 1,5% mensual en mayo de 2025 a 3,4% en marzo de 2026. El dato de marzo no solo supera el 2,9% de enero y febrero sino que marca el décimo mes consecutivo de aceleración desde el piso de 1,5% que tocó en mayo de 2025. En ese lapso, la inflación no tuvo ni un solo mes de pausa: fue subiendo escalón por escalón hasta triplicar aquel valor mínimo: 1,6% en junio, 2,1% en septiembre, 2,3% en octubre, 2,5% en noviembre, 2,8% en diciembre y 2,9% en los dos primeros meses de 2026, hasta llegar al 3,4% de marzo.

Los principales motores del mes fueron la Educación, con un salto del 12,1% por el inicio del ciclo lectivo, y las carnes, que en el GBA treparon hasta 8,4% en el caso de la carne picada y 8% en la paleta. El Transporte también aportó con una suba del 4,1% impulsada por combustibles y transporte público. Por categorías, los precios Regulados lideraron con un incremento del 5,1%, seguidos por el IPC núcleo con 3,2%. Para no quedar por debajo de la línea de pobreza, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en marzo más de $1.434.000.

Educación y Transporte, los mayores impulsores

La división de mayor aumento en el mes fue Educación, con una suba del 12,1% a nivel nacional —que alcanzó el 22,7% en la región Noreste y el 18,1% en el Noroeste—, como ocurre todos los años al inicio del ciclo lectivo. Le siguió Transporte con un alza del 4,1%, impulsada principalmente por los combustibles —que subieron 7% en GBA—, el transporte público y los pasajes aéreos.

Los precios regulados, los que más subieron por categoría

Por categorías, los precios Regulados —que incluyen tarifas de servicios públicos, transporte y educación— registraron el mayor incremento con un 5,1%, seguidos por el IPC núcleo con 3,2% y los precios Estacionales con apenas un 1,0%. Estos últimos se vieron traccionados al alza por el turismo y el cambio de temporada en indumentaria, pero esos aumentos fueron compensados por las bajas en verduras y frutas.

La carne fue el rubro que más impactó en los alimentos

La división Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 3,4% a nivel nacional y fue la que tuvo mayor incidencia en la variación mensual en todas las regiones. Dentro de ese rubro, las Carnes y derivados fueron lo más destacado: subieron 6,9% en el GBA y hasta 7,9% en el Noroeste. Los cortes vacunos tuvieron aumentos contundentes en el Gran Buenos Aires: el asado subió 5,5%, la carne picada 8,4%, la paleta 8% y los cortes como cuadril y nalga un 7,7% cada uno. El pollo también se encareció un 7,5%.

Las regiones con mayor inflación fueron el Noreste y el Noroeste

Por zonas geográficas, las regiones Noreste (4,1%) y Noroeste (4,0%) lideraron las subas, por encima del promedio nacional. El GBA y la región Nacional quedaron en 3,4%, la Pampeana en 3,3%, Cuyo en 3,2% y la Patagonia fue la de menor inflación del mes con 2,5%. En el Noreste, la división Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles trepó 9,7%, muy por encima del resto del país.

La canasta básica y los umbrales de indigencia y pobreza

En paralelo, el INDEC publicó la valorización de las canastas básicas para el Gran Buenos Aires. La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina la línea de indigencia, subió 2,2% en marzo y acumuló 11,6% en el año, con una variación interanual del 32,8%. Su valor para un adulto equivalente ascendió a $212.949. La Canasta Básica Total (CBT), que define la línea de pobreza, aumentó 2,6% en el mes y acumula 9,6% en 2026, con una suba interanual del 30,4%; su valor para un adulto equivalente llegó a $464.228.

Cuánto necesita una familia para no ser pobre

Para un hogar tipo de cuatro integrantes —un varón de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos de 6 y 8 años—, la línea de indigencia se ubicó en $658.011 y la de pobreza en $1.434.464. Un hogar de cinco miembros —pareja de 30 años con tres hijos de 1, 3 y 5 años— necesitó $692.083 para no ser indigente y $1.508.740 para no caer en la pobreza. En tanto, un hogar de tres personas —mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61— requirió $523.853 para la CBA y $1.142.000 para la CBT.

Milei: "El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna pero podemos explicarlo"

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo se pronunciaron tras conocerse el dato de inflación de marzo, que registró una suba mensual del 3,4%, con mensajes que combinaron críticas al número y una defensa del programa económico.

Milei reconoció que el índice no cumplió con las expectativas oficiales. “El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna”, expresó, aunque sostuvo que existen “elementos duros” para explicar lo ocurrido y proyectó que en los próximos meses “retorne a su sendero decreciente”. El mandatario anticipó además que ampliaría su análisis en una exposición pública.

Por su parte, Caputo ofreció una lectura más técnica del índice y destacó algunos componentes que, según su visión, muestran señales de desaceleración. Detalló que la inflación núcleo fue del 3,2%, mientras que los precios regulados subieron 5,1% y los estacionales 1,0%. En ese marco, subrayó la desaceleración de la Canasta Básica Alimentaria, que pasó de 3,2% en febrero a 2,2% en marzo, y una leve baja en la Canasta Básica Total, de 2,7% a 2,6%.

El ministro atribuyó parte de la suba a factores externos, en particular al impacto de la guerra en Medio Oriente, que —según indicó— se reflejó en aumentos como el 9% en combustibles, el 24% en pasajes aéreos de cabotaje y el 22% en transporte interurbano. También señaló que la economía atraviesa un proceso de “corrección de precios relativos”, visible en rubros como servicios regulados y carnes.

En ese sentido, destacó que la inflación núcleo sin carnes se mantuvo en 2,5%, en línea con febrero, lo que —según planteó— indicaría estabilidad en el componente subyacente. Además, remarcó que el capítulo Educación registró una suba del 12,1%, la más baja para un mes de marzo en los últimos ocho años.

Caputo insistió en que la inflación es “un fenómeno monetario” y sostuvo que, a medida que se consolide el orden fiscal y monetario, el índice continuará desacelerándose. En esa línea, vinculó la dinámica actual con el impacto rezagado de la caída en la demanda de dinero durante el período preelectoral.

Las declaraciones de ambos funcionarios se dan en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar la baja de la inflación como principal ancla de su programa económico, pese a las tensiones que persisten en precios regulados y en el costo de vida.

Caputo: "Los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en décadas"

En la cumbre anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (Amcham, según sus siglas en inglés) en la Argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, prometió este martes que “los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en décadas”. Después de que ayer admitió que la inflación de marzo superó el 3% por el aumento del combustible ante la guerra de Irán, pero vaticinó que bajará a partir de abril, en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires ante ejecutivos de empresas norteamericanas y de otros orígenes especuló que en la medida en que hay inversión, habrá “crecimiento sostenido” y entonces se generará empleo. Una nueva promesa de que el futuro será mejor, que contrasta con presagios anteriores de este gobierno.

El ministro reconoció que hay sectores en los que baja el consumo y el trabajo, pero sostuvo que son actividades que están sustentadas de manera artificial en el hecho de que antes la gente recibía pesos que no valían nada y los terminaban gastando. Reconoció que por ahora lo que crece es el empleo informal, pero se esperanzó con que las inversiones, que por ahora se centran en la explotación de materias primas, provoquen aumento de la actividad económica que impulse la creación de más puestos de trabajo. Contrastó dos ejemplos: la fabricante de neumáticos Fate, que cerró sus puertas ante las importaciones, y Lumilagro, que por un lado optó por traer termos de China pero aún sigue produciendo parte de sus productos en la Argentina.

“La inflación es un fenómeno monetario que es consecuencia de un exceso de oferta, una caída de la demanda, o una combinación entre ambos”, comentó Caputo. Según su visión, por las elecciones legislativas de octubre pasado, hubo más demanda de dólares y cayó la demanda de pesos. “Generó una suba de la inflación y del riesgo país, además de una caída del crecimiento económico”, agregó. Es decir, la culpa, como siempre en el relato del jefe del Palacio de Hacienda, es el riesgo “kuka”, el temor de los inversores a que vuelva el kirchnerismo al poder.

 “Estamos purgando esa caída en la demanda de dinero”, aseguró Caputo. “La parte positiva es que se empieza a ver recuperación en la demanda de dinero. A partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación importante”, volvió a vaticinar.

En este encuentro también disertó el embajador de EE.UU. en Buenos Aires y empresario de origen cubano, Peter Lamelas, y harán lo propio el presidente Javier Milei y sus ministros de Salud, Mario Lugones –hombre clave en la discusión sobre la reforma de la legislación de patentes, que exige el gobierno de Donald Trump–, de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y del Interior, Diego Santilli. Entre las compañías que tendrán oradores en la cumbre figuran la química Dupont, la siderúrgica Acindar, Aeropuertos Argentina, los bancos Citibank y JP Morgan, las eléctricas AES y Central Puerto, Telecom Personal, Amazon Web Services, la auditora PwC, las petroleras Chevron y PAE, el grupo Newsan, las agrícolas Corteva y Cargill, la láctea Danone, las mineras Newmont, Rio Tinto y Glencore, el laboratorio Roche y Bagó, la fabricante de productos de higiene Johnson & Johnson, entre otras.

AR/MG

El paro en el PAMI pone en el centro de las críticas a Zamparolo, el hombre de confianza de Santiago Caputo

El paro de los médicos del PAMI que comenzó este lunes dejó de ser solo un reclamo sectorial para transformarse en un síntoma más visible de una crisis que se venía gestando puertas adentro del sistema hace tiempo. Mientras los profesionales de cabecera paralizan la atención en todo el país por 72 horas, en rechazo al nuevo esquema de pagos por afiliado, la tensión expone una dinámica que ya no se limita a lo sanitario: también habla de cómo se toman hoy las decisiones dentro de la obra social más grande del país.

El conflicto con los médicos tiene un eje concreto. El esquema de cápitas fija un ingreso mensual de $2.100 por afiliado, en reemplazo del sistema mixto anterior. Según las asociaciones profesionales, eso implica una caída de hasta el 50% en los ingresos y obliga a aumentar el volumen de pacientes para sostener la actividad. “Es imposible”, repiten en el sector.

Desde el Instituto, sin embargo, defienden la medida. Fuentes del PAMI sostienen que el cambio implica “un aumento del ingreso fijo de los médicos de cabecera” y que apunta a “ordenar y proyectar la inversión del Instituto en esta materia, controlando posibles desvíos”. Según esos cálculos oficiales, un profesional con 800 afiliados pasó de percibir $756.800 a $1.680.000 mensuales, lo que representa “un incremento del 121% en el ingreso fijo”.

El delegado organizador de APPAMIA Córdoba, Atilio Rossi, detalló cómo funcionaba el sistema anterior y el impacto del cambio. “Nos pagaban a través de un sistema mixto, una mitad que era la cápita —945 pesos por paciente por mes— y otra parte que correspondía a consultas, aunque el PAMI solo reconocía el 40% de las que realizábamos”, explicó a Radio Mitre. “Si yo hacía 100 consultas, el PAMI me abonaba nada más que 40, que iban entre 6 y 10 mil pesos según el caso. Eso en un médico con 400 afiliados representaba aproximadamente un ingreso de 1.650.000 pesos”, ejemplificó.

El giro llegó de manera abrupta. “El PAMI tomó una medida intempestiva, retroactiva al 1 de abril, donde pasa de un sistema mixto a un sistema capitado, donde únicamente le va a pagar la cápita”, agregó Rossi, quien advirtió que el resultado ya empieza a verse, con turnos reprogramados, derivaciones restringidas y una sobrecarga que impacta directamente en la calidad de la atención.

Zamparolo, el apuntado

Pero detrás de ese esquema aparece un nombre que se repite en todas las conversaciones. Carlos Zamparolo, expresidente del Consejo de Administración de la obra social de los empleados de la Universidad de Buenos Aires (DOSUBA), hoy subdirector del PAMI y hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, es señalado por distintos actores del sistema como el principal responsable de la reconfiguración actual del organismo. Formalmente, responde a la conducción de su superior, Esteban Leguizamo. En la práctica, es quien concentra las decisiones más sensibles.

Las críticas apuntan, sobre todo, a un proceso de centralización. La Libertad Avanza redujo las cuatro gerencias sociales a una sola, subdividida en seis subgerencias, y concentró el poder operativo en una Unidad Técnica que responde a Zamparolo. “Él controla el ecosistema de los proveedores del PAMI. Concentró todas las compras bajo su ala, decidiendo proveedores a conveniencia”, describen desde el sector. La lógica, agregan, no sería nueva. “De la misma manera que utilizó DOSUBA como caja para bancar políticamente a Rojo-Yacobitti, ahora lo hace con el PAMI”, sostienen al describir un entramado de poder que siempre encuentra la forma de sobrevivir.

En ese escenario, el paro de 72 horas aparece menos como una medida excepcional que como la consecuencia de un esquema que empezó a tensionarse hasta el límite y que se proyecta sobre el funcionamiento cotidiano del sistema. Prestadores médicos denuncian no solo la reducción del valor de las cápitas, sino también demoras en los pagos que afectan la cadena completa. “Además de bajarle el 50% el valor de la prestación, no les pagaron a ninguno”, sintetizan.

En paralelo, en el territorio empiezan a circular versiones que agravan el cuadro. El cierre del hospital de Hurlingham —o su reconversión operativa— es uno de los casos que más ruido generó en los últimos días. “Se lo entregaron a La Cámpora”, denuncian. El municipio, gobernado por Damián Selci, aparece en el centro de esas sospechas. Según esas versiones, parte del personal sería trasladado al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, mientras que equipamiento médico sería derivado a otros centros como el Milstein. Nada de eso fue confirmado oficialmente, pero el clima interno se carga de interpretaciones.

En enero, elDiarioAR se había hecho eco del enojo de los referentes de La Libertad Avanza local por el desplazamiento repentino del director de esa institución, ubicada en aquel partido del oeste del Gran Buenos Aires. La llegada de un reemplazante con vínculos con la intendencia comandada por Pablo Descalzo alimentó sospechas sobre posibles acuerdos territoriales entre la Casa Rosada y el peronismo.

Es que detrás del episodio sanitario asoma una trama más amplia, donde la gestión pública en general suele funcionar como moneda de negociación política. Desde la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) en julio del año pasado, los cinco hospitales descentralizados que dependen del Ministerio de Salud dejaron de comprar de manera autónoma y pasaron a depender de un esquema centralizado. Un rediseño que, lejos de transparentar, abrió nuevas ventanillas de poder, contratos y control de cajas sensibles, con el Hospital Posadas de Morón como eslabón principal.

Gestos políticos

La conflictividad, además, ya desbordó al sistema médico. Jubilados comenzaron a movilizarse frente a la sede central del PAMI para reclamar por la falta de medicamentos e insumos, en una protesta que incluyó olla popular y que se proyecta hacia el Congreso. A eso se suma la presión política: en el Senado, la cordobesa Alejandra Vigo pidió informes al Ejecutivo por la situación del organismo y advirtió sobre el impacto de los recortes en la cobertura.

En paralelo, la situación volvió a poner en cuestión la figura de Mario Lugones. En la última semana, el ministro de Salud quedó en el centro de versiones sobre una posible salida del cargo, tal como reveló elDiarioAR y luego fuera desmentido por la Oficina de Respuesta Oficial. Lugones participó de una reunión con su par de Economía, Luis Caputo, en la que no logró asegurar los fondos que reclamaba para sostener el funcionamiento del sistema. El encuentro, que en lo formal fue presentado como “productivo”, dejó sin embargo un saldo ambiguo, sin anuncios concretos y con la confirmación implícita de que el ajuste no se flexibilizará.

Con ese telón de fondo, Lugones buscó este lunes volver a mostrarse en escena. Lo hizo durante una recorrida por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán, donde participó junto a Karina Milei de la inauguración de un laboratorio de máxima bioseguridad. La imagen funcionó como gesto político en medio de la tormenta. Una suerte de respaldo en público, mientras la crisis en el PAMI sigue sin una salida clara.

Nada parece haber cambiado. Por el contrario, la aparición de los cuadernos del operador farmacéutico Miguel Ángel Calvete, en el marco de la causa que investiga supuestos sobornos en la gestión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y los nombres que asoman en esas anotaciones —como las iniciales del propio Zamparolo en una de sus páginas— funcionan como una prueba irrefutable de que persisten las mismas prácticas opacas que el propio Javier Milei había prometido erradicar.

En ese esquema, la figura de Zamparolo aparece como síntesis de una forma de gestión que privilegia la articulación política, al preservar esas dinámicas históricas puertas adentro del organismo. Por eso, mientras el conflicto escala, en los pasillos del PAMI empieza a instalarse la idea de que el problema no es solo el ajuste, sino quién administra sus efectos. Y quiénes son los que siempre se benefician.

PL/MG

Médicos del PAMI paran 72 horas por recortes y crece la presión de jubilados y el Congreso

Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron un paro nacional de 72 horas en rechazo al nuevo esquema de pagos por afiliado, en una medida que expone la creciente tensión en el sistema de atención a jubilados. La protesta, convocada por APPAMIA con respaldo de AMRA, se inscribe en un conflicto más amplio que incluye movilizaciones de afiliados y reclamos en el Congreso.

El eje del reclamo es la fijación de una cápita de $2.100 mensuales por paciente, que reemplaza al sistema mixto anterior. Según los profesionales, el cambio implica una reducción de ingresos de hasta el 50% y altera las condiciones de trabajo.

La medida de fuerza –que se extenderá hasta el jueves– forma parte de un plan de lucha que incluye una movilización a la sede central del PAMI y la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado si no hay cambios.

Un esquema cuestionado

El nuevo modelo elimina el pago por consultas y establece un ingreso fijo por afiliado, independientemente de la cantidad de atenciones. Desde el sector advierten que esto obliga a incrementar la cantidad de pacientes para sostener ingresos.

Según cálculos gremiales, un médico debería atender a casi mil jubilados por mes para cubrir costos básicos de funcionamiento. Eso implicaría más de 30 consultas diarias, un volumen que consideran “imposible” sin afectar la calidad de la atención.

“El cambio es arbitrario y deteriora las condiciones laborales”, señalaron desde las asociaciones médicas. También cuestionaron el aumento de exigencias administrativas, que –afirman– reduce el tiempo efectivo de atención.

En paralelo, los profesionales comenzaron a comunicar a sus pacientes restricciones operativas: reprogramación de turnos, limitaciones en derivaciones y recetas que, en su mayoría, deberán realizarse de forma presencial.

Jubilados en las calles

En este contexto, organizaciones de jubilados convocaron a una protesta frente a la sede central del PAMI, en Avenida Corrientes, para reclamar por la falta de medicamentos e insumos.

La convocatoria incluye una olla popular y una conferencia de prensa, y se enmarca en una serie de reclamos más amplios contra lo que definen como un “vaciamiento” del organismo.

“No puede haber un jubilado más sin sus medicamentos”, señalaron en un comunicado, en el que también exigieron aumentos en los haberes y cuestionaron la gestión del sistema de salud para adultos mayores.

Tras la concentración, está prevista una marcha hacia el Congreso, en línea con las movilizaciones que el sector realiza semanalmente.

Reclamos en el Senado

La situación también escaló al plano legislativo. La senadora cordobesa Alejandra Vigo presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique la situación del PAMI ante el corte de prestaciones médicas.

Además, impulsó un proyecto de declaración en el que expresa “profunda preocupación por el recorte y la falta de pago” que, según advirtió, está dejando sin cobertura a afiliados en distintas provincias.

El conflicto combina así tres niveles de presión simultáneos –profesionales de la salud, jubilados y el Congreso– sobre un sistema que atraviesa cuestionamientos por su funcionamiento, financiamiento y capacidad de respuesta.